El seleccionado de Túnez tomó una determinación drástica tras su estreno en la Copa del Mundo 2026. La federación nacional anunció el despido de Sabri Lamouchi, quien dejará de ser el director técnico del equipo luego de la contundente derrota por 5-1 ante Suecia en el marco del Grupo F.

El ciclo de Lamouchi al frente del combinado africano concluyó tras acumular cinco partidos, con un saldo de un triunfo, un empate y tres derrotas. La salida se concretó pocas horas después del encuentro disputado, marcando la primera baja de un entrenador en la actual edición del torneo.

Durante el partido, el conjunto sueco demostró una marcada superioridad. Los goles fueron anotados por Yasin Ayari, quien marcó por duplicado, Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg. Por su parte, Omar Rekik logró descontar para el equipo africano antes del entretiempo.

Con este resultado, Suecia se posicionó como el único líder de la zona, beneficiado también por el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el otro encuentro del grupo jugado en Texas. Mientras el equipo europeo se perfila como candidato a avanzar a 16avos de final, Túnez deberá reorganizarse rápidamente para enfrentar a Japón con la urgencia de sumar puntos para mantener sus expectativas de clasificación.

La reestructuración que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) comienza a mostrar consecuencias concretas en Balcarce. Según datos relevados por el periódico La Vanguardia, ya fueron aceptados 43 retiros voluntarios en la Estación Experimental Agropecuaria local, lo que representa el 18% de una planta de 239 trabajadores.

Los números preocupan porque gran parte de las desvinculaciones corresponden a personal altamente calificado que desarrolló su carrera profesional dentro del INTA y que constituye uno de los pilares de la investigación agropecuaria nacional.

De los 43 retiros aceptados, 24 corresponden a profesionales, entre ellos cinco jefes de Agencias de Extensión Rural. Los otros 19 trabajadores son técnicos vinculados a laboratorios, tareas de campo y áreas administrativas, todos de gran reconocimiento nacional e internacional.

La Estación Experimental Agropecuaria Balcarce ocupa un lugar central dentro de la estructura del INTA. No solo es uno de los principales centros de investigación agrícola y ganadera del país, sino que además integra un modelo único de articulación científica a través de la denominada Unidad Integrada Balcarce, que vincula al INTA con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

A nivel nacional, el INTA cuenta actualmente con alrededor de 5.700 trabajadores bajo convenio, cerca de mil menos que al inicio de la actual gestión. Sin embargo, el Gobierno nacional busca profundizar esa reducción mediante un programa de retiros voluntarios que tiene como objetivo alcanzar unas 1.200 desvinculaciones más.

Días atrás, el director de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Facundo Quiroz, sostuvo que la mejor manera de defender al INTA es conocerlo, en referencia al rol estratégico que cumple el organismo en la generación de conocimiento aplicado al desarrollo productivo.

El miércoles al mediodía, el Parque Tecnológico Miguelete, ubicado en Villa Maipú, partido de San Martín, fue el escenario de un masivo encuentro entre empresarios y referentes pyme. La convocatoria, impulsada por subgerentes, directores y jefes de departamento del INTI, surgió como respuesta a la eliminación de 1.000 servicios técnicos y el cierre de áreas estratégicas como el Servicio Argentino de Calibración y el Sistema de Metrología Legal.

La situación del organismo es crítica, ya que las autoridades anunciaron que en los próximos días se concretarán más de 700 despidos. Esta cifra se suma a un recorte del 30% del personal que el instituto ha sufrido desde el inicio de la actual gestión, entre retiros voluntarios y bajas de contratos. A pesar de que se intentó impedir la actividad mediante la presencia de gendarmes y el bloqueo de accesos, la gran concurrencia permitió que el encuentro se desarrollara con normalidad.

Durante la jornada, Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), destacó la importancia del desarrollo tecnológico para la movilidad social: "Muchos países que admiramos, admiramos cómo crecen, cómo crece la gente, cómo pasan de la pobreza a la clase media, la movilidad que tienen, es porque también tiene un mercado de capitales, porque también tiene una parte financiera, pero están totalmente apoyados en el desarrollo tecnológico, industrial y social, y eso se hace con educación y con centros como el INTI multiplicados por todo el país".

Por su parte, Aldo Lo Russo, ceo de Baigorria, fue tajante al afirmar que "Hoy nos encontramos con una política industrial inexistente". En la misma línea, el presidente de Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, advirtió sobre las consecuencias de desmantelar el organismo:

“Si queremos un país con una matriz industrial diversificada, federal como la Argentina, es imposible ir a mercados mundiales sin organismos como el INTI que certifican los productos que tenemos que exportar, que les dan la garantía a otras naciones del ingreso de productos adaptados a las normativas y reconocido a nivel mundial. Sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación. Ahora se nos ha dicho que el INTI no es necesario porque cualquier cosa que tenemos que hacer podemos realizarla en laboratorio privado, pero me hablan de competitividad y me hacen mandar los ensayos a un laboratorio más caro y, en muchos de los casos, esos laboratorios no existen en la Argentina. Mientras tanto, mi fábrica tiene que esperar a que vuelva el ensayo para exportar”

La directora técnica de El Balancero SRL, Fernanda Mettini, subrayó que "sin el INTI no sólo no hay industria sino que tampoco hay comercio, seguridad ni salud". Asimismo, Juan Cruz López Hamdan, fundador de Cultura Cárnica, relató su experiencia personal: "Vengo del sector ganadero y siempre tuve la convicción de agregar valor a nuestra producción. Con esa premisa creamos la marca Cultura Cárnica. Me acerqué al INTI sin tener idea del sector industrial porque no vengo de ese ámbito y sus especialistas me ayudaron a desarrollar un producto desde cero y a montar nuestra primera planta. Si todo sale bien y el INTI sigue funcionando vamos a poder terminar un nuevo producto cárnico con el objetivo de exportarlo a Estados Unidos".

