Las construcciones de calle Israel, sobre las que el concejal Rogelio Iparraguirre pidió informes al Municipio, fueron comercializadas bajo la modalidad de condominio, y el desarrollo pertenece a la firma que se vio involucrada en un hecho similar -violencia mediante- en La Elena. El caso había sido denunciado en noviembre de 2024 por la Asamblea por la Preservación de las Sierras.

“Es un lote complicado”, trascendió durante la mañana del viernes en la Municipalidad, en referencia al loteo de la parcela Partido 103 (Tandil), Circunscripción 1, Sección E, Chacra 142, Parcela 3 (partida 103-57685). 

Es que el desarrollo inmobiliario señalado estuvo a cargo de la firma Córica Gutiérrez Bienes Raíces y Otros, la misma que en enero pasado se vio envuelta en otro caso que tomó trascendencia pública: en un loteo a su nombre de la zona de La Elena, un vecino que se había acercado a consultar sobre los trabajos en el lugar fue brutalmente agredido.

Por comprobar luego tareas sin habilitación -apertura de trazas viales-, el Municipio detuvo los trabajos la esquina de Pavón y Chimango. Sin embargo,  funcionarios de la Secretaría de Legal y Técnica debieron hacerse presentes en un operativo que se llevó a cabo luego de registrar movimientos de tierra pese a la prohibición.

La titularidad del desarrollo del lote señalado fue confirmada a El Eco por fuentes municipales, lo mismo que otra de las sospechas que pesaba sobre la modalidad de comercialización: fue realizada bajo la figura de condominio, prohibida para subdividir en Zona Natural Protegida Sierras de Tandil.

De acuerdo a lo que expuso el concejal Rogelio Iparraguirre durante la sesión del jueves 25 en el Concejo Deliberante, la manzana cuestionada  tiene nueve lotes y unas seis construcciones importantes, situada en altura, entre las cotas 250 y 280 metros sobre el nivel del mar.

“Israel y Lanza del Vasto”, había publicado la Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024, junto a una fotografía en la que se podía ver un portón negro. De acuerdo a lo denunciado entonces, la construcción en el lugar impedía el paso por la calle pública. Posteriormente, la entidad ciudadana volvió a hacer público el caso, y llegó a incluirlo en un pedido de informes presentado al Municipio. Sin embargo a la fecha no obtuvieron respuesta.

"La observación de imágenes satelitales, a la que podría acceder cualquier vecino, permiteidentificar al menos nueve lotes y varias viviendas ya construidas en una manzana donde solo podría haber una vivienda unifamiliar. ¿Cómo es posible que esto pueda ser tan fácilmente detectado y haya pasado por enfrente de las narices del departamento ejecutivo sin que se conozcan a la fecha acciones para evitarlo?", preguntó el concejal por Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, en el proyecto de comunicación que presentó en la sesión del jueves 25 de junio.

En el mismo texto, el concejal señaló que el loteo cuestionado es “un nuevo caso en el que el gobierno municipal decide mirar para otro lado mientras se incumple la normativa referente a la construcción en las Sierras. No se trata de una discusión en abstracto sobre el ordenamiento territorial, sino que es la materialización de la falta de control y ejercicio de la autoridad”. El problema, agrego, “no es solo ambienta, es institucional”.

En el centro del tema está el grado de control que las autoridades comunales ejercen sobre la construcción en general, y sobre la que se lleva a cabo sobre Zona Natural Protegida en particular. 

En adelante restará que el Municipio determine acciones a tomar. Un caso con puntos en común es el de la manzana 187Q en la zona de Don Bosco, que se hizo público a mediados del 2024. El gobierno local también había paralizado las obras, sobre las que luego intervino la Justicia de Faltas.

La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil emitió un comunicado mediante el cual solicitó al gobierno municipal y al Concejo Deliberante que brinden información sobre el proyecto para construir un edificio destinado a un colegio privado en avenida Fleming. 

“Exigimos se abstengan de aprobarlo”, marcaron. La organización ambientalista ha manifestado su profunda preocupación ante el avance del expediente  que contempla la construcción de un establecimiento educativo en una zona sobre la que plantearon una serie de interrogantes, en particular por la altura del lote y las posibilidades del uso del mismo . 

“Solicitamos al Poder Ejecutivo y a los Concejales de Tandil respondan al pedido de información sobre las cuestiones referidas a la solicitud de aprobación de una excepción para construir un edificio que se alquilará a un colegio en Av. Fleming, y exigimos se abstengan de aprobarlo”, indicaron.

Cabe recordar, uno de los puntos en debate por el proyecto de la construcción del colegio es el acceso a servicios, en particular agua y cloacas. El Municipio propuso una obra de financiamiento mixto,  que los desarrolladores deberían financiar en un 35 por ciento, de acuerdo al uso que afectarían de la misma. El porcentaje restante sería asumido por la Comuna, y posteriormente por los futuros beneficiarios a través de contribución por mejoras. También se prevé incorporar el aporte de la plusvalía que los constructores realizarán por el convenio urbanístico.

