El proceso de transferencia del Banco Industrial al Banco Patagonia generó incertidumbre por la continuidad del personal de la sucursal Tandil de dicha entidad. Pero luego de que el sindicato La Bancaria haya firmado un acuerdo con las autoridades de la empresa, se aseguró que se mantendrá la planta de empleados, reconociendo las categorías, antigüedades y derechos adquiridos.

Lo acordado por la firma y la entidad sindical tuvo efecto sobre 300 trabajadores de todo el país, y sobre los 8 empleados del Industrial a nivel local. Por su parte desde el sindicato informaron que los jubilados y pensionados seguirán cobrando en el mismo lugar en el que lo hacían.

“Es una buena noticia. Se garantiza la continuidad laboral acá en Tandil, teniendo en cuenta que es una ciudad donde tenemos Banco Patagonia y Banco Industrial”, transmitió Juan Carri, secretario general de La Bancaria en la ciudad. 

“De no ser por la Asociación Bancaria, por la herramienta sindical, estaríamos hablando de trabajadores y trabajadoras desprotegidos. Quiero dejar en claro la importancia, la importancia que tienen los sindicatos en cuestiones como esta. Y, una vez más, demuestra la conducción de Sergio Palazzo como uno de los grandes secretarios generales que tiene el mundo sindical de la Argentina”, sumó.

Carri señaló además que “los clientes del Banco Industrial, en especial a la banca previsional, nuestros jubilados y pensionados no tienen que hacer ningún traspaso, ningún tipo de trámite, van a seguir cobrando en el mismo lugar”.

Fue a comienzos de septiembre cuando se conoció la noticia de que el Banco Patagonia absorbería parte del Banco Industrial. La operación incluyó a 28 sucursales y casi 300 trabajadores en todo el país, pero el Banco Industrial conservó el sector mayorista, de inversiones y el negocio del comercio exterior.

El movimiento había generado que La Bancaria, que representa a los trabajadores de las entidades bancarias del país hayan tomado estado de alerta. Un caso particular fue el de Tandil, donde existen sucursales de ambas entidades.

Sin embargo, La Bancaria logró un acuerdo con el Banco Patagonia, y tal como ocurrió en el resto de las localidades con presencia del Banco Industrial, se aseguró la continuidad de las fuentes laborales.

“Se acordó resguardar de forma integral el interés y los derechos de las y los trabajadores de la entidad bancaria que realiza la transferencia”, indica el comunicado de La Bancaria.

Los términos de la continuidad, sumaron desde el sindicato, serán con “estabilidad laboral garantizada” ya que “la entidad adquirente se compromete formalmente a absorber a la totalidad de las y los trabajadores del sector al momento del traspaso efectivo”.

También con “respeto a la trayectoria”, que supone que “se reconocerán de forma estricta las categorías vigentes, la antigüedad y todos los derechos adquiridos”, y el “encuadramiento convencional” por lo que “todo el personal continuará protegido bajo la órbita de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, el cual será de aplicación efectiva”.

“Lo importante de este marco acuerdo es que se garantiza la estabilidad laboral, o sea, que tenemos una estabilidad laboral garantizada, porque la entidad adquiriente, el Banco Patagonia, se compromete formalmente a absorber la totalidad de las y los trabajadores del sector al momento del traspaso”, marcó Carri.

“Se respeta la trayectoria y se reconocerán de forma estricta las categorías vigentes, la antigüedad y todo derecho adquirido por el trabajador del Banco Industrial, que va a pasar a ser parte del Patagonia, y el encuadramiento convencional. Esto es importante porque todo el personal continuará protegido bajo la órbita de nuestro convenio colectivo de trabajo”, concluyó el secretario general.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof, dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el marco del conflicto que atraviesa la empresa Granja Tres Arroyos. La medida busca retrotraer los despidos que afectan a 1200 trabajadores en las plantas bonaerenses ubicadas en Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.

La decisión oficial se conoció pocas horas después de que trascendiera que la compañía ya había desvinculado a unos 1730 empleados, lo que representa más del 25% de su dotación total. Esta cifra se suma a un contexto de crisis financiera y operativa que atraviesa el grupo, el cual incluye salarios atrasados, deudas millonarias y diversos reclamos judiciales por parte de sus acreedores.

De acuerdo con la información recabada, el grupo emplea a 6500 trabajadores en relación de dependencia distribuidos en tres provincias. En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, se estiman unas 1250 desvinculaciones: alrededor de 750 en Capitán Sarmiento, 450 en Wade 2, situada en Esteban Echeverría, y otras 50 en Pilar.

El Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) denunció que la empresa no respondió al pedido de entrega de la nómina completa de las personas desvinculadas. Sobre la metodología aplicada por la firma, desde el gremio manifestaron: “El despido es improcedente e ilegal, porque la empresa se apoya en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo invocando fuerza mayor”.

