En el marco de las conmemoraciones por el aniversario del Departamento Judicial de Azul, el defensor oficial Diego Araujo realizó un recorrido histórico sobre la evolución de las instituciones judiciales en la ciudad y proyectó los desafíos que enfrenta la jurisdicción, marcados por el crecimiento poblacional y la demanda de un servicio de justicia más cercano al ciudadano.

Recordó que el Departamento Judicial de Azul comenzó a funcionar en marzo de 1916, aunque en sus inicios Tandil no formaba parte de esa estructura, sino que integraba la jurisdicción de Dolores. Recién en la década de 1930 se produjo la incorporación definitiva, iniciando un proceso de descentralización que se profundizó a partir de 1973 con la creación del primer juzgado civil y comercial en nuestra ciudad. "Vale la pena consolidar esta historia a través del relato de los protagonistas", señaló el defensor, quien adelantó que desde la asociación de magistrados se trabaja en la recolección de testimonios clave para documentar el desarrollo institucional de la región.

La histórica aspiración de que Tandil se convierta en cabecera de su propio departamento judicial. Para Araujo, esta posibilidad no responde a una cuestión caprichosa, sino a una necesidad logística y operativa que facilitaría el acceso a la justicia. Según explicó, la creación de una estructura autónoma permitiría anexar distritos como Ayacucho, Juárez y Rauch, evitando que los ciudadanos deban trasladarse grandes distancias para resolver conflictos legales o periciales.

En este sentido, destacó que la ciudad cuenta hoy con un fuero penal consolidado que incluye cinco fiscalías, dos juzgados de garantías y un tribunal en lo criminal, entre otros órganos. Sin embargo, remarcó que la culminación del Polo Judicial será un factor determinante para este salto institucional. "Cuando esté culminado, va a significar la concentración de todo el poder judicial en Tandil con un edificio moderno e inteligente", afirmó, aunque reconoció que el avance de la obra se vio afectado por dificultades financieras y económicas.

Consultado sobre el debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, Diego Araujo se mostró en sintonía con la posición de la red de jueces de la provincia de Buenos Aires. Si bien admitió que la ley actual data de la dictadura y requiere una actualización, cuestionó los términos del proyecto vigente por considerar que viola el principio de no regresividad en materia de derechos humanos.

"Cuando se consolidan determinados derechos, una reforma posterior no puede desmerecerlos", explicó el defensor oficial. Asimismo, subrayó que una reforma de tal envergadura requiere de un debate plural e intenso donde intervengan las universidades y los operadores del sistema de responsabilidad juvenil, quienes, en su mayoría, se muestran críticos a la criminalización de delitos que antes estaban exentos de pena.

Se confirmó que el doctor Diego Araujo aprobó recientemente el examen para integrar la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, específicamente para la nueva sala que se busca conformar. Si bien se trata de un proceso extenso que incluye entrevistas con el Consejo de la Magistratura y acuerdos del Senado, el defensor manifestó su satisfacción personal por el logro.

"Es el puntapié inicial para tener aspiraciones a ocupar el cargo", comentó Araujo, siendo el único postulante de Tandil en una lista compartida con funcionarios de Azul. Su eventual ascenso a la cámara representaría no solo un crecimiento individual, sino también un fortalecimiento de la representación local en los estamentos jerárquicos de la justicia departamental.

En febrero de 2023, mediante el sistema de turnos, la Defensoría Oficial a cargo de Diego Araujo recibió la causa por usurpación iniciada tras la ocupación en el lote de Piccirilli al 1000 en La Movediza. Desde ese momento, y en base a la experiencia de intervenir en otras tomas similares, el defensor mantuvo una posición que puede resumirse en una frase. “Este tipo de conflictos sociales no encuentra una solución adecuada en el sistema penal”, tal como afirmó, otra vez, en un extenso diálogo con El Eco de Tandil.

Al cumplirse 2 años del inicio de la ocupación en la que hoy viven cerca de 200 familias –la toma más larga y más sostenida en el tiempo entre aquellas en las que el defensor debió intervenir-, el funcionario judicial brindó precisiones sobre el presente del caso, manifestó la necesidad de trabajar en pos de una “solución real, no una solución formal de expediente terminado”, y planteó la posibilidad de “profundizar el diálogo” entre los actores intervinientes –Municipio, Provincia, y otros estamentos estatales-, para arribar a una resolución de fondo.

