Un megaoperativo con fuerzas especiales de seguridad se montó durante la mañana de este martes en las inmediaciones de Pinar de Rocha. El despliegue responde a un inminente desalojo del emblemático boliche ubicado en la zona oeste, motivado por una presunta deuda en el pago del alquiler por parte de su dueño, Daniel Bellini.

Efectivos de la Policía Bonaerense y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) rodearon el predio y bloquearon los ingresos para dar cumplimiento a la medida. Según reveló la jueza a cargo del procedimiento, la acción judicial se ejecuta por falta de pago de alquileres, bajo una orden emanada del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº40.

En el lugar se vive un clima de tensión, ya que Bellini y un grupo de trabajadores se rehúsan a abandonar las instalaciones del complejo bailable. La situación continúa en desarrollo mientras las autoridades intentan avanzar con el mandato judicial en medio de la resistencia de quienes se encuentran dentro del local.

Un tribunal de California emitió un fallo en el caso de desahucio contra Mickey Rourke, cancelando formalmente el contrato de arrendamiento de su residencia en Los Ángeles.

Según documentos judiciales obtenidos por People y Page Six, la decisión fue dictada el 9 de marzo en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles a favor del propietario Eric T. Goldie, quien reclamaba la devolución de la propiedad ubicada en Drexel Avenue.

La resolución se emitió “por defecto”, lo que significa que el actor de 73 años no respondió a la demanda ni compareció ante el tribunal dentro del plazo establecido por la ley californiana.

Como consecuencia, el contrato de alquiler quedó cancelado y la vivienda pasó a estar formalmente fuera del alcance legal del nominado al Oscar.

El fallo se limitó a resolver la posesión del inmueble, sin contemplar el pago de daños económicos.

El proceso judicial se remontaba a diciembre del año pasado, cuando una notificación exigió a Rourke pagar 59.100 dólares en alquiler atrasado o abandonar la propiedad en un plazo de tres días.

El actor había vivido en esa casa durante más de una década, según confirmó su mánager de nueve años, Kimberly Hines, a comienzos de 2026 en declaraciones a The Hollywood Reporter.

En enero de este año, Rourke fue fotografiado retirando sus pertenencias del inmueble, con un camión de mudanzas estacionado frente a la vivienda.

De acuerdo con Hines, el estado del interior de la casa era deplorable, con moho negro, sin agua corriente y con daños estructurales que impedían trasladar los muebles.

Tras abandonar la propiedad, el actor se instaló temporalmente en un hotel de West Hollywood, donde las tarifas comienzan desde 550 dólares por noche, mientras su equipo organizaba un apartamento en Koreatown.

En ese contexto, Liya-Joelle Jones, asistente de Hines, lanzó una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar 100.000 dólares para ayudar a Rourke frente a su situación económica.

La iniciativa ganó notoriedad mediática rápidamente y casi alcanzó la meta en pocas horas.

Sin embargo, el propio actor rechazó públicamente la campaña en un video publicado el 5 de enero en su cuenta de Instagram.

“Eso no soy yo. Si necesitara dinero, no pediría ninguna maldita caridad. Preferiría meterme una pistola en el trasero y jalar el gatillo”, afirmó en el mensaje.

En ese mismo video, aseguró que nunca había oído hablar de GoFundMe y sostuvo que su vida era “muy sencilla”.

La mánager Kimberly Hines ofreció una versión diferente en declaraciones a The Hollywood Reporter. Según explicó, la campaña fue presentada al actor de manera informal y él dio una aprobación inicial sin comprender completamente el alcance de la iniciativa.

“Le dijimos: ‘Mickey, hay personas que quieren ayudarte’. Él dijo: ‘OK, bien’. Creo que no lo entendió, y ahora esto se ha convertido en un frenesí mediático y se alteró”, afirmó.

Hines también brindó detalles sobre la situación financiera del actor, señalando que no posee cuenta bancaria ni tarjeta de crédito y que vive de cheque en cheque.

Según relató, Rourke ha sido notoriamente generoso con otras personas, llegando incluso a comprar un apartamento a una exnovia con cáncer.

“O tiene mucho o no tiene nada”, resumió.

Además, indicó que el actor rechaza trabajos que no superen los 200.000 dólares diarios, según informó TMZ citando declaraciones de la mánager.

A raíz de la amplia cobertura mediática del caso, Rourke recibió cuatro ofertas cinematográficas en menos de 48 horas, según confirmó su mánager.

Pese a ello, el actor pidió a sus seguidores que reclamaran el reembolso de sus donaciones realizadas en la campaña.

Anoche, luego de intensas negociaciones, el proceso judicial que fijó ayer como fecha límite de restitución del predio conocido como el Dique Viejo llegó a su fin. En el inmueble, donde el Municipio recientemente anunció la creación de un Parque Ecológico, vivía un vecino desde hacía más de 20 años, que se resistió a retirarse en medio de un operativo de desalojo que se extendió durante buena parte de la jornada.

El conflicto finalmente llegó a una resolución. Alrededor de las 20, las partes alcanzaron un punto de entendimiento que quedó reflejado en un acta, el vecino se retiró del lugar y el Municipio recuperó la posesión del espacio ubicado en la avenida Taborini al 1900.

El operativo de desalojo comenzó ayer por la mañana. Durante el desarrollo de las tareas, la zona se mantuvo perimetrada por el protocolo en marcha que llevó adelante el Grupo de Apoyo Distrital (GAD).

Ante esta situación, los vecinos de la zona hicieron pública una carta que enviaron a las autoridades comunales, en la que manifestaron su preocupación por el destino del hombre ocupante, a quien describieron como “una persona de bien” que atraviesa una “situación crítica”.

El Eco de Tandil estuvo en el lugar de los hechos desde el comienzo del operativo y allí también otros frentistas de la zona coincidieron en que el ocupante es una persona de trabajo.

El operativo se inició pasadas las 9 de ayer. Dos móviles policiales se hicieron presentes en el lugar, junto a autoridades de la Secretaría de Legal y Técnica del Municipio.