Cabe recordar que, a fines de agosto, la compañía confirmó la paralización “transitoria” de sus establecimientos en Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Ante este escenario, se fijó una nueva audiencia entre los representantes de Granja Tres Arroyos, la firma Wade y el sindicato para el próximo jueves, con el objetivo de continuar las negociaciones y procurar la preservación de los puestos de trabajo.

La firma avícola notificó formalmente el despido de 260 de los 900 empleados de la planta La China en la ciudad entrerriana, lo que implica una reducción del 25 por ciento del personal, profundizando el complejo escenario operativo y financiero que atraviesa.

En los telegramas enviados, la dirección de Granja Tres Arroyos argumenta que la medida obedece a “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de la actividad”.

La compañía atribuye la caída de su actividad a los brotes de influenza aviar registrados en el país, los cuales derivaron en el cierre de fronteras comerciales e impidieron el acceso a mercados internacionales clave como China.

Al respecto, en el documento de desvinculación, planteó que dicho bloqueo sanitario generó una “reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación, circunstancias que derivaron en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa”

En este marco, y tras afirmar que aplicaron medidas previas de adecuación que resultaron insuficientes, la firma justificó la reestructuración parcial como vía indispensable para “posibilitar la continuidad de la empresa y preservar las restantes fuentes de trabajo”.

Ante este panorama, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió en un comunicado el proceder patronal, calificándolo de “artero e insensible” ante la apremiante situación de los trabajadores.

Asimismo, sostuvo que los despidos “no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis” y expresó que “no queremos ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra concursal”. NA

La empresa Granja Tres Arroyos, principal referente del sector avícola en el país, formalizó el despido de 260 trabajadores de su planta industrial La China, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay. La medida representa una reducción del 25 por ciento de su plantilla total de 900 empleados, en un contexto de profunda inestabilidad operativa y financiera para la firma.

En los telegramas de notificación, la dirección de la compañía justificó la decisión alegando una grave disminución de trabajo no imputable a la empleadora. Según explicaron, la situación se originó en circunstancias extraordinarias vinculadas a los brotes de gripe aviar registrados en el territorio nacional, los cuales derivaron en el cierre de fronteras comerciales y el impedimento de acceso a mercados internacionales clave, como China.

La empresa detalló en el documento de desvinculación que el bloqueo sanitario provocó una reducción de las exportaciones, sobreoferta en el mercado interno, caída de precios y un incremento en los costos de explotación. Al respecto, la firma sostuvo:

La medida busca posibilitar la continuidad de la empresa y preservar las restantes fuentes de trabajo.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió el accionar patronal mediante un comunicado, calificándolo de artero e insensible ante la compleja realidad de los operarios. El gremio señaló que entre los cesanteados se encuentran delegados del personal y advirtió que los trabajadores arrastran un atraso de más de cinco quincenas en sus salarios.

La situación de la avícola se completa con un crítico frente de deudas, ya que la empresa mantiene un pasivo de 350,9 millones de dólares. Actualmente, la compañía negocia con sus acreedores una reestructuración que incluye quitas de hasta el 75 por ciento del capital y la venta de al menos cinco activos no estratégicos, tras haber ingresado a fines de 2024 en un proceso preventivo de crisis.

La empresa de maquinaria agrícola Metalfor despidió a 35 empleados de su planta ubicada en Noetinger, en el este de Córdoba. La medida se concretó de manera inesperada, luego de que la firma autorizara a los trabajadores a retirarse a las 12 para observar el partido de la selección argentina frente a Egipto.

La decisión se produjo apenas una semana después de que la compañía abriera un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba, debido a los atrasos en el pago de sueldos de sus 600 trabajadores directos. Hasta el momento, desde la empresa no han respondido a las consultas sobre lo sucedido.

Metalfor, líder en el segmento de pulverizadoras autopropulsadas con base en Marcos Juárez, enfrenta actualmente una profunda crisis de liquidez. Según datos del Banco Central, la firma mantiene deudas con 23 entidades bancarias por un total de 52.000 millones de pesos. Asimismo, registra 558 cheques rechazados por un valor de 5348 millones de pesos, de los cuales solo ha cancelado el 11 por ciento.

El deterioro financiero se refleja en la calificación de la empresa, que pasó de una situación 1 en mayo de 2025 a alcanzar la situación 3 durante marzo y abril pasados. El balance del primer trimestre mostró una caída significativa en las ventas, con 56 unidades comercializadas frente a las 116 del mismo periodo del año anterior.

La empresa, fundada por Luis Dadomo en 1974 y adquirida en 2017 por la compañía Bertotto Boglione, atraviesa un escenario sectorial adverso. De acuerdo con datos de Acara, el mercado de maquinaria agrícola registró una baja en los patentamientos del 32,4 por ciento mensual en junio. Por su parte, la UOM de Bell Ville ha manifestado que el objetivo principal es preservar las fuentes laborales y evitar que la crisis derive en despidos masivos adicionales.