Finalmente, Paul Segal, profesor de economía en IAE Business School, concluyó que el INTI cumple un rol fundamental al asesorar a las empresas para cumplir con los exigentes estándares internacionales de seguridad y calidad.

La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, luego de que la propia firma solicitara la medida tras años de crisis financiera y el fracaso del concurso preventivo de acreedores iniciado el año pasado. Con una deuda acumulada de 120 millones de dólares, el juez Marcelo Gelcich determinó la quiebra indirecta por la imposibilidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones.

En su sentencia, el magistrado señaló que la compañía no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurando un cuadro de insolvencia estructural que no puede ser revertido mediante las herramientas del proceso preventivo. Según el documento judicial, la firma arrastra una deuda impositiva y previsional superior a los 6.000 millones de pesos, a lo que se suman más de 12.000 millones de pesos en salarios adeudados y aportes a obras sociales y sindicatos.

La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) denunciaron que la cooperativa adeuda ocho meses de sueldos más aguinaldos a sus operarios. El sindicato afirmó que la firma se ha sostenido con el patrimonio de los trabajadores, quienes han debido recurrir al fondo solidario de la entidad gremial para subsistir ante la falta de pagos.

El fallo también reveló que la tasa de generación de nuevo pasivo se estima en aproximadamente 3.000 millones de pesos mensuales, una cifra que la actividad ordinaria no logra absorber. Actualmente, las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad. Mientras que la planta de Sunchales se encuentra mayormente ociosa, la de San Guillermo está paralizada desde diciembre de 2025. Solo los establecimientos de Devoto y La Carlota operan cerca de su capacidad, aunque bajo una estructura de costos que las mantiene en déficit.

A pesar de la declaración de quiebra, el juez dispuso que la empresa continúe operando de forma provisoria para evitar un perjuicio mayor a los 914 trabajadores en relación de dependencia y a los acreedores en general. No obstante, se ordenó la presentación de un plan de liquidación de activos que maximice el recupero y se prohibió la asunción de nuevos pasivos durante esta etapa.

La caída de este emblema del agro argentino se refleja en sus cifras históricas: en 2017, la firma contaba con 4.000 empleados y procesaba cuatro millones de litros de leche diarios. Hoy, ese volumen se redujo a apenas 500.000 litros, marcando el final de un proceso de reestructuración que no logró salvar a la histórica cooperativa.

El secretario general de ATE Tandil, Hernán Gasparini,  estuvo en el Desayuno de Tandil Despierta (Eco TV y Tandil FM 104.1), donde analizó la crítica agenda que atraviesa el sector público en sus tres niveles. El referente gremial puso el foco en la crisis de las obras sociales, la precariedad de los haberes estatales y la falta de inversión en infraestructura para prestaciones esenciales.

La situación de la cobertura médica de los jubilados. Luego del reclamo realizado el viernes pasado, el referente confirmó un acercamiento por parte de las autoridades de la regional Mar del Plata. Según explicó, se prevé la designación de un coordinador para la sede de Tandil, aunque bajo una modalidad rotativa. "Vendría alguien de la ciudad vecina a cumplir esa función un par de días por semana, por lo menos para comenzar", detalló, subrayando la urgencia de normalizar la atención.

Sin embargo, la preocupación no es solo administrativa. El dirigente advirtió sobre la reapertura de la paritaria nacional del organismo prevista para mañana, en un contexto de ingresos que calificó como "de miseria". El escenario más crítico se da con los profesionales médicos, quienes iniciaron un paro de 72 horas.

"Hay un planteo donde, si no se revoca la resolución del Gobierno Nacional respecto al recorte salarial, los profesionales están dispuestos a renunciar. Un médico que percibía 600.000 pesos por el servicio pasaría a cobrar 350.000. Es un ajuste sanitario criminal que nos encamina a una catástrofe con nuestros adultos mayores", sentenció.

Al analizar el Sistema Integrado de Salud Pública local, el titular de ATE se refirió a la millonaria deuda que mantiene el Ejecutivo, la cual supera los 3.000 millones de pesos. De ese total, aproximadamente 400 millones corresponden a falta de pagos por parte de IOMA y PAMI.

Ante este panorama, insistió en que la gestión de Miguel Lunghi debe buscar "estrategias creativas" para recuperar fondos. En ese sentido, impulsó nuevamente la adhesión al SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada). "Es muy difícil para un hospital local negociar con gigantes como Swiss Medical. La propuesta es que la Provincia gestione esa recaudación para que el dinero vuelva efectivamente a las arcas municipales", explicó.

Hernán Gasparini fue contundente respecto a la pérdida de capacidad de compra durante el presente año. Utilizando una analogía, señaló que si un trabajador ganaba 100 pesos en enero de 2024, hoy un empleado privado percibe el equivalente a 91 pesos, mientras que en el sector público esa cifra cae a los 78 pesos.

"Si tomamos como base diciembre, el derrumbe es del 50 por ciento. Esta situación ya no afecta solo a los sectores vulnerables, sino que se ha extendido a trabajadores que históricamente tenían sueldos medios-altos. Esto destruye el consumo masivo; hablas con comerciantes y nadie vende nada porque el poder de compra se pulverizó", agregó.

