Con una importante participación de vecinos, militantes y dirigentes políticos, el Partido Justicialista de Tandil fue sede de la charla "Deuda y FMI. Alternativas y propuestas de cara al futuro", una actividad organizada por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner que puso el foco en el impacto del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y los desafíos que enfrenta la Argentina para alcanzar un modelo de desarrollo.

La jornada contó con las exposiciones de la socióloga Valentina Castro y la economista Delfina Rossi, mientras que la apertura estuvo a cargo del presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, quien sostuvo que la deuda constituye uno de los principales problemas estructurales del país.

"Difícilmente haya un tema tan importante y complejo que tengamos que resolver los argentinos como el de la deuda. Es difícil pensar a la Argentina sin abordar este tema y sin afrontarlo", afirmó el edil, quien además lamentó que, pese a su trascendencia, el tema tenga escasa presencia en la agenda pública. "Todos coincidimos en que no hay Argentina sin resolver este tema, pero se habla poco y es necesario que sea parte de la discusión pública", agregó.

Durante la primera exposición, Valentina Castro explicó que el debate surgió a partir de la convocatoria realizada por Cristina Fernández de Kirchner para que equipos técnicos del peronismo elaboraran una propuesta económica alternativa. Según indicó, el diagnóstico común fue que ningún programa de desarrollo será viable mientras el país continúe condicionado por el FMI.

"Nadie podía pensar un programa económico con desarrollo, crecimiento, distribución del ingreso, soberanía política e independencia económica mientras el Fondo Monetario siga condicionando a la Argentina", sostuvo.

La socióloga explicó que esa conclusión impulsó la elaboración de un programa de desendeudamiento soberano, basado en el principio de corresponsabilidad entre el Estado argentino y el organismo internacional.

En ese sentido, recordó que el préstamo otorgado por el FMI en 2018 "violó sus propios estatutos", al exceder ampliamente los límites previstos por el organismo.

"El Fondo Monetario le prestó a la Argentina tres veces más de lo que podía prestarle según sus propias reglas", señaló, y remarcó que se trató de "un crédito profundamente político". "Hay que pagar, pero hay que pagar lo que corresponde", afirmó.

Por su parte, Delfina Rossi amplió el análisis al ubicar el problema dentro de un escenario geopolítico internacional, donde consideró que el FMI continúa funcionando como un instrumento de subordinación para los países periféricos.

Además, cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y sostuvo que profundizan una inserción dependiente de la Argentina en un contexto de disputa global entre potencias.

"Si China hoy pesa lo mismo que Estados Unidos en la economía mundial, hay que repartir de nuevo las cartas y discutir una nueva arquitectura internacional", expresó.

La economista también vinculó el endeudamiento externo con la situación que atraviesan muchas familias argentinas, al advertir sobre el crecimiento de los créditos otorgados mediante plataformas digitales y a tasas elevadas.

"Es nuestra obligación política politizar el endeudamiento y decir que esto es una estafa al pueblo argentino", sostuvo. Según explicó, tanto la deuda con el FMI como el endeudamiento de las familias forman parte de una misma lógica financiera que afecta especialmente a los sectores más vulnerables.

En el tramo final de su exposición, Rossi planteó que el verdadero debate económico enfrenta dos concepciones opuestas: quienes defienden el rol del Estado y la demanda interna como motores del desarrollo, y quienes rechazan la intervención pública.

En ese marco, reivindicó el pensamiento económico del peronismo y aseguró que Juan Domingo Perón fue un precursor de lo que actualmente se conoce como post-keynesianismo.

Según explicó, el modelo justicialista no se limitó a impulsar aumentos salariales, sino que combinó la ampliación de derechos con una estrategia de planificación industrial de largo plazo, a través de herramientas como los planes quinquenales, el desarrollo de la industria pesada, la energía nuclear, Fabricaciones Militares, FADEA y la recuperación de los ferrocarriles.

En el cierre de la actividad, los expositores coincidieron en que el endeudamiento no constituye únicamente un problema financiero, sino un tema central para discutir el futuro del país.

Iparraguirre reiteró que "no hay posibilidad de alcanzar de nuevo algún grado de desarrollo nacional, soberanía y justicia social sin abordar este tema, sin confrontarlo y afrontarlo".

Por su parte, Castro insistió en que cualquier propuesta de crecimiento deberá partir de un plan de desendeudamiento soberano, mientras que Rossi concluyó que la Argentina atraviesa una oportunidad histórica para recuperar un proyecto de desarrollo basado en la planificación estatal, la producción y el trabajo, en lugar de sostener una economía condicionada por el peso de la deuda.

El Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata permanecieron este martes sin suministro eléctrico debido a una deuda de 25 millones de pesos que la empresa concesionaria Minella Stadium SA mantiene con la prestataria del servicio.

Según informó el diario La Capital, la interrupción del servicio generó inconvenientes para los trabajadores del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), ya que la falta de energía les impidió desarrollar con normalidad las tareas habituales en ambos predios.

La situación representa un incumplimiento de la cláusula 28 del contrato de concesión firmado entre el Municipio y Minella Stadium, que establece que la empresa debe afrontar "a su exclusivo cargo" el pago de los servicios de energía eléctrica, gas, telefonía, internet y Obras Sanitarias correspondientes a los espacios concesionados.

El episodio se produce en medio de las dificultades económicas que atraviesa Revee, la firma brasileña que impulsó originalmente el proyecto y que integra, junto con la empresa argentina Pro Enter, la sociedad Minella Stadium SA.

