En el marco de las conmemoraciones por el aniversario del Departamento Judicial de Azul, el defensor oficial Diego Araujo realizó un recorrido histórico sobre la evolución de las instituciones judiciales en la ciudad y proyectó los desafíos que enfrenta la jurisdicción, marcados por el crecimiento poblacional y la demanda de un servicio de justicia más cercano al ciudadano.

Recordó que el Departamento Judicial de Azul comenzó a funcionar en marzo de 1916, aunque en sus inicios Tandil no formaba parte de esa estructura, sino que integraba la jurisdicción de Dolores. Recién en la década de 1930 se produjo la incorporación definitiva, iniciando un proceso de descentralización que se profundizó a partir de 1973 con la creación del primer juzgado civil y comercial en nuestra ciudad. "Vale la pena consolidar esta historia a través del relato de los protagonistas", señaló el defensor, quien adelantó que desde la asociación de magistrados se trabaja en la recolección de testimonios clave para documentar el desarrollo institucional de la región.

La histórica aspiración de que Tandil se convierta en cabecera de su propio departamento judicial. Para Araujo, esta posibilidad no responde a una cuestión caprichosa, sino a una necesidad logística y operativa que facilitaría el acceso a la justicia. Según explicó, la creación de una estructura autónoma permitiría anexar distritos como Ayacucho, Juárez y Rauch, evitando que los ciudadanos deban trasladarse grandes distancias para resolver conflictos legales o periciales.

En este sentido, destacó que la ciudad cuenta hoy con un fuero penal consolidado que incluye cinco fiscalías, dos juzgados de garantías y un tribunal en lo criminal, entre otros órganos. Sin embargo, remarcó que la culminación del Polo Judicial será un factor determinante para este salto institucional. "Cuando esté culminado, va a significar la concentración de todo el poder judicial en Tandil con un edificio moderno e inteligente", afirmó, aunque reconoció que el avance de la obra se vio afectado por dificultades financieras y económicas.

Consultado sobre el debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, Diego Araujo se mostró en sintonía con la posición de la red de jueces de la provincia de Buenos Aires. Si bien admitió que la ley actual data de la dictadura y requiere una actualización, cuestionó los términos del proyecto vigente por considerar que viola el principio de no regresividad en materia de derechos humanos.

"Cuando se consolidan determinados derechos, una reforma posterior no puede desmerecerlos", explicó el defensor oficial. Asimismo, subrayó que una reforma de tal envergadura requiere de un debate plural e intenso donde intervengan las universidades y los operadores del sistema de responsabilidad juvenil, quienes, en su mayoría, se muestran críticos a la criminalización de delitos que antes estaban exentos de pena.

Se confirmó que el doctor Diego Araujo aprobó recientemente el examen para integrar la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, específicamente para la nueva sala que se busca conformar. Si bien se trata de un proceso extenso que incluye entrevistas con el Consejo de la Magistratura y acuerdos del Senado, el defensor manifestó su satisfacción personal por el logro.

"Es el puntapié inicial para tener aspiraciones a ocupar el cargo", comentó Araujo, siendo el único postulante de Tandil en una lista compartida con funcionarios de Azul. Su eventual ascenso a la cámara representaría no solo un crecimiento individual, sino también un fortalecimiento de la representación local en los estamentos jerárquicos de la justicia departamental.

La Policía de la provincia de Buenos Aires solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Maira Selene Yancovich, una joven de 18 años, en el marco de una causa caratulada como “Averiguación de paradero”, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Gustavo A. Morey.

La denuncia fue radicada por Perla Mabel Yancovich Ledesma, madre de la joven. De acuerdo a lo informado en las actuaciones, Maira se habría ausentado el 2 de febrero de 2026, alrededor de las 16 horas, desde la zona de avenida Colón al 1100, en inmediaciones de la iglesia La Roca, en la ciudad de Tandil.

Según la descripción aportada, la joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene cabello largo, lacio y negro, ojos marrones y cejas y pestañas oscuras. Al momento de retirarse vestía una pollera oscura estampada con flores y una campera negra.

La investigación se encuentra a cargo de la Comisaría Segunda de Tandil, desde donde se solicitó la difusión del caso en medios de comunicación locales y regionales para facilitar su pronta localización.

Ante cualquier información que pueda resultar de utilidad para establecer su paradero, se solicita comunicarse de inmediato con la Comisaría Segunda de Tandil, al teléfono (0249) 4424202, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

El Senado bonaerense convocó a una nueva sesión para la próxima semana con el objetivo de despachar los últimos pliegos judiciales del paquete de nombramientos que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura a finales de 2024, y de aprobar una batería de proyectos que quedaron sin tratamiento tras la frustrada audiencia del pasado martes.