La crisis que atraviesa el canal de streaming Blender escaló este viernes tras conocerse la desvinculación de todo el equipo de producción del ciclo Hay Algo Ahí. La medida, que fue ejecutada el jueves por la tarde, impidió la salida al aire del programa conducido por Tomás Rebord, quien se encuentra de vacaciones, y afectó también al resto de la programación, incluyendo el espacio de José María Listorti.

Según trascendió, el operativo se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad en el edificio del canal. Tomás Rebord, a través de sus declaraciones, calificó la decisión como un superataque contra su programa y su persona. El conductor manifestó su desconcierto ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la empresa.

Ayer, Blender, el medio en el que trabajo hace tres años, decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción. Durante todo el día de ayer intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron.

Por su parte, la empresa Blender difundió un comunicado donde defendió su accionar. La firma aseguró que honra sus compromisos con más de 100 trabajadores y atribuyó el conflicto a un grupo reducido de personas que, según sostuvieron, intentó presionar a la compañía mediante el uso de la pantalla durante una negociación salarial. En contrapartida, los trabajadores denunciaron el despido de al menos 10 compañeros tras reclamar el cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios de 2026 y exigieron su reincorporación inmediata.

El conflicto ocurre en un contexto de crecimiento para la señal, que en 2025 se posicionó como el tercer canal de streaming con mayor audiencia del país. Asimismo, la situación se desarrolla días después de que el Gobierno porteño preadjudicara el Canal de la Ciudad a Cale Group, empresa propiedad de Augusto Marini, quien también es dueño de Blender y del canal Carajo.

Unos 70 trabajadores de la estación de peaje de Hinojo, en el partido de Olavarría, fueron cesanteados en el marco del proceso de privatización de rutas nacionales impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La medida, que se hará efectiva a partir de julio, genera una fuerte preocupación entre los empleados, quienes aún desconocen si serán reincorporados por la empresa que asumirá la concesión del corredor vial.

Según pudo saber la Agencia DIB, la empresa estatal Corredores Viales SA avanzó con un esquema de retiros voluntarios que contempla las indemnizaciones correspondientes para el personal que se desempeña en la Ruta Nacional 226. De esta manera, cerca de 70 trabajadores dejarán sus puestos al finalizar junio.

La incertidumbre gira en torno a la continuidad de las fuentes laborales una vez que se concrete el traspaso de la operación a manos privadas. Desde el sector indicaron que todavía no hay precisiones sobre la estructura que tendrá la nueva concesionaria ni sobre la cantidad de empleados que requerirá para el funcionamiento del corredor.

“Ahora hay que ver qué va a pasar después con la empresa nueva. Hay que esperar a ver con qué personal va a contar. Pueden ser los mismos, que necesite menos o que quizás necesite emplear más”, señalaron fuentes vinculadas a la actividad.

No obstante, entre los trabajadores existe preocupación por la posibilidad de que la futura operadora reduzca significativamente la plantilla debido a la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas automatizados. Entre los empleados afectados se encuentran trabajadores de balanza, operadores viales, personal de maestranza, cajeros, supervisores y técnicos de soporte.

La situación del peaje de Hinojo se enmarca en la segunda etapa del proceso de concesión de rutas nacionales y autopistas que impulsa la administración nacional. En abril, el Gobierno abrió las ofertas económicas de las empresas interesadas en explotar corredores estratégicos de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

En la licitación correspondiente a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, el consorcio conformado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA presentó la propuesta más económica para administrar 1.325 kilómetros de corredores viales que incluyen la autopista desde la avenida General Paz, la Ruta Nacional 3 hasta Bahía Blanca, la Ruta 205 hasta Bolívar y la Ruta 226 hasta Mar del Plata.

Por su parte, para la concesión de la Ruta Nacional 5, resultó adjudicataria la firma Construcciones Electromecánicas del Oeste.

La decisión adoptada respecto del personal del peaje de Hinojo es una de las primeras consecuencias visibles del proceso de privatización. Sin embargo, aún restan definiciones sobre otros corredores involucrados en licitaciones similares que podrían cerrarse antes de fin de año.

Mientras tanto, se estima que las futuras concesionarias profundizarán la automatización del sistema de cobro mediante una mayor utilización de TelePASE y otras herramientas tecnológicas. A la vez, los planes contemplan la construcción de nuevas estaciones de peaje, un escenario que mantiene en vilo a los trabajadores sobre cuál será el impacto real en el empleo dentro del sector.

El seleccionado de Túnez tomó una determinación drástica tras su estreno en la Copa del Mundo 2026. La federación nacional anunció el despido de Sabri Lamouchi, quien dejará de ser el director técnico del equipo luego de la contundente derrota por 5-1 ante Suecia en el marco del Grupo F.