En una entrevista a fondo con este Diario, el defensor oficial repasó los principales puntos vinculados a la toma, trazó un balance de los 2 años de inicio del conflicto, y adelantó que continuarán trabajando para que los vecinos del lugar cuenten con los servicios básicos esenciales.

-¿Qué balance realiza desde la Defensoría en relación a estos dos años desde el comienzo de la toma en La Movediza?

-Diego Araujo: Desde el inicio de esta causa, yo lo he manifestado siempre y lo sostengo ahora, este tipo de conflictos sociales no encuentra una solución adecuada en el sistema penal. Porque en el mejor de los casos, lo que puede llegar a hacer el sistema penal es resolver parcialmente una situación particular suspendiendo el conflicto, pero no lo resuelve.

Con esto quiero decir que quizás la causa penal pueda encontrar alguna resolución, pero que la causa que lo generó va a seguir existiendo.

Y este es un caso de esa naturaleza, es un conflicto social de gran envergadura que viene teniendo en el partido de Tandil recurrencia, porque no es la primera toma en la que hemos intervenido y seguramente tampoco será la última. Y hasta tanto no se haga el máximo esfuerzo para tratar de resolver las causas que generan este tipo de acontecimientos, es probable que sigan ocurriendo.

Yo he intervenido en distintas tomas masivas, cada una de ellas con su particularidad, y la respuesta que siempre se le ha dado han sido respuestas de índole social y económico, pero la aplicación pura del derecho penal nunca sirvió, se vio absolutamente desbordado.

De hecho, todas las causas que yo intervino en tomas masivas terminaron en archivos, pero tratando de encontrarle una solución real y concreta a la situación conflictiva.

-¿Cuál es la particularidad de esta toma?

-La particularidad que se tiene acá es que se ha prolongado mucho en el tiempo y que no hemos sabido encontrar o consensuar esas salidas sociales y económicas que en otras instancias, en otras tomas, sí han existido.

Acá en Tandil, por dar un ejemplo, cuando se fue la toma de Smata, hubo mucho trabajo en coordinación con organizaciones sociales, con la Universidad, con el Municipio. Trabajamos en forma armónica con el Municipio en el momento de clave de la resolución, con organismos nacionales, con la Anses, con organismos Provinciales. En ese caso, el remanente de familias que habían quedado en la ocupación se logró darles una vivienda.

Toda esta instrumentación de medidas, de correlación, de interacción con distintas instituciones, no conlleva una solución penal que implicaría la imposición de una pena a la persona a la cual se determine que es penalmente responsable. Las soluciones vienen desde otros ámbitos.

Y acá hemos fracasado hasta el momento, no hay que bajar los brazos, yo creo que hay una instancia que se puede profundizar en tratar de solucionar de la mejor manera para ambas partes del conflicto y para eso necesitamos seguir trabajando y obviamente que haya una voluntad sincera de todos los participantes para poder llevar a la mejor solución. Quizás no sea la solución ideal, sino la mejor solución atendiendo a las particularidades del caso.

-¿Por qué habla de fracaso?

-Porque nosotros, ni bien se inicia la causa penal, pedimos la instrumentación del protocolo que es de la Suprema Corte de la Provincia en caso de desalojos masivos, en situaciones de extrema vulnerabilidad. Eso se logró y comenzamos una serie de reuniones con distintas instituciones.

Y hubo allí un momento en que hubo una propuesta por parte de la Provincia para realizar un consorcio urbanístico. Era favorable para todos, para todas las partes y que lamentablemente no pudo llevarse a cabo por distintas razones.

Y creo que ese fue uno de los fracasos, porque luego siguen las instancias judiciales del proceso penal, con todas las dificultades que tiene un proceso penal en un conflicto de esta naturaleza.

Ahora estamos en una situación de stand-by con relación a la causa penal porque está pendiente de resolución un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de la Provincia, pero la situación es la que está vigente, es la resolución del juez de Garantía donde entiende que ya la justicia penal no tiene nada que hacer.

-¿Cómo actúa la Defensoría ante esta situación?

En función de eso, desde la Defensoría se solicitó la posibilidad del archivo de las actuaciones. La Fiscalía entendió que por el momento es prematuro ya que se encuentra todavía pendiente de resolución el recurso ante la Corte.

Y estamos en una situación donde los pobladores del barrio tienen problemas habitacionales o consecuencias de problemas habitacionales aún no resueltos con relación fundamentalmente a los servicios. Es decir, no hay una integración de vida de los pobladores como si fuese una población regular de cualquier otro barrio.