Luego de lo que fue la sesión de fines de mayo en la que se aprobaron 131 pliegos judiciales, el próximo miércoles a partir de las 15 horas el Senado bonaerense buscará darle luz verde a los 75 nombramientos de jueces, fiscales y defensores oficiales, cumpliendo de esta forma con la obligación de darle tratamiento a las 206 postulaciones que Kicillof ingresó al parlamento a fines del año pasado, y que quedaron truncos debido a las negociaciones por el fallido Presupuesto 2025.

Para que eso sea posible, ese mismo miércoles a partir de las 9 horas la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos buscará darle dictamen a los pliegos judiciales, dado que sí o sí requieren pasar por un cuerpo parlamentario para llegar al recinto. “Como la comisión va a ser horas antes, yo no creo que la sesión arranque de manera puntual”, adelantaron desde el Senado bonaerense.

En efecto, estos pliegos judiciales servirán para cubrir las vacantes en los departamentos de San Nicolás, La Plata, Mercedes, Zárate/Campana, Merlo, Azul, Quilmes, Morón, San Martín, La Matanza y San Isidro.

La inclusión de Azul, cabecera de la comunidad judicial de la que forma parte Tandil,  genera expectativa dado las sensibles vacancias con las que cuentan distintas dependencias locales, donde se encuentran pendientes de aprobación el cargo de juez para el Tribunal Criminal 1, con el pliego del doctor Martín Oscar Viceconte, un magistrado para el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial, con el pliego del doctor Sebastián Manual Sarde; y un juez para integrar el Tribunal de Trabajo, con el pliego del doctor Gustavo Adrián Iacaruso.

Por otro lado, la Cámara alta provincial también incluirá en el orden del día los proyectos que se suponía tenía que tratar el pasado martes, y que quedaron en stand by luego de que la oposición lograra hacer caer la sesión, con motivo del debate de las reelecciones indefinidas.

La jugada del radicalismo, del PRO y de La Libertad Avanza para tumbar la sesión ordinaria, fue fuertemente reprehendida por la titular del bloque peronista, Teresa García, quien calificó la falta de quórum de la oposición como una actitud “maniquea y caprichosa” y los trató de “cobardes” por no sentarse en sus bancas para dar el debate sobre las reelecciones indefinidas. “Había un montón de proyectos para tratar sobre tablas. Una serie de cosas que tendríamos que haber discutido”, se quejó.

En este sentido, al temario del próximo miércoles del Senado bonaerense también ingresarán pelotón de iniciativas que no tuvieron tratamiento la semana pasada, entre los que se destacan la implementación del código QR en el turismo provincial, la entronización del Papa Francisco en ambas Cámaras y la creación de un portal web para que los ciudadanos participen del diálogo legislativo.

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, definió como un hecho necesario y fundamental la creación del Departamento Judicial local, en el marco de la apertura del 13° Encuentro de la Defensa Pública de la Provincia.El encuentro tuvo lugar en la mañana del viernes en el Auditorium Alfa del Centro Cultural Universitario, presidido también por el presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria;  el rector de la UNICEN, Marcelo Aba; y el defensor Departamental de Azul, Diego Fernández.En las palabras de bienvenida del Rector en su carácter de anfitrión, agradeció la elección de Tandil como sede del encuentro y subrayó la importancia de este tipo de propuestas donde se debate sobre distintas ramas del Derecho para promover un mejor acceso a la justicia.

Luego fue el turno del Intendente quien destacó el apoyo continuo que, desde hace muchos años, se realiza para acompañar la consolidación de los órganos y dependencias judiciales con el propósito de mejorar el servicio de justicia.En ese sentido enumeró en particular las pertenecientes a la Defensa Pública con asiento en Tandil, subrayando la necesidad de sumar nuevas dependencias para brindar una respuesta más ágil y eficiente.“Sabemos que el derecho a la defensa es un pilar fundamental de la Justicia. Pero no alcanza con que el derecho esté escrito: hay que garantizarlo en la práctica”, agregó.Finalmente, volvió a plantear la necesidad de que Tandil sea cabecera de un nuevo Departamento Judicial, uno de los reclamos que también han llevado adelante desde diversos sectores del Poder Judicial.“En tiempos en los que el rol del Estado está en discusión, es fundamental recordar que solo desde un Estado presente y consciente de las necesidades de su gente se pueden garantizar herramientas como las que hoy reclamamos. El acceso a la justicia, especialmente para quienes más lo necesitan, no puede quedar librado al azar o al mercado. Es una responsabilidad indelegable del Estado”, subrayó el jefe comunal.

Para finalizar la presentación y dar lugar a la conferencia brindada por el doctor Soria, Fernández agradeció a una larga lista de colaboradores que hicieron posible la realización del encuentro que se extendió hasta el sábado, con la presencia de autoridades de los colegios profesionales de la Provincia, numerosos magistrados y funcionarios provenientes de todo el territorio bonaerense.