El vecino se resistió a retirarse, por lo que la situación se complejizó con el correr de las horas. Los efectivos cortaron el tránsito de la avenida Taborini, en paralelo a la llegada de una ambulancia del SAME y una dotación del Cuartel Central de Bomberos.

Asimismo, personal de Bromatología también se hizo presente, ya que el hombre contaba con animales que debían ser resguardados. Poco antes del mediodía, el GAD tomó el control de la situación y activó el protocolo normativo.

El abogado del ocupante, Martín Leiva, se presentó en la zona. De parte del Municipio ofrecieron al vecino diversas alternativas para evitar una resolución conflictiva. De parte de la Secretaría de Legal y Técnica señalaron que además de prorrogar la ocupación, le propusieron cederle una vivienda en alquiler, ayuda en la compra de materiales, el aporte de un salario básico vital y móvil para su manutención. Ante la negativa, el operativo continuó en manos del GAD hasta por lo menos las 19.

Fin del conflicto

En diálogo con el ciclo Último bondi (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el secretario de Legal y Técnica Javier López confirmó anoche que el Municipio “recuperó la tenencia del inmueble”, poniendo fin a un conflicto judicial de larga data.

La situación responde a una orden judicial dictada por el titular del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil en el marco de un proceso de desalojo que se inició en 2022, que pasó por distintas instancias.

En efecto, la Justicia dictó el año pasado una orden judicial de desalojo, confirmada por la cámara en noviembre de 2023. Desde allí “empezamos a tratar de ejecutar esta orden de desalojo”, que tuvo como fecha definitiva de restitución la jornada de ayer.

“Entendíamos que no iba a haber una resistencia”, planteó el funcionario en virtud del anuncio de un proyecto para el lugar cuando aún no estaba resuelta la cuestión judicial.

Y justificó que, durante el proceso, el Municipio presentó “alguna propuesta” al ocupante del predio para que “no quedara en situación de calle” con “alternativas” a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, pero reconoció que la situación fue “distinta de la esperada”.

Entonces, de acuerdo al modo en que fueron sucediendo los hechos, ameritaron la intervención de la fuerza pública, que posteriormente derivó en la implementación de un protocolo de “cuidado y protección”, que fue “el que se fue llevando adelante”.

-¿Qué es lo que el hombre pretendía? ¿Cuál fue la propuesta?

-Básicamente tuvimos todas las conversaciones, gracias a la gestión también del titular del Juzgado Civil y Comercial 2, que fueron en el ámbito mismo del juzgado. Tuvimos tres audiencias en los últimos 10 días en forma virtual con presencia de letrado del señor y nosotros. Lo que le ofrecíamos eran distintas alternativas, como la ayuda para la compra de materiales para que pudiera establecer su vivienda; la ayuda económica a través de un salario mínimo vital y móvil durante un plazo determinado para que pudiera subsistir. El señor tiene hoy una actividad, pero el problema radicaba en que necesitaba exclusivamente un predio para poder tener no solo su vivienda, sino realizar también su actividad de doma de caballos. Como Municipio no teníamos la posibilidad de darle esa solución, ni en comodato ni en propiedad, y sí le ofrecemos la alternativa de una ayuda, incluso llegamos a plantear la posibilidad de alquiler de vivienda.

-¿Cuál fue el compromiso se asumió?

-Finalmente, el señor asumió la obligación y restituyó la tenencia del inmueble a la Municipalidad de Tandil, que a partir de hoy (por ayer) ya está en posesión y en tenencia definitiva de este inmueble como propietaria que es del predio. El señor aceptó voluntariamente ir a una pensión, en la que va a estar durante un tiempo determinado, y a través de su abogado se comprometió a buscar un lugar para que, con la ayuda del Estado municipal, pueda encaminar su situación después de este desalojo.

El caso, en detalle

El Municipio anunció la creación de un Parque Ecológico en el Dique Viejo. Sin embargo, el área donde se planifica el proyecto es parte de un conflicto legal de larga data. El predio pertenece a la comuna, pero hace décadas fue cedido al Tiro Federal, institución a través de la cual el actual ocupante accedió al lugar, donde se instaló para cuidar el área.

Ante el pedido de la comuna, el Tiro Federal restituyó el predio, pero el vecino permaneció en su vivienda junto con sus animales. En 2022, el Municipio inició una acción de desalojo. Sin embargo, el ocupante se presentó junto a representantes legales, donde -de acuerdo al relato municipal-, admitió la anuencia del Tiro Federal para permanecer en el lugar.

Posteriormente, agregaron desde la comuna, el vecino sostuvo que había comprado derechos posesorios en el año 2003. El propio secretario de Legal y Técnica municipal Javier López advirtió que se trataba de una escritura falsa, por lo que se le inició una causa por adulteración de documento público.

El juez de primera instancia ordenó el desalojo a mediados de 2024. El ocupante y sus representantes apelaron la medida, pero la Cámara de Apelaciones resolvió en favor de la comuna en noviembre de ese mismo año.

Los 30 días que la Justicia había otorgado para el retiro voluntario del lugar se prorrogaron por la feria judicial hasta el 20 de febrero. Sin embargo, en dicha fecha el ocupante tampoco se retiró del predio, por lo que se ordenó la acción de desalojo para el miércoles 24. El juez a cargo de la causa principal es Francisco Blanc, del Juzgado Civil y Comercial 2.

Según lo transmitido por las autoridades municipales, en el marco del proyecto del Parque Ecológico, se había acordado con el ocupante el ingreso de parte de funcionarios comunales al lugar. Sin embargo, el vecino se habría molestado por el acceso de personal del Municipio y envió mensajes intimidatorios a representantes del Ejecutivo, lo que derivó en otra causa penal por amenazas.

El hombre que permaneció atrincherado por más de 10 horas dentro de una vivienda ubicada en el Dique Viejo, un predio de más de 10 hectáreas en el que el Municipio proyecta la creación de un Parque Ecológico, finalmente llegó a un acuerdo con la ayuda de un mediador del Grupo Halcón.

