La situación financiera de las familias argentinas atraviesa un momento crítico marcado por un fuerte proceso de sobreendeudamiento. 

Así lo detalló Carla Pitiot, vicepresidente de la Fundación Éforo, durante su participación en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1. Según los datos relevados por la entidad, el volumen total financiado en el sistema pasó de 3.2 billones de pesos a 11.8 billones en el periodo analizado.

El estudio, que combina datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con encuestas y grupos focales, advierte que la expansión del acceso al crédito no ha sido una señal de bienestar, sino una respuesta a la pérdida de poder adquisitivo. "Los argentinos acceden a estos créditos por una necesidad imperiosa de pagar gastos corrientes o para saldar deudas anteriores", explicó Pitiot durante la entrevista.

Uno de los puntos más alarmantes del informe es el crecimiento de los proveedores no financieros. Mientras que la bancarización ha avanzado en la última década, muchas personas que se encuentran en la informalidad laboral recurren a billeteras virtuales, tarjetas no bancarias y prestamistas que ofrecen condiciones más flexibles, pero con costos financieros mucho más elevados.

La cantidad de personas que se endeudaron con proveedores no bancarios aumentó de 9.5 millones a 11 millones en el período de estudio. Esta modalidad presenta un riesgo mayor debido a las tasas de interés, que en el sector no bancario pueden llegar al 130 por ciento nominal anual, frente a un rango de entre el 70 y el 90 por ciento que manejan las entidades bancarias tradicionales.

La dificultad para cumplir con los compromisos financieros se refleja en los índices de mora. Según los datos de la Fundación Éforo, el incumplimiento en los préstamos otorgados por bancos privados se duplicó, pasando del 4.5 al 10.5 por ciento. Sin embargo, la situación es más compleja en el sector no financiero: la mora en proveedores no bancarios alcanza el 17 por ciento, mientras que en las tarjetas no bancarias el incumplimiento se ubica en el 15 por ciento.

Pitiot enfatizó que este fenómeno impacta de manera desigual en la sociedad. "Cuando analizamos la franja de ingresos de las personas más endeudadas, nos encontramos con la triste realidad de que los sectores de ingresos más bajos son quienes presentan mayor morosidad y sufren con más fuerza esta condición", señaló la vicepresidente de la fundación.

El informe subraya que el endeudamiento se ha vuelto una estrategia de supervivencia para muchas familias. La dinámica detectada muestra que los usuarios solicitan nuevos créditos para pagar otros vencimientos, lo que genera un círculo vicioso de deuda difícil de romper. Este comportamiento es, en gran medida, una consecuencia de la informalidad laboral estructural y la depreciación de los ingresos reales que atraviesa el país.

La Fundación Éforo continúa monitoreando esta problemática a través de su observatorio, buscando visibilizar cómo la coyuntura macroeconómica se traduce en la realidad cotidiana de los hogares. Los interesados en profundizar en estos datos, así como en otros estudios sobre el mercado laboral juvenil, pueden acceder a los informes completos a través del sitio web oficial de la institución.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió poner fin a la instancia de conciliación con la Nación en el conflicto por la suspensión de las transferencias destinadas a financiar el sistema jubilatorio bonaerense. La determinación fue anunciada por el gobernador Axel Kicillof luego de una nueva audiencia realizada este martes ante la Corte Suprema de Justicia, en la que, según denunció, el Ejecutivo nacional no presentó ninguna propuesta para regularizar la deuda reclamada.

La disputa se centra en los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debía transferir al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense para compensar el déficit de la caja jubilatoria provincial. De acuerdo con el reclamo de la Provincia, la deuda acumulada asciende a 2,3 billones de pesos.

La audiencia celebrada este martes fue la tercera en el marco del proceso abierto ante el máximo tribunal. Sin embargo, el encuentro concluyó sin avances concretos. Según explicó Kicillof, los representantes del Gobierno nacional argumentaron que todavía deben realizar trabajos técnicos antes de formular una propuesta.

Ante ese escenario, el mandatario provincial expresó su malestar y confirmó que la Provincia recurrirá a una medida cautelar para intentar obtener una respuesta judicial más rápida.

“Dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”, afirmó Kicillof al término de la audiencia. Además, cuestionó la política del Gobierno nacional respecto de los fondos adeudados y sostuvo que “así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”.

El origen del conflicto

La controversia tiene su origen en la decisión del Gobierno nacional de suspender los adelantos que ANSES realizaba a las provincias que conservaron sus cajas previsionales propias. Buenos Aires fue una de las jurisdicciones que, durante la década de 1990, decidió no transferir su sistema jubilatorio a la órbita nacional.

Ese mecanismo de compensación para las cajas no transferidas fue ratificado por distintas normas, entre ellas el Consenso Fiscal de 2017 y sucesivas leyes de Presupuesto. Sin embargo, en 2024 el presidente Javier Milei prorrogó el presupuesto vigente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280, eliminando los artículos que obligaban a realizar esas transferencias automáticas.

La Nación justificó la medida en la necesidad de efectuar auditorías sobre la situación previsional de cada provincia antes de habilitar nuevos pagos.

