En medio de las repercusiones por la denuncia anónima por irregularidades en la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), que derivó en una serie de medidas y en el inicio de una auditoria por parte de Asuntos Internos, cuatro bloques políticos del Concejo Deliberante se unieron en la presentación de un proyecto de comunicación conjunto por medio del cual buscan conocer precisiones en torno al control de los recursos asignados a la fuerza policial para la compra de combustible y reparación de unidades.

En concreto, los concejales de los bloques MID, Alternativa Tandil, PRO y Unión por la Patria elaboraron una iniciativa para acceder a mayores detalles del aporte realizado en virtud de la relevancia que tomó la denuncia anónima, cuya existencia fue ratificada por la Secretaría de Protección Ciudadana.

Dado que está prevista la asignación de una partida presupuestaria de 1.289.651.785,43 pesos en 2025 con el objetivo de “financiar y apoyar a las fuerzas de seguridad”, los ediles consideraron que resulta de “suma importancia” conocer si existe algún mecanismo de verificación “de las solicitudes de gasto realizados por las fuerzas policiales para su posterior aprobación y otorgamiento”.

Puntualmente, buscan que el Gobierno de Miguel Lunghi informe sobre los mecanismos de control correspondientes para justificar las solicitudes de recursos municipales que se destinan al combustible, reparaciones y repuestos de las patrullas policiales del partido de Tandil.

También, que detalle los procesos de auditoría y revisión implementados para corroborar que los fondos girados a las fuerzas de seguridad hayan ido a su destino específico.

Y por último, los instrumentos de control utilizados a fin de corroborar la cantidad de patrulleros que están efectivamente en servicio, su consumo de combustible y kilómetros recorridos por día. 

En diálogo con el ciclo radial “Último bondi” (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), la concejal del MID Natalia Chacón amplió detalles de la presentación, se enfocó en los números y en la necesidad de obtener mayores precisiones sobre el control de los aportes para el sostenimiento de la fuerza. “No puede no haber un control fehaciente de lo que se asigna”, alertó.

Apuntó contra la secretaria de Protección Ciudadana Alejandra Marcieri y puso en duda su “idoneidad” para estar al frente del área para cuyo funcionamiento se recauda una tasa.

También reconoció que, al tomar conocimiento “lo primero que pensé fue ‘por fin alguien sale a hablar y a decir lo que todos sospechamos’”, por lo que reclamó que “esta vez queremos la verdad porque ya se expuso”.

El proyecto, en detalle

La propuesta elevada el viernes parte de la “grave denuncia” formulada por “malversación de fondos por parte de la Policía Local” y de la necesidad de dar “pronto esclarecimiento y garantizar la transparencia de los fondos públicos”.

En detalle, el proyecto de comunicación plantea en su artículo primero un pedido al Departamento Ejecutivo para que brinde detalles sobre los mecanismos de control correspondientes, utilizados a la fecha, “para justificar las solicitudes de recursos municipales que se destinan al combustible, reparaciones y repuestos de las patrullas policiales del partido de Tandil”.

En el siguiente punto agrega como requerimiento el detalle de los procesos de auditoría y revisión implementados para corroborar que los fondos girados a las fuerzas de seguridad hayan ido a su destino específico.

Por último, reclama datos que reflejen cuáles son los mecanismos de control utilizados a fin de corroborar la cantidad de patrulleros que están efectivamente en servicio, su consumo de combustible y kilómetros recorridos por día.

La denuncia, las versiones y el pedido

En declaraciones radiales, Chacón repasó el modo en que accedió a los detalles de la denuncia y confesó que “lo primero que pensé fue ‘por fin alguien sale a hablar y a decir lo que todos sospechamos’”.

A más datos, hizo referencia a los mensajes recibidos por parte de vecinos en los que advierten sobre distintas situaciones vinculadas a guardias estáticas en lugar de dinámicas por la falta de combustible en los móviles. Entonces, preguntó “cómo puede ser posible si se está pasando el dinero acorde en tiempo y forma” a la fuerza policial, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio.

“Nos pasa el monto, pero no nos pasa cuánto se gastó, en qué se gastó, cuántos patrulleros hay en funcionamiento, cuántos no, cuánto se gastan repuestos”, enumeró sobre los aspectos que no se incluyen en el informe del área.

Asimismo, cuestionó la decisión de la secretaria Alejandra Marcieri, que tomó conocimiento el 13 de enero de la denuncia que trascendió en los últimos días, “con lo cual, no estábamos enterados, ni siquiera el Foro de Seguridad”, ámbito en el que se abordó el esquema de patrullajes, efectivos y demás cuestiones vinculadas al funcionamiento de la fuerza en reiteradas oportunidades. 

“No dijeron absolutamente nada”, se quejó la concejal desarrollista, que objetó el mecanismo de negar absolutamente todo” en relación a las explicaciones de los jefes policiales en ese ámbito. “Cuando uno va al Foro, dicen que las patrullas funcionan bien, que anda todo bien, que tienen los efectivos, que todo es maravilloso, que todo anda perfectamente. Y todos sabemos bien que no es así, porque los tandilenses lo vivimos”, sentenció la concejal.

Alertó el impacto que todo esto genera también entre los efectivos en funciones al expresar que “se sienten mal”, que “hay mujeres policías, chicos policías que están renunciando por esta situación, que llegan a un punto que no soportan más y ahí es cuando pasan carpeta psiquiátrica”.

-¿Qué es lo que no soportan?