En el ámbito local, el gremio mantiene la exigencia de participar formalmente en la mesa de negociación con el Ejecutivo. Cuestionó el cierre de la paritaria anterior y adelantó sus pretensiones para la discusión de mayo: "De mínima, los agentes municipales deben percibir un 15 por ciento de aumento en un solo pago para empezar a recuperar lo perdido en el primer cuatrimestre".

Finalmente, el dirigente denunció graves deficiencias en diversas dependencias, mencionando mesas de castración oxidadas y problemas edilicios en centros de salud. "En Bromatología, el problema del aire acondicionado lleva un año sin resolverse por falta de presupuesto o decisión política", detalló.

Como cierre, se refirió al desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional, que ya sufrió 140 despidos: "Están destruyendo un servicio fundamental para el campo, la industria y el turismo. No se explica tanta crueldad si no hay un plan de privatización detrás", concluyó.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa una crisis operativa tras el despido de 140 trabajadores y la planificación de otros 100 recortes antes de octubre. Esta situación afecta directamente la producción de información clave para alertas y pronósticos, impactando en 26 estaciones de la provincia de Buenos Aires, entre las que se encuentra la de Tandil.

La meteoróloga Ana Saralegui, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el organismo, detalló el alcance de la medida. "De estos 140, alrededor de 80 trabajadores se despidieron en el interior del país, quienes la mayoría eran observadores meteorológicos", señaló ante medios nacionales.

Los despidos golpean principalmente a la Red de Observación, donde se realiza el monitoreo constante de variables claves como la temperatura, la presión y la humedad. Actualmente, las alertas tienen un 85% de efectividad en territorio bonaerense, pero se estima que esta capacidad de respuesta mermará ante la falta de personal especializado.

La reducción de la planta técnica implica una pérdida de precisión que afecta a la población y a sectores económicos vulnerables al clima. Respecto al impacto en la producción, Ana Saralegui advirtió: "Por ejemplo en el campo, al Gobierno le va a salir más caro no tenernos que tenernos. Las pérdidas para el sector agropecuario por falta de pronósticos pueden ser monstruosas".

En el interior de la Provincia, el recorte afecta a estaciones de localidades como Tandil, Azul, Benito Juárez, Olavarría, Bolívar, Tres Arroyos y 9 de Julio. La falta de operarios obligará a reducir las frecuencias de monitoreo en diversos puntos. "Va a pasar que tendremos que dejar de medir en algunas estaciones de noche, por ejemplo. O se verá afectado algún día", explicó la delegada.

Las cesantías afectan a personal bajo régimen de contrato, muchos con amplia trayectoria en la institución. Natalia Bonel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, expresó su preocupación sobre la situación. "Yo hace 15 años soy contratada. Los contratados no percibimos ningún tipo de indemnización ni un plus de dinero por nada cuando nos despidan", declaró.

Frente a esta situación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una medida de fuerza para el viernes 24 de abril, de 5 a 12 horas, en todas las dependencias. La protesta impactará en la actividad aérea, con posibles suspensiones o reprogramaciones de vuelos dependiendo de cada empresa.

En un contexto marcado por cierres de empresas y despidos, el empleo registrado continúa mostrando indicadores negativos. Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la ocupación volvió a retroceder en enero, acumulando una pérdida superior a los 124.000 puestos en los últimos 12 meses y de 300.000 desde la llegada al poder del presidente Javier Milei.

La contracción del último mes estuvo motorizada fundamentalmente por el sector público, mientras que en el ámbito privado el retroceso fue marginal. De acuerdo con la información oficial, la baja mensual fue la más leve de los últimos ocho meses. En el sector privado registrado, la caída fue de apenas 0,04%, lo que representa una desaceleración en el ritmo de destrucción de puestos de trabajo.

Sin embargo, al analizar los términos acumulados, entre noviembre de 2023 y enero de este año se perdieron 206.262 puestos en el segmento privado, lo que sitúa el nivel de empleo en valores similares a los de comienzos de 2015. Por su parte, el sector público retomó una tendencia descendente tras una etapa de estabilidad, registrando una reducción sostenida de 77.044 puestos desde el final de la gestión de Alberto Fernández.

A nivel sectorial, la dinámica resultó dispar. Mientras que la construcción mostró señales de recuperación al encadenar dos meses consecutivos de crecimiento, la industria manufacturera y el comercio registraron caídas significativas. 

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, analizó la gravedad del escenario fabril. "Particularmente crítica es la situación de la industria, que se ubica 6,1% por debajo de su último pico, alcanzado en agosto de 2023, y se encuentra entre los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Las perspectivas de corto plazo no muestran señales de reversión", manifestó.

En cuanto a los sectores con mejor desempeño en términos de actividad, no se observa un correlato en la generación de empleo. El trabajo registrado en el agro se ubica apenas 2,4% por encima de fines de 2023, aunque continúa en niveles históricamente bajos. En minería y petróleo, el empleo se encuentra casi 10% por debajo de los niveles de hace dos años, en un contexto donde el crecimiento de Vaca Muerta no logra compensar la caída en las cuencas convencionales.

Por su parte, la intermediación financiera exhibe un fuerte crecimiento de la actividad, pero continúa reduciendo puestos de trabajo: el empleo en el sector cayó 3,5% desde fines de 2023 y se ubica en niveles mínimos desde 2011. En tanto, el sector informático, uno de los más dinámicos en las últimas décadas, mantiene un saldo positivo frente a 2023, aunque en los últimos meses evidenció una pérdida de dinamismo.