Desde el IPS sostienen que la interrupción de esos recursos generó severas dificultades financieras para afrontar las obligaciones previsionales, motivo por el cual iniciaron el reclamo judicial ante la Corte Suprema.

Acuerdos con otras provincias

Mientras la negociación con Buenos Aires permanece estancada, el Gobierno nacional ya alcanzó acuerdos con otras provincias que también reclamaban fondos previsionales.

Según informó la administración bonaerense, Nación aceptó cancelar deudas con Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa y Chaco. En algunos casos se establecieron esquemas de pago mensuales para regularizar los montos adeudados.

Frente a ese escenario, la Provincia considera que existe un trato desigual y buscará ahora que la Corte Suprema intervenga mediante una medida cautelar para garantizar la restitución de los fondos reclamados.

La agencia calificadora de riesgos Moody’s elevó las calificaciones de emisor en moneda local y de emisor en moneda extranjera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La nota crediticia se ubicó en el escalón más fuerte, pasando de “AA+” a “AAA”. “La perspectiva de las calificaciones contempla que no se esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios del emisor en el corto y mediano plazo”, señaló la calificadora.

Entre las razones de la nota crediticia se encuentra la mejora en el perfilamiento de los vencimientos, como consecuencia de sus recientes emisiones en los mercados internacionales, sumado a una “sólida evolución de sus resultados fiscales durante los últimos años”.

Moody’s hace referencia a la colocación de la Serie 14 del Bono Tango, por el cual logró una emisión de 500 millones de dólares a una tasa de rendimiento del 7,05 por ciento, resultando ser la más baja de su historia desde su autonomía en 1996.

“Esto ha permitido a la ciudad extender el plazo de sus vencimientos y distribuirlos de forma más equilibrada a lo largo del tiempo”, precisaron en el informe.

También destacaron la economía diversificada que genera recursos significativamente por encima del promedio nacional, la sólida base de ingresos propios, la evolución sostenida de márgenes operativos positivos y la holgada posición de liquidez en relación a sus vencimientos de corto plazo.

“Es el resultado de tener cuentas públicas ordenadas y disciplina fiscal, siguiendo los lineamientos fijados por el Jefe de Gobierno Jorge Macri. Esto nos permite alcanzar una sólida reputación crediticia, condición indispensable para acceder a financiamiento de bajo costo, multiplicando la capacidad de inversión”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo.

Para el 2026, Moody’s estima una “normalización gradual” de las principales variables económicas. NA

El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” envió el 8 de junio una carta formal a la directora provincial de Prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Nadia Daciuk. En la misiva, la institución desmiente los argumentos de la obra social para no abonar una deuda que asciende a 8.278.254.990,97 pesos en concepto de capital, sin contemplar los intereses por mora.

El documento, firmado por la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Mariel Sánchez, responde a la postura del gobierno bonaerense, que sostiene que el saldo restante no debe ser cancelado. Desde el hospital nacional emitieron un comunicado donde afirmaron:

“El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de 8.278 millones”. Asimismo, advirtieron que 814 niños esperan prótesis de la provincia de Buenos Aires para poder ser operados.

El conflicto, que se arrastra desde 2017, se agudizó tras las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien aseguró que la deuda había sido saldada. Por su parte, el presidente de IOMA, Homero Giles, señaló que cuentan con documentación técnica que justifica los débitos realizados y propuso una auditoría conjunta.

“Nuestra única finalidad es firmar un convenio nuevo con el Garrahan, ordenar la situación y si hay que corregir algún débito, desde ya que se corregirá”, expresó Giles.

La Gerencia de Finanzas y Contabilidad del hospital detalló que la deuda se divide en dos tramos: uno corriente, que asciende a 7.732.955.812,05 pesos, y otro judicializado por 545.299.178,92 pesos. El hospital sostiene que toda la documentación fue presentada en tiempo y forma, por lo que las facturas se encuentran firmes y exigibles.

El Garrahan rechazó categóricamente las acusaciones de IOMA sobre la falta de respaldo documental o precios excesivos en medicamentos, calificando de falsos los argumentos de la obra social. Finalmente, las autoridades del hospital enfatizaron que el intento de la provincia de trasladar obligaciones al Estado nacional afecta la sustentabilidad financiera del centro de salud, que atiende a más de 600.000 pacientes por año.

Un total de 5,3 millones de personas se encuentran actualmente en situación de mora tardía dentro del sistema financiero argentino, según determinó un estudio realizado por la consultora Analytica. Esta cifra representa el 26,9% del total de individuos que poseen algún tipo de financiamiento en el país, con un volumen total de deuda de las familias que alcanza los 74,2 billones de pesos, equivalente al 6,5% del Producto Interno Bruto.

El fenómeno de la irregularidad en los pagos se distribuye entre 19,8 millones de personas que tienen créditos activos en el denominado sistema financiero ampliado. Este ecosistema incluye a bancos tradicionales, empresas Fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. Según el informe, elaborado sobre la base de registros del Banco Central de la República Argentina y el INDEC, el 82,4% de la deuda está concentrada en entidades bancarias, mientras que las Fintech representan el 10,1% y el resto de las entidades el 7,5%.