-La presión laboral, la falta de acompañamiento, respaldo de sus jefes. Tienen que poner de su bolsillo dinero para arreglar las patrullas. Un efectivo policial me lo contó a mí. No estoy diciendo que me enteré de oído, hablé con una chica y me dijo que tuvieron que poner plata de su bolsillo para arreglar la calefacción en invierno. Entonces, ¿a dónde va la plata de las tasas? El año pasado se gastaron cuatro mil millones de pesos en Protección Ciudadana, de los cuales un tanto va para policía para el arreglo de patrullas y para combustible. 

-¿Qué es lo que están reclamando en el pedido de informe?

-Surgió a partir de esta denuncia, pero ya lo veníamos preguntando, no es la primera vez. Se pregunta cuánto dinero se le otorga, el control que se ejerce sobre ese dinero, qué métodos se utilizan para controlar, cuánto dinero se gasta tanto en patrullaje (combustible) como en kilometraje. ¿Qué método utiliza el Municipio para contar con esa información? Si cuenta con esa información, que nos la remita. Y además, cuántos patrulleros hay en funcionamiento, cuántos patrulleros entraron a taller a arreglarse, qué reparaciones se hicieron y cuál es el método que se tiene de dentro del Municipio para controlar esos arreglos.

“No tiene la idoneidad para manejar el área”

-Cuando fue designada (Alejandra) Marcieri en Protección Ciudadana, hubo una especie de consenso. ¿Tuvo la misma sensación? ¿Cambió algo?

-En realidad, hablar con Alejandra Marcieri es muy fácil, es accesible, lo mismo con Atilio Della Maggiora. Pero no sé si tiene la idoneidad para estar en el lugar porque generó una expectativa que no lo era. No tiene la idoneidad para manejar el área, con la fuerza suficiente. O quizás lo que se necesita es un poco de independencia para poder ejecutar medidas que sean realmente duras, firmes. No se pueden hacer las cosas a medias.

-¿Cómo qué, por ejemplo?

-Como lo que estamos diciendo ahora. No puede no haber un control fehaciente de lo que se asigna. No puede no tener estadísticas. No puede haber ciudadanos que estén cumpliendo el rol que tienen que cumplir quienes nos tienen que cuidar, a quiénes les pagamos para que lo hagan y que hay una tasa afectada y una Secretaría que se dedica a eso. No puede haber una página de ciudadanos que están haciendo el recuento de delitos porque no se hace desde Protección Ciudadana ni desde la policía.

-¿Qué pasa con los cambios en la secretaría? 

-Creo que viene de la mano de esto. Es muy difícil trabajar de una manera en la que no se puede hacer realmente lo que hay que hacer. 

-¿Cree que Rubén Frassi se fue porque no podía trabajar?

-Controlar como se debe controlar. He hablado con efectivos, con comisarios retirados y me lo han dicho: La policía se maneja bien cuando se la controla. El control hace al buen funcionamiento, en todo. Por eso nosotros estamos con este pedido de informes, todos los bloques en acuerdo, fuimos cambiando la forma para que no quede nada que les dé escapatoria, para no respondernos lo que estamos preguntando porque para eso son hábiles, para no responder lo que se pregunta y responder lo que quieren. Entonces, esta vez queremos la verdad porque ya se expuso. La gente está al tanto, está viendo la inseguridad y que no hay patrullaje. Queremos saber por qué. Porque también se culpa a los efectivos policiales y a veces hay efectivos que no pueden hacer su trabajo como corresponde. 

Continúan las repercusiones en torno a la denuncia anónima por irregularidades en la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) que tomó estado público en los últimos días. 

A la espera de los resultados la auditoría que puso en marcha Asuntos Internos, el concejal de Unión por la Patria Nicolás Carrillo abordó el tema que marca la agenda de la cuidad.

En su rol como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante, lamentó la existencia de los casos de corrupción dentro de la fuerza policial y retomó un proyecto para la creación de Foros Vecinales de Seguridad para promover una mayor participación comunitaria en la seguridad pública.

En diálogo con el ciclo “Último bondi” (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el dirigente del Movimiento Evita se sumó al pedido para la puesta en funcionamiento de un Servicio de Multiagencia en acuerdo con el Ministerio de Seguridad bonaerense. 

En ese sentido, precisó que el convenio “estaba para la firma el año pasado”, pero dijo desconocer los motivos por los cuales aún no está implementado. “Sería muy bueno que se ponga en práctica”, reconoció.

En otro pasaje de la entrevista radial, el concejal retomó los conceptos que volcó en un documento vinculados al aumento en los costos de servicios básicos e impuestos y compartió los argumentos por los cuales decidió acompañar el Presupuesto 2025 para la administración central.

Para el edil, pese a las contradicciones que le generó el debate, resolvió que “no votarlo hubiese sido peor estratégicamente para la ciudad” y “mejor para Lunghi” en cuanto a la “disponibilidad para el aumento de tasas y para la ejecución del gasto”, y “nosotros mucho menos margen para hacer los reclamos correspondientes con respecto a la ciudad”.

Una herramienta “muy útil” 

Sobre la denuncia en la que ya tomó intervención Asuntos Internos, Carrillo confirmó que se comunicó con el Ministerio de Seguridad bonaerense cuando tomó conocimiento del caso, donde le informaron el procedimiento ante estos episodios y la auditoría en marcha, además de los cambios llevados adelante a nivel jefatura y entre los efectivos.

