El abogado Martín Sarubbi, defensor de Konstantin Rudnev, criticó con fuerza al Ministerio Público Fiscal en la última audiencia en San Carlos de Bariloche, por la causa que se lleva a cabo por presunta trata de personas.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, allí acusó a los fiscales de querer impedir que Elena Makarova, a quien la acusación presenta como presunta víctima de trata de personas, amplíe su declaración mediante un anticipo jurisdiccional de prueba.

“No entiendo por qué se opone. No entiendo por qué, insisto, quieren amordazar a la víctima”, le dijo al juez federal de garantías Leandro Gómez Constenla.

Su exposición giró en torno a una contradicción que considera central: la mujer a la que la Fiscalía presenta como víctima quiere volver a declarar, pero el propio organismo acusador rechaza el procedimiento que pidieron sus abogados.

“Es ni más ni menos que la víctima la que solicita ser escuchada en este contexto”, afirmó. Según explicó, Makarova quiere aportar elementos nuevos y desconfía de la actuación fiscal. “Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal es el que se desentiende de este pedido”, reprochó.

Uno de sus pasajes más duros apuntó contra el argumento de que declarar otra vez podría revictimizar a Makarova.

Para Sarubbi, ese razonamiento no sirve para frenar una medida que la propia interesada pide por voluntad propia.

“Este argumento también es falaz, porque es la víctima la que está pidiendo declarar, es la víctima la que está pidiendo que se respete su derecho a ser oída”, sostuvo.

El defensor fue más allá y afirmó que la Fiscalía invierte el sentido de las garantías pensadas para proteger a las víctimas.

Explicó que la ley busca ahorrarles molestias innecesarias durante el proceso penal, pero que eso no permite impedir declaraciones que ayuden a esclarecer los hechos.

“La declaración de la víctima es importante”, remarcó.

Y después fue categórico: “Es el propio Ministerio Público Fiscal el que revictimiza al no permitir que la víctima nos cuente, nos diga lo que tiene necesidad de contarnos”.

“Hay que escucharla a ella”

Sarubbi también discutió cómo interpreta la Fiscalía que Makarova no se reconozca como víctima de trata.

Recordó que en una audiencia anterior se dijo que esa negativa podía indicar que estaba condicionada.

El abogado rechazó esa idea y propuso otra explicación: “Por ahí, si la víctima no se reconoce como tal, es porque en definitiva no hubo delito o no fue víctima del delito que se le imputa”.

Agregó que el proceso judicial existe justamente para establecer qué fue lo que ocurrió.

“En todo caso hay que escucharla a ella para que eche luz sobre la sospecha del Ministerio Público Fiscal”, insistió.

Para el defensor, no es razonable tomar automáticamente la negativa de Makarova como prueba de manipulación o de falta de autonomía.

Sus declaraciones, dijo, deben analizarse junto con el resto de las pruebas del expediente, sin descartarlas de entrada solo porque contradicen la hipótesis de la investigación.

Sarubbi también se refirió a los mensajes hallados en el teléfono de Makarova, que según él la Fiscalía había presentado como posibles señales de vulnerabilidad o condicionamiento.

Explicó que algunos de esos mensajes le aconsejaban esperar a un abogado antes de hablar con los investigadores.

Para él, ese consejo no muestra sometimiento, sino “el ejercicio más legítimo del derecho más elemental que tiene todo ciudadano a ser defendido”.

Pidió además tener en cuenta el contexto: una ciudadana rusa que no hablaba castellano y que estaba en un hospital con custodia policial.

En ese punto, el abogado subió el tono y criticó los procedimientos de las primeras detenciones de la causa.

“Aquel fatídico día en el que todo ciudadano ruso que pasó por un aeropuerto en la Argentina quedó detenido”, indicó.

Fue una descripción crítica de los operativos, no un hecho comprobado por la Justicia. También se preguntó “si no es el propio Ministerio Público Fiscal el que vulneró a una víctima teniéndola retenida en un hospital con una consigna policial”, al cuestionar las condiciones en las que estuvo Makarova.

El defensor también rechazó que los videos que piden la libertad de Rudnev, o las declaraciones públicas de Makarova, sean por sí solos una prueba de que ella está condicionada.

Según explicó, la Fiscalía había incluido esos materiales entre los motivos de sus sospechas.

Para Sarubbi, la manera de despejar cualquier duda sobre la autonomía de la presunta víctima es dejarla declarar y que las partes puedan interrogarla.

“Para sacarnos esta duda lo que tenemos que hacer es escucharla”, resumió.

Introvigne y las versiones sobre Makarova

Mientras tanto, el sociólogo italiano Massimo Introvigne, fundador y director del Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (Cesnur), publicó en Bitter Winter una extensa respuesta a un artículo de La Nación del 2 de noviembre.

Según Introvigne, esa nota se basó en información atribuida a fuentes de la fiscalía de Bariloche.

El académico cuestionó en especial cómo se reconstruyó la historia de Makarova.

El diario la describió como una joven con múltiples vulnerabilidades, captada en un contexto de pobreza extrema y sometida a servidumbre y aislamiento en Bariloche.

También mencionó a una supuesta mujer embarazada que habría sido captada antes, pero sin dar detalles sobre quién era ni cuál era su historia.