Al analizar la cantidad de personas en mora la problemática involucra al 26,9% de quienes tienen algún tipo de deuda en el sistema.

La distribución de la morosidad varía según el tipo de institución. En el sector bancario, 14,3 millones de personas poseen deudas, de las cuales el 19,2% presenta irregularidades. Por el contrario, entre quienes operan con Fintech, el ratio de morosos asciende al 28,9%. La situación es más crítica en el resto de las entidades no financieras, donde el nivel de mora alcanza al 96,4% de los deudores, afectando a 1,6 millones de personas.

A nivel geográfico, la zona norte del país registra los índices de incumplimiento más elevados. La provincia de San Juan lidera la estadística con un 36,0% de deudores morosos, seguida por La Rioja con un 35,3% y Catamarca con un 34,8%. En contrapartida, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta el menor nivel de irregularidad con un 16,1%.

El informe destaca que la mora impacta principalmente en los jóvenes de entre 18 y 30 años, sector donde la irregularidad llega a casi el 40%. Este incumplimiento se vincula con el deterioro del mercado laboral para este rango etario, donde la desocupación en mujeres de 14 a 29 años subió al 16,8% y en hombres al 16,2% durante el año 2025.

Finalmente, la capacidad de pago también se relaciona con los niveles de ingresos. Quienes se encuentran en la Categoría A del monotributo tienen un 17,9% de personas en mora, mientras que en la Categoría K la cifra se reduce al 8,5%. El estudio concluye que quienes menos facturan cargan con una deuda relativamente más pesada.

El Gobierno Nacional comunicó los mecanismos financieros que usará para cancelar la deuda que mantiene con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, la cual supera los 813 mil millones de pesos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, lo hará mediante la transferencia de letras y bonos del Tesoro hacia la administración porteña.

Los detalles fueron publicados en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas y la de Hacienda.

La misma asciende a los 813.442.779.604,73 pesos en concepto de la Coparticipación Federal de Impuestos.

Días atrás, Jorge Macri había anunciado el acuerdo logrado entre Nación y Ciudad. “Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta”, señaló el alcalde porteño.

Sin embargo, aclaró que no incluye el pago de la deuda generada durante el gobierno de Alberto Fernández.

Mediante la Resolución Conjunta 29/2026, el Gobierno dispuso los instrumentos que utilizará para pagar los más de 813.000 millones. Un 20 por ciento será a través de Boncap 2,15% con vencimiento el 30 de junio; otro 20 con Lecap 2,5% con vencimiento el 31 de agosto; otro 20 con vencimiento el 30 de octubre; y el 40 por ciento restante a través de Boncap 2,55% con vencimiento el 30 de abril de 2027.

En plena pandemia, Alberto Fernández recortó -a través del Decreto 735/2020- la coparticipación de la Ciudad del 3,5 al 2,32 por ciento.

Posteriormente, a través de la Ley 27.606 se la redujo aún más, quedando el coeficiente de CABA en el 1,4 por ciento básico más un monto fijo para seguridad.

A finales del año 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó una medida cautelar que le reconocía a CABA el coeficiente del 1,55 por ciento. Sumado al 1,4 que la Ciudad ya recibía por transferencia automática, fijó el coeficiente en 2,95 por ciento.

Tras ese fallo, el gobierno del Frente de Todos nunca cumplió con la medida cautelar. NA

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el stock la deuda pública se redujo 3,3 puntos durante mayo por la cancelación de deuda que realizó el Tesoro Nacional sobre pasivos del Banco Central.

“El Tesoro concretó durante mayo la cancelación de letras intransferibles en cartera del Banco Central por un valor nominal de 22.284 millones de dólares, lo que redundó en una baja estimada en el stock de deuda pública a PIB de 3,3 puntos porcentuales (p.p.)”, indicó Caputo en un posteo en redes sociales.

Caputo explicó que “esta cancelación se realizó por medio de dos operaciones: una recompra utilizando 18,4 billlones de pesos de las utilidades que el BCRA giró al Tesoro por el resultado del ejercicio 2025, y otra utilizando el desembolso de aproximadamente mil millones de dólares realizado por el FMI en el marco de la segunda revisión del acuerdo”.

El ministro afirmó que “estas operaciones se dan en línea con el proceso de recomposición de la hoja de balance del BCRA que se viene dando desde fines de 2023”.

“Mientras las reservas internacionales crecieron desde 21.209 millones de dólares el 7 de diciembre de 2023 a 48.511 millones en la actualidad, el stock de letras intransferibles en el activo del BCRA se redujo de un valor nominal de 67.190 millones de dólares a fines de 2023 a 30.306 millones tras las dos operaciones realizadas en mayo”, agregó.

Caputo destacó que “estos títulos ilíquidos habían sido colocados al BCRA como contrapartida del uso de reservas (dólares líquidos) para financiar al Tesoro, generando un fuerte deterioro en el activo de la entidad que contribuyó a la aceleración inflacionaria registrada hasta 2023”. NA

En un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento de los servicios, el sistema financiero argentino enfrenta un desafío crítico. Durante marzo de 2026, la mora en el sector de personas físicas alcanzó el 11,5%, el nivel más alto de los últimos 20 años, mientras que los préstamos personales registraron un 14,2% de incumplimiento.