En diálogo con El Eco Multimedios, el Secretario de Legal y Técnica, Javier López, dio mayores certezas sobre el acuerdo que puso fin a una tensa y maratónica negociación.“El Municipio recuperó la tenencia de un inmueble municipal de 10,3 hectáreas. Esto data de un proceso de desalojo que se inició en el año 2022 y que transitó por todas las etapas. Hubo una orden judicial de desalojo el año pasado, confirmada por la Cámara en noviembre de 2023, y a partir de ahí empezamos a tratar de ejecutar esta orden de desalojo”, indicó el funcionario.

Según lo señalado por López, a partir de diciembre de ese año, el hombre contaba con 30 días para restituir el predio voluntariamente, “y dado que eso no se iba haciendo, fuimos prorrogando, siempre intentando llegar a una salida armoniosa, hasta que por disposición del juzgado, la fecha definitiva era el día de hoy”, remarcó.Lo que no esperaban por parte del Municipio fue que el hombre presentara resistencia y se negara a abandonar el predio, hecho por el que debió actuar la fuerza pública, hasta el punto de que un negociador del Grupo Halcón ingresó a la vivienda para conversar con él.

“Tuvimos tres audiencias en los últimos diez días, y lo que le ofrecemos era distintas alternativas, como la compra de materiales para hacerse su vivienda, un SMVM por un tiempo determinado para que pudiera subsistir, pero el problema radicaba en que el hombre necesitaba exclusivamente un predio para tener, no solo su vivienda, sino también donde desarrollar su actividad relacionada a los caballos, que el Municipio no podía ofrecerle”, comentó.

Finalmente, se firmó un acta en el que el vecino aceptó voluntariamente ir a una pensión de manera temporal y se comprometió, al igual que el Municipio, a buscar algún lugar “para que con la ayuda del estado municipal pueda encaminar su situación, y tener un techo a través de un alquiler temporal”, finalizó.

Los vecinos del hombre que decidió atrincherarse en una vivienda ubicada en el predio del Dique Viejo, expresaron su preocupación por la integridad del frentista, a quien conocen como “Tato” y aseguran que se trata de una buena persona, que vive allí desde hace 20 años, luego de que le fuera cedido el terreno por parte del Tiro Federal.

Finalmente, algunos años después, el lote pasó a estar bajo la potestad del Municipio, que en un principio le permitió quedarse allí y usar la tierra para su trabajo, pero en el último tiempo, y ante el proyecto de desarrollo de un Parque Ecológico, desde la comuna se le manifestó la intención de hacer uso del predio, y la situación escaló hasta la emisión de una orden de desalojo para este miércoles.

Daniel Soula, uno de los impulsores de la redacción de un comunicado elevado al Municipio donde la barriada de la zona manifestó su apoyo al hombre, se acercó al lugar y solicitó ingresar a hablar con él para intentar calmar las aguas, y aunque no se lo permitieron se mantuvo allí para brindar asistencia en caso de que sea necesario.

"Todos los vecinos firmamos un documento que fue presentado más que nada para que se considere su situación y no lo saquen a la calle. Es decir, bueno, sí requieren del lugar que bueno, por lo menos a él le den una salida adonde pueda ir y desarrollar su actividad", explicó en diálogo con El Eco.

Destacó la buena relación que tiene con los habitantes de la zona, y aseguró que "es una persona excelente, de campo, del trabajo, muy noble y respetada".

La situación es compleja, ya que el predio donde reside no solo es su hogar, sino también su fuente de trabajo, "él tiene caballos y está con sus animales dentro de su casa, un gato y dos perros que bueno, tengo imágenes acá que las mandó hoy, pobre, estaba muy triste, casi quebrado" aseguró.

La reacción de “Tato” ante la situación es de bronca y frustración: "Él está enojado. La realidad es que él está enojado porque siente que hubo tal vez demasiado manoseo en la situación y siente que no se han manejado las cosas de la manera correcta", señaló Soula, quien hasta minutos antes de la llegada del operativo conversó con él vía Whatsapp.

Tanto él como muchos de los vecinos enfatizan en que el hecho no se trata de una ocupación ilegal, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de este tipo de conflictos en la ciudad: "Esto no es una ocupación, no es que él vino acá y ocupó. A veces da mucha impotencia sabiendo que ciertos lugares ocupan de prepo y no se hace nada, y acá es todo distinto porque él ingresó acá por un trato en su momento para que él cuidara un predio y desarrollara su actividad y realmente después quedó colgado", expresó.

El principal objetivo de Soula y los habitantes del barrio es encontrar una salida digna ante el tenso escenario: "Fundamentalmente que no pase a mayores, que se salvaguarde la integridad física de todos y que se le encuentre una salida, que puede ser que al principio tal vez no sea la más deseada, pero que en definitiva vaya siendo temporal hasta que se pueda llegar un acuerdo como para que él continúe o sea reubicado, porque realmente no es una persona para sacarlo como un perro, merece una oportunidad", aseveró.

Hasta las 18 30, el operativo continúaba en el lugar, con el hombre atrincherado, y la presencia de bomberos, Policía Local y del Grupo Gad, una ambulancia, y, según averiguaciones realizadas por este medio, la posibilidad de la llegada de un negociador del Grupo Halcón.

A un año y medio del comienzo de la toma en La Movediza, con el desalojo dictado pero en pausa, y la reciente determinación de la Justicia para que los ocupantes puedan innovar en sus viviendas si ven afectada su salud, vecinos linderos al predio de calle Piccirilli presentaron una carta al Intendente y al Concejo Deliberante solicitando que se declare inconstitucional la inclusión del terreno en el Renabap y para que se dé continuidad al desalojo.

“Requerimos por medio de quien corresponda, se arbitren los medios para declarar la inconstitucionalidad de la inclusión en el Renabap y que se dé continuidad al desalojo ordenado judicialmente”, manifestaron. 

Fue en el marco de uno de las últimas reuniones del Foro de Seguridad que los vecinos firmantes dieron a conocer la misiva. En el encuentro, señalaron, la concejal Luján Fiego se comprometió a impulsar una declaración sobre el tema en el Legislativo.

“Nos dirigimos a ustedes como vecinos de esta ciudad y residentes del barrio La Movediza linderos al predio que se encuentra usurpado desde febrero de 2023 y que es de público conocimiento, en calles Piccirilli, Salta, Alvarado, Navarro y Misiones (propiedad privada Sr. Moauro)”, comienza el texto.

