La crisis en la FIFA se profundiza tras el retiro del proyecto FIFA Forward Enterprise. Las confederaciones de la UEFA, la AFC y la Concacaf formalizaron una carta conjunta contra el presidente Gianni Infantino, acusándolo de haber roto la confianza institucional con las asociaciones miembro.

En el documento, los presidentes Aleksander Ceferin, Salman bin Ibrahim Al Khalifa y Víctor Montagliani sostuvieron que el conflicto trasciende lo económico, enfocándose en la integridad del juego y de sus líderes. Al respecto, afirmaron:

“La confianza se rompe por medio del engaño”.

Para las confederaciones, el reconocimiento de la FIFA sobre las fallas en el proceso del proyecto es insuficiente. Argumentaron que avanzar sin una consulta significativa y con un calendario acelerado fue una conducta destinada a limitar el escrutinio. Además, cuestionaron la reunión de urgencia realizada en Rabat, señalando que no participaron miembros del Consejo ni representantes de las asociaciones nacionales.

El texto fue contundente al señalar:

“No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego le debe responder a él”.

Ante la investigación anunciada por el organismo, las confederaciones exigieron que el análisis sea independiente, argumentando que la administración de la FIFA no debería desempeñar ningún papel en la revisión. Este bloque de oposición modifica el escenario político de cara a las elecciones de marzo de 2027, donde Gianni Infantino busca un cuarto mandato. Pese a esto, el presidente cuenta con el respaldo unánime de África, el apoyo de la Conmebol y las expresiones públicas de Argentina y México.

El Municipio presentó este viernes una denuncia penal para que se investiguen los daños ocasionados a una obra de pavimentación en hormigón que se ejecutaba sobre la calle Tacuarí, luego de que un vehículo ingresara a un sector que se encontraba debidamente cerrado al tránsito y con el pavimento aún fresco.

La presentación fue realizada por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, quien además solicitó que el Municipio sea tenido como particular damnificado en la causa, en representación del Estado municipal y de los intereses de toda la comunidad.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el jueves 23 de julio alrededor de las 19:20. El vehículo involucrado habría atravesado distintos vallados y señalizaciones preventivas instaladas por la obra, ingresando al área de exclusión y circulando sobre el hormigón recién ejecutado, lo que provocó daños que obligarán a rehacer parte de los trabajos.

Desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas señalaron que este tipo de conductas no solo generan un importante perjuicio económico para el Estado municipal, sino que también afectan el trabajo de los equipos técnicos, retrasan la ejecución de obras planificadas y perjudican a los vecinos que esperan la finalización de las intervenciones.

La denuncia sostiene que el hecho quedó registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo y por cámaras de seguridad de vecinos de la zona, material que ya fue puesto a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación. Asimismo, se identificaron testigos que podrán aportar información sobre lo ocurrido.

En la presentación judicial también se solicitó la realización de distintas medidas de prueba, entre ellas pericias sobre el pavimento dañado, informes técnicos para determinar el costo de reparación, el requerimiento de información registral del vehículo involucrado y la incorporación de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Desde el Municipio remarcaron que las obras públicas representan una inversión realizada con recursos de todos los tandilenses y recordaron la importancia de respetar la señalización, los desvíos y los cierres preventivos dispuestos durante su ejecución, tanto para preservar la seguridad de las personas como para evitar daños que terminan afectando a toda la comunidad.

Luego de que la Justicia de Faltas haya impuesto una multa económica y ordenado la demolición de cuatro construcciones ilegales en un loteo de calle Israel, el Municipio remitió cartas documento a los titulares para recabar información de cada uno. En diálogo con La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, el responsable de la Secretaría Legal y Técnica, el doctor Juan Maciá Cantarelli, brindó detalles del accionar comunal de cara al futuro de la causa.

Entre otros aspectos, hizo mención al posible rol de los profesionales intervinientes –agrimensores, arquitectos y otros-, y explicó que los titulares de los lotes comercializados como condominios se encuentran todavía en plazo para apelar la resolución judicial. Además, hizo mención a que mantendrán una reunión con autoridades de la Usina por la bajada de luz en el lugar.

Maciá confirmó que el loteo condenado cuenta con seis cotitulares, los cuales fueron notificados, lo mismo que el propio desarrollador que figura como titular de uno de los condominios. “Queremos ver en qué situación, cuál es su estado, por qué construyeron, por qué adquirieron ahí y paralelamente nutrirnos de información con respecto a todo lo que es la cuestión privada en ese condominio”, planteó el funcionario.

También indicó la necesidad de considerar el “entramado que hay detrás de los adquirientes”, y conocer cuánto de lo realizado fue de buena o mala fe, para recorrer “los distintos caminos con cada uno”. 

Sin los pasos correspondientes por la Secretaría de Planeamiento –planos y demás-, Maciá Cantarelli sostuvo que deberán revisar el accionar de quienes podrían haber intervenido en el proyecto –desde arquitectos a ingenieros, escribanos e inmobiliarias- y que debido a ese motivo “hay que ver si hay más profesionales, no solo este desarrollador comprometido”.

Más denuncias

El secretario de Legal y Técnica hizo referencia a que analizan las bajadas de luz, y que durante la semana mantendrán reuniones con personal de la Usina “para ver en qué condiciones fue solicitada la bajada del suministro”.

El funcionario dijo desconocer los detalles de la posible demolición o relocalización de las construcciones, aunque consideró la dificultad de regularizar de acuerdo al fallo emitido por la Justicia. Sin embargo explicó que “toda sentencia puede ser apelada”, y que los desarrolladores se encuentran en plazo para hacerlo. En tal caso, la causa pasará a una instancia judicial superior.

Por otra parte existe una denuncia penal en curso, presentada por la secretaria de Protección Ciudadana, por amenazas de parte de los desarrolladores del loteo en el marco de una inspección municipal. “Resolvimos asesorarla,  y ella hizo la correspondiente denuncia. Esto va a transitar por vías que esperemos que sean pacíficas y que se vaya resolviendo todo de manera sensata y racional”, pidió Maciá.