El Banco Nación lanzó un programa de rescate que permite a sus clientes y a usuarios de otras entidades, incluidas las fintech, reorganizar sus obligaciones. La propuesta contempla plazos de hasta 72 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% para montos de hasta 100 millones de pesos. Para quienes presentan atrasos de hasta 90 días en tarjetas de crédito, la entidad ofrece reprogramar hasta 10 millones de pesos con una tasa del 35%.

Otras entidades también han ajustado sus políticas. El Banco Provincia prioriza la detección temprana de señales de estrés financiero, ofreciendo líneas de refinanciación con tasas fijas que varían según el nivel de ingresos y la antigüedad de la mora. Por su parte, el ICBC implementó soluciones personalizadas que incluyen la cuotificación de saldos o préstamos para reestructuración, dependiendo del nivel de deuda del usuario.

El Banco Macro, a través de su programa Gestión de Mora Temprana, busca contactar a los clientes ante las primeras señales de dificultad, mientras que el Banco Credicoop utiliza modelos de análisis para ofrecer tasas más bajas a sus asociados. En el caso del Banco Santander, la política se centra en la gestión individualizada, suspendiendo productos como tarjetas de crédito durante la vigencia de los planes de refinanciación para facilitar la regularización.

Finalmente, las billeteras digitales como Mercado Pago emplean modelos de scoring basados en el análisis de datos en tiempo real para personalizar las condiciones de pago. El objetivo común de estas medidas es evitar la exclusión financiera y preservar la condición de sujeto de crédito de los usuarios en un escenario de alta complejidad económica.

El diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó una rectificación de su declaración jurada en la misma semana en que el fiscal Guillermo Marijuan avanzó con una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la documentación entregada ante la Oficina Anticorrupción (OA), los principales cambios son la incorporación de una herencia por $ 21 millones y modificaciones en su nivel de endeudamiento.

La nueva presentación fue realizada el jueves pasado, según consta en los registros del organismo. Un día antes, el diario La Nación había informado sobre distintas medidas impulsadas por Marijuan para analizar la evolución patrimonial del funcionario. Entre ellas, solicitó datos bancarios, fiscales y patrimoniales, y requirió al Banco de la Provincia de Buenos Aires información vinculada con un crédito, que aparece como uno de los ejes centrales de la acusación.

En el sistema, la declaración jurada correspondiente a 2025 figura ahora como “Rectificativa 1 (B)”. A diferencia de la versión original, los nuevos datos no muestran una reducción de la deuda, sino un incremento. Inicialmente, Adorni había consignado que su deuda hipotecaria pasó de $ 130 millones al inicio del año a $ 57 millones al cierre, lo que implicaba una fuerte cancelación. Con la rectificación, eso fue modificado.

De acuerdo con el diario La Nación, el documento presentado el 14 de mayo indica que la deuda inicial era de $ 45 millones, y no de $ 130 millones, mientras que al finalizar el año se mantuvo en $ 57 millones. En consecuencia, el nivel de endeudamiento creció en términos nominales.

“El crédito UVA crece porque el valor de la UVA crece por la inflación y eso hace subir el valor de la deuda en pesos”, refirieron desde el entorno de Adorni. Ese punto había sido señalado en la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que dio origen a la intervención del fiscal. La presentación cuestionaba, entre otros aspectos, la aparente reducción de la deuda en la versión original. Con la actualización, el legislador declaró un aumento de $ 12 millones en sus pasivos.

Otro de los cambios incorporados en la nueva declaración es la inclusión de una herencia por $ 21 millones, sin mayores precisiones sobre su origen. El monto figura como incorporado durante 2025. En paralelo, el diputado también modificó la composición de sus bienes: vendió una “Chery Tiggo” y adquirió el 50% de una Jeep Renegade, valuada en $ 10.750.000.

En el marco de la investigación, Marijuan solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información fiscal desde 2020, incluyendo declaraciones juradas, pagos de impuestos y movimientos vinculados a Ganancias, Bienes Personales e IVA. También pidió datos al Banco Central sobre cuentas, transferencias, depósitos, tarjetas y otros productos financieros, y a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre posibles vínculos societarios del funcionario, junto con documentación respaldatoria.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha, junto al municipio de La Plata, un operativo domiciliario para facilitar el acceso a la exención del Impuesto Inmobiliario Edificado a jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que mantienen deudas y están en condiciones de recibir el beneficio sin saberlo. La iniciativa comenzará en la capital bonaerense, donde se identificaron 1.557 personas alcanzadas por esta medida, con deudas acumuladas por $154,5 millones.

El programa surge a partir de un trabajo conjunto entre el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el intendente de La Plata, Julio Alak, en un contexto especialmente complejo para los sectores previsionales. Según datos relevados por la Agencia mediante cruces de información con el Instituto de Previsión Social (IPS), en toda la provincia existen alrededor de 17 mil jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que podrían acceder a la exención del Inmobiliario Urbano y actualmente registran deuda porque desconocen ese derecho.