La dirección del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avanzó con la desvinculación de 140 trabajadores, una medida que generó la reacción inmediata de los gremios. Ante este escenario, se ratificó un paro que afectará todos los servicios no esenciales del organismo, lo que podría derivar en la paralización del tráfico aéreo en el país.

Según informaron diversas fuentes internas, esta sería la primera de dos tandas de despidos que alcanzaría a un total de 240 empleados, sobre una planta de 972 integrantes. El recorte impacta directamente sobre el personal civil, que pasaría de 780 a 540 trabajadores. La medida responde a un plan de modernización analizado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Respecto al proceso de achicamiento, fuentes vinculadas al organismo señalaron que “se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo”. En esa misma línea, indicaron que "el Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación".

La selección de los afectados, que revisten la condición de contratados y no percibirán indemnización, fue realizada por cada director de forma proporcional a la dotación de sus departamentos. Desde hace poco más de un mes, la cifra circulaba como un rumor que anticipaba una baja del 30% de la planta total.

En respuesta, ATE-SMN anunció un paro activo para el viernes 24 de abril. La medida de fuerza se extenderá desde las cinco de la mañana hasta el mediodía, lapso en el cual no despegarían ni aterrizarían aviones en los aeropuertos argentinos, con excepción de los vuelos sanitarios y humanitarios. El organismo es el encargado de proveer la información crítica para los pronósticos aeronáuticos que habilitan la operación aérea.

La Justicia ordenó este martes embargar a Fate por cerca de $ 3.000 millones por el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y del pago de sueldos de 920 trabajadores desde el cierre de la empresa el 18 de febrero pasado.

El fallo fue resuelto por el juzgado laboral de primera instancia N°17, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández, tras el aparente vencimiento del plazo judicial para que la empresa de Javier Madanes Quintanilla acatara una sentencia previa. Así lo hizo saber el titular del gremio Sutna, Alejandro Crespo.

"Acaba de surgir el embargo, cerca de $ 3.000 millones sobre Fate por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y actuar en forma irresponsable sobre un bien como las ruedas para camiones y colectivos, Fate es la única que lo produce en el país", dijo Crespo en un video grabado frente a las puertas del juzgado.

Si bien desde la empresa aseguran que solo quedaban 243 empleados sin haber llegado a un arreglo con la firma, desde el gremio destacaron que el fallo contempla a todo el personal que trabajaba en la planta de San Fernando, antes de su clausura en forma sorpresiva. Además insistieron en que están listos para volver a sus puestos laborales.

Cabe recordar que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió a fines de marzo que el convenio suscripto entre FATE y el Sutna tiene vigencia hasta junio de este año, por lo que la empresa tendría que haber pagado los salarios de los trabajadores que estaban en la nómina de la planta en mayo de 2025.

La empresa, en tanto, rechazó esa postura, al señalar que ya no cuentan con personal capacitado para reabrir la planta por la desvinculación de un 70% de los afectados por el cierre. A su vez, anticipó que apelará el fallo de la Cámara que la obliga a seguir pagando los salarios hasta mitad de este año.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre un plan de despidos que alcanzaría a 240 empleados y realizaron este martes un paro de actividades en rechazo a la medida impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa.

Según indicaron, la iniciativa contempla concretar las cesantías antes del 10 de abril, lo que representaría cerca del 25% de la planta total del organismo, actualmente integrada por 972 trabajadores. La decisión impactaría tanto en la sede central como en estaciones meteorológicas de todo el país.

En la provincia de Buenos Aires, el recorte alcanzaría a unas 18 dependencias distribuidas en distintas ciudades, entre ellas Mar del Plata, Junín, Tres Arroyos y 9 de Julio. En tanto, en la sede de la Ciudad de Buenos Aires se prevé el despido de 110 trabajadores, mientras que otros 130 corresponden a estaciones del interior.

Desde el sector denunciaron que la medida dejaría al organismo con unos 540 empleados, muy por debajo de los aproximadamente 1200 necesarios para un funcionamiento óptimo. Además, remarcaron que desde 2024 ya se viene registrando una reducción sostenida de personal producto de despidos, jubilaciones y renuncias.

“La calidad de un servicio meteorológico no depende solo de la tecnología: necesita personas, tiempo y continuidad. Ajustar en personal no mejora el pronóstico”, sostuvo la comunicadora meteorológica Cindy Fernández, quien subrayó la importancia de fortalecer los equipos de trabajo.

El SMN opera bajo los estándares de la Organización Meteorológica Mundial, y la información que produce resulta clave para múltiples sectores, desde la producción agropecuaria hasta la planificación de políticas públicas frente a fenómenos climáticos.

En ese sentido, los trabajadores advirtieron que la reducción de personal no solo afectará la calidad de los pronósticos, sino que también podría incrementar riesgos en áreas sensibles como la aviación, donde cada vuelo depende de datos meteorológicos precisos para definir rutas y condiciones de aterrizaje.

Desde el gremio Asociación Trabajadores del Estado señalaron que el recorte “dejará al país sin alertas meteorológicas cuando más se necesitan” y alertaron sobre una pérdida de capacidad de respuesta ante eventos climáticos severos.

El conflicto se da en paralelo a fenómenos climáticos intensos en distintas regiones del país. Este martes, por ejemplo, fuertes precipitaciones afectaron a Mar del Plata, donde el SMN mantiene vigente una alerta naranja por tormentas.

La ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, resolvió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación. La decisión se enmarca en un creciente cuestionamiento público y político por operaciones similares realizadas por otros integrantes del oficialismo.