Frente a esa versión, Introvigne recordó lo que la propia Makarova dijo en público.

La entrevistó la académica argentina María Vardé, que en su canal de YouTube relata la experiencia de la joven y critica a los fiscales argentinos.

Además, en agosto de 2026 Makarova publicó su propio testimonio en Bitter Winter.

Según el sociólogo, ella niega haber sido captada, haber sido víctima de trata o haber vivido sometida y en la precariedad, y considera una ficción la historia que armó la Fiscalía.

Introvigne sostiene que la joven habló de forma articulada y que nadie dio motivos suficientes para descartar su testimonio.

La única explicación ofrecida, señala, es un supuesto lavado de cerebro que Rudnev seguiría ejerciendo desde su detención en la Argentina, aunque ella vive en Rusia desde hace meses.

El especialista también rebatió lo que publicó La Nación sobre quién es el padre del hijo de Makarova.

Según el diario, Rudnev habría necesitado figurar como padre del niño para conseguir un DNI argentino y así quedarse en el país. Introvigne rechaza esa versión y afirma que Makarova nunca había conocido personalmente a Rudnev.

Según su relato, una amiga que viajaba con ella entregó en el hospital una fotocopia del pasaporte del ciudadano ruso, porque una enfermera insistió en pedir algún documento del padre, de hecho, esa enfermera confesó en una audiencia lo que hizo y dijo “he faltado a la verdad”. (NA).

Este jueves, la Casa Rosada difundió un comunicado en el que se aseguraba que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional no pudo determinar que los audios sean auténticos.

De acuerdo a la información, el estudio técnico concluyó que se hallaron rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas incompatibles con un registro continuo. También señala que no pudieron descartar que hayan sido manipulados ni el uso de inteligencia artificial para alterar voces.

Además, apuntaron que las grabaciones presentaban restricciones técnicas para arribar a una conclusión definitiva sobre su origen, dado que la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de realizar la pericia.

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas consignaron que aún no se presentó ningún informe firmado sobre el análisis de los audios. “No hay conclusiones de Gendarmería”, remarcaron.

La investigación sobre presuntas coimas en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad se inició tras la difusión de unos audios adjudicados a su entonces director, en los que mencionaba un presunto esquema de corrupción con coimas de laboratorios y droguerías que involucraría a la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.

En ellos, se escucha una voz que sería la de Spagnuolo, que mencionaba a una Karina que recibía un tres por ciento de los retornos ilegales. En otro pasaje, dice que habló con el presidente Javier Milei sobre la situación: “Vos sabés que están chocheando. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el bol… conmigo”.

De acuerdo al informe de Gendarmería que se reveló, no se pudieron asignar técnicamente las voces de las grabaciones a las personas imputadas.

Pese a esto, desde los tribunales de Comodoro Py afirmaron que “no tienen importancia”, ya que sostienen que el fiscal Franco Picardi tiene otros elementos de prueba sobre los que apoya la investigación. NA

El conflicto judicial en torno a distintos desarrollos inmobiliarios de Tandil sumó un nuevo capítulo con la ampliación de una denuncia impulsada por representantes de Miradores de Montecristo. En el programa La Mañana, que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, el periodista Guillermo Liggerini analizó el alcance de la presentación y sus derivaciones sobre funcionarios municipales y magistrados.

Según explicó, la denuncia incluye cuestionamientos vinculados con el proyecto inmobiliario ubicado en la zona de Centinela y busca relacionarlo con el expediente de la sociedad Tandilia, asociado a terrenos de Villa Cordobita. Los denunciantes plantean presuntas irregularidades y apuntan contra integrantes del Ejecutivo local y del Poder Judicial. Se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas en el ámbito judicial.

Durante la entrevista, Guillermo se refirió a un informe técnico de la asesoría civil de la Fiscalía General que, según detalló, no encontró elementos que vincularan al Municipio con irregularidades en el proceso relacionado con Tandilia.

De acuerdo con esa explicación, el expediente se relaciona con una controversia por una herencia vacante y la titularidad de determinados lotes. El informe habría concluido que la intervención municipal no resultó determinante en la resolución sobre la propiedad de los terrenos.

El periodista señaló que, tras ese análisis, los denunciantes ampliaron la presentación judicial y mantuvieron sus cuestionamientos. También expuso su interpretación de que, hasta el momento, no se habrían presentado elementos probatorios suficientes para sostener las acusaciones más graves. La determinación de eventuales responsabilidades corresponde a la Justicia.

El caso reúne dos conflictos inmobiliarios con antecedentes diferentes. Por un lado, se encuentra el desarrollo Miradores de Montecristo, ubicado en la zona de Centinela. Por otro, la disputa vinculada con la sociedad Tandilia y los terrenos de Villa Cordobita, donde existen antecedentes de controversias por la titularidad de las tierras.

Liggerini también mencionó el apartamiento del juez Sábate y su situación en un proceso de Jury de Enjuiciamiento. Según indicó, algunas de las decisiones cuestionadas en las presentaciones corresponden a etapas anteriores de los expedientes, en las que intervino el juez Pedro Valle.

La demora en la resolución de las causas civiles y penales contribuye a la incertidumbre que rodea el conflicto, que involucra intereses económicos importantes y cuestionamientos a distintos actores institucionales.