Cristian Girard explicó: “Sabemos que el contexto económico es muy difícil, especialmente para quienes viven de una jubilación o una pensión. Por eso trabajamos para acercar soluciones concretas y simplificar el acceso a beneficios que alivien la situación de un sector que históricamente tuvo voluntad de pago”.

Por su parte, el intendente Julio Alak sostuvo: “Tenemos la responsabilidad de estar cerca de quienes más esfuerzo hicieron durante toda su vida y hoy necesitan el acompañamiento del Estado”.

La capital bonaerense fue seleccionada para iniciar el operativo porque concentra la mayor cantidad de personas que podrían acceder al beneficio: 1.557 jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados.

Luego se ubican General Pueyrredón —con 733 casos—, La Matanza con 655, Lomas de Zamora con 498 y Quilmes con 480 beneficiarios. También se destacan Merlo, con 392 casos; Almirante Brown, con 371; Lanús, con 370 t Bahía Blanca, con 368.

En la ciudad de Tandil, los contribuyentes en condiciones de recibir el beneficio son 147, lo que equivale a una deuda de $11.467.492. En tanto, en Olavarría alcanza a 146 personas, en Rauch 42, en Balcarce 51, en Lobería 71 y en Ayacucho 72.

En paralelo, ARBA solicitará formalmente a Anses un padrón actualizado de jubiladas y jubilados con domicilio en la provincia de Buenos Aires para ampliar el alcance del programa y continuar articulando acciones con otros municipios bonaerenses.

Las personas alcanzadas serán contactadas mediante correo postal, correo electrónico, llamados telefónicos y otros canales oficiales disponibles en ARBA y el municipio. Quienes reciban la notificación, deberán acercarse al Centro de Servicio Local de ARBA más cercano a su domicilio. El trámite tendrá atención prioritaria y requerirá únicamente DNI, fotocopia del documento y la firma de una declaración jurada.

Para acceder a la exención se deberá cumplir con las condiciones previstas en el Código Fiscal: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, ser titular de una única propiedad destinada a vivienda familiar cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y no estar inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La estabilidad financiera de los hogares argentinos registra su peor escenario en décadas. Según datos estadísticos del sistema financiero, la morosidad de las familias en el cumplimiento de sus préstamos y compromisos crediticios trepó al 11,2 por ciento en febrero. El indicador acumuló 16 meses de subas consecutivas y superó los registros de la pandemia, ubicándose en máximos que no se observaban desde 2004.

El fenómeno responde de forma directa a un escenario contractivo generalizado, caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el retroceso del empleo formal privado y el persistente cierre de pequeñas y medianas empresas. La imposibilidad de afrontar las deudas afectó de manera uniforme a casi la totalidad de las entidades bancarias y plataformas de crédito del país.

En paralelo, el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) reflejó este impacto al encadenar diez meses consecutivos en aumento. El indicador sectorial arribó a los 5,1 puntos, una cifra que consolida a los hogares dentro del rango técnico catalogado como “Fragilidad Familiar” y que expone el desacople entre las variables macroeconómicas y la economía diaria de la población.

La oposición legislativa manifestó su preocupación ante la velocidad y profundidad del proceso de endeudamiento, el cual multiplicó por cuatro sus valores respecto de los niveles mínimos reportados a fines de 2024.

“La morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos. Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes”, advirtió el diputado nacional de Primero La Patria, Nicolás Trotta.

Los analistas sectoriales señalan que las carteras irregulares avanzan principalmente en los segmentos de financiamiento al consumo corriente y de montos menores, lo que evidencia que una porción creciente de la ciudadanía recurre a líneas de crédito complementarias para cubrir necesidades básicas e indispensables de subsistencia. NA

El Banco Central de la República Argentina continúa consolidando su política de acumulación de reservas y ya adquirió US$8.081 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en lo que va de 2026, una cifra que representa más del 80 por ciento de la meta anual fijada en US$10.000 millones.

De esta manera, la autoridad monetaria alcanzó 88 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado mayorista, en el marco de la denominada “fase 4” del programa monetario, orientada a profundizar la estabilidad macroeconómica y avanzar hacia una mayor convergencia inflacionaria.

El objetivo principal de esta nueva etapa es “alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional”, según definió el propio organismo. Para ello, el esquema contempla como ejes centrales la modificación de las bandas de flotación del dólar, la aceleración en la acumulación de reservas y una nueva estrategia vinculada con los encajes bancarios.

La meta de compras de divisas para este año se estableció inicialmente en US$10.000 millones, aunque podría ampliarse hasta US$17.000 millones, dependiendo del comportamiento de la demanda de dinero y de la liquidez disponible en el mercado cambiario.

Durante la última rueda cambiaria de la semana, el BCRA adquirió US$65 millones, lo que permitió cerrar un saldo positivo semanal de US$596 millones. En tanto, al completarse la primera quincena de mayo, el total acumulado en el mes asciende a US$962 millones.

Pese al sostenido ritmo de compras, las reservas internacionales cerraron el viernes en US$46.024 millones, con una baja de US$170 millones respecto del jueves.

En su más reciente Informe de Política Monetaria (IPOM), publicado en marzo de 2026, el Banco Central ratificó que continuará priorizando el abastecimiento de la demanda de pesos mediante la adquisición de divisas en el mercado de cambios. En la práctica, esto implica que la expansión monetaria estará directamente vinculada a la capacidad del organismo para incorporar dólares a sus reservas.

