Luego de la denuncia en la que un grupo de vecinos dio a conocer que el desarrollo de un loteo ubicado entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú podría inundarlos, El Eco dialogó con Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento. El funcionario concurrirá el próximo martes 12 a la comisión de Obras Públicas  del Concejo Deliberante, tras la llegada al Legislativo de una nota presentada por los frentistas.

Consultado acerca de si el loteo en marcha podría generar inundaciones a los vecinos de Los Huesos, el funcionario marcó que “ese sector está muy bajo”, e hizo mención a anegaciones anteriores de la zona. “Lo que decimos es que no le va a modificar la escorrentía. Ellos ya se inundaron en el 2017, cuando no estaba ese desarrollo”, manifestó.

“Este proyecto de la Asociación por la No Automedicación tiene un estudio hidráulico y lo que está haciendo es evitar que haya conflicto de inundaciones. Sobre todo en este sector, pero también teniendo en cuenta la situación que tiene el barrio de Los Huesos y Vistalli”, sostuvo Lafosse.

El funcionario contó que mantuvo –junto con el director de Vialidad, Mauro Ortega- reuniones con los vecinos que manifestaron su preocupación por el loteo. “Ellos confiaban inicialmente en el estudio hidráulico que se había hecho”, sostuvo, pero que a partir de los últimos encuentros le transmitieron su desconfianza con respecto a que se materialicen las obras tal cual figuraba en el proyecto.

Sobre el hecho de que en el proyecto de los desarrolladores Los Huesos figuraba como calle “a abrir”, Lafosse indicó que “se les explicó a los vecinos que era porque no estaban formalmente abiertas con un estudio que avale los desagües de esa calle”, y que “es una arteria que la municipalidad mantiene habitualmente por lo que nosotros conocemos perfectamente el estado de la misma”.

El trazado de Los Huesos, sumó, “está relevado y tiene una cota de relevamiento”. Sin embargo, planteó que más allá del nivel de las calles, existe un conducto pluvial por Segundo Sombra que “está por debajo del nivel de Los Huesos, con lo cual no va a generar un dique”.

Aseguró que desde Planeamiento aprobaron el proyecto, el cual preveía el levantamiento del nivel de calles públicas, y que corresponde a Vialidad el control de dicha obra.

“Nosotros estamos convencidos de que hubo un estudio que hizo un profesional, que ese estudio tuvo controles, idas y venidas, y que terminó aprobándose una salida intermedia entre lo que planteó el profesional y lo que corregimos. Ahora lo que tenemos es la posibilidad de que lo que se materialice sea lo aprobado en el proyecto. Los propios estudios que hicieron los vecinos revelan que no está más arriba de lo que tiene que estar”, concluyó.

Vecinos de calle Los Huesos denunciaron que un loteo privado podría provocar la inundación de su barrio. En diálogo con El Eco manifestaron que el proyecto no contempló la existencia de su calle, que los desarrolladores generaron un “dique” en el que quedarían casi dos metros por debajo de sus terrenos linderos, y que esperan que las autoridades lleven a cabo un estudio de impacto que les certifique que lo  realizado no los perjudicará.

“Cuando construyan, esto es una catarata,  alertaron los frentistas. Luego de que presentaran notas al Ejecutivo, al gobierno bonaerense, y al Concejo Deliberante, representantes de la Secretaría de Planeamiento concurrirán el martes próximo a la comisión de Obras Públicas para brindar explicaciones sobre el tema. Desde el Municipio transmitieron que la iniciativa no modificará la escorrentía de la zona, que el lugar ya sufrió inundaciones con anterioridad y que el expediente está aprobado.

Se trata del loteo impulsado por la Asociación por la No Automedicación, entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú. El Eco fue al lugar y caminó  con los vecinos de calle Los Huesos, quienes mostraron cómo –tras elevar el nivel de calles públicas y de los terrenos que se proyectan lotear-, quedaron “abajo”, en un área inferior incluso que un caño de desagüe pluvial.

Los vecinos elevaron una solicitud en la cual sostuvieron que “el relleno desmesurado, ejecutado por la empresa contratista, no cumple con las cotas de altura proyectadas” y que generaría que sus viviendas queden “en un bajo, con un corte de niveles muy abrupto (de casi dos metros de altura) muy difícil de resolver una vez terminadas las obras.

“Si veníamos hace un año y medio, todo esto estaba a la misma altura”, contaron los frentistas, parados en el terraplén del loteo, desde el cual podían observar a sus viviendas.