Impacto y zonificación

Uno de los ejes centrales del reclamo se enfocó en la ubicación del predio y su relación con la protección de las sierras. La Asamblea cuestiona la cota del terreno, señalando que, de acuerdo con los mapas oficiales del Municipio, el sector se encuentra por encima de la cota 220 msnm, lo cual lo categoriza como Zona Natural protegida Sierras de Tandil. 

Ante dicha situación, la organización interpeló a las autoridades: "¿Cuál es la cota del terreno que están dando por válida las autoridades? Según el mapa de la propia página del municipio está sobre la cota 220msnm por lo tanto es Zona Natural protegida Sierras de Tandil. Si no dieran por válida esa cota, ¿En que medición se basan? Si fuera la altura menor a la cota 220 msnm, la categorización correspondiente es Residencial Extraurbano 1, a la cual le corresponde uso para viviendas de baja densidad. La categoría autorizable no es sinónimo de permitido. El uso educativo sólo sería ‘autorizable’, luego de la previa presentación de un estudio de impacto urbano y ambiental y su aprobación".

Asimismo, la entidad ambientalista puso en duda la existencia y accesibilidad de los estudios técnicos necesarios para avalar una obra de las dimensiones del proyecto señalado. En este sentido, preguntaron: "¿Fue presentado dicho estudio de impacto urbano ambiental? ¿Dónde está disponible para que la comunidad pueda acceder al mismo y opinar?".

Sobre la obra hidráulica prevista -recambio de cañerías en el cruce de la Ruta Nacional 226 y calle Hudson-, la Asamblea exigió explicaciones sobre la utilización de fondos públicos para facilitar intereses privados. 

"Reclamamos se informe: ¿Por qué el Estado municipal haría la obra para poder darle la excepción a una empresa privada? ¿Pretenden aprobarlo antes de que las obras requeridas por obras sanitarias estén realizadas? ¿Cuál es el ‘impacto positivo para el desarrollo urbano de la ciudad’ de contradecir lo establecido en el plan vigente y subordinar la obra pública a los intereses de particulares? ¿Cuál es la lista de prioridades de obras públicas para Tandil?".

Finalmente, la organización cuestionó la gestión de los recursos municipales frente a las necesidades de la educación pública y la infraestructura básica en otros barrios de la ciudad. El comunicado concluye enfatizando que el cumplimiento de las normas, el cuidado del ambiente y la igualdad ante la ley son valores fundamentales que deben prevalecer sobre cualquier excepción urbanística.

Néstor Ortigoza fue imputado este viernes por lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género, a raíz de una denuncia presentada en 2024 por su expareja, Lucila Cassiau. La fiscal María Lorena González, titular de la UFI N°3 de Ezeiza, determinó que existen motivos suficientes para sospechar que el dirigente de San Lorenzo participó en los hechos denunciados.

Fuentes judiciales confirmaron que el futbolista deberá comparecer a una indagatoria el 5 de agosto a las 10:00 en la sede fiscal. El expediente, que se inició hace dos años, cuenta con pruebas que incluyen registros fílmicos, fotografías, un informe psicológico y declaraciones testimoniales que ratifican la existencia de un marco de violencia.

Entre los testimonios clave se encuentra el de una mujer que trabajó durante 10 años con la pareja. La testigo relató un episodio ocurrido en el verano de 2015, cuando intervino para frenar una agresión física:

“Cuando entro, veo a Lucila tirada en el piso en posición fetal y Néstor pegándole patadas como si fuera una pelota. Lo único que me salió en ese momento fue agarrarlo de la parte del brazo y tirarlo para atrás. Le dije que por favor la deje, que la estaba matando”.

La testigo también recordó que, en aquel momento, el futbolista le gritó a Lucila: “Hija de puta, te voy a matar”. Según el expediente, la fiscal consideró probada la existencia de un contexto de convivencia donde se sucedieron diversos episodios de violencia verbal y física.

El diseñador Benito Fernández sorprendió en sus redes sociales al comunicar que iniciará una demanda contra la firma de indumentaria Zara. El conflicto surge a raíz del lanzamiento de una colección cápsula denominada Benito Antonio, realizada en colaboración con el artista internacional Bad Bunny.

A través de un descargo público, el modisto argumentó que la utilización de dicho nombre atenta contra la identidad de su marca, la cual posee desde hace 40 años.

“Con enorme sorpresa y preocupación he tomado conocimiento del reciente lanzamiento de la colección colaborativa “Benito Antonio”, impulsada por Zara junto a Bad Bunny”, expresó el diseñador.

En su comunicado, Benito Fernández enfatizó la trayectoria que respalda su firma en el mercado.

“Con cuarenta años de trayectoria en la industria de la moda y un reconocimiento local e internacional de mi trabajo, resulta imposible no advertir el riesgo de asociación y confusión que genera el uso de un nombre que identifica de manera directa mi historia y mi marca BENITO, construida y consolidada durante décadas dentro del mismo segmento comercial”, señaló.