Con este esquema, la autoridad monetaria busca fortalecer su posición externa, sostener la estabilidad del mercado cambiario y consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria que constituye uno de los principales objetivos del programa económico del Gobierno nacional.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que Argentina le pagó más de 17 millones de dólares a Estados Unidos, por la utilización parcial del swap acordado con el Tesoro norteamericano.

La entidad monetaria comunicó que el número final ascendió hasta los 17,7 millones en concepto de “intereses pagados” por la operación de una parte del swap de monedas.

Esa operación se cerró por un total de 20 mil millones, previo a las elecciones legislativas del 2025, en un contexto marcado por la alta volatilidad financiera y cambiaria luego de que el oficialismo se viera derrotado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Argentina había activado una parte por 2.500 millones, que se habría destinado para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa al comicio de medio término.

“En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos, las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a 2.500.000. Los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a 17.743”, señaló la autoridad monetaria, y aclaró que los números están expresados en miles de dólares. NA

El Gobierno nacional amplió el alcance del programa Tribuna Segura y habilitó la posibilidad de impedir el ingreso a los estadios de fútbol a personas que estén inscriptas en registros de deudores alimentarios morosos. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el artículo 2 de la Resolución 354/2017, que establece los criterios para aplicar la denominada restricción de concurrencia administrativa en espectáculos futbolísticos. A partir de este cambio, también podrá prohibirse el acceso a quienes se encuentren registrados como incumplidores de obligaciones alimentarias, de acuerdo con la normativa vigente en cada jurisdicción.

El texto oficial señala que la restricción se mantendrá mientras continúe vigente la situación que le dio origen, es decir, hasta que la persona regularice su deuda y deje de figurar en el registro correspondiente.

El programa Tribuna Segura fue creado con el objetivo de reforzar los controles en los accesos a los estadios y prevenir episodios de violencia en el fútbol argentino. El sistema permite verificar la identidad de los asistentes y detectar a personas con prohibiciones vigentes para concurrir a eventos deportivos.

Hasta ahora, el mecanismo contemplaba restricciones para personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos cometidos en el marco de espectáculos deportivos, así como para quienes hubieran protagonizado hechos violentos o representaran un riesgo para la seguridad pública.

También alcanzaba a quienes participaran en disturbios en la vía pública o en manifestaciones que alteraran el orden, incluso fuera del ámbito de los estadios.

Con esta nueva disposición, el Gobierno incorpora al sistema nacional una herramienta que ya funcionaba en algunas provincias y ciudades del país, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias mediante una sanción que afecta el acceso a actividades recreativas y deportivas.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció este lunes un nuevo recorte del Gobierno nacional en el presupuesto destinado al área de Salud, que afecta partidas vinculadas al fortalecimiento de los sistemas sanitarios provinciales, la compra de medicamentos, vacunas, programas de prevención y organismos como el Incucai.

La advertencia fue realizada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien cuestionó la decisión de la administración del presidente Javier Milei en medio de un escenario marcado por el aumento de enfermedades respiratorias, la caída en las coberturas de vacunación y las dificultades para acceder a medicamentos.

“Recortan $25.000 millones destinados al fortalecimiento de los sistemas provinciales, $20.000 millones en medicamentos, insumos y tecnología médica, fondos para vacunas, VIH, tuberculosis, hepatitis, salud sexual y hasta recursos del Incucai”, expresó Kreplak a través de la red social X.

Desde la administración del gobernador Axel Kicillof remarcaron que la medida se produce en un momento de fuerte presión sobre el sistema sanitario bonaerense. Según indicaron, la demanda en los hospitales públicos creció un 12 por ciento desde la asunción de Milei y la ocupación de camas en los nosocomios provinciales ronda actualmente el 90 por ciento.

La denuncia del ministro provincial se apoyó en una publicación del diputado nacional Pablo Yedlin, quien advirtió que la Decisión Administrativa 20/26 dispuso una reducción total de 63.000 millones de pesos para el Ministerio de Salud de la Nación.

“Hoy en el anexo 1 de la decisión administrativa 20/26, Manuel Adorni y Luis Caputo deciden que el ‘magro’ presupuesto que consiguieron votar en ambas cámaras del Congreso era demasiado, por lo que en mitad de una crisis sanitaria descomunal le quitan al Ministerio de Salud $63.000.000.000”, escribió Yedlin.

El legislador precisó que, entre otros ajustes, se eliminaron 5.000 millones de pesos destinados al fortalecimiento de los sistemas provinciales y otros 500 millones correspondientes a la compra de vacunas.

Kreplak volvió a cuestionar con dureza la política sanitaria nacional y sostuvo que la reducción presupuestaria ya tiene consecuencias concretas en la atención médica.

“Después se preguntan por qué faltan vacunas, por qué se saturan las guardias o por qué reaparecen enfermedades que estaban controladas. Cuando el Estado se retira del cuidado, las consecuencias las paga la gente”, concluyó el funcionario bonaerense.