De acuerdo con el mismo medio, los problemas financieros también quedaron reflejados en la demora para presentar el plan de obras comprometido para la puesta en valor del estadio, además de deudas con distintos prestadores de servicios y por consumos de gas.

A esto se suma que Minella Stadium SA registra 14 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto total de 221.173.376,11 pesos, según figura en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. La situación pone en duda el normal desarrollo de las obligaciones asumidas por la concesionaria tras la adjudicación de la explotación del estadio y el polideportivo.

Mientras continúa su participación en Gran Hermano Generación Dorada, comenzaron a conocerse detalles sobre la vida de Solange Gómez Abraham, conocida públicamente como Sol Abraham, fuera de la casa. En el programa LAM, emitido por América TV, aseguraron que la participante habría dejado una importante deuda de expensas en el exclusivo edificio de Recoleta donde residía antes de ingresar al reality.

Según detalló el panelista Pepe Ochoa, el monto adeudado rondaría los 1.600.000 pesos. De acuerdo con la información brindada en el ciclo, las expensas estarían registradas a nombre de su expareja, Marcelo Da Corte, aunque el usufructo del departamento correspondería a la participante.

Las expensas son de un millón seiscientos mil pesos, están a nombre de su ex, pero el usufructo de la propiedad está a nombre de Sol. Ahora viven ahí la hermana, la mamá y la hija de ella.

El informe periodístico sostuvo que la deuda no sería el único inconveniente que tendría la figura televisiva. Según Ochoa, varios vecinos mantendrían diferencias con ella por situaciones ocurridas en el edificio. El panelista afirmó que algunos propietarios la cuestionaban por sus modos y que también habría existido una relación tensa con el encargado, a quien le habría solicitado realizar tareas fuera de horario.

El conflicto habría escalado cuando Sol Abraham intentó cancelar parte de la deuda mediante un cheque sin fondos.

Quiso pagar las expensas con un cheque sin fondos y se armó un despelote con los vecinos.

El programa presentó el testimonio de un vecino del edificio, quien aseguró que existe un propietario que mantiene una deuda desde hace varios meses.

Lo venimos soportando hace meses. Paga un mes y después deja de pagar varias cuotas.

Antes de ingresar al reality, Solange Gómez Abraham compartía en redes sociales imágenes de un estilo de vida asociado al lujo. Según se recordó en el programa, esa situación habría cambiado tras su separación de Marcelo Da Corte, con quien estuvo casada y tuvo una hija. Tras la ruptura, trascendió que Da Corte prefirió mantenerse alejado de la exposición mediática.

El Partido Justicialista de Tandil será sede este viernes 24 de julio de una charla titulada “Deuda y FMI. Alternativas y propuestas de cara al futuro”, en la que se abordarán distintos aspectos vinculados al endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las perspectivas económicas del país.

El encuentro comenzará a las 18 en la sede partidaria ubicada en Pinto 879 y contará con las exposiciones de Delfina Rossi, economista y docente universitaria, y Valentina Castro, licenciada en Sociología con especialización en Economía Política por FLACSO, docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), analista económica e investigadora especializada en coyuntura económica, política y social. Castro también se desempeña como divulgadora científica y columnista económica en el programa matutino de Radio AM 530.

De la actividad participará además Rogelio Iparraguirre, presidente del Bloque de Concejales de Fuerza Patria, quien acompañará el intercambio junto a las expositoras.

La propuesta se desarrollará en el marco del ciclo “La EJNK en el Territorio”, impulsado por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, que propone acercar instancias de formación, reflexión y debate sobre los principales temas de la agenda política, económica y social. La misma tendrá como eje el análisis de la deuda externa, la relación de la Argentina con el FMI y las posibles estrategias económicas para los próximos años.

La actividad será abierta al público y de acceso gratuito, dirigida a todas las personas interesadas en debatir acerca de la temática.

Caprarulio sostuvo que desde la consultora obtienen un comportamiento expansivo en la mora: desde 2025 están midiendo una “fuerte suba” en la morosidad, sobre todo en el segmento de las familias.

En ese sentido, indicó que se posiciona en el 16 por ciento en mayo -en base a las estimaciones de Analytica- y se agudiza cuando se observa el promedio de personas que poseen dificultades para afrontar los pagos.

“El número es peor cuando se mira la cantidad de personas que tiene problemas para pagar: uno de cada tres argentinos que tienen deuda no la están pudiendo pagar”, advirtió en declaraciones radiales.

Un análisis de la consultora 1816, basado en datos del Banco Central (BCRA), expuso que la morosidad en los préstamos alcanzó el 12,7 por ciento en las familias argentinas durante el quinto mes, encadenando la decimonovena suba consecutiva y dejando a casi siete millones de personas fuera del circuito de financiamiento.

“Estamos ante un problema sistémico. Hay varios factores que lo impulsan”, precisó y detalló que la caída del poder adquisitivo es uno de los principales factores.

“No es un problema de pronta solución”, agregó y sumó que el aumento de las tarifas en los servicios públicos “hizo que las familias tuvieron menos poder adquisitivo para gastar en otros consumos”.

El economista también se refirió a los planes de refinanciación que impulsan ciertos bancos, buscando ser una vía de solución al problema de la morosidad. “Esto no va a resolver el problema de tener a más de 5 millones de argentinos que no van a poder volver a endeudarse”.

Por último, afirmó que el grupo etario con el mayor porcentaje de mora es el de los menores de 30 años, impulsado por los juegos de apuestas y el crecimiento constante de la ludopatía.