Según indicaron fuentes del entorno de la ministra, la medida no responde a la ilegalidad del crédito, sino a que Massaccesi no habría realizado una consulta interna previa. Consideraron que, por tratarse de un funcionario de alto rango y de una entidad estatal, la operación implicaba una exposición pública significativa que debía ser evaluada.

El caso se convirtió así en la primera reacción institucional concreta frente a la difusión de una lista de funcionarios y legisladores que habrían accedido a créditos del Banco Nación, información revelada por el portal “¿Cuánto Deben?”. Entre los mencionados figuran el secretario de Finanzas, Felipe Núñez; el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; y el responsable de la cuenta oficialista “Oficina de Respuesta Oficial”, Juan Pablo Carrreira, además de diputados de La Libertad Avanza.

Tras conocerse su desplazamiento, Massaccesi utilizó sus redes sociales para defenderse. “No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, sostuvo, y explicó que el crédito fue solicitado junto a su pareja para acceder a su primera vivienda, cumpliendo con todos los requisitos.

En paralelo, desde la oposición avanzaron con pedidos formales de información. El diputado socialista Esteban Paulón solicitó informes al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y al directorio del Banco Nación. “Llama muchísimo la atención el otorgamiento de préstamos de varios cientos de millones de pesos a funcionarios del Gobierno”, advirtió, al tiempo que reclamó mayor transparencia en el manejo de la banca pública.

Por su parte, el Banco Nación defendió su operatoria mediante un comunicado, en el que aseguró que el proceso de otorgamiento de créditos es “homogéneo y sin excepciones”. La entidad destacó además que concentra nueve de cada diez préstamos hipotecarios del país y que ha otorgado más de 27.000 créditos desde el lanzamiento de su línea vigente.

Asimismo, explicaron que existen líneas específicas para empleados públicos, como “+Hogares sector público”, que permiten financiar hasta el 90% del valor del inmueble, con condiciones más favorables que las generales. Desde el sector financiero señalaron que estas prácticas también se replican en otras entidades, aunque admitieron que puede abrirse el debate sobre si los funcionarios políticos deben ser equiparados a empleados públicos en el acceso a este tipo de beneficios.

La Justicia laboral nacional dictó un fallo favorable para los operarios de FATE y ordenó el pago de los salarios correspondientes. La resolución, emitida por la Sala dos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ratificó la validez del convenio suscripto entre la fabricante de neumáticos y el gremio Sutna en mayo de 2025.

A través de esta medida, el tribunal estableció que corresponde abonar los sueldos a todos los empleados que integraban la nómina al momento de la firma de dicho acuerdo. La decisión judicial surge en medio de un conflicto que acumula meses de tensión entre la firma y la representación gremial.

La disputa legal se originó a partir de una acción de amparo presentada por el sindicato, mediante la cual se reclamó la nulidad de los despidos dispuestos en febrero y se exigió el cumplimiento del pago de haberes hasta la finalización del convenio vigente. Si bien el pedido de una medida cautelar había sido rechazado en primera instancia, la Cámara decidió ahora obligar a la empresa a abonar los salarios adeudados mientras se tramita la causa de fondo, con el objetivo de evitar un perjuicio mayor para los trabajadores.

En sintonía con la resolución judicial, el gremio anunció que participará este miércoles de una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se confirmó una movilización hacia la Plaza San Martín, en la ciudad de La Plata, con el fin de solicitar un encuentro con autoridades del gobierno bonaerense para abordar la crisis del sector.

El conflicto alcanzó su punto crítico el 18 de febrero de 2026, cuando la compañía anunció el cierre definitivo de su única planta, fundamentando la decisión en la caída de las ventas y la apertura de las importaciones. Desde el inicio, los trabajadores denunciaron un lockout patronal al encontrar las instalaciones cerradas con cadenas y candados.

A lo largo de las últimas semanas, la situación sumó episodios de alta conflictividad, incluyendo el incumplimiento del pago de salarios durante la conciliación obligatoria, lo que derivó en multas y sumarios por parte del Gobierno nacional. Del total de 920 despidos registrados, se estima que más de la mitad de los operarios ya han aceptado acuerdos de desvinculación con la que fuera la única fabricante nacional de neumáticos.

La industria automotriz argentina atraviesa momentos de incertidumbre. La fuerte caída en la producción, sumada a la retracción del mercado interno, obliga a las principales terminales, algunas ubicadas en la provincia de Buenos Aires, a reconfigurar su esquema operativo.

En este contexto, las decisiones de Stellantis (Peugeot) y Toyota en sus plantas de El Palomar y Zárate, respectivamente, encendieron las alarmas por una posible ola de despidos.

Por un lado, Stellantis cerrará uno de los dos turnos de producción de la planta de El Palomar, Morón, donde se fabrican modelos de Peugeot y Citroën como 208, 2008, Partner y Berlingo. La decisión ya fue comunicada al gremio de la UOM.

La medida también incluye, a partir de mayo, la apertura de un plan de retiros voluntarios para reducir el número de operarios y un recorte importante de la producción prevista para este año.

Durante marzo de 2026, la terminal bonaerense volvió a detener de manera temporal la fabricación de vehículos, acumulando tres interrupciones de actividad en apenas cuatro meses. Volvió a operar a partir del lunes 16.

Según datos del sector, los patentamientos de la marca Peugeot sufrieron una caída en torno al 32% en el primer bimestre del año en comparación con 2025.

Por otra parte, en la planta de Toyota ubicada en Zárate, la compañía analiza reducir de tres a dos turnos de producción, lo que implicaría el recorte de alrededor de 500 puestos de trabajo.