Ante el crecimiento de la morosidad de las familias bonaerenses para afrontar gastos básicos como alimentos o servicios de luz, la diputada provincial del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, ingresó un proyecto de ley para incorporar un marco normativo referido a la regulación de las cobranzas por parte de empresas a personas sobreendeudadas.

En este sentido, el texto ingresado en la Cámara baja provincial establece una modificación del artículo dos del Código Provincial de los Derechos de Consumidores y Usuarios. El objetivo es añadir a las personas sobreendeudadas dentro de la categoría de consumidores hipervulnerables, para que queden alcanzadas por las políticas de protección del Ejecutivo para ese sector.

“Mientras que la mora en el sector de las empresas se situó en un 2,9%, un reciente informe del Banco Central indicó que el nivel de irregularidad en las familias escaló al 11,2%. Esta disparidad evidencia que han debido recurrir al crédito no como una herramienta de inversión, sino como un ingreso complementario para cubrir necesidades básicas”, sostuvo la diputada bonaerense.

Según planteó Silvina Vaccarezza en su iniciativa parlamentaria, se presumirá la condición de hipervulnerabilidad de pleno derecho para quienes perciban ingresos mensuales inferiores a tres salarios mínimos, es decir, $1.089.000 a valores de mayo, y cuya deuda exigible supere el 35% de sus ingresos netos. No obstante, el articulado aclara que no se considerará condición de sobreendeudamiento si se verifica que las deudas reclamadas tienen origen en inversiones comerciales, actividades empresariales o en la adquisición de bienes suntuarios o de lujo.

“El proyecto no pretende incentivar el incumplimiento, sino garantizar que el recupero de deudas se realice bajo principios de trato digno y respeto a la privacidad, evitando que el pasivo financiero se convierta en una causa de exclusión social permanente”, puntualizó la legisladora en los fundamentos del texto.

En esa línea, la diputada también bregó para que en los derechos de consumidores y usuarios se establezcan procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos, en sintonía con los derechos al trato digno, a la información y a la protección de los intereses económicos.

De ese modo, aquellas personas humanas o jurídicas que, siendo acreedoras, ejerzan su actividad comercial en el ámbito de la provincia, no podrán reiterar comunicaciones que hostiguen al deudor en mora como método de cobranza. Tampoco podrán realizar notificaciones en teléfonos comunes en el ámbito laboral del sujeto reclamado, ni difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores o requerimientos de pago sin mediar orden judicial.

Es preciso mencionar que la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó en 2019 una ley para regular la actividad de las empresas que realizan reclamos extrajudiciales a través de agentes de cobranzas, otorgando garantías a los consumidores que sufren amenazas y hostigamientos al no cumplir con sus obligaciones de pago.

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, se diferenció del pedido para incrementar la asistencia financiera a los municipios que vienen realizando jefes comunales del oficialismo y la oposición. El mandatario nicoleño planteó que “los municipios pueden sostenerse por sí mismos”, marcando una distancia clara respecto al reclamo generalizado.

La controversia surge tras un encuentro entre autoridades legislativas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con representantes de 68 intendentes. En dicha reunión, se acordó redactar un proyecto de ley para mejorar el manejo de fondos transferidos por la Provincia. Las comunas aducen que, debido al efecto combinado de la caída de la recaudación, el recorte de transferencias nacionales y el aumento de las demandas sociales, sus tesoros están exaustos y requieren un rescate urgente.

Sin embargo, Santiago Passaglia sostiene una visión opuesta. “En San Nicolás administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Y no la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, sentenció el intendente. El dirigente cuestionó la postura de muchos jefes comunales frente al escenario económico actual y agregó que las gestiones deben estar “orientadas a los resultados y no a la queja permanente”.

En el discurso del jefe comunal aparecen tres objetivos básicos de gestión: el equilibrio fiscal, la autonomía municipal y la continuidad de la obra pública incluso en un contexto de ajuste. Estas declaraciones tienen un fuerte contenido político, ya que apuntan contra el manejo de sus colegas, quienes en algunos casos ya hablan de revisión de contratos y dificultades para afrontar futuras negociaciones salariales.

Este miércoles, la Ciudad de Buenos Aires concretó una colocación de 500 millones de dólares en el mercado internacional a una tasa del 7,325 por ciento, cifra que representa el costo más bajo registrado en la historia para este tipo de operaciones realizadas por la administración porteña. El anuncio lo realizó el ministro de Hacienda local, Gustavo Arengo, quien se encuentra en Nueva York y destacó el impacto del resultado en el acceso al financiamiento y en la percepción de solvencia de la gestión.

La operación correspondió a la emisión de la Serie 14 del Bono Tango, que fijó un plazo de diez años. El monto, que ascendió a 500 millones de dólares, tuvo como uno de sus principales objetivos robustecer la posición financiera de la jurisdicción y, al mismo tiempo, se proyecta que tendrá un efecto positivo para el balance de reservas del Banco Central.

El ministro Gustavo Arengo subrayó que la tasa obtenida se ubicó por debajo de cualquier otro registro correspondiente a emisores argentinos desde abril de 2018. Para el funcionario, la colocación alcanzó ese nivel por la reputación crediticia de la Ciudad y por el manejo de las cuentas públicas desde el inicio de la gestión de Jorge Macri como jefe de Gobierno. El titular de Hacienda también atribuyó el resultado a la consolidación del orden macroeconómico.