En línea con Caprarulio, el informe de 1816 puntualizó que la irregularidad escala al 42,8 por ciento en la franja de entre 18 y 25 años, se sitúa en un 39,3 por ciento en el rango de entre 26 y 35 años y alcanza el 31 por ciento en el segmento de 36 a 45 años. NA

En medio de un escenario económico marcado por la caída del consumo, las dificultades para producir y el aumento de los problemas financieros en el sector privado, el Banco Provincia presentó un nuevo plan de refinanciación de deudas comerciales destinado a empresas, con condiciones especiales para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

La propuesta permite regularizar deudas en un plazo de hasta 36 cuotas y ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 25,7% para las pymes, luego de aplicar una bonificación de hasta tres puntos porcentuales. Según la entidad, se trata de una tasa inferior a la que actualmente ofrecen otros bancos para este tipo de operaciones, que ronda entre el 28,2% y el 28,3%.

El esquema contempla una tasa calculada sobre la base de la Tamar más un spread de entre seis y nueve puntos porcentuales para los casos de mora temprana, y de entre uno y cuatro puntos para refinanciaciones de mora tardía, es decir, superiores a los 90 días. La medida forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno bonaerense para brindar herramientas de asistencia al sector productivo, con el objetivo de sostener la actividad económica y preservar las fuentes de trabajo.

Frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas. Luego de acompañar a las familias afectadas por el sobreendeudamiento, redoblamos el esfuerzo para sostener al entramado productivo bonaerense. Defender a las pymes es defender la producción nacional y el futuro de la Argentina.

Así lo manifestó el gobernador Axel Kicillof al anunciar la iniciativa a través de sus redes sociales. Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, explicó que las nuevas condiciones surgieron de una revisión integral de los esquemas de refinanciación vigentes.

La propuesta incorpora una nueva metodología de cálculo de tasas que reduce significativamente el costo financiero respecto de las condiciones anteriores y también frente a las que ofrecen otras entidades.

Con esta herramienta, el banco busca facilitar la recuperación financiera de las empresas que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos. El anuncio complementa el plan de refinanciación para familias lanzado por la entidad a comienzos de 2026. Durante el primer semestre del año, ese programa permitió concretar 75.000 refinanciaciones por más de 281.000 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 294% en la cantidad de operaciones y del 430% en el monto refinanciado respecto del mismo período de 2025.

El deterioro de la situación financiera de los hogares en Argentina no muestra señales de alivio y la morosidad de las familias llegó en mayo al 15,9%, lo que representa 0,5 puntos porcentuales respecto a abril. Esta problemática ha provocado que casi 7 millones de personas dejaran de ser consideradas sujetos de crédito.

Según un informe de la consultora Analytica, la proporción de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo estable respecto al mes anterior, ubicándose en el 26,8% de la población, lo que equivale a 5,3 millones de personas. El estudio precisa que existen 19,8 millones de individuos con algún crédito en el sistema financiero ampliado, el cual abarca bancos, Fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

El documento remarca que tanto los niveles de endeudamiento en el sistema formal como la mora presentan una distribución heterogénea entre las distintas regiones. La provincia de Buenos Aires encabeza la lista con la mayor proporción de morosos sobre el total de deudores, alcanzando el 37,8%.

A nivel nacional, le siguen San Juan con el 35,2%, Catamarca con el 34,2%, San Luis con el 34,1% y La Rioja con el 34,0%. En contraste, los niveles más bajos de mora se registran en CABA con el 16,1%, La Pampa con el 19,5% y Neuquén con el 23,3%.

Dentro del territorio bonaerense, que concentra el 36,4% de los deudores totales, se observan diferencias entre los municipios del conurbano y el interior. Mientras que el 27,8% de los deudores registra al menos un crédito en mora tardía, al desagregar la información, la tasa llega al 30,5% en el conurbano y al 23,1% en el interior de la Provincia.

Ante este escenario, el Gobierno vinculó el incremento en los atrasos de los hogares con problemas de educación financiera. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo al respecto: "La gente se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones".

Además, el funcionario calificó como "normal" la morosidad cuando una economía recupera el acceso al crédito. Pese a estas declaraciones, diversas consultoras mantienen una visión pesimista y advierten que el problema podría agravarse en los próximos meses.

El Gobierno nacional logró por primera vez cumplir la meta de acumulación de reservas internacionales netas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el programa firmado en abril de 2025, uno de los pilares del plan económico impulsado por la administración de Javier Milei.

Este viernes, el Banco Central adquirió otros USD 100 millones, lo que permitió que las reservas brutas ascendieran a USD 48.237 millones.

De acuerdo con estimaciones privadas realizadas tras el cierre de junio, el Banco Central acumuló alrededor de USD 6.300 millones de reservas internacionales netas bajo la metodología utilizada por el organismo multilateral. La cifra supera ampliamente los USD 3.500 millones comprometidos para la primera revisión semestral del acuerdo.

El resultado representa un marcado contraste con lo ocurrido durante 2025, cuando el país incumplió la meta de acumulación de reservas.

En la segunda revisión del programa, publicada en mayo, el staff del FMI recordó que la Argentina había quedado aproximadamente USD 10.000 millones por debajo del objetivo previsto para fines de 2025. El organismo atribuyó ese desvío principalmente a la dolarización de carteras en la previa de las elecciones legislativas de octubre, un proceso que provocó fuertes salidas de capitales privados y obligó tanto al Banco Central como al Tesoro a vender divisas para contener la presión sobre el tipo de cambio.

Como consecuencia de ese incumplimiento, el Gobierno solicitó un waiver (dispensa) y una recalibración a la baja de las metas fijadas para 2026.

