Esta semana, probablemente el miércoles, Joaquín Mogaburu, el hasta ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, será reemplazado por Leonardo Szuchet, abogado penalista que ya ocupó un cargo en esa área de Gobierno durante la presidencia de Mauricio Macri.

Mogaburu era uno de los últimos hombres que integraban cargos de importancia en el Ministerio de Justicia durante la gestión del renunciado Mariano Cúneo Libarona. Había asumido el cargo hace solo tres meses, el 10 de diciembre, en reemplazo del exjuez Alberto Baños. Con la llegada de Szuchet se completarían los cambios introducidos por Mahiques tras la renuncia de su Cúneo Libarona.

Mogaburu era un funcionario de absoluta confianza del ex secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien a su vez reportaba dentro de las filas oficialistas al asesor Santiago Caputo. En tanto que Szuchet fue el jefe de gabinete del por entonces secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj, quien actualmente es titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

No se confirmó si también se va a concretar el cambio de sede del organismo, que hoy tiene funciona en el predio de la exESMA, y según trascendió se mudaría a un edificio en el barrio de San Telmo, más precisamente a Cochabamba 54, donde hasta principios de 2020 funcionó el disuelto Ministerio de la Mujer, creado en tiempos de Alberto Fernández y cerrado poco después de asumir por Javier Milei.

A través de un comunicado, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires expuso que a 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, “reafirma su compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país”.

La casa de estudios destacó que “desde la recuperación de la democracia en la Argentina, las políticas públicas de memoria, verdad y justicia se han construido como parte de un proceso arduo y colectivo, generando un significativo acumulado social e institucional, que hoy constituye un rasgo identitario de nuestra sociedad, reconocido a nivel internacional”.

En el mensaje publicado en su sitio oficial, reconoció que “en este recorrido, la lucha colectiva y sostenida de las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, los organismos de derechos humanos y los y las sobrevivientes se ha consolidado como un pilar ético y político indispensable para el fortalecimiento de la democracia”.

En tanto, la Unicen advirtió que “en la actualidad, se identifican dinámicas regresivas que remiten a la lógica instaurada en 1976: la deuda externa como instrumento de condicionamiento de las decisiones estatales, junto con procesos de transferencia de recursos desde los sectores sociales hacia el ámbito financiero. A esto se añade un sostenido deterioro de lo público y una restricción de las libertades democráticas, manifestada en la creciente judicialización de la política y en mecanismos de exclusión dirigidos hacia dirigentes que promovieron proyectos orientados al fortalecimiento de las políticas de memoria, verdad y justicia en la Argentina”.

Por lo tanto, consideró que “en este contexto, resulta necesario asumir una posición crítica frente a la reaparición de discursos negacionistas que relativizan el terrorismo de Estado, así como frente a los embates destructivos de la institucionalidad construida en materia de políticas públicas en esta materia. La universidad pública tiene, en este sentido, una responsabilidad indelegable de sostener una postura clara y fundamentada, basada en la producción de conocimiento  y en la evidencia histórica”.

En otro párrafo, la comunidad universitaria reivindicó que “los principios democráticos y los derechos humanos constituyen un eje rector de la acción institucional y los cimientos de una educación pública de calidad, indispensable para fortalecer el consenso social democrático y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y soberana”.

En ese sentido, sostuvo que las casas de estudio no sólo forman profesionales, “son ámbitos de producción de conocimientos, debate de ideas y construcción de valores que sostienen la vida democrática. Su función es, por definición, inseparable del compromiso con la memoria,  entendida no como una mera evocación del  pasado, sino como una herramienta activa para la construcción del presente y la proyección del futuro”.

Tras resaltar que la Unicen fue sede para los juicios de lesa humanidad y colaboró en la señalización de los centros clandestinos de detención, entre otras actividades articuladas con la comunidad. “Estos procesos no solo aportan a la reparación, sino que consolidan una democracia basada en la justicia y en la no repetición”, afirmaron y convocaron “a la comunidad en su conjunto, y a la universitaria en particular, a sostener estos principios, a participar activamente de los espacios de construcción colectiva y a reafirmar, en el presente, un horizonte común basado en la verdad, la justicia y la ampliación de derechos”.

Por Juan Manuel Artero y Marisol CórdobaA 50 años del 24 de marzo de 1976, la sociedad argentina puede saber gran parte de lo que ocurrió durante la dictadura cívico-militar: terrorismo de Estado, desapariciones, robo de bebés y la implementación de un plan económico que provocó una profunda desindustrialización del país mientras multiplicó por seis la deuda externa.

Y aunque muchos de los relatos sobre lo que pasó a partir del golpe suelen hacer foco en los grandes centros urbanos, en las ciudades más pequeñas e intermedias, la dictadura también sucedió.

Historias atravesadas por ausencias, treinta y siete personas desaparecidas, dos niños/as que deberían haber nacido en cautiverio y a los que aún se busca, personas secuestradas y torturadas, severas consecuencias en el plano económico e industrial, censura, miedo, indiferencia.

Desde las voces de vecinos sobrevivientes, testigos y protagonistas de aquella época, este especial de El Eco de Tandil busca acercarse a responder una pregunta: ¿Cómo se vivió la dictadura en Tandil?

El día que apagaron la luz 

El miércoles 24 de marzo de 1976, la cúpula militar local se presentó en la Municipalidad de Tandil y le pidió a Jorge Lester, el intendente que tres años atrás había asumido el poder comunal, que entregara el mando y se retirara junto a sus funcionarios. Ante lo inevitable, eligieron irse sin oponer resistencia. Esa mañana, como tantas otras, los niños concurrieron a las escuelas y los adultos a sus trabajos. Las maestras daban la noticia de que las clases se suspendían. “Vuelvan rápido a sus casas”, se escuchó en las aulas. La calle en silencio, los alumnos en silencio, la ciudad en silencio.El jueves 25 de marzo de 1976, El Eco de Tandil tituló en la portada “Sin resistencia algunacayó el gobierno de Isabel Perón”, junto a una imagen de Jorge Rafael Videla. En la secciónde noticias locales, informó que “El teniente coronel J.J. Zanatelli se hizo cargo de laComuna”. Más abajo, una fotografía del frente de la Municipalidad con “apenas un vehículo militar estacionado”. También se destacó el clima de tranquilidad que se vivió en el Palacio Comunal tras el ingreso militar.

A los pocos días del golpe, Zanatelli se institucionalizó como Intendente, cargo en el queestuvo hasta el 2 de julio de 1976, cuando fue relevado por el civil Adolfo FernándezTrinchero, gerente del Banco Comercial y figura representativa del gran empresariado local. En 1979, Zanatelli volvió a ocupar el sillón de Dufau, cargo que mantuvo hasta 1983 cuando, en la apertura democrática, ganó las elecciones el radical Américo Reynoso. Como sucedió en otros distritos, Julio José Zanatelli regresó a la Intendencia en 1991 tras ser electo por el pueblo. Su gestión fue ratificada dos veces en las urnas y gobernó la ciudad hasta principios de 2002, cuando renunció por problemas de salud.

Una pregunta resuena y horada el imaginario colectivo: ¿Hasta dónde llegó en Tandil la participación de los distintos sectores civiles y eclesiásticos en la dictadura?

“Pensábamos que era un golpe más”

Roberto Tassara, contador público y exRector de la Unicen, estaba en su departamento, a pocas cuadras de la universidad y del estudio contable donde trabajaba, cuando se enteró del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La noticia le llegó, como a la mayoría en ese tiempo, a través de la radio. No era la primera vez que vivía una interrupción institucional. Había atravesado, desde joven, distintos golpes de Estado en el país, lo que le dio un marco inicial para entender lo que estaba ocurriendo. En ese momento lo pensó como una continuidad: un nuevo golpe cívico-militar, como los anteriores.

Tras escuchar la noticia, salió a la calle. Caminó hasta el estudio donde trabajaba y desde allí se dirigieron a la sede de la Universidad Nacional del Centro, en pleno centro de la ciudad. Tassara era nodocente, se desempeñaba como director general de Presupuesto y además tenía una dedicación simple como docente. Al llegar, encontró que también allí se habían producido cambios: el rector había sido reemplazado por un interventor militar. El funcionamiento institucional comenzaba a reconfigurarse.

Con el paso de los días, comenzaron a aparecer señales perturbadoras. Una de ellas fue la visita de la familia de una excompañera de estudios, que había sido detenida en Benito Juárez sin que se supiera su paradero. Tassara y otros colegas intentaron averiguar qué había sucedido. Lograron entrevistarse con un militar que les confirmó que la joven estaba detenida en Sierra Chica. “La tenemos nosotros”, les dijo y agregó que la joven había sido inteligente en no mencionarlos porque en ninguno de sus papeles aparecían los nombres de los tres profesionales que habían ido a preguntar por ella. Caso contrario, el militar les espetó que debería haberlos llamado para “hablar”.

“Nos ratificó en el error de pensar que era todo similar a los golpes anteriores”, señaló. Aún no dimensionaban la magnitud del terrorismo de Estado ni la lógica de las desapariciones. “Hoy parece impensado, pero se sabía poco”, refirió.

Esa misma jornada, atravesado por la incertidumbre, tomó una decisión que le quedó grabada: al regresar a su departamento, reunió revistas, libros y materiales vinculados a la Unión Soviética -que había heredado de su padre comunista y que incluía información sobre ajedrez- y al pensamiento marxista, y los arrojó al incinerador del edificio. Fue un gesto de autoprotección, motivado por el temor a posibles represalias.

Como miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, fue convocado a formar parte de la Cotac, una comisión civil de asesoramiento al gobierno de facto, integrada por representantes de la Asociación de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, la Cámara Comercial e Industrial, la Sociedad Rural, la Asociación de Abogados, el Colegio de Médicos, el Centro Profesional de la Ingeniería, el Círculo de Veterinarios, el Colegio de Escribanos, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y dos miembros de las Fuerzas Armadas.

“En el 76, o quizás en el 77, por ser miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, me convocaron a participar de una reunión con representantes de otras instituciones. El objetivo era debatir cuestiones vinculadas con la ordenanza impositiva municipal, es decir, la que fija tasas, contribuciones y demás. Recuerdo haber asistido a una reunión; puede que hayan sido dos, pero no estoy seguro. Después dejé de ir, aunque creo que el espacio continuó funcionando. Lo que me llevó a tomar esa decisión fue que advertí que, de algún modo, se intentaba reemplazar al Concejo Deliberante: como si ciertos grupos sociales de Tandil pudiéramos definir, al menos en lo económico, el destino de la ciudad. Ante eso, decidí apartarme”. La Cotac funcionó por lo menos hasta 1977 y tuvo injerencia en el destino del matadero municipal, que terminó cerrando sus puertas, en tanto se puso en marcha uno privado.

Los libros como armas

El nombre de Alicia Martignoni está indefectiblemente ligado a la educación tandilense. Ejerció 40 años como docente, fue regente del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 10 y fundó en la década del 80 la Sala Abierta de Lectura. En diálogo con El Eco de Tandil recordó con nitidez el clima previo al golpe de Estado, no desde la sorpresa sino desde una certeza inquietante: la de haber sabido, incluso antes del 24 de marzo de 1976, que una etapa oscura se avecinaba.

“Yo estaba estudiando en Buenos Aires cuando cerraron la Facultad de Filosofía y Letras, durante el gobierno de Isabel. Ahí decidimos con mi marido venirnos a Tandil, casarnos y quedarnos. Teníamos miedo”, contó. Había avanzado buena parte de la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires, que luego terminaría en el Instituto San José. Pero el contexto ya era otro: compañeros que desaparecían, listas negras, allanamientos.

El día del golpe lo vivieron como tantos otros: trabajando, en silencio, aferrados a la radio. “Estábamos muy asustados. Sí, ese día estábamos por poco debajo de la cama, porque estábamos con mi marido, yo recién me había casado el 23 de enero del 76, y nosotros sí sabíamos que estaban desapareciendo compañeros ya desde hacía por lo menos un año, otros compañeros y compañeras que aún viven estaban presos por el accionar contra la llamada subversión y estaban desapareciendo muchos compañeros. A diferencia de lo que muchos dicen hoy, nosotros sabíamos que era una desgracia lo que venía”.

En 1976 proyectaban abrir un kiosco en la terminal de Tandil. Poco después, Alicia comenzaría a trabajar en el “Centro Educativo Complementario 801”, dentro de la rama de psicología. Pero la vida cotidiana se volvió un ejercicio de repliegue.

“Uno tiene lagunas de esos años. Nos cuidábamos mucho. Yo en el 77 tuve a mi hija mayor y me refugié en la vida familiar, en el barrio del hospital donde me crie. Era una forma de protegernos”. En su entorno familiar, el terror también se manifestaba en gestos concretos: “Agarraron muchos de mis libros y los enterraron en la casa de mi abuelo, por si acaso”.