“Esperamos una respuesta o una resolución final sobre esta cuestión”, expresó y lamentó la existencia de “casos de corrupción policial” que suelen registrarse “sobre estas dos variables: pedido de plata al personal policial por parte de jerárquicos y otra que la del combustible”.

Asimismo, respondió a los resultados de las gestiones oportunamente realizadas ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia y confirmó que la secretaria de Protección Ciudadana de la comuna Alejandra Marcieri es quien está a cargo de las relaciones institucionales, “como debe ser”.

De todos modos, retomó la idea para instalar una Multiagencia con el fin de controlar y monitorear los patrullajes en tiempo real, entre otras acciones. “Habría que preguntarle a Marcieri por qué todavía no está funcionando ese sistema”, resaltó.

Consideró que se trata de un servicio “muy útil para los municipios para hacer un control de los recorridos policiales, de los móviles, para la generación de un mapa inteligente”.

“Cuando los móviles no están recorriendo la ciudad se dispara una alerta para que los funcionarios puedan visibilizar eso”, graficó sobre la propuesta que persigue como objetivo un control para que la policía “no haga tareas que le corresponden a otras agencias del Estado”.

En tanto, retomó un proyecto que presentó meses atrás sobre la creación de Foros Vecinales de Seguridad, una iniciativa que busca promover una mayor participación comunitaria en la seguridad pública, de acuerdo con la Ley Provincial 12.154, sancionada en 1998. “No tuve casi acompañamiento de nadie en el Concejo”, se quejó.

En cuanto a los alcances de la iniciativa, en relación al punto en debate, dijo que los propios vecinos deberían formar parte de estos espacios “para que haya un control efectivo del servicio policial” para que la información “fluya de manera más dinámica y todos tengan acceso a la información” para solicitar o hacer los reclamos pertinentes.

“La policía es un servicio público y también necesita ser controlada, observada, discutida, pensada en conjunto con la población y me parece que esto va a transparentar mucho y va a mejorar eh la seguridad en su conjunto”, destacó el concejal.

Tasas, recaudación y “momento 

para exigir” obras al Intendente 

Sobre el documento titulado “Aumentos de impuestos y tasas municipales (las mentiras de La Libertad Avanza y la obligación de Lunghi)”, el concejal abordó la creciente preocupación en Tandil por el aumento en los costos de servicios básicos y de los impuestos.

El enfoque partió de la base de un planteo realizado por el diputado José Luis Espert en cuanto al retiro del Estado Nacional en la presión tributaria y el señalamiento hacia los municipios sobre el incremento de los impuestos.

En el análisis realizado, el edil determinó que la carga tributaria mayoritaria en la Argentina “la sigue administrando la Nación en un 74 por ciento” y que “el resto se lo distribuyen entre provincias y municipios”.

Bajo esta premisa, también citó la suspensión de las obras públicas con financiamiento nacional que los municipios no pueden afrontar. 

En resumen, planteó que “es la Nación la que se lleva la mayoría de la plata y no la coparticipa” y “tampoco se hace cargo de esas obras que necesita la ciudad”.

Este escenario “nos obliga a exigirle más al Municipio, que sea mucho más transparente y eficiente en las obras que tiene que llevar adelante en la ciudad”.

-¿Observa ese espíritu más creativo en el Municipio de acuerdo a esta realidad?

-Un jubilado de la mínima, entre lo que es luz, gas y tasas prediales (la retributiva de servicios y la de Servicios Sanitarios) hoy tiene que aportar el 20 por ciento de sus haberes a costear toda esa carga impositiva. Estoy de acuerdo con que el Presupuesto 2025 verdaderamente fue muy malo, fue copiar y pegar el de los años anteriores. Y lo que pido al Ejecutivo es que presente el informe al Concejo del plan anual de obras y la verdad que no lo viene haciendo. De esa manera, podremos ver cómo le pone un poco de ingenio e inventiva para poder hacer más de estas obras que la mayoría de los vecinos están necesitando.

-¿Por qué entonces acompañaron desde el bloque la aprobación del Presupuesto?

-Fue una decisión muy contradictoria en mi caso. Me generó muchas contradicciones tomar esta decisión. Por un lado, quienes votaron en contra, mayormente alineado con el espacio libertario, fue por pura politiquería. Entonces, lo que se buscó es un efecto de la política sin ninguna profundidad. Por otro lado, yo era partidario de que el Gobernador le aprobaran el presupuesto y defendía eso; era contradictorio no hacerlo a nivel local. Después, la otra mirada sobre el Gobierno local. Si al menos yo no levantaba la mano y el Intendente no tenía presupuesto de año, iban a pasar una serie de cosas: Una que Lunghi iba a estar todo el año llorando diciendo que no tiene gobernabilidad; otra que la discrecionalidad en el gasto era iba a ser total porque simplemente hay que rendir el monto presupuestario del año anterior y el resto es de libre disponibilidad. Y un tercer aspecto es que, ante el retiro del Estado nacional y el municipio que tiene que afrontar los costos de esta política económica, yo le quiero exigir al Intendente que ponga luces en un montón de lados donde no hay y para eso hay que tener presupuesto. Creo que es un momento en el que hay que exigir obras, que mejore la recolección, los salarios de los municipales. Esa fue la contradicción de esta decisión, que no era un presupuesto bueno, pero lo necesitamos para poder mejorar la ciudad de Tandil en un marco donde los libertarios aumentan todos los impuestos y acá dicen que no.