Ante esta situación, el diseñador confirmó que ya ha tomado medidas concretas.

“Por este motivo, he instruido formalmente a mi equipo legal para avanzar con las acciones correspondientes, a fin de que Zara comprenda la existencia y protección de mi marca registrada BENITO, así como del riesgo de asociación y confusión que este lanzamiento genera dentro de la industria de la moda, solicitando el cese de toda comercialización, promoción y difusión vinculada a dicha denominación”, advirtió.

Finalmente, el creativo concluyó su mensaje reafirmando su postura:

“Defender mi marca también es defender una historia, una trayectoria y el enorme esfuerzo que hay detrás de ella”.

El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, amplió este miércoles su declaración indagatoria en el marco del juicio oral por la causa Sueños Compartidos, que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales. Durante su testimonio, el acusado reveló la existencia de un esquema de financiamiento estatal destinado a promover denuncias contra dirigentes del PRO.

Según el relato de Schoklender, el abogado Eduardo Barcesat mantuvo conversaciones con Hebe Pastor de Bonafini para que esta intercediera ante Aníbal Fernández, quien en aquel entonces se desempeñaba como ministro del Interior y de Justicia. El objetivo era obtener recursos para conformar un centro de investigación dentro de la universidad de la fundación.

“Él quería que le proponga comenzar a realizar una serie de denuncias permanentes contra funcionarios del PRO, pero necesitaba financiamiento”.

De acuerdo con la declaración, Aníbal Fernández otorgaba un subsidio fijo que iba directamente a Eduardo Barcesat, quien en 2008 fue nombrado profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Schoklender sostuvo que la única función de dicho aporte era impulsar acciones legales contra funcionarios opositores.

Al ser consultado sobre el manejo de los fondos, el ex apoderado aseguró que la fundación contaba con diversas fuentes de ingreso, entre las que destacó los excedentes de Sueños Compartidos.

“Si uno hace las cosas bien y no paga coimas, sobra plata”.

Asimismo, admitió haber recibido aportes del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, aunque reconoció que alguno se perdió en el camino. El juicio, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 5, investiga el presunto desvío de 206 millones de pesos de un total de 748 millones recibidos entre marzo de 2008 y junio de 2011 para la construcción de viviendas sociales.

La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, presentó una denuncia penal contra su par de Lomas de Zamora, Federico Villena, acusándolo de haber realizado "incesantes llamados y mensajes con amenazas" que alteraron su tranquilidad y la hicieron sentir atemorizada.

La presentación, que consta de cuatro páginas y fue radicada ante la Cámara Federal de Apelaciones, detalla que la magistrada recibió un total de 19 llamados telefónicos a su celular personal entre los días 11 y 12 de mayo. Según consta en el escrito, las comunicaciones se alternaban con mensajes de texto en tono intimidatorio, entre los que se destacaba la frase: "Atendeme, a mí me tenés que atender".

De acuerdo con la denuncia, el juez Federico Villena, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, se habría quejado en dichos textos de que la magistrada "habría hablado mal de él". Los mensajes fueron certificados ante un escribano público y presentados en un sobre cerrado como prueba documental.

A este acoso telefónico se sumó otro episodio ocurrido el 13 de mayo, aproximadamente a las siete de la mañana, cuando personas desconocidas tocaron de forma "incesante e insistente" el portero eléctrico del domicilio particular de la jueza, lo que fue calificado por la denunciante como un nuevo agravio a su tranquilidad.

Tras el sorteo de la denuncia, la causa quedó bajo la órbita del juez Ariel Lijo. Como primera medida, el magistrado solicitó certificar la posible conexidad con otro expediente a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde también se encuentra mencionado el denunciado.

Luego de la denuncia en la que un grupo de vecinos dio a conocer que el desarrollo de un loteo ubicado entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú podría inundarlos, El Eco dialogó con Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento. El funcionario concurrirá el próximo martes 12 a la comisión de Obras Públicas  del Concejo Deliberante, tras la llegada al Legislativo de una nota presentada por los frentistas.

Consultado acerca de si el loteo en marcha podría generar inundaciones a los vecinos de Los Huesos, el funcionario marcó que “ese sector está muy bajo”, e hizo mención a anegaciones anteriores de la zona. “Lo que decimos es que no le va a modificar la escorrentía. Ellos ya se inundaron en el 2017, cuando no estaba ese desarrollo”, manifestó.

“Este proyecto de la Asociación por la No Automedicación tiene un estudio hidráulico y lo que está haciendo es evitar que haya conflicto de inundaciones. Sobre todo en este sector, pero también teniendo en cuenta la situación que tiene el barrio de Los Huesos y Vistalli”, sostuvo Lafosse.