En el ámbito educativo, la dictadura también dejó su marca. Alicia había participado en la elaboración de diseños curriculares en los años previos. “Después vino una depuración. Decían que había ‘ideologías extrañas’. Hasta Piaget era subversivo. Era una situación muy extraña, casi absurda. Lo que más recuerdo, ya hacia fines de los setenta y comienzos de los ochenta, eran esos decretos. Yo trabajaba en el gabinete de una escuela y en ese contexto apareció un decreto del ministro Bruera, que era el ministro de Educación de la dictadura —no recuerdo si era militar o civil—, que prohibía pedir libros en las escuelas. Con el grupo de mujeres que después fundamos la Sala Abierta de Lectura estábamos muy unidas en ese momento y estábamos verdaderamente escandalizadas. Trabajábamos juntas en la Escuela 14, sobre avenida Rivadavia, y ahí mismo armamos una biblioteca, porque esa era nuestra obsesión: que los chicos tuvieran acceso a libros. Una de las cosas que más nos impactaba era que en muchas escuelas había libros de la década del sesenta, completamente desactualizados. Por eso, que nos dijeran que no se podían pedir libros lo vivimos como una afrenta. Recuerdo que Adela Castronovo solía decir que era absurdo que se insistiera con la obligatoriedad del delantal, pero no con algo esencial: ir a la escuela con libros, que es justamente para lo que se va a estudiar", detalló.

Esa prohibición, lejos de inmovilizarlas, generó una reacción. Junto a otras docentes, impulsó la creación de bibliotecas escolares y, más adelante, proyectos como el Club de Narradores y la Sala Abierta de Lectura.

Con la llegada de la democracia, esos proyectos crecieron. Pero insistió en que muchas de esas iniciativas nacieron en los márgenes, incluso en plena dictadura, como formas de resistencia cultural.

Para ella, la memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino una tarea permanente. “Analizando los datos, contando lo que pasó, mucha gente vuelve a pensar. Yo tengo fe en eso”.

La dictadura desde los medios 

“Soy Néstor Dipaola y ya para ese entonces, el 24 de marzo del 76, yo estaba trabajando en este diario, El Eco de Tandil, desde ocho años atrás”, comenzó la entrevista el entrañable periodista y escritor. También recordó que se desempeñaba en la universidad, donde había sido nombrado a fines de 1975 tras un concurso público. El golpe lo sorprendió trabajando en ambos ámbitos.

Recordó que aquella mañana se encontraba en la universidad y que, en un momento, decidió acercarse al “Bar Ideal”, un espacio de encuentro de la dirigencia política local. “Y bueno, por supuesto, caras largas”, describió. Señaló que entre los presentes había posiciones diversas, incluso algunas favorables al golpe.

En relación con su trabajo periodístico, en esos años se desempeñaba en la sección Deportes, por lo que no tenía una participación directa en la cobertura política del diario. Aun así, percibía el clima general dentro de la redacción: “También pasaba lo mismo en El Eco, en la redacción”.

Con el correr del tiempo, la censura se volvió evidente. “Muy rápidamente nos dimos cuenta de que había una censura encubierta y a veces no tan encubierta”. En ese contexto, decidió permanecer en la sección Deportes para poder seguir escribiendo y opinando, algo que en otras áreas estaba vedado, y pidió que lo dejaran en Deportes justamente por eso.

Relató dos episodios que, según su experiencia, evidenciaron de manera directa el funcionamiento de la censura. El primero ocurrió hacia 1977, durante la organización de un desfile militar en Tandil. Tras una conferencia de prensa, un coronel dio una orden explícita: “Y quiero ver mañana en las páginas de los diarios por lo menos una página o dos completas sobre esta información. Y quiero ver fotos, fotos bien grandes”.

El segundo episodio se vinculó con la cobertura del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel. A través de los teletipos de la agencia oficial “Télam”, llegó una directiva clara: “Se recomienda a los señores editorialistas brindar escasa importancia a esta información”. Este tipo de indicaciones eran frecuentes.

No es un detalle menor que Juan Manuel Calvo, entonces director de El Eco de Tandil, tendría dos hijas desaparecidas, pero Dipaola expuso que “jamás se publicó ni como información ni como nada en las páginas del diario”.

Sobre el clima social, señaló que la magnitud del terrorismo de Estado no era conocida en su totalidad durante esos años. Aun así, percibía que ocurrían hechos graves. “Uno se daba cuenta que había algo, no malo, malísimo, horrible”, indicó, aunque sin dimensionar la cantidad de víctimas.

También recordó particularmente la visita de Jorge Rafael Videla a la ciudad y la reacción de parte de la población. “Había bastante gente y la mitad, o tal vez un poco más de la mitad, aplaudiendo a gritos, aprobando el gobierno de Videla”.

Finalmente, destacó el retorno de la democracia como uno de los momentos más significativos de su carrera. Recordó especialmente el clima político y el intercambio en el “Bar Ideal”, donde encontraba insumos para sus columnas periodísticas. Ese período marcó un contraste fuerte con los años anteriores; fue una etapa de intensa participación y libertad para expresarse.

“Una mirada laxa”

Julio Elichiribehety, dirigente de la UCR local, reconstruyó sus recuerdos desde una experiencia atravesada por la juventud, la distancia inicial con la política y una comprensión que, según contó, se fue profundizando con el paso del tiempo. Tenía poco más de veinte años y aún no había votado. “Yo tenía 20 años, había cumplido los 21. No militaba en política y ni siquiera había votado todavía. Voté por primera vez a los 29 años”, recordó, circunstancia que refleja la inestabilidad institucional de aquellas décadas.

Aquel día, dijo, lo sorprendió en un contexto que ya anticipaba una ruptura institucional. “Había un clima previo, una percepción de que podía haber algún tipo de interrupción institucional, de golpe de Estado, de un gobierno que estaba como jaqueado”, expresó. En su mirada retrospectiva, insistió en que estos procesos no fueron hechos aislados: “Los golpes de Estado no son producto de un hecho mesiánico, sino que son planificados, pensados, y han tenido adhesión de sectores de la sociedad”.

En relación con Tandil, que por entonces contaba con poco más de 70 mil habitantes, describió una ciudad con un clima particular. “No es que no pasaba nada, pero había una mirada un tanto laxa sobre los temas”, sostuvo. Recordó, por ejemplo, la desaparición de vecinos conocidos como hechos que circulaban en voz baja: “Era todo como un comentario: ‘¿qué pasó?, ¿se lo llevaron?’, pero no había movilizaciones ni manifestaciones”.

Para Elichiribehety, durante los primeros años de la dictadura predominó una especie de silencio social. “Había como una demanda subterránea, por debajo de la media”, explicó. En ese sentido, coincidió parcialmente con la idea de que en ciudades del interior “parecía que no sucedía nada”, aunque aclaró: “No digo que no pasaba nada, digo que pasaba, pero no había emergentes de sectores movilizándose”. Y también remarcó que los abogados Victorino y Juan Carlos Pugliese (h), Pedersoli y Gutiérrez se animaron a presentar hábeas corpus para conocer el destino de las personas secuestradas.

El punto de inflexión en su vida política llegó con la recuperación democrática y la figura de Raúl Alfonsín. “A mí me seduce definitivamente Alfonsín. Soy de los que llegan a militar y a afiliarse al radicalismo por su figura”, afirmó. 

Ya en democracia, su participación en organismos de derechos humanos lo llevó a involucrarse en discusiones locales sobre el pasado reciente. En ese marco, también reflexionó sobre la vida política de Tandil y ciertas continuidades. Sobre la figura de Julio Zanatelli, señaló que no tuvo un vínculo directo, aunque sí diferencias ideológicas. Y aportó una mirada crítica sobre la recepción social de dirigentes vinculados al orden autoritario: “Bussi (represor y exgobernador de Tucumán) vino a una asunción en Tandil y no tuvo un repudio fuerte. No digo que pasó desapercibido, pero tampoco hubo un escrache”.

Estos elementos permiten pensar rasgos persistentes en la cultura política local. “Eso refleja un perfil, lo que algunos llaman el votante del orden”, analizó.

El impacto en la industria

En 1974, Enrique Lalloz empezó a consolidar una trayectoria en la industria local. Ingeniero metalúrgico, se desempeñó durante más de 30 años en Metalúrgica Tandil, donde llegó a ser gerente. Su recuerdo de aquellos años no se centra en un hecho puntual, sino en un proceso que, con el tiempo, marcaría un quiebre profundo en la actividad productiva local.

“En el año 76 yo ya tenía experiencia en metalúrgica, estaba escalando posiciones. Al ser profesional y tener años de trabajo, uno empieza a tomar contacto con las partes directivas de la empresa”, contó. Desde ese lugar, vivió en primera línea los cambios que comenzaron a desplegarse tras el golpe. “Cuando uno analiza los períodos posteriores a 1976, es otro país, otra industria, otra mentalidad”, planteó. Y fue directo al impacto: “Todo lo que vino después fue realmente lapidario para la actividad industrial y para el país”.

Lalloz recordó el peso que tenía entonces “Metalúrgica Tandil” en el entramado productivo. “Era una empresa emblemática, no solo a nivel nacional sino regional. Trabajábamos para todas las automotrices: General Motors, Mercedes-Benz, Renault, Fiat. Era un volumen muy alto de producción”, enumeró. Y agregó: “Prácticamente se podía fabricar un motor entero en Tandil”.

Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar rápidamente. “En el año 78, con la política económica de Martínez de Hoz, empezó una desindustrialización muy fuerte”, afirmó. En ese sentido, cuestionó la apertura de importaciones: “Se abrió la importación masiva e indiscriminada y muchas actividades empezaron a sucumbir”.

El impacto fue inmediato en la empresa. “Cayó el 30 por ciento de la producción de Metalúrgica Tandil por dejar de fabricar piezas para General Motors. Eso para cualquier industria es un golpe muy fuerte”, explicó.

A la par, describió un cambio de clima en torno a la industria nacional. “Se empezó a denostar el equipamiento, la tecnología, se instaló la idea de que el país no estaba para eso”, señaló. Y marcó una contradicción de época: “Por un lado se criticaban los autos nacionales, pero las fuerzas de seguridad usaban los Ford Falcon, tristemente famosos”.

El deterioro no fue solo productivo. “Fue una etapa muy dura, muy severa, de desindustrialización”, insistió. Y lo vinculó con consecuencias sociales: “Metalúrgica también sufrió pérdidas humanas, desapariciones de personas. Es muy conmocionante ver que alguien desaparece del ámbito laboral y nunca más se sabe de él”.

La consecuencia, con el paso de los años, fue visible en la ciudad. “Hoy ves galpones abandonados, actividad caída. Antes podíamos fabricar un motor entero y hoy no podemos hacer un bloc”, comparó. “Metalúrgica Tandil” cerró definitivamente en 2018.

También puso números a ese deterioro. “Cuando ingresé había unos 1.100 trabajadores. Después bajó a 800, a 600, y así fue cayendo hasta cifras mucho más bajas”, detalló. A modo de balance, dejó una reflexión crítica: “No ha sido una etapa buena para recordar y pareciera que no nos ha servido de aprendizaje. Es una y otra vez repetir los mismos errores. Es muy impactante ver la diferencia entre lo que fuimos capaces de hacer y lo que quedó”, concluyó.

La vida en los barrios

Desde el barrio Obrero —también conocido como barrio General Belgrano— Adriana Palacio y Juan de Dios González reconstruyeron sus memorias del 24 de marzo de 1976 y de los años que siguieron, atravesados por el miedo, la incertidumbre y la vida cotidiana alterada.

Adriana evocó una escena precisa de ese día, cuando era adolescente y salía rumbo a la escuela. “Salí de casa como todas las mañanas para ir a la Polivalente, en 9 de Julio. Fui a buscar a mi prima y cuando llegamos no andaba nadie. Estaba todo desierto”, recordó. La imagen que siguió quedó grabada con nitidez: “Había dos soldados con armas largas que no nos dejaban pasar. ‘Hoy no hay clase’, nos dijeron. Y vos no te atrevías a decir nada más. Yo le miraba la cara y la tengo como si hubiera pasado ayer”.

Juan de Dios situó ese día como parte de un proceso más amplio. “Fue el corolario de una serie de situaciones que se venían viviendo desde antes. Es como que se institucionalizó lo que ya pasaba en las sombras”, explicó. En ese clima, los indicios ya estaban: “Sabíamos de allanamientos en casas de gente conocida, de gente laburante. Y las generaciones mayores te decían: ‘tengan cuidado, entierren los libros’”.

El miedo atravesaba la vida cotidiana, incluso sin comprender del todo lo que ocurría. “Éramos pibes y no teníamos la información que hay hoy. De repente escuchabas cosas y después esos vecinos no estaban más. La casa con un cartel de venta. Una incertidumbre en el cuerpo, horrible”, relató Adriana.

La vida en el barrio, marcado por su identidad trabajadora, también se vio golpeada. “Todos atravesados por gremios: mi papá municipal, al lado un metalúrgico. Y el miedo, porque te enterabas que entraban a las casas, que allanaban”, contó.

Juan de Dios agregó: “Ellos tenían que derribar toda forma de organización de base. Los gremios fueron intervenidos. Y eso iba debilitando todo, porque en las fábricas aparecían personas que no representaban a los trabajadores”. En las calles, la presencia militar era constante. “Tandil tenía mucho más asentamiento militar del que creíamos. Salían fuerzas de todos lados”, dijo.

La experiencia del miedo también se expresó en episodios concretos. Adriana recordó una noche en un local bailable: “Se prendieron todas las luces y entró la Policía. Nos llevaron a todos en un camión celular. Estuvimos toda la noche en la comisaría. Éramos menores. Una cosa espantosa”.

En ese contexto, las decisiones familiares también cambiaban la vida. “Mi papá me sacó de la escuela por miedo. No me explicaba mucho, pero algo sabía. Y tuve que empezar de nuevo en otra escuela nocturna”, contó.