Ahora, el escenario cambió significativamente. El cumplimiento de la meta deja al Banco Central muy cerca de alcanzar el objetivo previsto para todo 2026, establecido en USD 8.000 millones de reservas internacionales netas.

Según cálculos de la consultora Equilibra, el BCRA acumuló USD 6.278 millones de reservas internacionales netas a precios constantes del 30 de diciembre de 2025, prácticamente el doble de la exigencia fijada para junio. De este modo, restarían alrededor de USD 1.700 millones para cumplir la meta de fin de año.

Con este panorama, el principal desafío para el segundo semestre ya no será únicamente cumplir con los compromisos asumidos ante el FMI, sino continuar fortaleciendo el nivel de reservas de cara a 2027, un año que combinará importantes vencimientos de deuda con un nuevo calendario electoral.

El sistema financiero argentino enfrenta un fenómeno de exclusión que no encuentra precedentes desde el fin de la Convertibilidad, ya que la tasa de mora se multiplicó por más de cinco en menos de dos años (2,5 por ciento en octubre de 2024 a 12,7 en mayo de 2026), según expuso un análisis de la consultora 1816 basado en datos del Banco Central (BCRA).

Al segmentar por rango etario el comportamiento irregular en el pago de créditos, el informe reflejó que el fenómeno de la mora afecta a cuatro de cada diez personas menores de 35 años que poseen préstamos activos.

En este sentido, puntualizó que la irregularidad escala al 42,8 por ciento en la franja de entre 18 y 25 años, se sitúa en un 39,3 en el rango de entre 26 y 35 años y alcanza el 31 en el segmento de 36 a 45 años.

Al mismo tiempo, el reporte destaca una divergencia marcada en el comportamiento de las entidades financieras. Mientras que la banca pública sostuvo el nivel de préstamos para evitar una caída mayor, las entidades privadas redujeron significativamente la oferta de crédito durante los primeros meses de 2026.

La situación es aún más crítica en el sector de las entidades no financieras, que representan el 17 por ciento del mercado familiar, donde la morosidad trepó al 32,2 por ciento, una cifra que contrasta con el 10 que registraba hace apenas un año y medio.

A pesar de que el 27 por ciento de quienes tomaron préstamos ya no son “sujetos de crédito” por estar en situación de mora, los analistas de 1816 plantean un matiz sobre el impacto macroeconómico. Al respecto, expresaron que “lo ‘positivo’ es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses”.

Hacia adelante, el mercado observa con atención los datos de junio y julio. La gran incógnita es si el “efecto aguinaldo” permitirá que las familias cancelen deudas pendientes y logren revertir una tendencia que lleva 19 meses de alza ininterrumpida. NA

En un escenario marcado por el incremento del endeudamiento de los hogares, Banco Provincia anunció un nuevo plan integral de refinanciación destinado a facilitar la regularización de deudas mediante una importante reducción de las tasas de interés, la ampliación de los plazos de pago y condiciones más accesibles para sus clientes.

La propuesta está dirigida a personas que registraban deudas en mora al 31 de mayo de 2026 y permite refinanciar compromisos crediticios en hasta 72 meses, con distintas alternativas según el perfil del cliente y el nivel de atraso de sus obligaciones.

La medida se conoce en un contexto preocupante: el 27,9% de los deudores del sistema bancario y de las billeteras bancarias presenta mora en sus pagos, porcentaje que asciende al 28,5% en la provincia de Buenos Aires.

Para quienes tienen mora temprana, es decir hasta 90 días de atraso, el Banco ofrece una tasa del 50% anual para quienes cobran sus salarios, jubilaciones o pensiones en la entidad. En tanto, los trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos (1.470.000 pesos) podrán acceder a una tasa del 39% anual. En este último caso, la cuota estimada por cada millón de pesos refinanciado a 72 meses es de 36.110 pesos mensuales.

En los casos de mora avanzada, superior a 90 días, se implementó una tasa especial del 31% anual para personas en situación de sobreendeudamiento, es decir, cuando una refinanciación convencional comprometería más del 50% de sus ingresos. Para este segmento, la cuota estimada por cada millón de pesos refinanciado a seis años es de 30.732 pesos mensuales. Además, quienes perciben haberes o beneficios previsionales a través del Banco podrán acceder a una tasa del 32,5% anual.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, explicó que la iniciativa responde al complejo contexto económico que atraviesan muchas familias.

"Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago", sostuvo.

Refinanciación para tarjetas de crédito

El plan también incorpora una alternativa específica para quienes necesiten refinanciar exclusivamente consumos realizados con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

En estos casos, los clientes podrán acceder a una tasa fija del 41% anual en hasta 60 cuotas mensuales, siempre que registren un atraso de hasta 70 días y una deuda que no supere los 10 millones de pesos. La cuota estimada por cada millón de pesos refinanciado es de 39.418 pesos por mes.

Uno de los aspectos destacados de esta modalidad es que la tarjeta continuará habilitada para operar con el margen de crédito disponible luego de concretar la refinanciación, una condición poco frecuente en este tipo de programas. Así, por ejemplo, si un cliente dispone de un límite de dos millones de pesos y refinancia 500 mil, podrá seguir utilizando un millón y medio de pesos de crédito.

La entidad indicó que, si bien el programa está disponible para todas las personas que se encuentren en mora, el foco está puesto en los 2,1 millones de clientes que cobran salarios, jubilaciones y pensiones a través de Banco Provincia, por considerar que son quienes enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros.