Denuncia y condena

Cabe recordar, el caso de calle Israel fue hecho público por la Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024. Desde la organización ciudadana denunciaron las construcciones pero también la existencia de un portón ubicado sobre una calle pública. En junio pasado, el concejal Rogelio Iparraguirre presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo de cuenta de la situación en el lugar.

A partir de entonces, el gobierno local realizó una inspección en el loteo, confirmó que el mismo había sido comercializado bajo la figura de condominio –pese a estar prohibida en esa zona-, y que no tenía planos presentados. Además, desde la Comuna señalaron que el mismo desarrollo estaba denunciado en la Justicia de Faltas y en Provincia.

Días atrás se conoció la resolución del Juzgado de Faltas N°2 –a cargo del juez Oliveto-, que condenó a Corica Gutiérrez Bienes Raíces S.R.L. por haber ejecutado obras sin autorización municipal y por incumplir una orden de paralización vigente. Impuso dos multas económicas que suman poco más de 20 millones de pesos, además de ordenar la demolición o relocalización de cuatro construcciones ubicadas cerca del arroyo que cruza el terreno. Los desarrolladores tienen un plazo de 60 días para cumplir lo dispuesto.

La mujer de Luis López, el padre de Ángel López, el niño de cuatro años asesinado a principios de abril en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, desmintió las versiones que indican la existencia de una supuesta denuncia hacia ella y su sobrino por una presunta agresión en perjuicio de su novio.

Lorena Andrade narró que el miércoles “vieron el partido” de la Selección argentina ante Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, y mencionó que López “tomó y se puso mal porque se acordó de Ángel”.

“Quería ir a la calle, lo quisimos frenar con mi sobrino, se cayó y se terminó yendo hasta que lo encontraron”, consignó la madrastra de la víctima.

En este sentido, rechazó las versiones sobre una denuncia contra ella y su familiar por agredir a Luis: “No es como dicen los portales, él no denunció a nadie y nosotros no lo golpeamos. Somos quienes estamos en todo y tratamos de contenerlo. Él ya no da más. Inventan cosas, hablan por hablar”.

La mujer apuntó contra el Poder Judicial de Comodoro Rivadavia por la falta de respuestas, calificó de “horrible” la situación y sostuvo que “es la ciudad de la corrupción”.

Además, remarcó que Luis se encuentra radicado en su domicilio con ella, agregó que continúan con la lucha para conseguir justicia por su hijo e insistió con que “nunca lo golpearon”.

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta acudió hasta el cruce de las calles Polonia y 10 de Noviembre, en Comodoro Rivadavia, luego del alerta de un transeúnte por un hombre tirado sobre la vía pública.

Al llegar, lo observaron alcoholizado y bastante golpeado. Cuando se le consultó que le había ocurrido, no supo recordar cómo es que había llegado hasta el lugar, por lo que se decidió trasladarlo hasta el Hospital Regional.

Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y su novio, Michael González, están detenidos por homicidio agravado por el vínculo y alevosía y homicidio simple agravado por alevosía, respectivamente, al tiempo que la única pena en expectativa es prisión perpetua. NA

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en el marco de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. Según relató el propietario del camión, identificado como Jorge Carmelo, el vehículo se encontraba estacionado con la caldera en funcionamiento para mantener la temperatura de la cabina, una práctica habitual que realiza desde hace seis años. 

La situación fue expuesta en el programa Plataforma Magazine, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1. De acuerdo con el testimonio del damnificado, el humo generado por el escape de la caldera fue interpretado por transeúntes como un incendio, lo que motivó la llegada de una dotación de bomberos al lugar. 

Carmelo explicó que, al regresar al vehículo, se encontró con los efectivos realizando maniobras de fuerza sobre el sistema eléctrico. "Me llamaron por teléfono para avisarme que me estaban rompiendo todo. Cuando llegué, les pedí que no tocaran nada, que era solo una caldera, pero ya habían barreteado el cajón de las baterías", detalló.

Daños materiales

El procedimiento resultó en daños materiales significativos. Según el relato del transportista, al manipular los bornes de la batería sin utilizar el cortacorriente —dispositivo con el que cuenta el camión—, se produjo un cortocircuito que afectó la plaqueta del sistema de climatización y el motor del mismo. Además, la batería, que había sido adquirida apenas 10 días antes, quedó inutilizada.

El propietario del camión cuestionó duramente el accionar del personal interviniente, señalando que nunca intentaron contactarlo a pesar de que su número de teléfono figuraba en la puerta del vehículo. "Si me hubiesen llamado al instante, les habría explicado que no había ningún principio de incendio. Actuaron mal y ahora el costo de reparación es altísimo", sostuvo.

Actualmente, Carmelo se encuentra realizando gestiones en la fiscalía para intentar canalizar el reclamo, ya que su compañía de seguros se niega a cubrir los daños al considerar que se trató de un mal procedimiento por parte de los bomberos. "La aseguradora me dice que esto debe cubrirlo el seguro de los bomberos, pero en la fiscalía me piden una denuncia que aún no me han tomado correctamente", explicó el damnificado.

El transportista también manifestó su disconformidad con el informe redactado por el cuerpo de bomberos, el cual describe el hecho como un "principio de incendio". Además insistió en que dicha calificación es errónea, ya que "no había nada prendido fuego ni nada que apagar". Mientras espera una resolución, el trabajador lamentó el tiempo perdido y la incertidumbre sobre quién se hará cargo de los gastos, los cuales estima en cifras elevadas debido a la complejidad de los componentes electrónicos dañados. 

El caso de construcciones clandestinas sobre calle Israel -en Zona Protegida- volvió a poner en debate una problemática que crece en Tandil: las estafas de venta de lotes mediante la modalidad de condominio. Por el tema, El Eco consultó a profesionales del Colegio de Agrimensores Distrito II, del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Bs. As., quienes recordaron que todos los particulares con dudas sobre posibles operaciones inmobiliarias pueden recurrir a la entidad para informarse o bien consultar a un agrimensor de la localidad.

