El titular de Amemt, Raúl Escudero, se refirió a la deuda que la mutual le reclama al club Deportivo Santamarina por el pago de cirugías a jugadores del plantel que participó en la frustrante campaña del Torneo Federal A. “Nosotros no estamos en condiciones de decir nos estafaron en 46 millones de pesos y no reclamamos”, expuso sobre la presentación legal que está en manos del abogado Facundo Llano.

En una entrevista con La Mañana de El Eco (El Eco Streaming y 104.1 Tandil FM), el dirigente mutualista confirmó que la deuda data “de meses” y que el club aurinegro ya cobró a través del seguro.

En ese sentido, explicó que el club tenía dos alternativas para contratar el seguro: con o sin prestaciones. En un caso, ante una lesión o accidente deportivo, abona todo la aseguradora, y en la otra opción, la institución se hace cargo y luego tramita el reintegro.

“Nosotros para que los clubes puedan contratar un seguro más económico, les damos los servicios, les hacemos la factura, van y la presentan en el seguro, y cuando el seguro les paga, nos pagan a nosotros. Así de simple es el trámite”, reseñó. 

En este caso, detalló que “las atenciones de las prácticas que se hicieron con jugadores de Santamarina las cobró el club, las cobró el presidente, y a nosotros no nos pagó”, y precisó que “esto fue desde mayo en adelante. Fueron varias situaciones en poco tiempo”.

El presidente de Amemt amplió que las atenciones abarcan el período de las cirugías y la rehabilitación, donde “corren 30 ó 40 días, y donde se cierra el ciclo se presenta la factura, y después, otros 30 días para que salga el pago. Ahí, en esos 60 días, se produjo la acumulación” de la deuda. En ese sentido, volvió a ratificar que el club recibió el desembolso por parte de la firma aseguradora.

En paralelo, Raúl Escudero afirmó que hasta aquí la respuesta del club fue “nada” y enmarcó el conflicto en el contexto institucional complejo que atraviesa la institución aurinegra.

“Santamarina descendió. Santamarina es el ícono: ningún club de fútbol va a tener la representación deportiva como la tuvo Santamarina en Tandil. Es una historia insuperable, y perdimos la categoría. Ya casi descendimos al Senior que organiza la UNI, y no pasó nada”, lamentó.

Analizó que “esto forma parte de la degradación, también llega a esto. Tiene un presidente que por su conducta y su actitud, no conduce con lo que somos nosotros como sociedad en Tandil y mucho menos en el ámbito deportivo”.

Desde lo personal, sostuvo que “yo he colaborado mucho” con el club y agregó que “todo el mundo sabe” de su apoyo pero también el brindado a través de la mutual. “Desde 2008, mi primera presidencia, a 2010, Amemt ha sido una institución que sostuvo al club Santamarina en dos momentos en que estuvo por desaparecer. Nosotros gestionamos la recuperación del nombre del club”, señaló.

Y ratificó que el aporte fue “con todo”, tanto económico como al utilizar personal, vehículo e instalaciones de Amemt.

 “Al margen de eso, realmente es una situación no deseada”, dijo el mutualista y aclaró que “además ese dinero no es que Amemt lo dejó de ganar, al contrario, un 15 ó 20 por ciento son los gastos de internación y demás, el resto son honorarios de los traumatólogos, de los profesionales, del centro de Anestesistas y de las ortopedias; plata que Amemt tuvo que poner, está terminando de pagar, y hacerse cargo de eso”.

En relación a la posibilidad de accionar en contra de los jugadores, Escudero expuso que “eso lo está manejando nuestro asesor, que es el doctor Facundo Llano. Yo represento a la institución, pero no puedo tomar la decisión de condonar una deuda que no es que el club no puede pagar, eso es una estafa porque el presidente del club cobró el dinero”.

En tanto, señaló que “ese dinero que salió por prácticas a un jugador, él hizo una malversación: se quedó con el dinero que el seguro pagó por la cirugía”, aunque infirió que lo habría usado “para gastos del club”.

Sin embargo, reparó en que “él como presidente tomó la decisión de darle el destino que quiso a ese dinero y no el que correspondía”.

 Sobre el monto adeudado, afirmó que Amemt les pagó a los profesionales, también la anestesia y a las ortopedias. “Nosotros no estamos en condiciones, como nadie lo está, de decir nos estafaron en 46 millones de pesos y no reclamamos”, manifestó.

En ese sentido, ratificó que si no hay respuesta, habrá demanda judicial, porque “esto no puede quedar impune. Es una defraudación que también involucra, en un acto de buena fe, a los jugadores porque son los que reciben la práctica y la póliza de seguro dice quiénes son los beneficiarios”.

Consultado sobre si tuvo contacto con los deportistas, expresó que “el presidente del club se encargó de silenciarlos y decirles que es un problema nuestro. Para el presidente del club somos culpables nosotros”.

En tanto, reconoció que “es un tema que a mí me cuesta hablarlo” y reseñó que “todo el mundo sabe qué es lo que significa Santamarina para mí desde lo personal, qué es lo que significa desde lo institucional. Nosotros durante todo el año pasado y parte de este, hemos estado asistiendo con todo lo que tiene que ver con el consumo desde la farmacia, que son varios millones de pesos.

En tanto, añadió que “cuando hemos tenido que salir a depositar nuestra confianza, contratar un técnico para salvar al equipo, también lo hemos hecho. Así que es un tema que a mí me duele tratarlo”.

Aclaró que la demanda no pondrá en riesgo a la institución deportiva: “Simplemente quedará una inhibición para el club y se le embargará alguna cuenta que tenga a nombre del club, o aportes de la AFA. No sé, es un tema que lo maneja nuestro asesor legal y él se va a encargar”.

Mientras tanto, confirmó que no siguen atendiendo a los deportistas aurinegros. “No podemos darle ningún tipo de servicio, es imposible”, dijo y evaluó que “no queda otra” que reclamar porque son recursos de la mutual.

Por otra parte, Raúl Escudero pidió pista para hablar del peronismo, en ocasión de la reciente conmemoración del Día de la Lealtad. “La conducción del peronismo no me considera ni siquiera afiliado al peronismo”, dijo y deslizó, en modo chicana, que “además no quiero tener ampollas en las rodillas. Mi vieja me dio la voluntad para caminar parado y no de rodillas”.

El dirigente, dispuesto a presentarse como candidato a intendente, remarcó que “yo hago política porque me gusta” y eufórico, sostuvo que “antes, cuando era ingenuo, creía que la política era el medio para transformarle la vida a la gente. Después, pasó el tiempo, la política se comercializó tanto, entonces aquellos que realmente viven de la política y con los resultados de la gestión de aquellos que hace 15 ó 20 años que están, que no han cambiado nada y lo único que ha cambiado es su situación personal, realmente es muy triste”.

En ese sentido, Escudero expresó que “me libero de todo eso. Yo voy a ser candidato a intendente en el 2027” y advirtió que no piensa en ir a internas: “No me importan los resultados ni nada. A esta altura de mi vida me interesa poder decir lo que pienso; recibir la satisfacción, el abrazo, el cariño de cuando voy por la calle y la gente me agradece por los servicios. Ese es mi objetivo”.