En el marco de novedades en torno a la toma en La Movediza, la Justicia resolvió en primer término que se abastezca de luz y agua a los vecinos del lugar, pero también convocó a una nueva mediación entre las partes y actores involucrados. De cara al futuro resta que los convocados confirmen su participación ya que, cabe mencionar, en ocupaciones anteriores –como la de barrio Palermo- la iniciativa también fue planteada pero el Municipio no asistió.

“Esta O.R.A.C. se encuentra dispuesta a colaborar e invitar a las partes a participar del procedimiento de resolución de conflictos penales e intentar abordar nuevamente la problemática surgida entre ambas”, dice la nota remitida tanto al fiscal Piotti como al Defensor Oficial Diego Araujo.

El texto se envió por disposición del Dr. Mariano Girollet, titular del Centro de Atención a la Víctima y de la mencionada ORAC, Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, que pertenecen a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul descentralizada Tandil.

En el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) N° 01-01-915-23 caratulada "Moauro Daniel Alberto s /Usurpación de inmueble", la ORAC señaló que si bien “oportunamente el Sr. Agente Fiscal interviniente remitió las actuaciones a la sede para intervenir en la IPP”, el mismo “no avanzó hacia un acuerdo atento el desistimiento formulado por la parte denunciante”.

Por tal motivo y “teniendo en cuenta las distintas medidas cautelares dictadas por el órgano jurisdiccional y las que eventualmente podrían dictarse en el futuro tal como el desalojo compulsivo de los moradores del predio denunciado como usurpado y que en el mismo existen menores y personas en riesgo tal como surge de la lectura de las actuaciones”, la Oficina se manifestó “dispuesta a contribuir en una solución al conflicto de autos”.

La habilitada por la ORAC es una instancia de mediación alternativa dispuesta en una causa que está a poco tiempo de cumplir un año y medio desde su comienzo. Cabe recordar, la ocupación en La Movediza inició en febrero de 2023. A la fecha, alrededor de 120 familias –lo que supone aproximadamente un centenar de niños – viven en el predio ubicado en calle Piccirilli al 1000.

Existió otra instancia de intercambio entre las partes, una mesa convocada a raíz de la activación del protocolo provincial para ocupaciones masivas. En ese espacio se avanzó con la posibilidad de que -con acompañamiento de Provincia- pueda llevarse a cabo un loteo del terreno, e incluso se dote al mismo de los servicios básicos. Sin embargo la propuesta finalmente no se concretó.

A principios de junio la Justicia ordenó el corte del abastecimiento eléctrico del lugar. La Usina realizó el operativo bajo un considerable despliegue policial durante la madrugada del jueves 6.

Los vecinos ocupantes manifestaron entonces la compleja situación que el corte de servicio les generaba a muchos con problemas de salud, incluido el posible vencimiento de medicamentos e insulinas por no contar con la refrigeración adecuada. Un vecino con comorbilidades falleció luego de que se complicase su estado, tras una dilatada internación. Por lo tanto desde el lugar solicitaron que se revea la imposibilidad de no innovar en las viviendas, para poder hacer frente a las bajas temperaturas.

Finalmente el miércoles 3 de julio se conoció una nueva resolución judicial que por disposición del titular del Juzgado de Garantías 1, José Alberto Moragas, estableció “modificar la medida cautelar de no innovar prorrogada por el plazo de 120 días a contar desde el 29 de junio de 2024”.

En paralelo a la determinación se convocó a la ORAC. Se trata de una instancia voluntaria, por lo que todavía resta saber si las partes accederán a asistir a la misma. En ocupaciones anteriores, como la ocurrida en barrio Palermo, también se llamó a la mediación. Sin embargo el Municipio de Tandil no participó. 

El fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, sostuvo que el robo de cables se registra principalmente en las dos ciudades más grandes de la jurisdicción, Tandil y Olavarría, por la cantidad de habitantes y el volumen de desarrollo económico que tiene cada una, pero alertó que se trata de una problemática que es común a otros distritos de la provincia y del país.

Bajo ese enfoque, y puntualizando la experiencia local, ratificó a El Eco Multimedios que hay una reunión prevista con las autoridades municipales para abordar un tema que ganó espacio en la agenda pública en las últimas semanas. La preocupación del Municipio, y de la Usina Popular, se basa en el incremento en los casos –en promedio, dos día- y en el perjuicio económico y en las dificultades para la prestación del servicio que genera. 

En diálogo con el ciclo radial “La Mañana de El Eco” (104.1 Tandil FM), el funcionario judicial trazó los lineamientos del trabajo de la Justicia y dijo, para llevar tranquilidad, que “estamos trabajando en el tema”.