Sobre la percepción de lo que realmente ocurría, Adriana fue clara: “Yo no sabía. Sabía lo que vivía, pero nunca imaginé lo que estaba pasando en Tandil”. Juan de Dios, en cambio, tuvo un contacto más directo con la represión: “En mi casa hubo allanamientos, incluso antes del golpe. Ahí empezás a darte cuenta de lo que pasa. Nada de esto fue improvisado”.

En esa trama colectiva aparece una historia que ambos destacan como símbolo: la protección del busto de Eva Perón en la plaza del barrio. “Siempre se lo llevaban en cada dictadura. Y nosotros pensábamos que se lo había llevado la Policía pero no, lo tenían los vecinos”, contó Adriana.

Juan de Dios completó: “Lo guardaban en sus casas, en un placard, en un altillo. Y después lo volvían a poner. Siempre. El barrio lo resguardó en cada dictadura”. Ese gesto, repetido en el tiempo, sintetiza para ambos una forma de resistencia silenciosa. “Hoy todavía se hacen homenajes todos los 26 de julio en la plaza. Y va el barrio, y va gente de toda la ciudad”, compartieron.

Huecos imposibles de llenar

El 24 de marzo de 1976, La Plata amaneció bajo un clima que ya no era sorpresa para quienes militaban. Para Petra Marzocca, trabajadora de la salud e integrante de espacios vinculados a la organización de base y la Juventud Peronista, el golpe de Estado fue la confirmación de una escalada represiva que llevaba tiempo en marcha.

“Ya había secuestros, desapariciones. Los controles eran parte de la vida cotidiana”, refirió. Esa mañana, como otras, el grupo al que pertenecía había acordado un punto de encuentro: el mercado. No había saludos ni conversaciones. Solo miradas. “Nos reconocíamos sin hablarnos. Así sabíamos si estábamos todas o si faltaba alguien”. Ninguna de sus compañeras del área de salud sobreviviría.

En octubre de 1976 Petra pudo salir de La Plata y se radicó en Río Negro, provincia que la cobijó varios años. Recién en 1984, ya en democracia, pudo empezar a reconstruir lo que había ocurrido con su familia. Sus dos hermanos, Ángel y Mario, y su cuñada, fueron desaparecidos entre 1977 y 1978 en el conurbano bonaerense.

Las investigaciones posteriores, junto a organismos y equipos forenses, permitieron establecer posibles destinos: Campo de Mayo y la ESMA aparecen como hipótesis con base en patrones represivos de la época.

Pero las certezas son pocas. “No sabemos exactamente dónde los desaparecieron. Eso es lo que deja el terrorismo de Estado: huecos imposibles de llenar”. Cuando volvió a Tandil, el contraste fue brutal. “Era como hablar otro idioma”, dijo sobre sus primeros encuentros con conocidos. Mientras ella traía una experiencia atravesada por la persecución y la pérdida, gran parte de la sociedad sostenía que “acá no había pasado nada”.

Ese negacionismo social —no necesariamente ideológico, sino también producto del miedo y el aislamiento informativo— marcó sus primeros años. El punto de quiebre llegó con las movilizaciones contra los levantamientos militares de los años ochenta. “Ahí encontré otro Tandil. Gente que sabía, que había resistido”. También fue clave el encuentro con referentes de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel, que ayudaron a tejer redes y reconstruir memorias.

En 1996, a 20 años del golpe, Petra fue parte de la creación de “Memoria por la Vida en Democracia”, un espacio multisectorial que buscó visibilizar lo ocurrido en la ciudad. “Las sociedades necesitan tiempo para procesar. Acá ese tiempo fue más o menos de dos décadas”, reflexionó.

La primera marcha —del Dique al centro— marcó un antes y un después. Allí se denunciaron públicamente los centros clandestinos de detención locales y se pusieron nombres propios a las víctimas. Pero la reacción no tardó: amenazas, pintadas, seguimiento. “La inteligencia seguía funcionando. Nos llamaban y daban datos de nuestras familias”.

Aun así, avanzaron. Una de las acciones más significativas fue la publicación en los diarios locales de las fotos y datos de personas desaparecidas de Tandil. “Era para que la gente se encontrara con eso en la vida cotidiana. Muchos decían: ‘yo no sabía’”.

A cinco décadas del golpe, su reflexión no se limita al pasado. “La historia hay que contarla para entender el territorio, con sus grises y sus contradicciones”, afirmó. En su voz conviven la experiencia personal, la militancia y la reconstrucción colectiva. Como aquel 24 de marzo en La Plata, donde el silencio decía más que las palabras, su testimonio sigue señalando ausencias y la necesidad persistente de nombrarlas.

“Yo sé que ese bebé nació y en algún lado está”

Cecilia Traficante no pudo recordar con precisión el 24 de marzo de 1976. Tenía 16 años y vivía en un pueblo chico, Benito Juárez. Sus primeros registros nítidos llegan después: calles con presencia militar constante, hombres armados en cada cuadra, una sensación de miedo que se volvió paisaje cotidiano. Pero su memoria se vuelve precisa y dolorosamente clara a partir de 1977, cuando su hermana María Hebe fue secuestrada.

María Hebe, de 24 años, y su compañero, Carlos Martínez, fueron secuestrados a fines de junio de ese año en Tandil. Se los llevaron del “Hotel Turista”, en 14 de Julio al 60, donde vivían por su trabajo. Habían estado pocos días antes en la casa familiar.

La reconstrucción de lo ocurrido llegó a través de testigos. “Pararon tres autos negros, bajaron unas diez personas armadas. Mostraron una credencial, preguntaron por ellos. La dueña del hotel no quería decir nada, pero la amenazaron con su hijo. Subieron y se los llevaron a la fuerza. Nunca más supimos nada”.

La noticia del secuestro llegó tres días después. Cecilia recuerda con exactitud ese momento: estaba atándose los cordones para ir al colegio cuando vio llegar al padre de Carlos, que vivía en Córdoba. “Ahí les contó a mis papás que se habían llevado a los chicos. Fue la primera vez que vi llorar a mi papá”.

Desde entonces, la casa quedó atravesada por el silencio. “Mi mamá no hablaba. Recordaba cosas lindas de cuando ella estaba, pero del tema no se hablaba. Todo lo hizo mi papá: denuncias, gestiones, lo que se podía. En Juárez ningún abogado quiso ayudar. Tuvieron que buscar en Tandil”.

La desaparición no solo implicó la ausencia, sino también una vida cotidiana fracturada. “Yo iba al colegio y era como tener un secreto. Para todos era un día normal, pero para mí no. Nadie preguntaba. No sé si por miedo o por desinterés”.

Con los años, apareció otro dato que reconfiguró el dolor: María Hebe estaba embarazada de cuatro meses al momento del secuestro. La familia lo supo tiempo después, a partir del testimonio de una prima de Carlos.

“Fue una mezcla de todo: miedo, esperanza, angustia. Pero también fue algo que a mis papás les dio alegría. Decían ‘nos dejó algo’”. A partir de entonces comenzó otra búsqueda: la del nieto o nieta nacido en cautiverio.

La familia realizó estudios de ADN y aportó muestras al “Equipo Argentino de Antropología Forense”. Nunca hubo resultados concluyentes, pero la espera continúa. “Seguimos esperando. Yo sé que ese bebé nació y en algún lado está”.

Cecilia sigue vinculada a los espacios de memoria, participa cuando puede y mantiene activa la búsqueda. Incluso en lo cotidiano: “Yo todos los días busco. Leo historias, nombres. Así encontré gente que la conoció, que militó con ella. Es lindo escuchar esas cosas, porque es una forma de volver a encontrarla”.

Cuando recuerda a su hermana, aparecen escenas simples: su llegada a la casa, su ropa, sus gestos. “Era libre, solidaria, muy inteligente. No le importaba lo material. Era una buena persona”. A casi cinco décadas, la ausencia sigue siendo una presencia constante. La mesa familiar guarda una imagen imborrable: la primera Navidad después de la desaparición. “Le pusimos el plato. La esperamos. No vino”.

Sin embargo, hay algo que no se perdió: la esperanza. “Yo sigo creyendo que ese bebé está en algún lugar. Y lo seguimos esperando”.

Y nosotros apenas sobreviviendo

La historia de Walter Fernández, fundador de Granja Los Pibes, se entrelaza con la de toda una generación marcada por la militancia política, la represión y la violencia de la última dictadura. Su testimonio recorre desde la juventud en Tandil hasta su secuestro, las torturas y la reconstrucción de una vida atravesada por la memoria.

Fernández creció en la zona de 14 de Julio y Constitución, un barrio donde compartía la infancia con amigos que, años más tarde, también quedarían alcanzados por la represión. “Yo digo hoy, era una zona liberada”, afirmó. Allí, entre juegos en la plaza Moreno y la escuela, comenzaron a gestarse las primeras inquietudes políticas.

“Poníamos un disco de Arcoíris, de Sui Generis, y hablábamos de política”, recordó sobre aquellas reuniones juveniles, atravesadas por el contexto latinoamericano, la música y los debates de la época. Ese proceso derivó en la militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), vinculada a Montoneros. 

En 1975, en un clima de creciente violencia, la organización decidió el pase a la clandestinidad. Fernández se casó con Mabel, su compañera, y se trasladó a La Plata junto a otros militantes. “Ya no era que ibas a estudiar: éramos combatientes. No éramos boy scouts, queríamos el poder porque queríamos una Argentina que fuera viable”, explicó.

El golpe del 24 de marzo de 1976 los sorprendió allí. Poco después, quedaron desconectados de la organización y debieron sobrevivir en condiciones extremas. El desgaste acumulado llevó a una decisión clave. “En enero del ‘77 yo ya estaba podrido. Fue mala mía. Le dije a mi mujer que nos volvíamos a Tandil”, contó. Sin saber qué había ocurrido con muchos de sus compañeros, regresó y consiguió trabajo en una fábrica. Lo detuvieron en la zona de Villa Italia y lo llevaron a la Comisaría Primera.

Los interrogatorios y traslados clandestinos comenzaron de inmediato. “Nos sacaron de las celdas encapuchados y nos llevaron al fondo. Dos días después hicieron lo mismo, pero nos pusieron una capucha tabicada, nos cargaron a un baúl y nos llevaron a otro lugar. Sesión de tortura”, describió.

Para entonces, ya tenía noticias del destino de algunos de sus amigos. “A esa altura yo ya sabía que al Diente y a Gustavo los habían matado en Bahía Blanca, y que Marocchi había desaparecido en Mar del Plata”.

Un episodio clave para su supervivencia ocurrió a partir de una presentación judicial. “El juez Pagliere vino a la comisaría y dejó asentado que estábamos nosotros y que estábamos a disposición militar. Eso fue lo que nos salvó la vida”, afirmó. Sin embargo, aclaró que nunca estuvo formalmente detenido: “Siempre estuve secuestrado, nunca me blanquearon”.

Tras pasar por el centro clandestino conocido como “La Huerta”, donde permaneció cerca de tres meses -y recibía visitas, según su testimonio, del sacerdote Baretto-, fue trasladado a una unidad penitenciaria. “Recién 40 días después le avisaron a mi señora dónde estaba yo. Ahí los militares habían dicho ‘a este no lo boleteamos’”, explicó.

Fernández recuperó la libertad en 1978. El regreso no fue sencillo: el miedo persistía y la vida cotidiana estaba atravesada por la desconfianza. “No me animaba a andar solo”, dijo. Trabajaba en la peletería Kafka, al fondo de Aeronáutica Argentina y su madre y su esposa lo iban a buscar en colectivo.

El regreso al barrio tampoco fue como lo había imaginado. “No esperaba una alfombra roja, pero los vecinos no me saludaban y tampoco a mi vieja o a mi abuela”, relató. Esa experiencia lo llevó a una reflexión más amplia: “Creo que fue lo que pasó con el país, una parte de la sociedad estuvo de acuerdo con lo que pasó”.

Su primera declaración judicial fue en 1984. Además, declaró en el juicio por el asesinato del abogado Carlos Moreno y en la causa La Huerta.

La ausencia de sus amigos marcó profundamente ese regreso. “Nos despedimos con un abrazo porque nos íbamos a cambiar el mundo y a algunos los trajeron en una cajita, otros no volvieron”, cerró con visible emoción.

Los juicios y la búsqueda de la verdad

En el año 2012 se realizó en la ciudad el juicio por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. Fueron condenados los cinco acusados, entre ellos dos civiles: los hermanos Emilio y Julio Méndez. Ambos fueron absueltos en un fallo posterior. Emilio murió en 2023, sin conocer la definición procesal final de la Justicia.

En 2025 culminó el juicio La Huerta, donde se juzgaron gran parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la región. De los 35 acusados, la Justicia condenó a ocho y absolvió a los otros 27. Las querellas apelaron esta decisión.

A 50 años del golpe de Estado, las familias y organismos de derechos humanos continúan buscando saber qué pasó con los desaparecidos de Tandil, y en particular por el destino de dos bebés que debieron haber nacido en cautiverio. Uno, el hijo de María Hebe Traficante y Carlos Martínez, que tendría que haber nacido entre noviembre y diciembre de 1977. Otro, el hijo de Haydée Susana Valor y Omar Marocchi, que tendría que haber nacido entre marzo y abril de 1977.

En las aulas, en los clubes y en las plazas, Tandil sigue haciendo memoria.