El funcionario contó que mantuvo –junto con el director de Vialidad, Mauro Ortega- reuniones con los vecinos que manifestaron su preocupación por el loteo. “Ellos confiaban inicialmente en el estudio hidráulico que se había hecho”, sostuvo, pero que a partir de los últimos encuentros le transmitieron su desconfianza con respecto a que se materialicen las obras tal cual figuraba en el proyecto.

Sobre el hecho de que en el proyecto de los desarrolladores Los Huesos figuraba como calle “a abrir”, Lafosse indicó que “se les explicó a los vecinos que era porque no estaban formalmente abiertas con un estudio que avale los desagües de esa calle”, y que “es una arteria que la municipalidad mantiene habitualmente por lo que nosotros conocemos perfectamente el estado de la misma”.

El trazado de Los Huesos, sumó, “está relevado y tiene una cota de relevamiento”. Sin embargo, planteó que más allá del nivel de las calles, existe un conducto pluvial por Segundo Sombra que “está por debajo del nivel de Los Huesos, con lo cual no va a generar un dique”.

Aseguró que desde Planeamiento aprobaron el proyecto, el cual preveía el levantamiento del nivel de calles públicas, y que corresponde a Vialidad el control de dicha obra.

“Nosotros estamos convencidos de que hubo un estudio que hizo un profesional, que ese estudio tuvo controles, idas y venidas, y que terminó aprobándose una salida intermedia entre lo que planteó el profesional y lo que corregimos. Ahora lo que tenemos es la posibilidad de que lo que se materialice sea lo aprobado en el proyecto. Los propios estudios que hicieron los vecinos revelan que no está más arriba de lo que tiene que estar”, concluyó.

Vecinos de calle Los Huesos denunciaron que un loteo privado podría provocar la inundación de su barrio. En diálogo con El Eco manifestaron que el proyecto no contempló la existencia de su calle, que los desarrolladores generaron un “dique” en el que quedarían casi dos metros por debajo de sus terrenos linderos, y que esperan que las autoridades lleven a cabo un estudio de impacto que les certifique que lo  realizado no los perjudicará.

“Cuando construyan, esto es una catarata,  alertaron los frentistas. Luego de que presentaran notas al Ejecutivo, al gobierno bonaerense, y al Concejo Deliberante, representantes de la Secretaría de Planeamiento concurrirán el martes próximo a la comisión de Obras Públicas para brindar explicaciones sobre el tema. Desde el Municipio transmitieron que la iniciativa no modificará la escorrentía de la zona, que el lugar ya sufrió inundaciones con anterioridad y que el expediente está aprobado.

Se trata del loteo impulsado por la Asociación por la No Automedicación, entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú. El Eco fue al lugar y caminó  con los vecinos de calle Los Huesos, quienes mostraron cómo –tras elevar el nivel de calles públicas y de los terrenos que se proyectan lotear-, quedaron “abajo”, en un área inferior incluso que un caño de desagüe pluvial.

Los vecinos elevaron una solicitud en la cual sostuvieron que “el relleno desmesurado, ejecutado por la empresa contratista, no cumple con las cotas de altura proyectadas” y que generaría que sus viviendas queden “en un bajo, con un corte de niveles muy abrupto (de casi dos metros de altura) muy difícil de resolver una vez terminadas las obras.

“Si veníamos hace un año y medio, todo esto estaba a la misma altura”, contaron los frentistas, parados en el terraplén del loteo, desde el cual podían observar a sus viviendas.

“El proyecto no contempla que la calle Los Huesos es existente. Es una calle consolidada, con la mayoría de sus lotes construidos con viviendas unifamiliares de ocupación permanente que se construyeron legalmente con planos presentados en la Municipalidad de Tandil”, señalaron sobre una de sus principales preocupaciones.

“En el plano no sólo figura ´Calle a abrir´, sino que en ambos proyectos presentados y aprobados en la municipalidad proponen rellenarla entre 18 y 20 cm o quitarle relleno para cambiar el sentido de la pendiente, dejando algunos de nuestros frentes por debajo de la línea de vereda”, sumaron.

A su vez, denunciaron que el loteo contempló “una elevación excesiva de las cotas de calles” que condicionó a los terrenos linderos. Marcaron que en el esquema del loteo –que ya avanzó-, Los Huesos pasaría a constituirse “como el punto más bajo del sistema, en contradicción con la topografía natural”.

El sistema de desagüe pluvial del proyecto, consideraron, resulta incompatible con futuras nivelaciones de los terrenos linderos tanto al loteo como a sus viviendas. Si bien señalaron que luego de efectuar reclamos a las autoridades el proyecto hidráulico fue modificado, las cotas previstas forzarían la necesidad de que los terrenos circundantes tengan que elevarse, y “las viviendas actualmente construidas quedarían en una situación relativa más baja”.

Además, denunciaron que el proyecto mencionado se presentó como “integral”, pero la Asociación a cargo “solo construyó sus propios desagües, tirando el agua acumulada en su lote a los campos linderos mediante conductos y bocas de tormenta que no figuran en los planos”.

