El informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género comprende todas las causas iniciadas por delitos consignados en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG) del Ministerio Público y todos los hechos de femicidios.

Para elaborar los datos relativos a femicidios, se analizaron todos los procesos penales iniciados en el año 2025 en la provincia de Buenos Aires, en los que se investigaron muertes violentas de mujeres y mujeres trans/travestis, hayan o no recibido la calificación jurídica de femicidio del artículo 80 inciso 11 del Código Penal. Luego, se examinó exhaustivamente cada causa a fin de determinar la existencia indicadores de violencia de género en el hecho.

Con relación al Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, los datos oficiales muestran que durante el 2025 se iniciaron un total de 146.046 procesos penales de violencia familiar y/o de género (incluyendo los procesos penales iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y en el Fuero Criminal y Correccional). Ello representa el 14,1% del total de procesos penales iniciados durante el transcurso del año (1.035.350, datos provisorios).

Los departamentos judiciales con mayor número de procesos penales fueron San Martín (23.483) y Lomas de Zamora (19.304), en tanto Necochea (1.006) y Pergamino (1.829) fueron los que registraron un menor número de procesos penales asignados al REVIFAG iniciados durante el 2025.

Asimismo, se pudo advertir que del total de las víctimas registradas (147.902), el 73,9% fueron de sexo femenino; mientras que en el 88% de las causas donde se consignaron víctimas femeninas, los imputados/sindicados eran de sexo masculino.

Por otra parte, con relación a los delitos denunciados en el marco de estos procesos penales, se advierte que el 27,7% se corresponde con “Amenazas”, el 24,5% con “Lesiones”, el 12,3% con “Desobediencia”; luego le siguen, en menor porcentaje, los delitos de “Abuso sexual” (7,8%), “Daño” (5,5%), entre otros de menor incidencia.

Por su parte, del análisis de los casos de femicidios, surge que durante el  2025 se iniciaron 74 procesos penales por muertes de mujeres producto de la violencia de género, con un total de 78 víctimas fallecidas, de las cuales una era una mujer trans/travesti.

Se ha podido acreditar que el principal móvil de las muertes violentas de mujeres es la violencia de género. En efecto, las 78 víctimas de femicidio representan el 60,5% de la totalidad de víctimas femeninas de homicidios consumados en la provincia. En este sentido, la tasa anual de víctimas de femicidios para la Provincia en 2025 es de 0,88 cada 100.000 mujeres.

En cuanto a las características de los hechos de femicidios, surge que la mayor cantidad de casos del 2025 ocurrieron en el mes de enero, que el 85,9% ocurrieron en una vivienda y que el principal medio utilizado fue la fuerza física (35,9%) seguido de arma de fuego (23,1%).

Se observa también que, más del 90% de las víctimas conocía a su agresor, en el 64% de estos casos existía un vínculo de pareja, ex pareja o noviazgo.

Con relación a las víctimas, se destaca que el 55,1% tenían entre 18 y 40 años. El 15,4% de las víctimas (12) había realizado denuncias penales previas contra el agresor, de las cuales en 9 casos el vínculo era íntimo y en 3 familiar. A su vez se relevó que al menos 83 hijos e hijas fueron víctimas indirectas del femicidio de sus madres. En 37 casos son mayores de edad y en 46 menores de 18 años.

Respecto a los imputados/sindicados, el 58,0% tenían al momento del hecho entre 18 y 40 años. En 13 casos los agresores se suicidaron inmediatamente luego de cometer el femicidio.

Finalmente se relevaron otros homicidios dolosos ocurridos en contextos de violencia por razones de género. Se identificaron 10 hechos con víctima masculina, ocurridos principalmente en una vivienda (50%) y perpetrados con armas de fuego y arma blanca (40% cada una).

Durante los últimos 11 años (periodo 2015- 2025), en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1000 mujeres asesinadas producto de la violencia de género (1.010 víctimas).

En esta línea, los datos oficiales que emergen del informe revisten relevancia en la medida que transparentan la magnitud y características de estos gravísimos delitos que preocupan a toda la sociedad y sus instituciones, como objetivo estratégico de política criminal del Ministerio Público.

Por otra parte, permite acercar a la sociedad la problemática de la violencia familiar y de género que impacta en el ámbito penal, a través de datos cuantitativos que posibiliten el acceso a la información, así como la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

En los 146.046 procesos penales obrantes en el REVIFAG, se registraron 147.902 víctimas: 109.280 mujeres o niñas (73,9%), 36.671 hombres o niños (24,8%), y 1.951 sin dato consignado (1,3%).

La información del sexo de las víctimas con relación al de las personas imputadas/sindicadas, calculado sobre el total de datos disponibles sin tener en cuenta los casos sin registrar (el dato se pudo cotejar en el 82,4% de los casos). Se observa que, en las causas donde se consignan víctimas femeninas, la mayoría de las personas imputadas/sindicadas son de sexo masculino (88,0%); mientras que cuando la víctima consignada es un hombre o niño, las personas imputadas/sindicadas son de sexo masculino en el 42,4% de los casos y femenino en el 57,6%.

En los 146.046 procesos penales de violencia familiar y/o de género se han registrado un total de 137.241 personas imputadas/sindicadas. De estas, 35.386 son de sexo femenino, 100.824 masculinos y en 1.031 casos no se registró el dato.

Respecto a la cantidad de víctimas de femicidio por mes de ocurrido el hecho, se observa que el mes de mayor concentración fue el mes de enero con 13 hechos (16,7%), seguido por julio con 9 hechos, y agosto y diciembre con 8 hechos en cada caso. Por otra parte, surge que el promedio provincial es de entre 6 a 7 víctimas de femicidio por mes, equivalente a una víctima cada 4 días.

Contexto femicida refiere a escenarios y modalidades comisivas específicas de este delito. Su clasificación busca ampliar la caracterización y descripción de los hechos, independientemente de la relación vincular o no vincular entre víctima y victimario.

Los Íntimos comprenden aquellos casos que se dan en el ámbito de vínculos sexo afectivos de cualquier tipo (actuales o pasados) entre víctimas y los contextos se basan en las propuestas realizadas en el Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).

Por contexto Familiar se hace referencia al ámbito familiar en cualquier grado de parentesco entre las víctimas y victimarios que no esté incluido en el Íntimo.

Los femicidios Sexuales pueden darse en cualquier ámbito y pueden ser cometidos por personas del entorno de las víctimas o desconocidos. Incluyen ataques sexuales directos o simbólicos y representan características específicas de ejecución, procedimiento y circunstancias que dejan rastros en la escena del hecho y el cuerpo de la víctima.

Por su parte, los Travesticidios/Transfemicidios comprenden las muertes de mujeres travestis y trans y se encuentran asociados a asesinatos por discriminación o a crímenes de odio. Si bien comparten con los otros contextos el determinante de género, su especificidad se centra en las condiciones estructurales y sistemáticas de vulnerabilidad, marginalidad y violencia de esta población, las cuales suelen operar como condicionante en su transcurso vital.

Los femicidios en contexto de criminalidad organizada ocurren en el marco de organizaciones criminales o de bandas organizadas de menor envergadura dedicadas a acciones ilícitas (narcocriminalidad/ narcomenudeo, la trata de personas, tráficos variados, etc.). Estos homicidios suelen emerger de la utilización de las mujeres como mercancías, como producto de venganza entre bandas o como respuesta a su desviación en relación al comportamiento esperado de acuerdo al status de género en la organización. Pueden incluir acciones como captación, traslado, privación de libertad, suministro de estupefacientes, secuestro y/o abuso sexual, además puede tratarse de casos en los cuales el descarte del cuerpo de la víctima impide su hallazgo.