“Nos puede consultar a nosotros, siempre. O al área de Catastro en la Municipalidad. La consulta es un ratito”, dijo Esteban Kain, presidente del mencionado Colegio. “Ningún profesional puede aprobar un proyecto que no esté avalado por la norma, y queremos dejar en claro que los agrimensores no estamos detrás de esto. Es importante que si alguna persona detecta que hay un agrimensor en este tipo de operatoria, que lo denuncie al Colegio Profesional”, agregó.

Los agrimensores tienen un rol central en la regularización de proyectos inmobiliarios, y en particular en que los propietarios cuenten con planos de subdivisión. Por ese motivo evalúan las aptitudes del predio según en qué zona de la Ciudad se encuentra el predio, si está o no en Zona Protegida y relevan los datos de los predios a intervenir, determinan el lugar de los mojones, y están a cargo de una serie de gestiones vinculadas a la apertura de calles, estudios hidráulicos, dotación de infraestructura y servicios, entre otros.

“Se presenta un proyecto en el Municipio y hay que cumplir todo ese requerimiento. Recomendamos al comitente qué es lo que se puede hacer en ese lugar, de acuerdo a la normativa vigente”, explicó.

“Una vez que todo el proceso avalado en la Municipalidad, con el final de obras de infraestructura, es cuando se autoriza esa subdivisión. Son procesos largos y dependiendo del caso, suelen ser costosos”, detalló.

Desde el Colegio de Agrimensores del Distrito II explicaron también que la figura de condominio no es ilegal en sí misma. Suele darse por ejemplo, en sucesiones de cualquier propiedad o terreno común, que un porcentaje queda para cada familiar según como se trate la herencia. Pero siempre, remarcaron, dicho condominio es indiviso y sobre el total de la propiedad, no de una parte física específica o delimitada del inmueble.

En el mismo sentido remarcaron que no se puede utilizar la figura de condominio para subdividir un macizo en zonas en las que la normativa vigente limita la cantidad de lotes y construcciones posibles. Por ejemplo, en la Zona Natural Protegida, donde las cotas de altura determinan loteos no menores a 1,5 hectáreas, con áreas en las que no se permiten parcelas menores a 10 hectáreas.

“En el último tiempo proliferaron en la ciudad ofertas de ventas de lotes mediante la modalidad de condominio. Se trata de falsas subdivisiones por fuera de la normativa, que a futuro no habilitarán a los compradores a contar con la titularidad individual de lo que compraron. No podrán obtener permiso de obra para construir en ese espacio que les vendieron. El día de mañana, no van a lograr tener escritura propia, ni obtener crédito hipotecario", explicaron sobre tales casos.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó en marzo pasado un proyecto de ordenanza para reforzar los controles al respecto. La iniciativa propone crear un Certificado de Aptitud Urbanística –una especie de DNI de cada terreno-, a partir de los cuales los posibles compradores o vendedores podrán saber qué se puede desarrollar y qué no en cada lugar.

El proyecto continúa en análisis de parte del Ejecutivo Municipal, y el propio gobierno local inició una campaña para alertar por intentos de estafa mediante la venta por condómino.

El caso de calle Israel había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024. El bloque Fuerza Patria elevó un pedido de informes para conocer detalles de la situación del loteo. Desde la Comuna confirmaron a El Eco que fue comercializado como condominio, y que las obras ya construidas no cuentan con los planos correspondientes, por lo que son ilegales.

El juez federal Luis Armella decidió no hacer lugar al pedido de detención de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A pesar de rechazar la solicitud del fiscal Sergio Mola, el magistrado impuso una serie de medidas restrictivas para los imputados.

Tanto Martín Insaurralde como su expareja, Jesica Cirio, tendrán la obligación de no ausentarse de un radio de 50 kilómetros del domicilio denunciado sin autorización judicial previa. Asimismo, deberán comunicar al Tribunal, con suficiente antelación, cualquier desplazamiento que implique una ausencia superior a 24 horas.

La causa, identificada como FLP 38935/2023, analiza maniobras financieras entre los años 2009 y 2023. El pedido de detención original del fiscal Sergio Mola se basaba en el riesgo de manipulación de pruebas tras la difusión de videos donde se observan fajos de dólares en un vestidor. Al respecto, el magistrado argumentó que el material audiovisual aún no ha sido analizado por la DATIP y ordenó peritajes para determinar su autenticidad.

El juez consideró que los imputados se mantuvieron a disposición de la justicia y cumplieron con los requerimientos previos, lo que descarta el riesgo de fuga. Además de Martín Insaurralde y Jesica Cirio, las medidas alcanzan a Sofía Clérici, Martín Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Insaurralde, Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío. Entre las obligaciones, se destaca la promesa de no obstaculizar la investigación y la prohibición de salida del país, con comunicación directa a la Dirección Nacional de Migraciones.

Las construcciones de calle Israel, sobre las que el concejal Rogelio Iparraguirre pidió informes al Municipio, fueron comercializadas bajo la modalidad de condominio, y el desarrollo pertenece a la firma que se vio involucrada en un hecho similar -violencia mediante- en La Elena. El caso había sido denunciado en noviembre de 2024 por la Asamblea por la Preservación de las Sierras.

“Es un lote complicado”, trascendió durante la mañana del viernes en la Municipalidad, en referencia al loteo de la parcela Partido 103 (Tandil), Circunscripción 1, Sección E, Chacra 142, Parcela 3 (partida 103-57685). 

Es que el desarrollo inmobiliario señalado estuvo a cargo de la firma Córica Gutiérrez Bienes Raíces y Otros, la misma que en enero pasado se vio envuelta en otro caso que tomó trascendencia pública: en un loteo a su nombre de la zona de La Elena, un vecino que se había acercado a consultar sobre los trabajos en el lugar fue brutalmente agredido.

Por comprobar luego tareas sin habilitación -apertura de trazas viales-, el Municipio detuvo los trabajos la esquina de Pavón y Chimango. Sin embargo,  funcionarios de la Secretaría de Legal y Técnica debieron hacerse presentes en un operativo que se llevó a cabo luego de registrar movimientos de tierra pese a la prohibición.