En paralelo, sostuvo que “yo no decidí vivir de la política” y remarcó que “cuando vos decidís vivir de la política, cambiás tu mundo porque tenés un patrón. Ya no podés decir lo que pensás, ver si estás en desacuerdo o te cayás la boca, porque ojo, tenés que cuidar el trabajo y además te garantizan que si vos terminás de concejal, te consiguen un conchabo en la provincia”.

Si bien evitó los nombres, apuntó a que en Tandil los hay, asegurando que “perdés la representación, perdés los objetivos, vivís en un microclima que no sabés qué le pasa a la gente. Hoy mi compromiso es trabajar por la salud de los vecinos de Tandil” y aseguró que está firme para su candidatura, pero “la única forma es trabajar, trabajar y trabajar. Ese es nuestro compromiso, darles respuestas a las necesidades de la gente en un tema muy importante como la salud”.

Por último, envió “un saludo a los compañeros peronistas que creen que el peronismo tiene valores que hay que llevarlos a la práctica. Esa ideología es del peronismo pero tenemos que trasladarla con respuestas concretas para toda la gente”.

La Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil (Amemt) mantiene un conflicto económico con el Club Deportivo Santamarina por una deuda cercana a los 47 millones de pesos, correspondiente a intervenciones quirúrgicas realizadas a futbolistas de la institución aurinegra. Ante la falta de respuestas a los reiterados pedidos de pago, la entidad sanitaria confirmó su decisión de avanzar con acciones legales para recuperar el dinero reclamado.

La controversia suma un nuevo capítulo a la delicada situación institucional y financiera que atraviesa Santamarina, luego de haber perdido la categoría en el Torneo Federal hace menos de un mes. Sin embargo, el conflicto podría extenderse más allá de las autoridades del club, ya que los propios jugadores que recibieron las prestaciones médicas podrían quedar involucrados en las actuaciones judiciales.

Según informó inicialmente La Voz de Tandil, el monto reclamado asciende a 46.893.694 pesos. Desde la mutual señalaron que durante los últimos meses se realizaron diferentes gestiones para obtener el pago, incluyendo intimaciones y el envío de cartas documento, sin conseguir una respuesta que permitiera alcanzar un acuerdo.

El reclamo apunta a fondos que, de acuerdo con la versión de Amemt, Sancor Seguros ya habría reintegrado a Santamarina por las operaciones realizadas, pero que nunca fueron transferidos a la entidad encargada de facilitar las intervenciones.

El mecanismo establecido entre las partes permitía que los futbolistas recibieran atención médica sin que Santamarina tuviera que afrontar anticipadamente el costo de cada cirugía.

Para ello, el club contrataba pólizas con Sancor Seguros e incorporaba nominalmente a sus jugadores dentro de la cobertura. Cuando alguno sufría una lesión que requería una intervención quirúrgica, se gestionaba la autorización correspondiente y Amemt facilitaba las prestaciones necesarias.

Una particularidad de este procedimiento es que las facturas por las operaciones eran emitidas a nombre de los futbolistas intervenidos, aunque las pólizas eran contratadas y administradas por Santamarina.

Una vez realizada la cirugía y cumplidos los trámites administrativos, la aseguradora efectuaba el reintegro correspondiente a una cuenta bancaria del club. Posteriormente, la institución deportiva debía utilizar ese dinero para cancelar los servicios médicos.

No obstante, desde Amemt sostienen que Santamarina recibió los reintegros, pero no concretó los pagos comprometidos.

La mutual indicó que, ante la demora en la cancelación de las prestaciones, realizó consultas con la compañía aseguradora y recibió como respuesta que los fondos correspondientes ya habían sido depositados al club.

A partir de esa situación comenzaron los reclamos formales, que se extendieron durante varios meses sin que las partes lograran alcanzar una solución.

Otro aspecto relevante del conflicto es la composición de la deuda. Desde Amemt aclararon que solamente el 20 por ciento del dinero reclamado corresponde a prestaciones propias de la entidad, mientras que el 80 por ciento restante está vinculado con los servicios profesionales y médicos que participaron en las operaciones.

De esta manera, tomando como referencia los aproximadamente 46,4 millones de pesos mencionados por la mutual, unos 9,3 millones corresponden a servicios propios, mientras que alrededor de 37,1 millones están relacionados con prestaciones de traumatología, anestesia y ortopedia.

Según explicaron desde la institución, ante la falta de pago por parte de Santamarina, Amemt debió afrontar con recursos propios los compromisos económicos correspondientes a esos profesionales y servicios.

Así, una modalidad de trabajo que originalmente buscaba facilitar la atención de los deportistas terminó generando una importante carga financiera para la entidad sanitaria.

La decisión de recurrir a la Justicia introduce un elemento especialmente delicado para los futbolistas que fueron operados.

Si bien Santamarina era el responsable de contratar las pólizas y recibir los reintegros de la aseguradora, las facturas de las intervenciones fueron confeccionadas a nombre de cada jugador, una circunstancia que podría tener consecuencias en el desarrollo del reclamo.

Desde Amemt confirmaron que las acciones legales podrían alcanzar tanto a la institución aurinegra y a su presidente, Diego Puissant, como a los deportistas que recibieron las prestaciones.

Sin embargo, el hecho de que una factura esté emitida a nombre de un futbolista no determina automáticamente que deba responder personalmente por su pago. Esa eventual responsabilidad dependerá de las condiciones de contratación, la documentación respaldatoria y las obligaciones asumidas por cada una de las partes.

En este sentido, los jugadores podrían terminar involucrados en una controversia económica que, de acuerdo con la mutual, se originó en la falta de transferencia de fondos que ya habían sido abonados por la aseguradora.

La situación representa un nuevo inconveniente para Santamarina, que atraviesa un escenario complejo tanto en lo deportivo como en lo institucional.

El reciente descenso del Torneo Federal significó un duro golpe para la institución aurinegra, que ahora enfrenta la posibilidad de un litigio judicial por una suma millonaria.

El conflicto adquiere además una dimensión particular por el vínculo que ambas entidades mantuvieron durante los últimos años. Amemt fue uno de los patrocinadores y colaboradores de Santamarina en distintas campañas deportivas, por lo que el reclamo económico se produce después de una relación de acompañamiento institucional.

Desde la mutual insisten en que las intervenciones fueron efectivamente realizadas, que los costos debieron ser afrontados por la entidad sanitaria y que los reintegros correspondientes ya fueron abonados por Sancor Seguros al club.

De esta manera, el eje de la controversia no estaría relacionado con una falta de cobertura de los deportistas, sino con el destino de los fondos que, según denuncia Amemt, recibió Santamarina y no fueron utilizados para cancelar las prestaciones médicas.

Tras las intimaciones y los intentos de negociación, la mutual decidió avanzar por la vía judicial para procurar el recupero de la deuda.

Por el momento, las afirmaciones sobre los reintegros y la falta de pago corresponden a la versión de Amemt. Resta conocer la posición de las autoridades de Santamarina frente a este reclamo y determinar qué responsabilidades podrían corresponder a cada una de las partes involucradas.

La tendencia cobra mayor gravedad al analizar el mediano plazo, ya que la cantidad de firmas con una situación irregular en el sistema bancario escaló a 58.982, una suba interanual del 53 por ciento.