Por último, la categoría Otro abarca todos los demás supuestos en los que un hombre mata a una mujer mediando violencia de género no incluidos en los contextos precedentes. Por ejemplo, cuando una mujer es asesinada por un vecino, un colega de trabajo o una persona completamente desconocida sin vínculos previos. Los casos en los cuales no se pudo aún determinar el contexto del hecho, se categorizan como Indeterminado.

En cuanto a los datos referidos al medio empleado para consumar los femicidios analizados y la modalidad de muerte de la víctima, se refiere a las diferentes formas de utilización del medio empleado para la comisión del hecho. Cabe aclarar que en algunos casos pudo existir más de un procedimiento homicida, pero para el relevamiento se tuvo en cuenta el mecanismo principal que incidió en la muerte de las víctimas.

De los 78 hechos de femicidio, el 85,9% tuvo lugar en una vivienda. Por su parte, los hechos que tuvieron lugar en el espacio público representan un 7,7% para el año en análisis. 

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por el delito de asociación ilícita. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de una causa que investiga cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

El fallo también alcanzó a Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como segundo de Spagnuolo en la Andis, y a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos con estrechos vínculos con droguerías. En total, el magistrado procesó a 19 personas, entre ellas exfuncionarios y empleados del organismo, así como empresarios privados que habrían intervenido con distintos roles en la presunta asociación ilícita.

Casanello dispuso embargos de diferentes montos sobre los bienes de los involucrados. El más elevado recayó sobre Spagnuolo, por una suma superior a los 202 millones de pesos.

En su resolución, el juez sostuvo que durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se conformó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”. Según el magistrado, dicho esquema se estructuró a partir de la actuación conjunta de operadores externos y funcionarios que ocupaban cargos de máxima autoridad, en perjuicio del interés general y en beneficio de negocios privados ilícitos.

De acuerdo con el fallo, la Andis habría sido utilizada como una “vía de enriquecimiento” para los integrantes de la organización, en detrimento de la finalidad pública del organismo, que debía estar orientada a la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad.

Además, Casanello dejó abierta la posibilidad de profundizar la investigación al advertir que el esquema delictivo “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”. En ese sentido, señaló que existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores dentro de la propia Andis.

“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado, como hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, concluye el fallo del juez.

La Corte Suprema de Justicia resolvió que la justicia de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, será la encargada de investigar dos nuevas denuncias contra Leonardo Cositorto, el empresario ya condenado por múltiples estafas vinculadas a la firma Generación Zoe.

La decisión del máximo tribunal zanjó un conflicto de competencia entre el Juzgado de Garantías 2 de Moreno y el Juzgado de Control y Faltas de Villa María, Córdoba, que acumula buena parte of las causas por estafa contra Cositorto. La Corte entendió que los hechos denunciados ocurrieron en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez y, por lo tanto, deben ser juzgados en esa jurisdicción.

Las nuevas denuncias fueron presentadas por dos mujeres, identificadas como C.I.C. y B.N.E., quienes relataron que invirtieron dinero en un fideicomiso de Zoe Emporwerment SA, con la promesa de obtener dividendos mediante un “bot inteligente”. Según las denunciantes, si bien inicialmente recibieron algunos pagos, con el tiempo cesaron y Cositorto nunca cumplió con la reprogramación de los mismos, pese a promesas reiteradas.

El juez bonaerense se había declarado incompetente al considerar que los hechos podrían estar vinculados con la supuesta asociación ilícita investigada en Córdoba. Sin embargo, desde Villa María rechazaron esa conexión y resaltaron que los hechos ocurrieron en territorio bonaerense, por lo que devolvieron el expediente.

En consonancia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que los hechos deben ser juzgados por el tribunal donde se cometieron. “Cualquiera que sea el vínculo de conexión que pueda existir entre hechos que se presentan prima facie como independientes, ellos deben ser investigados por los jueces del lugar en que aparecen cometidos”, recordó el fallo.

Cositorto ya acumula varias condenas: en Salta fue sentenciado a 11 años de prisión y en Corrientes a 12, además de causas elevadas a juicio oral en Córdoba y otras en trámite en Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y en el fuero federal por lavado de dinero.

Uno de los temas centrales fue el uso de los hijos como "rehenes" en el marco de divorcios conflictivos, lo que deriva en ocasiones en falsas denuncias. señaló que este debate cobró fuerza a raíz de un fallo de Casación de La Plata que absolvió a un médico que estuvo preso varios años, denunciado por su expareja por abuso sexual contra sus hijos.

"En este caso puntual, los hijos, hoy mayores de edad, salieron a desmentir la situación, aclarando que fue su madre quien los llevó a denunciar", explicó Noelia Domenighini. Si bien enfatizó que "esto no implica que todas sean falsas las denuncias" y que hay que ser "muy cuidadoso", sí alertó sobre una problemática recurrente.

"Se ve muchas veces una contaminación desde el discurso materno y/o paterno respecto de estos hijos que están en el medio del conflicto de los adultos y terminan tomando posición por alguno", afirmó.

Para la especialista, la clave es equilibrar la necesaria perspectiva de género con una "perspectiva de infancia". Explicó que esto implica "poder mirar a estos chicos en sus discursos y ver que no estén adoptando una mirada o una posición desde el adulto".

También apuntó a la responsabilidad de los profesionales: "Está en la seriedad de los profesionales no conducir a la gente a hacer denuncias cuando estas no encuadran en las características que requiere una violencia de género o un delito de abuso".

La abogada introdujo un concepto novedoso y de gran impacto: el "derecho al cuidado". Explicó que surge de una opinión consultiva de junio de 2024 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por Argentina, que lo eleva a la categoría de derecho humano autónomo.

Este derecho se analiza desde tres miradas:

El derecho a cuidar: La facultad de una persona de cuidar a otra que lo necesite (niños, personas con discapacidad, adultos mayores).

El derecho a ser cuidado: El derecho de esos sujetos vulnerables a recibir el cuidado.

El derecho a ser cuidado de quien cuida: Esta es la mirada más novedosa, que protege a la persona que ejerce el cuidado.

Noelia explicó cómo esta tercera mirada impacta directamente en los procesos de alimentos. "Empezaron a existir sentencias que miran a aquellas mujeres que cuidan a sus hijos y que por eso no pueden trabajar, ejercer una profesión, estudiar, ocuparse de su salud o de su ocio", detalló.

Aclaró que esto no significa "mantener a la progenitora". "Si vos establecés una cuota alimentaria razonable para este hijo, indirectamente estás beneficiando a esta mujer", explicó. "Si ella puede pagar más horas de una niñera o un colegio con jornada extensiva, a ella eso le va a implicar como mujer, poder salir a trabajar también o desarrollarse como persona".

La abogada  recordó que el derecho de familia está en constante evolución. Un ejemplo es la figura del "padrastro" o "madrastra", que desde la reforma del Código Civil de 2015 se denomina "progenitor afín".

"Es una figura importante y reconocida legalmente", subrayó. "Incluso se le puede reclamar alimentos en un caso hipotético de una separación, si esta persona era el sostén económico de los hijos de su pareja".

Esta realidad abre debates sobre conceptos más nuevos, como la "triple filiación" (casos donde un niño tiene vínculo con su madre biológica, su padre biológico y un progenitor afín que lo crió). Aunque no está legislada, Domenighini señaló que estos debates "ponen la mirada en el vínculo afectivo y en los derechos de los niños, niñas y adolescentes".

Finalmente, la doctora  destacó el trabajo que realiza la subcomisión de Familia y Sucesiones de la Asociación de Abogados de Tandil, que ella coordina. "Es un espacio de diálogo, de intercambio y de actualizarnos para poder ejercer y brindar un mejor servicio de justicia a la gente", afirmó, e invitó a los colegas, especialmente a los más jóvenes, a sumarse a estos espacios institucionales.

El diputado nacional José Luis Espert se bajó ayer de su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en medio de la fuerte polémica por sus vínculos con un detenido por narcotráfico.