Las personas interesadas podrán gestionar la refinanciación de lunes a viernes, de 10 a 15, en cualquier sucursal de Banco Provincia. También podrán realizar consultas a través de una línea telefónica exclusiva o del WhatsApp oficial de la entidad. Además, algunos clientes recibirán propuestas personalizadas en Home Banking BIP y en la aplicación BIP Móvil, desde donde podrán aceptar la oferta y completar el trámite de manera totalmente digital.

Durante el mes de mayo, el 28 por ciento de los deudores con el sistema bancario y las billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires presentó mora en sus obligaciones. El dato, que refleja una situación compleja para los hogares, se complementa con el 17,8 por ciento de aquellos que tomaron créditos para familias y que muestran algún grado de dificultad en el cumplimiento de sus compromisos.

De acuerdo a la información del Banco Central, procesada por el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, en Argentina existen unos 5,8 millones de personas que no pudieron cumplir en tiempo y forma con los pagos de sus deudas. El promedio de irregularidad a nivel nacional se ubica en el 15,3 por ciento, lo que posiciona a la provincia de Buenos Aires 2,5 puntos por encima de dicha media.

El informe detalla que la Provincia se encuentra entre las jurisdicciones con niveles superiores al promedio. En este sentido, Buenos Aires es superada únicamente por La Rioja (22,8 por ciento), San Luis (20,1 por ciento), Catamarca (20 por ciento), San Juan (19,8 por ciento), Santa Cruz (19,8 por ciento) y Tucumán (18,2 por ciento).

Al analizar el universo total de personas con deudas, que incluye tanto créditos bancarios como los otorgados por proveedores no financieros, el indicador bonaerense alcanza el 28,5 por ciento, superando el promedio nacional que se sitúa en el 27,9 por ciento.

Según explicó Hernán Letcher, este fenómeno se explica en gran medida por el crecimiento de la mora en los créditos otorgados por billeteras virtuales, fintech y otros proveedores no financieros. En este segmento, la irregularidad alcanzó el 27,9 por ciento a nivel nacional, una cifra que contrasta significativamente con el 12,3 por ciento observado en el sistema bancario tradicional.

Los datos advierten que las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras se han expandido en gran parte del país. De hecho, en 12 de las 24 jurisdicciones, más del 30 por ciento de los deudores presenta algún grado de mora. En el caso bonaerense, los indicadores muestran una situación más comprometida que el promedio nacional tanto en el crédito destinado a familias como en el conjunto de los deudores. 

Dado el peso demográfico y económico de la Provincia, la evolución de estos indicadores resulta un termómetro relevante sobre el impacto que la pérdida de ingresos y el aumento del endeudamiento tienen en los hogares.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó una nueva línea de crédito destinada a la regularización de deudas de consumo que se encuentran en situación irregular. La medida permite a los clientes refinanciar sus obligaciones bajo la modalidad de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), con un plazo de devolución que se extiende hasta los 120 meses.

Esta opción está diseñada para personas que se encuentran en las categorías 3, 4 o 5 de la clasificación de deudores establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El propósito técnico de la línea es ofrecer un instrumento que permita ordenar compromisos vencidos, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo.

De acuerdo con la información oficial, esta iniciativa se enmarca en su Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad. La entidad estatal busca ampliar las alternativas de solución para individuos que mantienen deudas de consumo, ya hayan sido originadas originalmente en pesos o en la modalidad UVA con actualización por CER. El esquema prevé un sistema de amortización mensual de tipo francés.

En cuanto a los costos financieros, la tasa de interés está diferenciada según el perfil del deudor. Los trabajadores en actividad, jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través del BNA accederán a una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 12%. Para el resto de los usuarios, que incluye a autónomos y monotributistas que no cobren en la entidad, la tasa será del 14%.

La institución advirtió que, para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo. Además, los usuarios que cobran su sueldo en el banco pueden optar por incluir un tope de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) mediante el pago de una prima. En caso de que la cuota calculada por UVA supere la evolución determinada por el Coeficiente de Variación Salarial, se aplique como referencia el tope asociado a dicho índice

La convocatoria también alcanza a los deudores monoproducto que hayan sido asistidos bajo reglamentaciones para microempresas o emprendedores, siempre que su deuda corresponda a la cartera de consumo. Esta herramienta estará vigente a partir del 29 de junio y los interesados deberán presentarse personalmente en las sucursales del banco.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el acuerdo impulsado por el Gobierno nacional para cancelar una deuda de USD 171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor, dos de los acreedores que aún mantenían litigios abiertos contra la Argentina por el default de 2001. La iniciativa recibió el respaldo del oficialismo, sus aliados habituales y sectores del centro político, mientras que el peronismo encabezó el rechazo.

Con la sanción de Diputados, el proyecto quedó convertido en ley, ya que contaba con la aprobación previa del Senado. La sesión se desarrolló en un clima de tensión política, marcado además por las discusiones vinculadas al caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según explicó el Gobierno, el acuerdo permitirá poner fin a las demandas que ambos fondos mantenían contra el país y evitará posibles embargos sobre activos argentinos. Además, implica el cierre de los procesos de búsqueda de bienes, conocidos como “discovery”, que los acreedores utilizaban para intentar garantizar el cobro de sus reclamos.

Desde la administración nacional destacaron que la negociación logró una reducción superior al 30 por ciento respecto de los montos originalmente reclamados. El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, detalló durante el debate parlamentario que Attestor redujo su demanda de USD 160 millones a USD 104 millones, mientras que Bainbridge pasó de reclamar USD 96 millones a USD 67 millones.