Este combo de morosidad e insolvencia impactó de lleno en los indicadores de riesgo privado. El Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF), elaborado por la consultora Fidelitas, retrocedió 0,6 puntos frente al mes anterior para ubicarse en 37,7 unidades, una cifra que mantiene al entramado empresarial dentro de la categoría de “Riesgo Elevado”.

Los analistas advierten que este resultado expone un escenario de marcada heterogeneidad, donde los leves alivios financieros de algunos sectores conviven con la persistente debilidad de la actividad económica general.

El componente de Riesgo Crediticio alcanzó apenas 19 puntos, el registro más bajo entre las dimensiones del indicador. Si bien se redujo un 8,9 por ciento la mora temprana (situación 2), el panorama de fondo continúa deteriorándose: mientras en enero de 2025 había alrededor de 1,8 millones de CUITs en situaciones crediticias de la 2 a la 4, actualmente unos 3,7 millones se encuentran en situación 5, considerada irrecuperable.

Por otra parte, dentro del indicador, la actividad económica registró 51,2 puntos. Esto se explica por la caída interanual del EMAE de julio, las contracciones de la industria manufacturera y la construcción, las cuales contrastaron con el crecimiento de la minería en agosto. Por su parte, el componente financiero y de precios alcanzó 54,9 puntos, favorecido por una leve reducción del diferencial entre las tasas de préstamos personales y depósitos.

El comercio exterior, con 72,8 puntos, fue el componente de mejor desempeño, respaldado por el superávit comercial de agosto. NA

La morosidad de los hogares se mantiene en niveles elevados y enfrenta un nuevo desafío: una parte de los clientes que habían logrado refinanciar sus deudas volvió a incumplir los pagos. Esta reincidencia genera preocupación en las entidades financieras, justo cuando algunos indicadores comenzaban a sugerir un techo para el deterioro del sistema.

Fuentes cercanas a un importante banco señalaron que, a pesar de los esfuerzos por ofrecer planes de refinanciación, una parte de los deudores no logró sostener los pagos y recayó en la mora. Según información a la que accedió este medio, para algunas instituciones, alrededor del 30% de quienes refinanciaron sus compromisos volvieron a incumplir.

El Banco Central informó que en julio la mora de las familias se ubicó en 12,9%, frente al 12,8% de junio, mientras que la irregularidad del crédito total al sector privado fue de 7,7%. No obstante, el organismo destacó una desaceleración en el crecimiento del saldo de la cartera en situación irregular. Asimismo, la mora temprana, que contempla atrasos menores a 90 días, mostró una mejora al pasar de un pico superior a los 6 puntos en noviembre de 2025 a cerca de 4 puntos en julio de este año.

Detrás del aumento de la morosidad aparecen factores como la falta de recuperación del ingreso real, el crecimiento del crédito al inicio de la gestión y la flexibilización de las condiciones de otorgamiento. Consultoras como Econviews advirtieron que la mora persiste a pesar de los planes de refinanciación, mientras que EcoGo señaló que la mora de las familias alcanzó niveles récord al considerar el crédito bancario y el no bancario.

En agosto, el crédito no bancario alcanzó un stock de 16,3 billones de pesos, con una morosidad que oscila entre el 25% y el 30%, superando ampliamente al sistema bancario. Ante este panorama, el Congreso se prepara para tratar el tema el próximo 15 de octubre, donde se debatirán propuestas que incluyen desde la transparencia en el costo financiero hasta topes en las tasas de interés.

FB Líneas Aéreas S.A., sociedad que opera comercialmente bajo la marca Flybondi, se presentó en concurso preventivo de acreedores con el objetivo de reestructurar sus pasivos y buscar una salida ordenada a la crítica situación financiera que atraviesa la compañía.

La solicitud fue ingresada el pasado viernes ante la Justicia comercial y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi.

El concurso preventivo es una herramienta prevista por la legislación argentina para que empresas con dificultades económicas puedan negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial, suspendiendo temporalmente acciones de cobro mientras se busca alcanzar un acuerdo que permita preservar la actividad y evitar una eventual quiebra.

La aerolínea llega a esta instancia con un escenario financiero complejo. Las deudas y reclamos identificados públicamente superan los 4.000 millones de pesos y podrían acercarse a los 4.600 millones si se incorporan intereses y costas derivadas de distintos embargos. No obstante, fuentes del sector señalan que esa cifra representa solo una parte de las obligaciones acumuladas por la compañía.

A esos compromisos se suman deudas con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), con Intercargo, proveedores de combustible, arrendadores de aeronaves y talleres de mantenimiento, además de reclamos laborales y solicitudes de reembolso de pasajeros afectados por cancelaciones y reprogramaciones. En paralelo, dos aeronaves que permanecen fuera del país acumularían pasivos cercanos a los 5,5 millones de dólares vinculados a tareas de mantenimiento.

La crisis financiera tuvo también un fuerte impacto sobre la operación. Actualmente, Flybondi mantiene apenas tres aeronaves en territorio argentino sin actividad comercial, mientras que otras diez fueron devueltas a sus respectivos arrendadores.  

El Gobierno nacional renovó la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos que operaban este lunes, en una licitación en la que el Tesoro adjudicó $8,62 billones y evitó liberar fondos adicionales al mercado.

De acuerdo con los resultados difundidos tras la operación, la Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $9,77 billones y terminó adjudicando $8,62 billones, lo que representó un rollover del 100,08%. De esta manera, el Tesoro consiguió refinanciar prácticamente peso por peso los compromisos que debía afrontar en la jornada.

La operación estaba prevista dentro del cronograma oficial de licitaciones del Ministerio de Economía para este lunes 28 de septiembre. La convocatoria había contemplado distintos instrumentos en pesos y vinculados a la evolución del dólar.

Uno de los funcionarios que destacó el resultado fue Felipe Núñez, integrante del equipo económico cercano al ministro Luis Caputo, quien remarcó que se alcanzó un rollover del 100% en un escenario internacional adverso y con tasas cercanas a las observadas en el mercado secundario.

Entre los instrumentos adjudicados se encontraron una Lecap con vencimiento en enero de 2027, por $2,85 billones; un título ajustado por CER, por $1,02 billones; otro vinculado a la tasa Tamar, por $2,92 billones; y dos instrumentos dollar linked, que concentraron en conjunto alrededor de $1,83 billones.

De esta forma, el menú ofrecido permitió a los inversores optar por diferentes alternativas de cobertura: tasa fija, ajuste por inflación, evolución de tasas mayoristas y variación del dólar oficial.

El resultado también fue destacado por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien puso el foco en el perfil de vencimientos que mantiene actualmente el Tesoro.

Según señaló el funcionario, el 45% de los vencimientos de la deuda consolidada en moneda local quedó para después de octubre de 2027, mes en el que se realizarán las próximas elecciones presidenciales.

Desde el equipo económico sostienen que esa extensión de los plazos, junto con la recomposición de las reservas en pesos del Tesoro depositadas en el Banco Central, permitió reducir las necesidades financieras inmediatas.