El presidente Javier Milei era el único dentro del oficialismo que todavía bancaba la postulación de Espert, pero eso cambió ayer y finalmente se conoció la renuncia.

Milei aseguró que “garantizar el cambio es más importante que cualquier” dirigente, al hacerse eco del mensaje que publicó José Luis Espert para bajarse de su candidatura.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, aseguró el mandatario nacional en su cuenta de X.

El economista confirmó su renuncia a la postulación a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que oficializó su salida y denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, inició Espert en su publicación.

El comunicado de Espert, cargado de críticas hacia quienes lo vincularon con el empresario Fred Machado, calificó el escándalo como un “despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

El excandidato libertario aseguró que no tiene “nada que ocultar” y prometió demostrar su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

Afirmó: “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”.

Espert también dedicó un párrafo a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, pidiéndoles que “no se dejen psicopatear”.

“Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”, instó.

Finalmente, el economista, que días atrás había llorado en una entrevista televisiva responsabilizando a Juan Grabois por la denuncia en su contra, cerró su mensaje con un agradecimiento y una frase de optimismo: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert”.

El diputado del PRO Diego Santilli sería quien finalmente se quede con el primer lugar de la lista de Buenos Aires, según lo que establece el Código Electoral para este tipo de casos. (NA).

Esta mañana se levantó el secreto de sumario en la investigación judicial sobre la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La decisión del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi permite a los imputados y sus defensas acceder a las pruebas clave del expediente, incluyendo declaraciones, registros de ingresos a countries y peritajes de teléfonos celulares.

La causa, que se inició tras una denuncia de Gregorio Dalbón, abogado de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, investiga una presunta red de retornos económicos en la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina. En la investigación están implicados funcionarios de alto perfil, como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, quienes fueron mencionados en el expediente por su presunta participación en el esquema.

Uno de los elementos más relevantes de la investigación son los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Andis. En estas grabaciones, Spagnuolo habría detallado la supuesta distribución de sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei. La difusión de estos audios en un programa de streaming el pasado 22 de agosto aceleró el curso de la causa judicial.

Con el levantamiento del secreto de sumario, las defensas de los imputados tendrán acceso total a las pruebas recolectadas, lo que marca un avance significativo en el proceso y podría llevar a nuevas revelaciones sobre el caso en las próximas semanas.

Por su parte, el remisero autor de los cuadernos que dieron origen al caso, el arrepentido Oscar Centeno, hizo saber a través de su defensa oficial en la audiencia que se opone a que se les conceda a los empresarios la reparación integral del daño.

“Por mandato expreso de Centeno manifiesto su oposición, le parece una injusticia impropia basada en un poderío económico del cual él lamentablemente carece”, expresó el defensor oficial, Marcelo Sciegata.

La fiscal Fabiana León también se opuso a que se conceda a los empresarios el beneficio de la reparación y reclama que vayan a juicio porque lo otro es “impunidad”.

“En esta fiscalía no se vende impunidad” porque “no hay precio que se puede poner al daño institucional que se ha causado”, dijo, aunque aclaró que su opinión “es vinculante” y que no hay acuerdo con ella para lograr ese beneficio

La Unidad de Información Financiera (UIF) se opuso también a la reparación económica.

A lo largo de la audiencia virtual, que comenzó más de una hora después de lo previsto, pasadas las 10, el Tribunal Oral Federal 7 escuchaba las propuestas, entre ellas la de la defensa del financista arrepentido Ernesto Clarens, quien ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares que ya están embargados en la causa.

Por su parte, la defensa del empresario imputado colaborador Enrique Pescarmona ratificó un ofrecimiento de 510 millones de pesos,

Su abogado Marcelo Nardi explicó que la empresa de Pescarmona, Impsa, “no sólo no obtuvo ningún contrato de obra hidroeléctrica, pese a ser la firma con el mayor expertise en Argentina en esa materia, sino que fue perjudicada, fue concursada y finalmente estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández”.

“Dejamos aclarado que los pagos que les fueron exigidos por los funcionarios públicos a Pescarmona y Francisco Valenti obedecen y están ligados a contratos celebrados en Venezuela, un país distinto, representando episodios coactivos que fueron descriptos en sus declaraciones”, dijo al ratificar lo que dijeron en sus declaraciones como arrepentidos.

Otros empresarios que piden la extinción de la acción penal por reparación integran ofrecen los embargos que tienen dictados en la causa actualizados, por ejemplo 732 millones de pesos en el caso de Mario Rovella u 826 millones por parte de Julio Paolini.

También ratificaron sus ofrecimientos Aldo Roggio, Alberto Taselli, Angelo Calcaterra y Hugo Dragonetti. NA

Milei expresó en su cuenta de X que “a cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”.

“Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, aseveró el líder libertario, quien desde que se conocieron los audios atribuidos a su hermana no había realizado actividades públicas.

El mandatario citó así el descargo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien apuntó contra la oposición por la aparición de un audio y aseguró que la presunta grabación “ilegal” y su difusión constituyen “un intento de desestabilización en el marco de un proceso electoral”.

Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli dispuso que se continúe con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas, pero aclaró que “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.

La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas “incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”, según el dictamen al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que “si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.

“En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, había dicho Martín Menem.

Asimismo, planteó que “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el audio grabado de Karina Milei en Diputados fue producto del “espionaje ilegal” que fue guardado “cautelosamente” para difundirlo en medio de la campaña electoral.

“El audio que publicaron fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado”, expresó desde la red social X. NA

El enfrentamiento estalló luego de que Mendoza la acusara de integrar “una banda de corruptos” y difundiera conversaciones que la vinculaban al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. La respuesta de Villarruel no tardó en llegar: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”.

Mendoza redobló la apuesta y retrucó: “Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte”. El intercambio se dio en paralelo a la aparición de audios de Spagnuolo, donde el exfuncionario advertía: “A mí me están desfalcando la agencia” y denunciaba una red de recaudación ilegal con sobreprecios en la compra de medicamentos.

La investigación judicial, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ya derivó en al menos 15 allanamientos. En la mira quedó la droguería Suizo Argentina S.A., señalada como beneficiaria de contratos irregulares. Según Spagnuolo, la empresa exigía a proveedores nuevos aportes indebidos: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8’”.

El caso también salpica a la política: el exdirector de la ANDIS vinculó a la droguería con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, a través de la firma Farmaoline, ligada a la comercialización de suplementos deportivos de Gen Tech, la empresa creada por el dirigente riojano.

En este marco, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó Comodoro Rivadavia, Chubut, y destacó la importancia de recorrer las provincias y estar en contacto directo con los gobernadores.

En un contexto político que definió como “difícil y bastante confuso”, remarcó que su prioridad es cumplir con responsabilidad el rol institucional que le asigna la Constitución.

“Nos acostumbramos a que los vicepresidentes fueran una figura decorativa. No es mi caso”, aseguró Villarruel, quien sostuvo que presidir el Senado y recorrer el país “forma parte del deber constitucional” que le corresponde.

Consultada sobre su vínculo con el movimiento Provincias Unidas, Villarruel prefirió no dar definiciones políticas en medio de la crisis nacional, aunque insistió en llevar tranquilidad: “A mí me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional. Más allá de los devenires políticos, cumplo mi rol y parte de ese rol es estar en contacto con gobernadores y escuchar sus necesidades”.

La vicepresidenta también fue consultada sobre su relación con Javier Milei y Karina Milei. En ese sentido, señaló que mantiene “un vínculo estrictamente institucional”, enfocado en el cumplimiento de su cargo y sin desbordes políticos. NA

Con la llegada de la primavera y el aumento de la temperatura también suben las denuncias por terrenos abandonados. Pastizales, roedores y mosquitos se suman a casas abandonadas y basura acumulada en diferentes zonas de la ciudad. Solo la Defensoría del Pueblo recibe entre uno y dos reclamos por semana, y pese a las multas, las situaciones irregulares no cesan. En el 2019 el organismo elaboró un proyecto de ordenanza para elevar las sanciones y habilitar al Municipio a ingresar a las propiedades privadas para solucionar el tema, sin embargo la iniciativa no avanzó en el Concejo Deliberante.