“Lo que se está haciendo es pagar menos”, sostuvo Amerio al defender la conveniencia de la operación para las finanzas públicas.

Durante la discusión legislativa, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, respaldó el acuerdo y aseguró que, “después de 25 años”, la Argentina tiene la oportunidad de comenzar a cerrar una de las consecuencias pendientes del default internacional.

En contraposición, la diputada Vanesa Siley, referente del kirchnerismo, cuestionó duramente la iniciativa y acusó al Gobierno de resolver el conflicto financiero “a costa del hambre de la gente”. Además, sostuvo que el entendimiento con los acreedores implicará una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y una profundización de la recesión económica.

Con la aprobación definitiva de la norma, el Gobierno busca cerrar uno de los últimos frentes judiciales vinculados al default de 2001 y reducir la exposición del Estado argentino a nuevos reclamos internacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó el decreto que habilita al Gobierno a tomar deuda por hasta US$5.000 millones y afirmó que no se trata de “nueva deuda”, sino que es “refinanciamiento” a una tasa más baja.

El titular del Palacio de Hacienda le respondió a un usuario en sus redes, que lo acusó de tomar nueva deuda y endeudar al país por el monto dispuesto en el Decreto 478/2026 del Boletín Oficial.

El funcionario aclaró que la medida no implica una nueva toma de deuda por parte del Gobierno, sino que funciona como un refinanciamiento sobre la misma deuda a una tasa más baja.

“No es nueva deuda, sino refinanciamiento, y al seis por ciento de tasa. O sea, un ahorro enorme para los argentinos versus las tasas a las que ustedes endeudaron al país”, sostuvo Caputo en X al usuario @senor_x_hs1989.

El tuit original acusa al ministro económico de endeudar al país “por 5.000 millones de dólares bajo ley yanqui”.

En ese sentido, Caputo acusó al gobierno kirchnerista de endeudar a la Argentina “por 177 mil millones de dólares, a tasas del 45 por ciento en dólares hasta el 2030”.

También indicó que la administración libertaria canceló deuda por 20 mil millones “porque cerramos un déficit consolidado de 15 puntos del PIB (Producto Interno Bruto) que heredamos del gobierno anterior”.

El lunes, el Gobierno aprobó la realización de operaciones de toma de deuda pública por hasta cinco mil millones de dólares y cedió jurisdicción a favor de Nueva York. NA

La mora de las familias volvió a aumentar y en abril superó el 12 por ciento, lo que representó el nivel más alto en más de 20 años.

Con base en los últimos datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad subió hasta el 12,1 por ciento en el cuarto mes y ya son 18 meses consecutivos con tendencia alcista.

Esto representó un alza de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto de marzo, aunque el aumento se agrava aún más si se compara con abril del 2025: el incremento fue de 8,4 p.p.

Sin embargo, desde la autoridad monetaria afirman que la morosidad en las familias encontró un techo: “En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito a los hogares. Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular, cuyo crecimiento real viene atemperándose gradualmente”, explicó el BCRA en su informe sobre la situación bancaria.

Lo mismo ocurrió con la irregularidad en las empresas, donde alcanzó el 3,3 por ciento tras haberse alzado 2,4 puntos en doce meses y 0,2 frente a marzo.

En total, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó 7,3 por ciento en abril, aumentando 5,1 interanual y 0,3 mensual.

Recientemente, un relevamiento de la consultora Analytica -elaborado sobre la base de registros del BCRA y el Indec- arrojó que un total de 5,3 millones de personas se encuentran actualmente en situación de mora tardía dentro del sistema financiero argentino. Esta cifra representa el 26,9 por ciento del total de individuos que poseen algún tipo de financiamiento en el país.

El fenómeno de la irregularidad en los pagos se distribuye entre 19,8 millones de personas que tienen créditos activos en el denominado “sistema financiero ampliado”.

Este ecosistema incluye no solo a los bancos tradicionales, sino también a empresas Fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. Del total de la deuda, el 82,4 por ciento está concentrada en entidades bancarias, mientras que las Fintech representan el 10,1 y el resto de las entidades el 7,5 por ciento. NA

La llegada del aguinaldo representa para muchas familias una oportunidad para reorganizar sus finanzas, especialmente en un contexto económico donde el endeudamiento ha crecido significativamente. 

Durante su participación en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el columnista y trader Javier Ibañez analizó la importancia de utilizar este dinero como una herramienta de alivio frente a las obligaciones financieras pendientes.

Destacó que, a diferencia de hace seis meses, donde el foco estaba puesto en la inversión, el escenario actual exige una estrategia de contención. "El contexto económico muta y, en este caso, por primera vez vamos a hablar de las deudas y el aguinaldo. Hay datos que indican que muchas familias se han endeudado por demás, ya sea con billeteras virtuales o con tarjeta de crédito", explicó el especialista.

El columnista enfatizó que el pago del aguinaldo es el momento ideal para cancelar deudas, especialmente aquellas que generan intereses elevados. "Si tenés la suerte de cobrarlo y tenés deudas, usá una parte para cancelar. Es un dinero que te puede dar ese respiro y quitarte presión desde lo emocional para arrancar la segunda mitad del año un poco más aliviado", señaló.

Más allá de la decisión de cancelar deudas, Ibañez hizo hincapié en la necesidad de realizar un control exhaustivo sobre los resúmenes de cuenta y los débitos automáticos. 

Según el especialista, es fundamental verificar que los montos y las cuotas coincidan con lo pactado originalmente, ya que los sistemas informáticos pueden presentar errores y las condiciones de los créditos personales a veces incluyen ajustes por inflación que pasan desapercibidos.