El tema también tuvo repercusiones en el ámbito político local. Según el análisis de Guillermo Liggerini, iniciativas impulsadas desde el bloque de La Libertad Avanza, entre ellas las vinculadas con el concejal Sánchez Chopa, no prosperaron y el asunto terminó archivado, sin que se concretara una interpelación formal.

En paralelo, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) establece restricciones para determinados usos del suelo. Estas condiciones urbanísticas constituyen otro aspecto de la controversia, independientemente de las discusiones sobre la titularidad de los terrenos.

La causa también incluye cuestionamientos a la actuación de integrantes del Ministerio Público Fiscal, entre ellos el fiscal Calonge, cuyo apartamiento habría sido solicitado por los denunciantes.

Por el momento, el conflicto continúa abierto y a la espera de avances judiciales que permitan determinar si existieron irregularidades y, en ese caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

Facundo Moyano se presentó en la audiencia para declarar y la Justicia dispuso el cese de la perimetral que le impedía ver a su novia Candela Arizaga.

La audiencia se desarrolló a partir de las 11 en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 4, ubicado sobre la calle Suipacha al 150, y se levantó la medida restrictiva.

“Es una cuestión mediática es porque soy yo, hay gente que sufre violencia de género de verdad. Quiero que se conozca la cara de las víctimas y victimarios de verdad. Acá no hay violencia de género real”, expuso el exdiputado a la salida de la audiencia.

En este marco, anunció que levantaron la perimetral en su contra, dispuesta hace tres meses en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, y se mostró contento por la resolución: “Ahora nos podemos ver con normalidad”.

La declaración de Moyano estaba prevista para el jueves pasado, previo a la audiencia de Arizaga, pero su defensa acudió hasta el Juzgado para informar que tenía fiebre, por lo que no podía presentarse, por lo que se determinó la nueva fecha.

Horas después se acercó hasta el edificio judicial la joven, quien durante horas solicitó el cese de la perimetral en contra de Moyano y ratificó que no sufrió violencia de género.

“A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar”, expresó la joven tras la audiencia. NA

La denuncia presentada contra el titular del sindicato de trabajadores municipales, Roberto Martínez Lastra, ha ingresado en una etapa clave de su instrucción penal preparatoria. 

Así lo confirmó el doctor Facundo Llano, abogado de una de las denunciantes, durante su participación en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1. 

Según detalló el letrado, tras resolverse una cuestión de competencia, la causa ha sido asignada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12, donde se continuará con la investigación de los hechos denunciados por la trabajadora municipal.

El proceso penal, que se inició a partir de la presentación formal de la víctima, busca esclarecer una serie de situaciones de violencia de género ocurridas en el ámbito laboral. Llano explicó que, en su rol de particular damnificado, su estudio jurídico se encuentra ejerciendo un acompañamiento activo a la investigación que lleva adelante el fiscal. 

El objetivo es que, una vez reunidas las pruebas y analizada la calificación legal de los hechos, se pueda avanzar hacia una imputación objetiva y, eventualmente, a una instancia de juicio oral para determinar las responsabilidades penales del denunciado.

Más allá de la arista judicial, el caso ha puesto el foco en la responsabilidad del Municipio como empleador. Al tratarse de una trabajadora que cumplía funciones en comisión dentro del sindicato, el abogado subrayó “la importancia de analizar cómo se gestionan estos pases y quiénes son los responsables de supervisar las condiciones laborales”. 

Y en este punto, Llano manifestó que "nosotros tenemos que velar por la salud del empleado municipal; hay que avanzar respecto a la responsabilidad del empleador en cómo destina a esa persona, en qué ámbito de trabajo y bajo qué órdenes", refirió durante la entrevista.

En este sentido, el letrado destacó que “ya se ha iniciado un sumario administrativo por parte de las autoridades municipales, en cumplimiento con el protocolo de actuación para casos de violencia de género”. 

Esta instancia “es independiente de la penal y busca determinar si la conducta del denunciado configura una falta administrativa pasible de sanción”, explicó. 

El equipo legal de la denunciante se encuentra siguiendo de cerca este expediente, con el fin de asegurar que se apliquen las medidas de protección necesarias para la trabajadora, quien actualmente se encuentra bajo licencia y recibiendo acompañamiento psicológico.

Respecto a la situación de la víctima, el abogado reconoció que el proceso resulta sumamente complejo desde lo personal. "Es el temor a que no pase nada", señaló Llano al describir el estado de ánimo de su representada, quien ha tenido que someterse a diversos informes. 

Estos estudios, realizados por profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima (CAP), ya han sido incorporados al expediente judicial, “aportando elementos fundamentales para el avance de la causa”, agregó el letrado, quien valoró “la celeridad con la que han actuado los organismos judiciales en esta etapa inicial”.

El enfoque de la representación legal está puesto ahora en la protección integral de la trabajadora ante su futuro reintegro laboral. Llano enfatizó que, “si bien el proceso penal se mantendrá bajo reserva para preservar la integridad de la investigación, la cuestión administrativa es de interés público debido a la envergadura de los involucrados”. 