“Nosotros recibimos situaciones graves, cuando no obtienen solución quizás por las vías con las que cuenta el Municipio Y la situación se sigue agravando. Porque lo que está previsto en la ordenanza fiscal es un recargo en la retributiva del 100 por ciento para las propiedades en mal estado. Pero a veces con eso no alcanza. Porque para el que es recurrente no le importa que tenga una tasa retributiva elevada Y el terreno sigue estando en mal estado”, expresó la defensora del pueblo de la ciudad, Paula Lafourcade, en diálogo con El Eco de Tandil.

El caso del Ex Policlínico es quizás el más representativo de este tipo de reclamos. Los vecinos de la zona han denunciado hasta la presencia de personas que se instalan en el lugar. Pero también frentistas que viven en cercanías de la obra en curso de la escuela Técnica 3 se enfrentan a preocupaciones similares, a las que se suman las veredas intransitables.

El Eco de Tandil consultó a la Defensoría del Pueblo, y si bien el organismo no pudo precisar un número exacto del total de reclamos de los últimos años, sí informó de que ingresan al lugar entre una y dos denuncias semanales. Los casos aumentan con la proximidad del verano.

“En materia de terrenos abandonados primero están los pastos largos, el tema de los mosquitos, el dengue. También llega mucho el tema de las ratas, porque se meten personas a los lugares, y hasta asentamientos de personas. Nos ha pasado de denuncias por usurpaciones. Y las casas abandonadas nos preoocupan”, alertó Lafourcade.

En el caso de detectar roedores o murciélagos, agregó, articulan con la Dirección de Bromatología. Por otra parte, pro caso de propiedades abandonadas, desde Protección Ciudadana trabajan junto a la Oficina de Mediación para poder dar con los propietarios o herederos.

La situación en torno a los terrenos abandonados, sumó Lafourcade, implica también reclamos en materia de seguridad. Consultada sobre la posibilidad de intervenir desde la Comuna en el interior de los predios para cortar pasto o realizar mantenimiento, la defensora señaló que “esta situación es difícil porque hay un derecho a la propiedad privada. Y por eso creo que es muy importante avanzar en esto del código de convivencia”.

Al respecto, hizo mención a un proyecto de ordenanza que en el año 2019 elaboraron desde el organismo y que la concejal de mandato cumplido Silvia Nosei llevó al recinto aunque el mismo no pasó del trabajo en comisiones internas.

“Eso lo habíamos enmarcado con la ordenanza de propietario responsable. Sobre cómo deberían ser el mantenimiento de cada propietario o cada dueño de su inmueble Ya sea en lo que es convivencia con su vecino, como con la vereda”, dio a conocer Lafourcade.

En el caso de sanciones, sostuvo la defensora, en diversos casos los propietarios ni siquieran abonan las infracciones o multas. ”Por eso es importante esto de llegar a un código de convivencia y hablar del propietario responsable, porque el propietario responsable es el que mantiene los pastos en condiciones, la vereda en condiciones, igual que mantener los pastos cortos”, remarcó. 

“Sobre la reglamentación nos parecía que el ordenador del territorio es el Municipio y es en el Concejo Deliberante donde se tiene que avanzar hacia una normativa que abarque todos estos puntos, desde infracciones, apercibimientos, multas, para que realmente esto tengamos una ciudad accesible y ordenada para toda la comunidad”, indicó.

Entre otros aspectos, sostuvo la defensora, la normativa preveía un régimen sancionatorio importante, “y también la posibilidad de poder ingresar al predio por parte del Estado Municipal a ejercer las tareas de limpieza. No solo cobrándoselas, que puede estar previsto, sino con infracciones muy agravadas. Y agravadas también con reincidencia, porque la mayoría de los terrenos que están en mal estado son recurrentes”, concluyó.

El Gobierno nacional comunicó el despido del Interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, investigado por presunto pedido de coimas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló en la habitual conferencia de prensa: “El Presidente de la Nación tomó la decisión de despedir al interventor”.

En la misma línea, aclaró que la decisión responde a la causa por la que se investiga al exfuncionario que había sido designado por el propio libertario en febrero de este año. 

“Donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable”, explicó el vocero.

Además, aclaró: “No porque efectivamente sea responsable, sino porque quiere que todo se lleve adelante con total transparencia, así que mientras se aclaren los hechos ha tomado la decisión de despedir”.

En los últimos días, YCRT, la empresa estatal argentina que opera en la región patagónica, se vio envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón. 

La empresa israelí TEGI Limited había propuesto la compra de 30 mil toneladas de carbón de baja calidad por un valor cercano a los 2.1 millones de dólares. Sin embargo, la operación se habría detenido tras un supuesto pedido de dinero realizado por intermediarios vinculados a la negociación.

La denuncia la realizó el gobierno de Santa Cruz, a cargo de Claudio Vidal, a raíz de un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited.

En el marco de la investigación, se viralizaron una serie de audios entre los brokers Andrés Gross y Alejandro Salemme, con de Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI Limited.

“Los puse en contacto, dicen que no avanzarán, dos meses después mandan una orden de compra y no me avisan. Ponete en mi lugar, no importa con quién hablé ni cómo y menos por teléfono. Si yo no tuviera este poder en este negocio no estaría al tanto de la oferta. No tengo nada que ver con la empresa, soy un facilitador de negocios. Si quieren que suceda, vayamos todos para el mismo lado. Puedo hacer que esto se cierre”, se lo escuchó decir a Gross.

Por su parte, Yarke Ariet planteó: “No tengo margen para aportar más contribuciones marginales porque estoy rematando un producto que estoy comprando por obligación, considero que no está en las condiciones óptimas”.

“Nosotros no solemos proceder de esta forma, me llama la atención que una empresa estatal divulgue información a una persona de reventa para que después venga a decirme ‘si no estoy en el negocio esto no se cierra’. Pensémoslo, esto no me parece amigable. Pero la decisión la toma el presidente de mi compañía. Tengo capacidad de veto, pero no la voy a usar, quiero ver cómo sacamos el negocio adelante”, concluyó.

La legisladora Graciela Ocaña denunció al ahora exinterventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio Thierry Decoud y a Andrés Gross y Alejandro Salemme por supuesto cohecho y tráfico de influencias a raíz de un presunto pedido de sobornos a una empresa israelí.

Ocaña basó su denuncia en publicaciones periodísticas que aludieron a un "intento de cobrar una coima por parte de ´facilitadores de negocios´ que terminó frustrando una venta millonaria en favor del Estado argentino".

La legisladora refirió que en base a esas publicaciones "se puede apreciar como Andrés Gross y Alejandro Salemme intentan cobrarle una coima a la empresa israelita TEGI para cerrar una operación de compra de carbón". NA

En medio de una creciente controversia judicial y mediática, el exPresidente Alberto Fernández volvió a estar en el centro del escenario, esta vez debido a las graves acusaciones de violencia de género formuladas por su expareja, Fabiola Yáñez.   

Por medio de un artículo publicado por Horacio Verbitsky en "El Cohete a la Luna", se revelaron detalles clave que arrojan nuevas luces sobre las circunstancias que rodean a la denuncia de Yáñez y el tratamiento estético que recibió días antes de que se tomara la famosa foto de su hematoma.   

Según Verbitsky, Yáñez sostiene que los moretones visibles en su rostro fueron causados por repetidas agresiones físicas por parte de Fernández.   