Además, la firma ya había ejecutado cerca de 700 desvinculaciones en los últimos meses, lo que profundiza el escenario de incertidumbre laboral en el sector.

El dato más preocupante surge de la caída productiva: en enero, la automotriz fabricó apenas 5.266 unidades, lo que representa un desplome del 38,5%.

Danone y la argentina Arcor alcanzaron un principio de acuerdo con la familia Mastellone y el fondo Dallpoint para adquirir el paquete accionario que aún no controlaban en Mastellone Hnos., la empresa dueña de La Serenísima. De concretarse, se trataría del paso decisivo para que Danone y Arcor se queden con el 100% del negocio lácteo.

La operación -que sería anunciada en los próximos días, aunque las distintas empresas involucradas no confirmaron la noticia- pone fin a una negociación que estuvo al borde de la judicialización por la enorme distancia entre las pretensiones de las partes. Mientras los vendedores aspiraban a una valuación cercana a los US$250 millones por el 51% de la compañía, del lado comprador la oferta no superaba los US$40 millones, lo que había dejado el proceso empantanado durante meses.

El proceso se había iniciado formalmente en abril de 2025, cuando Arcor y Danone —socios en Bagley Latinoamérica— comunicaron su decisión de ejercer la opción de compra para quedarse con el control total de Mastellone. Del lado vendedor, tanto la familia fundadora como el fondo Dallpoint ya habían manifestado su voluntad de salir del negocio.

Sin embargo, desde el inicio quedó claro que el principal obstáculo sería el precio. La brecha en la valuación era “enorme” y amenazaba con llevar el conflicto a tribunales en la Argentina y España, ya que el contrato entre las partes está bajo jurisdicción española.

En ese contexto, fuentes cercanas a la operación coincidían en un punto: ninguna de las partes quería judicializar el proceso, lo que dejaba abierta la puerta a una negociación final.

Detrás de la operación hay un objetivo estratégico claro. Tanto Arcor como Danone buscan consolidar todos los negocios vinculados a la marca La Serenísima en una única compañía, integrando las operaciones que hoy están divididas.

Por un lado, Mastellone Hnos. concentra la producción de leche, quesos y manteca. Por el otro, Danone Argentina maneja categorías como yogures, postres y productos refrigerados, muchos de ellos también bajo la marca La Serenísima en un esquema de marca compartida.

La integración total permitiría avanzar hacia lo que internamente las compañías denominan una “La Serenísima unida”: una estructura más eficiente, con mayor escala y control sobre toda la cadena de valor.

El avance de Danone y Arcor sobre La Serenísima también se da en un contexto desafiante para el sector lácteo. El negocio enfrenta caída del consumo, presión de costos y mayor competencia de segundas marcas, factores que impulsan procesos de concentración.

En ese marco, quedarse con el 100% de Mastellone no solo implica resolver una sociedad histórica, sino también reposicionar a la compañía frente a un mercado más exigente.

De confirmarse el acuerdo, la operación marcará el cierre de un ciclo para la familia Mastellone, que durante décadas lideró la principal empresa láctea del país, fundada en 1929 y convertida en un símbolo del consumo masivo argentino.

Al mismo tiempo, abrirá una nueva etapa bajo el control total de jugadores globales, con el tándem Danone/Arcor como actor central en el negocio lácteo local.

En medio de la conciliación obligatoria dictada por la Provincia ante el conflicto por el cierre de FATE, los trabajadores de la fábrica volverán a movilizarse esta semana a la Legislatura bonaerense. El objetivo es impulsar el avance de una ley de “ocupación temporal” de la planta, cuya actividad cesó hace un mes.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), que ya se había manifestado el jueves pasado en La Plata, buscará concretar nuevas reuniones con legisladores. La intención es que el cuerpo trate la normativa de ocupación temporánea del establecimiento para impedir el desguace de la única empresa con capacidad para producir neumáticos de carga en el país.

El proyecto de ley propone declarar la fábrica de “utilidad pública”. Con esta medida, los operarios pretenden preservar la producción de cubiertas para camiones y colectivos, evitando la desaparición de una industria estratégica. Al respecto, el titular del gremio, Alejandro Crespo, señaló en diálogo con Agencia DIB:

“Traemos un proyecto de ley que es parte de las soluciones que estamos colocando sobre la mesa para salir de una situación muy grave que es perder en el país la producción de neumáticos tanto para lo que es camión como colectivo y a la vez generar un caos social sacando a miles de familias a la calle”

Durante la semana pasada, los delegados mantuvieron encuentros con diputados de los bloques de Unión por la Patria, UCR, el FIT y la Coalición Cívica, mientras que los representantes de La Libertad Avanza no participaron de las reuniones. Los legisladores se comprometieron a analizar la propuesta y recibir nuevamente a los trabajadores el miércoles 25. Asimismo, el gremio planea reunirse con el bloque de senadores de Unión por la Patria.

El conflicto se originó el pasado 18 de febrero de 2026, cuando la firma anunció el cierre definitivo de su única planta, fundamentando la decisión en la caída de ventas y la apertura de importaciones. Desde el inicio, el gremio denunció un lockout patronal, asegurando que los operarios encontraron las puertas cerradas con cadenas al intentar ingresar a sus puestos.

La tensión se incrementó en las semanas posteriores debido a la falta de pago de salarios durante la conciliación, lo que derivó en sumarios y multas aplicadas por el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Trabajo. A pesar de los 920 despidos informados inicialmente, se estima que más de la mitad de los trabajadores ya aceptaron acuerdos de desvinculación con la empresa.