El ciclo de Lamouchi al frente del combinado africano concluyó tras acumular cinco partidos, con un saldo de un triunfo, un empate y tres derrotas. La salida se concretó pocas horas después del encuentro disputado, marcando la primera baja de un entrenador en la actual edición del torneo.

Durante el partido, el conjunto sueco demostró una marcada superioridad. Los goles fueron anotados por Yasin Ayari, quien marcó por duplicado, Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg. Por su parte, Omar Rekik logró descontar para el equipo africano antes del entretiempo.

Con este resultado, Suecia se posicionó como el único líder de la zona, beneficiado también por el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el otro encuentro del grupo jugado en Texas. Mientras el equipo europeo se perfila como candidato a avanzar a 16avos de final, Túnez deberá reorganizarse rápidamente para enfrentar a Japón con la urgencia de sumar puntos para mantener sus expectativas de clasificación.

La reestructuración que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) comienza a mostrar consecuencias concretas en Balcarce. Según datos relevados por el periódico La Vanguardia, ya fueron aceptados 43 retiros voluntarios en la Estación Experimental Agropecuaria local, lo que representa el 18% de una planta de 239 trabajadores.

Los números preocupan porque gran parte de las desvinculaciones corresponden a personal altamente calificado que desarrolló su carrera profesional dentro del INTA y que constituye uno de los pilares de la investigación agropecuaria nacional.

De los 43 retiros aceptados, 24 corresponden a profesionales, entre ellos cinco jefes de Agencias de Extensión Rural. Los otros 19 trabajadores son técnicos vinculados a laboratorios, tareas de campo y áreas administrativas, todos de gran reconocimiento nacional e internacional.

La Estación Experimental Agropecuaria Balcarce ocupa un lugar central dentro de la estructura del INTA. No solo es uno de los principales centros de investigación agrícola y ganadera del país, sino que además integra un modelo único de articulación científica a través de la denominada Unidad Integrada Balcarce, que vincula al INTA con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

A nivel nacional, el INTA cuenta actualmente con alrededor de 5.700 trabajadores bajo convenio, cerca de mil menos que al inicio de la actual gestión. Sin embargo, el Gobierno nacional busca profundizar esa reducción mediante un programa de retiros voluntarios que tiene como objetivo alcanzar unas 1.200 desvinculaciones más.

Días atrás, el director de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Facundo Quiroz, sostuvo que la mejor manera de defender al INTA es conocerlo, en referencia al rol estratégico que cumple el organismo en la generación de conocimiento aplicado al desarrollo productivo.

El miércoles al mediodía, el Parque Tecnológico Miguelete, ubicado en Villa Maipú, partido de San Martín, fue el escenario de un masivo encuentro entre empresarios y referentes pyme. La convocatoria, impulsada por subgerentes, directores y jefes de departamento del INTI, surgió como respuesta a la eliminación de 1.000 servicios técnicos y el cierre de áreas estratégicas como el Servicio Argentino de Calibración y el Sistema de Metrología Legal.

La situación del organismo es crítica, ya que las autoridades anunciaron que en los próximos días se concretarán más de 700 despidos. Esta cifra se suma a un recorte del 30% del personal que el instituto ha sufrido desde el inicio de la actual gestión, entre retiros voluntarios y bajas de contratos. A pesar de que se intentó impedir la actividad mediante la presencia de gendarmes y el bloqueo de accesos, la gran concurrencia permitió que el encuentro se desarrollara con normalidad.

Durante la jornada, Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), destacó la importancia del desarrollo tecnológico para la movilidad social: "Muchos países que admiramos, admiramos cómo crecen, cómo crece la gente, cómo pasan de la pobreza a la clase media, la movilidad que tienen, es porque también tiene un mercado de capitales, porque también tiene una parte financiera, pero están totalmente apoyados en el desarrollo tecnológico, industrial y social, y eso se hace con educación y con centros como el INTI multiplicados por todo el país".

Por su parte, Aldo Lo Russo, ceo de Baigorria, fue tajante al afirmar que "Hoy nos encontramos con una política industrial inexistente". En la misma línea, el presidente de Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, advirtió sobre las consecuencias de desmantelar el organismo:

“Si queremos un país con una matriz industrial diversificada, federal como la Argentina, es imposible ir a mercados mundiales sin organismos como el INTI que certifican los productos que tenemos que exportar, que les dan la garantía a otras naciones del ingreso de productos adaptados a las normativas y reconocido a nivel mundial. Sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación. Ahora se nos ha dicho que el INTI no es necesario porque cualquier cosa que tenemos que hacer podemos realizarla en laboratorio privado, pero me hablan de competitividad y me hacen mandar los ensayos a un laboratorio más caro y, en muchos de los casos, esos laboratorios no existen en la Argentina. Mientras tanto, mi fábrica tiene que esperar a que vuelva el ensayo para exportar”