Sin embargo, el exPresidente ha defendido consistentemente la versión de que esos hematomas fueron el resultado de un tratamiento estético con plasma rico en plaquetas (PRP), realizado por la cosmetóloga María Florencia Aguirre.   

Verbitsky cuenta que la cosmetóloga será llamada a declarar el próximo 5 de septiembre y le advirtió a Aguirre que enfrenta el riesgo de ser imputada por ejercicio ilegal de la medicina o falso testimonio, en un caso donde las líneas entre lo estético y lo judicial parecen cada vez más difusas.   

La publicación también da espacio a la "Testigo A", cuya identidad fue reservada pero que ha trabajado durante más de una década con Fernández, tanto en su residencia de Puerto Madero como en la Quinta Presidencial de Olivos (RPO).   

Esta testigo, identificada como Teresa, brindó un testimonio perturbador, que atribuye los golpes no a la violencia de Fernández, sino a las caídas sufridas por Yáñez debido a su consumo excesivo de alcohol. 

Teresa describió situaciones donde la exPrimera Dama se encontraba "tirada en el piso" después de noches de excesos, además de relatar cómo ocultaba el alcohol en la residencia para que Fernández no se enterara.   

"Le salían los golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol", declaró Teresa, sumando una dimensión adicional y trágica a la historia de Yáñez. 

El artículo también recoge el testimonio de la niñera de Francisco Fernández Yáñez, identificado como Testigo G, quien corroboró la versión del exPresidente, afirmando que los moretones en el rostro de Yáñez aparecieron tras someterse al tratamiento estético de PRP.   

Sin embargo, también acusó a Yáñez de negligencia en el cuidado del niño, llegando incluso a sostenerla cuando estaba "borracha".   

Fernández, por su parte, presentó ante el tribunal veinte fichas médicas que documentan el tratamiento psiquiátrico que Yáñez siguió en 2016, mucho antes de iniciar su relación con él.   

Estas fichas, provenientes del Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), fundado por el neurólogo Facundo Manes, contienen diagnósticos de trastorno de personalidad, bipolaridad y adicción al alcohol.   

El exPresidente busca con esta documentación demostrar que los problemas emocionales y de salud de Yáñez no son consecuencia de un supuesto maltrato, sino preexistentes.   

"Su inestabilidad emocional y su alcoholismo son consecuencia del maltrato recibido y de la pérdida de un embarazo", ha contrarrestado Yáñez, subrayando que la raíz de su sufrimiento se encuentra en su relación con Fernández. (NA).

El fiscal federal Ramiro González pidió el listado de los funcionarios que tenían a cargo el control de los comedores registrados en el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios). Se trata de las primeras medidas tras una denuncia del Ministerio de Capital Humano.

La cartera que conduce Sandra Pettovello realizó una auditoría del organismo y detectó que muchos de los comedores que recibieron alimentos durante el gobierno de Alberto Fernández nunca funcionaron como tales o bien habían dejado de hacerlo hace muchos años atrás.

La denuncia apunta a funcionarios públicos a cargo de ese organismo tan controvertido, el RENACOM, por lo cual la Fiscalía pidió la lista de quienes tenían a cargo el control y también de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social que tenían a cargo la seguridad alimentaria.

El RENACOM fue creado en julio de 2020 y funcionó hasta el final del gobierno de Alberto Fernández por lo que el listado reclamado por el fiscal, abarca ese período.

Por otro lado, González citó para el próximo lunes a la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, para ratificar la denuncia que hizo dicha cartera, así como aportar documentación que reclamó y que está señalada en la presentación judicial.

También, la Fiscalía pidió la documentación de las auditorías realizadas por el citado Ministerio y qué personal efectuó las mismas a fin de escucharlos en declaración testimonial.

La Fiscalía apunta a investigar la participación de "todos los responsables" entre 2020 y 2023 en dichas áreas involucradas y ante la sospecha de falta de controles en el otorgamiento de alimentos que, según el Ministerio de Capital Humano, era de entre 12 a 14 toneladas de alimentos por mes.

La auditoría realizada por la citada cartera abarca a unos 2.600 comedores de los más de 4 mil registrados en todo el país y, de la documentación revisada, se constató que más de la mitad o bien no existieron nunca como tales o dejaron de funcionar hace muchos años.

Según la reglamentación, los comedores deben ser re validados cada dos años, algo que no habría ocurrido.

El juez de Garantías de la localidad bonaerense de Moreno Gabriel Castro concedió este lunes la exención de prisión para Elián Valenzuela, conocido por su seudónimo artístico, L-Gante, en el marco de una nueva denuncia por lesiones y reducción a servidumbre de un colaborador.

El juez advirtió que Valenzuela y otros imputados por el mismo delito “poseen arraigo fijo, ausencia de antecedentes penales computables y además han manifestado a través de sus letrados sus intenciones de estar a derecho en estos actuados”.

No obstante, el juez entendió que “una caución de carácter juratorio, es decir la simple promesa, no resulta suficiente a los fines de reducir el riesgo de elusión procesal y entorpecimiento probatorio”.

Por ello, le fijó una caución de $200 mil para concederle la exención de prisión, lo que significa que en L-Gante transitará el proceso en libertad.

La decisión fue adoptada en el marco de la denuncia de Daniel Martín Vera, quien sostuvo que fue víctima de una golpiza por parte de L-Gante y otros colaboradores, ofuscados por un comentario que hizo sobre ellos en un grupo de WhatsApp.

Además, el juez estableció que “por la naturaleza de los hechos y los extremos narrados por Vera en su denuncia” es “procedente la imposición a todos los aquí involucrados de la obligación especial de la prohibición de acercamiento al denunciante Vera a menos de 500 metros por el término de 120 días, como así también la prohibición de mantener todo tipo de contacto con la víctima y con su círculo íntimo, por cualquier medio”.

L-Gante está acusado de “lesiones leves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas”, una figura que contempla penas de seis meses a dos años de prisión.

El exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde fue denunciado este lunes por el delito de "enriquecimiento ilícito", después de que se conociera públicamente un viaje que realizó junto a la modelo Sofía Clerici a Marbella, España.Al menos seis denuncias quedaron radicadas en tres distritos distintos contra el exintendente de Lomas de Zamora, según pudo relevar la agencia Télam a través de fuentes políticas y judiciales.La denuncias fueron presentadas por dirigentes y abogados vinculados a la política ante los tribunales de La Plata, Lomas de Zamora y de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Comodoro Py, según pudo constatar esta agencia.Una de las denuncias fue presentada esta mañana por el diputado nacional de Juntos por el Cambio José Luis Espert, quien acusó al ahora exfuncionario bonaerense por "enriquecimiento ilícito", "posible lavado de dinero", "contrabando" y "evasión fiscal", con el patrocinio del abogado Pablo Torres Barthe.La denuncia fue radicada en los tribunales federales y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, juzgado en el que también quedó por sorteo otra denuncia que no involucra a Clerici pero sí a la modelo y conductora Jesica Cirio, presentada por el abogado Santiago Dupuy De Lome."Nos encontramos ante un suntuoso gasto donde ni el funcionario público ni la dama que lo acompañó pueden justificar con sus ingresos declarados, con lo cual la sospecha de un enriquecimiento ilícito es grande o tal vez nos encontremos frente a un lavado de activos financieros o de mínima ante una evasión fiscal por parte de Sofía Clerici", dijo Espert en su denuncia.