Tal situación, manifestaron, obligaría a los propietarios de dichos campos a continuar con las obras de desagüe si no quieren inundarse, o a rellenar excesivamente sus campos si no quieren quedar bajo el nivel propuesto por la Asociación de No Automedicación”.

Los vecinos solicitaron que se disponga la suspensión preventiva de los trámites y los avances de obra vinculados al proyecto para que evalúe la intervención provincial mediante sus áreas técnicas competentes, así como también que se realice una verificación in situ del proyecto y de las obras en ejecución por parte de equipos técnicos provinciales para constatar que el nivel propuesto y la descarga actual superan la capacidad de absorción de los campos linderos.

En las notas vecinales consta otra situación: tras una primera revisión del proyecto, y el avance de las obras, los frentistas contrataron un estudio privado. “El 90 por ciento de los puntos medidos superan las cotas proyectadas”. Además, transmitieron su preocupación no solo por no haber podido acceder a la fecha al expediente, sino también por la falta de respuestas “y por la velocidad de avance que tomaron las obras a partir de acercar nuestras inquietudes y observaciones a la Municipalidad”.

Luego de un extenso período de suspensión, la justicia decidió reanudar el proceso judicial contra Cristian “Pity” Álvarez. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 fijó para el próximo 10 de agosto el inicio del juicio oral por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La resolución fue adoptada por tres jueces: Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes hicieron lugar al dictamen presentado por el fiscal general Sandro Abraldes. Según los magistrados, las facultades mentales del acusado se encuentran estabilizadas, lo que le permite comprender el alcance y las consecuencias del proceso penal en su contra.

El debate contará con un total de 11 audiencias que se desarrollarán entre los meses de agosto y septiembre. Asimismo, se ratificó que el músico tiene prohibido abandonar el país mientras dure el proceso. La situación judicial de Álvarez cobró relevancia pública recientemente cuando Marcelo Moura, integrante de la banda Virus, mencionó en el escenario del Gran Rex que el cantante no pudo participar de un show previsto debido a sus complicaciones legales.

Cabe recordar que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado de haber terminado con la vida de Díaz tras una discusión en la vía pública. Tras años de incertidumbre sobre su capacidad para enfrentar un juicio, los peritajes actuales determinaron que el trámite de las actuaciones puede continuar de manera efectiva, dado que el estado de salud actual del acusado permite reanudar el trámite.

“El ruido es terrible, es un desastre vivir acá", dijeron vecinos y vecinas del Tiro Federal. Reunidos frente la institución de calle Lobería y Sandino, los frentistas dialogaron con El Eco de Tandil y contaron (otra vez), los motivos de su reiterado reclamo: ruidos molestos que afectan al descanso de todo el barrio, esquirlas halladas en sus propias viviendas y las preocupantes consecuencias que la contaminación sonora genera en la salud de niños, adultos mayores y mascotas de la zona.

Si bien hicieron reiteradas denuncias públicas, los vecinos marcaron que a la fecha no tuvieron mayores respuestas, y que incluso las jornadas de prácticas se incrementaron en el último tiempo. "Vienen durante la semana, miércoles, jueves, viernes e incluso los domingos. Nosotros trabajamos toda la semana, y no tenemos derecho al descanso", sentenciaron.

Además, señalaron que la intensidad de las detonaciones es tal que impacta directamente en la estructura de las viviendas linderas y en la cotidianeidad de los hogares. Los vecinos describieron escenas donde el estruendo interrumpe las comidas y el descanso mínimo. "El ruido es impresionante. Estamos comiendo y tiemblan las ventanas", relataron.

Cabe recordar, el reclamo vecinal es de larga data. Uno de los puntos de debate con la propia institución es la antigüedad de la misma, ya que el Tiro se encuentra en el lugar desde hace más de 100 años. Sin embargo, los frentistas plantearon que los tiempos cambiaron y en el presente rigen criterios diferentes para pensar la convivencia pública.

“Ellos dicen que están desde antes. Pero hay que entender un poco, en 2026 no podés tener un lugar a cielo abierto contaminando sonoramente”, sostuvieron, proyectando la necesidad de una solución definitiva a corto plazo. Entre otras iniciativas, los vecinos presentaron denuncias ante el Concejo Deliberante y el gobierno local.

A su vez, uno de los puntos más sensibles del reclamo fue la comparación con otras normativas locales sobre ruidos. Los habitantes del barrio cuestionaron la disparidad por parte del Municipio al momento de regular eventos sonoros. "Tenemos los mismos derechos que tiene todo Tandil. ¿O acaso no se paró el Tandil Brilla por el ruido? ¿O nosotros somos ciudadanos de segunda?", se preguntaron, haciendo alusión a la suspensión de los fuegos artificiales en los festejos locales para proteger a personas sensibles y animales.

Más allá de la contaminación acústica, desde el barrio dieron cuenta de su preocupación por la seguridad física. Los vecinos denunciaron haber encontrado restos de proyectiles en sus propiedades, lo que representa un riesgo de vida constante. Relataron episodios como el de un niño que halló una cabeza de bala mientras jugaba en una pileta, o el impacto de un proyectil en la ventana de una vivienda. La presencia de esquirlas es una constante que han intentado documentar ante las autoridades.