La titularidad del desarrollo del lote señalado fue confirmada a El Eco por fuentes municipales, lo mismo que otra de las sospechas que pesaba sobre la modalidad de comercialización: fue realizada bajo la figura de condominio, prohibida para subdividir en Zona Natural Protegida Sierras de Tandil.

De acuerdo a lo que expuso el concejal Rogelio Iparraguirre durante la sesión del jueves 25 en el Concejo Deliberante, la manzana cuestionada  tiene nueve lotes y unas seis construcciones importantes, situada en altura, entre las cotas 250 y 280 metros sobre el nivel del mar.

“Israel y Lanza del Vasto”, había publicado la Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024, junto a una fotografía en la que se podía ver un portón negro. De acuerdo a lo denunciado entonces, la construcción en el lugar impedía el paso por la calle pública. Posteriormente, la entidad ciudadana volvió a hacer público el caso, y llegó a incluirlo en un pedido de informes presentado al Municipio. Sin embargo a la fecha no obtuvieron respuesta.

"La observación de imágenes satelitales, a la que podría acceder cualquier vecino, permiteidentificar al menos nueve lotes y varias viviendas ya construidas en una manzana donde solo podría haber una vivienda unifamiliar. ¿Cómo es posible que esto pueda ser tan fácilmente detectado y haya pasado por enfrente de las narices del departamento ejecutivo sin que se conozcan a la fecha acciones para evitarlo?", preguntó el concejal por Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, en el proyecto de comunicación que presentó en la sesión del jueves 25 de junio.

En el mismo texto, el concejal señaló que el loteo cuestionado es “un nuevo caso en el que el gobierno municipal decide mirar para otro lado mientras se incumple la normativa referente a la construcción en las Sierras. No se trata de una discusión en abstracto sobre el ordenamiento territorial, sino que es la materialización de la falta de control y ejercicio de la autoridad”. El problema, agrego, “no es solo ambienta, es institucional”.

En el centro del tema está el grado de control que las autoridades comunales ejercen sobre la construcción en general, y sobre la que se lleva a cabo sobre Zona Natural Protegida en particular. 

En adelante restará que el Municipio determine acciones a tomar. Un caso con puntos en común es el de la manzana 187Q en la zona de Don Bosco, que se hizo público a mediados del 2024. El gobierno local también había paralizado las obras, sobre las que luego intervino la Justicia de Faltas.

La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil emitió un comunicado mediante el cual solicitó al gobierno municipal y al Concejo Deliberante que brinden información sobre el proyecto para construir un edificio destinado a un colegio privado en avenida Fleming. 

“Exigimos se abstengan de aprobarlo”, marcaron. La organización ambientalista ha manifestado su profunda preocupación ante el avance del expediente  que contempla la construcción de un establecimiento educativo en una zona sobre la que plantearon una serie de interrogantes, en particular por la altura del lote y las posibilidades del uso del mismo . 

“Solicitamos al Poder Ejecutivo y a los Concejales de Tandil respondan al pedido de información sobre las cuestiones referidas a la solicitud de aprobación de una excepción para construir un edificio que se alquilará a un colegio en Av. Fleming, y exigimos se abstengan de aprobarlo”, indicaron.

Cabe recordar, uno de los puntos en debate por el proyecto de la construcción del colegio es el acceso a servicios, en particular agua y cloacas. El Municipio propuso una obra de financiamiento mixto,  que los desarrolladores deberían financiar en un 35 por ciento, de acuerdo al uso que afectarían de la misma. El porcentaje restante sería asumido por la Comuna, y posteriormente por los futuros beneficiarios a través de contribución por mejoras. También se prevé incorporar el aporte de la plusvalía que los constructores realizarán por el convenio urbanístico.

Impacto y zonificación

Uno de los ejes centrales del reclamo se enfocó en la ubicación del predio y su relación con la protección de las sierras. La Asamblea cuestiona la cota del terreno, señalando que, de acuerdo con los mapas oficiales del Municipio, el sector se encuentra por encima de la cota 220 msnm, lo cual lo categoriza como Zona Natural protegida Sierras de Tandil. 

Ante dicha situación, la organización interpeló a las autoridades: "¿Cuál es la cota del terreno que están dando por válida las autoridades? Según el mapa de la propia página del municipio está sobre la cota 220msnm por lo tanto es Zona Natural protegida Sierras de Tandil. Si no dieran por válida esa cota, ¿En que medición se basan? Si fuera la altura menor a la cota 220 msnm, la categorización correspondiente es Residencial Extraurbano 1, a la cual le corresponde uso para viviendas de baja densidad. La categoría autorizable no es sinónimo de permitido. El uso educativo sólo sería ‘autorizable’, luego de la previa presentación de un estudio de impacto urbano y ambiental y su aprobación".

Asimismo, la entidad ambientalista puso en duda la existencia y accesibilidad de los estudios técnicos necesarios para avalar una obra de las dimensiones del proyecto señalado. En este sentido, preguntaron: "¿Fue presentado dicho estudio de impacto urbano ambiental? ¿Dónde está disponible para que la comunidad pueda acceder al mismo y opinar?".

Sobre la obra hidráulica prevista -recambio de cañerías en el cruce de la Ruta Nacional 226 y calle Hudson-, la Asamblea exigió explicaciones sobre la utilización de fondos públicos para facilitar intereses privados. 

"Reclamamos se informe: ¿Por qué el Estado municipal haría la obra para poder darle la excepción a una empresa privada? ¿Pretenden aprobarlo antes de que las obras requeridas por obras sanitarias estén realizadas? ¿Cuál es el ‘impacto positivo para el desarrollo urbano de la ciudad’ de contradecir lo establecido en el plan vigente y subordinar la obra pública a los intereses de particulares? ¿Cuál es la lista de prioridades de obras públicas para Tandil?".