La licitación de este lunes se produjo después de que, en la colocación anterior, realizada el 11 de septiembre, el Tesoro también consiguiera renovar todos sus compromisos: en aquella oportunidad adjudicó $8,41 billones frente a vencimientos por $8,13 billones, alcanzando un rollover del 103,46%.

Un informe elaborado por ATE Tandil trazó un diagnóstico sobre la situación previsional de la ciudad y puso el foco en el endeudamiento de los adultos mayores, la evolución de las jubilaciones, el empleo formal y las desigualdades territoriales. Entre los datos centrales, el trabajo señaló que 19.764 adultos mayores acumulan deudas por $89.928 millones.

El documento, denominado “La crisis previsional en Tandil”, fue elaborado en septiembre de 2026 por el equipo de Erica Lanzini en el marco de la propuesta “El Estado que se viene”. El estudio propone una lectura local de la cobertura previsional, los ingresos y las condiciones en las que atraviesan la vejez los tandilenses.

Según el relevamiento presentado por ATE, los casi 20 mil adultos mayores endeudados mantienen compromisos por un promedio de $4,55 millones por persona. Además, señalan que 1.417 se encuentran en mora, equivalentes al 9,52 por ciento de los deudores considerados, mientras que la deuda total en esa condición asciende a $4.250,92 millones.

El informe vincula este escenario con el “deterioro” de los ingresos previsionales y, particularmente, con el congelamiento del bono de $70.000. De acuerdo con los cálculos incluidos en el documento, ese refuerzo representaba el 40 por ciento del ingreso mínimo en enero de 2024 y para mayo de 2026 había reducido su incidencia al 14 por ciento.

ATE sostiene además que la pérdida acumulada de ingresos tuvo un impacto equivalente a $42.000 millones en Tandil.

Otro de los datos destacados está relacionado con la cantidad de jubilados. Tandil pasó de registrar 21.537 jubilados en 2025 a 21.428 en mayo de 2026, lo que representa una disminución neta de 109.

Desde ATE interpretaron esa caída a partir del cierre de las moratorias previsionales en marzo de 2025. El informe sostiene que, desde entonces, se restringió el acceso a la jubilación de aquellas personas que alcanzaron la edad requerida pero no completaron los años de aportes.

En ese sentido, el trabajo señaló que el 69,85 por ciento de las jubilaciones registradas en Tandil fueron obtenidas mediante alguna moratoria, con 14.968 casos sobre un total de 21.428. A nivel nacional, la proporción consignada por el informe alcanza el 71,9 por ciento.

El documento también amplía la mirada hacia quienes todavía se encuentran en edad laboral. Según los datos de la Secretaría de Trabajo citados por ATE, los beneficiarios del Fondo de Desempleo en Tandil pasaron de 133 en 2022 a 367 en mayo de 2026, un incremento del 175,9 por ciento.

Para los autores del informe, la evolución constituye una señal de alerta sobre el financiamiento futuro del sistema previsional, debido a que la pérdida de puestos registrados implica también una reducción de la cantidad de trabajadores que realizan aportes.

Las diferencias entre el centro y los barrios

Uno de los apartados del estudio busca establecer además cómo impacta la situación de los adultos mayores según el sector de Tandil en el que viven.

El trabajo establece que en el denominado “centro consolidado” existe una cobertura previsional del 94,10 por ciento y una dependencia de la salud pública del 17,31 por ciento. En la periferia, en cambio, esa dependencia aumenta considerablemente.

El análisis por radios censales muestra que en sectores que comprenden Villa Aguirre, Selvetti y La Movediza, la dependencia de la salud pública alcanza el 61,9 por ciento, mientras que otro radio registra un 61,3 por ciento. En una zona que comprende Tunitas, Maggiori y Palermo, llega al 53 por ciento.

De esta manera, ATE plantea que la problemática previsional no se limita al nivel de los haberes, sino que se combina con diferencias en el acceso a la cobertura sanitaria y otros servicios dependiendo del lugar de residencia.

El peso de los adultos mayores en el padrón

El informe incorpora también una dimensión electoral. Según los datos presentados, 31.787 personas de 60 años o más integran el padrón tandilense y representan aproximadamente el 27 por ciento del total.

Dentro de ese universo, 20.757 electores tienen 65 años o más y el trabajo estima que 15.750 son jubilados que perciben la mínima, equivalentes al 13,4 por ciento del padrón. Asimismo, las mujeres representan el 55,6 por ciento de los electores mayores de 60 años.

Finalmente, el documento no se limita al diagnóstico y plantea una serie de propuestas. Entre ellas aparece la creación de una mesa de articulación previsional integrada por Anses, PAMI, IPS, Municipio, ATE y Unicen, junto con un observatorio de precios de medicamentos y un programa de acompañamiento destinado a adultos mayores endeudados.

También propone actualizar el bono previsional de acuerdo con la inflación, avanzar sobre la informalidad laboral y mantener un rol activo de los gobiernos municipal y provincial en las políticas destinadas a las personas mayores.

Para elaborar el diagnóstico, ATE utilizó información de Anses, Indec, la Secretaría de Trabajo, la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Mapa de Poblaciones de Conicet y ODSA-UCA, entre otras fuentes, además de estudios de la Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Estudios para la Ciudad.

El número de organizaciones en mora subió 18,7 por ciento entre enero y julio de este año.

El indicador SERF elaborado por Fidelitas cayó 6,9 puntos en agosto, hasta los 38,3, y hoy se encuentra en zona de “Riesgo Elevado”.

La actividad industrial, el crédito y la morosidad configuran un escenario cada vez más exigente para las empresas y sus cadenas de valor.

El Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero (Índice SERF) de Fidelitas se ubicó en agosto en 38,3 puntos, lo que representa una caída de 6,9 puntos respecto de los 45,2 registrados en julio.

“El indicador muestra que la estabilización de algunas variables macroeconómicas todavía no logra traducirse en una mejora generalizada de las condiciones en las que operan las empresas. La principal fragilidad continúa concentrada en el frente crediticio. El Índice de Riesgo Crediticio descendió hasta 17,8 puntos, reflejando dificultades de pago que restringen la capacidad del financiamiento para impulsar ventas e inversión. El nivel de endeudamiento vía crédito continúa siendo bajo, mientras que la mora permanece elevada, particularmente entre las empresas”, explica Félix El Idd, CEO de Fidelitas.

“La estabilización de precios todavía no se traduce en una mejora de la capacidad de pago ni en una recuperación expansiva de la economía. Para las empresas, el contexto obliga a priorizar cobranzas, liquidez y una selección cada vez más cuidadosa del riesgo comercial”, señala el informe publicado en septiembre.

Uno de los principales factores detrás del deterioro del escenario es el comportamiento de la actividad manufacturera.

La producción industrial cayó 4,9 por ciento interanual en julio y acumuló una contracción de 2,6 entre enero y julio de 2026.

Más significativo aún fue el retroceso de 5,0 respecto de junio, una vez descontados los factores estacionales.

La caída presenta un alcance amplio: 12 de las 16 divisiones manufactureras registraron descensos interanuales.

Los mayores retrocesos se concentraron en bienes durables y de capital, una señal especialmente relevante para evaluar las perspectivas de inversión.