La denuncia penal fue acompañada por los diputados Virginia María Cornejo, Dina Esther Rezinovsky, José Luis Miguel Lisando Nieri, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Carlos Raúl Zapata, Ingrid Jetter y Gabriela Mabel Lena.Por otro lado, la extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, junto al diputado nacional Ricardo López Murphy, también presentaron este mediodía una denuncia penal por "enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados" y "delitos contra el orden económico y financiero" y pidieron que se investiguen los movimientos financieros del ahora exjefe de Gabinete bonaerense y de su círculo íntimo.La denuncia, presentada ante la justicia federal de La Plata, hace referencia a artículos periodísticos en los que se menciona el millonario divorcio del Insaurralde con su exesposa, Jesica Cirio, y sostiene que, según el periodista Carlos Pagni, el exintendente de Lomas de Zamora habría aceptado otorgar una cifra millonaria a su exmujer."Han trascendido en estos últimos días gastos de Insaurralde totalmente incompatibles con los ingresos de alguien que se desempeña hace más de 40 años en la función pública", sostiene el texto.La denuncia remarca que "como han dejado trascender muchos medios, Insaurralde habría estado de vacaciones en un lujoso balneario europeo, en un costoso yate de alquiler y gastando cuantiosas sumas en costosos regalos para su acompañante, que incluyen carteras de Louis Vuitton y relojes de Rolex"."Creemos que los indicios existentes no dejan dudas de la pertinencia de abrir una investigación a los fines de establecer la posible comisión de los delitos que aquí se denuncian, incluyendo entre los posibles involucrados en la maniobra de lavado dinero, a quienes podrían haber colaborado en el ocultamiento o disimulación del patrimonio de origen presuntamente ilícito de Martin Insaurralde, es decir Jesica Cirio y Sofia Clerici", expresa la presentación judicial.La misma situación vinculada a la separación entre Insaurralde y Cirio fue denunciada también por ante la justicia de La Plata, aunque no en el fuero federal, por el abogado Enrique Guillermo Avogardo, según pudo constatar Télam de fuentes judiciales.Ante la justicia federal de La Plata también fue presentada una denuncia contra Insaurralde y Clerici por parte de los abogados Yamil Santoro y José Lucas Magioncalda, de Republicano Unidos."Venimos a formular denuncia penal contra el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde y contra su acompañante, Sofia Clerici, por la posible comisión de los delitos de lavado de activos, evasión fiscal y/o la calificación legal que finalmente corresponda, según el curso de la investigación, todo ello, sin perjuicio que se solicita se investigue al exfuncionario mencionado por el delito de enriquecimiento ilícito", reclamaron.Además, el abogado Gastón Marano, exasesor de un senador del PRO en la comisión bicameral de Inteligencia, presentó otra denuncia contra Insuarralde y Clérici pero ante la justicia de Lomas de Zamora."Los hechos, pasados bajo conocimiento de Vuestra Señoría, han tenido que ver con el usufructo de un costoso yate en la Ciudad de Marbella y circunstancias conexas. En el día de ayer, numerosas publicaciones de portales de noticias, han reportado también que quien ofició de acompañante en el viaje, habría recibido suntuarios regalos de parte del exfuncionario, entre los que se encontrarían relojes y carteras de primera marca, así como piezas de joyería", sostuvo Marano.Insaurralde presentó hoy su renuncia a la candidatura como primer concejal de Unión por la Patria (UxP) en Lomas de Zamora, que se sumó a su dimisión de ayer a su cargo en el Gobierno de Axel Kicillof.Al salir del debate de candidatos presidenciales en Santiago del Estero, el postulante oficialista, Sergio Massa, había pedido ayer que Insaurralde declinara su postulación en Lomas de Zamora."Cometió un grave error, renunció y tiene que renunciar a la candidatura también en Lomas", expresó anoche Massa, en declaraciones a la prensa.

Hace algunos días se anunció con bombos y platillos la llegada a la ciudad de 12 nuevos móviles policiales 0km, totalmente equipados para facilitar el accionar policial y proteger a los efectivos. Desde varios barrios de la ciudad se venía denunciando constantemente la falta de personal para patrullar las “zonas rojas” de Tandil y detener los múltiples hechos delictivos que ocurren desde hace meses. 

Lo cierto es que la cantidad de agentes no parece haber aumentado, pero al menos podrán vigilar el territorio en vehículos recién estrenados y con todas las herramientas de seguridad necesarias. 

En este contexto, más de 15 recién egresados de la escuela de policía de La Plata, fueron asignados a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) “Puente 12”, es decir, un conteiner en el barrio bonaerense de La Matanza, donde viven en condiciones inhumanas, siendo asignados para patrullar los pasillos de las villas, en su primer rol como oficiales. 

Los inexpertos jóvenes les relataron a sus familiares las situaciones que están viviendo, sin la posibilidad de elevar ningún reclamo ante la amenaza de las autoridades de darlos de baja de manera inmediata. 

"Los tienen peor que aun preso"

Paola Quero, vecina del barrio La Movediza y hermana de una de las egresadas, dialogó con El Eco de Tandil, y contó algunos detalles de las condiciones en las que trabajan los oficiales tandilenses. 

“Hay más de 15 chicos que egresaron el año pasado de la escuela de Policía, y en esta payasada que armó el ministro, lo que se llama UTOI, los trasladaron sin experiencia a La Matanza, una zona muy complicada donde anoche incendiaron un conteiner al lado de la garita y ellos no sabían ni cómo manejarse”, comenzó el relato la mujer.

Acto seguido, narró que el día en que, los hasta ese momento cadetes, fueron a la escuela “Juan Vucetich” de La Plata, donde realizaron su formación, para que les asignen su primer destino como oficiales, “los tuvieron de las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde parados en estilo militar, y ahí a los tandilenses los mandaron a todos a La Matanza”.

Actualmente están en unidad denominada “Puente Doce” donde viven en condiciones “peores a las de un preso”, aglomerados en conteiner donde el baño es químico y está en un estado deplorable, sin la posibilidad de bañarse, durmiendo en colchones tirados en el piso comprándose la comida por sus propios medios, y comiéndola sentados en una silla, porque no tienen ni siquiera una mesa. 

Para colmo, “no hacen tiempo a volver a Tandil para visitarnos, porque cuando ellos quieren les cambian la forma de trabajar, ahora tienen que estar 48 horas seguidas y un día de descanso, pero les modifican las horas constantemente”.

Por otro lado, les han pagado hasta ahora solo la mitad del sueldo, y ellos mismos debieron comprar el uniforme reglamentario, y los costos de traslado. “La comida y los pasajes se lo tienen que solventar ellos, los uniformes, que están 25 mil pesos un chaleco y 18 mil unas esposas, también se lo tuvieron que pagar, y se tuvieron que presentar en servicio con todo listo”.

“Los mandan a hacer guardia, a caminar por la villa, a chicos recién egresados. Son nuestros hijos y hermanos los que están ahí, y la están pasando muy mal, muchos se quieren dar la baja, encima las autoridades a cargo los maltratan, le hablan mal, los denigran”, refirió Quero.

A una de las egresadas, quien tenía  la cara hinchada y mucho dolor por un problema dental, a pesar de que tenía certificado médico, la hicieron presentarse a trabajar “y cuando llegó allá la mandaron devuelta, hasta ese nivel de bajeza están manejando”.

Debido a que los jóvenes, no pueden elevar reclamo alguno ante la amenaza de perder su placa, los familiares están organizándose a través de un grupo de whatsapp, planeando una manifestación en Tandil para los próximos días.  

“Queremos saber quién es la autoridad a la que tenemos que acudir, porque desde el foro Della Maggiora dice que ellos no pueden hacer nada, las madres entregamos al Intendente también una carta con los nombres de todos los egresados de Tandil, y se lavan las manos, entonces no sabemos a quién recurrir, y tampoco nos lo dicen”, expresó la familiar.

A su vez, agregó que “es un capricho del ministro de Seguridad, porque está bien, firmaron para hacer este trabajo, pero no en las condiciones que los tienen y mandándolos a un matadero, porque a esa zona tiene que ir alguien que esté en la fuerza hace años y conozca el terreno, no digo que no tengan que ir en algún momento, pero que los vayan formando de a poco, porque este es su primer ejercicio como oficiales, tienen 19 o 20 años”.