Finalmente, la organización cuestionó la gestión de los recursos municipales frente a las necesidades de la educación pública y la infraestructura básica en otros barrios de la ciudad. El comunicado concluye enfatizando que el cumplimiento de las normas, el cuidado del ambiente y la igualdad ante la ley son valores fundamentales que deben prevalecer sobre cualquier excepción urbanística.

Néstor Ortigoza fue imputado este viernes por lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género, a raíz de una denuncia presentada en 2024 por su expareja, Lucila Cassiau. La fiscal María Lorena González, titular de la UFI N°3 de Ezeiza, determinó que existen motivos suficientes para sospechar que el dirigente de San Lorenzo participó en los hechos denunciados.

Fuentes judiciales confirmaron que el futbolista deberá comparecer a una indagatoria el 5 de agosto a las 10:00 en la sede fiscal. El expediente, que se inició hace dos años, cuenta con pruebas que incluyen registros fílmicos, fotografías, un informe psicológico y declaraciones testimoniales que ratifican la existencia de un marco de violencia.

Entre los testimonios clave se encuentra el de una mujer que trabajó durante 10 años con la pareja. La testigo relató un episodio ocurrido en el verano de 2015, cuando intervino para frenar una agresión física:

“Cuando entro, veo a Lucila tirada en el piso en posición fetal y Néstor pegándole patadas como si fuera una pelota. Lo único que me salió en ese momento fue agarrarlo de la parte del brazo y tirarlo para atrás. Le dije que por favor la deje, que la estaba matando”.

La testigo también recordó que, en aquel momento, el futbolista le gritó a Lucila: “Hija de puta, te voy a matar”. Según el expediente, la fiscal consideró probada la existencia de un contexto de convivencia donde se sucedieron diversos episodios de violencia verbal y física.

El diseñador Benito Fernández sorprendió en sus redes sociales al comunicar que iniciará una demanda contra la firma de indumentaria Zara. El conflicto surge a raíz del lanzamiento de una colección cápsula denominada Benito Antonio, realizada en colaboración con el artista internacional Bad Bunny.

A través de un descargo público, el modisto argumentó que la utilización de dicho nombre atenta contra la identidad de su marca, la cual posee desde hace 40 años.

“Con enorme sorpresa y preocupación he tomado conocimiento del reciente lanzamiento de la colección colaborativa “Benito Antonio”, impulsada por Zara junto a Bad Bunny”, expresó el diseñador.

En su comunicado, Benito Fernández enfatizó la trayectoria que respalda su firma en el mercado.

“Con cuarenta años de trayectoria en la industria de la moda y un reconocimiento local e internacional de mi trabajo, resulta imposible no advertir el riesgo de asociación y confusión que genera el uso de un nombre que identifica de manera directa mi historia y mi marca BENITO, construida y consolidada durante décadas dentro del mismo segmento comercial”, señaló.

Ante esta situación, el diseñador confirmó que ya ha tomado medidas concretas.

“Por este motivo, he instruido formalmente a mi equipo legal para avanzar con las acciones correspondientes, a fin de que Zara comprenda la existencia y protección de mi marca registrada BENITO, así como del riesgo de asociación y confusión que este lanzamiento genera dentro de la industria de la moda, solicitando el cese de toda comercialización, promoción y difusión vinculada a dicha denominación”, advirtió.

Finalmente, el creativo concluyó su mensaje reafirmando su postura:

“Defender mi marca también es defender una historia, una trayectoria y el enorme esfuerzo que hay detrás de ella”.

El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, amplió este miércoles su declaración indagatoria en el marco del juicio oral por la causa Sueños Compartidos, que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales. Durante su testimonio, el acusado reveló la existencia de un esquema de financiamiento estatal destinado a promover denuncias contra dirigentes del PRO.

Según el relato de Schoklender, el abogado Eduardo Barcesat mantuvo conversaciones con Hebe Pastor de Bonafini para que esta intercediera ante Aníbal Fernández, quien en aquel entonces se desempeñaba como ministro del Interior y de Justicia. El objetivo era obtener recursos para conformar un centro de investigación dentro de la universidad de la fundación.

“Él quería que le proponga comenzar a realizar una serie de denuncias permanentes contra funcionarios del PRO, pero necesitaba financiamiento”.

De acuerdo con la declaración, Aníbal Fernández otorgaba un subsidio fijo que iba directamente a Eduardo Barcesat, quien en 2008 fue nombrado profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Schoklender sostuvo que la única función de dicho aporte era impulsar acciones legales contra funcionarios opositores.

Al ser consultado sobre el manejo de los fondos, el ex apoderado aseguró que la fundación contaba con diversas fuentes de ingreso, entre las que destacó los excedentes de Sueños Compartidos.

“Si uno hace las cosas bien y no paga coimas, sobra plata”.

Asimismo, admitió haber recibido aportes del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, aunque reconoció que alguno se perdió en el camino. El juicio, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 5, investiga el presunto desvío de 206 millones de pesos de un total de 748 millones recibidos entre marzo de 2008 y junio de 2011 para la construcción de viviendas sociales.

La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, presentó una denuncia penal contra su par de Lomas de Zamora, Federico Villena, acusándolo de haber realizado "incesantes llamados y mensajes con amenazas" que alteraron su tranquilidad y la hicieron sentir atemorizada.

La presentación, que consta de cuatro páginas y fue radicada ante la Cámara Federal de Apelaciones, detalla que la magistrada recibió un total de 19 llamados telefónicos a su celular personal entre los días 11 y 12 de mayo. Según consta en el escrito, las comunicaciones se alternaban con mensajes de texto en tono intimidatorio, entre los que se destacaba la frase: "Atendeme, a mí me tenés que atender".

De acuerdo con la denuncia, el juez Federico Villena, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, se habría quejado en dichos textos de que la magistrada "habría hablado mal de él". Los mensajes fueron certificados ante un escribano público y presentados en un sobre cerrado como prueba documental.

A este acoso telefónico se sumó otro episodio ocurrido el 13 de mayo, aproximadamente a las siete de la mañana, cuando personas desconocidas tocaron de forma "incesante e insistente" el portero eléctrico del domicilio particular de la jueza, lo que fue calificado por la denunciante como un nuevo agravio a su tranquilidad.