Maquinaria y equipo se contrajo 26,7 por ciento, con una caída de 46,6 en maquinaria agropecuaria, que incluye tractores, cosechadoras y pulverizadoras, y de 20,9 en aparatos de uso doméstico.

Otros equipos, aparatos e instrumentos retrocedieron 31,4 por ciento, con una contracción de 49,8 en electrónica de consumo y de 25 en equipos eléctricos.

También disminuyeron con fuerza las prendas de vestir, cuero y calzado, con una baja de 15,9 por ciento y una contracción del calzado de 26,5.

Solo cuatro divisiones mostraron crecimiento: refinación de petróleo, con 8,1 por ciento; madera y papel, 7,1; metálicas básicas, 1,6; y otro equipo de transporte, 2,6, impulsado principalmente por las motocicletas. NA

Los atrasos de pago en las deudas familiares venían de mantenerse estables. En particular, en junio habían frenado la escalada que venían acumulando desde finales de 2024.

Sin embargo, en el séptimo mes se revirtió y volvió a anotar una nueva alza. El informe sobre bancos difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la mora de las financiaciones a las familias se ubicó en 12,9 por ciento, lo que significó un aumento de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior.

Se trata del nivel más alto en más de 20 años. Este es uno de los indicadores que más preocupa al sistema financiero y refleja las dificultades que tiene el consumo.

En la comparación año vs año, el indicador más que se duplicó: pasó de representar el 5,6 por ciento al actual nivel de ahora, 7,3 p.p. por encima.

Por otro lado, el Banco Central midió que para el caso de las empresas la morosidad en los préstamos se ubicó en 3,6 por ciento (+0,1 p.p. respecto a junio).

De acuerdo al informe del Central, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió 0,1 p.p. hasta el 7,7 por ciento, levemente por encima del registro de junio.

La autoridad monetaria sostuvo que este incremento estuvo explicado por “una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular (numerador)”.

Del otro lado, la probabilidad de que no se paguen las deudas cayó 0,2 p.p. hasta 2,4 por ciento en el nivel general. Al distinguir por tipo de deudor, la probabilidad de default estimada (PDE) de las familias se ubicó en 3,9 por ciento (-0,5 p.p. mensual), en tanto que la correspondiente a las empresas se mantuvo prácticamente sin cambios (1,1). NA

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró que la deuda que mantiene Nación con el territorio bonaerense asciende a $19,1 billones, de acuerdo con una estimación realizada con valores acumulados hasta julio de 2026.

El encargado de presentar las cifras fue el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien detalló que el cálculo contempla tres grandes componentes: obligaciones directas de la administración nacional, obras públicas comprometidas y programas que fueron discontinuados o registraron demoras en el envío de recursos.

El rubro de mayor peso corresponde a obras públicas comprometidas por Nación en distintos puntos de la provincia, cuyo saldo fue calculado en aproximadamente $10,1 billones. Allí aparecen trabajos que estaban bajo responsabilidad directa del Gobierno nacional, convenios celebrados con la Provincia y los municipios, además de proyectos habitacionales y de infraestructura.

Durante su habitual conferencia de prensa, Bianco cuestionó la política adoptada por la administración de Javier Milei y aseguró que desde el cambio de Gobierno se produjo una paralización generalizada de proyectos.

“Se abandonaron aproximadamente mil obras en la Provincia de Buenos Aires y eso ha tenido un impacto presupuestario muy, muy importante”, sostuvo el funcionario.

Dentro de ese universo, la administración bonaerense contabilizó 105 convenios correspondientes al programa Procrear para construir 6.578 viviendas en 28 municipios. También incluyó otras 9.725 viviendas previstas mediante los programas Casa Propia y Reconstruir en 52 municipios.

A su vez, el relevamiento incorpora 128 obras acordadas entre Nación y Provincia y otras 755 convenidas directamente entre el Gobierno nacional y diferentes municipios, además de proyectos de infraestructura vinculados con programas nacionales y universidades.

Otro de los principales componentes corresponde a obligaciones directas que, según la Provincia, Nación mantiene pendientes, por un monto cercano a los $4,7 billones.

En este apartado aparecen transferencias de Anses a la Caja provincial, compensaciones contempladas en el Consenso Fiscal de 2017, recursos correspondientes al Fonid, un convenio de asistencia financiera firmado en 2023, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y partidas relacionadas con el Ministerio de Salud.

También se contemplaron obligaciones relacionadas con programas sanitarios, políticas de nutrición infantil y fortalecimiento de la infraestructura portuaria bonaerense. El documento presentado por la Provincia ubicó específicamente este segmento en $4.654.472 millones.

Por último, el Ejecutivo bonaerense calculó en alrededor de $4,3 billones el impacto económico generado por programas nacionales discontinuados o demorados.

Entre ellos mencionó nuevamente el Fonid y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, además del programa Acompañar, la asistencia destinada a la compra de alimentos para comedores, el Fondo de Compensación del Transporte Público y diferentes políticas sanitarias.

El relevamiento también incorporó recursos vinculados con emergencias climáticas, tratamientos contra la tuberculosis, el programa Remediar y medicamentos destinados a pacientes trasplantados a través de Cucaiba. Por estos conceptos, la Provincia calculó un perjuicio de $4.260.349 millones.

De esta manera, el monto denunciado por el Gobierno bonaerense surge de sumar $4,7 billones en obligaciones directas, $10,1 billones correspondientes a obras comprometidas y $4,3 billones por programas discontinuados o demorados, lo que arroja una cifra global cercana a los $19,1 billones.

Sin embargo, la administración de Axel Kicillof amplió el cálculo al considerar también la reducción general de recursos registrada durante los últimos años. Según el informe, la caída de fondos de origen nacional representa otros $5,9 billones, mientras que la merma de recursos provinciales fue estimada en $3,4 billones.

Al incorporar esos montos a la deuda denunciada, el Ejecutivo bonaerense estimó un desfinanciamiento total de $28,4 billones, situación que atribuyó a las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

La deuda que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires asciende a 19,1 billones de pesos, de acuerdo con una estimación elaborada por la administración bonaerense con valores acumulados a julio de 2026. 

El cálculo, que dio a conocer este lunes el ministro Carlos Bianco, contempla fondos adeudados directamente, obras públicas comprometidas y programas nacionales discontinuados o con retrasos.

El mayor componente corresponde a los saldos de obras públicas comprometidas por Nación en territorio bonaerense, que alcanzan los 10,1 billones de pesos. El monto incluye obras ejecutadas directamente por el Gobierno nacional, convenios entre Nación y Provincia y acuerdos con municipios, además de proyectos de vivienda e infraestructura.

“Desde la llegada de Javier Milei se abandonaron obras y se interrumpieron transferencias nacionales, con impacto directo en distintos programas y servicios”, declaró el ministro Carlos Bianco durante su habitual conferencia de prensa. En esa misma línea, añadió: “Se abandonaron aproximadamente mil obras en la Provincia de Buenos Aires y eso ha tenido un impacto presupuestario muy, muy importante”.

Entre las obras y programas incluidos figuran 105 convenios del programa Procrear para la construcción de 6.578 viviendas en 28 municipios; 9.725 viviendas proyectadas a través de Casa Propia y Reconstruir en 52 municipios; 128 obras convenidas entre Nación y Provincia y otras 755 acordadas entre Nación y municipios. También se contabilizan obras de infraestructura con programas nacionales y proyectos con universidades nacionales.