FuentesArchivo del diario El Eco de TandilArchivo diario Nueva Era de la hemeroteca de la Biblioteca RivadaviaArchivo Memoria por la Vida en DemocraciaPágina Desaparicion Maria Hebe Traficante Y Carlos MartinezArchivo Provincial de la MemoriaHuellas de la MemoriaFaro de la Memoria

Tandil Bicentenario (De aldea a ciudad) - Unicen - 2023Los trabajadores argentinos y la última dictadura - Daniel Dicósimo - Unicen - 2018Recuerdos de vecinos y vecinas de Tandil

RealizaciónMarisol CórdobaJuan Manuel Artero

Con los organismos de derechos humanos a la cabeza, este martes se realizará una movilización en Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. La jornada tendrá una simbología especial en esta oportunidad, ya que se cumplen 50 años del inicio del quiebre institucional. En este marco, se llevarán a cabo manifestaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La convocatoria principal tendrá lugar frente a la Casa Rosada. A las 16.30 se desarrollará el acto central, que contará con la presencia de referentes históricos como "Taty" Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto. Se prevé que los discursos sobre el escenario mantengan un tono crítico hacia la gestión del presidente Javier Milei y su posicionamiento respecto a las políticas de derechos humanos.

Diversas organizaciones políticas y gremiales convocaron a concentrar desde el mediodía en las inmediaciones de la plaza. La agrupación La Cámpora iniciará su habitual caminata desde la ex ESMA, en el barrio de Núñez, a partir de las nueve, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En la previa de la jornada, las Abuelas de Plaza de Mayo impulsaron la campaña "Florecerán pañuelos". La iniciativa invitó a intervenir los pañuelos blancos con bordados, dibujos y flores "para que florezcan historias en todos los rincones del país". Asimismo, durante el fin de semana se realizó el Festival Feria y Memoria en el predio de la ex ESMA, con disertaciones y música en vivo.

Por su parte, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) citó a sus afiliados a las 14 en el cruce de Diagonal Sur y Bolívar. “Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central obrera a través de un comunicado oficial. En tanto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) también confirmó su participación de forma independiente junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.

A 50 años del 24 de marzo de 1976, Tandil volverá a marchar por memoria, verdad y justicia, así como también para saber dónde están los desaparecidos oriundos de la ciudad. Dos serán las actividades principales: la vigilia del lunes 23 de marzo, y la marcha del martes 24, que partirá del Murallón del Dique y culminará en la Plaza Independencia.

En conferencia de prensa, organizaciones de derechos humanos, familiares de desaparecidos, representantes de la Unicen, y otras entidades convocaron a la ciudadanía en general a participar de las diferentes propuestas que se extenderán a lo largo de todo marzo, como la pintada de pañuelos en la plaza, presentaciones, obras de teatro y otras.

La marcha principal tendrá como punto de partida el murallón del Lago del Fuerte para recordar a la convocatoria realizada 30 años atrás, en 1996, desde la cual surgió Memoria por la Vida en Democracia.

“Va a ser una marcha emulando la que hicimos hace 30 años, desde el Dique hasta el centro,  que fue una movida tan importante y hubo tanta convocatoria. A partir de ese movimiento tan importante, hubo un grupo de personas que decidieron formar un organismo de derechos humanos ya permanente en Tandil”, contaron desde la organización. La recorrida incluirá el paso por espacios emblemáticos, desde centros clandestinos de detención –como la Comisaría 1era-, y escuelas a las que asistieron desaparecidos de la ciudad.

Tanto de la vigilia como de la marcha contarán con la presentación de grupos musicales y artísticos. En la noche del 23 se presentarán el Dúo La Trova, La Sepa Bo’ y Flor de Murga, además de que se leerán relatos del concurso literario “La identidad siempre florece”.

La marcha del 24 saldrá del murallón y llegará a la Plaza Independencia pasando por Avellaneda y Libertad, la Comisaría 1era, el Colegio San José, la Escuela Primaria N°1 y el monumento a los desaparecidos.

En el camino intervendrán murgas y comparsas como el Rejunte Murguero y Candombe del Encuentro para culminar en el escenario principal de la Plaza Independencia, donde cerrará Taba Re Cargosa.

Desde Memoria por la Vida en Democracia y las organizaciones que participaron de la conferencia de prensa destacaron la buena recepción al debate que registraron en sus actividades en el último tiempo. En particular con jóvenes estudiantes de escuelas secundarias, ingresantes a carreras universitarias y vecinos de barrios periféricos.

“Sobre todo en educación aparece como una conciencia, contrariamente a lo que leemos en esta coyuntura tan compleja, como una conciencia en las generaciones jóvenes de que se están vulnerando sus derechos y que hay similitud con el 76’”, expresaron, haciendo referencia al contraste con discursos públicos que vinculan a la juventud con miradas negacionistas o desinteresadas.

Anahí Marocchi, hermana del detenido desaparecido Omar Alejandro Marocchi y cuñada de Haydée Susana Valor (embarazada al momento de su secuestro), tomó la palabra durante la conferencia de prensa para manifestar una consideración con respecto a trascendidos que surgieron en el último tiempo sobre la posibilidad de indultar a los condenados por delitos de lesa humanidad.

“Cuando se hace referencia a las políticas negacionistas de este gobierno, por ejemplo, sabemos que una de las cosas que se ha tratado de buscar es el indulto de los represores”, sostuvo. “Pero yo no sé el día, no sé la hora, no sé dónde está mi hermano”, agregó.“Me parece que hay que recordar que esos represores, los que siguen con vida, por los que están pidiendo su indulto algunos sectores importantes del gobierno, esas personas continúan delinquiendo cada día, cada mañana que se levantan, porque no nos dicen qué hicieron con los restos de nuestros familiares. Es un delito constante que nos hacen sufrir, y que buscó eso. Buscó provocarnos sufrimiento para transmitir a la sociedad toda esta idea y provocar el terror”, concluyó.

Sábado 21 de marzo

15:30 a 18hs. Plaza Independencia.Pintada de pañuelos junto a centros de estudiantes secundarios de TandilRonda de bordado “El paisaje de la memoria colectiva”

18hs.Veredear por la memoria. Feria, muestra de libros, poesía y música.Biblioteca Salceda

Lunes 23 de marzo

16 hs.Sede de ATEIntervención de carteles y pañuelos.

22 a 00hs.VigiliaMonumento a los desaparecidos de la Plaza independencia

Martes 24 de marzo17 hs.Concentración en el murallón del Lago del Fuerte y marcha a la Plaza Independencia, pasando por lugares emblemáticos. Bandas y lectura de relatos en vivo.

Viernes 27 de marzo17hs.Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 10. Belgrano 1610.Plantamos memoria: historias de un pasado presentePresentación del sitio web “Historia y memoria en Tandil”

Viernes 27 de marzo22 y 23 hs.Constitución 271Presentación de “Falcon verde”, el segundo capítulo de la obra Diario de Plaza Moreno, la plaza en escena.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Área de Derechos Humanos de la UNICEN, en conjunto con Jefatura Distrital de Educación y en el contexto del proyecto @escuelasconmemoria.tandil, llevó adelante la actividad “Sembrar memoria: jóvenes que hacen florecer el futuro”, una jornada participativa en torno al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De la propuesta participaron referentes institucionales, estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, equipos educativos y alumnos de distintas escuelas del distrito, quienes compartieron un espacio de construcción colectiva centrado en la memoria y los derechos humanos.

La actividad comenzó con una bienvenida institucional y la presentación de las oradoras, dando paso a uno de los momentos más significativos de la jornada: el testimonio de una sobreviviente de la última dictadura cívico-militar. Su relato permitió acercar a los y las estudiantes a una memoria viva, promoviendo la reflexión sobre el pasado reciente y el compromiso con la defensa de los derechos humanos en la actualidad.

Posteriormente, los participantes se organizaron en grupos para desarrollar rondas de intercambio, guiadas por preguntas orientadas a pensar la importancia de la memoria, el impacto del pasado en el presente y el rol de las juventudes en la defensa de la democracia. Estos espacios fomentaron la escucha activa, el respeto y la expresión de ideas y emociones, habilitando miradas diversas en torno a una temática común.

Como parte del cierre, se realizó una intervención artística de pañuelos, en la que cada grupo plasmó palabras, símbolos y reflexiones. También se incorporaron nombres de personas detenidas desaparecidas del ámbito local, como forma de mantener viva su memoria. Cada pañuelo se convirtió así en una expresión colectiva de compromiso con el “Nunca Más”.

La jornada concluyó con una ronda final, donde los pañuelos fueron alzados en conjunto, reafirmando que la memoria no pertenece únicamente al pasado, sino que se construye en el presente a través de cada acción y decisión de no olvidar. En ese sentido, la actividad destacó la importancia de sostener la memoria como una práctica activa que permita comprender el pasado, habitar el presente y proyectar un futuro más justo.

En el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, organizaciones locales convocaron en Tandil a una movilización para el próximo martes 24 de marzo bajo la consigna “La Memoria en Marcha”, al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura militar.

La convocatoria fijó como punto de concentración el Murallón del Dique a las 17, desde donde partirá una marcha que recorrerá distintos sitios de la ciudad vinculados a la memoria histórica.

Según se informó en la convocatoria difundida en redes sociales, el recorrido incluirá paradas en la Comisaría Primera, el Colegio San José y la Escuela Primaria N° 1, para culminar en el monumento a los desaparecidos, ubicado en Belgrano entre Fuerte Independencia y Chacabuco.

La actividad se enmarca en las conmemoraciones por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

Bajo la consigna “A 50 años del golpe de Estado, marchamos con las y los 30.000. Que digan dónde están”, la convocatoria invita a la comunidad a participar de la movilización y mantener vigente el reclamo de memoria, verdad y justicia.

En octubre de 2024 se aprobó en la Legislatura bonaerense un proyecto que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio conocido como la Quinta de los Méndez en Tandil. Desde ese momento a la fecha no se produjeron novedades públicas sobre el estado del proceso ni avances concretos vinculados al futuro destino del lugar.

Tal como se informó oportunamente, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley la iniciativa impulsada por el Ejecutivo bonaerense, que estableció la expropiación del inmueble con el objetivo de crear allí un Centro de la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. 

El sitio posee una fuerte carga histórica: durante la última dictadura cívico-militar funcionó allí un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, motivo por el cual organismos de derechos humanos, instituciones académicas y distintos sectores políticos venían reclamando su preservación y señalización. 

En el momento de la sanción de la ley, se destacó que la medida representaba una reparación histórica para víctimas, familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado, además de la posibilidad de consolidar en Tandil un espacio dedicado a la memoria, la reflexión y la promoción de los derechos humanos. 

Sin embargo, desde aquella aprobación legislativa no trascendieron avances administrativos, obras, definiciones presupuestarias ni anuncios oficiales sobre la implementación efectiva de la expropiación o el desarrollo del proyectado espacio de memoria.

La ausencia de información pública mantiene en expectativa a organizaciones vinculadas a los derechos humanos y a sectores de la comunidad que habían seguido de cerca el tratamiento del proyecto. Tampoco se difundieron detalles sobre el estado de las gestiones para la transferencia del inmueble ni plazos estimados para su eventual puesta en valor.

La última publicación al respecto es de finales de septiembre del año pasado, cuando el sub secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno, estuvo en Tandil y se reunió con las autoridades de la Unicen. “Se acordó profundizar la articulación con Derechos Humanos de la Unicen y se definieron líneas de acción en torno al ex CCDTyE “Quinta de los Méndez”, cuya expropiación fue aprobada por la Legislatura bonaerense en octubre de 2024. El predio será destinado a la construcción de un nuevo Espacio para la Memoria y de un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos orientado a jóvenes”, dijeron en ese momento a través de las redes. 

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca impuso 16 condenas a prisión perpetua y otras 15 a penas de hasta 20 años de prisión en el juicio en el que se juzgaron crímenes de lesa humanidad perpetrados en perjuicio de 333 víctimas, desde la jefatura del V Cuerpo de Ejército, en el marco del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. En el debate, que comenzó en febrero de 2022, intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, los auxiliares fiscales Pablo Fermento, Paula Molini y el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa ciudad del sur bonaerense.

Los 31 acusados fueron condenados, según cada caso, por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, sustracción de menores de 10 años de edad, abuso deshonesto y abuso sexual, con diferentes agravantes, cometidos desde la jefatura del V Cuerpo, cuya sede estaba en Bahía Blanca y que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires -partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones- y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Solo uno de los imputados resulto absuelto.

Además, el tribunal, integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido, calificó los hechos abordados en el juicio como crímenes de lesa humanidad.

A su vez, a instancia del MPF, los jueces también dispusieron que -una vez que quede firme la sentencia y en el plazo de 10 días- el diario bahiense la Nueva Provincia publique la rectificación de una publicación periodística, relativa a hechos abordados en el juicio, “como acto moralmente reparatorio”.

El derecho a réplica es en favor de 37 de las víctimas, algunas desaparecidas y asesinadas, sobre quienes el diario en su momento informó que fueron “detenidos o abatidos en enfrentamientos militares”, cuando -según detalló la sentencia-, “quedó acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, y en su caso tortura, fusilamiento o desaparición por parte del personal militar o de las fuerzas de seguridad de la época”.

Prisiones perpetuas

El tribunal condenó a  prisión perpetua a Osvaldo Bernardino Páez (quien se desempeñó como oficial de Estado Mayor del Comando del V Cuerpo del Ejército); Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo González Chipont y Norberto Eduardo Condal (Departamento II de Inteligencia); Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Víctor Raúl Aguirre (Destacamento de Inteligencia 181); Jorge Aníbal Masson (grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas”) y Bernardo Artemio Cabezón (segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26).