“Expresamos nuestra más profunda preocupación ante una situación que nos ha afectado y continúa afectando en nuestra vida diaria, cuya demora en la resolución de un desalojo por parte del poder judicial, nos expone a las crecientes situaciones de inseguridad y tensiones vecinales que sufrimos diariamente y que hemos expresado públicamente y ante el Foro de Seguridad. Es importante destacar aquí que la Cámara de Apelaciones de Azul confirmó la decisión del Juez de Tandil que ya ha ordenado el desalojo”, plantearon.

Cabe recordar, fue los primeros días de febrero de 2023 cuando comenzó la ocupación del predio ubicado sobre calle Piccirilli al 1000. A un año y medio del inicio de la toma, viven en el lugar más de un centenar de familias, muchas en situación de extrema vulnerabilidad económica y habitacional. Existe una causa judicial por “usurpación”, a partir de la cual se determinó el desalojo. Pero al momento, el mismo no se concretó.

Tras diversas presentaciones de los vecinos ocupantes, y luego de que una persona del lugar haya fallecido por complicaciones en su salud, la Justicia dictó la posibilidad de innovar en las viviendas cuando la situación sanitaria lo amerite o suponga un peligro para los habitantes.

El propietario del predio manifestó su disconformidad con la inclusión del terreno al Registro Nacional de Barrios Populares, un reclamo que extendió al actual gobierno nacional, que tras ocho meses de gestión mantiene la situación tal como la había establecido la administración anterior.

Por su parte los vecinos de la zona se expresaron públicamente en diversas ocasiones para transmitir su preocupación por hechos que atribuyeron a la toma. “Queremos expresar una situación que al menos es peligrosa, dada la cercanía del asentamiento y la irregular declaración de la toma como parte del Renabap de parte de las autoridades nacionales, nuestro temor a que se amplíe la superficie declarada y nos afecte aun más en nuestras propiedades, como se dijo, linderas”, plantearon en la carta.

“También advertimos que esta posibilidad de ampliación de Renabap se replique en otros barrios, promoviendo nuevas tomas organizadas en nuestra ciudad, afectando a nuestros vecinos de bien que mucho esfuerzo diariamente trabajan para poder vivir dignamente en el marco de la ley”, agregaron sobre el mismo tema.

Entre otros aspectos preocupantes, sumaron las “conexiones clandestinas al servicio de luz”, las “crecientes construcciones aun estando en etapa de no innovar”, y los intentos de extender las mismas “hacia predios lindantes como los nuestros”.

Los vecinos cerraron su misiva haciendo referencia al compromiso asumido por la concejal Luján Fiego “a realizar una declaración desde el espacio que representa manifestándose en contra de la inclusión a la toma en el Renabap, dado las expresiones de nuestro Presidente de la Nación en cuanto al resguardo y primacía de la propiedad privada, como derecho fundamental”.

Vecinos ocupantes del lote en La Movediza volvieron a marchar al Municipio en rechazo al desalojo. El diputado provincial Guillermo Kane, quien presentó en la Legislatura Bonaerense un proyecto para declarar “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el terreno tomado, acompañó la movilización.

“Nuestro proyecto plantea con claridad que cada familia pague su terreno con una cuota acorde al ingreso real que tengan. Hoy estuve reunido recorriendo estos terrenos en La Movediza, hablando con los vecinos, y ellos defendían esta realidad. O sea, no quieren que se les regale nada”, expresó el diputado -del Partido Obrero- en diálogo con El Eco de Tandil.

Cabe recordar, la toma en el lote ubicado en calle Piccirilli al 1000 comenzó hace 9 meses atrás. A la fecha se encuentra en suspenso el desalojo dictado por la Justicia, a la espera de que se resuelva el pedido de autoridades nacionales con respecto al reconocimiento del lugar como “barrio popular”, lo que habilitaría su incorporación al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). 

Tal como hicieron en ocasiones anteriores, parte de los ocupantes llamaron a una convocatoria a las puertas del palacio municipal. Poco después de las 11 se concentraron en la Plaza Independencia con pancartas en las que pudo leerse “La vivienda es un derecho” y “No al desalojo”. 

En el lugar, el diputado Kane dialogó con El Eco de Tandil y se refirió al proyecto presentado, el cual espera ingresar a comisión durante la próxima sesión. En relación al terreno ocupado, planteó que “no queremos que sea un asentamiento precario, sino que tengan una política de Estado, ahí como en tantos otros barrios”.

Consultado por si la causa penal iniciada contra los ocupantes podría interferir en el posible proceso de declaración de “utilidad pública” del lote, planteó que “es un error muy grave tratar de resolver un problema social con una tipología penal”, y agregó que tal modalidad “no resuelve el problema social, sino que agrava lo que ya están sufriendo estas familias, lo que sufren un montón de bonaerenses, y la verdad que tanto desde el Municipio de Lunghi como del gobierno provincial de Axel Kicillof, lo que tendrían que hacer es una mesa de diálogo con los vecinos y decir si en esos mismos terrenos, si hay otros que son mejores, o de qué manera esa carencia habitacional que está habiendo se va a resolver”.

“Yo estoy sola con dos hijos. Tengo un bebé de seis meses y un nene de seis años. Y estaba viviendo atrás de la casa de mi mamá, hice mi casa ahí, y no funcionaba la relación y me fui a vivir ahí”, contó Lucía, una joven de 25 años en relación a su llegada a la ocupación en La Movediza.

“La idea es, en primer lugar, luchar por nuestros derechos. Estamos todos en una misma situación ya desde hace nueve meses. No hay respuesta ninguna. Si bien se suspendió el desalojo, no quedaron en un no”, agregó.

“Nosotros fuimos por nuestras propias cuentas porque no pudimos más pagar el alquiler. Yo soy mamá de dos nenes, ahora estoy embarazada también. Hay mucha gente que está necesitando el terreno porque como estamos en el país, uno no puede pagar el alquiler”, expresó por su parte Sonia, otra de las vecinas movilizadas.