“El proyecto no contempla que la calle Los Huesos es existente. Es una calle consolidada, con la mayoría de sus lotes construidos con viviendas unifamiliares de ocupación permanente que se construyeron legalmente con planos presentados en la Municipalidad de Tandil”, señalaron sobre una de sus principales preocupaciones.

“En el plano no sólo figura ´Calle a abrir´, sino que en ambos proyectos presentados y aprobados en la municipalidad proponen rellenarla entre 18 y 20 cm o quitarle relleno para cambiar el sentido de la pendiente, dejando algunos de nuestros frentes por debajo de la línea de vereda”, sumaron.

A su vez, denunciaron que el loteo contempló “una elevación excesiva de las cotas de calles” que condicionó a los terrenos linderos. Marcaron que en el esquema del loteo –que ya avanzó-, Los Huesos pasaría a constituirse “como el punto más bajo del sistema, en contradicción con la topografía natural”.

El sistema de desagüe pluvial del proyecto, consideraron, resulta incompatible con futuras nivelaciones de los terrenos linderos tanto al loteo como a sus viviendas. Si bien señalaron que luego de efectuar reclamos a las autoridades el proyecto hidráulico fue modificado, las cotas previstas forzarían la necesidad de que los terrenos circundantes tengan que elevarse, y “las viviendas actualmente construidas quedarían en una situación relativa más baja”.

Además, denunciaron que el proyecto mencionado se presentó como “integral”, pero la Asociación a cargo “solo construyó sus propios desagües, tirando el agua acumulada en su lote a los campos linderos mediante conductos y bocas de tormenta que no figuran en los planos”.

Tal situación, manifestaron, obligaría a los propietarios de dichos campos a continuar con las obras de desagüe si no quieren inundarse, o a rellenar excesivamente sus campos si no quieren quedar bajo el nivel propuesto por la Asociación de No Automedicación”.

Los vecinos solicitaron que se disponga la suspensión preventiva de los trámites y los avances de obra vinculados al proyecto para que evalúe la intervención provincial mediante sus áreas técnicas competentes, así como también que se realice una verificación in situ del proyecto y de las obras en ejecución por parte de equipos técnicos provinciales para constatar que el nivel propuesto y la descarga actual superan la capacidad de absorción de los campos linderos.

En las notas vecinales consta otra situación: tras una primera revisión del proyecto, y el avance de las obras, los frentistas contrataron un estudio privado. “El 90 por ciento de los puntos medidos superan las cotas proyectadas”. Además, transmitieron su preocupación no solo por no haber podido acceder a la fecha al expediente, sino también por la falta de respuestas “y por la velocidad de avance que tomaron las obras a partir de acercar nuestras inquietudes y observaciones a la Municipalidad”.

Luego de un extenso período de suspensión, la justicia decidió reanudar el proceso judicial contra Cristian “Pity” Álvarez. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 fijó para el próximo 10 de agosto el inicio del juicio oral por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La resolución fue adoptada por tres jueces: Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes hicieron lugar al dictamen presentado por el fiscal general Sandro Abraldes. Según los magistrados, las facultades mentales del acusado se encuentran estabilizadas, lo que le permite comprender el alcance y las consecuencias del proceso penal en su contra.

El debate contará con un total de 11 audiencias que se desarrollarán entre los meses de agosto y septiembre. Asimismo, se ratificó que el músico tiene prohibido abandonar el país mientras dure el proceso. La situación judicial de Álvarez cobró relevancia pública recientemente cuando Marcelo Moura, integrante de la banda Virus, mencionó en el escenario del Gran Rex que el cantante no pudo participar de un show previsto debido a sus complicaciones legales.

Cabe recordar que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado de haber terminado con la vida de Díaz tras una discusión en la vía pública. Tras años de incertidumbre sobre su capacidad para enfrentar un juicio, los peritajes actuales determinaron que el trámite de las actuaciones puede continuar de manera efectiva, dado que el estado de salud actual del acusado permite reanudar el trámite.

“El ruido es terrible, es un desastre vivir acá", dijeron vecinos y vecinas del Tiro Federal. Reunidos frente la institución de calle Lobería y Sandino, los frentistas dialogaron con El Eco de Tandil y contaron (otra vez), los motivos de su reiterado reclamo: ruidos molestos que afectan al descanso de todo el barrio, esquirlas halladas en sus propias viviendas y las preocupantes consecuencias que la contaminación sonora genera en la salud de niños, adultos mayores y mascotas de la zona.