El segundo componente de la deuda está constituido por obligaciones directas del Gobierno nacional con la Provincia, estimadas en 4,7 billones de pesos. Allí se incluyen transferencias de Anses a la Caja provincial, compensaciones previstas en el Consenso Fiscal de 2017, fondos correspondientes al Fonid, un convenio de asistencia financiera de 2023, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y distintos fondos del Ministerio de Salud. 

En conjunto, las deudas directas alcanzan los 4.654.472 millones de pesos.

El tercer componente corresponde a la deuda estimada por la discontinuidad o los retrasos de programas nacionales, que llega a 4,3 billones de pesos. Entre los principales conceptos aparecen el Fonid, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el programa Acompañar, asistencia para la compra de alimentos destinados a comedores, el Fondo de Compensación del Transporte Público y distintos programas de salud. El total estimado por la discontinuidad o retrasos de estos programas asciende a 4.260.349 millones de pesos.

El informe presentado por Carlos Bianco agregó además otro cálculo sobre el impacto de la reducción de recursos. Según la Provincia, la caída de los recursos de origen nacional representa 5,9 billones de pesos, mientras que la merma de los recursos de origen provincial alcanza los 3,4 billones de pesos. Sumados a la deuda estimada de Nación, el Gobierno bonaerense calcula un desfinanciamiento total de 28,4 billones de pesos atribuido a las políticas de la administración Javier Milei.

Durante una entrevista en el programa La Mañana, Raúl Moyano abordó la situación financiera del Municipio de Tandil en relación con los fondos adeudados por la Provincia de Buenos Aires y el Estado nacional. El funcionario explicó que, recientemente, el Gobierno bonaerense saldó parte de los compromisos vinculados a las canteras situadas en la zona de paisaje protegido, una deuda acumulada entre abril y octubre de 2025. Según detalló, el desembolso ascendió a cerca de 226 millones de pesos, aunque aclaró que se realizó a valor histórico, sin actualización por inflación, lo que representa un perjuicio para las arcas municipales.

En cuanto a la infraestructura educativa, Moyano señaló que persisten saldos pendientes. En la Escuela Técnica 3, un proyecto de gran envergadura con un contrato de 2.000 millones de pesos, la Provincia abonó el anticipo financiero, pero aún restan cancelar cuatro certificados mensuales de obra, por unos 220 millones de pesos. A esto se suman otros 150 millones pendientes por la Escuela 7. En total, entre ambos proyectos y el remanente correspondiente a las canteras, el Municipio aguarda el ingreso de aproximadamente 700 millones de pesos.

El secretario de Economía y Administración también hizo referencia a la compleja situación con IOMA. Al respecto, indicó que el problema es doble: por un lado, existe un atraso en los pagos y, por otro, los valores que la obra social reconoce al hospital público por las prestaciones son irrisorios. “El sistema público de salud casi está financiando las prestaciones de IOMA”, afirmó, señalando que los montos abonados por estudios o prácticas médicas se encuentran muy por debajo de los costos reales de mercado.

En el plano local, el secretario de Economía analizó la evolución de la recaudación propia. Tras una caída en la cobrabilidad durante el segundo semestre del año pasado, cuando se registraron niveles inferiores al 60 por ciento en las tasas comunes, durante 2026 se observó una leve recuperación de entre tres y cuatro puntos. Moyano atribuyó este comportamiento a la voluntad de pago de los vecinos, pese al contexto inflacionario y la difícil situación económica que atraviesan los pequeños y medianos comercios.

Raúl Moyano destacó que, entre los grandes contribuyentes, el cumplimiento es prácticamente total y alcanza el 100 por ciento. Sin embargo, reconoció que el sector de pequeños y medianos contribuyentes es el más afectado, con una cobrabilidad cercana al 50 por ciento. “Ahí es donde se nota el impacto de la caída de la rentabilidad, el incremento de costos, alquileres y servicios”, explicó.

Finalmente, Moyano recordó los beneficios vigentes para quienes cumplen con sus obligaciones, como los descuentos por pago mediante débito automático y la adhesión a la factura digital. Asimismo, adelantó que en los próximos días el Municipio podría anunciar nuevos incentivos para premiar a quienes mantienen sus compromisos al día, con el objetivo de aliviar la carga impositiva en un escenario de ajuste operativo para el Estado municipal.

El problema de la morosidad presenta múltiples aristas, pero un reciente análisis del Centro de Estudios de la Ciudad, basado en su Mapa de la Deuda con datos a julio de este año, permitió identificar que las situaciones más críticas se concentran en mujeres menores de 25 años. Este segmento poblacional se ve particularmente afectado por la informalidad laboral, la brecha de género y los bajos ingresos.

A nivel nacional, la tasa de morosidad para este grupo etario se ubicó en el 38,25 por ciento. Sobre un universo de 784.172 personas, 311.087 registran atrasos. Mientras que la deuda promedio general de este grupo es de 1.020.000 pesos, el monto entre quienes están en mora asciende a 987.660 pesos. Por su parte, los hombres de la misma edad presentan una tasa del 37,1 por ciento, mientras que el promedio nacional general se sitúa en el 17,94 por ciento.

San Luis encabeza el ranking provincial de endeudamiento femenino en este rango etario con un 46,35 por ciento, seguido por Chaco y Catamarca. En la provincia de Buenos Aires, la tasa es del 40,47 por ciento, aunque existen partidos con indicadores mucho más elevados, como Pila (65,18 por ciento), General Lavalle (63,53 por ciento) y Castelli (62,06 por ciento).

Desde el Centro de Estudios de la Ciudad aclararon que, si bien las tasas son extremadamente altas en estos municipios, se trata de distritos con poca población, por lo que el número absoluto de personas afectadas es menor. No obstante, advirtieron que en localidades como Pila la deuda promedio alcanza los 1.750.000 pesos, superando ampliamente la media nacional.

Un informe de la consultora Econviews destacó que los jóvenes entran en mora 3,6 veces más rápido que los mayores de 65 años. Además, el 82 por ciento de los morosos menores de 25 años tiene todas sus deudas atrasadas. La consultora también señaló el rol del crédito no bancario, que concentra más de una cuarta parte de los pesos en mora debido a la proliferación de préstamos de montos reducidos, donde las fintech tienen una presencia frecuente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional, un régimen diseñado para que trabajadores que aún no alcanzaron la edad jubilatoria puedan regularizar períodos sin aportes. Esta medida permite completar los 30 años de servicios exigidos por ley para acceder al beneficio previsional.

El programa está destinado específicamente a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años que proyecten no llegar a cumplir con los años de aportes requeridos al momento de alcanzar la edad para jubilarse. Esta herramienta cobra relevancia tras el vencimiento, el 23 de marzo de 2025, de la moratoria previsional dirigida a quienes ya habían alcanzado la edad jubilatoria.

El esquema fue creado mediante la Ley 27.705 y permite regularizar períodos de aportes correspondientes hasta marzo de 2012 inclusive. Antes de iniciar el trámite, el organismo recomienda ingresar a Mi Anses y consultar la Historia Laboral para verificar los períodos ya registrados. En caso de detectar años trabajados que no figuran en el sistema, es necesario solicitar un reconocimiento de servicios previo a la adhesión al plan.