Consultadas por si habían recibido asistencia de parte del Municipio o el área de Desarrollo Humano y Hábitat, plantearon que “nos cerraron las puertas, nos dijeron que éramos vagos y eso queríamos aclarar que no somos vagos ni negros. Nosotros somos otros laburante más que vamos a pedir la vivienda para poder pagar. No queremos nada gratis”. 

Este lunes el Juzgado de Garantías 1 suspendió de forma provisoria el desalojo de los terrenos ocupados en la zona de La Movediza a pedido de la Dirección de Acceso al Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se abrió una nueva instancia en el marco del conflicto por la tierra. Ahora, tras dejar momentáneamente sin efecto la expulsión, la Justicia deberá ponderar los argumentos expuestos y expedirse al respecto. 

Es decir, el juez José Alberto Moragas podría resolver el desalojo compulsivo o dar lugar a una urbanización reglamentada por la normativa que nuclea a los barrios populares, circunstancia que sentaría un inusual precedente en el distrito. 

El pedido elevado el pasado viernes lleva la firma de Agustín Alcorta, director de Acceso al Suelo Urbano, quien alegó que la zona en litigio se encuentra en el barrio popular "La Movediza I", sector de la ciudad que forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de Integración Urbana (Renabap) bajo el número 608, oficializado por diversos decretos y amparado por la Ley Nacional 27.453 y la Ley 27.694. 

En el escrito, el funcionario expuso que “hay una zona del barrio mencionado que no se encuentra aún oficialmente en el polígono registrado en el Renabap a pesar de estar identificado, pero será incorporado en las próximas semanas”. 

De este modo, argumentó que en una parte de su articulado la Ley  27.453 declara "de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares identificados en el Renabap” y entiende por integración socio urbana "al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de las barreras urbanas…”.

Con la premisa de ofrecer una solución habitacional, la maniobra legal apunta a la regularización dominial y urbanización del predio en el que permanecen apostadas más de 60 familias y, en el mismo sentido, el encuadre jurídico establece que, con el objeto de proceder a su integración urbana, es posible declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación, “la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el Renabap”. La norma aludida dispone también la suspensión “de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo dentro de los barrios parte del Registro Nacional de Barrios Populares” por un lapso de 10 años. 

Asimismo, el pedido aclara que no es requisito excluyente contar con el Certificado de Vivienda Familiar (las viviendas censadas en el Renabap lo poseen) para encontrarse amparado por esta ley. Valiéndose de los instrumentos legales expuestos, el área nacional solicitó que “se suspendan las acciones y medidas procesales que conduzca al desalojo de los bienes inmuebles que componen el barrio popular La Movediza I”. 

Otras intervenciones

En paralelo, también hicieron lo propio desde Provincia y el Ministerio Público de la Defensa, aunque Garantías todavía no resolvió al respecto. De este modo, desde la Dirección Provincial de Regularización de Hábitat de la Subsecretaria de Hábitat de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, solicitaron también la suspensión del desalojo compulsivo al juez Moragas “a fin de lograr concretar un plan de contención de las familias en situación de vulnerabilidad social, económica y sanitaria, desde los diversos organismos provinciales con competencia en las diversas problemáticas a contener”, frente a la falta de respuestas de otros actores.  

En simultáneo, el defensor general pidió por su parte la suspensión hasta tanto no exista un plan de contingencia concreto como manda el Protocolo de la Suprema Corte para aquellas personas que pueden quedar en situación de calle. La Defensoría local ya había solicitado lo mismo con antelación y ahora adhirió al planteo del Ministerio Público de la Defensa. 

Actuaciones judiciales previas

La expulsión por la fuerza ya había sido desestimada en julio y ahora la medida volvió a quedar sin efecto. El juez José Alberto Moragas había fijado para el 31 de octubre la nueva fecha al dar por agotadas todas las instancias de negociación previstas en el Protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. 

En rigor, el evento se remonta a febrero de este año, con la ocupación por parte de un grupo de madres de un predio emplazado en La Movediza, situación que resultó judicializada porque lo acreditaron como propio los herederos de Daniel Moauro –el macizo está en sucesión-, quienes efectuaron la denuncia por “Usurpación de inmueble”. 

En este marco, se aplicó el Protocolo de la Suprema Corte provincial para estos casos pero al considerar que se agotaron las instancias de negociación, el titular del Juzgado de Garantías, José Alberto Moragas, dictó el desalojo a pedido del fiscal Luis Piotti. La medida fue suspendida en julio por la Cámara de Apelación y Garantías de Azul, con el objetivo de resolver el problema en una mesa de negociación, aunque los intentos fracasaron y el conflicto se encaminó hacia el desahucio. 

Según detallaron, ante la negativa del Municipio de construir consensos al respecto, naufragó la posibilidad de suscribir un convenio urbanístico para convertir el macizo en suelo urbano y poder lotearlo. Asimismo, finalmente el dueño de las tierras también desistió de esta posibilidad y el conflicto volvió a foja cero. 

Soluciones habitacionales

El foco está puesto, en tanto, en aportar soluciones habitacionales en materia de acceso justo al hábitat y a la ciudad, que fue lo que desde el principio intentó hacer la mesa de negociación. 

Desde la Facultad de Humanas de la Unicen, un organismo estatal que intervino en todo el proceso, oportunamente adoptaron una perspectiva crítica y cuestionaron la respuesta represiva, advirtiendo que “no constituye una solución alternativa al conflicto y lesiona aún más los derechos vulnerados de las familias ocupantes, que durante estos meses han esperado una respuesta de la política pública ante su situación de emergencia habitacional”.

Alineados con el posicionamiento que esgrimió en su momento la Defensoría oficial, que intercedió ante la Justicia para garantizar una alternativa a las familias más vulneradas, los organismos involucrados replicaron que  los objetivos de aplicación del Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles indican la necesidad de: “Prevenir y/o reducir el impacto social ulterior que puede generar la instrumentación de tales medidas, brindando protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas especialmente vulnerables en los procesos de desalojo”. 

En sintonía, remarcaron que al no registrarse ninguna propuesta de política pública previa al desalojo, no se han cumplimentado los objetivos del mismo. Por su lado, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat comunal consignaron que van a atender a los ocupantes que lo se acerquen al espacio, en pos de evaluar si necesitan algún tipo de  acompañamiento. 