Si bien hicieron reiteradas denuncias públicas, los vecinos marcaron que a la fecha no tuvieron mayores respuestas, y que incluso las jornadas de prácticas se incrementaron en el último tiempo. "Vienen durante la semana, miércoles, jueves, viernes e incluso los domingos. Nosotros trabajamos toda la semana, y no tenemos derecho al descanso", sentenciaron.

Además, señalaron que la intensidad de las detonaciones es tal que impacta directamente en la estructura de las viviendas linderas y en la cotidianeidad de los hogares. Los vecinos describieron escenas donde el estruendo interrumpe las comidas y el descanso mínimo. "El ruido es impresionante. Estamos comiendo y tiemblan las ventanas", relataron.

Cabe recordar, el reclamo vecinal es de larga data. Uno de los puntos de debate con la propia institución es la antigüedad de la misma, ya que el Tiro se encuentra en el lugar desde hace más de 100 años. Sin embargo, los frentistas plantearon que los tiempos cambiaron y en el presente rigen criterios diferentes para pensar la convivencia pública.

“Ellos dicen que están desde antes. Pero hay que entender un poco, en 2026 no podés tener un lugar a cielo abierto contaminando sonoramente”, sostuvieron, proyectando la necesidad de una solución definitiva a corto plazo. Entre otras iniciativas, los vecinos presentaron denuncias ante el Concejo Deliberante y el gobierno local.

A su vez, uno de los puntos más sensibles del reclamo fue la comparación con otras normativas locales sobre ruidos. Los habitantes del barrio cuestionaron la disparidad por parte del Municipio al momento de regular eventos sonoros. "Tenemos los mismos derechos que tiene todo Tandil. ¿O acaso no se paró el Tandil Brilla por el ruido? ¿O nosotros somos ciudadanos de segunda?", se preguntaron, haciendo alusión a la suspensión de los fuegos artificiales en los festejos locales para proteger a personas sensibles y animales.

Más allá de la contaminación acústica, desde el barrio dieron cuenta de su preocupación por la seguridad física. Los vecinos denunciaron haber encontrado restos de proyectiles en sus propiedades, lo que representa un riesgo de vida constante. Relataron episodios como el de un niño que halló una cabeza de bala mientras jugaba en una pileta, o el impacto de un proyectil en la ventana de una vivienda. La presencia de esquirlas es una constante que han intentado documentar ante las autoridades.

"Nosotros con el tema de balas específicamente hemos hecho un montón de denuncias. Se han juntado frascos enteros con esquirlas, y como toda respuesta, fíjate que levantaron unos esos tablones que hicimos con ellos. Eso fue una mediación porque se salían las balas. Y cuando tiran escuchás el ruido en las columnas de hierro", detallaron sobre las precarias medidas de seguridad que se han implementado tras procesos de mediación que resultaron insuficientes.

A este panorama sumaron su preocupación por el  abandono de la infraestructura externa del predio. Los vecinos señalaron que la falta de mantenimiento no solo afecta la estética del barrio, sino que produce accidentes concretos en la vía pública. "No tienen ni veredas y el otro día se cayó una señora", denunciaron, remarcando que la desidia de la institución impacta en el tránsito de los peatones que circulan por la zona.

En cuanto a las gestiones administrativas, los vecinos han recorrido diversas instancias sin obtener respuestas satisfactorias. Mencionaron reuniones en el Concejo Deliberante con la comisión de Seguridad y Derechos Humanos, y contactos directos con la concejal Domenighini y la concejal Condino. Incluso destacaron que el Colegio Sábato ha presentado denuncias formales por la situación. Sin embargo, las más de 60 firmas recolectadas y las presentaciones judiciales parecen perderse en la burocracia.

Finalmente, los habitantes del barrio hicieron hincapié en la falta de habilitación municipal adecuada para un establecimiento de estas características en una zona urbana. Según indicaron, el lugar contaría con autorizaciones de organismos nacionales, pero no con los permisos locales pertinentes que se le exigen a cualquier otro comercio o emprendimiento del barrio. "Este Tiro tiene 100 años. Acá hay gente que hace 50 años que está acá, aguantando esto. Y en los últimos meses se ha incrementado", concluyeron, reafirmando que la situación es insostenible: "El ruido es terrible. Es un desastre vivir acá".