La directora técnica de El Balancero SRL, Fernanda Mettini, subrayó que "sin el INTI no sólo no hay industria sino que tampoco hay comercio, seguridad ni salud". Asimismo, Juan Cruz López Hamdan, fundador de Cultura Cárnica, relató su experiencia personal: "Vengo del sector ganadero y siempre tuve la convicción de agregar valor a nuestra producción. Con esa premisa creamos la marca Cultura Cárnica. Me acerqué al INTI sin tener idea del sector industrial porque no vengo de ese ámbito y sus especialistas me ayudaron a desarrollar un producto desde cero y a montar nuestra primera planta. Si todo sale bien y el INTI sigue funcionando vamos a poder terminar un nuevo producto cárnico con el objetivo de exportarlo a Estados Unidos".

Finalmente, Paul Segal, profesor de economía en IAE Business School, concluyó que el INTI cumple un rol fundamental al asesorar a las empresas para cumplir con los exigentes estándares internacionales de seguridad y calidad.

La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, luego de que la propia firma solicitara la medida tras años de crisis financiera y el fracaso del concurso preventivo de acreedores iniciado el año pasado. Con una deuda acumulada de 120 millones de dólares, el juez Marcelo Gelcich determinó la quiebra indirecta por la imposibilidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones.

En su sentencia, el magistrado señaló que la compañía no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurando un cuadro de insolvencia estructural que no puede ser revertido mediante las herramientas del proceso preventivo. Según el documento judicial, la firma arrastra una deuda impositiva y previsional superior a los 6.000 millones de pesos, a lo que se suman más de 12.000 millones de pesos en salarios adeudados y aportes a obras sociales y sindicatos.

La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) denunciaron que la cooperativa adeuda ocho meses de sueldos más aguinaldos a sus operarios. El sindicato afirmó que la firma se ha sostenido con el patrimonio de los trabajadores, quienes han debido recurrir al fondo solidario de la entidad gremial para subsistir ante la falta de pagos.

El fallo también reveló que la tasa de generación de nuevo pasivo se estima en aproximadamente 3.000 millones de pesos mensuales, una cifra que la actividad ordinaria no logra absorber. Actualmente, las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad. Mientras que la planta de Sunchales se encuentra mayormente ociosa, la de San Guillermo está paralizada desde diciembre de 2025. Solo los establecimientos de Devoto y La Carlota operan cerca de su capacidad, aunque bajo una estructura de costos que las mantiene en déficit.

A pesar de la declaración de quiebra, el juez dispuso que la empresa continúe operando de forma provisoria para evitar un perjuicio mayor a los 914 trabajadores en relación de dependencia y a los acreedores en general. No obstante, se ordenó la presentación de un plan de liquidación de activos que maximice el recupero y se prohibió la asunción de nuevos pasivos durante esta etapa.

La caída de este emblema del agro argentino se refleja en sus cifras históricas: en 2017, la firma contaba con 4.000 empleados y procesaba cuatro millones de litros de leche diarios. Hoy, ese volumen se redujo a apenas 500.000 litros, marcando el final de un proceso de reestructuración que no logró salvar a la histórica cooperativa.

El secretario general de ATE Tandil, Hernán Gasparini,  estuvo en el Desayuno de Tandil Despierta (Eco TV y Tandil FM 104.1), donde analizó la crítica agenda que atraviesa el sector público en sus tres niveles. El referente gremial puso el foco en la crisis de las obras sociales, la precariedad de los haberes estatales y la falta de inversión en infraestructura para prestaciones esenciales.

La situación de la cobertura médica de los jubilados. Luego del reclamo realizado el viernes pasado, el referente confirmó un acercamiento por parte de las autoridades de la regional Mar del Plata. Según explicó, se prevé la designación de un coordinador para la sede de Tandil, aunque bajo una modalidad rotativa. "Vendría alguien de la ciudad vecina a cumplir esa función un par de días por semana, por lo menos para comenzar", detalló, subrayando la urgencia de normalizar la atención.

Sin embargo, la preocupación no es solo administrativa. El dirigente advirtió sobre la reapertura de la paritaria nacional del organismo prevista para mañana, en un contexto de ingresos que calificó como "de miseria". El escenario más crítico se da con los profesionales médicos, quienes iniciaron un paro de 72 horas.

"Hay un planteo donde, si no se revoca la resolución del Gobierno Nacional respecto al recorte salarial, los profesionales están dispuestos a renunciar. Un médico que percibía 600.000 pesos por el servicio pasaría a cobrar 350.000. Es un ajuste sanitario criminal que nos encamina a una catástrofe con nuestros adultos mayores", sentenció.