El actor Juan Darthés fue absuelto ayer del delito de violación por la Justicia de Brasil en la causa iniciada por la actriz Thelma Fardin al considerarse que no se pudo comprobar que haya existido acceso carnal y que cualquier otro tipo de abuso sexual se encuentra prescripto.

“Un miembro de nuestro equipo me informó que fue absuelto en las últimas horas. No tuvimos acceso aún al fallo porque todo está corriendo en secreto de sumario”, dijo a Télam el abogado brasileño Euro Bento Maciel, uno de los defensores de Darthés.

Según Maciel, la defensa aún no tuvo acceso a la resolución del juez subrogante Fernando Toledo Carneiro, del fuero federal de San Pablo, que no fue el mismo que tramitó el caso, pero fue notificada de la absolución.

No obstante, fuentes cercanas a la causa informaron a Télam que la decisión se fundamentó en que no se pudo comprobar la consumación del acceso carnal y que todo otro tipo de abuso ya se encontraría prescripto según el Código Penal vigente en el momento de los hechos denunciados, en 2009.

En ese sentido, el juez tuvo en cuenta que la versión de la víctima no fue consistente en ese aspecto, ya que durante alrededor de nueve años no pudo revelar ese hecho a las personas a las que les pudo contar el abuso y recién lo hizo en 2018.

Por lo tanto, cuando esas testigos declararon en el juicio tampoco pudieron aportar que el abuso haya sido con acceso carnal, ya que tomaron conocimiento cuando se formuló la denuncia.

De acuerdo con los voceros, el juez dejó en claro en el fallo que no quiso “culpar” a Fardin por la demora en contar los hechos porque sabe que en este tipo de expedientes hay un proceso complejo y que es común que las víctimas tengan que estar psicológicamente preparadas para ello.

Pero señaló que, por otro lado, para dictar una condena es necesario un alto grado de convicción sobre la culpa y que en este caso existe “duda” y eso favorece a Darthés.

Además de la absolución, el juez resolvió levantar las medidas cautelares que prohibían a Darthés el contacto con Fardín y los testigos del juicio así como salir del país, en este caso Brasil, para lo cual había tenido que entregar su pasaporte.

De esta forma, si el actor quisiera regresar a la Argentina, no tendría ningún impedimento.

En tanto, el abogado brasileño Maciel indicó que la fiscalía y la querella todavía pueden apelar el fallo, lo que sucederá cuando todas las partes sean notificadas.

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Darthés en la Argentina, confirmó su absolución.

“La violencia de los sistemas judiciales”

Por su parte, la actriz Thelma Fardin afirmó ayer por la tarde que no deja de sorprenderla “la violencia de los sistemas judiciales” como el de Brasil, que “no tiene perspectiva de género”.

Al hacer referencia al fallo que absolvió al artista, dijo que lo que se busca es “perpetuar” el abuso contra los menores y se preguntó: “¿Qué pretenden, que las víctimas se filmen mientras son abusadas?”.

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009 durante una gira de la novela argentina “Patito Feo”, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

Un profesor de la Escuela Técnica 2, identificado como Juan Pablo Luna, fue denunciado este martes por estudiantes y también por los padres de una alumna de 14 años, tras protagonizar un aberrante episodio en la institución educativa.

Según trascendió, presuntamente Luna comenzó a hablar en horario de clases, en uno de los cursos a su cargo, sobre temas de sexualidad no pertinentes y a decirles a los menores que podía conseguirles drogas.

Asimismo, de acuerdo a la información a la que accedió este medio, después llamó en privado a uno de los adolescentes y lo instó a pedirle a una compañera que le enviara fotos desnuda, con el objetivo de que luego se las pasara a él. Ante la gravedad del tema, los alumnos aprovecharon el recreo para hablar al respecto con la directora del establecimiento. De vuelta en el aula, el docente en cuestión sacó a una de las chicas del salón y le ofreció calificarla con buenas notas a cambio de salir juntos con fines sexuales. 

El conmocionante hecho tuvo lugar el pasado martes y, en consecuencia, Luna fue apartado el miércoles a primera hora de su cargo en la Técnica 2, tras las diligencias encabezadas por el equipo de conducción de la escuela y la Jefatura Distrital de Educación. En paralelo, los padres de la menor acosada efectuaron una denuncia en la Comisaría de la Mujer. 

En contacto con El Eco de Tandil, la jefa Distrital de Educación, Florencia Mena, confirmó el apartamiento y expuso que “hay una denuncia contra un docente  presentada por alumnos de Técnica 2, que tiene que ver con presuntos hostigamientos, abuso y ofrecimiento de sustancias psicoactivas”.

A partir del relato de los menores, la Jefatura inició una investigación preliminar que posteriormente deberá ser elevada, según indica el procedimiento administrativo, al área legal de la Dirección General de Cultura y Educación, en pos de que se instruya el correspondiente sumario. 

En tanto, Mena refirió que Luna “había tenido relevos de cargo anteriores pero fueron levantados porque las causas penales no prosperaron”, y explicó que “cuando hay una denuncia penal, el fuero administrativo se queda a la espera de la resolución judicial, pero cuando eso no prospera y pasa el tiempo, se elimina la posibilidad de aplicar sanciones”. 

Denuncia previas

Asimismo, Luna tiene severos antecedentes por el mismo motivo. La reseña periodística consigna que en 2011 una alumna de la Escuela Granja, de tan solo 14 años, sufrió hostigamiento sexual por parte del docente. La joven recién se atrevió a denunciarlo en 2019. 

Ese mismo año, el hombre acosó a una chica de 19 años que viajaba desde Mar del Plata hacia Olavarría en un micro de El Rápido. La joven fue hostigada y grabada con un celular por Luna. Incluso, en su declaración ante el fiscal Damián Borean, quien le tomó la denuncia en ese momento, afirmó que el sujeto se comportó "en forma pervertida" no sólo con ella, sino con un grupo de chicas de una escuela rural que subieron al colectivo en Balcarce.

Además, el acosador fue también denunciado en 2015 por el padre de una estudiante de la Escuela Técnica 5, cuya hija le había contado que el profesor ofrecía dinero a cambio de tener sexo con sus alumnas.

Como un paso más en el camino de reparación y búsqueda de la verdad, las víctimas del profesor Eduardo Aldasoro ofrecieron, por primera vez  públicamente, su testimonio acerca de los abusos que padecieron por parte del exdocente de Educación Física en la década de 1980, en diferentes instituciones educativas de la ciudad. 

La conferencia de prensa convocada a tales efectos se llevó a cabo ayer en el centro cultural La Compañía, y participaron la periodista Ivy Cángaro, Romina (una de las damnificadas cuyo testimonio aún debe presentarse ante la Justicia), María José Rizzardi, Silvina Díaz e Inés Rizzardi, tres de las denunciantes. 

Hay, hasta el momento, 10 denuncias que integran una causa judicial contra Aldasoro por abusar de sus alumnas en la Escuela Primaria 11 y en la Colonia Municipal de vacaciones. De a poco, hay más voces que se van sumando, dos testimonios más se anexarán a la causa y, si bien por ahora las denunciantes son todas mujeres, también habría dos varones víctimas.  

En cuanto al estado de la causa, aunque el 28 de diciembre de 2021 la jueza de Garantías Stella Maris Aracil dictaminó la prescripción de la misma, el doctor Christian Urlezaga, fiscal en feria de la Fiscalía 4 de Olavarría (la UFI 3 de Tandil se había excusado de investigar el caso y pasó a esta dependencia), interpuso un recurso de apelación y el expediente pasó a la Cámara de Apelación y Garantías de Azul.