El Ministerio de Capital Humano sancionará a la empresa FATE, que anunció su cierre y el despido de más de 900 trabajadores, debido al “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”, se informó en un comunicado.

Además, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la cartera que dirige Sandra Pettovello resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento el 11 de marzo de 2026, por el período de cinco días, “con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.

En ese marco, se detalló que el Gobierno nacional inició “el sumario correspondiente a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”.

En las últimas horas se supo que el SUTNA impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos FATE para garantizar la continuidad de esa firma y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, el presidente Javier Milei volvió a cargar desde Nueva York, donde se realiza el Argentina Week, contra Paolo Rocca, CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.

El jueves, en la delegación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo la segunda audiencia entre los trabajadores de Fideos Italia y los propietarios de la empresa en el marco del conflicto por el cierre de la planta que funcionaba en Balbín al 1400.

Las partes retomaron las conversaciones después del cuarto intermedio que se fijó después de la primera reunión celebrada el viernes 13 de febrero.

El nuevo encuentro, encabezado por el delegado de la cartera laboral, terminó sin resultados positivos ni ofertas firmes sobre la mesa, lo que profundizó el malestar de los operarios que ayer cumplieron un mes desde la recepción de los telegramas de despido.

En ese marco, la dependencia estableció un cuarto intermedio y una nueva audiencia para el jueves 19.

“No hubo ningún avance”

En diálogo con El Eco de Tandil, el delegado general de la seccional local del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera (Satif) y trabajador desde hace 27 años de la fábrica, Gustavo Scarpello, confirmó que “no hubo ningún avance” y señaló que la parte empresarial se limitó a reiterar su intención de vender el inmueble donde funcionaba la planta como para cancelar las indemnizaciones adeudadas.

Sin embargo, “todavía no tienen ninguna propuesta concreta” ni plazos formales para la concreción de la operación, alegando que se encuentran “analizando posibles ofertas que podrían tener algún avance recién la semana entrante”.

Si bien se mostró expectante frente a la posibilidad expuesta, también alertó sobre la situación que comienzan a transitar las familias de los siete exempleados.

Ayer cumplieron un mes de la llegada de los telegramas de despidos y del último pago de sus haberes. “Entramos en fecha de cobro de haberes mensuales”, por lo que “ahora se empieza a notar la falta de trabajo”, advirtió.

Un mes de incertidumbre

Asimismo, expresó que el malestar de los trabajadores tiene relación con la “falta de actitud” por parte de la patronal. “Pasaron tres semanas de la primera audiencia en la que se comprometieron a vender, pero no vemos una actitud firme”, se quejó Scarpello.

Según expresó, los dueños mencionaron que durante el fin de semana se acercarían potenciales interesados en la compra de la empresa, pero los empleados pusieron reparos. “El problema lo tienen ellos y tendrían que mostrar una mayor intención de venta; los vemos muy cómodos manejando opciones mientras nosotros entramos en una situación donde hay que alimentar a la familia”, enfatizó el delegado.

En medio de este escenario, confirmó que la delegación laboral fijó una nueva audiencia para el jueves 19. No obstante, anticipó que “si para la semana que viene no hay ninguna propuesta ni ningún llamado, tenemos la intención de movilizarnos”.

“Queremos que esto sea visible y que no se naturalice”, dijo, en relación al cierre de una fábrica con extensa trayectoria y al despido de siete trabajadores.

Por otro lado, el delegado señaló que los trabajadores mantuvieron la semana pasada un encuentro con el secretario de Desarrollo Productivo del Municipio, Diego Martín. Durante la reunión, el funcionario se puso a disposición para brindar apoyo institucional y explorar alternativas ante la pérdida de sus puestos de trabajo. 

El conflicto

El tema tomó estado público hace un mes cuando se produjo el cierre de Fideos Italia y siete trabajadores con décadas de antigüedad iniciaron el reclamo para que la pyme tandilense pague las indemnizaciones de acuerdo a lo que establece la ley.

El viernes 13 de febrero se celebró la primera audiencia en la sede de la cartera laboral en la que no hubo acuerdo.

El 5 de febrero recibieron el telegrama de despido. Sin embargo desde hacía algunos días atrás habían empezado a notar “maniobras extrañas como frenar ventas, o decirle al vendedor que no salga a vender porque venía vendiendo mucho”. Pese a una primera reunión con el titular de la firma, señalaron, “unos días después nos anuncia que no va a continuar por la crisis” y luego les fue notificada la desafectación.

El conflicto, indicaron, surgió a partir de la negativa del pago de las indemnizaciones, ya que la pyme alegó “fuerza mayor”.

De acuerdo a lo transmitido por los trabajadores, la pyme fundamentó las cesantías bajo el amparo del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite reducir a la mitad las indemnizaciones en casos de fuerza mayor.

No obstante, el delegado Scarpello desestimó el argumento: “En el telegrama pone el artículo 247 que es fuerza mayor. Es un artículo que hace referencia a la crisis económica del país. Pero tampoco lo demostró en el Ministerio de Trabajo, que es lo que comúnmente hacen las empresas cuando están una situación de crisis real, que se hace una presentación de prevención de crisis. Ellos no lo hicieron nunca. Por lo tanto, nosotros creemos que esta no es una crisis real, sino es que una maniobra premeditada para perjudicarnos, para no pagar la indemnización que en definitiva con el artículo sería el 50 por ciento si lo logran comprobar, pero tampoco lo han podido comprobar”.

Filipe Luis, vigente campeón de la Copa Libertadores como entrenador, fue despedido del Flamengo a pocos meses de haber renovado su contrato. La decisión se conoció de manera llamativa, ya que el comunicado oficial fue publicado después de que el equipo goleara 8-0 al Madureira en las semifinales del campeonato carioca.