Un joven de 26 años fue asesinado esta madrugada de cuatro balazos efectuados por policías de civil que lo persiguieron en vehículos sin identificación por la zona del barrio Bosque Grande de la ciudad de Mar del Plata.

La víctima fue identificada como Matías Paredes (26), quien viajaba en un automóvil Fiat Palio con otros dos jóvenes, mientras que los policías pertenecientes a las comisarías 14, Destacamento Camet, 16 y 15 lo hacían en una camioneta Ford Ecosport y en un Volkswagen Bora que no tenían placas identificatorias.

De acuerdo a información de La Capital, Paredes recibió cuatro disparos, uno en la espalda, un roce en la cara, uno en el hombro derecho y otro en el brazo derecho.

A pesar de que se lo trasladó al HIGA, el joven falleció a causa de la gravedad de las lesiones producidas por los proyectiles.

La secuencia mortal comenzó a la 1.36 a cuatro cuadras de Fortunato de la Plaza y Polonia, cuando la Ecosport en la que viajaban Héctor Murray, policía de Estación Camet, Yancamil Masia, de la Comisaría 14, y Emilio Flores, de la Comisaría 15, empezó a perseguir al Fiat Palio en el que se trasladaban Paredes y sus dos amigos. En el semáforo de las dos avenidas el Bora les cortó el paso y quisieron abrir la puerta del Palio. En el Bora viajaban los policías Juan Manuel Molina y Julio Rufino Jerez, de la Comisaría 16, que tiene jurisdicción en la zona.

Al parecer los ocupantes del Palio se asustaron por no entender quiénes eran los hombres que los interceptaban, que se encontraban vestidos de civil, y escaparon por Polonia hacia Tripulante del Fournier, de ahí hasta Goñi bis y la 37, donde fueron detenidos. En medio de esa persecución se produjeron los disparos.

Una de las versiones del caso, que dejaron trascender los allegados a la víctima, indica que los policías buscaban a Cristian “El Guachín” Monje, sospechoso del crimen del kiosquero Cristian Velázquez (50) que permanece prófugo.

Matías Paredes trabajaba con su padre en el rubro de la construcción. Residió casi toda su vida en el barrio Bosque Grande. Sus amigos cuentan que jamás había tenido problemas con la ley. “Era un pan de Dios, una locura lo que hicieron”, dijo uno de ellos en diálogo con La Capital.

Por el momento el fiscal Alejandro Pellegrinelli no dispuso detenciones mientras se analiza la secuencia en las cámaras de seguridad y se recogen distintos testimonios.

“Mañana se va a producir el cotejo de las armas reglamentarias que fueron secuestradas, y con eso y la autopsia vamos a determinar de dónde provinieron los disparos que le dieron muerte. Necesito hacer esa pericia para saber la pertenencia de esas armas. El cuerpo en principio presenta cuatro disparos, es lo que me dicen desde el Higa”, señaló el funcionario.

Por los accidentes balísticos en el Palio, las vainas servidas en el lugar del tiroteo y las armas secuestradas se cree que se realizaron no menos de siete disparos, efectuados por dos de los policías.

Sobre el accionar policial, Pelegrinelli señaló que “no es normal que no tenga la chapa colocada, hay recomendaciones de al menos tener alguna mínima identificación para que la persona que es interceptada sepa que son personal policial”.

El fiscal confirmó que ninguno de los jóvenes que iba en el Palio tenía antecedentes penales. La causa, por ahora, está caratulada como “homicidio agravado”.

La Cámara de Casación porteña anuló este lunes el juicio oral y público contra el policía Luis Chocobar y ordenó realizar uno nuevo, luego que en 2021 había recibido una pena de dos años y medio de prisión en suspenso por homicidio con exceso en cumplimiento del deber.

Chocobar, quien había sido hallado culpable tras matar a un ladrón que había atacado a un turista en el barrio de La Boca en 2017, ahora deberá enfrentar otro proceso con un nuevo tribunal que será sorteado. Así lo decidió la sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Horacio Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin.

En 2021, un Tribunal de Menores consideró al efectivo autor del delito de homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber y lo condenó a dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Esa sentencia fue anulada hoy por Casación.

Chocobar había sido enjuiciado por matar al joven Juan Pablo Kukoc (18) en una secuencia que se originó en la mañana del 8 de diciembre de 2017 cuando el adolescente asesinado robó y acuchilló junto a un cómplice a un turista estadounidense en el barrio de La Boca.

El caso de este agente de la Policía local de Avellaneda fue eje del debate sobre cuáles son los límites en la actuación de la fuerza. De hecho, la ministra Patricia Bullrich, quien se pronunció desde el comienzo en favor del agente policial, lo tomó como ejemplo al lanzar en marzo el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego que le da más libertad a las fuerzas federales para disparar en caso de peligro.

“Notición: la Sala II de la Casación Nacional anuló el juicio oral que le hicieron a Chocobar! Manda a hacer un nuevo juicio oral. Estoy leyendo el fallo ahora mismo. Ley y Orden!!”, escribió en su cuenta de X el abogado Fernando Soto, defensor del uniformado y funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Dos oficiales de la policía bonaerense que cumplían funciones en la Seccional Segunda fueron desafectados por la propia fuerza tras la investigación que habría corroborado que en plena funciones se robaron una moto del depósito judicial.

En efecto, en plenas funciones se subieron al móvil y rumbearon al depósito judicial de Cerro Leones. Ingresaron al predio y ante la vista de la custodia subieron una moto a la caja y la taparon con una frazada con rumbo desconocido, sin mayores explicaciones.