Creo que ese es un camino que tenemos que comenzar a transitar, tenemos que volver a intentar sentarnos con referentes del Municipio, con colaboración de todas las instituciones que vinieron participando en su momento, para tratar de realizar una integración socio comunitaria de los pobladores.

Proveyéndoles no sólo la luz en forma regular, sino también la posibilidad de la mejora de los accesos, la recolección de los residuos, y fundamentalmente atendiendo la alta población de mujeres y niños y personas enfermas que se encuentran en el lugar.

-¿De las tomas en las que le tocó intervenir, esta es la más grande?

-Esta es la más grande, la otra que tuvimos también de gran magnitud fue la de Smata, que eran 50 familias. Pero después se fue resolviendo la situación de cada una de ellas de manera particular, hasta que quedaron 10 u 11 familias en las cuales se pudo conseguir vivienda, pero esta es la más grande y la más larga, con todas las complicaciones que eso conlleva.

Y por otro lado, creo que también estamos en condiciones -en este tránsito- de tratar de volver a consensuar algunas políticas con el Municipio en torno a la población, y también ver qué mejor solución se le puede dar al titular de las tierras en este contexto.

-¿A qué se refiere?

-En su momento, el titular de las tierras participó en alguna de las reuniones, opinó qué es lo que estaba viviendo, sufriendo y demás. En función de eso se pudo hacer una propuesta de Provincia que después no prosperó. Pero bueno, la idea también sería de encontrar la mejor solución que de alguna manera satisfaga a todas las partes.

-¿Una opción es una indemnización por lo que fue la incorporación del lote al Renabap?

-Esa es por vía administrativa. Yo creo que por ahí se puede intentar ensayar algún otro tipo de solución. Siempre hubo una propuesta también alternativa por parte de los pobladores de comenzar a pagar esas tierras, así lo han manifestado en cada ocasión que han tenido oportunidad de hacerlo. Hay que ver esas distintas alternativas que se pueden dar.

En un momento en el que se discute la participación del Estado en las políticas públicas, sobre todo de índole social, me parece que el Estado es la figura adecuada para colaborar activamente en la resolución de este tipo de conflictos. Y sin el Estado es muy difícil hacerlo.

-El Municipio no ha dado demasiadas muestras de querer avanzar en ese sentido. ¿Observa otra actitud en el último tiempo?

-He tenido -no en los últimos tiempos- pero he tenido muy buenas conversaciones con el jefe de Gabinete. Se ha mostrado muy proclive a tratar de encontrar una solución. Obviamente es limitado por los avatares judiciales, que estamos limitados todos un poco con eso.

Pero no obstante, creo que hubo una posibilidad de diálogo que hay que profundizar. Y en este sentido me parece que es importante destacar eso. Independientemente del posicionamiento político, ideológico o estratégico que se tenga frente a determinada situación, nosotros tenemos normas que protegen, por un lado, a la posibilidad de la obtención de una vivienda digna, como es la Constitución misma, a través del artículo 75, inciso 22.

Y en leyes más cercanas, como la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que impone a otros órganos estatales como los Municipios, realizar gestiones de integración socio-comunitaria. Tenemos el marco normativo suficiente para poder avanzar en soluciones reales.

- De acuerdo a su experiencia, y en función de la solución que mencionó ¿Estima un plazo para que se concrete?

La causa penal está esperando la resolución de la Corte, creo que eso va a ser determinante. En este momento está vigente la resolución del juez de Garantías, que nos está diciendo que este no es el ámbito adecuado para tratar la problemática.

Quien puede torcer esa decisión es la Corte, en función de lo que se ha planteado allí, y que tiene que ver con la resolución del Tribunal de Casación, que confirma esta resolución del juez de Garantía.

Luego la solución, insisto, me parece que la solución real, no la solución formal de un expediente penal determinado, sino que la solución real del caso tiene que ver con la posibilidad de encontrar consensos y buscar las mejores alternativas para cada una de las partes.

-La incorporación del lote al Renabap se dio sobre el filo del cambio de gobierno a nivel nacional. ¿Cuál es su mirada sobre eso?

- Como Defensa penal no tuvimos ningún tipo de injerencia. Es una cuestión meramente administrativa. Obviamente al tomársela tuvo consecuencias en la causa penal, porque ha sido determinante esa incorporación en el Renabap a los fines de la continuidad del proceso penal.

Todo comenzó a discutirse en torno a esa incorporación. Son decisiones administrativas de carácter político, que conforme a la función que uno despliega, no puedo opinar más allá de tratar de comprender o de desandar las consecuencias.