Frente a este escenario, remarcó que en las dependencias judiciales hay cerca de medio centenar de expedientes vinculados al robo de cables desde que comenzó el año. Son todos casos individuales que se investigan de manera particular. De todos modos, no descartó que “si hay una sumatoria, un modus operandi y varias personas actuando, puede transformarse en una asociación ilícita”.

“Hay que tener en cuenta que hay un lineamiento y una forma de investigar estos temas, puede tardar un poco más o un poco menos, pero con garantías constitucionales debidas se puede investigar y alcanzar buenos resultados”, sentenció el fiscal general.

Un tema que preocupa

En primer término, el funcionario indicó que, en lo que va del año, hay más de 50 causas vinculadas al delito de robo de cables según lo informado por los fiscales con asiento en la ciudad, la mayoría de las cuales se encuentra en trámite.

“Es una temática que le preocupa a todos, a los vecinos, a la Usina, a las autoridades policiales y a nosotros también”, subrayó.

En detalle, informó que la policía desarrolla las correspondientes investigaciones a instancias de lo requerido por los fiscales y que algunas se encuentran “muy avanzadas”.

En ese sentido, y si bien evitó adelantar información sobre otros expedientes que se encuentran en proceso, mencionó el reciente allanamiento en una vivienda de Pizzorno al 600 en el cual la policía secuestró más de 300 kilos de cables de tendido telefónico que se encontraban en posesión de una persona, además tres millones de pesos argentinos y dos mil dólares.

Lineamientos 

Por otro lado, el fiscal general apuntó que las causas “no se solucionan de a una, sino a través de medidas en conjunto” que bajan de la dependencia que dirige hacia las unidades de fiscalía, “y esa es, por ley, nuestra función”.

Asimismo, reconoció que “nunca tuvimos una reunión específica con las autoridades municipales sobre este tema”, aunque tomó la preocupación que llegan desde distintos ámbitos frente a la problemática. “Tomamos medidas y se bajaron determinadas líneas”, por lo que “hay investigaciones en curso y algunas tuvieron resultado”, insistió.

De todos modos, planteó que todo ese sistema demanda su tiempo y que, en última instancia, “lo veremos a través de resultados específicos que tengan con aprehendidos, detenidos o condenas futuras”, completó.

En cuanto a los tiempos en los procesos, Sobrino aclaró que no existe un sistema para estimar el desarrollo de las investigaciones y explicó que depende muchas veces de las diligencias que se lleven adelante, que se encuentren elementos permitan definir “un hilo conductor” para llegar a quienes están detrás del delito, de peritajes o del Código Procesal Penal.

Además, son los jueces los que otorgan las medidas solicitadas por los fiscales a partir del material probatorio reunido para que los procedimientos tengan resultados positivos.

-¿Qué tipo de delito es?

-Entiendo que es un robo. El hurto es cuando no hay daño ni violencia a las personas. Un robo es cuando hay un daño. En este caso, tuvieron que cortar (cable), entonces hay robo.

-Si hay una posible derivación de la causa de la justicia ordinaria a la federal, considerando si se interrumpe un servicio público, ¿cómo se procede?

-Hay distintas posibilidades de la derivación de la competencia. Una es por el ámbito donde se desarrolla. Entonces, si es dentro de un ámbito federal, como la Base Aérea, por ejemplo, interviene la Justicia federal. Si se prueba que la característica es la interrupción de las comunicaciones podría derivarse.

-¿Puede llegar a agravar la pena?

-No, porque el Código Penal es el mismo para la competencia federal y provincial. Los mínimos y máximos que tendrá por el delito correspondiente serán los mismos para la competencia federal como provincial.

“Garantías individuales”

En otro pasaje de la entrevista, el fiscal general opinó que “elevaría las penas de muchísimos delitos”, pero que es algo que “nos excede y que tiene que ver con el Código Penal”.

Si bien reconoció que es una visión “mucho más dura”, no es simple implementar una modificación “porque tiene que tener una integralidad y coordinación de todo”.

Sobre los casos con sospechosos que son aprehendidos y liberados después, Sobrino explicó que en un delito, la policía procede a la aprehensión de una persona sospechada por un determinado delito. La ley marca que si se determina que la conducta es delictiva, “el fiscal tiene que indagarlo por determinado delito” y puede pedir también la detención. “El gran problema que tenemos es que algunos delitos son detenibles y otros excarcelables, entonces un juez ordena la detención, el defensor va a presentar una excarcelación y el juez en cinco días tiene que resolver la excarcelación”, planteó.

“Nos tenemos que poner de acuerdo hasta dónde llegan las garantías individuales y eso está en un Código prefijado. Existe el principio de legalidad que nos asegura a todos los ciudadanos, es una garantía constitucional, que la ley tiene que ser previa al hecho del proceso. No podemos aplicar una ley posterior, más grave, aunque nos guste”, concluyó el fiscal general.