El trader advirtió sobre el peligro de pagar únicamente el mínimo de la tarjeta de crédito, una práctica que deteriora el scoring crediticio del usuario. "Nunca dejes de pagar lo que tenés que pagar. No pagues el mínimo porque tu calificación crediticia va bajando", advirtió. 

Asimismo, sugirió que, ante la duda sobre la legitimidad de un cobro o la imposibilidad de gestionar las deudas por cuenta propia, es fundamental buscar asesoramiento profesional.

En este sentido, el columnista destacó la importancia de la educación financiera como base para el hábito del monitoreo constante. "Es un trabajo extra todo lo que uno ya tiene durante el día, pero es necesario mirar la luz, el gas y los resúmenes. A veces, uno no quiere tener las cosas en débito automático porque hoy te viene una boleta disparatada y tenés que estar controlando", agregó.

El especialista subrayó que, si bien el endeudamiento ha sido una constante para cubrir gastos esenciales como alimentos y supermercado, existen indicadores que sugieren una mejora en las variables macroeconómicas.

"Hay indicadores de que la inflación baja y de que el dólar se acomoda. Hay variables que te pueden llevar a decir que no necesitarás endeudarte tanto en los próximos 6 meses", afirmó.

No obstante, la recomendación principal sigue siendo la prudencia. Antes de destinar la totalidad del aguinaldo a cancelar una deuda, Javier Ibañez sugirió analizar si el monto reclamado es correcto. 

"Si estás cancelando una deuda que ni vos sabes qué es lo que estás cancelando porque decís que es muy alta, antes fíjate si no la podes solucionar de otra manera o pedir asesoramiento", concluyó.

La situación financiera de las familias argentinas atraviesa un momento crítico marcado por un fuerte proceso de sobreendeudamiento. 

Así lo detalló Carla Pitiot, vicepresidente de la Fundación Éforo, durante su participación en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1. Según los datos relevados por la entidad, el volumen total financiado en el sistema pasó de 3.2 billones de pesos a 11.8 billones en el periodo analizado.

El estudio, que combina datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con encuestas y grupos focales, advierte que la expansión del acceso al crédito no ha sido una señal de bienestar, sino una respuesta a la pérdida de poder adquisitivo. "Los argentinos acceden a estos créditos por una necesidad imperiosa de pagar gastos corrientes o para saldar deudas anteriores", explicó Pitiot durante la entrevista.

Uno de los puntos más alarmantes del informe es el crecimiento de los proveedores no financieros. Mientras que la bancarización ha avanzado en la última década, muchas personas que se encuentran en la informalidad laboral recurren a billeteras virtuales, tarjetas no bancarias y prestamistas que ofrecen condiciones más flexibles, pero con costos financieros mucho más elevados.

La cantidad de personas que se endeudaron con proveedores no bancarios aumentó de 9.5 millones a 11 millones en el período de estudio. Esta modalidad presenta un riesgo mayor debido a las tasas de interés, que en el sector no bancario pueden llegar al 130 por ciento nominal anual, frente a un rango de entre el 70 y el 90 por ciento que manejan las entidades bancarias tradicionales.

La dificultad para cumplir con los compromisos financieros se refleja en los índices de mora. Según los datos de la Fundación Éforo, el incumplimiento en los préstamos otorgados por bancos privados se duplicó, pasando del 4.5 al 10.5 por ciento. Sin embargo, la situación es más compleja en el sector no financiero: la mora en proveedores no bancarios alcanza el 17 por ciento, mientras que en las tarjetas no bancarias el incumplimiento se ubica en el 15 por ciento.

Pitiot enfatizó que este fenómeno impacta de manera desigual en la sociedad. "Cuando analizamos la franja de ingresos de las personas más endeudadas, nos encontramos con la triste realidad de que los sectores de ingresos más bajos son quienes presentan mayor morosidad y sufren con más fuerza esta condición", señaló la vicepresidente de la fundación.

El informe subraya que el endeudamiento se ha vuelto una estrategia de supervivencia para muchas familias. La dinámica detectada muestra que los usuarios solicitan nuevos créditos para pagar otros vencimientos, lo que genera un círculo vicioso de deuda difícil de romper. Este comportamiento es, en gran medida, una consecuencia de la informalidad laboral estructural y la depreciación de los ingresos reales que atraviesa el país.

La Fundación Éforo continúa monitoreando esta problemática a través de su observatorio, buscando visibilizar cómo la coyuntura macroeconómica se traduce en la realidad cotidiana de los hogares. Los interesados en profundizar en estos datos, así como en otros estudios sobre el mercado laboral juvenil, pueden acceder a los informes completos a través del sitio web oficial de la institución.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió poner fin a la instancia de conciliación con la Nación en el conflicto por la suspensión de las transferencias destinadas a financiar el sistema jubilatorio bonaerense. La determinación fue anunciada por el gobernador Axel Kicillof luego de una nueva audiencia realizada este martes ante la Corte Suprema de Justicia, en la que, según denunció, el Ejecutivo nacional no presentó ninguna propuesta para regularizar la deuda reclamada.

La disputa se centra en los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debía transferir al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense para compensar el déficit de la caja jubilatoria provincial. De acuerdo con el reclamo de la Provincia, la deuda acumulada asciende a 2,3 billones de pesos.

La audiencia celebrada este martes fue la tercera en el marco del proceso abierto ante el máximo tribunal. Sin embargo, el encuentro concluyó sin avances concretos. Según explicó Kicillof, los representantes del Gobierno nacional argumentaron que todavía deben realizar trabajos técnicos antes de formular una propuesta.