-Si esta situación sigue su rumbo, ya no en el fuero penal, sino en el administrativo, ¿El trabajo de la Defensoría terminaría?

-El trabajo de la Defensoría penal cesa. Sin perjuicio, como lo hacemos en otros tipos de causas, trataremos de colaborar activamente para llegar a una solución lo más equilibrada posible.

Este lunes se llevó a cabo una reunión con representantes de todos los partidos políticos para sentar una definición política en pos de una resolución que está impulsando el oficialismo para que la decisión del Gobierno nacional de incorporar el terreno en cuestión dentro del Renabap sea rectificada. En ese contexto, Diego Araujo, defensor oficial, habló en “Último bondi” (104.1 Tandil FM y Eco TV) y mostró su preocupación por el presente y el futuro del conflicto irresoluble.

El pasado viernes, Araujo presentó en el juzgado de Garantías una ratificación de un escrito que sienta una postura en contra al pedido realizado por el abogado de la familia Moauro, el cual había solicitado el desalojo de las casi 200 familias que habitan en el terreno de Piccirilli al 1100. “Es una cuestión evidentemente técnica y tendrá que ser resuelta oportunamente por el juzgado”, explicó el letrado.

En diálogo con este medio, indicó que el derecho penal no puede resolver un conflicto social de esta magnitud y luego añadió: “Hay un marco regulatorio muy importante con relación a esta temática que es la Ley de Hábitat del año 2012. Esa Ley establece un marco de actuación, otorga facultades y obligaciones a distintos órganos territoriales, uno de ellos el Municipio, y lo coloca en una situación particular. Esto tiene que ver con la generación de suelo urbano”.

En ese sentido marcó como deficiencia política que estas situaciones tienen lugar en Tandil desde hace mucho tiempo. Incluso contó su experiencia personal desde que llegó en 2007, interviniendo en muchas tomas masivas. “Eso es un dato de alerta que tienen que tener quienes tienen la responsabilidad política de tratar de encontrarle una solución adecuada a esta problemática que ya es recurrente”, aseguró.

Respecto a los antecedentes, se refirió a situaciones similares ocurridas en el barrio Smata, el barrio del Plan Federal y Villa Sarmiento. En el primer caso, destacó la intervención del Estado nacional de turno para llegar a una solución pacífica con negociaciones que llegaron buen puerto. A su vez remarcó una diferencia fundamental con todos los casos: los desalojos se realizaron en tomas de una magnitud muy inferior a la actual del barrio La Movediza.

Otra cuestión clave que diferencia a la situación actual con otras ocurridas con anterioridad es la decisión política de colocar el macizo dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Una decisión tomada por el gobierno peronista saliente en 2023 y ratificada por los representantes libertadores del actual poder nacional luego de la decisión tomada por Sebastián Pareja en julio.

“Básicamente el cambio tiene que ver con que al ser incorporado a este registro deja de ser una cuestión penal y pasa a ser administrativa”, señaló Araujo que luego continuó: “Hasta tanto no haya una resolución por parte del Tribunal de Casación o bien una rectificación por parte de la Administración pública nacional con relación a la actual situación, estamos con el pleito en esta instancia cuestionando los efectos de los recursos”.

El conflicto data de más de un año y medio durante el cual hubo varias instancias de diálogo y negociación entre las partes para intentar hallar una solución. “Hubo un momento en el que este conflicto pudo resolverse pero un actor fundamental se retiró de la mesa de diálogo”, comentó Araujo quien luego señaló que esto es un posicionamiento legítimo, pero que no permitió que el problema se resuelva dando solución a todas las partes.

Al ser consultado sobre lo vertido al El Eco de Tandil por parte de Alejandra Marcieri y Julio Elichiribehety, quienes afirmaron que el Municipio dejó la mesa de diálogo cuando lo hizo el dueño del terreno ocupado, el Defensor se diferenció: “La propuesta de un consorcio urbanístico se hizo en esta mesa de diálogo y esto ha quedado incluso en el expediente judicial. El damnificado en ese momento aceptó la propuesta de desarrollo urbanístico y al otro día salió un titular en los diarios donde el Municipio tomaba una posición adversa”.

Luego agregó que si falta un actor fundamental ya no se puede continuar en ese camino y a partir de entonces la postura de la familia Moauro cambió. “Yo pedí una audiencia con el juez de Garantías. Allí sí es cierto que el Municipio no participó y el damnificado en ese momento dijo que desistía en la voluntad de llegar a un acuerdo a través del consorcio”.