El empresario Ariel Vallejo, titular de la empresa Sur Finanzas, no se presentará a declarar este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. La decisión fue comunicada por sus representantes legales, quienes argumentaron razones de salud para postergar el trámite procesal en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.

La citación de Ariel Vallejo se produce luego de que la Justicia recolectara pruebas que indicarían la existencia de una estructura destinada a la triangulación de fondos. Según los antecedentes del caso, el foco de la investigación está puesto en el cambio de cheques que la Asociación del Fútbol Argentino realizaba en la financiera.

Asimismo, la causa analiza la ayuda económica a distintos clubes del fútbol argentino para presuntamente facilitar el desvío de dinero. Ante la inasistencia del empresario este martes, el magistrado interviniente deberá evaluar cuándo el titular de Sur Finanzas podrá brindar su testimonio ante los tribunales.

Emiratos Árabes Unidos denunció este lunes que el régimen de Irán lanzó drones contra un petrolero que atravesaba el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. Ante la gravedad de la situación, se emitió una alerta de emergencia a los teléfonos móviles en territorio emiratí instando a la población a buscar un lugar seguro, siendo la primera advertencia de este tipo desde el inicio de la tregua en abril.

Según informaron desde Abu Dhabi, el ataque tuvo como blanco un buque vinculado a la petrolera estatal ADNOC. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la acción como “un acto de piratería” perpetrado por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y acusó a Teherán de utilizar el paso marítimo como una herramienta de “coerción económica y chantaje”. Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron heridos ni daños de gravedad.

La tensión se produjo pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara que dos buques mercantes de bandera estadounidense lograron completar con éxito el cruce del estrecho bajo el denominado Proyecto Libertad. “Ningún navío de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado. Las fuerzas estadounidenses sostienen el Proyecto Libertad y mantienen un bloqueo a los puertos iraníes”, afirmó el mando militar, desmintiendo versiones sobre un supuesto ataque contra una de sus fragatas.

Por su parte, la agencia estatal iraní Fars aseguró que se dispararon dos misiles contra una fragata estadounidense que se aproximaba al área, cerca del puerto de Yask. En este contexto, el mayor general Ali Abdollahi advirtió en la televisión estatal que “cualquier fuerza militar extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, que pretenda entrar o acercarse al estrecho de Ormuz será atacada”.

La industria naviera internacional observa con preocupación la evolución de la crisis. Jakob Larsen, responsable de seguridad del Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), advirtió que aún no existe una guía operativa clara para las navieras y alertó sobre el riesgo de una reanudación de hostilidades. Cabe destacar que por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del petróleo consumido a nivel global.

Finalmente, las negociaciones para poner fin al conflicto continúan estancadas. Irán presentó una propuesta de 14 puntos que incluye el levantamiento de sanciones y la retirada de tropas estadounidenses. El presidente Donald Trump manifestó que analiza la oferta, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo en el corto plazo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno avanzará con una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, tras un fuerte cruce ocurrido en el Congreso.

La decisión se produjo luego de que el legislador de Unión por la Patria expusiera durante una sesión en la Cámara de Diputados detalles sobre la vida privada de la esposa del funcionario, lo que encendió la polémica. Desde el oficialismo sostienen que esa información sería de “procedencia sospechosa” y podría haber sido obtenida de manera indebida.

“Tailhade tenía detalles de movimientos míos y de mi familia”, afirmó Adorni, quien cuestionó la difusión de datos vinculados a la intimidad personal y remarcó que se trata de una situación grave que será llevada a la Justicia.

En ese sentido, el Gobierno considera que el accionar del diputado podría encuadrarse dentro de un caso de espionaje ilegal o violación de la privacidad, por lo que la denuncia buscará determinar el origen de la información difundida.

El episodio se originó durante una sesión informativa en la que Adorni brindó explicaciones ante legisladores. Allí, Tailhade hizo referencia al supuesto uso de custodia oficial por parte de la pareja del funcionario y mencionó rutinas y actividades personales, lo que motivó la reacción inmediata del oficialismo.

Lejos de retroceder, el diputado ratificó sus dichos y desafió al Gobierno a avanzar con la denuncia. “Espero con impaciencia” la presentación judicial, sostuvo, al tiempo que negó haber cometido որևէ delito y defendió que su exposición se basó en información de interés público.

El conflicto escaló también al plano político, con la intervención del presidente Javier Milei, quien respaldó a Adorni y cuestionó la difusión de datos personales, al considerar que podría implicar una violación de garantías constitucionales.