Tras el sorteo de la denuncia, la causa quedó bajo la órbita del juez Ariel Lijo. Como primera medida, el magistrado solicitó certificar la posible conexidad con otro expediente a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde también se encuentra mencionado el denunciado.

Luego de la denuncia en la que un grupo de vecinos dio a conocer que el desarrollo de un loteo ubicado entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú podría inundarlos, El Eco dialogó con Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento. El funcionario concurrirá el próximo martes 12 a la comisión de Obras Públicas  del Concejo Deliberante, tras la llegada al Legislativo de una nota presentada por los frentistas.

Consultado acerca de si el loteo en marcha podría generar inundaciones a los vecinos de Los Huesos, el funcionario marcó que “ese sector está muy bajo”, e hizo mención a anegaciones anteriores de la zona. “Lo que decimos es que no le va a modificar la escorrentía. Ellos ya se inundaron en el 2017, cuando no estaba ese desarrollo”, manifestó.

“Este proyecto de la Asociación por la No Automedicación tiene un estudio hidráulico y lo que está haciendo es evitar que haya conflicto de inundaciones. Sobre todo en este sector, pero también teniendo en cuenta la situación que tiene el barrio de Los Huesos y Vistalli”, sostuvo Lafosse.

El funcionario contó que mantuvo –junto con el director de Vialidad, Mauro Ortega- reuniones con los vecinos que manifestaron su preocupación por el loteo. “Ellos confiaban inicialmente en el estudio hidráulico que se había hecho”, sostuvo, pero que a partir de los últimos encuentros le transmitieron su desconfianza con respecto a que se materialicen las obras tal cual figuraba en el proyecto.

Sobre el hecho de que en el proyecto de los desarrolladores Los Huesos figuraba como calle “a abrir”, Lafosse indicó que “se les explicó a los vecinos que era porque no estaban formalmente abiertas con un estudio que avale los desagües de esa calle”, y que “es una arteria que la municipalidad mantiene habitualmente por lo que nosotros conocemos perfectamente el estado de la misma”.

El trazado de Los Huesos, sumó, “está relevado y tiene una cota de relevamiento”. Sin embargo, planteó que más allá del nivel de las calles, existe un conducto pluvial por Segundo Sombra que “está por debajo del nivel de Los Huesos, con lo cual no va a generar un dique”.

Aseguró que desde Planeamiento aprobaron el proyecto, el cual preveía el levantamiento del nivel de calles públicas, y que corresponde a Vialidad el control de dicha obra.

“Nosotros estamos convencidos de que hubo un estudio que hizo un profesional, que ese estudio tuvo controles, idas y venidas, y que terminó aprobándose una salida intermedia entre lo que planteó el profesional y lo que corregimos. Ahora lo que tenemos es la posibilidad de que lo que se materialice sea lo aprobado en el proyecto. Los propios estudios que hicieron los vecinos revelan que no está más arriba de lo que tiene que estar”, concluyó.

Vecinos de calle Los Huesos denunciaron que un loteo privado podría provocar la inundación de su barrio. En diálogo con El Eco manifestaron que el proyecto no contempló la existencia de su calle, que los desarrolladores generaron un “dique” en el que quedarían casi dos metros por debajo de sus terrenos linderos, y que esperan que las autoridades lleven a cabo un estudio de impacto que les certifique que lo  realizado no los perjudicará.

“Cuando construyan, esto es una catarata,  alertaron los frentistas. Luego de que presentaran notas al Ejecutivo, al gobierno bonaerense, y al Concejo Deliberante, representantes de la Secretaría de Planeamiento concurrirán el martes próximo a la comisión de Obras Públicas para brindar explicaciones sobre el tema. Desde el Municipio transmitieron que la iniciativa no modificará la escorrentía de la zona, que el lugar ya sufrió inundaciones con anterioridad y que el expediente está aprobado.

Se trata del loteo impulsado por la Asociación por la No Automedicación, entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú. El Eco fue al lugar y caminó  con los vecinos de calle Los Huesos, quienes mostraron cómo –tras elevar el nivel de calles públicas y de los terrenos que se proyectan lotear-, quedaron “abajo”, en un área inferior incluso que un caño de desagüe pluvial.

Los vecinos elevaron una solicitud en la cual sostuvieron que “el relleno desmesurado, ejecutado por la empresa contratista, no cumple con las cotas de altura proyectadas” y que generaría que sus viviendas queden “en un bajo, con un corte de niveles muy abrupto (de casi dos metros de altura) muy difícil de resolver una vez terminadas las obras.

“Si veníamos hace un año y medio, todo esto estaba a la misma altura”, contaron los frentistas, parados en el terraplén del loteo, desde el cual podían observar a sus viviendas.

“El proyecto no contempla que la calle Los Huesos es existente. Es una calle consolidada, con la mayoría de sus lotes construidos con viviendas unifamiliares de ocupación permanente que se construyeron legalmente con planos presentados en la Municipalidad de Tandil”, señalaron sobre una de sus principales preocupaciones.

“En el plano no sólo figura ´Calle a abrir´, sino que en ambos proyectos presentados y aprobados en la municipalidad proponen rellenarla entre 18 y 20 cm o quitarle relleno para cambiar el sentido de la pendiente, dejando algunos de nuestros frentes por debajo de la línea de vereda”, sumaron.

A su vez, denunciaron que el loteo contempló “una elevación excesiva de las cotas de calles” que condicionó a los terrenos linderos. Marcaron que en el esquema del loteo –que ya avanzó-, Los Huesos pasaría a constituirse “como el punto más bajo del sistema, en contradicción con la topografía natural”.

El sistema de desagüe pluvial del proyecto, consideraron, resulta incompatible con futuras nivelaciones de los terrenos linderos tanto al loteo como a sus viviendas. Si bien señalaron que luego de efectuar reclamos a las autoridades el proyecto hidráulico fue modificado, las cotas previstas forzarían la necesidad de que los terrenos circundantes tengan que elevarse, y “las viviendas actualmente construidas quedarían en una situación relativa más baja”.