Ante la posibilidad de que se vuelva a convocar a una mesa de diálogo para intentar encontrar una propuesta para solucionar el tema, Araujo indicó que “creo que va a ser muy difícil porque ya ha habido una toma de posición pública por parte del damnificado”.

Por último, en relación a la postura del Ejecutivo local, solicitó la continuidad de continuar el diálogo para encontrar una solución, sobre todo en situaciones donde se trata de un problema tan serio, profundo y de índole social como el que ocurre actualmente. “Un conflicto así lejos está de resolverse si se llega al momento de un desalojo compulsivo”, aseveró.

Tal como se dijo con anterioridad, esta toma se diferencia del resto de los sucesos similares ocurridos en la ciudad por la magnitud de la misma. Sin un censo oficial, los datos indican que alrededor de 200 familias actualmente están habitando las tierras pertenecientes a la familia Moauro. Esto deja un escenario más que complicado a la hora de pensar en el desalojo masivo como un camino para la solución.

El Defensor explicó que “la cantidad de familias es mucha y obviamente si se llegar a la posibilidad de un desalojo compulsivo, necesariamente tiene que haber un protocolo que se cumpla a rajatabla para tratar de evitar mayores niveles de vulnerabilidad en los términos como lo dice de forma expresa la Corte de la Provincia”.

Al mismo tiempo, se refirió a la situación de fragilidad en la que se encuentran muchos niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores presentes en la toma, según el trabajo realizado por el equipo médico Región Sanitaria VII.

“Supongamos que se produce un desalojo compulsivo ¿Qué va a pasar con los chicos, los adolescentes, las personas enfermas? Se van a sumar a otros, y quizá se cambien los protagonistas, pero si ese conflicto no se aborda desde una planificación con más políticas públicas va a seguir sucediendo porque es un fenómeno recurrente. No es la primera vez que tenemos una toma masiva y, si no se incorporan distintas variables al análisis de la situación, este conflicto se va a seguir produciendo”, culminó.

La zaga judicial –además de la política- en torno a la ocupación del macizo en el barrio La Movediza sumó un nuevo capítulo, resolución que quedó en manos del Juzgado de Garantías 1, quien lleva adelante las actuaciones. 

Tras lo ventilado en estas páginas sobre la presentación del abogado de la familia Moauro, propietario de los lotes usurpados, quien insistió con el desalojo compulsivo de los ocupas, interpretando que el recurso de queja que resta resolver Casación no reviste efectos suspensivos, la defensoría oficial salió a responder y peticionó al magistrado que no conceda la citada solicitud. 

En efecto, el doctor Diego Araujo sentó posición frente al pedido de efectivización del desalojo compulsivo presentado por el particular damnificado.

En tal sentido, el defensor refirió a que el artículo 431 del Código de Procedimiento Penal ubicado en las disposiciones generales sobre impugnaciones, establece que “las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario, o que se hubiera ordenado la libertad del imputado”.

Como observó el letrado en tal norma “no hay distingo alguno que coloque a las medidas cautelares fuera de la órbita de aplicación de la ley. Todo lo contrario, pues del último párrafo se infiere claramente que las contempla”.

Por otra parte, se aclaró que la alegada naturaleza de las cautelares no resulta ser suficiente para otorgarle una interpretación dirimente al efecto de los recursos.

Araujo enfatizó que la ubicación sistemática en la que se encuentra este artículo no es casual ni antojadiza. “Antes bien plasma un criterio general que debe guiar el temperamento a seguir en caso de impugnación de una resolución judicial”.

Establece en principio dos excepciones: la existencia de una disposición expresa en la ley procesal que establezca que el efecto no ha de ser con efecto suspensivo, o si la resolución fuese de aquella por medio de la cual se hubiese dispuesto la libertad del imputado.

“No hay en el CPP ninguna otra excepción plasmada que amplíe los supuestos antes referidos, salvo el contenido en al artículo 325 del CPP que, se advierte, se trata de una situación que favorece al imputado”.

Según Araujo, en el presente caso además hay una cuestión que no puede soslayarse. “Y es que aún no existe doble conforme -ni siquiera decisión de una segunda instancia-”.

Se añadió al respecto que la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías Departamental es la primera resolución en ese sentido, y la resolución de la impugnación será en la ocasión, eventualmente, la que lo garantice.

“No puede desconocerse aquí la relevancia de las normas convencionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una serie de garantías judiciales para el imputado penalmente, entre las que se encuentra la garantía de la doble instancia”. 