"Nosotros con el tema de balas específicamente hemos hecho un montón de denuncias. Se han juntado frascos enteros con esquirlas, y como toda respuesta, fíjate que levantaron unos esos tablones que hicimos con ellos. Eso fue una mediación porque se salían las balas. Y cuando tiran escuchás el ruido en las columnas de hierro", detallaron sobre las precarias medidas de seguridad que se han implementado tras procesos de mediación que resultaron insuficientes.

A este panorama sumaron su preocupación por el  abandono de la infraestructura externa del predio. Los vecinos señalaron que la falta de mantenimiento no solo afecta la estética del barrio, sino que produce accidentes concretos en la vía pública. "No tienen ni veredas y el otro día se cayó una señora", denunciaron, remarcando que la desidia de la institución impacta en el tránsito de los peatones que circulan por la zona.

En cuanto a las gestiones administrativas, los vecinos han recorrido diversas instancias sin obtener respuestas satisfactorias. Mencionaron reuniones en el Concejo Deliberante con la comisión de Seguridad y Derechos Humanos, y contactos directos con la concejal Domenighini y la concejal Condino. Incluso destacaron que el Colegio Sábato ha presentado denuncias formales por la situación. Sin embargo, las más de 60 firmas recolectadas y las presentaciones judiciales parecen perderse en la burocracia.

Finalmente, los habitantes del barrio hicieron hincapié en la falta de habilitación municipal adecuada para un establecimiento de estas características en una zona urbana. Según indicaron, el lugar contaría con autorizaciones de organismos nacionales, pero no con los permisos locales pertinentes que se le exigen a cualquier otro comercio o emprendimiento del barrio. "Este Tiro tiene 100 años. Acá hay gente que hace 50 años que está acá, aguantando esto. Y en los últimos meses se ha incrementado", concluyeron, reafirmando que la situación es insostenible: "El ruido es terrible. Es un desastre vivir acá".

El empresario Ariel Vallejo, titular de la empresa Sur Finanzas, no se presentará a declarar este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. La decisión fue comunicada por sus representantes legales, quienes argumentaron razones de salud para postergar el trámite procesal en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.

La citación de Ariel Vallejo se produce luego de que la Justicia recolectara pruebas que indicarían la existencia de una estructura destinada a la triangulación de fondos. Según los antecedentes del caso, el foco de la investigación está puesto en el cambio de cheques que la Asociación del Fútbol Argentino realizaba en la financiera.

Asimismo, la causa analiza la ayuda económica a distintos clubes del fútbol argentino para presuntamente facilitar el desvío de dinero. Ante la inasistencia del empresario este martes, el magistrado interviniente deberá evaluar cuándo el titular de Sur Finanzas podrá brindar su testimonio ante los tribunales.

Emiratos Árabes Unidos denunció este lunes que el régimen de Irán lanzó drones contra un petrolero que atravesaba el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. Ante la gravedad de la situación, se emitió una alerta de emergencia a los teléfonos móviles en territorio emiratí instando a la población a buscar un lugar seguro, siendo la primera advertencia de este tipo desde el inicio de la tregua en abril.

Según informaron desde Abu Dhabi, el ataque tuvo como blanco un buque vinculado a la petrolera estatal ADNOC. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la acción como “un acto de piratería” perpetrado por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y acusó a Teherán de utilizar el paso marítimo como una herramienta de “coerción económica y chantaje”. Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron heridos ni daños de gravedad.

La tensión se produjo pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara que dos buques mercantes de bandera estadounidense lograron completar con éxito el cruce del estrecho bajo el denominado Proyecto Libertad. “Ningún navío de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado. Las fuerzas estadounidenses sostienen el Proyecto Libertad y mantienen un bloqueo a los puertos iraníes”, afirmó el mando militar, desmintiendo versiones sobre un supuesto ataque contra una de sus fragatas.

Por su parte, la agencia estatal iraní Fars aseguró que se dispararon dos misiles contra una fragata estadounidense que se aproximaba al área, cerca del puerto de Yask. En este contexto, el mayor general Ali Abdollahi advirtió en la televisión estatal que “cualquier fuerza militar extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, que pretenda entrar o acercarse al estrecho de Ormuz será atacada”.

La industria naviera internacional observa con preocupación la evolución de la crisis. Jakob Larsen, responsable de seguridad del Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), advirtió que aún no existe una guía operativa clara para las navieras y alertó sobre el riesgo de una reanudación de hostilidades. Cabe destacar que por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del petróleo consumido a nivel global.

Finalmente, las negociaciones para poner fin al conflicto continúan estancadas. Irán presentó una propuesta de 14 puntos que incluye el levantamiento de sanciones y la retirada de tropas estadounidenses. El presidente Donald Trump manifestó que analiza la oferta, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo en el corto plazo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno avanzará con una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, tras un fuerte cruce ocurrido en el Congreso.