De este modo, el caso abre un nuevo frente de tensión entre el oficialismo y la oposición, y ahora quedará en manos de la Justicia determinar si existió o no obtención y divulgación ilegal de información privada.

La Cámara Federal de Casación anuló por mayoría la resolución de que había confirmado el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros.

El tribunal ordenó dictar una nueva decisión en la causa penal en la que Fernández estaba con procesamiento confirmado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

La determinación fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En tanto, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió dejar firme el procesamiento.

Los magistrados que votaron a favor de anular el procesamiento estuvo en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había elementos para procesar al expresidente.

“No hay juez sin acusador”, expresaron los magistrados, que remarcaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito. NA

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 pero se negó a declarar, tal como habían solicitado los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. El exfuncionario, quien se encuentra procesado, adelantó que no realizará manifestaciones hasta que se concrete la pericia de los audios que impulsaron su alejamiento del organismo.

Tanto Diego Spagnuolo como otros implicados en el expediente solicitaron la nulidad de la causa, bajo el argumento de que la presunta falsedad de las grabaciones podría comprometer la investigación. En este marco, el juez Ariel Lijo citó a indagatoria a otras 29 personas, entre las que figuran Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.

De acuerdo a lo expuesto por el magistrado, en sintonía con el Ministerio Público Fiscal, la organización “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero” para sus integrantes de manera ilegal y “en detrimento del erario público”. Según sostuvo el juez en la causa:

“Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”.

La investigación busca desarticular un entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios. En el expediente también se menciona un presunto vínculo con la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei. Cabe recordar que Diego Spagnuolo ya fue procesado por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. Las maniobras bajo la lupa implican desvíos de fondos por más de 75.000 millones de pesos que habrían tenido como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°14 dará a conocer mañana los fundamentos de la condena a tres años de prisión que recibió Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022. El pasado lunes 20 de abril, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle condenaron al artista al considerarlo responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte.

La pena impuesta es de ejecución en suspenso e integra una sentencia previa a nueve meses de prisión que se le había fijado en abril de 2024 por un caso de abuso sexual simple. Durante los próximos tres años, el condenado tiene la obligación de fijar un domicilio, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el consumo de drogas.

Asimismo, la resolución judicial ordenó que, una vez que el fallo quede firme, se proceda a la extracción del perfil genético del artista para su remisión al Banco de Datos Genéticos, en cumplimiento con la Ley N° 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

La familia de la víctima, representada por la madre del neurólogo, Delia Muzio, manifestó su disconformidad con el veredicto. Los abogados querellantes habían solicitado una pena de 15 años de prisión bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte, que prevé escalas penales mucho más elevadas. Jaime Seoane, integrante del equipo legal de la familia, anticipó que apelarán ante la Cámara de Casación.

“Esperaremos los fundamentos, pero claramente no estamos de acuerdo con la calificación legal. Menos aún con el monto de la pena. Vamos a recurrir a Casación”

El letrado también cuestionó la labor del fiscal Fernando Klappenbach durante el proceso. El eje del desacuerdo radica en que la fiscalía sostuvo que no se pudo probar que el incendio en el departamento del barrio de Belgrano fuera provocado de manera deliberada, planteando una conducta culposa, lo que redujo significativamente el marco penal posible.

Tras el proceso judicial, que se desarrolló a lo largo de seis audiencias por la plataforma Zoom, los hermanos del condenado expresaron su postura a través de los medios y redes sociales. Tamara Pettinato señaló que, para el tribunal, el hecho fue un accidente y remarcó la presión mediática que atravesó la familia. Por su parte, Homero Pettinato defendió la inocencia de su hermano.

“Creo cien por ciento en la inocencia de Felipe”

El ejército israelí anunció que dos soldados serán sancionados con 30 días de detención militar y apartados del servicio de combate tras la destrucción de una estatua de Jesucristo en el sur de Líbano. La decisión se produjo luego de la condena generalizada que generó una fotografía difundida en internet, donde se observa a un efectivo golpeando con un mazo la cabeza de la escultura religiosa.

El incidente tuvo lugar en la localidad cristiana de Debel, situada cerca de la frontera con Israel. Al publicar las conclusiones de una investigación oficial, las autoridades militares afirmaron que tanto el soldado que dañó el símbolo cristiano como el que fotografió el acto serán retirados de las operaciones de combate de forma inmediata.