El cálculo de los períodos se realiza a través de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP). El valor de cada período equivale al 29% de la base mínima utilizada para calcular los aportes, por lo que el monto de las cuotas se actualiza mensualmente según la movilidad aplicada por la Anses.

Para las mujeres de 60 años o más que no reúnen los años necesarios, sigue vigente el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado. Este mecanismo permite computar años de servicio adicionales, lo cual reduce la cantidad de períodos que deben ser regularizados mediante el plan de pago de deuda previsional.

El presidente de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Juan Osaba, elevó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir que los municipios cobren por la emisión de los certificados de deuda que resultan exigibles en las operaciones inmobiliarias. La iniciativa busca establecer la gratuidad de estos documentos al momento de realizar transferencias o constituir derechos reales sobre inmuebles en la provincia de Buenos Aires.

Sobre los fundamentos de la medida, el legislador explicó: “No se busca eliminar el control ni la percepción de las obligaciones tributarias municipales, sino procurar reducir los costos de escrituración, simplificar trámites y favorecer la regularización dominial, estableciendo un criterio uniforme”.

En detalle, el proyecto ingresado a la Cámara baja propone modificar la Ley Provincial 14.351 para impedir que los gobiernos municipales perciban tasas, derechos, aranceles, sellados u otros conceptos por la solicitud, tramitación, emisión o entrega de dichas certificaciones. Actualmente, este documento es fundamental para constatar las obligaciones que pesan sobre una propiedad antes de concretar cualquier operación.

Al respecto, Juan Osaba cuestionó el funcionamiento actual del sistema: “El Estado te cobra para darte una información que ya tiene”. El planteo sostiene que la administración municipal ya dispone de la información necesaria para determinar si un inmueble registra deudas, por lo que el cobro resulta innecesario.

La propuesta, que cuenta con el respaldo de 11 diputados de La Libertad Avanza, busca derogar las disposiciones locales que establezcan el cobro de tasas, aranceles y sellados por el pago de derechos y contribuciones que graven los bienes inmobiliarios. 

Finalmente, el texto parlamentario establece que las municipalidades deberán adecuar sus ordenanzas fiscales, tarifarias, sistemas administrativos y plataformas digitales dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma.

El cumplimiento de las obligaciones crediticias se encuentra condicionado por la persistencia de tasas de interés activas elevadas en términos reales, lo que restringe las posibilidades de refinanciación para los deudores del sistema financiero.

El atraso en los pagos responde de manera directa a la “caída, recuperación parcial, y luego estancamiento (incluso nueva caída leve) del poder adquisitivo de los ingresos, en conjunción con la disminución del empleo formal”.

Asimismo, incidieron las “tasas de interés activas que no acompañaron la disminución de la inflación”, debido a que las entidades financieras aplicaron spreads más altos para compensar el propio incremento de la irregularidad de la cartera, un comportamiento que finalmente “impidió poder refinanciar deudas con tasas más convenientes”.

Estas son las conclusiones de un informe de la consultora LCG, que plantea que la dificultad para afrontar los compromisos financieros abarca a distintos sectores de la población.

La investigación de la entidad detalla que la persistencia de la irregularidad crediticia tiene como correlato que muchas familias enfrenten “dificultades severas para llegar a fin de mes”, viéndose obligadas a recurrir como última instancia “al pago diferido con tarjeta de crédito para el supermercado”, una modalidad de consumo que creció del 37 al 44 por ciento entre 2023 y 2026.

El diagnóstico general del sistema refleja que un 28 por ciento de las personas humanas que mantienen deudas se encuentran registradas en “situación 3 a 5” dentro de la Central de Deudores del Banco Central.

En tanto, el porcentaje de préstamos con atrasos se ubica en el 24,7 por ciento. NA

Ante el incremento sostenido de personas con dificultades financieras en el territorio bonaerense, se ha presentado un proyecto de ley que busca establecer un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. La iniciativa propone que la Defensoría del Pueblo, organismo encabezado por Guido Lorenzino, actúe como un actor central en la resolución de estos conflictos, ofreciendo una instancia prejudicial obligatoria para facilitar la reestructuración de pasivos.

El proyecto, impulsado por el diputado Facundo Tignanelli, tiene como eje fundamental equilibrar la relación entre los consumidores y los acreedores. La propuesta busca que el Estado intervenga para igualar el poder de negociación, evitando que las personas deban enfrentar de manera aislada y desigual a financieras, plataformas digitales y agencias de cobro que, en muchos casos, incurren en prácticas hostiles.

Al respecto, el defensor del pueblo, Guido Lorenzino, señaló: “Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”. 

El funcionario enfatizó que el objetivo es alcanzar acuerdos justos y prácticos, dejando de lado el maltrato que, según indicó, sufren habitualmente quienes atraviesan situaciones de endeudamiento extremo.

Por su parte, el diputado Facundo Tignanelli justificó la necesidad de esta normativa al señalar que el modelo económico actual ha generado niveles de endeudamiento sin precedentes. 

“Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas. Tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas”, afirmó el legislador.

La propuesta legislativa plantea un cambio de paradigma: dejar de negociar las deudas de manera aislada para pasar a un análisis integral de la situación económica de cada individuo. De esta forma, se busca evitar que un acuerdo particular con un acreedor comprometa la capacidad de pago del consumidor frente a otras obligaciones, garantizando siempre condiciones razonables de subsistencia para el deudor y su grupo familiar.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la obligatoriedad de participación para los acreedores. La normativa estipula que la incomparecencia, la falta de respuesta, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos o cualquier maniobra dilatoria serán consideradas incumplimientos graves. Esto obliga a las entidades a sentarse a negociar bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo.

El asesoramiento que brindará el organismo será totalmente gratuito. En caso de que el proyecto se convierta en ley, esta instancia de mediación se transformará en un paso obligatorio antes de que cualquier conflicto de esta naturaleza pueda avanzar hacia la vía judicial, lo que permitiría, además, disminuir la carga de los tribunales y ofrecer soluciones más rápidas y menos costosas para los ciudadanos.

Finalmente, el régimen busca prevenir el crecimiento desproporcionado de intereses, gastos, comisiones y cargos adicionales que suelen asfixiar a los consumidores. Asimismo, se propone promover soluciones compatibles con la capacidad económica real de cada caso, garantizando condiciones de cobranza dignas, transparentes y libres de abusos, protegiendo así el crédito y facilitando el cumplimiento posible de las obligaciones contraídas.

Un total de 14 familias de Tandil recibieron sus Actas de Protección de la Vivienda, luego de completar el trámite gratuito que permite incorporar un resguardo legal sobre los inmuebles destinados a vivienda.

La entrega se realizó en el Municipio y estuvo encabezada por el intendente Miguel Lunghi y la directora de Relaciones con la Comunidad, Zulma Ferreyra, quienes acompañaron a los vecinos que finalizaron el procedimiento y recibieron la documentación correspondiente.