"Estamos hablando de un ámbito público y de funcionarios con responsabilidades, por lo que es necesario explicarle a la comunidad lo que está sucediendo", afirmó el abogado, quien mantendrá reuniones con las autoridades sumariantes para coordinar los pasos a seguir.

El letrado también hizo hincapié en que existen al menos dos denuncias contra el mismo dirigente, lo que refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva. 

La expectativa es que, durante la presente semana, surjan novedades concretas desde la fiscalía interviniente. Mientras tanto, el equipo legal se prepara para realizar nuevas presentaciones administrativas que garanticen que la cadena de mando y las responsabilidades institucionales sean debidamente evaluadas, evitando que el caso quede limitado únicamente a una cuestión personal entre las partes involucradas.

“La transparencia en el manejo de estos expedientes” es, para el doctor Llano, “una condición indispensable para restaurar la confianza en las instituciones”. 

El abogado reiteró que, aunque no ha mantenido comunicaciones directas con el Ejecutivo municipal hasta el momento, se encuentra “abierto al diálogo siempre que este sea en beneficio de la protección de la víctima”, afirmó. 

La prioridad absoluta, según remarcó, es que “la trabajadora pueda sentirse respaldada por el Estado, tanto en su faceta de empleador como en su rol de garante de los derechos fundamentales de sus agentes”.

Finalmente, el representante legal destacó la importancia de que los organismos de control actúen con celeridad y rigor. "Nosotros no buscamos el reproche administrativo solamente, queremos determinar todas las responsabilidades", concluyó Llano.

La causa, que ha generado una fuerte repercusión, se encamina ahora hacia una etapa de definiciones donde tanto la justicia penal como el sumario administrativo deberán dictaminar sobre las conductas denunciadas, marcando un precedente sobre el tratamiento de la violencia de género en el ámbito público local.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 decidió sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la denominada causa $Libra, que investiga una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción de ese token.

Respecto a los motivos, el tribunal en consonancia con la fiscalía descartó los tres delitos: estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En cuanto al delito de estafa, concluyó que no existió un engaño importante en el ámbito penal. Señaló que el token $Libra operó dentro del mercado especulativo y volátil de las criptomonedas, sin que se garantizaran rentabilidades ni se demostrara una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados, sumado a que la caída de su cotización por sí sola no configura el delito de estafa.

Sobre el abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, en lo que refiere a Milei se determinó que la difusión del proyecto a través de su cuenta personal de la red social X no constituyó un acto institucional y tampoco implicó el uso de recursos públicos.

La Oficina Anticorrupción ya había descartado violaciones a la Ley de Ética Pública y no se encontraron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que relacionen la función pública con la iniciativa privada.

Acerca del tráfico de Influencias, en cuanto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, las pruebas y peritajes sobre dispositivos electrónicos (DATIP) no lograron confirmar la existencia de pagos de dinero o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios extranjeros, como Hayden Davis o Julian Peh.

A su vez, las referencias en notas digitales sin firmar o menciones periodísticas no constituyeron una prueba objetiva de un intercambio ilícito.

La decisión del tribunal incluye también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis.

Además, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El presidente Javier Milei habló tras ser sobreseído en la causa $Libra. "La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad", publicó el mandatario en su cuenta de la red social X.

El asesor Santiago Caputo festejó el sobreseimiento de ambos y definió a la investigación por una presunta estafa con criptomonedas como "la causa más pel… de la historia". NA

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron ampliar las indagatorias al exdirector ejecutivo de la ANDIS Diego Orlando Spagnuolo y a otros imputados, en el marco de la causa por presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo.

El planteo fiscal también alcanzó al exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; al lobbista Pablo Atchabahian; al empresario Miguel Ángel Calvete; y al presidente de Génesis S.A., Andrés Horacio Arnaudo, entre otros.

Según el dictamen mencionado en el expediente, los investigadores atribuyeron nuevos pagos de sobornos a Spagnuolo por parte de Calvete, además de montos en efectivo detectados en instancias previas del caso.

Los fiscales sostuvieron que pudieron corroborar que Calvete gestionó un viaje de Spagnuolo a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024, con pasajes de avión, hospedaje y servicios de asistencia al viajero.

De acuerdo con la acusación, una secretaria de Calvete incluso eligió el asiento del avión y afirmó que la operatoria estaba destinada a “pagar favores políticos”. NA

La presentación fue realizada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien acusó a los funcionarios nacionales por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno bonaerense cuestionó el presunto uso irregular de más de 300 mil millones de pesos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que debían destinarse a obras para desagües, saneamiento y prevenir inundaciones.

Katopodis apuntó en la denuncia que esos recursos tienen un destino legal “único e irrevocable”, y que solo puede invertir sus excedentes en depósitos a plazo fijo en bancos oficiales nacionales. Sin embargo, informes advierten que el 85,49 por ciento los fondos fueron colocados en deuda del Tesoro “en lugar de permanecer como reserva de obra”.

“La eventual invocación del déficit cero no constituye, per se, una causa de justificación: ningún objetivo de política fiscal autoriza a aplicar recursos de afectación específica a un fin distinto del que la ley les asignó”, manifestó.

Además, señaló que hubo una subejecución del dinero destinado a obras: “De los 375.422,13 millones de pesos recaudados entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Fondo pagó obras por 115.990,24 millones (30,9 por ciento), habiendo quedado sin aplicar a obras 259.431,89 millones (69,1 por ciento)”.