Además, denunciaron que el proyecto mencionado se presentó como “integral”, pero la Asociación a cargo “solo construyó sus propios desagües, tirando el agua acumulada en su lote a los campos linderos mediante conductos y bocas de tormenta que no figuran en los planos”.

Tal situación, manifestaron, obligaría a los propietarios de dichos campos a continuar con las obras de desagüe si no quieren inundarse, o a rellenar excesivamente sus campos si no quieren quedar bajo el nivel propuesto por la Asociación de No Automedicación”.

Los vecinos solicitaron que se disponga la suspensión preventiva de los trámites y los avances de obra vinculados al proyecto para que evalúe la intervención provincial mediante sus áreas técnicas competentes, así como también que se realice una verificación in situ del proyecto y de las obras en ejecución por parte de equipos técnicos provinciales para constatar que el nivel propuesto y la descarga actual superan la capacidad de absorción de los campos linderos.

En las notas vecinales consta otra situación: tras una primera revisión del proyecto, y el avance de las obras, los frentistas contrataron un estudio privado. “El 90 por ciento de los puntos medidos superan las cotas proyectadas”. Además, transmitieron su preocupación no solo por no haber podido acceder a la fecha al expediente, sino también por la falta de respuestas “y por la velocidad de avance que tomaron las obras a partir de acercar nuestras inquietudes y observaciones a la Municipalidad”.

Luego de un extenso período de suspensión, la justicia decidió reanudar el proceso judicial contra Cristian “Pity” Álvarez. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 fijó para el próximo 10 de agosto el inicio del juicio oral por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La resolución fue adoptada por tres jueces: Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes hicieron lugar al dictamen presentado por el fiscal general Sandro Abraldes. Según los magistrados, las facultades mentales del acusado se encuentran estabilizadas, lo que le permite comprender el alcance y las consecuencias del proceso penal en su contra.

El debate contará con un total de 11 audiencias que se desarrollarán entre los meses de agosto y septiembre. Asimismo, se ratificó que el músico tiene prohibido abandonar el país mientras dure el proceso. La situación judicial de Álvarez cobró relevancia pública recientemente cuando Marcelo Moura, integrante de la banda Virus, mencionó en el escenario del Gran Rex que el cantante no pudo participar de un show previsto debido a sus complicaciones legales.

Cabe recordar que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado de haber terminado con la vida de Díaz tras una discusión en la vía pública. Tras años de incertidumbre sobre su capacidad para enfrentar un juicio, los peritajes actuales determinaron que el trámite de las actuaciones puede continuar de manera efectiva, dado que el estado de salud actual del acusado permite reanudar el trámite.

“El ruido es terrible, es un desastre vivir acá", dijeron vecinos y vecinas del Tiro Federal. Reunidos frente la institución de calle Lobería y Sandino, los frentistas dialogaron con El Eco de Tandil y contaron (otra vez), los motivos de su reiterado reclamo: ruidos molestos que afectan al descanso de todo el barrio, esquirlas halladas en sus propias viviendas y las preocupantes consecuencias que la contaminación sonora genera en la salud de niños, adultos mayores y mascotas de la zona.

Si bien hicieron reiteradas denuncias públicas, los vecinos marcaron que a la fecha no tuvieron mayores respuestas, y que incluso las jornadas de prácticas se incrementaron en el último tiempo. "Vienen durante la semana, miércoles, jueves, viernes e incluso los domingos. Nosotros trabajamos toda la semana, y no tenemos derecho al descanso", sentenciaron.

Además, señalaron que la intensidad de las detonaciones es tal que impacta directamente en la estructura de las viviendas linderas y en la cotidianeidad de los hogares. Los vecinos describieron escenas donde el estruendo interrumpe las comidas y el descanso mínimo. "El ruido es impresionante. Estamos comiendo y tiemblan las ventanas", relataron.

Cabe recordar, el reclamo vecinal es de larga data. Uno de los puntos de debate con la propia institución es la antigüedad de la misma, ya que el Tiro se encuentra en el lugar desde hace más de 100 años. Sin embargo, los frentistas plantearon que los tiempos cambiaron y en el presente rigen criterios diferentes para pensar la convivencia pública.

“Ellos dicen que están desde antes. Pero hay que entender un poco, en 2026 no podés tener un lugar a cielo abierto contaminando sonoramente”, sostuvieron, proyectando la necesidad de una solución definitiva a corto plazo. Entre otras iniciativas, los vecinos presentaron denuncias ante el Concejo Deliberante y el gobierno local.

A su vez, uno de los puntos más sensibles del reclamo fue la comparación con otras normativas locales sobre ruidos. Los habitantes del barrio cuestionaron la disparidad por parte del Municipio al momento de regular eventos sonoros. "Tenemos los mismos derechos que tiene todo Tandil. ¿O acaso no se paró el Tandil Brilla por el ruido? ¿O nosotros somos ciudadanos de segunda?", se preguntaron, haciendo alusión a la suspensión de los fuegos artificiales en los festejos locales para proteger a personas sensibles y animales.

Más allá de la contaminación acústica, desde el barrio dieron cuenta de su preocupación por la seguridad física. Los vecinos denunciaron haber encontrado restos de proyectiles en sus propiedades, lo que representa un riesgo de vida constante. Relataron episodios como el de un niño que halló una cabeza de bala mientras jugaba en una pileta, o el impacto de un proyectil en la ventana de una vivienda. La presencia de esquirlas es una constante que han intentado documentar ante las autoridades.

"Nosotros con el tema de balas específicamente hemos hecho un montón de denuncias. Se han juntado frascos enteros con esquirlas, y como toda respuesta, fíjate que levantaron unos esos tablones que hicimos con ellos. Eso fue una mediación porque se salían las balas. Y cuando tiran escuchás el ruido en las columnas de hierro", detallaron sobre las precarias medidas de seguridad que se han implementado tras procesos de mediación que resultaron insuficientes.