La decisión se produjo luego de que el legislador de Unión por la Patria expusiera durante una sesión en la Cámara de Diputados detalles sobre la vida privada de la esposa del funcionario, lo que encendió la polémica. Desde el oficialismo sostienen que esa información sería de “procedencia sospechosa” y podría haber sido obtenida de manera indebida.

“Tailhade tenía detalles de movimientos míos y de mi familia”, afirmó Adorni, quien cuestionó la difusión de datos vinculados a la intimidad personal y remarcó que se trata de una situación grave que será llevada a la Justicia.

En ese sentido, el Gobierno considera que el accionar del diputado podría encuadrarse dentro de un caso de espionaje ilegal o violación de la privacidad, por lo que la denuncia buscará determinar el origen de la información difundida.

El episodio se originó durante una sesión informativa en la que Adorni brindó explicaciones ante legisladores. Allí, Tailhade hizo referencia al supuesto uso de custodia oficial por parte de la pareja del funcionario y mencionó rutinas y actividades personales, lo que motivó la reacción inmediata del oficialismo.

Lejos de retroceder, el diputado ratificó sus dichos y desafió al Gobierno a avanzar con la denuncia. “Espero con impaciencia” la presentación judicial, sostuvo, al tiempo que negó haber cometido որևէ delito y defendió que su exposición se basó en información de interés público.

El conflicto escaló también al plano político, con la intervención del presidente Javier Milei, quien respaldó a Adorni y cuestionó la difusión de datos personales, al considerar que podría implicar una violación de garantías constitucionales.

De este modo, el caso abre un nuevo frente de tensión entre el oficialismo y la oposición, y ahora quedará en manos de la Justicia determinar si existió o no obtención y divulgación ilegal de información privada.

La Cámara Federal de Casación anuló por mayoría la resolución de que había confirmado el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros.

El tribunal ordenó dictar una nueva decisión en la causa penal en la que Fernández estaba con procesamiento confirmado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

La determinación fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En tanto, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió dejar firme el procesamiento.

Los magistrados que votaron a favor de anular el procesamiento estuvo en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había elementos para procesar al expresidente.

“No hay juez sin acusador”, expresaron los magistrados, que remarcaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito. NA

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 pero se negó a declarar, tal como habían solicitado los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. El exfuncionario, quien se encuentra procesado, adelantó que no realizará manifestaciones hasta que se concrete la pericia de los audios que impulsaron su alejamiento del organismo.

Tanto Diego Spagnuolo como otros implicados en el expediente solicitaron la nulidad de la causa, bajo el argumento de que la presunta falsedad de las grabaciones podría comprometer la investigación. En este marco, el juez Ariel Lijo citó a indagatoria a otras 29 personas, entre las que figuran Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.

De acuerdo a lo expuesto por el magistrado, en sintonía con el Ministerio Público Fiscal, la organización “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero” para sus integrantes de manera ilegal y “en detrimento del erario público”. Según sostuvo el juez en la causa:

“Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”.

La investigación busca desarticular un entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios. En el expediente también se menciona un presunto vínculo con la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei. Cabe recordar que Diego Spagnuolo ya fue procesado por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. Las maniobras bajo la lupa implican desvíos de fondos por más de 75.000 millones de pesos que habrían tenido como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°14 dará a conocer mañana los fundamentos de la condena a tres años de prisión que recibió Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022. El pasado lunes 20 de abril, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle condenaron al artista al considerarlo responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte.

La pena impuesta es de ejecución en suspenso e integra una sentencia previa a nueve meses de prisión que se le había fijado en abril de 2024 por un caso de abuso sexual simple. Durante los próximos tres años, el condenado tiene la obligación de fijar un domicilio, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el consumo de drogas.

Asimismo, la resolución judicial ordenó que, una vez que el fallo quede firme, se proceda a la extracción del perfil genético del artista para su remisión al Banco de Datos Genéticos, en cumplimiento con la Ley N° 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

La familia de la víctima, representada por la madre del neurólogo, Delia Muzio, manifestó su disconformidad con el veredicto. Los abogados querellantes habían solicitado una pena de 15 años de prisión bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte, que prevé escalas penales mucho más elevadas. Jaime Seoane, integrante del equipo legal de la familia, anticipó que apelarán ante la Cámara de Casación.

“Esperaremos los fundamentos, pero claramente no estamos de acuerdo con la calificación legal. Menos aún con el monto de la pena. Vamos a recurrir a Casación”

El letrado también cuestionó la labor del fiscal Fernando Klappenbach durante el proceso. El eje del desacuerdo radica en que la fiscalía sostuvo que no se pudo probar que el incendio en el departamento del barrio de Belgrano fuera provocado de manera deliberada, planteando una conducta culposa, lo que redujo significativamente el marco penal posible.