Desde la Provincia advirtieron que en su territorio hay 17 obras hídricas de 27 que están neutralizadas o con convenio rescindido. “Esa condición obedece, en todo o en parte, a la falta de financiamiento por parte del Estado Nacional […] Varias de estas obras han sido interrumpidas en etapas avanzadas”, agregaron.

“Muchísimas ciudades del país están sufriendo la situación extrema de El Niño, pero el Gobierno nacional nos cobró a todos el impuesto, se timbeó la plata y las obras no se hicieron”, dijo el ministro bonaerense en un posteo en su cuenta de X.

Como parte de la denuncia, Katopodis pidió a la Justicia “medidas urgentes”. Entre ellas, solicitó la preservación inmediata de la documentación vinculada al Fondo contrato de fideicomiso, actas de comité, instrucciones al fiduciario, constancias de suscripción de Letras, extractos bancarios y expedientes de neutralización o rescisión de las obras indicadas en la documental adjunta, mediante su requerimiento a los organismos que la poseen. NA

La actualidad del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil está atravesada por la denuncia que involucra a su secretario general, Roberto Martínez Lastra, y por la organización de las actividades previstas para celebrar los 80 años de la institución.

Durante su participación en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el secretario gremial, David Marconi, se refirió al posicionamiento de la entidad frente al escenario judicial y administrativo, y remarcó que se activaron los mecanismos internos previstos para este tipo de situaciones.

"Como institución tenemos mecanismos institucionales y protocolos que han sido activados como corresponde", afirmó.

En ese sentido, explicó que la agrupación cuenta con un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género y laboral, que incorpora los lineamientos del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según señaló, la herramienta establece procedimientos para abordar estos casos, proteger a las personas involucradas y garantizar el debido proceso.

También sostuvo que la entidad colabora con los requerimientos de la Justicia y con las actuaciones administrativas en curso. "Somos la institución que elaboró un protocolo de actuación y somos proactivos en esta temática", expresó.

Consultado sobre la continuidad de Roberto Martínez Lastra al frente del gremio, el secretario gremial señaló que, mientras la denuncia permanezca bajo investigación, deben respetarse las garantías del debido proceso y el derecho a defensa. En ese marco, indicó que la estructura institucional se mantiene hasta que existan resoluciones concretas.

Más allá de esta situación, Marconi destacó que la comisión directiva continúa con sus tareas habituales y con la atención de las necesidades de los afiliados. "Nosotros seguimos trabajando responsablemente porque los compañeros siguen teniendo necesidades y los afiliados necesitan los servicios", sostuvo.

Además, se refirió a las medidas disciplinarias adoptadas en otros casos dentro de la institución y remarcó la importancia del cumplimiento de las responsabilidades laborales.

En otro tramo de la entrevista, el secretario de Deportes, Eduardo Valenzuela, presentó los detalles de la 23ª edición de la maratón del trabajador municipal, que formará parte de las celebraciones por el 80º aniversario del sindicato.

La competencia se realizará el 1 de noviembre, a las 10, con largada desde la sede gremial y llegada a Quinta Belén. Este año, la prueba principal tendrá un recorrido de 7 kilómetros, mientras que se mantendrá una alternativa de 5 kilómetros para caminantes y trabajadores municipales.

Señaló que la inscripción viene teniendo una respuesta positiva y que se espera la participación de atletas de distintas ciudades de la región.

El registro se realiza de manera online a través de la plataforma Atleta Serrano y de las redes sociales oficiales del sindicato, donde también se encuentra disponible un código QR para completar el trámite.

"Hemos hecho un esfuerzo enorme para mantener un valor de 25.000 pesos, considerando la situación actual, y realizamos una diferencia especial para los compañeros afiliados", explicó. Además, indicó que se entregarán kits a los primeros 200 inscriptos.

La programación conmemorativa continuará durante los primeros días de noviembre con distintas actividades destinadas a reconocer la trayectoria de los trabajadores municipales.

Entre ellas, se encuentra la entrega de medallas, prevista para el 6 de noviembre, a quienes cumplieron 25 años de servicio; la tradicional ofrenda floral en el Cementerio Municipal y la cena de cierre, programada para el sábado 7.

Las actividades llevarán el nombre de Blanca Yanberardino, trabajadora del Hospital, mientras que la maratón rendirá homenaje a Néstor Bertuci, reconocido ajedrecista de la ciudad.

Al cierre de la entrevista, los representantes gremiales reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales y con la generación de espacios de encuentro y reconocimiento para los empleados municipales.

"Es un orgullo para nosotros poder brindar estas actividades que significan un homenaje para ellos y para ellas", concluyó David Marconi, al invitar a la comunidad a participar de las celebraciones por los 80 años de la institución.

 “Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba”, precisó el letrado en declaraciones televisivas.

E indicó: “Por ejemplo la asociación ilícita como jefe Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables”.

Acerca de a dónde se encuentra el oro, Dalbón respondió: “Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Policita de averiguar” y agregó: “Realmente confío en que la ampliación que haremos el martes que es el pedido de detención de Bausili y de Curutchet, realmente Ariel Lijo se lo tome en serio”.