Al analizar el Sistema Integrado de Salud Pública local, el titular de ATE se refirió a la millonaria deuda que mantiene el Ejecutivo, la cual supera los 3.000 millones de pesos. De ese total, aproximadamente 400 millones corresponden a falta de pagos por parte de IOMA y PAMI.

Ante este panorama, insistió en que la gestión de Miguel Lunghi debe buscar "estrategias creativas" para recuperar fondos. En ese sentido, impulsó nuevamente la adhesión al SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada). "Es muy difícil para un hospital local negociar con gigantes como Swiss Medical. La propuesta es que la Provincia gestione esa recaudación para que el dinero vuelva efectivamente a las arcas municipales", explicó.

Hernán Gasparini fue contundente respecto a la pérdida de capacidad de compra durante el presente año. Utilizando una analogía, señaló que si un trabajador ganaba 100 pesos en enero de 2024, hoy un empleado privado percibe el equivalente a 91 pesos, mientras que en el sector público esa cifra cae a los 78 pesos.

"Si tomamos como base diciembre, el derrumbe es del 50 por ciento. Esta situación ya no afecta solo a los sectores vulnerables, sino que se ha extendido a trabajadores que históricamente tenían sueldos medios-altos. Esto destruye el consumo masivo; hablas con comerciantes y nadie vende nada porque el poder de compra se pulverizó", agregó.

En el ámbito local, el gremio mantiene la exigencia de participar formalmente en la mesa de negociación con el Ejecutivo. Cuestionó el cierre de la paritaria anterior y adelantó sus pretensiones para la discusión de mayo: "De mínima, los agentes municipales deben percibir un 15 por ciento de aumento en un solo pago para empezar a recuperar lo perdido en el primer cuatrimestre".

Finalmente, el dirigente denunció graves deficiencias en diversas dependencias, mencionando mesas de castración oxidadas y problemas edilicios en centros de salud. "En Bromatología, el problema del aire acondicionado lleva un año sin resolverse por falta de presupuesto o decisión política", detalló.

Como cierre, se refirió al desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional, que ya sufrió 140 despidos: "Están destruyendo un servicio fundamental para el campo, la industria y el turismo. No se explica tanta crueldad si no hay un plan de privatización detrás", concluyó.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa una crisis operativa tras el despido de 140 trabajadores y la planificación de otros 100 recortes antes de octubre. Esta situación afecta directamente la producción de información clave para alertas y pronósticos, impactando en 26 estaciones de la provincia de Buenos Aires, entre las que se encuentra la de Tandil.

La meteoróloga Ana Saralegui, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el organismo, detalló el alcance de la medida. "De estos 140, alrededor de 80 trabajadores se despidieron en el interior del país, quienes la mayoría eran observadores meteorológicos", señaló ante medios nacionales.

Los despidos golpean principalmente a la Red de Observación, donde se realiza el monitoreo constante de variables claves como la temperatura, la presión y la humedad. Actualmente, las alertas tienen un 85% de efectividad en territorio bonaerense, pero se estima que esta capacidad de respuesta mermará ante la falta de personal especializado.

La reducción de la planta técnica implica una pérdida de precisión que afecta a la población y a sectores económicos vulnerables al clima. Respecto al impacto en la producción, Ana Saralegui advirtió: "Por ejemplo en el campo, al Gobierno le va a salir más caro no tenernos que tenernos. Las pérdidas para el sector agropecuario por falta de pronósticos pueden ser monstruosas".

En el interior de la Provincia, el recorte afecta a estaciones de localidades como Tandil, Azul, Benito Juárez, Olavarría, Bolívar, Tres Arroyos y 9 de Julio. La falta de operarios obligará a reducir las frecuencias de monitoreo en diversos puntos. "Va a pasar que tendremos que dejar de medir en algunas estaciones de noche, por ejemplo. O se verá afectado algún día", explicó la delegada.

Las cesantías afectan a personal bajo régimen de contrato, muchos con amplia trayectoria en la institución. Natalia Bonel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, expresó su preocupación sobre la situación. "Yo hace 15 años soy contratada. Los contratados no percibimos ningún tipo de indemnización ni un plus de dinero por nada cuando nos despidan", declaró.

Frente a esta situación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una medida de fuerza para el viernes 24 de abril, de 5 a 12 horas, en todas las dependencias. La protesta impactará en la actividad aérea, con posibles suspensiones o reprogramaciones de vuelos dependiendo de cada empresa.

En un contexto marcado por cierres de empresas y despidos, el empleo registrado continúa mostrando indicadores negativos. Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la ocupación volvió a retroceder en enero, acumulando una pérdida superior a los 124.000 puestos en los últimos 12 meses y de 300.000 desde la llegada al poder del presidente Javier Milei.

La contracción del último mes estuvo motorizada fundamentalmente por el sector público, mientras que en el ámbito privado el retroceso fue marginal. De acuerdo con la información oficial, la baja mensual fue la más leve de los últimos ocho meses. En el sector privado registrado, la caída fue de apenas 0,04%, lo que representa una desaceleración en el ritmo de destrucción de puestos de trabajo.