La herramienta permite proteger una vivienda frente a la posibilidad de que sea ejecutada por determinadas deudas contraídas con posterioridad a su afectación al régimen. La gestión se realiza de manera gratuita a través de la Secretaría de Legal y Técnica del Municipio.

El régimen permite afectar la totalidad o una parte de un inmueble urbano o rural destinado a vivienda. En el caso de las propiedades rurales, la superficie no puede exceder la unidad económica. Además, entre las condiciones previstas se establece que al menos uno de los beneficiarios debe habitar efectivamente la propiedad.

La afectación puede ser solicitada por el o los titulares registrales del inmueble, quienes deberán designar a los beneficiarios. También puede realizar el trámite una persona que viva sola, en cuyo caso podrá designarse a sí misma como beneficiaria.

La normativa establece que pueden ser beneficiarios el propietario, su cónyuge, conviviente, ascendientes o descendientes. En caso de no existir ninguno de ellos, también pueden ser incluidos los parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el titular.

Para iniciar el trámite es necesario presentar la escritura original y fotocopias, DNI original y copia de los titulares del dominio, copia del documento de los beneficiarios y constancia de Cuit, Cuil o CDI. También deberá acreditarse el vínculo entre el titular y los beneficiarios mediante libreta de familia o certificados de nacimiento, matrimonio o convivencia, según corresponda.

Quienes quieran acceder a esta herramienta pueden iniciar el trámite de manera gratuita en la Secretaría de Legal y Técnica del Municipio, ubicada en Chacabuco 383.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió en Estados Unidos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien dialogó sobre la situación económica de la Argentina y los avances del programa impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

El encuentro se produjo en el marco del viaje de Caputo para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde expondrá ante representantes de las principales economías del mundo los lineamientos de la política económica argentina.

“Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, expresó Caputo a través de su cuenta de X.

El funcionario estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Durante su participación en el encuentro internacional, Caputo buscará defender los resultados alcanzados por el programa económico del Gobierno y presentar la estrategia oficial para consolidar la estabilidad macroeconómica y avanzar hacia una etapa de crecimiento.

La agenda del G20 también contempla debates sobre la evolución de la economía mundial, la deuda soberana, los desequilibrios globales, la educación financiera y la prevención del fraude, entre otros temas.

En paralelo, el titular del Palacio de Hacienda buscará mantener un encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en momentos en que el Gobierno argentino procura sostener el respaldo de la administración de Donald Trump a su programa económico.

La relación con Washington adquirió especial relevancia durante el último año a partir del apoyo estadounidense al rumbo adoptado por la administración de Milei y de la asistencia financiera recibida por la Argentina en momentos de tensión en los mercados.

De esta manera, la presencia de Caputo en el G20 forma parte de la estrategia del Ejecutivo para mostrar ante las principales potencias los resultados de su política de equilibrio fiscal y estabilidad monetaria, al tiempo que busca mantener el respaldo internacional para continuar con las reformas económicas.

El viaje tendrá así una doble dimensión para el ministro: presentar el rumbo económico argentino ante los principales actores internacionales y profundizar el diálogo con Estados Unidos, con Bessent como uno de los interlocutores centrales de su agenda.

El Gobierno nacional puso en marcha una estrategia para intentar desactivar la sesión especial convocada por la oposición para el próximo 9 de septiembre en la Cámara de Diputados, donde se buscará acelerar el tratamiento de distintas iniciativas vinculadas con el creciente endeudamiento de las familias y extender la emergencia en discapacidad.

Como parte de esa estrategia, La Libertad Avanza (LLA) convocó para el miércoles 2 de septiembre a una reunión informativa de la Comisión de Finanzas, con el objetivo de comenzar a analizar los proyectos relacionados con el sobreendeudamiento.

La decisión llegó luego de que distintos espacios opositores demostraran contar, al menos inicialmente, con los respaldos necesarios para alcanzar el quórum y avanzar con el temario propuesto.

La estrategia oficialista apunta especialmente a los diputados vinculados con gobernadores que acompañaron la convocatoria opositora pero mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada. La expectativa es que algunos de esos legisladores consideren innecesaria la sesión especial una vez iniciado el tratamiento de las iniciativas en comisión.

Desde el propio oficialismo reconocieron que la convocatoria busca desactivar la sesión prevista para el 9 de septiembre. “Como siempre, depende de los bloques del medio. Veremos qué pasa”, señaló una fuente de LLA.

La sesión fue impulsada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y diputados vinculados con distintos gobernadores. El pedido reunió las firmas de 49 legisladores.

Uno de los principales objetivos es emplazar a las comisiones que tienen bajo análisis alrededor de 50 proyectos relacionados con el endeudamiento familiar. El temario contempla también la extensión por un año de la emergencia en discapacidad.

El emplazamiento resulta clave para la oposición porque permitiría establecer días y horarios de reunión para las comisiones y fijar una fecha límite para la firma de los dictámenes. La reunión informativa convocada por el oficialismo, en cambio, permite iniciar la discusión pero no establece plazos para que las iniciativas lleguen al recinto.

Además, buena parte de los proyectos fueron girados a dos o tres comisiones, por lo que desde la oposición consideran que su tratamiento únicamente en Finanzas no garantiza avances concretos.

El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano calificó la convocatoria oficialista como una “jugada distractiva” y una “cortina de humo”, al considerar que las diferentes comisiones involucradas deberían trabajar conjuntamente y establecer un cronograma para alcanzar un dictamen.

Su compañero de bloque Esteban Paulón sostuvo, por su parte, que “la única garantía de avanzar hacia un dictamen es ratificando la convocatoria a sesión especial”.

La principal incógnita pasa ahora por el comportamiento de los diputados vinculados con los gobernadores de Misiones, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe.

Algunos legisladores dialoguistas comenzaron a poner en duda su participación en la sesión especial luego de conocerse la convocatoria de Finanzas. Desde los sectores opositores más duros, sin embargo, insisten en que la reunión informativa y el emplazamiento de las comisiones son mecanismos diferentes y aseguran que mantendrán la convocatoria.

En el centro de la discusión se encuentran más de 50 iniciativas que buscan brindar respuestas ante el crecimiento de la mora de las familias con bancos, tarjetas de crédito, entidades financieras y billeteras virtuales.

Entre las propuestas que comenzaron a circular aparecen la condonación de al menos el 50% de los intereses punitorios, la implementación de planes especiales de cuotas y la declaración de una emergencia financiera.

La oposición deberá ahora alcanzar acuerdos entre los diferentes bloques para elaborar una propuesta común que reúna los votos necesarios. Para eso se prevé la conformación de mesas de trabajo con equipos técnicos durante los próximos días.

Desde el Gobierno aseguran estar dispuestos a discutir el problema del endeudamiento, aunque rechazan una intervención generalizada del Estado sobre obligaciones entre privados. Dentro de LLA consideran que cualquier iniciativa debería diferenciar las situaciones de vulnerabilidad económica de aquellas deudas generadas por decisiones particulares de consumo.

Así, la reunión del 2 de septiembre será el primer movimiento de una pulseada legislativa que tendrá su instancia decisiva una semana después. El futuro de la sesión especial dependerá fundamentalmente de que la oposición logre conservar los respaldos de los bloques dialoguistas y alcance el quórum necesario para abrir el recinto.