Aclaró que “si bien no hay peligro de fuga, está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue en base al examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría”.

Acorde con el abogado, la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados sobre el oro, con egresos de divisas.

Agregó que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al final de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.

El escrito detalla que el resultado se conforma de 1.400.793 de pesos millones o 960,2 millones de dólares, anotados como resultado negativo por opciones, y de 68.362 millones de pesos, equivalentes a 62,8 millones de dólares en primas de opciones.

A su vez, la tenencia de oro registró durante ese ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de 8.002.500 millones de pesos, acorde con la información contable precisada en la denuncia.

¿Cuáles son los posibles delitos que Dalbón les atribuye a los funcionarios? Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Además de los pedidos de detención, el letrado pidió: la prohibición de salir del país, de acceder a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde haya documentación relacionada con la investigación y de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos. NA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió a la Legislatura un proyecto de reforma integral del Código Contravencional (Ley 1.472) y la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12). La iniciativa busca endurecer las penas, sumar nuevas faltas y agravar las consecuencias para los reincidentes, incluyendo aumentos en multas, trabajo de utilidad pública y días de arresto.

Entre los puntos principales, el proyecto establece multas superiores a los 7 millones de pesos por conducir alcoholizado, sanciones de hasta 58 millones de pesos por venta ilegal en el espacio público y hasta 90 días de arresto para los denominados trapitos reincidentes.

Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad, sostuvo Macri.

El jefe de Gobierno añadió que no existe una ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. La propuesta también incorpora nuevas contravenciones, como el acecho en la vía pública, la obtención de claves mediante engaños digitales y la manipulación fraudulenta de sistemas de transporte público.

Para los ruidos molestos, las tareas de utilidad pública pasarán de un rango de 1 a 5 días a uno de 3 a 15 días, con multas que llegarían a 600 UF, equivalentes a 703.848 pesos. En el caso de la conducción con alcohol, la sanción prevé una multa de 1.000 a 6.000 UF, arresto de 5 a 30 días e inhabilitación de la licencia de hasta 4 años.

La reforma suprime la condena en suspenso y crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público. Asimismo, el proyecto alcanza a adolescentes de 14 a 17 años con un régimen diferenciado que prioriza la educación, la integración social y la reparación del daño.

El cantante Joaquín Levinton habló nuevamente sobre la denuncia por abuso sexual ratificada por una mujer identificada como Paula, luego de que trascendieran audios en los que ella lo amenazaba con denunciarlo y quitarle la vida si no respondía a sus llamadas telefónicas. El músico aseguró que no existió tal abuso y sostuvo que es víctima de un acoso constante desde hace años.

En este contexto, la exvedette Ayelén Paleo manifestó públicamente que también fue amenazada por la misma mujer bajo la modalidad de escrache mediante denuncias. Sobre los audios que tomaron estado público, Joaquín Levinton declaró:

“Voy a defenderme primero por la denuncia que tengo ahora que me hizo esta mujer y luego veremos porque yo no la voy a atacar a ella. Primero lo primero, me defiendo de esto que todos ya sabemos y después veré qué acciones tomo”.

El artista se refirió a la gravedad de la situación y afirmó que el acoso que recibe no es un hecho aislado. Al ser consultado sobre si teme por el avance de la causa en la Justicia, el líder de Turf señaló:  "Tengo 145,000 pruebas, me sobran. Esto ya me pasó con esta misma mina. Tengo una carpeta así de captura de pantalla, audio… Aparte, es una falsa denuncia. Debería ser muy claro el tema". 

Finalmente, Joaquín Levinton adelantó que existe otro famoso que habría atravesado una situación similar con la misma persona y que se presentará como testigo. Al respecto, concluyó:

“Tengo también las pruebas y lo tengo de testigo también. Así que estamos ante una persona muy jodida”.

Después de varios días de incertidumbre respecto a su continuidad, Joaquín Levinton volvió a las grabaciones de Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka por El Trece. El músico se presentó este lunes 5 de octubre en la productora Kuarzo, ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde integra el panel de jurados junto a figuras como Abel Pintos.

El cantante de Turf había faltado a algunas emisiones la semana anterior debido a compromisos previos con su banda, aunque su ausencia generó interrogantes a raíz de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal presentada por su expareja, identificada como Paula. Al llegar al estudio, el artista evitó profundizar sobre la causa judicial.

“Me encanta volver a trabajar. Me encanta hacer lo que hago”.

Durante el intercambio con los cronistas, el músico destacó el acompañamiento que recibe de sus seguidores y de su entorno laboral. Al ser consultado sobre el respaldo de sus compañeros de trabajo, afirmó:

“Obviamente, todos me apoyan, todos me quieren y no hay mucho más que decir”. 

Respecto a la denuncia, el líder de Turf marcó un límite ante las preguntas sobre el expediente.

“¿Saben lo que pasa, chicos? No es para hacer mediática una cosa así. Me parece que la acusación es muy seria”, sostuvo antes de retirarse. 

El artista ya había negado las acusaciones a través de un comunicado en sus redes sociales, donde aseguró ser víctima de hostigamiento.