Con el correr de las horas el accionar de la pareja de uniformados llamó la atención de aquel custodio que, ante la duda por la “sigilosa” maniobra (de sigilo tuvo poco ya que lo hicieron con el propio patrullero y con sus respectivos uniformes) trasmitió lo observado a la actual responsable de la comisaría Segunda, subcomisaria Laura Estoessel,  quien después de salir de su estupor propició una denuncia interna.

Las autoridades de Jefatura fueron anoticiadas del singular hecho y también, después de salir de su asombro, instruyeron las actuaciones que luego fueron remitidas a la fiscalía temática como a Asuntos Internos.

La dependencia judicial ya intervino y les imputó el delitito de “Hurto agravado por el autor -funcionarios públicos- en concurso real”, con “tenencia de arma de fuego de uso civil”, además de “encubrimiento”.

El organismo policial interno, en tanto, resolvió la desafectación de sendos oficiales hasta tanto se sustancie el sumario administrativo.

El increíble –por el desparpajo- suceso delictivo protagonizado por dos policías identificados como Gabriel Sánchez y Jonathan Selles,  ocurrió a principios de mes y recién por estas horas trascendió,  a partir de la decisión interna asumida por las propias autoridades policiales, como así también tras las diligencias procesales realizadas por la fiscalía temática de delitos especiales,  a cargo de José Ignacio Calonje.

Extraoficialmente desde ambas dependencias no dejaron de admitir que el singular suceso delictivo sorprendió e indignó a propios y extraños de la fuerza policial.

Allanamientos y secuestro

En efecto, al tomar conocimiento de la instrucción propiciada por la Jefatura policial, desde la fiscalía se ordenó una serie de allanamientos con colaboración de la Policía Federal, en pos de hallar elementos en contra de los dos efectivos imputados.

Uno de los procedimientos ocurrió en un taller mecánico donde, para agregar más sugerentes sospechas al reprochable accionar de los uniformados, cumple un arresto domiciliario un hombre procesado por una causa de comercialización de estupefacientes y que recibió la morigeración de su situación penal.

Cabe consignar que para el mecánico en cuestión no se labró causa alguna, siendo que se limitó a declarar que los oficiales le llevaron la moto para que la reparara,  sin más. Declaración que también se sumó a más sugerentes sospechas para con dicha relación y cierta complicidad, pero que a esta altura de la pesquisa no encontraron más elementos para los investigadores como para contrariar su coartada.

Un arma ilegal

Pero el accionar delictivo de los oficiales no se detuvo en el hurto del vehículo. En un segundo procedimiento en el que fueron notificados de la respectiva imputación a la vez que se les secuestraba sus teléfonos celulares, en la requisa se toparon con otro elemento incriminante. Guardaban, por razones que aún procuran establecerse, un arma de fuego limada.

Más precisamente un revolver calibre 32, lo cual sirvió para ampliar la acusación para los oficiales que a unos cinco años de ejercer como custodios de la ley, terminaron delinquiendo sin mucho pudor.

El comisario inspector Juan José Magraner, recientemente designado al frente de la Delegación Departamental Azul de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, quedó detenido, en el marco de una causa federal con sede en San Isidro. Además quedaron arrestados ocho efectivos más y un fiscal también figura imputado, en una investigación que alude al supuesto armado de causas por narcotráfico. Desde el Ministerio de Seguridad provincial se informó que todos los policías involucrados fueron desafectados de la fuerza.

La pesquisa se relaciona con el armado de causas vinculadas al “narcotráfico y asociación ilícita”.

Los allanamientos que se hicieron fueron más de treinta. La semana pasada, uno de esos procedimientos tuvo como escenario una fiscalía de San Isidro y otro la sede de Drogas Ilícitas de la Policía bonaerense, ubicado en la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

“Nueve policías de la provincia -entre los cuales está el comisario inspector Magraner-, dos secretarios judiciales y otra persona fueron detenidos”. Además, “un fiscal quedó imputado y con un pedido de desafuero para ser arrestado” por el supuesto armado de causas vinculadas con esos ya referidos delitos de “narcotráfico y asociación ilícita”.

Todas las detenciones habían sido ordenadas por la Justicia Federal de San Isidro. Y las hicieron efectivas agentes de la Policía Federal Argentina, “en el marco de 34 allanamientos en los que se secuestraron armas, drogas, dinero en efectivo, documentación, teléfonos celulares y hasta tres picanas eléctricas”, informó también la agencia de noticias estatal.

El fiscal que figura imputado en este sumario penal, y con pedido de desafuero, se llama Claudio Scapolán, el actual titular del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro.

Está siendo investigado “por presunto armado de causas junto a policías”, hechos supuestamente ocurridos “cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial”, la cual había sido disuelta en diciembre del año 2016.

La magistrada Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal número 1 de San Isidro, había sido quien dispuso anteayer los allanamientos, que llevaron a cabo detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina.

La Fiscalía allanada -ahora denominada como de Drogas Ilícitas- funciona en el segundo piso de los Tribunales de la calle Ituzaingó 340 de San Isidro, misma dependencia donde en 2015 desempeñaba tareas Scapolán.

En ese lugar se secuestraron computadoras y documentación de interés para esta investigación penal.

Los allanamientos, además de dependencias policiales y judiciales, tuvieron como objetivos domicilios particulares.