También recibieron la pena máxima José Marcelino Casanovas, Arsenio Lavayen y Raúl Artemio Domínguez (Segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26) y Claudio Alejandro Kussman (Unidad Regional V de Bahía Blanca de la Policía de la provincia de Buenos Aires).

A su vez, en el caso del expolicía Héctor Jorge Abelleira (oficial principal de la Delegación Viedma de la Policía Federal) se lo condenó a 7 años de prisión por estos hechos, pero fue unificada su pena también a prisión perpetua por una condena previa.Fuente: Fiscales.gob.ar

La delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ya lleva el nombre de Daniel Reynaldo Medina, abogado que fue secuestrado y desaparecido en Tandil, durante la última dictadura cívico militar.

Medina había defendido derechos laborales de trabajadores de Metalúrgica y presentado habeas corpus por casos de detenciones y desapariciones. Se encontraba en proceso de abrir su propio estudio personal cuando el 18 de octubre de 1976 un grupo comando ingresó en su casa de Uriburu al 1400 y lo llevó secuestrado. Su esposa Elizabeth correría la misma suerte en julio de 1978 y resultó víctima de la Masacre de Luna Roja. Ambos casos formaron parte del circuito represivo La Huerta.

“Esta es una lucha de todos los días. Los 30 mil nos faltan todos los días, y tenemos que levantarnos y convivir con eso. Creo que son importantes estas señalizaciones, porque toda persona que pase se va a interpelar, preguntar por qué está ese nombre en la placa o en una baldosa. Y quizás se pregunte o pueda investigar para saber realmente qué pasó”, expresó Simón Medina, hijo del homenajeado, poco antes del descubrimiento de la placa conmemorativa. 

A raíz de un convenio firmado entre Hijos Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo bonaerense, se llevan a cabo tres iniciativas. Denominar con nombres de desaparecidos a las diferentes delegaciones del organismo, generar instancias de charlas formativas con el personal de cada oficina, así como también con estudiantes y docentes de los Centros de Formación provinciales.

En ese marco surgió la propuesta de que la oficina de Tandil lleve el nombre de Daniel Reynaldo Medina. “La decisión que tomamos desde Hijos es empezar a intervenir en la planificación y concreción de políticas públicas, ese es el gran cambio que dimos. Sin abandonar los pedidos de juicio y castigo, pasamos a actuar y lo hacemos en articulación con el Estado, porque creemos en el Estado”, señaló Martín Moreno, de Hijos Provincia.

Del acto de descubrimiento de la placa con la que se denominó Daniel Reynaldo Medina a la oficina local del Ministerio de Trabajo participó el director regional del organismo –Ezequiel González Godoy-, junto al subsecretario provincial de Relaciones del Trabajo –Andrés Reveles-, el coordinador zonal -Raúl Calamante-, y el secretario general de la CGT Tandil, Sebastián Hidalgo. Además, estuvieron presentes integrantes de Memoria por la Vida en Democracia y de la Mesa Multisectorial por la Memoria, Verdad y Justicia, así como también el diputado nacional Rogelio Iparraguirre y otros referentes sindicales, sociales, culturales y políticos de la ciudad.

“Estaría bueno no tener que recordarlos por estar desaparecidos sino por su labor, y tenerlos hoy en día, cuando hay que reivindicar sus luchas y donde tenemos un gobierno nacional totalmente negacionista”, dijo Simón Medina al tomar la palabra.

Por su parte Reveles sumó que “cuando se hizo este convenio con Hijos, la intención fue la de reflejar las historias de cada compañera, de cada compañero, porque no solamente son un nombre, son una trayectoria y son sucesos que marcaron y que siguen marcando para nosotros inspiración. Como la vida de Reynaldo Medina, abogado, compañero que interponía recursos de habeas corpus durante la etapa más oscura, que fue algo muy parecido a lo que estamos viviendo. Un proyecto entreguista que ve como enemigo a los trabajadores organizados, que ve como enemigo a las disidencias, que ve como enemigo a toda persona que entiende que la patria es nuestra y que la tenemos que defender hasta la última gota de sangre".

El funcionario provincial concluyó considerando que “hablar de Daniel Reynaldo Medina es hablar de un compañero que ponía el pecho por las personas que estaban sufriendo y que estaban siendo perseguidas. ¿Cómo no estar acá para rendirle un homenaje? Pero si usted me pide una palabra para sintetizar al compañero Medina, era un trabajador”.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó duras críticas al presidente Javier Milei. En medio de una entrevista radial ante un medio nacional, calificó al mandatario como “un monstruo” y denunció que en la Argentina actual se vive “una democracia sucia” marcada por la desigualdad, la impunidad y el miedo.

“Tenemos democracia, pero estamos peleados porque esta es una democracia sucia, donde vale todo, la plata se gira donde quieren ‘los privilegiados’ y el pueblo está empobrecido”, afirmó Esela de Carlotto, a sus 94 años.

“Este hombre, que yo no considero un presidente, sino un monstruo, porque con tranquilidad comete delitos que no se castigan y está destruyendo nuestro país en lo moral y económico”, sostuvo firmemente.

La referente de Derechos Humanos también cuestionó el contexto social y político que posibilitó la reelección de Milei en las elecciones legislativas de octubre. “El presidente fue elegido por segunda vez: hay algo que anda mal”, señaló. En esa misma línea, añadió que “quizás no estábamos preparadas para dar notas para que la gente entienda qué tiene que hacer… hay otras personas buenas… pero hay miedo y eso paraliza y te dice ‘no te metas, cuidado’. Aunque un gobierno sea votado, el miedo borra la palabra democracia”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en El Destape Radio y tuvieron fuerte repercusión en redes sociales y medios digitales. Estela de Carlotto trazó un paralelismo con el pasado dictatorial. “Vemos a los jubilados, cómo los golpean”, afirmó, en referencia a los episodios represivos registrados en movilizaciones contra las reformas previsionales impulsadas por el Gobierno nacional.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo viene denunciando desde el inicio del actual mandato la falta de financiamiento estatal para programas de memoria, verdad y Justicia, y ha calificado esa situación como una “deuda impaga” del Estado con los organismos de derechos humanos.

Además, la referente de Abuelas confirmó que el próximo 24 de marzo se realizará una vigilia conmemorativa a 50 años del golpe de Estado de 1976, en el marco de una creciente preocupación por el rumbo de las políticas de derechos humanos en el país.

Por María Elida Nazar (*)

Hace casi cincuenta años comenzaba la etapa más oscura de la historia argentina. Miles de familias argentinas resultamos víctimas directas de actos genocidas perpetrados por la última dictadura cívico (empresarial-eclesiástica)-militar, actos que suelen resumirse con palabras como desaparición, tortura, apropiación de bebés y niños, vuelos de la muerte, pero que, más allá de esos términos, no pueden ser ni siquiera imaginadas en la hondura del horror y la perversión que representaron.

El excapellán policial Christian Federico Von Wernich fue encontrado culpable de siete homicidios calificados, treinta y cuatro privaciones ilegales de la libertad y treinta y un casos de tormentos, cometidos en el marco del plan sistemático de represión ilegal implementado por el Estado durante la última dictadura. Fue condenado en 2007 a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad.

Como sacerdote, utilizó su condición pastoral para ganarse la confianza de los detenidos en centros clandestinos y obtener información que derivó en nuevos secuestros y asesinatos. Uno de los testimonios que permitió reconstruir su rol fue el de Juan Ramón Nazar, mi padre, director del diario La Opinión de Trenque Lauquen cuando lo secuestraron el 22 de julio de 1977 y quien lo reconoció durante el juicio como el sacerdote que se presentó ante él bajo el argumento de brindarle “asistencia espiritual”.

¿Y esta persona pide excepciones? Se sabe que goza de una vida intramuros cómoda; ha contado con acompañamiento y atención adecuada durante su detención y conserva lazos con la Iglesia que nunca lo sancionó, o sea, lo protege. Este integrante de la Iglesia Católica Apostólica Romana pide amor y contención familiar… ¿Y las víctimas? ¿Y sus familias?

Los delitos por los cuales fue condenado son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. No admiten morigeraciones ni ataques procesales que alteren el sentido de la pena impuesta. La edad avanzada o las apelaciones humanitarias no modifican la naturaleza de los hechos ni el daño irreparable causado.

Hoy hablo por mí, y me permito hacerlo por los 30.000 y por los muchos más que quedaron despojados de una vida plena o encendiendo velas ante retratos sin tumbas. Porque cada nombre, cada rostro y cada fecha que somos capaces de recordar es el modo que tenemos más a mano para derrotar a la desmemoria.

Que el trabajo imprescindible de los escasos sobrevivientes, de los familiares de desaparecidos y de los integrantes de Organismos de DD.HH., sus aportes para la búsqueda de Verdad y Justicia, y el “deber de Memoria” se transformen en legado de persistencia a perpetuidad, sobreponiéndose al dolor de la patria cuando duele.

(*) Exdirectora del diario La Opinión de Trenque Lauquen, quien actualmente vive en Tandil.  

En representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare fue abogado querellante en el juicio La Huerta. No fue el primer proceso vinculado al accionar del terrorismo de Estado en el que trabajó, ya que posee una vasta experiencia en otras causas y mega-causas. 

Tras la lectura de las sentencias dialogó con El Eco de Tandil y brindó un primer balance de lo ocurrido en el Aula Magna. Si bien hizo hincapié en la necesidad de conocer los fundamentos, también sostuvo que algunas penas fueron “desproporcionadas por bajas”, y estimó que “la única posibilidad legal” para comprender las absoluciones fue que parte de los crímenes no fueron considerados de lesa humanidad, por lo que estarían prescriptos. 

Destacó que La Huerta fue un caso particular por haber sido el ámbito donde se juzgaron hechos cometidos en ciudades pequeñas o intermedias, adelantó que presentarán un recurso a Casación, y que “es imposible sustraerse a un clima de época” para analizar los fallos. Entre otros aspectos expresó que en el marco del proceso judicial se reconocieron crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base Aérea de Tandil.

“Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. De las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada por baja. Pero nuestra sorpresa de ayer fue por la cantidad de absoluciones”, expresó.

-Por su dimensión, por su amplitud geográfica, el de La Huerta fue un juicio particular…

-Sí, esta es una de las tantas causas que hay, que es una mega causas por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados, por la cantidad de hechos, por la cantidad de lugares que han funcionado como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

De modo que es una causa muy particular en ese sentido. Y que al mismo tiempo, tiene la rareza de juzgar hechos producidos, no en las grandes en las grandes ciudades del país sino en ciudades pequeñas o relativamente pequeñas.

-Si bien la etapa del juicio tomó casi tres años, fue un proceso más extenso, ¿Cómo fue ese proceso?

-Este juicio tiene más de diez años, porque hubo toda una instancia de instrucción, que se realizó ante un Juzgado Federal, y, una vez que esa instrucción estuvo concluida se pidió la elevación de la causa a juicio, que fue esta última etapa de tres años. Se realizaron inspecciones oculares a los lugares donde se cometieron los delitos, y se escucharon una gran cantidad de testigos. Después se produjeron los alegatos, y después lo que ocurrió el viernes 24, la lectura de la sentencia.

El viernes se leyó solo la parte dispositiva de las sentencias, pero el 19 de diciembre nos van a dar a conocer los fundamentos. Así que, la verdad es que hasta que conozcamos los fundamentos, es muy difícil hacer una evaluación profunda de la certeza o no de lo del veredicto que se dio a conocer ayer.

Hasta no ver los fundamentos no tenemos elementos para criticarlo abiertamente, pero sí tenemos algunas presunciones claras en función del resultado que nos permiten afirmar que es erróneo en muchas de las absoluciones.

-Hubo 8 condenas y 27 absoluciones. ¿Qué balance hacen a partir de esta decisión del tribunal?

-Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. Pero de las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada, por baja. 

Pero nuestra sorpresa de ayer fueron la cantidad de absoluciones. Y en eso, en principio veo dos cosas. Primero, hay una parte de esas absoluciones que no las entiendo, porque yo había había visto en el proceso que de muchas de las personas absueltas fue acreditada su responsabilidad en muchos de los hechos juzgados, a través de varias declaraciones testimoniales. De modo que vamos a ver cuáles son los fundamentos, pero, en principio, hay algo que no estoy comprendiendo en su totalidad.

Y después hay otra cuestión que tiene que ver con algunas situaciones vinculadas a casos en los cuales las víctimas fueron trabajadores agremiados, denunciados por las empresas, caso Fabi, Losa, o Loma Negra. Por esas denuncias hubo participación del Ministerio de Trabajo, que estaba intervenido por militares, y a esas víctimas se las detuvo, se las torturó, se las mantuvo mucho tiempo privadas de libertad, y luego se las liberó con grave perjuicio, porque quedaron sin trabajo. La mayoría tuvo que irse de la localidad en la que vivían con sus familias y con un daño tremendo. 

Esas cuestiones, que fueron varias en esta causa La Huerta, no fueron entendidas como juicios de lesa humanidad, sino que fueron entendidas como delitos comunes, por lo que están prescriptos y por lo tanto, la única posibilidad legal es la absolución de las personas imputadas. Vamos a ver los fundamentos, pero entendemos que esto es lo que ha sucedido.

Es un error grosero que a los casos de represión a trabajadores agremiados no se los considerara como delitos de lesa humanidad sino como delitos comunes y en consecuencia se resolvió su prescripción. Esa persecución a los trabajadores fue parte del plan represivo de la dictadura.

-¿Cómo continúa esto?