La denuncia, radicada el 28 de septiembre en la Comisaría Vecinal 2-B, detalla episodios de violencia física y psicológica, además de acusaciones sobre el consumo forzado de sustancias. La mujer también señaló que ya había efectuado una presentación penal en 2022, la cual retiró en aquel momento por pedido del músico. Mientras la investigación sigue su curso, Joaquín Levinton retomó sus tareas en el programa a la espera de novedades judiciales.

Tras la denuncia por delitos sexuales que tomó estado público contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT), Roberto Martínez Lastra, la Comisión Directiva de la organización aseguró que se encuentra arbitrando los medios necesarios para esclarecer la situación y dijo que puso a disposición los mecanismos previstos para abordar el caso.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, el gremio señaló que “ante la denuncia de público conocimiento hacia el Secretario General de nuestra institución, se han arbitrado los medios establecidos en los protocolos correspondientes, estando a disposición a fin de que los hechos denunciados sean aclarados; tanto en el ámbito administrativo como en el judicial”.

La presentación había trascendido días atrás y, según adelantó este Medio el último domingo, recayó en la UFI 12.

Por el momento, el contenido de la denuncia y los hechos planteados no fueron difundidos públicamente en detalle, aunque allegados a la presentación aseguraron que se trata de “un hecho muy grave”, más precisamente “de índole sexual”, que todavía deben ser tipificados por el fiscal y el juez.

“Son hechos graves y merecen ser atendidos”, dijeron desde el entorno de la denunciante, que se encuentra asistida psicológicamente.

Además, sostuvieron que existirían elementos de prueba que comprometerían al dirigente, lo que en definitiva quedará a criterio del fiscal interviniente a la hora de avanzar o desechar la presentación.

La situación generó movimientos y reuniones dentro de la organización gremial, donde se comenzó a analizar la presentación y los pasos a seguir.

En tanto, en las últimas horas se conoció que la denunciante será representada por el abogado Facundo Llano.

En el comunicado, desde el Sindicato remarcaron además su posición institucional frente a las situaciones de violencia en el ámbito laboral. “Desde nuestra institución hemos bregado siempre por la erradicación de cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral”, expresaron.

Y añadieron: “Muestra clara de ello es el proyecto, luego acordado con el Municipio, del Protocolo de Actuación y la participación activa del Sindicato en acciones concretas con la misma finalidad”.

La Comisión Directiva hizo así referencia al protocolo de actuación en casos de violencia por razones de género en el ámbito laboral que fuera acordado con el Municipio en noviembre de 2021, y que aparece ahora como una de las herramientas institucionales previstas para abordar este tipo de situaciones.

Por el momento, Martínez Lastra no ha sido apartado de su cargo de secretario general del STMT, que asumió formalmente por octava vez consecutiva tras las elecciones realizadas el pasado 17 de abril, sin competencia interna.

Consultados por este Medio, integrantes del Sindicato evitaron explayarse sobre los pasos a seguir, y remarcaron: "El comunicado es la posición oficial de la institución”.

El nuevo período de Martínez Lastra se extendería hasta 2030 y llevaría al dirigente a completar 32 años ininterrumpidos al frente de la organización, desde su primera asunción, el 7 de septiembre de 1998.

La causa que involucra al cantante Joaquín Levinton sumó un nuevo capítulo con la difusión de chats privados enviados por la denunciante, identificada como Paula. Según la información difundida, la mujer sostiene haber mantenido una relación informal con el líder de Turf entre 2015 y 2020, periodo en el cual habría sido obligada a consumir estupefacientes y participar de encuentros sexuales sin consentimiento.

Por su parte, el músico negó rotundamente las acusaciones y aseguró ser víctima de acoso desde hace siete años. En declaraciones al programa DDM de América TV, el artista afirmó estar dispuesto a entregar sus dispositivos electrónicos a la justicia para esclarecer los hechos.

“La persona que estaba ahí dentro de la casa, que la vio abrir la puerta, estaba ella con un palo. Personas que están dispuestas a testificar también. A esta persona la conocen muchos amigos míos y es una persona que además ha tenido problemas psiquiátricos, internaciones psiquiátricas”.

Sobre el bloqueo en la aplicación de mensajería, Joaquín Levinton explicó que tomó esa decisión ante la insistencia de la mujer. El artista señaló:

“Empecé a cansarme de recibir todos esos mensajes de la mina en bolas y no tengo ganas de que en mi WhatsApp me aparezca la mina en bolas. La bloqueo y al día siguiente denuncia”.

El panelista Martín Candalaft tuvo acceso a las capturas de pantalla que respaldarían la versión del cantante. Los registros muestran múltiples intentos de comunicación, incluso propuestas laborales, realizadas desde la Navidad de 2025 hasta mayo de este año, sin que mediara respuesta por parte del músico.

En otro orden, la abogada Adela González, quien representaba a la denunciante, anunció este jueves que dejó el caso. La letrada argumentó que su decisión responde a diferencias de índole personal y profesional, manteniendo la reserva por el secreto profesional.

“No me interesa lo mediático, más en este tipo de casos. Si no respetan mi forma de trabajar, prefiero mantenerme al margen”, concluyó.

La exdiputada de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió denunció penalmente al presidente Javier Milei, luego de los insultos que le propinó a la periodista María Eugenia Duffard, por presunto delito de abuso de autoridad y violencia de género, digital, mediática e institucional.