En el mes en curso, el tribunal conformado por los jueces Cini, Echevarría y Pagliere  ratificó la prescripción de la causa, con el voto en disidencia del doctor  Pagliere. En relación a este fallo, la fiscalía olavarriense, por medio de la fiscal Paula Serrano, seguirá apelando a todas las instancias posibles, inclusive nacionales, motivo por el cual el expediente judicial no será archivado por prescripción. 

Las víctimas 

Las denunciantes han transitado con valentía un largo derrotero. Primero, en lo personal, para poder hablar públicamente de un tema tan doloroso y colectivizar el pedido de justicia. Segundo, cumpliendo todas las instancias judiciales solicitadas desde que radicaron la denuncia  en marzo de 2021 y se sometieron a diferentes pericias psicológicas, además de brindar su testimonio ante el fuero penal. 

Sus declaraciones dan cuenta del entramado de complicidad y omisión obrante en aquellos años, algo que resulta escalofriante. Si estos abusos sucedieron, es porque hubo un sistema que de algún modo avaló y facilitó que así fuera. 

A las víctimas les costó mucho tiempo y silencio reconocerse como tales y poder articular sus experiencias, que posteriormente se colectivizaron para encarar la demanda judicial. Además, el hecho de poder compartir sus testimonios también es una acto de reparación que sirve para que otras víctimas de abuso sepan que se puede romper el cerco de silencio y hablar sobre la problemática. 

Al respecto, Inés Rizzardi señaló que “nadie hablaba del tema pero todos lo veían, era algo repetido y sostenido en el tiempo, ahí se ve la complicidad de los adultos, de la escuela, iban a hacer la denuncia y decían que no pasaba nada”. 

“La causa no está prescripta y vamos a seguir apelando. Pero queremos destacar que prescripción no significa inocencia. Que nunca más ningún niño o niña pase por lo que pasamos, que podría haberse evitado si hubiera existido una sociedad más comprometida. Queremos que se nos escuche, que se nos crea, que se sepa lo que pasó, que no se nos juzgue a nosotras, porque nos dicen que podríamos haberlo dicho antes para evitar que siguiera pasando, pero hablamos cuando pudimos hacerlo", clamaron las mujeres. 

Los testimonios 

Inés Rizzaardi, de 51 años, fue la primera en hablar y contó lo que le pasó  cuando concurría a la Colonia Municipal, actividad que realizó en los años 1981, 1982 y 1983. En su caso, los abusos sucedieron en el colectivo que recolectaba a los menores para llevarlos a la colonia. 

Según expuso: “Aldasoro iba en esos recorridos, como iban otros profes, y se acercaba al asiento de la nena que le gustaba, siempre eran niñas flaquitas y de pelo claro. Te sentaba a upa, era simpático, de confianza, generaba admiración que el profe Aldasoro te eligiera.  Así, como jugando, empezaba a tocar, metía una mano entre la ropa y tocaba partes íntimas, que en ese momento uno no tenía idea.  Cuando me di cuenta de que no me gustaba traté de correrme y cuando se acercaba me iba, esa fue mi estrategia para que no me pase más. Logré acomodarme y defenderme de esa manera, pero veía que se lo hacía a otras nenas, no me animaba a comentarlo y vi que lo siguió haciendo, siempre tenía una nena sentada en su falda”.

Luego, su hermana, María José Rizzardi, leyó el testimonio presentado ante la Justicia de lo que sufrió en la Escuela 11, donde fue alumna de Aldasoro entre 1983 y 1984, años en los que cursó primero y segundo grado, pero después siguió en contacto porque el docente trabajaba en la institución. 

Así lo detalló: “Teníamos educación física en el último patio de la escuela, que daba al corazón de la manzana. Él indicaba la actividad, se sentaba en un lateral  en un banco o en cuclillas, siempre con alguna alumna a upa, con otros nenes sentado en el piso a sus costados. Yo estaba sentada sobre su pierna derecha y su brazo derecho sobre mis hombros, con la mano colgando por delante de mi torso. Desde allí me levantó el pantalón, y metió la mano entre el pantalón y la bombacha. Me quedé petrificada. Me levantó la bombacha, metió la mano adentro, acariciándome la vulva. Salí corriendo como  catapultada y a partir de ahí evitaba su cercanía física, conducta que repetí toda mi infancia por temor hacia los adultos masculinos. De grandes, hablando con Inés, mi hermana, me contó que  vivió una situación similar. Aldasoro era un hombre encantador, tenía una relación cordial con mis padres, quienes lo estimaban.  En noviembre de 2019, en un  acto de cinismo extremo, envió al domicilio de mi familia una nota de pésame, en papel, dirigida a mi madre y todos sus hijos por la muerte de mi padre”. 

“No puede ser, te habrá parecido” 

Por su parte, Silvina Díaz compartió su caso con los presentes. A su turno, precisó: “Cuando tenía alrededor de 6, 7, 8 años, concurría a la Escuela 11, y  las clases de educación física las daba el profesor Eduardo Aldasoro. En sus clases elegía a una de las nenas para que se sentara en su falda mientras el resto de los chicos hacía las actividades. En pleno patio nos sentaba en su falda, con un brazo nos sostenía y con el otro introducía su mano dentro de nuestro  pantalón y ropa interior. Recuerdo que no era la única en ese momento que elegía para sentarnos, había otras nenas. Le conté a una prima que iba a la misma escuela y era un año más grande lo que me estaba pasando, sin entender qué era lo que sucedía. En una conversación les contó a mis padres lo que pasaba, mis padres hablaron conmigo y yo tenía miedo por no saber si era la culpable de algo, pero les conté todo".

Asimismo, agregó que su padre fue a la escuela y habló con los directivos sobre el asunto, no obstante esto, las autoridades negaron lo ocurrido. 

"Pusieron en duda mi palabra, diciendo que yo mentía y que era todo inventado. Mi papá, seguro de lo que yo decía, insistió en el tema pero al encontrarse sin respuesta, dejó asentado en actas que yo nunca más iba a hacer educación física mientras estuviera Eduardo Aldasoro en las clases. Así fue hasta sexto grado, cuando nuevamente me tocó con él. Durante las clases me quedaba en el salón. Un día la maestra me preguntó por qué yo no iba a educación física y le dije lo que él me hacía. ‘No puede ser, te habrá parecido’, me contestó”, expresó Silvina. 

Retiro de homenajes 

Vale recordar que las víctimas solicitaron el 3 de diciembre del año pasado al Concejo Deliberante que se retire el nombre impuesto al Polideportivo Municipal en homenaje a Eduardo Aldasoro, como así también de cualquier otro espacio público de la ciudad donde se lo haya reconocido. 

Este pedido provocó posturas dispares en el ámbito Legislativo. No obstante, el 21 de abril, el intendente Miguel Lunghi elevó una carta al Concejo para pedir que se derogue la ordenanza que imponía el nombre de Aldasoro al Polideportivo. 

Acto seguido, aún en la previa del debate en el cuerpo Deliberativo, ordenó el retiro de todas las placas y carteles existentes en el predio en cuestión, petición que ya fue ejecutada. En tanto, el expediente legislativo se tratará en el recinto en la sesión de mañana. 

Educación Sexual Integral para prevenir abusos 

Hay mucho para hacer desde el sistema educativo y la Educación Sexual Integral para prevenir el abuso sexual perpetrado contra las infancias y adolescencias.

Un docente puede ser, en muchos casos, la única persona a la que se puedan dirigir los menores para contar lo que están viviendo o que pueda detectar que son víctimas de abusos sexuales. 

En este sentido, la Ley de Educación Sexual Integral vigente en el país desde 2006, permite enseñar a los niños a conocer, respetar y proteger el propio cuerpo y el de los demás; aprender a decir que no; conocer el significado de los secretos y qué cosas sí deben contarse a los adultos; habilitarlos a pedir ayuda; y desarrollar competencias para expresar sentimientos, necesidades y problemas, es decir, habilitar el diálogo que permite generar espacios de confianza.