-El día 19 de diciembre se darán a conocer los fundamentos. A partir de ahí, las partes tenemos diez días hábiles para presentar recursos de casación, esto es impugnar la sentencia pidiendo un resultado diferente. Eso se presenta ante la Cámara Federal de Casación Penal. Esos diez días se van a prorrogar, porque justo nos va a tocar la feria judicial del mes de enero, así que en febrero se van a estar presentando los recursos.

Obviamente, yo tengo plena certeza que vamos a recurrir esta sentencia y también entiendo que los defensores de las personas que fueron condenadas también van a recurrir intentando morigerar penas.

-Más allá del balance sobre condenas y absoluciones, el Tribunal reconoció los crímenes cometidos en Tandil y en toda la Sub Zona 12. ¿Qué lugar le otorga a ese reconocimiento? Luego de la lectura de las sentencias, algo que se escuchó fue que “en Tandil la dictadura ocurrió”…

-Sí, claro, yo no tengo ninguna duda. Una de las primeras cosas que hizo la dictadura fue parcelar el país, de manera que no hubiera un solo metro cuadrado de territorio nacional que no quedara bajo la órbita de la actuación militar.

Ese discurso inicial del presidente del Tribunal fue un explícito reconocimiento a esa violencia. Y que la verdad es que no se condice ese discurso inicial con el resultado del juicio, con las 27 absoluciones. Por eso, la primera manifestación que tuve fue de sorpresa.

-Entre otros, se comprobaron crímenes cometidos en la Base Aérea de Tandil. La cronista del Juicio, Soledad Restivo, hizo mención a ese punto en un artículo que escribió tras conocerse las sentencias…

- Efectivamente, esos hechos quedaron demostrados en el juicio y son los que justificaron dos de las peticiones perpetuas, a Valdecantos y Martínez Salgado.

Estas fueron las primeras veces que se juzgaron los hechos ahí ocurridos. Se juzgaron y se llegó a las máximas condenas. Así que, en definitiva lo que ocurrió fue precisamente el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad en la Base Aérea.

-Con respecto a las sentencias, ¿Qué lugar le corresponde al “clima de época”, al “clima político”?

- Es imposible sustraerse a un clima de época en el cual los máximos gobernantes, y hablo del presidente y la vicepresidenta de la Nación, tienen reiteradamente expresiones negacionistas. No obstante eso, yo creo que esas expresiones no son compartidas por la inmensa mayoría de la sociedad argentina.

-La justicia es otro poder...

-La justicia es un poder del Estado que está compuesto por magistrados probos y honestos, y otros que son más sensibles a estos vientos políticos. No obstante, hasta no ver los fundamentos de la sentencia no voy a tener expresiones que permitan presumir que los magistrados se han dejado llevar por estos por estos vientos políticos o por este clima de época que existe.

El Centro Cultural Universitario (CCU) reunió a agrupaciones de derechos humanos, estudiantiles y sindicales, en el marco de la histórica audiencia 104 del Juicio La Huerta, con la lectura de la sentencia. En un clima de profundo respeto y con nutrida concurrencia, los asistentes pasaron de la celebración de las primeras condenas por delitos de lesa humanidad a la desazón por la gran cantidad de absoluciones que dictaminó el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

El encuentro comenzó a tomar forma durante la mañana, con una muestra fotográfica, de afiches y material de archivo, un interesante recorrido por las actividades desarrolladas por el área de Derechos Humanos de la Unicen.

En el gimnasio se dispuso una pantalla gigante y también sillas, pero además algunas agrupaciones se instalaron en las tribunas. Pasadas las 11, comenzaron a llegar personas, algunas desde localidades cercanas y con fuerte presencia de vecinos de Azul.

Debajo del escenario, las fotos de los desaparecidos traían al contexto actual las historias de lucha por justicia frente al terrorismo ejercido por el Estado en la última dictadura cívico militar. En los muros y otros sectores del gimnasio, se instalaron las banderas de Memoria por la Vida en Democracia, de Adultos Mayores en Lucha –Amalu-, Comisión de Derechos Humanos del Instituto 2 de Azul, Suteba, ATE Tandil y Juárez, el Instituto de Formación Docente y Técnica 10 –exISER-, Movimiento Evita, entre otras.

Entre el público se encontraban integrantes de Historias Desobedientes Argentinas, organización que nuclea a hijos y familiares de genocidas que se rebelaron del mandato de sus padres y desde hace años acompañan a las víctimas.

Muchos de los presentes lucían los pañuelos blancos con la impresión, en letras rojas o negras, del contundente Nunca Más, mientras que otros se identificaban con remeras de agrupaciones políticas de estudiantes, de movimientos sociales y sindicales.

Desde la primera fila, acompañaron los concejales de Unión por la Patria, Darío Méndez y Nicolás Carrillo, quienes aguardaron el inicio de la lectura y luego se trasladaron a Pinto y Chacabuco, donde se sumaron Severiano Mon y el diputado nacional Rogelio Iparraguirre.

Mientras tanto, en la planta alta del CCU, los estudiantes secundarios del programa Escuelas con Memoria colmaron la sala del cine Incaa Unicen para vivenciar la lectura de la sentencia en el marco de la megacausa Sub Zona 12. 

Minutos antes de la sentencia, los asistentes recorrieron las muestras ubicadas en el Salón de los Espejos y el hall del CCU. Además, compartieron una producción audiovisual de Abra TV, con una línea de tiempo que dimensionó el juicio iniciado el 25 de febrero de 2022 y cerrado ayer, tras 104 audiencias.

Al comenzar la transmisión de la lectura, se congregaron todas las personas frente a la pantalla, en una tensa espera por la suerte de los 31 procesados y juzgados.

Las condenas a perpetua de Héctor Emilio Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret provocaron la reacción espontánea de los militantes, con cerrados aplausos tras la consecución de justicia.

Sin celebraciones, vivenciaron las penas a Carlos Martín Luzuriaga, a 10 años y 6 meses de prisión; a Roberto Jorge Casares, a 6 años; a Luis Alberto Benítez, a 6 años y 9 meses de prisión; y a José Luis Álvarez, a 5 años de cárcel. En todos los casos se sumó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En tanto, en el tramo final de la sentencia llegaron las numerosas absoluciones, tanto por extinción de delitos, como por no haberse realizado acusaciones y por falta de pruebas.

Tras el final, marcado por la frase “el juicio ha concluido”, los asistentes se levantaron de sus sillas, tomaron de ambos extremos los pañuelos del Nunca Más y comenzaron a cantar “Olé, olé, olé, olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

Y antes de partir en movilización hacia el Rectorado, saludaron a los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos “presentes, ahora y siempre”.

Camino al Rectorado, en silencio y bajo una llovizna, los militantes de agrupaciones de Derechos Humanos se manifestaban ansiosos por conocer las repercusiones de la sentencia que tuvo un saldo inesperado en relación a la gran cantidad de enjuiciados absueltos.

Ya en la esquina, familiares de desaparecidos de Tandil daban cuenta de un cambio en el momento político y ponían como ejemplo un falló de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se conoció ayer, que extendió las prisiones preventivas a imputados por delitos de lesa humanidad.

Como muestra de los cambios de humor en el Poder Judicial a partir del contexto político actual, informaron que hay 75 causas de lesa humanidad elevadas a juicio que esperan por su debate y que en los 10 juicios que efectivamente se están desarrollando, se realiza un promedio de 8 audiencias por semana.

En ese marco, cobró más fuerza el testimonio de una sobreviviente de Azul que lleva 47 años luchando por justicia y que había llegado a Tandil para acompañar el cierre del Juicio La Huerta. Como paradoja, contó que el acusado por su caso murió sin ser juzgado.

Luego de casi 3 años de proceso, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladó a la ciudad para realizar la lectura de las sentencias del Juicio La Huerta. Tras reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la región durante la última dictadura, los jueces dictaron 8 condenas y 27 absoluciones. Las víctimas manifestaron desazón por las absoluciones, pero destacaron el acompañamiento de gran parte de la ciudadanía y aseguraron que continuarán trabajando por memoria, verdad y justicia. Los fundamentos se conocerán el próximo 19 de diciembre. Hubo menciones al “clima político” con respecto al tenor de lo resuelto por el Tribunal.

“Tuve la satisfacción de que me reconocieran que dije la verdad, que contra mí se cometió un delito de lesa humanidad, y que fuimos víctimas. Veo en general con desazón la cantidad de absoluciones, pero también hay que tener en cuenta que hubo perpetuas. Pero me quedo con la satisfacción que hemos tenido en todo este camino del juicio, el apoyo de gran parte del pueblo de Tandil, los abrazos, el cariño, el reconocimiento, la juventud movilizada por memoria, verdad y justicia”, expresó María del Carmen Silva, víctima que estuvo detenida en La Huerta y quien fue una de las primeras testigo que tuvo la causa.

Dentro del Aula Magna, donde se llevó a cabo la audiencia, algunas de las víctimas y familiares de víctimas concurrieron con fotografías de sus seres queridos detenidos desaparecidos. Tal fue el caso de Cecilia Traficante, quien ubicó la pancarta con la imagen de su hermana en una de las sillas, ocupando el lugar de una asistente más. Cecilia continúa buscando a su sobrina o sobrino, ya que su hermana estaba embarazada de cuatro meses cuando fue secuestrada en el Hotel Turista, a metros del Parque Independencia, en junio de 1977.

Su misma mirada, los mismos gestos de abrazos y acompañamiento de parte de sus allegados y compañeros también pudieron observarse en otros de los familiares y víctimas presentes, como Simón Medina, Alfredo Tangorra, María Rosa Toncovich, y tantos otros y otras.

En el juicio se juzgaron crímenes cometidos en lo que se conoció como Sub Zona 12 y abarcó tanto al predio de La Huerta como al exISER, la Quinta de los Méndez, la Base Aérea, la Comisaría 1ra y la Comisaría 2da de Tandil, así como también la Delegación de la PFA, la Unidad Regional IX, la Unidad Penal N° 7,  y la Ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul, la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, la comisaría Las Flores y la comisaría de Olavarría.

Poco después de las 12 los jueces Nicolás Toselli, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Sabrina Namer ingresaron en el Aula Magna, que estaba colmada de público. Además de víctimas y familiares hubo autoridades universitarias, integrantes de organismos de Derechos Humanos, y representantes del peronismo local –Rogelio Iparraguirre, Darío Méndez, Severiano Mon, Nélida Sereno y Federico Martínez-, pero también del radicalismo –Julio Elichiribehety, Guillermina Cadona y Cristian Cisneros-. 

Estuvo además Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, e hijo del detenido desaparecido Carlos Moreno. Tal como fue en el caso por el crimen de su padre, en La Huerta se juzgó a Emilio y Julio Méndez. Aunque solo este último llegó con vida al cierre del proceso, y finalmente resultó absuelto.

Fue el juez Toselli quien tomó la palabra para agradecer a todas las partes implicadas en el juicio, y en particular a la Unicen y su área de Derechos Humanos por el trabajo realizado para la retransmisión de las audiencias. 

En nombre del Tribunal recordó que el Juicio La Huerta implicó delitos cometidos no solo en Tandil sino también en Olavarría, Ayacucho, Azul, Roque Pérez, Las Flores y Rauch, y destacó la labor que llevaron a cabo en pos de constituirse en los sitios de los hechos a partir de inspecciones a comisarías y centros clandestinos de detención. “Con el mismo espíritu, creemos esencial dar a conocer el veredicto en esta ciudad, reconociendo la importancia que ello tiene para la comunidad”, planteó.

Señaló además que el juicio implicó 15 elevaciones parciales por casos que damnificaron a 162 víctimas, y por los que hubo 35 imputados entre miembros de las Fuerzas Armadas, efectivos policiales, del Servicio Penitenciario Bonaerense y civiles. También que se realizaron 104 audiencias por las que pasaron más de 200 testimonios, y mencionó que no fue tarea fácil llevar adelante un proceso de tal dimensión, por su amplitud geográfica y la complejidad de su objeto procesal.

Pero el punto central de lo expresado por el Tribunal estuvo marcado por el reconocimiento de los crímenes cometidos en Tandil y la región. “Declarar que los hechos motivo del proceso, con la salvedad de los abarcados en el apartado XII constituyen delitos de lesa humanidad, y por tal resultan imprescriptibles, rechazándose en consecuencia los planteos de extinción de la acción penal por prescripción interpuestos por las defensas”, manifestaron, para luego remarcar que gran parte de los hechos “ocurrieron en el marco del plan sistemático de represión ilegal”.

Si bien a fines de noviembre de 2024 la Fiscalía había solicitado 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 4 años y 4 absoluciones, el Tribunal Oral Federal dictaminó finalmente 8 condenas y 27 absoluciones.

En concreto, Héctor Emilio Martínez Salgado –de la Fuerza Aérea- fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación perpetua por haber sido hallado hallado coautor penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada en perjuicio de perseguidos políticos, en el caso de la víctima Eduardo Santellán. Además fue condenado como coautor de la privación ilegítima de la libertad agravada y partícipe necesario del homicidio en el caso de la víctima Pedro Mazzochi. Por los mismos crímenes recibió prisión perpetua Román Valdecantos, quien también integró la Fuerza Aérea. Cabe mencionar, algunos de los condenados a perpetua resultaron absueltos en otras casos por los que habían sido acusados.

Osvaldo Héctor Repetto –del Ejército-, fue condenado a prisión perpetua por haber sido encontrado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravada, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormentos agravada y partícipe necesario del homicidio calificado -cometido con alevosía y concurso premeditado-, en el caso de la víctima Daniel Medina.