Tras el proceso judicial, que se desarrolló a lo largo de seis audiencias por la plataforma Zoom, los hermanos del condenado expresaron su postura a través de los medios y redes sociales. Tamara Pettinato señaló que, para el tribunal, el hecho fue un accidente y remarcó la presión mediática que atravesó la familia. Por su parte, Homero Pettinato defendió la inocencia de su hermano.

“Creo cien por ciento en la inocencia de Felipe”

El ejército israelí anunció que dos soldados serán sancionados con 30 días de detención militar y apartados del servicio de combate tras la destrucción de una estatua de Jesucristo en el sur de Líbano. La decisión se produjo luego de la condena generalizada que generó una fotografía difundida en internet, donde se observa a un efectivo golpeando con un mazo la cabeza de la escultura religiosa.

El incidente tuvo lugar en la localidad cristiana de Debel, situada cerca de la frontera con Israel. Al publicar las conclusiones de una investigación oficial, las autoridades militares afirmaron que tanto el soldado que dañó el símbolo cristiano como el que fotografió el acto serán retirados de las operaciones de combate de forma inmediata.

En el plano militar, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que abatieron a dos militantes de Hezbolá en la zona del arroyo Saluki. Según el comunicado, los individuos violaron el acuerdo de alto el fuego al cruzar la franja de seguridad controlada por Israel, representando una amenaza inmediata para las tropas estacionadas en el lugar.

A pesar de que el 16 de abril entró en vigencia un cese al fuego por diez días, las fuerzas israelíes continuaron realizando ataques contra infraestructura de Hezbolá para eliminar amenazas. En este contexto, se prevé una segunda ronda de conversaciones en Washington, donde participarán el embajador israelí Yechiel Leiter y su homóloga libanesa Nada Hamadeh Moawad.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que Israel debe renunciar a sus ambiciones territoriales en el Líbano y pidió una solución política para la región. Tras reunirse con el primer ministro libanés Nawaf Salam, el mandatario francés señaló que la Unión Europea podría reconsiderar sus lazos comerciales si las políticas actuales no se modifican, subrayando la importancia de evitar que la guerra se reanude.

El domingo 19 de abril pasado, Santiago Maratea se filmó con su celular manejando sin cinturón de seguridad. El video fue subido por el influencer en sus redes sociales y, ante la difusión de las imágenes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lo inhabilitó para conducir, retirándole su licencia nacional.

En el material publicado ante sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, el joven expresó en tono irónico:

“Alguno seguro me va a decir: 'Santiago, no deberías subir un video mientras manejas y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo'”. 

El organismo emitió un comunicado en el que denunció el acto imprudente del influencer. "La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial, especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo", argumentaron las autoridades. A consecuencia de ello, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su licencia a la jurisdicción correspondiente, en este caso la Provincia de Buenos Aires.

Además del uso del celular mientras conducía, el organismo de seguridad vial denunció que en las imágenes "también se evidencia que circula sin cinturón de seguridad, el principal dispositivo de seguridad pasiva, lo que agrava la falta de conciencia vial". Según explicaron las autoridades, estas infracciones implican un riesgo alto, reducen la atención y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales.

Para recuperar el registro, Santiago Maratea deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir, una vez que el proceso administrativo quede formalizado en las próximas horas. 

Intendentes de todo el país evalúan denunciar al ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de caudales públicos, tras advertir sobre la retención indebida de fondos destinados a infraestructura vial y la falta de respuesta del Gobierno.

Luego de presentar un documento ante el Ministerio de Economía, la Federación Argentina de Municipios (FAM) avanzó en consultas con asesores letrados para impulsar una acción judicial si no se abre una instancia de diálogo para normalizar el flujo de recursos.

De acuerdo con la entidad, el artículo 19 de la ley 23.966, modificado por la ley 27.430, establece que parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, con un tope del 20% para obras ferroviarias y el resto para obras viales, conforme el decreto 976/2001.

Los jefes comunales señalaron que la retención de esos fondos genera perjuicios directos en las comunidades y podría configurar el delito de malversación. En ese sentido, indicaron que el año pasado se recaudaron 3,5 billones de pesos para el fideicomiso, de los cuales Vialidad debería haber recibido 2,25 billones, pero solo se le transfirieron 1,2 billones.

“Ese dinero se destina a la especulación financiera vía emisión y pago de bonos, compra de dólares y para favorecer el carry trade”, afirmó una intendenta tras la presentación en Economía, en declaraciones consignadas por la Agencia Noticias Argentinas.

La reunión se realizó en la sede de la FAM, que agrupa a más de 500 intendentes, y fue encabezada por su titular, Fernando Espinoza, junto a representantes de distintos espacios políticos, quienes resolvieron avanzar con una estrategia judicial si no hay una convocatoria urgente del Gobierno.

En paralelo, trascendió que en la Casa Rosada existe preocupación por eventuales denuncias y posibles investigaciones judiciales sobre estos desvíos, en un contexto donde también se analizan movimientos en tribunales federales. NA