“El Flamengo informa de que, a partir de este martes, Filipe Luís no seguirá como técnico del equipo profesional. Con él, dejan el club también Ivan Palanco (auxiliar técnico) y Diogo Linhares (preparador físico)”, anunció la institución brasileña.

Filipe Luis se retiró como futbolista en el conjunto carioca en 2023 y asumió como director técnico el 30 de septiembre de 2024. Durante su ciclo le devolvió la gloria al Mengao al conquistar cuatro títulos.

Bajo su conducción, Flamengo ganó:

Además, tuvo una destacada participación en la Copa Intercontinental del año pasado, donde venció a Cruz Azul (2-1) y a Pyramids (2-0), aunque cayó en la final ante el París Saint Germain en la tanda de penales.

En el Mundial de Clubes 2025 disputado en Estados Unidos lideró su grupo por delante del Chelsea inglés, que luego fue campeón, pero quedó eliminado en octavos de final tras perder 2-4 frente al Bayern Múnich.

El inicio de 2026 no fue favorable para el equipo. Flamengo atravesó su peor comienzo de temporada en los últimos diez años, con cinco derrotas en doce partidos. Además, perdió la Supercopa de Brasil ante Corinthians y la Recopa Sudamericana tras caer en los dos encuentros de la final frente a Lanús.

En la previa del partido ante Madureira, Filipe Luis se había expresado con gratitud hacia el club: “Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida”.

Delegados del Sutna aprovecharon un acto de Axel Kicillof en San Isidro para acercarse y plantearle la reapertura de la fábrica Fate, cuyo cierre la semana pasada produjo 920 despidos directos. En una improvisada reunión, el gobernador se comprometió a hacer “todo lo que esté a su alcance” para reactivar la producción, pero a la vez les marcó la responsabilidad de las políticas nacionales en la situación y les habló de “alternativas” que tomaron otros países para afrontar la avalancha de neumáticos chinos.

La fábrica de Fate está cerrada desde el miércoles pasado y sin trabajar, pese a que primero el ministerio de Trabajo de la Provincia y luego el de Capital Humano nacional dictaron la conciliación obligatoria lo que, en teoría, debería haber hecho que la actividad vuelva, por al menos 15 días. Pero FATE se negó a acatar y de hecho ya vendió parte del predio a Aluar, una compañía de Javier Madanes Quintanilla, el mismo dueño de la fábrica de neumáticos, para desarrollar allí otra actividad.

Desesperados, los delegados de los trabajadores fueron al cruce de Kicillof para pedirle un rescate. La delegación estuvo encabezada por el secretario ejecutivo de la seccional San Fernando del Sutna, Miguel Ángel Ricciardulli, quien entregó en mano una nota formal al mandatario provincial firmada también por Alejandro Crespo, titular del gremio. Allí se menciona que en las reuniones de mediación con Madanes, funcionarios bonaerenses “han hecho notar que cuentan con recursos para poner a disposición” de una reapertura de la planta.

Voceros del gobierno dijeron que la reunión fue en “ muy buenos términos ” y que Kicillof “planteó que estaba siguiendo el estado de situación a través del ministerio de trabajo y de producción” y que “ tenía claro que el problema nodal es el modelo de exterminio a la industria nacional que lleva adelante el gobierno nacional, donde cierran empresas y pymes a diario y no les importa ”. Kicillof se comprometió a que “la provincia hará todo lo que está a su alcance” para dar una solución a los trabajadores.

De todos modos, no se avanzó en una propuesta concreta. Kicillof le recordó a los delegados que “la provincia también sufre el ahogo financiero de Nación ”. Y les habló de “alternativas desarrolladas por países como Estados Unidos, la Unión europea y países vecinos como Brasil ante el avance de las importaciones de neumáticos provenientes de China y del sudeste asiático que se podrían tomar” desde el gobierno de Javier Milei.

Tras el fracaso del concurso preventivo, la Justicia ratificó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la firma láctea encargada de producir yogures, flanes y postres de la marca SanCor bajo las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.

La resolución, que había sido dictada en noviembre de 2025 y fue confirmada en las últimas horas, culminó un prolongado proceso de crisis que terminó con el despido de cerca de 380 empleados. Aproximadamente la mitad se desempeñaba en la planta de Lincoln, provincia de Buenos Aires, y el resto en Monte Cristo, Córdoba. La compañía contaba además con una red logística integrada por 165 distribuidores, que abastecía semanalmente a unos 70.000 comercios en todo el país.

La decisión judicial se produjo tras el fracaso del concurso iniciado en abril de 2024. La empresa, que había sido adquirida por un holding vinculado al Grupo Vicentin, arrastraba importantes deudas con proveedores, transportistas y trabajadores. Desde 2023 registraba demoras en el pago de salarios y reiteradas suspensiones.

Al momento de presentarse en concurso, ARSA atribuyó su delicada situación al contexto económico de ese período, marcado por la caída del consumo y la inflación sostenida que elevaba los costos de materias primas y mano de obra. También señaló medidas implementadas por la gestión anterior, entre ellas el control de precios.

Por otra parte, el juez Federico Güerri, subrogante del Juzgado Comercial Nº 29 donde se tramita la quiebra, autorizó el retiro de maquinarias que distintas compañías habían otorgado a ARSA mediante contratos. En paralelo, numerosos ex empleados iniciaron presentaciones en la Justicia para reclamar el pago de las indemnizaciones correspondientes.