Alejandro Guillermo Duret –quien fuera coronel del Ejército y ex oficial de Inteligencia- recibió prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser hallado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad simple y agravada, tormentos agravados y homicidio doblemente calificado en perjuicio de las víctimas Alfredo Thomas y José Luis Musmeci, ambos soldados conscriptos de la ciudad de Azul.

Por su parte Carlos Martín Luzuriaga -exjefe de Inteligencia del Área 123-, recibió diez años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por haber sido hallado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravada, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, e imposición de tormentos agravada.

Roberto Jorge Casares –también del Ejército-, recibió seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por ser coautor penalmente responsable del delito de violación agravada por el uso de la fuerza e intimidación, en perjuicio de la víctima Lidia Gutiérrez.

Luis Ernesto Benítez –quien se desempeñaba en el área de Sanidad del Ejército-, recibió seis años y nueve meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por ser coautor penalmente responsable del delito de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político.

José Luis Álvarez –capitán del Ejército-, fue condenado a cinco años de prisión e  inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, por el delito de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político, en perjuicio de la víctima Mario Gubitosi. Se dispuso su libertad en atención al tiempo que llevaba detenido, siempre que no mediara otra orden restrictiva.

Del resto de los acusados, parte resultaron absueltos por considerarse la extinción del hecho penal. Tal fue el caso de Julio César Tula, Edgardo Mariano Viviani y Héctor Rubén Rinaldi. Pero también resultaron absueltos Raúl Omar Carlucho, Francisco Oscar Sarmiento, Norberto Luis Ferreras, Pedro Juan Aguirre -estos por “no haberse formulado acusación al respecto”-, y Héctor Alberto Mangudo, Alberto Joaquín Monge, Jorge Aníbal Tolosa, Juan Manuel Miller, Julio Manuel Méndez, Eduardo Augusto Samyn, Horacio Ricardo Barriola, Américo Fernando Ferrer, Néstor Omar Vapore, Juan Manuel Durante, Luis Ignacio Gómez Centurión, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Cáceres, Daniel Ceresoli, Guillermo Prieto, José María Bruzzone, Miguel Ángel Buezas, Jorge Pedro Cinalli y Enrique Carlos Vitale, por “los hechos traidos a juicio”.

Tras la lectura, que terminó pasadas las 12:30, el juez Toselli finalizó expresando “señoras y señores, el juicio ha concluido. Buenas tardes”.

Concluida la lectura de las sentencias, los presentes levantaron los pañuelos con la leyenda “Nunca Más”, y cantaron “como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Luego sumaron “30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre”.

Hubo lágrimas, abrazos, saludos, y sensaciones encontradas entre la emoción y la satisfacción por todo el proceso realizado –movilizaciones, pedidos porque la lectura del veredicto se haga en la ciudad, actividades de visibilización del juicio, propuestas con escuelas secundarias, jornadas de limpieza en el centro clandestino de detención La Huerta y tantas otras iniciativas-, pero amargura por la gran cantidad de absoluciones determinadas por el Tribunal.

En diálogo con El Eco de Tandil, tanto organismos de Derechos Humanos de la ciudad y familiares como víctimas de crímenes de lesa humanidad transmitieron que las querellas apelarán parte de lo resuelto por los jueces, en particular las absoluciones. Sin embargo, un paso fundamental en ese sentido será conocer los fundamentos de los jueces, que se harán públicos el próximo 19 de diciembre.

“No vamos a bajar los brazos. En Tandil la dictadura sucedió, y tuvo responsables. Pero traer a la memoria lo que pasó a los estudiantes, trabajadores, sindicalistas o militantes que sufrieron el terrorismo de Estado nos permite poner en valor sus luchas, sobre todo para entender el presente”, expresó María Nazábal, coordinadora del área de Derechos Humanos de la Unicen, espacio clave en el desarrollo del juicio.

Nazabal hizo mención a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que “fue en sintonía con una política que tiene la Corte de no condenar a los civiles partícipes de la dictadura, que va en sintonía con un Poder Ejecutivo cuya vicepresidenta manifiesta la reivindicación de la dictadura o el negacionismo respecto de lo sucedido”, según agregó.

Referente de Memoria por la Vida en Democracia, hermana de Mario y Ángel y cuñada de Silvia Miguens –detenidos desaparecidos-, Petra Marzocca dialogó con El Eco de Tandil apenas minutos después de la lectura de las sentencias.

“Es una justicia incompleta y vamos apelar algunos fallos”, expresó, para luego agregar que “esperábamos que la sentencia fuera suave, han dado a los máximos responsables perpetua, pero queda toda una camada intermedia que intervino, secuestró y torturó”.

La mencionada Cecilia Traficante sostuvo también que concurrió con “otra expectativa” y que de su parte esperaba la condena a los acusados. “Al responsable de lo de mi hermana y mi cuñado no pudieron condenarlo porque murió el año pasado, pero toda la gente que está acá es como mi familia”, manifestó para luego agregar que “seguimos buscando al bebé de mi hermana, y seguimos luchando porque esto no tiene que volver pasar”.

Alfredo Tangorra fue víctima de secuestro en La Huerta, primo de los mencionados Mario y Ángel Marzocca, y uno de los querellantes particulares del juicio. Tras escuchar la sentencia recordó el camino recorrido en materia de memoria y derechos humanos desde la recuperación de la democracia a la fecha, pero señaló que los acusados por su detención “quedaron libres y por lo tanto, es muy probable que me los pueda cruzar en una esquina de Tandil en cualquier momento”.

Tangorra manifestó que “es una sensación agridulce que me queda, porque en realidad estos tipos tienen que tener no solo prisión domiciliaria, sino que tienen que tener prisión efectiva, y, lamentablemente quedaron absueltos”.

Anahí Marocchi –hermana del detenido desaparecido Omar Marocchi y referente de Memoria por la Vida en Democracia-, consideró que “esta condena tiene aspectos importantes, condenas esperables como por ejemplo la de Duret. Pero hay una cantidad de absoluciones y duelen muchísimo porque tocan casos de la región”.

Planteó que “es un momento difícil, pero tendremos el recurso de apelación. Nunca se han bajado los brazos en décadas, y no es el momento de hacerlo ahora”.

El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, estuvo presente durante la lectura de la sentencia del juicio de La Huerta.

Al funcionario, que participó en calidad de representante del Estado provincial –la Subsecretaría forma parte como querellante en estos juicios y brinda acompañamiento a los testigos que prestan declaración- este caso lo toca de cerca por motivos más personales: su padre, el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, fue secuestrado en Olavarría y asesinado en mayo 1977 en el centro clandestino de detención conocido como la Quinta de los Méndez, que funcionó también en esta ciudad.

Entrevistado por El Eco de Tandil tras conocerse la sentencia, Moreno aseguró que con el juicio cuya sentencia se conoció ayer quedó demostrado el accionar de las fuerzas represivas de la dictadura en la zona centro de la provincia de Buenos Aires y destacó, sobre todo, “el consenso social que hay en nuestro país acerca del Nunca Más”.

“Más allá del veredicto del tribunal -que fueron ocho condenas entre las cuales hay cadenas perpetuas y penas de diferentes años- y de que en términos jurídicos las querellas apelarán las absoluciones, me parece que lo que quedó demostrado es el accionar de la última dictadura cívico-militar en la zona centro de la provincia de Buenos Aires”, manifestó.

“Luego habrá que ver en términos más jurídicos la cantidad de pruebas que hay para las condenas y las absoluciones de aquellos implicados, pero que el tribunal dictaminó que eran crímenes de lesa humanidad”, agregó.

Asimismo resaltó “los testimonios y el compromiso de los sobrevivientes que no hacen más que reforzar lo que pasó en nuestro país y sobre todo también reforzar el consenso social acerca del Nunca Más”.

En este punto, el subsecretario provincial se refirió al contexto político y social nacional en el que se dictó la sentencia. “Tenemos una Corte Suprema que está dictaminando fallos muy controvertidos que no se ajustan a derecho”, consideró.

Y apuntó directamente contra el Ejecutivo que conduce Javier Milei. “En cuanto al clima político, estamos ante la presencia de un Gobierno nacional totalmente negacionista. Tenemos una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que directamente reivindica la última dictadura militar”, afirmó Moreno.

De todas maneras apeló al peso de la historia y al fortalecimiento de la memoria colectiva, gracias en gran medida al trabajo de las organizaciones de derechos humanos, y reiteró que “hay consensos sociales que ya están arraigados en la conciencia colectiva y yo creo que, por más negacionismo que haya por parte del Gobierno nacional, es imposible ir contra la historia”.

“Y eso se ve no solamente en cada proceso por delitos de lesa humanidad, como éste que acaba de concluir, sino también cada vez que se recuerda y se repudia lo que sucedió el 24 de marzo de 1976”,   remarcó.

Secuestro y muerte de Carlos Moreno

Matías Moreno era muy pequeño cuando su padre fue secuestrado y asesinado por las fuerzas represivas del Estado en 1977. 

El caso ya fue juzgado y marcó un antes y un después en el país porque significó la primera condena a civiles por delitos de lesa humanidad: los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios de la quinta en la que se mantuvo cautivo a Carlos Moreno, fueron condenados a prisión en 2012, pero luego absueltos en 2020.

Ayer, Moreno aclaró que en La Huerta “no se juzgó lo que sucedió con mi padre sino que se juzgó a cuatro personas que testimoniaron haber estado en el centro clandestino de detención Quinta de los Méndez un año antes de que estuviera mi padre”.

El funcionario recordó además la última decisión de la Justicia en cuanto a la participación de los Méndez y dijo que “ahí se priorizó lo que había fallado Casación, esta cuestión tan inexplicable que tiene que ver con que los hermanos Méndez desconocían que en su casa-quinta funcionaba un centro clandestino de detención”.

Contra esa versión esgrimida en su momento por los acusados, Moreno sostuvo sin dudarlo que “ellos no podían no saber que ahí funcionaba un centro clandestino de detención porque sabemos muy bien cuál era la dinámica de esa quinta durante el año ’77: ellos pagaban el teléfono y cortaban el pasto”.

“De hecho –añadió-, dos días después de lo de mi padre, el juez (Carlos) Pagliere allanó ese lugar y se encontraron vendas con sangre, camastros y elementos de picana. Emilio Méndez se apersonó justamente esa noche en esa quinta, con lo cual este beneficio que le otorgó la Corte Suprema bajo el principio procesal de ‘in dubio pro reo’ –en caso de duda se beneficia al sospechado-, que sostiene que durante esos cuatro días los hermanos Méndez podían no saber que su inmueble era utilizado como un centro clandestino de detención, es muy poco creíble”.

“Sabemos muy bien la incidencia que estos personajes tenían durante la última dictadura cívico-militar en la sociedad de Tandil. Así que seguiremos apelando contra esta visión que dice que ellos no sabían”, aseguró. Y concluyó: “Y, sobre todo, atendiendo a que hubo cuatro testimonios de sobrevivientes que, estando vendados y torturados, reconocieron como un posible lugar también a la Quinta de los Méndez”.

Desde la Mesa Multisectorial por la Memoria, la Verdad y la Justicia invitaron a vecinos y vecinas de Tandil a presenciar la lectura de la sentencia del Juicio La Huerta, que tendrá lugar el viernes 24 de octubre a partir de las 12 en el Aula Magna de la Unicen. Quienes quieran acercarse, podrán hacerlo a la esquina de Pinto y Chacabuco, donde se colocará una pantalla gigante en la que se retransmitirá la audiencia. En el caso de mal clima, dicha actividad se realizará en el gimnasio del Centro Cultural Universitario.

“La idea es que quede una huella profunda en la memoria de de la sociedad de Tandil y de la región, de la gravedad de los hechos que ocurrieron a partir de que este grupo de de militares y civiles hayan tomado el poder por asalto y hayan puesto todo el engranaje del Estado al servicio de atemorizar, aterrorizar a la población, porque era la única manera que un pueblo como el pueblo argentino, un pueblo educado, organizado, politizado, consciente de sus derechos, aceptara el saqueo que se habían propuesto venir a hacer de nuestra patria”, transmitieron integrantes de la Mesa.

Tras un sostenido reclamo, actividades de visibilización y la cobertura de cada una de las audiencias, el pedido de la Mesa Multisectorial se hizo realidad y los jueces del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladarán a Tandil para leer la sentencia. El Juicio La Huerta lleva casi 3 años de proceso, donde se llevaron a cabo más de 100 audiencias por las que pasaron 213 testigos. En el mismo se juzga la participación y responsabilidad de 35 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la zona durante la última dictadura cívico militar.

Vecinos y vecinas que forman parte de la Mesa Multisectorial -ex detenidos y detenidas, familiares, universitarios, docentes, jóvenes y particulares, entre otros-, citaron a una conferencia de prensa de cara a la lectura de la sentencia con el fin de “visibilizar la importancia del juicio que venimos realmente esperando desde tantos años y que se pudo concretar a pesar de del tiempo y de las dificultades, y el valorar que la sentencia sea en la ciudad de Tandil, por lo que ha trabajado la Mesa y otros actores durante tanto tiempo. Fue el lugar donde se dieron los hechos, la zona, la región y hay que rescatar eso para la memoria colectiva que la ciudad tenga conocimiento, conciencia de lo que se vivió hace tantos años atrás”, de acuerdo a lo que señalaron.