A este panorama sumaron su preocupación por el  abandono de la infraestructura externa del predio. Los vecinos señalaron que la falta de mantenimiento no solo afecta la estética del barrio, sino que produce accidentes concretos en la vía pública. "No tienen ni veredas y el otro día se cayó una señora", denunciaron, remarcando que la desidia de la institución impacta en el tránsito de los peatones que circulan por la zona.

En cuanto a las gestiones administrativas, los vecinos han recorrido diversas instancias sin obtener respuestas satisfactorias. Mencionaron reuniones en el Concejo Deliberante con la comisión de Seguridad y Derechos Humanos, y contactos directos con la concejal Domenighini y la concejal Condino. Incluso destacaron que el Colegio Sábato ha presentado denuncias formales por la situación. Sin embargo, las más de 60 firmas recolectadas y las presentaciones judiciales parecen perderse en la burocracia.

Finalmente, los habitantes del barrio hicieron hincapié en la falta de habilitación municipal adecuada para un establecimiento de estas características en una zona urbana. Según indicaron, el lugar contaría con autorizaciones de organismos nacionales, pero no con los permisos locales pertinentes que se le exigen a cualquier otro comercio o emprendimiento del barrio. "Este Tiro tiene 100 años. Acá hay gente que hace 50 años que está acá, aguantando esto. Y en los últimos meses se ha incrementado", concluyeron, reafirmando que la situación es insostenible: "El ruido es terrible. Es un desastre vivir acá".

El empresario Ariel Vallejo, titular de la empresa Sur Finanzas, no se presentará a declarar este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. La decisión fue comunicada por sus representantes legales, quienes argumentaron razones de salud para postergar el trámite procesal en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.

La citación de Ariel Vallejo se produce luego de que la Justicia recolectara pruebas que indicarían la existencia de una estructura destinada a la triangulación de fondos. Según los antecedentes del caso, el foco de la investigación está puesto en el cambio de cheques que la Asociación del Fútbol Argentino realizaba en la financiera.

Asimismo, la causa analiza la ayuda económica a distintos clubes del fútbol argentino para presuntamente facilitar el desvío de dinero. Ante la inasistencia del empresario este martes, el magistrado interviniente deberá evaluar cuándo el titular de Sur Finanzas podrá brindar su testimonio ante los tribunales.

Emiratos Árabes Unidos denunció este lunes que el régimen de Irán lanzó drones contra un petrolero que atravesaba el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. Ante la gravedad de la situación, se emitió una alerta de emergencia a los teléfonos móviles en territorio emiratí instando a la población a buscar un lugar seguro, siendo la primera advertencia de este tipo desde el inicio de la tregua en abril.

Según informaron desde Abu Dhabi, el ataque tuvo como blanco un buque vinculado a la petrolera estatal ADNOC. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la acción como “un acto de piratería” perpetrado por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y acusó a Teherán de utilizar el paso marítimo como una herramienta de “coerción económica y chantaje”. Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron heridos ni daños de gravedad.

La tensión se produjo pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara que dos buques mercantes de bandera estadounidense lograron completar con éxito el cruce del estrecho bajo el denominado Proyecto Libertad. “Ningún navío de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado. Las fuerzas estadounidenses sostienen el Proyecto Libertad y mantienen un bloqueo a los puertos iraníes”, afirmó el mando militar, desmintiendo versiones sobre un supuesto ataque contra una de sus fragatas.

Por su parte, la agencia estatal iraní Fars aseguró que se dispararon dos misiles contra una fragata estadounidense que se aproximaba al área, cerca del puerto de Yask. En este contexto, el mayor general Ali Abdollahi advirtió en la televisión estatal que “cualquier fuerza militar extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, que pretenda entrar o acercarse al estrecho de Ormuz será atacada”.

La industria naviera internacional observa con preocupación la evolución de la crisis. Jakob Larsen, responsable de seguridad del Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), advirtió que aún no existe una guía operativa clara para las navieras y alertó sobre el riesgo de una reanudación de hostilidades. Cabe destacar que por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del petróleo consumido a nivel global.

Finalmente, las negociaciones para poner fin al conflicto continúan estancadas. Irán presentó una propuesta de 14 puntos que incluye el levantamiento de sanciones y la retirada de tropas estadounidenses. El presidente Donald Trump manifestó que analiza la oferta, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo en el corto plazo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno avanzará con una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, tras un fuerte cruce ocurrido en el Congreso.

La decisión se produjo luego de que el legislador de Unión por la Patria expusiera durante una sesión en la Cámara de Diputados detalles sobre la vida privada de la esposa del funcionario, lo que encendió la polémica. Desde el oficialismo sostienen que esa información sería de “procedencia sospechosa” y podría haber sido obtenida de manera indebida.

“Tailhade tenía detalles de movimientos míos y de mi familia”, afirmó Adorni, quien cuestionó la difusión de datos vinculados a la intimidad personal y remarcó que se trata de una situación grave que será llevada a la Justicia.

En ese sentido, el Gobierno considera que el accionar del diputado podría encuadrarse dentro de un caso de espionaje ilegal o violación de la privacidad, por lo que la denuncia buscará determinar el origen de la información difundida.

El episodio se originó durante una sesión informativa en la que Adorni brindó explicaciones ante legisladores. Allí, Tailhade hizo referencia al supuesto uso de custodia oficial por parte de la pareja del funcionario y mencionó rutinas y actividades personales, lo que motivó la reacción inmediata del oficialismo.

Lejos de retroceder, el diputado ratificó sus dichos y desafió al Gobierno a avanzar con la denuncia. “Espero con impaciencia” la presentación judicial, sostuvo, al tiempo que negó haber cometido որևէ delito y defendió que su exposición se basó en información de interés público.

El conflicto escaló también al plano político, con la intervención del presidente Javier Milei, quien respaldó a Adorni y cuestionó la difusión de datos personales, al considerar que podría implicar una violación de garantías constitucionales.

De este modo, el caso abre un nuevo frente de tensión entre el oficialismo y la oposición, y ahora quedará en manos de la Justicia determinar si existió o no obtención y divulgación ilegal de información privada.