En el plano militar, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que abatieron a dos militantes de Hezbolá en la zona del arroyo Saluki. Según el comunicado, los individuos violaron el acuerdo de alto el fuego al cruzar la franja de seguridad controlada por Israel, representando una amenaza inmediata para las tropas estacionadas en el lugar.

A pesar de que el 16 de abril entró en vigencia un cese al fuego por diez días, las fuerzas israelíes continuaron realizando ataques contra infraestructura de Hezbolá para eliminar amenazas. En este contexto, se prevé una segunda ronda de conversaciones en Washington, donde participarán el embajador israelí Yechiel Leiter y su homóloga libanesa Nada Hamadeh Moawad.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que Israel debe renunciar a sus ambiciones territoriales en el Líbano y pidió una solución política para la región. Tras reunirse con el primer ministro libanés Nawaf Salam, el mandatario francés señaló que la Unión Europea podría reconsiderar sus lazos comerciales si las políticas actuales no se modifican, subrayando la importancia de evitar que la guerra se reanude.

El domingo 19 de abril pasado, Santiago Maratea se filmó con su celular manejando sin cinturón de seguridad. El video fue subido por el influencer en sus redes sociales y, ante la difusión de las imágenes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lo inhabilitó para conducir, retirándole su licencia nacional.

En el material publicado ante sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, el joven expresó en tono irónico:

“Alguno seguro me va a decir: 'Santiago, no deberías subir un video mientras manejas y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo'”. 

El organismo emitió un comunicado en el que denunció el acto imprudente del influencer. "La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial, especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo", argumentaron las autoridades. A consecuencia de ello, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su licencia a la jurisdicción correspondiente, en este caso la Provincia de Buenos Aires.

Además del uso del celular mientras conducía, el organismo de seguridad vial denunció que en las imágenes "también se evidencia que circula sin cinturón de seguridad, el principal dispositivo de seguridad pasiva, lo que agrava la falta de conciencia vial". Según explicaron las autoridades, estas infracciones implican un riesgo alto, reducen la atención y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales.

Para recuperar el registro, Santiago Maratea deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir, una vez que el proceso administrativo quede formalizado en las próximas horas. 

Intendentes de todo el país evalúan denunciar al ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de caudales públicos, tras advertir sobre la retención indebida de fondos destinados a infraestructura vial y la falta de respuesta del Gobierno.

Luego de presentar un documento ante el Ministerio de Economía, la Federación Argentina de Municipios (FAM) avanzó en consultas con asesores letrados para impulsar una acción judicial si no se abre una instancia de diálogo para normalizar el flujo de recursos.

De acuerdo con la entidad, el artículo 19 de la ley 23.966, modificado por la ley 27.430, establece que parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, con un tope del 20% para obras ferroviarias y el resto para obras viales, conforme el decreto 976/2001.

Los jefes comunales señalaron que la retención de esos fondos genera perjuicios directos en las comunidades y podría configurar el delito de malversación. En ese sentido, indicaron que el año pasado se recaudaron 3,5 billones de pesos para el fideicomiso, de los cuales Vialidad debería haber recibido 2,25 billones, pero solo se le transfirieron 1,2 billones.

“Ese dinero se destina a la especulación financiera vía emisión y pago de bonos, compra de dólares y para favorecer el carry trade”, afirmó una intendenta tras la presentación en Economía, en declaraciones consignadas por la Agencia Noticias Argentinas.

La reunión se realizó en la sede de la FAM, que agrupa a más de 500 intendentes, y fue encabezada por su titular, Fernando Espinoza, junto a representantes de distintos espacios políticos, quienes resolvieron avanzar con una estrategia judicial si no hay una convocatoria urgente del Gobierno.

En paralelo, trascendió que en la Casa Rosada existe preocupación por eventuales denuncias y posibles investigaciones judiciales sobre estos desvíos, en un contexto donde también se analizan movimientos en tribunales federales. NA

La Asociación del Fútbol Argentino y el capitán Lionel Messi enfrentan una compleja situación judicial en Estados Unidos. La firma VID Music Group presentó una demanda formal ante el Tribunal del 11 Circuito Judicial de Miami-Dade, en Florida, alegando un incumplimiento de contrato relacionado con la organización de partidos internacionales de la Selección Argentina.

El conflicto se originó durante la ventana de octubre pasado, cuando el equipo dirigido por el seleccionador Lionel Scaloni enfrentó a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami el diez de octubre y a Puerto Rico en Fort Lauderdale el 13 de octubre. Según la denuncia, la presencia de Lionel Messi estaba garantizada por contrato para ambos encuentros; sin embargo, el astro rosarino no participó del primer compromiso frente al conjunto venezolano para jugar un partido con el Inter Miami por la MLS el 11 de octubre.