Otros procedimientos se realizaron en estudios jurídicos de dos abogados, para quienes también habían sido ordenadas sus detenciones.

Junto con el comisario Inspector Magraner, los demás policías detenidos fueron identificados como Marcelo Di Rosa, Roberto Adrián Okurzaty, Oscar Antonio Caviglia, Juan Alberto Elizalde, Juana Elizabeth Medina, José María Delgado, Santiago Ignacio Cabre y Alexis Jesús Tabares. Y también permanece detenido un civil, llamado Cristian Sebastián Sen.

La causa penal sustanciada en la UFIE, a cargo del fiscal José Ignacio Calonje, se inició a partir de una concatenación de denuncias de policías que dijeron haber sido víctimas del comisario ahora investigado, quien tras su paso por Tandil se encontraba cumpliendo funciones en Azul. de hecho, una de las denunciantes es una mujer que cumplió funciones en la DDI local, cuando el comisario mayor denunciado estaba al frente de la citada dependencia.

Según informó el diario El Tiempo de Azul, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia afirmaron estar al tanto de la situación, aunque el funcionario policial todavía sigue desempeñando tareas. Si bien se sospecha que podría haber más casos, en sede judicial figuran incorporados al sumario que se está tramitando los testimonios de tres oficiales mujeres y presuntas víctimas. Todas ellas afirman que el actual director de la DDI Azul las acosaba y que, a cambio de mejorar sus condiciones laborales, les pedía favores sexuales.

Voceros de prensa del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con sede en La Plata señalaron al diario colega que están al tanto de la situación y que ya está “trabajando” en el caso la Auditoría de Asuntos Internos.

La situación en cuestión involucra al actual titular de la DDI Azul: el comisario Mayor Víctor Mario Estevena. Específicamente, se relaciona con denuncias que policías que trabajaron con él, todas mujeres, han radicado y que actualmente le dan forma a una causa penal que se está sustanciando desde la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales que conduce el fiscal José Ignacio Calonje.

Los testimonios de las presuntas víctimas aluden a situaciones donde el funcionario policial denunciado las acosaba. Hechos durante los cuales, además, el Comisario Mayor les pedía favores sexuales a cambio de mejorar sus condiciones laborales.

Las denuncias

Según cita el diario azuleño, el origen de esta investigación penal que ahora se está llevando adelante desde la fiscalía a cargo en Azul de José Ignacio Calonje se remonta a una denuncia anónima que en noviembre del año pasado, vía correo electrónico, se recibió en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por entonces a cargo todavía de Cristian Ritondo.

“Llego a esta situación ya que se hace cada vez más difícil concurrir a mi ámbito laboral. Tanto a mí como a muchas de mis compañeras que sufrieron o sufren hostigaciones de índole sexual por parte del jefe de la DDI Azul comisario Mayor Víctor Estevena, quien continuamente nos hace subir a su privado por temas laborales para posteriormente arrojar indirectas de contenido sexual (pretendiendo obviamente encuentros o citas para mantener sexo), las cuales no sólo nos incomodan sino que nos parecen desubicadas teniendo en cuenta la función de conducción que cumple, situación de poder en la cual obviamente se apoya para coaccionarnos”, decía uno de los párrafos de ese mail que fuera remitido al Ministerio de Seguridad bonaerense con asiento en La Plata.

La misma nota señalaba, además, que ante las negativas de las oficiales a los requerimientos del Comisario Mayor, las consecuencias para ellas eran traslados a otros lugares o cambios de funciones. También, que en uno de los casos citados el actual titular de la DDI Azul “se sobrepasó” con una teniente, a la que había querido abrazar y trató de besar por la fuerza.

“Muchas no se animan a denunciarlo por miedo a represalias laborales, pero les puedo asegurar que si se cita de manera privada al personal femenino de la DDI Azul… y se les pregunta sobre el comportamiento de Estevena muchas van a decir la verdad sobre el mal ambiente laboral que se vive producto de esto”, decía también ese escrito.

Una causa penal

Aquel correo electrónico remitido de manera anónima en noviembre pasado al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos, posteriormente, había sido reenviado a Azul, donde funcionarios judiciales fueron informados de lo que estaba pasando y se dio inicio a esa causa penal que todavía es materia de instrucción desde la UFIE con sede en la casona de la calle Colón de la ciudad vecina.

De manera anónima, días atrás, un correo electrónico de similares características llegó a varios medios periodísticos de Azul y ciudades de la zona, poniendo en evidencia esta situación que involucra al actual director de la DDI local.

A fines de junio del año pasado el comisario Mayor Víctor Mario Estevena fue designado como el titular de la DDI Azul, la dependencia perteneciente al Área de Investigaciones de la Policía de la Provincia que está ubicada en Belgrano 219 de este medio. En aquel entonces, reemplazó como director de esa seccional al comisario Mayor Carlos Pérez. Estevena asumió el día 24 de junio, proveniente de la DDI Zárate-Campana, la cual también dirigía.

Tenía conocimiento de la zona centro de la provincia de Buenos Aires, ya que con anterioridad a ser destinado a Zárate-Campana había estado al frente de la Sub DDI con asiento en Tandil, dependencia de seguridad donde habría protagonizado también uno de los hechos por los que está siendo investigado.