“Este logro es producto de la excelente reputación crediticia que tiene la Ciudad y del orden de las cuentas públicas que la administración de Jorge Macri viene llevando adelante”, sostuvo el titular de Hacienda porteño.

El contexto de la operación internacional resultó significativo. El gobierno de Jorge Macri salió al mercado con la mira puesta en recortar la tasa en comparación a la colocación de noviembre pasado, que fue del 7,8 por ciento. Se trata de la segunda vez que la Ciudad sale al mercado internacional en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, marcando un punto de inflexión en los rendimientos exigidos por los inversores internacionales.

A través de sus redes sociales, el jefe de Gobierno celebró el resultado de la operación.

“La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%”, escribió Jorge Macri.

El mandatario destacó que el logro es producto del orden de las cuentas públicas y de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad.

Los dólares obtenidos se sumarán a los flujos que espera el Banco Central. Durante una reciente presentación del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, se expuso que existe una oferta potencial de divisas de empresas privadas y colocaciones de provincias como Chubut, lo que fortalece la posición de reservas, una prioridad para la estrategia oficial de intervención cambiaria en un escenario de búsqueda de estabilidad.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció un nuevo programa de alivio fiscal destinado a jubilados y jubiladas que mantienen deudas impositivas, con el objetivo de reducir la carga tributaria y facilitar su regularización.

El titular del organismo, Cristian Girard, informó que la medida incluye la condonación de deudas retroactivas de hasta cinco años en el Impuesto Inmobiliario, además de la exención del pago hacia adelante para quienes accedan al beneficio.

Según precisó, en una primera etapa se detectaron 17.057 jubilados con deudas acumuladas por unos $798 millones, lo que motivó la puesta en marcha de este programa específico de asistencia.

El plan está dirigido a jubilados bonaerenses que cumplan con ciertas condiciones, entre ellas:

Además, el beneficio alcanza exclusivamente a viviendas destinadas a uso familiar y no se otorga de manera automática, por lo que requiere gestión por parte de los interesados.

Desde ARBA indicaron que el programa se implementará mediante un operativo territorial en conjunto con municipios y el Instituto de Previsión Social (IPS). Esto incluirá visitas, campañas informativas y jornadas de atención para facilitar el acceso al beneficio.

“Hay jubilados que no saben que tienen este beneficio y acumulan deuda”, explicó Girard, quien adelantó que se buscará ampliar el alcance con información de la Anses para identificar potenciales beneficiarios.

Actualmente, más de 35.000 jubilados ya acceden a este tipo de exenciones, y el objetivo oficial es ampliar ese universo en el corto plazo.

El lanzamiento del programa se da en un escenario de fuerte caída de la recaudación provincial, que según ARBA se encuentra en niveles similares a los registrados durante la pandemia. La baja actividad económica impacta especialmente en tributos como Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento bonaerense.

En este marco, el organismo busca acompañar a sectores vulnerables mientras enfrenta un contexto fiscal complejo, con caída de recursos tanto propios como de origen nacional.

En el marco de una compleja situación financiera, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, presentó un programa de alivio fiscal orientado a jubilados bonaerenses que registran deudas impositivas.

La iniciativa busca regularizar la situación de 17.057 beneficiarios que mantienen deudas en el Impuesto Inmobiliario Edificado por un monto global de 798 millones de pesos. Según detalló el funcionario, la medida contempla la condonación de deudas retroactivas de hasta cinco años y la exención de pagos hacia el futuro. “Hay jubilados que no saben que tienen este beneficio y acumulan deuda. Vamos a ir casa por casa para ayudarlos a hacer el trámite”, declaró Girard.

Para acceder al beneficio, los interesados deben cumplir con requisitos específicos: poseer ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos (aproximadamente 760.638 pesos), ser titulares de una única propiedad con una valuación fiscal menor a seis millones de pesos y no estar inscriptos en Ingresos Brutos.

El plan se llevará a cabo mediante un trabajo conjunto con los municipios y el Instituto de Previsión Social (IPS). El objetivo es ampliar el alcance actual, que ya beneficia a 35.051 personas en todo el territorio provincial. Cristian Girard destacó que se solicitará a la Anses un listado de jubilados con domicilio en la provincia para profundizar las acciones de comunicación directa y jornadas de atención. “Queremos desendeudarlos y eximirlos del pago hacia adelante”, afirmó.

El anuncio se produce en un escenario de fuerte contracción de los recursos fiscales. El titular de la agencia advirtió que la recaudación “está en niveles de pandemia sin el virus” debido al deterioro de la actividad económica nacional y provincial.

El esquema tributario bonaerense se apoya fuertemente en Ingresos Brutos y Sellos, que representan el 80 por ciento de los ingresos. Al respecto, el funcionario explicó la sensibilidad de estos tributos ante la crisis: “Para que se hagan una idea, 3 de cada 4 pesos son sobre Ingresos Brutos, que tiene que ver con las ventas. Cuanto menos actividad, menos ingresos”.