Barrios populares de Tandil 

En 2016 había 905 familias instaladas en tres barrios populares y para 2022 la cifra trepó a 1.788, localizadas en 10 asentamientos. El crecimiento demográfico y urbano que ha experimentado la ciudad no es un dato nuevo, pero sí es posible establecer una comparación para ver cómo evolucionó el tema en los últimos años.

Al tomar como base de análisis los asentamientos informales -denominados barrios populares-, según reportes oficiales se desprende que en 2016 había tres espacios de este tipo relevados en la ciudad, localizados en La Movediza, Villa Cordobita y Las Tunitas. Aunque hay algunos registros previo al año 2000, después de esa fecha los barrios populares comenzaron a proliferar. En ese entonces, en total había 905 familias instaladas allí. Asimismo, en 2022 se contabilizaron 10 barrios populares con 1.788 familias. 

En el listado aparecen asentamientos en Villa Cordobita, Las Tunitas, Villa Laza (Los Charitos), La Movediza I, La Movediza II, Villa Gaucho, Darío Santillán, La Unión, Villa Aguirre y Tarraubella, el complejo de Lavalle al 1700  construido hace 30 años que quedó inconcluso tras una estafa y fue posteriormente ocupado. En tanto, Las Tunitas  y Villa Cordobita son los sectores que más población concentran, con 374 y 298 familias relevadas, respectivamente.  

Es decir, no sólo se triplicó la cantidad de barrios populares, sino que en la actualidad vive en este tipo de urbanizaciones el doble de familias que hace seis años, situación que refleja la compleja problemática habitacional y el cada vez más obturado acceso a la tierra. A nivel local, las dificultades en el acceso a la vivienda son muy marcadas y las cifras reflejan las necesidades poblacionales, que ante la falta de perspectivas y oportunidades en este sentido, deciden organizarse de dicha manera. 

Las cifras citadas surgen de la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) –en mayo de 2022- y del Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI) realizado por Techo, presentado en 2009, 2011, 2013 y 2016, que comprendió la caracterización, georreferenciación y localización de los asentamientos informales en distintos puntos del país, entre ellos Tandil. 

En 2018, la creación del Renabap, coordinado e implementado por la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, permitió empezar a sistematizar datos en pos de construir políticas públicas para revertir el déficit de viviendas y suelo urbano que aqueja a todo el país. 

Además, la inclusión de los asentamientos en la nómina pretende garantizar derechos a sus habitantes. Vale reseñar que el registro contempla a los barrios denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que presentan diferentes grados de precariedad. Deben ser un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenten con título de propiedad del suelo ni acceso formal de dos servicios básicos como luz, agua y cloacas, por ejemplo. 

Ante el inminente desalojo de las 64 familias apostadas en el predio de Piccirilli al 1000, que tenía fecha para hoy, la Dirección de Acceso al Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación solicitó el viernes pasado la suspensión provisoria de la medida y la Justicia hizo lugar al pedido.

La petición fue acompañada por el Ministerio Público de la Defensa nacional y provincial, y por la Defensoría del fuero penal local a cargo de Diego Araujo, quien en contacto con este Diario afirmó que “hemos pedido la postergación de la medida hasta que se establezca un programa ante la emergencia que implica el desalojo compulsivo”.

En consecuencia, el Juzgado de Garantías 1 dictaminó ayer que “previo a resolver lo que corresponda y a los fines de evaluar cabalmente la procedencia, se impone la suspensión provisoria de la ejecución de la medida de desalojo compulsivo ordenada para los días 31 del corriente mes y alternativamente para el 2 de noviembre del 2023”. 

De esta manera, se estableció un nuevo compás de espera en la causa por “Usurpación de inmueble”  que se sigue desde febrero, cuando el macizo fue ocupado por decenas de familias y los dueños efectuaron la denuncia penal.

Nueva suspensión 

La expulsión por la fuerza ya había sido desestimada en julio y ahora la medida volvió a quedar sin efecto. El juez José Alberto Moragas había fijado la nueva fecha al dar por agotadas todas las instancias de negociación previstas en el Protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. 

Por otra parte, vale reseñar que un núcleo de más de 20 familias se retiró voluntariamente semanas atrás del macizo en disputa. No obstante, la mayor parte de las personas que forman parte de la ocupación decidió permanecer en el lugar hasta las últimas consecuencias y se generaron algunos roces con vecinos y policía. Desde el inicio de la problemática, hubo sectores diferenciados en el predio: quienes optaron por un despliegue pacíficamente, y otros que se mostraron más intransigentes ante las intervenciones institucionales. 

En este marco, desde Nación y las defensorías apelaron a las leyes de Integración socio urbana de barrios populares y otros marcos normativos similares, como el Régimen de Regulación Dominial (Ley Nacional 27.694), para sustentar el pedido en cuestión e intentar hallar una salida al conflicto que no desemboque en el desalojo como única respuesta.  

En este nuevo escenario, el Poder Judicial deberá evaluar y ponderar las condiciones de existencia para que el desalojo compulsivo se produzca, garantizando los derechos de los ocupantes antes, durante y después. 

Negociaciones truncas 

En rigor, el evento se remonta a febrero de este año, con la ocupación por parte de un grupo de madres de un predio emplazado en La Movediza, situación que resultó judicializada. En este marco, se aplicó el Protocolo de la Suprema Corte provincial para estos casos pero al considerar que se agotaron las instancias de negociación, el titular del Juzgado de Garantías, José Alberto Moragas, dictó el desalojo a pedido del fiscal Luis Piotti. La medida fue suspendida en julio por la Cámara de Apelación y Garantías de Azul, con el objetivo de resolver el problema en una mesa de negociación, aunque los intentos fracasaron y el conflicto se encaminó hacia el desahucio. 

Según detallaron, ante la negativa del Municipio de construir consensos al respecto, naufragó la posibilidad de suscribir un convenio urbanístico para convertir el macizo en suelo urbano y poder lotearlo. Asimismo, finalmente el dueño de las tierras también desistió de esta posibilidad y el conflicto volvió a foja cero. 