Sin embargo, al analizar los términos acumulados, entre noviembre de 2023 y enero de este año se perdieron 206.262 puestos en el segmento privado, lo que sitúa el nivel de empleo en valores similares a los de comienzos de 2015. Por su parte, el sector público retomó una tendencia descendente tras una etapa de estabilidad, registrando una reducción sostenida de 77.044 puestos desde el final de la gestión de Alberto Fernández.

A nivel sectorial, la dinámica resultó dispar. Mientras que la construcción mostró señales de recuperación al encadenar dos meses consecutivos de crecimiento, la industria manufacturera y el comercio registraron caídas significativas. 

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, analizó la gravedad del escenario fabril. "Particularmente crítica es la situación de la industria, que se ubica 6,1% por debajo de su último pico, alcanzado en agosto de 2023, y se encuentra entre los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Las perspectivas de corto plazo no muestran señales de reversión", manifestó.

En cuanto a los sectores con mejor desempeño en términos de actividad, no se observa un correlato en la generación de empleo. El trabajo registrado en el agro se ubica apenas 2,4% por encima de fines de 2023, aunque continúa en niveles históricamente bajos. En minería y petróleo, el empleo se encuentra casi 10% por debajo de los niveles de hace dos años, en un contexto donde el crecimiento de Vaca Muerta no logra compensar la caída en las cuencas convencionales.

Por su parte, la intermediación financiera exhibe un fuerte crecimiento de la actividad, pero continúa reduciendo puestos de trabajo: el empleo en el sector cayó 3,5% desde fines de 2023 y se ubica en niveles mínimos desde 2011. En tanto, el sector informático, uno de los más dinámicos en las últimas décadas, mantiene un saldo positivo frente a 2023, aunque en los últimos meses evidenció una pérdida de dinamismo.

La dirección del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avanzó con la desvinculación de 140 trabajadores, una medida que generó la reacción inmediata de los gremios. Ante este escenario, se ratificó un paro que afectará todos los servicios no esenciales del organismo, lo que podría derivar en la paralización del tráfico aéreo en el país.

Según informaron diversas fuentes internas, esta sería la primera de dos tandas de despidos que alcanzaría a un total de 240 empleados, sobre una planta de 972 integrantes. El recorte impacta directamente sobre el personal civil, que pasaría de 780 a 540 trabajadores. La medida responde a un plan de modernización analizado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Respecto al proceso de achicamiento, fuentes vinculadas al organismo señalaron que “se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo”. En esa misma línea, indicaron que "el Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación".

La selección de los afectados, que revisten la condición de contratados y no percibirán indemnización, fue realizada por cada director de forma proporcional a la dotación de sus departamentos. Desde hace poco más de un mes, la cifra circulaba como un rumor que anticipaba una baja del 30% de la planta total.

En respuesta, ATE-SMN anunció un paro activo para el viernes 24 de abril. La medida de fuerza se extenderá desde las cinco de la mañana hasta el mediodía, lapso en el cual no despegarían ni aterrizarían aviones en los aeropuertos argentinos, con excepción de los vuelos sanitarios y humanitarios. El organismo es el encargado de proveer la información crítica para los pronósticos aeronáuticos que habilitan la operación aérea.

La Justicia ordenó este martes embargar a Fate por cerca de $ 3.000 millones por el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y del pago de sueldos de 920 trabajadores desde el cierre de la empresa el 18 de febrero pasado.

El fallo fue resuelto por el juzgado laboral de primera instancia N°17, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández, tras el aparente vencimiento del plazo judicial para que la empresa de Javier Madanes Quintanilla acatara una sentencia previa. Así lo hizo saber el titular del gremio Sutna, Alejandro Crespo.

"Acaba de surgir el embargo, cerca de $ 3.000 millones sobre Fate por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y actuar en forma irresponsable sobre un bien como las ruedas para camiones y colectivos, Fate es la única que lo produce en el país", dijo Crespo en un video grabado frente a las puertas del juzgado.

Si bien desde la empresa aseguran que solo quedaban 243 empleados sin haber llegado a un arreglo con la firma, desde el gremio destacaron que el fallo contempla a todo el personal que trabajaba en la planta de San Fernando, antes de su clausura en forma sorpresiva. Además insistieron en que están listos para volver a sus puestos laborales.

Cabe recordar que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió a fines de marzo que el convenio suscripto entre FATE y el Sutna tiene vigencia hasta junio de este año, por lo que la empresa tendría que haber pagado los salarios de los trabajadores que estaban en la nómina de la planta en mayo de 2025.