La ausencia del diez en el campo de juego tuvo un impacto directo en la recaudación y la expectativa del público. El partido contra Venezuela contó con una asistencia de apenas 15 mil espectadores, lo que representa solo el 23 por ciento de la capacidad del estadio. Ante este escenario, la empresa demandante estima pérdidas que rondan los siete millones de dólares y ha presentado un total de diez cargos contra los representantes argentinos.

Desde la compañía explicaron que la demanda aborda "presuntos compromisos contractuales y un patrón de representaciones comerciales" que, según la firma, fueron utilizados para inducir la inversión financiera y la participación de la compañía en dichos eventos. El empresario Javier Fernández, conocido en redes sociales como Javier Voltaje, fue el encargado de gestionar la organización de los partidos en representación de la firma y mantuvo reuniones previas con el presidente Claudio Tapia en las oficinas de la institución en Miami.

Para brindar mayores precisiones sobre el litigio, VID Music Group anunció una conferencia de prensa que se llevará a cabo el próximo martes 21 en Coral Gables, al sur del centro de Miami. Allí se espera que los directivos de la empresa detallen los alcances de la presentación judicial que pone bajo la lupa la gestión de los amistosos internacionales del seleccionado campeón del mundo.

El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue imputado por el delito de intimidación pública luego de protagonizar un grave incidente en un vuelo comercial. La medida fue dispuesta por el fiscal federal Sebastián Jure, quien se encuentra al frente del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Jujuy.

El hecho ocurrió el pasado sábado, momentos antes de que un avión de la empresa Flybondi iniciara su despegue con destino a la Ciudad de Buenos Aires. En la aeronave se encontraba la delegación del equipo jujeño, que debía viajar para disputar un partido frente a Agropecuario por la Primera Nacional.

De acuerdo a los reportes del caso, Endrizzi señaló a otro pasajero y gritó la frase "él tiene una bomba", lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad aeroportuaria. Tras confirmarse que se trataba de una falsa alarma, el deportista fue detenido por las autoridades competentes.

A raíz de la situación, el avión debió ser trasladado hacia una zona aislada del aeropuerto para proceder con la evacuación de los pasajeros y realizar una requisa exhaustiva. Los especialistas realizaron las tareas correspondientes para descartar la presencia de cualquier artefacto explosivo en la unidad.

Como consecuencia de este episodio, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima de Jujuy evalúa la posibilidad de rescindir el contrato de Endrizzi, debido al escándalo en el que se vio involucrado y el impacto institucional para el club.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) denunció penalmente al presidente Javier Milei por “presunto manejo irregular de fondos” en el área de Seguridad Social.

El gremio representado por la secretaria general, Graciela Aleñá, junto con la representación del abogado Eduardo Barcesat, llevó adelante una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), registrada bajo el 204/2026, contra el mandatario y sus funcionarios.

En la presentación se solicita “la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, en concurso con “administración fraudulenta”, vinculados a la “presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado”.

Según se expuso, dichos fondos “habrían sido canalizados hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores”, organismo ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto “que sostiene las jubilaciones de los trabajadores en relación de dependencia”.

El sindicato advirtió que esta situación representa “un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP”, que provocaron “perjuicios económicos” a los trabajadores y sólo “benefició a las entidades financieras”.

La acción penal también alcanza a funcionarios del ámbito político y administrativo que “participaron en la elaboración” del proyecto de la Ley de Modernización Laboral, así como a legisladores nacionales que votaron a favor de la sanción de la Ley 27.802.

En el escrito se señala, además, la presunta vulneración de principios constitucionales fundamentales, en particular el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social. NA

Las voces libertarias hicieron hincapié en que la medida fue “preventiva”. Es más: en la administración Javier Milei planifican “citar uno por uno a los responsables/directivos de cada uno de esos medios. En caso de comprobarse, se hará la denuncia que puede ser por traición a la patria o injerencia de una nación extranjera”, precisaron.

Para tomar esta determinación sobre los cronistas, el Gobierno se basó en un artículo publicado la semana pasada por la organización openDemocracy. El documento sostenía que un grupo de tareas ruso, denominado “La Compañía”, habría desembolsado 283 mil dólares para financiar más de 250 notas en 23 medios digitales argentinos con el fin de desgastar la gestión de La Libertad Avanza.