Caso contrario, se agrega, aun de si se tratase de una medida cautelar, la garantía mencionada caería en letra muerta.

Por otra parte, “la índole del cuestionamiento efectuado por ante el Tribunal de Casación de la Provincia, la denuncia de exorbitancia de jurisdicción efectuada en contra de la resolución de la Cámara Departamental, los posible efectos absolutamente disímiles que pueden esperarse conforme el tenor de la decisión del Tribunal de Casación, de no hacerse operativo la manda del artículo 431 del CPP, se podría caer en un supuesto de gravedad institucional, intolerable en nuestro sistema de justicia”.

La Defensa insistió en que “estas razones de índole institucional o de interés público que sostienen la necesidad de preservar la regla establecida en el artículo 431 del CPP está patentizada en los informes que fueran acompañados oportunamente producto de las actuaciones de organismos de salud -Región Sanitaria VIII-, de relevamiento de situación -de la Defensoría, de la Unicen, y del propio Municipio a instancias del acusador público-, y aún como consecuencia de la pretensión procesal del Municipio de Tandil, de actuar a los fines de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un contexto de notoria vulnerabilidad”.

Araujo indicó en su escrito que “las decisiones jurisdiccionales deben estar dotadas de proporcionalidad y razonabilidad. Y ello sólo se logra analizando las normas jurídicas al caso concreto en función de su contexto”.

De hacerse lugar a la queja articulada en el Tribunal de Casación, “el fuero penal será un ámbito ajeno a la resolución de este conflicto social, que una vez más, no huelga reiterar, se debe a cuestiones mucho más complejas, y del orden del diseño de políticas públicas propias de otros poderes del Estado”.

Se acotó que “de hacerse lugar a la queja por parte del órgano revisor, y a la par ordenar llevar adelante el desalojo compulsivo, como se pretende, el gravamen será de imposible reparación ulterior”.

De lo expresado se infiere que este caso tan peculiar contiene aditamentos que hacen aconsejable que el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires se expida en varios tópicos.

Primero, sobre si existe denunciada una cuestión federal suficiente, en los términos del artículo 14 de la Ley 48, conjuntamente con un agravio que, por su magnitud y por las circunstancias de hecho expuestas, resulta irreparable. Segundo, que aún no se encuentra satisfecha la garantía del doble conforme con relación al planteo efectuado; tercero, “hay una cuestión institucional o de interés público en juego”, cerró el planteo.

En el marco de novedades en torno a la toma en La Movediza, la Justicia resolvió en primer término que se abastezca de luz y agua a los vecinos del lugar, pero también convocó a una nueva mediación entre las partes y actores involucrados. De cara al futuro resta que los convocados confirmen su participación ya que, cabe mencionar, en ocupaciones anteriores –como la de barrio Palermo- la iniciativa también fue planteada pero el Municipio no asistió.

“Esta O.R.A.C. se encuentra dispuesta a colaborar e invitar a las partes a participar del procedimiento de resolución de conflictos penales e intentar abordar nuevamente la problemática surgida entre ambas”, dice la nota remitida tanto al fiscal Piotti como al Defensor Oficial Diego Araujo.

El texto se envió por disposición del Dr. Mariano Girollet, titular del Centro de Atención a la Víctima y de la mencionada ORAC, Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, que pertenecen a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul descentralizada Tandil.

En el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) N° 01-01-915-23 caratulada "Moauro Daniel Alberto s /Usurpación de inmueble", la ORAC señaló que si bien “oportunamente el Sr. Agente Fiscal interviniente remitió las actuaciones a la sede para intervenir en la IPP”, el mismo “no avanzó hacia un acuerdo atento el desistimiento formulado por la parte denunciante”.

Por tal motivo y “teniendo en cuenta las distintas medidas cautelares dictadas por el órgano jurisdiccional y las que eventualmente podrían dictarse en el futuro tal como el desalojo compulsivo de los moradores del predio denunciado como usurpado y que en el mismo existen menores y personas en riesgo tal como surge de la lectura de las actuaciones”, la Oficina se manifestó “dispuesta a contribuir en una solución al conflicto de autos”.

La habilitada por la ORAC es una instancia de mediación alternativa dispuesta en una causa que está a poco tiempo de cumplir un año y medio desde su comienzo. Cabe recordar, la ocupación en La Movediza inició en febrero de 2023. A la fecha, alrededor de 120 familias –lo que supone aproximadamente un centenar de niños – viven en el predio ubicado en calle Piccirilli al 1000.