La empresa, en tanto, rechazó esa postura, al señalar que ya no cuentan con personal capacitado para reabrir la planta por la desvinculación de un 70% de los afectados por el cierre. A su vez, anticipó que apelará el fallo de la Cámara que la obliga a seguir pagando los salarios hasta mitad de este año.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre un plan de despidos que alcanzaría a 240 empleados y realizaron este martes un paro de actividades en rechazo a la medida impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa.

Según indicaron, la iniciativa contempla concretar las cesantías antes del 10 de abril, lo que representaría cerca del 25% de la planta total del organismo, actualmente integrada por 972 trabajadores. La decisión impactaría tanto en la sede central como en estaciones meteorológicas de todo el país.

En la provincia de Buenos Aires, el recorte alcanzaría a unas 18 dependencias distribuidas en distintas ciudades, entre ellas Mar del Plata, Junín, Tres Arroyos y 9 de Julio. En tanto, en la sede de la Ciudad de Buenos Aires se prevé el despido de 110 trabajadores, mientras que otros 130 corresponden a estaciones del interior.

Desde el sector denunciaron que la medida dejaría al organismo con unos 540 empleados, muy por debajo de los aproximadamente 1200 necesarios para un funcionamiento óptimo. Además, remarcaron que desde 2024 ya se viene registrando una reducción sostenida de personal producto de despidos, jubilaciones y renuncias.

“La calidad de un servicio meteorológico no depende solo de la tecnología: necesita personas, tiempo y continuidad. Ajustar en personal no mejora el pronóstico”, sostuvo la comunicadora meteorológica Cindy Fernández, quien subrayó la importancia de fortalecer los equipos de trabajo.

El SMN opera bajo los estándares de la Organización Meteorológica Mundial, y la información que produce resulta clave para múltiples sectores, desde la producción agropecuaria hasta la planificación de políticas públicas frente a fenómenos climáticos.

En ese sentido, los trabajadores advirtieron que la reducción de personal no solo afectará la calidad de los pronósticos, sino que también podría incrementar riesgos en áreas sensibles como la aviación, donde cada vuelo depende de datos meteorológicos precisos para definir rutas y condiciones de aterrizaje.

Desde el gremio Asociación Trabajadores del Estado señalaron que el recorte “dejará al país sin alertas meteorológicas cuando más se necesitan” y alertaron sobre una pérdida de capacidad de respuesta ante eventos climáticos severos.

El conflicto se da en paralelo a fenómenos climáticos intensos en distintas regiones del país. Este martes, por ejemplo, fuertes precipitaciones afectaron a Mar del Plata, donde el SMN mantiene vigente una alerta naranja por tormentas.

La ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, resolvió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación. La decisión se enmarca en un creciente cuestionamiento público y político por operaciones similares realizadas por otros integrantes del oficialismo.

Según indicaron fuentes del entorno de la ministra, la medida no responde a la ilegalidad del crédito, sino a que Massaccesi no habría realizado una consulta interna previa. Consideraron que, por tratarse de un funcionario de alto rango y de una entidad estatal, la operación implicaba una exposición pública significativa que debía ser evaluada.

El caso se convirtió así en la primera reacción institucional concreta frente a la difusión de una lista de funcionarios y legisladores que habrían accedido a créditos del Banco Nación, información revelada por el portal “¿Cuánto Deben?”. Entre los mencionados figuran el secretario de Finanzas, Felipe Núñez; el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; y el responsable de la cuenta oficialista “Oficina de Respuesta Oficial”, Juan Pablo Carrreira, además de diputados de La Libertad Avanza.

Tras conocerse su desplazamiento, Massaccesi utilizó sus redes sociales para defenderse. “No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, sostuvo, y explicó que el crédito fue solicitado junto a su pareja para acceder a su primera vivienda, cumpliendo con todos los requisitos.

En paralelo, desde la oposición avanzaron con pedidos formales de información. El diputado socialista Esteban Paulón solicitó informes al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y al directorio del Banco Nación. “Llama muchísimo la atención el otorgamiento de préstamos de varios cientos de millones de pesos a funcionarios del Gobierno”, advirtió, al tiempo que reclamó mayor transparencia en el manejo de la banca pública.

Por su parte, el Banco Nación defendió su operatoria mediante un comunicado, en el que aseguró que el proceso de otorgamiento de créditos es “homogéneo y sin excepciones”. La entidad destacó además que concentra nueve de cada diez préstamos hipotecarios del país y que ha otorgado más de 27.000 créditos desde el lanzamiento de su línea vigente.

Asimismo, explicaron que existen líneas específicas para empleados públicos, como “+Hogares sector público”, que permiten financiar hasta el 90% del valor del inmueble, con condiciones más favorables que las generales. Desde el sector financiero señalaron que estas prácticas también se replican en otras entidades, aunque admitieron que puede abrirse el debate sobre si los funcionarios políticos deben ser equiparados a empleados públicos en el acceso a este tipo de beneficios.