Por el momento no se ha dispuesto el procesamiento del funcionario policial, que tiene 54 años de edad, es nacido en la Capital Federal y figura con actual domicilio en la ciudad de Luján. Dado el contenido de las denuncias que lo involucran, de prosperar una eventual imputación para él esos hechos que -de acuerdo con las versiones de las presuntas víctimas- habría cometido podrían estar enmarcados en delitos tales como coacción o incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde el Ministerio de Seguridad, si bien admitieron estar al tanto de la situación, los voceros consultados por este diario no informaron que por el momento el Comisario Mayor haya sido apartado preventivamente de sus funciones, tal como habitualmente sucede cuando son denunciados por presuntas irregularidades.

De todas maneras, por estos días Estevena no está en Azul, ya que se encuentra de vacaciones; aunque es una incógnita saber si regresará a trabajar a la DDI local teniendo en cuenta estas graves acusaciones que pesan sobre él.

“Una película de contenido pornográfico”

Una de las denunciantes que ya brindó su testimonio en el marco de la instrucción de esta causa penal indicó que al comisario Estevena ella lo conoció en Tandil, cuando desempeñaba tareas en la Sub DDI que estaba a cargo del funcionario policial ahora investigado.

“Mi jefe era Víctor Mario Estevena”, declaró con relación a lo que pasaba cuando ella trabajaba en esa seccional de la ciudad.

En el marco de esa relación laboral, posteriormente -afirmó- Estevena “comenzó a llamarme a mí a su oficina para que le cebe mate”, algo que generalmente sucedía en horas de la madrugada.

En ese entonces, además de ellos dos, solía estar solamente en la dependencia policial un oficial en la Guardia.

“Cuando él me llamaba, yo estaba sola con él en el privado porque el chico quedaba en la Guardia. Yo iba a su privado, le cebaba mate, él sacaba temas de conversación, me preguntaba de mi vida y si tenía pareja”, relató.

Después, afirmó: “Un día me preguntó si miraba películas y yo le dije que sí. Él me preguntó qué clase de películas y yo le dije de ciencia ficción. Seguidamente puso una película en su computadora y me preguntó si me gustaba. Corrió el monitor para que yo pueda ver y era una película de contenido pornográfico. Yo no sabía qué hacer, pensaba por dentro que estaba sola, que estaba lejos del chico de la Guardia, que él tenía poder. Y no dije nada, seguí cebándole mate. Al rato largo, él me dijo que ya está, que no le cebe mas mate; y me fui”.

En otra ocasión -expresó también esa oficial de Policía en la causa que está radicada en la UFIE de Azul- Estevena le preguntó “si yo quería tener relaciones sexuales con él a cambio de beneficios laborales. Y yo le dije que no”.

Siempre de acuerdo con su relato, tras aquella propuesta que ella rechazó el comisario Mayor Estevena “comenzó a sobrecargame de tareas”. Además, “si no escuchaba cuando él ingresaba con su camioneta me sancionaba, me suspendía un día de haberes”.

La situación dio lugar a que la policía solicitara su traslado, a lo cual su jefe le mencionó que eso “tenía que pagarlo, que salía dinero”, llegándole a decir que necesitaba “una suma aproximada de 30.000 pesos”.

Lo concreto es que esa mujer policía recién pudo conseguir el traslado una vez que Estevena dejó de estar al frente de la Sub DDI Tandil y fue designado como titular de la DDI Zárate-Campana, en la previa a que -en junio del año pasado- llegara a la DDI Azul.

Mientras avanza la investigación del hecho, el joven de 25 años que sufrió una feroz golpiza el domingo a la madrugada a la salida de Sol Disco continúa internado en la guardia del Hospital Municipal “Ramón Santamarina” y su cuadro es estable.

El hecho de violencia se registró cerca de las 5.30 cuando Facundo Sulkin recibió fuertes golpes en el rostro durante una pelea y luego fue trasladado al centro asistencial público, donde se recupera de una fractura del tabique nasal y una fisura en el maxilar.

Mientras el joven transita por el lento proceso de recuperación, la familia recibió la visita del intendente Miguel Lunghi y mañana se interiorizará sobre el avance de la causa en la Fiscalía.

Tras la denuncia radicada por la familia, se inició una causa con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción 8 a cargo del doctor Gustavo Morey y, en paralelo, la Auditoría General de Asuntos Internos lleva adelante una investigación por la participación de dos policías, que prestaban servicios en las seccionales Cuarta y Segunda, quienes quedaron implicados.

En ese marco, trascendió que el Centro de Monitoreo brindó el material que captaron las cámaras de seguridad de la red pública, que se sumará a las imágenes de los dispositivos instalados por particulares.

Un hecho de violencia, en el marco de una pelea, se registró ayer, cerca de las 5.30, a la salida del boliche Sol Disco. Por circunstancias que intentan esclarecer, un joven de 25 años recibió fuertes golpes en el rostro y quedó internado en el sector de Guardia del Hospital Santamarina. La fiscalía y Asuntos Internos investigan la participación de dos policías, que prestaban servicios en las seccionales Cuarta y Segunda, quienes están implicados en la causa. Mientras tanto, un video que acercó la familia a este medio, se ha difundido por las redes sociales, mostrando el momento en el que el joven era atendido por el SAME y varias personas increpaban a los policías.

Luego de la gresca, Facundo Sulkin fue trasladado al Hospital, donde sigue internado, con hematomas en los ojos, fractura del tabique nasal y una fisura en el maxilar.

Su hermana, Jimena Sulkin, le contó a El Eco de Tandil detalles de la pelea que ocurrió “a las 5.30 de la mañana, afuera de Sol, en la plaza de enfrente”. Explicó que Facundo “había ido a bailar con dos amigos y su hermano Federico, que tiene dos años más”.