El mandatario la había acusado de apoyar al kirchnerismo y justificar hechos de corrupción, sin embargo, Duffard utilizó un segmento del programa que realiza en Infobae TV, y no sólo negó las acusaciones que el Presidente, sino que recordó que en el año 2015 formaba parte del equipo de Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata, que llevó a cabo varias investigaciones de corrupción en la era kirchnerista.

Posteriormente, la periodista relató que, en ese momento, Milei formaba parte de los equipos económicos del Banco Provincia, que llevaba adelante el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, donde asesoraba al candidato presidencial, hoy secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

La denuncia de Carrió detalla los insultos que el mandatario pronunció como “zurda inmunda” y “basura corrupta” y señaló que dichas frases “constituyen una violación” a tratados internacionales de derechos de la mujer y evidencian “inhabilidad moral”.

Por ese motivo, la exdiputada pidió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación (UFEM) y advirtió la gravedad acerca de la violencia verbal emitida por el Presidente.

También manifestó que los constantes insultos oficiales pretenden limitar el ejercicio periodístico, además de asegurar que el lenguaje violento del mandatario afecta el sistema republicano. NA

El comentarista de ESPN Esteban Edul denunció haber recibido cerca de 300 mensajes y llamadas con agresiones y amenazas en su WhatsApp personal tras el encuentro disputado el sábado pasado entre Estudiantes y Rosario Central. El periodista vinculó este hostigamiento con sus análisis realizados durante la transmisión y en programas posteriores, donde cuestionó el desempeño arbitral y el uso del VAR.

Según relató en diálogo con Infobae Al Amanecer, el número de su teléfono personal habría sido difundido en redes sociales, trasladando la polémica desde las plataformas digitales a su ámbito privado.

“Ayer habré tenido, ponele, 300 chats de mensajes y llamadas”,

precisó el comunicador, quien aclaró que decidió hacer pública la situación para no naturalizar este tipo de reacciones.

Edul señaló que la hostilidad excedió a los simpatizantes de los dos clubes involucrados, reflejando una discusión más amplia sobre los criterios arbitrales en el fútbol argentino.

“El mundo del fútbol es como que forma parte de nuestra jungla habitual”,

afirmó al describir el clima que rodea a quienes opinan sobre los partidos. Asimismo, rechazó la idea de que los comentaristas puedan influir en las decisiones de los jueces, subrayando que el árbitro es autónomo en sus resoluciones.

El periodista sostuvo que el fútbol argentino atraviesa el peor momento de su arbitraje y criticó que el VAR sea utilizado como una herramienta de poder y no de justicia. Finalmente, advirtió que estas tensiones, alimentadas por la dirigencia, terminan trasladándose a las tribunas y a los planteles, tal como ocurrió tras el enfrentamiento entre los jugadores de Estudiantes y Rosario Central.

La situación de Joaquín Levinton en el programa Es mi sueño, uno de los éxitos de El Trece, atraviesa momentos de tensión tras la denuncia recibida por parte de una ex pareja. La mujer, identificada como Paula, acudió a una dependencia policial para solicitar que se abra una investigación, detallando situaciones de presunta violencia física y psicológica que habrían ocurrido entre 2015 y 2020.

Por su parte, el artista ha negado los hechos. Según su versión, nunca mantuvo un vínculo de pareja con la denunciante y sostiene que, en realidad, él fue quien sufrió situaciones de acoso. Ante este escenario, la continuidad del músico en el jurado del ciclo televisivo se encuentra bajo análisis.

El conductor del programa, Guido Kaczka, se refirió a la delicada situación al señalar:

“Con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”.

En tanto, el periodista Luis Ventura indicó que desde el canal aguardan el descargo público que el cantante tiene previsto realizar durante la tarde del 30 de octubre. Según Ventura, esta instancia es clave para definir los pasos a seguir respecto a su participación futura en el canal.

Por otro lado, la periodista Marina Calabró explicó las dificultades técnicas que enfrenta la producción:

“Es un programa que tiene continuidad, no es que se puede cortar y sacar estos ocho programas ya grabados. Por las instancias, necesitan emitir eso que ya está”.

El cantante Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, fue denunciado por abuso sexual agravado en la Justicia porteña. La causa, que tramita en el Juzgado N°50 a cargo del juez Carlos Bruniard, se inició tras la presentación de una mujer de 39 años en una comisaría de la Policía de la Ciudad.

Según consta en el expediente, la denunciante describió un vínculo de pareja sostenido entre 2015 y 2020, periodo en el cual habría sufrido episodios de violencia física, psicológica y abuso sexual. La calificación legal aplicada, contemplada en el tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal, prevé una pena de seis a 15 años de prisión.

Tras conocerse la denuncia, el músico utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones y negar la existencia de una relación de pareja estable.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

Joaquín Levinton afirmó que la mujer lo acosa sistemáticamente a través de plataformas digitales y aseguró contar con pruebas que respaldan su versión.

“Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”.

El músico también hizo referencia a una denuncia previa realizada por la misma persona en 2023, la cual tramitó en el Juzgado N°6 y fue archivada. Según los registros, aquel expediente se cerró luego de que el artista presentara pruebas que, según su relato, demostraban que los dichos eran falsos.