Ante ese escenario, el mandatario provincial expresó su malestar y confirmó que la Provincia recurrirá a una medida cautelar para intentar obtener una respuesta judicial más rápida.

“Dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”, afirmó Kicillof al término de la audiencia. Además, cuestionó la política del Gobierno nacional respecto de los fondos adeudados y sostuvo que “así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”.

El origen del conflicto

La controversia tiene su origen en la decisión del Gobierno nacional de suspender los adelantos que ANSES realizaba a las provincias que conservaron sus cajas previsionales propias. Buenos Aires fue una de las jurisdicciones que, durante la década de 1990, decidió no transferir su sistema jubilatorio a la órbita nacional.

Ese mecanismo de compensación para las cajas no transferidas fue ratificado por distintas normas, entre ellas el Consenso Fiscal de 2017 y sucesivas leyes de Presupuesto. Sin embargo, en 2024 el presidente Javier Milei prorrogó el presupuesto vigente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280, eliminando los artículos que obligaban a realizar esas transferencias automáticas.

La Nación justificó la medida en la necesidad de efectuar auditorías sobre la situación previsional de cada provincia antes de habilitar nuevos pagos.

Desde el IPS sostienen que la interrupción de esos recursos generó severas dificultades financieras para afrontar las obligaciones previsionales, motivo por el cual iniciaron el reclamo judicial ante la Corte Suprema.

Acuerdos con otras provincias

Mientras la negociación con Buenos Aires permanece estancada, el Gobierno nacional ya alcanzó acuerdos con otras provincias que también reclamaban fondos previsionales.

Según informó la administración bonaerense, Nación aceptó cancelar deudas con Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa y Chaco. En algunos casos se establecieron esquemas de pago mensuales para regularizar los montos adeudados.

Frente a ese escenario, la Provincia considera que existe un trato desigual y buscará ahora que la Corte Suprema intervenga mediante una medida cautelar para garantizar la restitución de los fondos reclamados.

La agencia calificadora de riesgos Moody’s elevó las calificaciones de emisor en moneda local y de emisor en moneda extranjera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La nota crediticia se ubicó en el escalón más fuerte, pasando de “AA+” a “AAA”. “La perspectiva de las calificaciones contempla que no se esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios del emisor en el corto y mediano plazo”, señaló la calificadora.

Entre las razones de la nota crediticia se encuentra la mejora en el perfilamiento de los vencimientos, como consecuencia de sus recientes emisiones en los mercados internacionales, sumado a una “sólida evolución de sus resultados fiscales durante los últimos años”.

Moody’s hace referencia a la colocación de la Serie 14 del Bono Tango, por el cual logró una emisión de 500 millones de dólares a una tasa de rendimiento del 7,05 por ciento, resultando ser la más baja de su historia desde su autonomía en 1996.

“Esto ha permitido a la ciudad extender el plazo de sus vencimientos y distribuirlos de forma más equilibrada a lo largo del tiempo”, precisaron en el informe.

También destacaron la economía diversificada que genera recursos significativamente por encima del promedio nacional, la sólida base de ingresos propios, la evolución sostenida de márgenes operativos positivos y la holgada posición de liquidez en relación a sus vencimientos de corto plazo.

“Es el resultado de tener cuentas públicas ordenadas y disciplina fiscal, siguiendo los lineamientos fijados por el Jefe de Gobierno Jorge Macri. Esto nos permite alcanzar una sólida reputación crediticia, condición indispensable para acceder a financiamiento de bajo costo, multiplicando la capacidad de inversión”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo.

Para el 2026, Moody’s estima una “normalización gradual” de las principales variables económicas. NA

El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” envió el 8 de junio una carta formal a la directora provincial de Prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Nadia Daciuk. En la misiva, la institución desmiente los argumentos de la obra social para no abonar una deuda que asciende a 8.278.254.990,97 pesos en concepto de capital, sin contemplar los intereses por mora.

El documento, firmado por la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Mariel Sánchez, responde a la postura del gobierno bonaerense, que sostiene que el saldo restante no debe ser cancelado. Desde el hospital nacional emitieron un comunicado donde afirmaron:

“El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de 8.278 millones”. Asimismo, advirtieron que 814 niños esperan prótesis de la provincia de Buenos Aires para poder ser operados.

El conflicto, que se arrastra desde 2017, se agudizó tras las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien aseguró que la deuda había sido saldada. Por su parte, el presidente de IOMA, Homero Giles, señaló que cuentan con documentación técnica que justifica los débitos realizados y propuso una auditoría conjunta.

“Nuestra única finalidad es firmar un convenio nuevo con el Garrahan, ordenar la situación y si hay que corregir algún débito, desde ya que se corregirá”, expresó Giles.

La Gerencia de Finanzas y Contabilidad del hospital detalló que la deuda se divide en dos tramos: uno corriente, que asciende a 7.732.955.812,05 pesos, y otro judicializado por 545.299.178,92 pesos. El hospital sostiene que toda la documentación fue presentada en tiempo y forma, por lo que las facturas se encuentran firmes y exigibles.

El Garrahan rechazó categóricamente las acusaciones de IOMA sobre la falta de respaldo documental o precios excesivos en medicamentos, calificando de falsos los argumentos de la obra social. Finalmente, las autoridades del hospital enfatizaron que el intento de la provincia de trasladar obligaciones al Estado nacional afecta la sustentabilidad financiera del centro de salud, que atiende a más de 600.000 pacientes por año.