Por su parte, desde la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional del Centro, organismo que intervino activamente en la mesa de trabajo y aportó sus recursos para abordar la problemática, repudiaron el desalojo y bregaron por ofrecer otro tipo de respuestas más allá del punitivismo. En la misma línea se expidió el defensor Diego Araujo, quien apuntó a que debería haber soluciones políticas a un conflicto derivado de la falta de políticas públicas en el acceso al suelo urbano y la vivienda. 

Así, hace 15 días el juez de Garantías José Alberto Moragas pautó para el 31 de octubre el desalojo compulsivo. En principio, se supo que el fiscal a cargo -Luis Piotti- coordinó con la Jefatura de Policía las condiciones en las que se llevaría a cabo la medida judicial. Además, la Defensoría Oficial, Defensoría del Pueblo y la Unicen trabajaron de manera coordinada en optimizar las condiciones para concretar el retiro de los ocupantes cuando llegue el momento. El nuevo freno a la expulsión forzada abrió un espectro de posibilidades para destrabar la conflictividad. 

Municipio en alerta 

Ante una eventual nueva manifestación en la explanada municipal, ayer cerraron las puertas de la sede del Ejecutivo local y reforzaron la seguridad en la zona con el desplazamiento de algunos efectivos policiales.

Si bien no vallaron el área, sí desplegaron un operativo, aunque en “actitud pasiva”, ante la posibilidad de que vecinos que se apostaron en el lote de Piccirilli al 1000 vuelvan a manifestarse, tal como hicieron la semana pasada para reclamar soluciones habitacionales.

Las protestas se centran en el inminente desalojo de las más de 64 familias que tomaron el predio, que estaba pautado para este martes, aunque la medida se suspendió por el momento. 

En este sentido, vale recordar que el pasado viernes un grupo de más de 80 personas que representaban a quienes ocuparon el predio se movilizó a las inmediaciones de la Municipalidad con diversas banderas y pancartas para exigir respuestas habitacionales a la comuna. De este modo, las autoridades informaron que podían solicitar acompañamiento en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, donde se evaluará cada situación y se pondrán a disposición los programas de asistencia vigentes.

Tras las presentaciones efectuadas por la defensa y por la Dirección de Acceso al Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, finalmente se suspendió el desalojo de las 64 familias apostadas en el predio de Piccirilli al 1000.

“Hemos pedido la postergación de la medida hasta que se establezca un programa ante la emergencia que implica el desalojo compulsivo”, había informado a este medio el defensor oficial Diego Araujo.

A media mañana, el representante de los ocupantes del predio confirmó que efectivamente la medida dispuesta para este martes por el titular del Juzgado de Garantías, José Alberto Moragas, a pedido del fiscal Luis Piotti, fue suspendida de manera provisoria.

Un grupo de más de 80 personas que representaban a las 64 familias apostadas en el predio de Piccirilli al 1000 se movilizó ayer en las inmediaciones de la Municipalidad con diversas banderas y pancartas, de cara al inminente desalojo que tiene fecha pactada para el próximo martes 31 de octubre. 

De este modo, una movilización constituida fundamentalmente por mujeres y niños se acercó en la mañana de ayer a la explanada municipal -que permaneció fuertemente custodiada todo el día- para hacerse oír con carteles cuyas  leyendas clamaban “Por un plan de viviendas populares” y “Ser pobre no es ser delincuente -y otros que aludían al Polo Obrero La Movediza-. La manifestación cortó durante algunos minutos el tránsito sobre Belgrano y ocupó más de una hora el frente del edificio comunal. 

En diálogo con El Eco de Tandil, Natalia Gosk, representante de los ocupantes, explicó los motivos de la manifestación y afirmó que el día del desalojo se van a quedar ahí "hasta el final”. En los últimos días, y a pesar de la notificación del operativo, los vecinos de la toma se organizaron en una comisión, realizaron mejoras en las viviendas, cortaron el pasto y crearon un comedor comunitario con el fin de asentarse. 

En paralelo, Gosk y otra mujer se entrevistaron con el subsecretario de Gobierno, Pablo Civalleri, pero las demandas no tuvieron eco más allá de la formalidad del recibimiento.

“Hicimos una movilización pacífica para poder entregar un proyecto de ley que fue entregado en la Cámara de Diputados de la Provincia y también para dar a conocer la situación que se vive previo al desalojo del martes 31. Entregamos el petitorio y se nos rieron en la cara, nos dijeron que ellos no se hacen cargo de nada, que busquemos ayuda de Provincia o Nación porque Tandil estaba dentro de la provincia de Buenos Aires”, expuso.

"Hasta el final"

En cuanto a los papeles que certifican que el predio es privado y pertenece a un particular, documentación que respaldó la denuncia penal por “Usurpación”, señaló que “el defensor Araujo nos lo comunicó pero jamás se vio un papel, y cuando quisimos hablar con el Municipio para verlos, no nos quisieron mostrar nada”.

En el mismo sentido, indicó que esperan que el desalojo no sea compulsivo, ya que entre los ocupantes hay menores, gente enferma y personas con discapacidad. De todas formas, ratificó que cuando llegue el día “nos vamos a quedar ahí hasta el final, nadie se va a ir”.

En tanto, Gosk consideró que es el Ejecutivo local quien debe hacerse cargo de la situación y no dejar “tiradas” a familias con menores. Al respecto, refirió también que “no se hacen cargo si el día del desalojo lastiman a un niño como lo hicieron con Sebastián Simón y el Municipio tampoco se hizo cargo. Están haciendo lo mismo pero con centenares de familias”.

Asistencia municipal

Cabe destacar que el día anterior, ante el desalojo inminente dispuesto por la Justicia, el Municipio reiteró que las familias que se encuentran en el lugar pueden concurrir a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, donde se evaluará cada situación y se pondrán a disposición los programas de asistencia vigentes.

Las autoridades municipales recordaron que, como ya se había manifestado anteriormente, se encuentran a disposición las herramientas y programas de asistencia y apoyo vigentes para las familias en situación de vulnerabilidad, que pueden ser tramitadas en la sede de Desarrollo Humano y Hábitat de la comuna, en avenida Del Valle 757 o en el centro comunitario más cercano.