Uno de los profesionales que no pudo ingresar relató que se enteró de la situación cuando quiso ingresar.

Con lluvia de por medio, el periodista mostró datos y recibió como respuesta de que, por orden de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, le revocaron la huella de ingreso. “No nos dieron más explicaciones”, lamentó. NA

Mediante un comunicado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación ante las recientes revelaciones difundidas por un consorcio internacional de periodistas, que dan cuenta de la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero, orientada a desacreditar al gobierno argentino y que, según se indica, habría utilizado contenidos publicados en medios locales.

“De confirmarse, se trataría de una maniobra inaceptable de injerencia externa y un intento de manipular el debate público bajo la fachada de producción de información profesional”, indicó la entidad.

ADEPA subrayó que “el periodismo cumple un rol esencial en la vida democrática, basado en la búsqueda de la información, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial correspondiente”.

Planteó que “este tipo de campañas ilegítimas no sólo distorsiona el sentido de ese trabajo, sino que puede afectar la confianza pública en los medios. Por eso, también es prudente evitar generalizaciones que puedan derivar en cuestionamientos genéricos al ejercicio profesional del periodismo”.

En este contexto, ADEPA exhortó a los medios a “extremar los procesos de verificación y a profundizar, hasta el límite de sus posibilidades profesionales, la fiscalización del origen y la trazabilidad de la información publicada, como resguardo esencial de la calidad periodística y de la confianza pública”.

Finalmente, instó a que “se profundice la investigación de los hechos y a que se adopten, en los ámbitos correspondientes, las medidas necesarias para prevenir este tipo de prácticas”.

La abogada Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, emprende hoy su regreso a la Argentina. La medida se concreta luego de que la Justicia del país vecino aceptara el habeas corpus presentado por su defensa, permitiéndole esperar el fallo definitorio del juez junto a su familia y allegados.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el arribo de Páez al Aeroparque Internacional Jorge Newbery está previsto para este miércoles, pasadas las 19.00. De esta manera, la joven volverá a pisar suelo nacional tras permanecer casi tres meses retenida en territorio brasileño con el uso obligatorio de una tobillera electrónica.

El vuelo que traslada a la profesional partió desde la ciudad de Río de Janeiro a las 15.55. Según se informó, su regreso definitivo a su provincia natal, Santiago del Estero, se producirá recién el próximo jueves 2 de abril. El avance en su situación procesal se dio este martes, cuando se confirmó que la abogada abonó la caución fijada en más de 18.500 dólares, lo que derivó en el retiro del dispositivo de monitoreo y la autorización para salir del país.

El caso alcanzó una gran repercusión tanto en Argentina como en Brasil. El proceso se desarrolla en un marco de endurecimiento de las leyes contra actos de discriminación en el país limítrofe, donde este tipo de conductas son tipificadas como delitos graves y conllevan penas severas.

A raíz de la muerte de un médico residente por una sobredosis de propofol y fentanilo, se descubrió un faltante de estos fármacos en el Hospital Italiano. La investigación reveló la existencia de una organización que realizaba encuentros denominados como la “Fiesta del propofol”, donde se utilizaban sustancias destinadas a la sedación de pacientes en intervenciones quirúrgicas con fines recreativos.

Las reuniones tenían dos modalidades: encuentros de carácter sexual y experiencias que se comercializaban como “viajes controlados”. En ambos casos, el anestesiólogo Hernán Boveri presuntamente dosificaba los fármacos y establecía una guardia médica con elementos de asistencia respiratoria, como el ambú, para intervenir en caso de que algún asistente entrara en apnea.

El caso tomó relevancia pública tras el fallecimiento de Alejandro Salazar, conocido como “Alito”, quien se desempeñaba en el Hospital Gutiérrez. Ante esta situación, la Dirección del Hospital Italiano emitió un comunicado confirmando el robo de estupefacientes del área de anestesiología y anunció la separación de dos personas: el mencionado Boveri y la residente Delfina Lanusse.

Desde la institución señalaron que se tomaron todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido y generar procedimientos de prevención.

“En relación a la situación de robo de estupefacientes difundida recientemente, el Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir a futuro”, explicaron a través del documento oficial.

Actualmente, el centro de salud trabaja en conjunto con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para abordar esta problemática, que también habría sido reportada en otros puntos del sistema sanitario. Mientras la investigación judicial avanza, el hospital inició una revisión integral de su circuito de seguridad en la gestión de estupefacientes.