Denunciaron que policías golpearon a un joven a la salida de un boliche

Un hecho de violencia, en el marco de una pelea, se registró ayer, cerca de las 5.30, a la salida del boliche Sol Disco. Por circunstancias que intentan esclarecer, un joven de 25 años recibió fuertes golpes en el rostro y quedó internado en el sector de Guardia del Hospital Santamarina. La fiscalía y Asuntos Internos investigan la participación de dos policías, que prestaban servicios en las seccionales Cuarta y Segunda, quienes están implicados en la causa.

Luego de la gresca, Facundo Sulkin fue trasladado al Hospital, donde sigue internado, con hematomas en los ojos, fractura del tabique nasal y una fisura en el maxilar.

Su hermana, Jimena Sulkin, le contó a El Eco de Tandil detalles de la pelea que ocurrió “a las 5.30 de la mañana, afuera de Sol, en la plaza de enfrente”. Explicó que Facundo “había ido a bailar con dos amigos y su hermano Federico, que tiene dos años más”.

Y agregó que según lo que la víctima le pudo contar a su padre, ya que mucho no puede hablar por las heridas y permanece sedado, “todo empezó porque había un policía vestido de civil, que él no sabía que era policía, molestando, acosando, atacando, a una chica. Primero se metió un amigo de mi hermano a defenderla, y el policía le pegó una piña. Y atrás, se metió mi hermano”.

En el relato, agregó que Facundo “llegó, aparte de todo desfigurado, llorando porque él no había hecho nada. Lo único que hizo fue empujar al policía que estaba de civil; el policía le pegó una piña y lo tiró al piso; y ahí vinieron dos que sí estaban uniformados y le empezaron a pegar en el piso. Le pegaron una patada grande en la cabeza y un machetazo, o varios, no sé”.

Desde el Hospital, donde se encontraba visitando al herido, agregó que “mi hermano sintió el primero, que fue el de la cara. Quedó desvanecido en el piso, llegó la ambulancia y lo trajo para acá”.

Consultada sobre si el joven conocía al efectivo con el que comenzó la pelea, Jimena señaló que “hasta donde sé, no. No creo que haya sabido que era policía” y agregó que “sí puedo decir que es un chico que si tiene que defender a alguien, ya sea a una chica que no conozca o que conozca, o a un amigo, lo va a hacer. Eso lo puedo asegurar”.

Las lesiones

En cuanto al estado de salud de Facundo, indicó que “ahora está sedado, dormido. Yo estuve a la tarde, porque estamos haciendo relevos con mi papá, mi mamá y el resto de mis hermanos. No puede abrir los ojos, no ve nada, porque tiene totalmente hinchados los ojos. Lo poco que estuvo despierto, muy molesto, le sale sangre constantemente de la nariz que la tiene completamente achatada”.

Por otra parte, los médicos le confirmaron que presenta una fractura en el tabique nasal y una fisura en el maxilar, en el sector izquierdo y un corte grande en la ceja, del mismo lado.

En tanto, la familia aguarda que hoy les informen un nuevo parte de salud y aún no saben cuándo podrían darle el alta.

Están muy preocupados por Facundo, que trabaja como albañil y tiene una nena de 4 años, teniendo en cuenta que las lesiones le podrían llevar varios días para sanar y volver a la actividad.

Radicaron la denuncia

Por otra parte, Jimena Sulkin señaló que aún no pudo hablar con los amigos de su hermano y desconoce si alguien pudo filmar o sacar fotos del hecho. Sin embargo, van a solicitar imágenes del Centro de Monitoreo del Municipio y del boliche.

“Mi otro hermano se fue. Para el momento en que lo agarró la policía, mi otro hermano ya no estaba. Fue al rato que ellos salieron (del boliche). Mi hermano Federico dijo que salieron caminando”, señaló y ratificó que los hechos se desencadenaron en la plazoleta y no en el interior de local.

Por otra parte, confirmó que su padre hizo la denuncia, ya que un jefe policial los fue a ver al Hospital y les informó que los policías estaban sumariados y a disposición de la fiscalía.

“Mi hermano tuvo custodia policial porque le iniciaron una causa por resistencia a la autoridad”, dijo y cuestionó que “si lo fue a buscar la ambulancia porque estaba desvanecido, no estaría entendiendo cómo se pudo resistir”. También informó que la fiscalía ya lo liberó y se retiró la consigna que lo vigilaba.

Sumariados

Fuentes policiales confirmaron que dos policías que prestan servicios en la Cuarta y la Segunda están siendo investigados por Asuntos Internos y la fiscalía por el hecho ocurrido en Del Valle y Murature.

La versión de los efectivos señala que estaban de franco, son amigos y fueron a bailar a Sol. Además, indicaron que la pelea comenzó adentro del local y que un patovica los sacó a la calle.

En tanto, afuera del bailable había personal del GAD (Grupo de Apoyo Distrital) en tareas de prevención y con el uniforme reglamentario, que ante la continuidad de la pelea, habría intervenido para reducir al joven herido.

Por otra parte, informaron que se imputó a Facundo Sulkin por desobediencia, aunque ya recuperó la libertad, y adelantaron que la Unidad Fiscal de Instrucción 8 a cargo del doctor Gustavo Morey y Asuntos Internos investigan los hechos para determinar cualquier responsabilidad de los policías implicados.