Existió otra instancia de intercambio entre las partes, una mesa convocada a raíz de la activación del protocolo provincial para ocupaciones masivas. En ese espacio se avanzó con la posibilidad de que -con acompañamiento de Provincia- pueda llevarse a cabo un loteo del terreno, e incluso se dote al mismo de los servicios básicos. Sin embargo la propuesta finalmente no se concretó.

A principios de junio la Justicia ordenó el corte del abastecimiento eléctrico del lugar. La Usina realizó el operativo bajo un considerable despliegue policial durante la madrugada del jueves 6.

Los vecinos ocupantes manifestaron entonces la compleja situación que el corte de servicio les generaba a muchos con problemas de salud, incluido el posible vencimiento de medicamentos e insulinas por no contar con la refrigeración adecuada. Un vecino con comorbilidades falleció luego de que se complicase su estado, tras una dilatada internación. Por lo tanto desde el lugar solicitaron que se revea la imposibilidad de no innovar en las viviendas, para poder hacer frente a las bajas temperaturas.

Finalmente el miércoles 3 de julio se conoció una nueva resolución judicial que por disposición del titular del Juzgado de Garantías 1, José Alberto Moragas, estableció “modificar la medida cautelar de no innovar prorrogada por el plazo de 120 días a contar desde el 29 de junio de 2024”.

En paralelo a la determinación se convocó a la ORAC. Se trata de una instancia voluntaria, por lo que todavía resta saber si las partes accederán a asistir a la misma. En ocupaciones anteriores, como la ocurrida en barrio Palermo, también se llamó a la mediación. Sin embargo el Municipio de Tandil no participó. 

Cuando en febrero de 2023 comenzó la toma del terreno de Piccirilli al 1000, el equipo del programa de Acceso Justo al Hábitat de Extensión de la Unicen se encontraba trabajando en un espacio cercano en La Movediza. Al enterarse de la ocupación se pusieron en contacto con la Defensoría Oficial y así iniciaron un proceso de acompañamiento a los vecinos del lugar que continúa hasta la fecha. Realizaron un censo a partir del cual se conocieron datos concretos de la realidad de las más de 100 familias del predio, aportaron información a la Justicia para activar el protocolo en curso, así como también para enmarcar el caso en otras casi 20 ocupaciones que desde el 2009 se llevaron a cabo en Tandil, según precisaron.

En el presente siguen con sus actividades de investigación “produciendo conocimiento para que esta situación pueda conocerse y pueda entenderse desde una mirada integral”, de acuerdo a lo que manifestaron a El Eco de Tandil, en una extensa charla en la que compartieron su mirada de un conflicto que supone una de las expresiones más complejas del déficit habitacional en la ciudad.

“Lo que venimos viendo es que, en realidad, el desalojo no termina resolviendo la conflictividad social en relación al acceso a la vivienda, sino que lo que hace es patear el problema, es posponerlo. Y que eso se vuelva a ver en nuevas ocupaciones, que, de hecho, es lo que viene pasando”, señalaron. Además, hicieron hincapié en que su rol en el conflicto tiene que ver también con pensarlo desde una perspectiva histórica y global -donde el caso local se inscribe en un contexto nacional y hasta latinoamericano-, considerando las causas que lo motivaron y en particular, buscando la empatía con la necesidad y la compleja realidad de los vecinos involucrados.

Agustina Girado es doctora en antropología e investigadora del Conicet, mientras que Lautaro Lanusse es profesor de geografía y becario doctoral, también del Conicet. Ambos forman parte del proyecto de investigación “Conflictos Urbanos, Políticas Públicas de Acceso al Hábitat y Procesos de Integración Suburbana en Tandil”. Trabajan en dos territorios, el de La Movediza y el de Tarraubella porque “son dos casos emblemáticos de Tandil que tienen que ver con ocupaciones, colectivas de tierra y de vivienda, pero que a su vez ponen en juego la implementación de dos políticas públicas diferentes”, explicaron.

Integraron la mesa interinstitucional que funcionó durante todo el año pasado y a partir de la cual se avanzó -con aporte de la Provincia- en lotear el predio, una iniciativa que se desactivó cuando estaba a punto de concretarse. Desde entonces, precisaron, centraron su trabajo en la "búsqueda de arribar a una solución que no sea finalmente el desalojo”. En la misma línea, plantearon, “la solución tiene que ser una solución política, pero política en el sentido de políticas públicas”.

“Tenemos una dinámica de presencia constante en el territorio”, contaron los investigadores sobre un trabajo que involucra por un lado el acompañamiento cotidiano a los vecinos, y por otro el vínculo con la Defensoría Oficial en relación a los avances de la causa.