Desde la Mesa Intersectorial destacaron el rol de la Unicen en todo el proceso del juicio, ya que “todo lo que ocurrió tuvo un respaldo en recursos humanos, en recursos de infraestructura, en recursos también de conocimiento y de construcción de conocimiento, así como del trabajo los medios públicos universitarios”, en particular en el registro y difusión de cada una de las audiencias realizadas al momento.

Invitaron a la comunidad en general a presenciar la lectura de la sentencia y marcaron que “para la Mesa es muy satisfactorio que, en el marco de políticas nacionales vinculadas con el negacionismo, el refinanciamiento de las políticas de justicia y la destrucción de patrimonio muy importante en materia de derechos humanos, que Tandil dé un paso al frente esta semana, culminando con la lectura de las sentencias en la ciudad”.

Plantearon que Tandil no fue la excepción en cuanto a los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar. “Los responsables de de esos hechos gravísimos tienen nombre y apellido, y los que han llegado con vida y en condiciones de ser juzgados van a escuchar la sentencia que les corresponda. Han sido juzgados con leyes anteriores al hecho del delito cometido, con todas las garantías procesales que tiene cualquier acusado, cualquier delincuente, con todo el respeto hacia ellos por parte de los jueces”, indicaron.

Manifestaron además que los acusados “se presentan como abuelitos venerables, amados por su barrio y por su familia, y que son perseguidos políticos, pero sabemos que ellos fueron los responsables de esas aberraciones, ellos entraban en los centros de detención como si fueran dioses, diciéndonos, `Ahora teneme miedo a mí, yo soy dios y soy el dueño de tu vida`, y todas esas barbaridades que le decían a gente atemorizada, encapuchada, porque ni cara teníamos, ellos no nos veían ni las caras, encadenados, en un estado total de vulnerabilidad física y psicológica. Como son crímenes de lesa humanidad, no prescriben, porque son tan dañinos que lesionaron a a la dignidad humana misma y pueden ser juzgados en cualquier tiempo y lugar del planeta, ahora tienen que estar acá y y recibir el peso de la ley”, concluyeron.

Grilla completa de actividades camino a la sentencia

Jueves 23

Festival por la Memoria. A partir de las 18 en Pinto y Chacabuco. Bandas locales y el cierre a cargo de Facón. En el caso de mal clima se traslada al gimnasio del CCU.

Viernes 24

10 a 12 - Pinto y Chacabuco

Transmisión especial entre Abra UNICEN y Radio Universidad a través de streaming en el canal de Abra TV y el canal de YouTube de Radio Universidad UNICEN.

Muestra de experiencias e iniciativas vinculadas a derechos humanos en el marco de la Semana de la Extensión.

Pantalla en la calle con retransmisión en vivo de la audiencia.

11:30 - Sala INCAA de la UNICEN

Apertura de la Transmisión especial para escuelas del Nivel Secundario, Nivel Superior y Modalidad de Adultos a cargo del Proyecto Escuelas con Memoria.

12 - Aula Magna de Rectorado

Inicio de la audiencia de Lectura de veredicto del juicio por delitos de lesa humanidad de la zona centro de la provincia de Buenos Aires con la conformación presencial del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la ciudad de Mar del Plata.

El próximo viernes 24 de octubre, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata llevará a cabo en el Aula Magna de la Unicen la lectura del veredicto del Juicio La Huerta. El proceso juzga delitos de lesa humanidad cometidos contra 191 víctimas en la ciudad y la zona. Pero atrás de ese número hay historias, muchas historias de búsqueda, de memoria y de identidad. Una de ellas es la Simón Medina, quien tenía apenas un año cuando su padre fue secuestrado en su casa de Yrigoyen y Uriburu. Poco tiempo después, su madre tuvo el mismo destino. A la espera de la sentencia, Simón dialogó con El Eco de Tandil y contó su vida, que es también la de tantos otros.

“Que se haga justicia. Tardó en llegar, tendría que haber sido antes, pero más vale tarde que nunca. Me voy a poner contento con todas las sentencias independientemente de si es la del represor de mi viejo en particular. Sé que de alguna manera Balquinta -que falleció-, quedó impune por el caso de mi vieja, pero también sé que estuvo condenado por otros casos. Desde ahí uno también siente un poco de alivio”, dijo desde Ensenada, la ciudad en la que vive desde que su mamá fue secuestrada, y en la que se crió junto a sus abuelos maternos.

Hijo de Daniel Reynaldo Medina y de Elizabeth Kennel, no son demasiados los datos que Simón pudo reconstruir sobre la vida de sus padres. Hasta los 12 años pensó que su papá y su mamá estaban trabajando en Italia, por lo que esperaba con ansias que regresen y le lleven de regalo una camiseta de fútbol. Pero entonces supo parte de la verdad, y desde ahí en adelante comenzó una búsqueda que todavía continúa.

Un punto clave en ese camino fue cuando a los 16 años pudo leer el Nunca Más y encontró el nombre de su padre entre la lista de desaparecidos. Daniel Reynaldo había nacido en Orense, y se recibió de abogado en La Plata. Llegó a trabajar en la Facultad de Derecho pero la intervención de 1974 hizo que tome nuevos rumbos y ya en pareja con Elizabeth, ambos se mudaron a Tandil, donde nació Simón.

Como abogado, en la ciudad defendió derechos laborales de trabajadores de Metalúrgica y presentó habeas corpus por casos de detenciones y desapariciones. “Entendemos que no se sentía perseguido, no tenía miedo y hasta tengo una placa de un estudio jurídico con su nombre que no pude saber todavía si llegó a abrir o no”, dijo Simón. 

Estando la familia en su casa de Uriburu al 1400, un 18 de octubre de 1976, un grupo comando ingresó y se llevó a Daniel. Elizabeth se refugió con Simón en Mar del Plata, donde vivieron dos años junto a familiares. En circunstancias que todavía buscan esclarecerse, el 12 de julio de 1978 la joven de 29 años fue secuestrada cuando viajaba desde la ciudad balnearia hasta Tandil. 

En el 2011, Simón recibió un llamado. Era del Equipo Argentino de Antropología Forense, para que concurra a dar una muestra para un análisis que poco tiempo después determinó que su madre había sido asesinada en lo que se conoce como la Masacre de Luna Roja. Junto a otras 4 personas fueron encerradas en una casilla de madera y fallecieron luego de que los captores hayan hecho detonar un explosivo.

Desde los 12 años, Simón empezó una reconstrucción de su historia personal, que todavía continúa. Entre otras cosas pudo saber que su papá escuchaba folclore y en particular Los Chalchaleros, y que su mamá bailaba danzas españolas. Como tantos otros hijos de desaparecidos, todavía sigue atento a dar con personas que hayan conocido a sus padres y puedan contarle de algún otro dato. 

“Cuando me llamaron para darme el resultado del análisis del Equipo de Antropología Forense, yo iba en el auto pensando, y con la ilusión de que me iban a decir que habían encontrado a mi vieja en algún lugar del mundo. Sabía que no, pero en mi inconsciente la ilusión estaba. Uno vive con esa ilusión que es parte de esto también, que sigue jugando en la psiquis de uno porque al estar desaparecido, al no tener cuerpo y no saber que pasó, la esperanza queda siempre. Es una utopía, pero está”, contó.

Simón fue uno de los 213 testigos que pasaron por las audiencias del Juicio La Huerta. Pudo hacerlo por el caso de su padre, pero los jueces le preguntaron también por el caso de su madre, ya que a través de una intensa búsqueda pudieron determinar que en algún momento de su secuestro, Elizabeth fue trasladada a Tandil. Probablemente haya pasado por lo que se conoce como exISER. Quien estaba imputado por su detención era Alberto Balquinta, quien falleció durante el proceso del juicio, por lo cual su responsabilidad quedará impune.

El próximo viernes 24 de octubre, Simón retornará a Tandil, tal como lo hizo cuando volvieron colocar una baldosa conmemorativa en lo que fue su casa de la infancia. Si bien su expectativa con respecto al juicio era la de encontrar en los diferentes testimonios algo más de información sobre la historia de sus padres, quien dijo que se siente “un tandilense más”, consideró que la lectura del veredicto será “cerrar una etapa”. 

Pero el hecho de seguir el rastro de la memoria de Daniel y Elizabeht, continuará. “Espero poder descubrir un poquito más para seguir armando mi historia, seguir armando mi identidad y seguir obteniendo respuestas que hoy no tengo”, dijo no solo por él, sino también por sus dos hijos.

“Más allá de que quiero una condena por quien le hizo esto a mi viejo y a mi vieja, también quiero una condena para el resto de las víctimas de este circuito represivo que fue La Huerta, porque esto es algo colectivo”, concluyó, aunque su búsqueda todavía no concluya.

El próximo viernes 24 de octubre a las 10 se llevará a cabo en el Aula Magna de la Unicen la lectura de la sentencia del Juicio La Huerta, donde se juzga a 35 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Tandil y la región. Con la consigna “Camino a la sentencia”, desde la Mesa Multisectorial por la Memoria organizaron un conjunto de actividades para los días previos al evento, que tendrán como propuesta central un Festival Cultural el jueves 23 a partir de las 18 en la esquina de Pinto y Chacabuco.

Del Festival por la Memoria será parte bandas locales, números artísticos, y un cierre especial con la presentación de los consagrados Facón. La banda azuleña tendrá como parte de su repertorio a “Cuando veo tu cara”, una canción de su último disco que “evoca la identidad, la historia y los sentimientos relacionados con la restitución del nieto 114”, compartieron desde la difusión de las actividades.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladará a la ciudad para realizar la esperada lectura de la sentencia. El Juicio La Huerta lleva casi 3 años de proceso, donde se llevaron a cabo más de 100 audiencias por las que pasaron 213 testigos. En el juicio se juzga la participación y responsabilidad de 35 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la zona durante la última dictadura cívico militar. En el marco de las recientes actividades vinculadas al juicio, recientemente se presentó el libro Camino a la sentencia, publicado por el área de Derechos Humanos de la Unicen. Las propuestas en el marco de los días previos a la lectura de la sentencia tendrán lugar tanto en Tandil como en Azul y Olavarría.

Desde la organización transmitieron que existe la posibilidad de que sumen nuevas actividades en los días venideros, las cuales darán a conocer a través de las redes sociales de la Mesa Intersectorial, @nuncamastandil.

Jueves 16 de octubre – Azul

ISFDyT N.º 2 – Mitre y Colón - A las 18

Conversatorio “Memoria, Verdad y Justicia: los juicios de La Huerta y Monte Peloni”. Con la participación de Soledad Restivo, periodista y cronista de los juicios de la Subzona 12, integrante de la Mesa Multisectorial.

Sábado 18 de octubre - Tandil

Predio del ex CCD “La Huerta” – Desde las 11

Pintada de banderas y pasacalles. En caso de lluvia, la jornada se realizará en el Centro Cultural La Vía.

Lunes 20 de octubre

Conferencia de prensa “Camino a la Sentencia”

Convocada por la Mesa por Memoria, Verdad y Justicia, con el objetivo de marcar la importancia histórica del momento, presentar las actividades previstas para la semana y anticipar las acciones de visibilización que continuarán luego del veredicto.

Martes 21 de octubre

Volanteada en la Feria Extensionista –Tandil

Será en el marco de la Semana de la Extensión de la Unicen, de 16 a 20 en el Centro Cultural Arte y Parte (Yrigoyen 882)

Miércoles 22 de octubre – Olavarría

Centro Cultural Universitario – Yrigoyen 662 – A las 18.

Panel “Justicia y dictadura: el rol de la universidad en el juzgamiento a represores”. Participarán Leandro Lora (Conicet - Facso), Carmelo Vinci (Comisión por la Memoria) y Soledad Restivo (Radio Universidad 90.1, Mesa Multisectorial).

En el marco de la Semana de la Extensión, se abordarán los juicios de lesa humanidad en la región, el rol de la universidad y de los medios públicos y el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Miércoles 22 de octubre – Tandil

Muestra y premiación – Concurso “La identidad siempre florece” - A las 19 en el SUM del Centro Cultural Universitario.

En Día Nacional por el Derecho a la Identidad, se llevará a cabo la presentación de ilustraciones y microrrelatos creados por la comunidad en acompañamiento a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.

Exhibición completa de obras, lectura de microrrelatos y música en vivo a cargo del Taller de Ensamble Vocal de La Compañía.

Jueves 23 de octubre

Festival por la Memoria – Camino a la Sentencia

Desde las 18  en Pinto y Chacabuco. Bandas locales y el cierre a cargo de Facón.

Viernes 24 de octubre

Lectura de la Sentencia – Juicio Subzona 12

A partir de las 10hs en Pinto y Chacabuco. La Mesa por Memoria, Verdad y Justicia dispondrá de un gazebo en la Feria de la Extensión de la Unicen para dialogar, compartir datos, experiencias y emociones en torno a este proceso de memoria colectiva.

Además: 

10 a 12 - Pinto y Chacabuco

Transmisión especial entre Abra Tv Unicen y Radio Universidad. 

También se emplazará la “Muestra de experiencias e iniciativas vinculadas a derechos humanos de la UNICEN” en el marco de la Semana de la Extensión y a las 12  se retransmitirá la lectura del veredicto a través de una pantalla ubicada sobre la esquina.

11:30 - Espacio Incaa Unicen 

Apertura de la Transmisión Especial para Escuelas del Nivel Secundario, Nivel Superior y Modalidad de Adultos a cargo del Proyecto Escuelas con Memoria.