Negociación y desalojo 

Por otra parte, vale reseñar que un núcleo de más de 20 familias se retiró voluntariamente semanas atrás del macizo en disputa. No obstante, la mayor parte de las personas que forman parte de la ocupación decidió permanecer en el lugar hasta las últimas consecuencias. 

En rigor, el evento se remonta a febrero de este año, con la ocupación por parte de un grupo de madres de un predio emplazado en La Movediza, situación que resultó judicializada. En este marco, se aplicó el Protocolo de la Suprema Corte provincial para estos casos pero al considerar que se agotaron las instancias de negociación, el titular del Juzgado de Garantías, José Alberto Moragas, dictó el desalojo a pedido del fiscal Luis Piotti. La medida fue suspendida en julio por la Cámara de Apelación y Garantías de Azul, con el objetivo de resolver el problema en una mesa de negociación, aunque los intentos fracasaron y el conflicto se encaminó hacia el desahucio. 

Según detallaron, ante la negativa del Municipio de construir consensos al respecto, naufragó la posibilidad de suscribir un convenio urbanístico para convertir el macizo en suelo urbano y poder lotearlo. Asimismo, finalmente el dueño de las tierras también desistió de esta posibilidad y el conflicto volvió a foja cero. 

Así, la semana pasada, el juez de Garantías José Alberto Moragas pautó para el 31 de octubre el desalojo compulsivo. En principio, se supo que el fiscal a cargo -Luis Piotti- coordina con la Jefatura de Policía las condiciones en las que se llevará a cabo la medida judicial. En la misma línea, Defensoría Oficial, Defensoría del Pueblo y la Unicen trabajan de manera coordinada en optimizar las condiciones en las que se concretará el retiro de los ocupantes.

La Cámara de Apelación y Garantías de Azul hizo lugar a la medida que interpuso el titular de la Unidad Funcional de Defensa Descentralizada 3 del Departamento Judicial de Azul, Diego Araujo, y decidió dejar sin efecto la orden de desalojo del predio de Piccirilli al 1000, en La Movediza, cuyo plazo vencía mañana. 

El pasado 30 de mayo, la Defensoría Oficial presentó un recurso de apelación con efecto suspensivo de la resolución dictada el 24 de ese mes por el Juzgado de Garantías a cargo de José Alberto Moragas, que otorgó un plazo máximo de 45 días a las familias para que desocupen los lotes usurpados, con la advertencia de avanzar en un desalojo compulsivo en caso de incumplimiento. 

Consultado por El Eco de Tandil, Araujo expuso que el recurso fue concedido “porque es lo que establece la ley procesal. La causa aún está en la Cámara y se estima que pronto se irá a resolver”. 

De este modo, las partes pueden continuar con las negociaciones para dar  una salida pacífica y propositiva al conflicto que se generó en febrero de este año. En tanto, la próxima semana continuarán las reuniones entre los diferentes actores involucrados para avanzar en el ofrecimiento de alternativas habitacionales que alcancen al menos a los grupos más vulnerables allí localizados. 

De acuerdo al reporte censal elaborado en el marco del protocolo previo, se entrevistaron a 113 familias, integradas por un total de 280 personas, de las cuales 101 son niños, nueve son personas con discapacidad y 46 padecen enfermedades crónicas. 

El litigio por la tierra

En febrero, tras la denuncia del ciudadano que se presentó ante la Justicia como el dueño de las tierras, se tramitó una causa penal por “Usurpación” en la UFI 3, cuyo titular es el fiscal Luis Piotti, y el Poder Judicial inició una serie de acciones legales tendientes a desactivar el conflicto, que incluyó la convocatoria de instituciones como la Unicen, las Defensorías del Pueblo, la Defensoría Penal, organismos provinciales y demás entidades, para efectuar un informe acerca de las condiciones obrantes en la toma. 

El compás de negociación se abrió a mediados de marzo. Promediando mayo, Piotti dio por agotadas las instancias del protocolo y solicitó al Juzgado de Garantías la desocupación del espacio. Seguidamente, el juez José Alberto Moragas aceptó el pedido y ordenó la expulsión por la vía policial de los acampantes si para el 8 de julio no abandonaban el predio por sus propios medios. Ahora, la medida quedó sin efecto y estiman poder resolver la problemática por otros medios. 

En torno a la implementación del marco de actuación, cabe recordar que el Municipio decidió exponer sus propias conclusiones sobre el censo realizado por diversas instituciones el 17 de abril pasado y efectuó una valoración diferente de la situación de vulnerabilidad de los distintos grupos presentes en el acampe masivo. 

En contrapartida, el planteo de la Defensoría para pedir la suspensión del desalojo argumentó que el informe confeccionado es “claro” al expresar que “en consecuencia requieren de la acción mancomunada de los distintos niveles y poderes del Estado en orden a garantizar la plena satisfacción de sus derechos, a través de estrategias que deberán contemplar los distintos aspectos relevados, así como los intereses de las dos partes en conflicto, en pos de una solución pacífica de la problemática”.

El Municipio 

Además, hace una semana, un grupo de integrantes de la ocupación de Piccirilli al 1000 se manifestó frente a la sede de la Secretaría de Desarrollo y Hábitat de la comuna. Fueron recibidos por la responsable del área, Alejandra Marcieri, y el secretario de Legal y Técnica Andrés Curcio. 

La respuesta fue la habitual: el Municipio no se hará cargo de aportar soluciones hasta tanto los ocupantes no se retiren del macizo, y tampoco se mostraron a favor de que las familias sean reubicadas en tierras del Estado.

Una de las vecinas que acudió al mencionado encuentro había señalado que “ellos dicen que no nos van a dar una solución habitacional, y que tienen 3 mil personas anteriores que están en la misma situación. Una vez más no nos brinda la oportunidad de ponernos un terreno, ya sea fiscal o algo así, que nosotros podamos pagarlo con una tarifa de vivienda social”. 

En paralelo, la mujer respondió afirmativamente cuando fue consultada sobre si la respuesta concreta de parte de las autoridades municipales  fue la de que ingresen al Registro Demanda Habitacional.