“Nuestra función es producir conocimiento, producir datos para analizar la problemática en tanto fenómeno estructural”, indicaron para luego precisar que son más de 120 familias las ocupantes del predio, lo que supone casi 300 personase entre las cuales hay más de 100 niños. Del total, un 38 por ciento se encuentra por debajo de la línea de indigencia, un 33,6 por ciento en situación de pobreza y un 28,7 por ciento que no está bajo la línea de pobreza. Agregaron que casi la mitad de las familias manifestaron que llegaron a la ocupación por la imposibilidad de continuar pagando sus alquileres.

“Lo que venimos viendo es que, efectivamente, se llega a la ocupación por la ausencia de políticas públicas. No permitieron rediseñar estrategias para que esas familias que fueron ocupando puedan por un lado tener un retiro voluntario, pero a su vez tampoco se aplicaron políticas para que la toma no siga creciendo”, sostuvieron.

Desde lo que definieron como un trabajo que supone “una mirada integral y compleja” del caso, los investigadores señalaron que cuando mencionan la necesidad de brindar respuestas estructurales lo hacen en referencia a “respuestas en todos los frentes, desde lotes con servicio, pensar la política de alquileres y regular los alquileres a nivel local”.

De acuerdo a sus observaciones, sin políticas públicas que atiendan el asunto, la problemática habitacional “es un fenómeno que se va a hacer más extensivo y que se va a ir agravando para la mayoría de la población”.

En el corto plazo, comenzaron a trabajar en un proceso que por lo menos hasta agosto próximo hará foco en los niños y niñas que habitan en la toma. A partir de talleres, espacios de encuentros y dinámicas tanto con los chicos como con sus madres y padres, llevan a cabo mapeos colectivos para “acceder a cómo ellos se representan vivir en la toma”, contaron.

“Hicimos un primer ejercicio, que era que dibujaran aquello que les daba felicidad. Lo que finalmente se terminó plasmando en un dibujo, mayoritariamente, era una vivienda. La vivienda, efectivamente, es algo transversal en la vida de un niño. Y cuando le preguntábamos qué les daba miedo, siempre aparecía la oscuridad. Y a las semanas se quedaron sin luz”, sumaron en relación al corte ordenado por la Justicia que llevó a cabo la Usina.

“Es importante señalar, en caso de que efectivamente se falle a favor de un desalojo, que el problema habitacional va a seguir existiendo y el Estado tiene injerencia”, sumaron. En ese sentido hicieron referencia a su intención de “tratar de combatir los mensajes de estigmatización y a su vez de poder generar un lazo de empatía, de solidaridad, de humanidad, porque realmente estas dos semanas que ha hecho muchísimo frío, las condiciones son muy complicadas para vivir en esas condiciones habitacionales. Por eso es que se está viendo la posibilidad de que se puedan realizar mejoras”, dijeron en sintonía con la solicitud de los vecinos del lugar.

Los investigadores plantearon también que existen políticas públicas que podrían implementarse en función de abordar la problemática de manera integral, con el conjunto de los actores involucrados. Mencionaron que en la localidad de Azul el Municipio activó el Consejo Local de Hábitat, y que un espacio de debate común aportaría en pensar estrategias contemplando una multiplicidad de voces.

Con el desalojo por el momento en pausa, la toma en La Movediza se encamina a cumplir un año y medio desde su inicio. Con la llegada de las bajas temperaturas, los vecinos del lugar plantearon su pedido de que se revea la imposibilidad de innovar en las viviendas, para poder adaptarlas al invierno. Tras el corte del servicio eléctrico que concretó la Usina en el último tiempo, los ocupantes compartieron la realidad de muchos de ellos con problemas de salud y la necesidad de contar con luz para resguardar sus medicamentos. Recientemente falleció uno de los vecinos, tras complicarse su estado luego de haber estado internado por poco más de dos meses. 

Fue a principios de junio pasado cuando El Eco de Tandil llevó a cabo una recorrida por el predio ocupado de calle Piccirilli al 1000, en La Movediza. En el lugar, muchos vecinos transmitieron sus diferentes complicaciones derivadas de la precariedad de la situación en la que se encuentran. Usuarios de insulina sin heladera, personas operadas, y otros padecimientos. La visita fue pocos días después de que la Justicia haya ordenado el corte del suministro eléctrico, que la Usina llevó a cabo durante un operativo con fuerte presencia policial.

Durante la mencionada recorrida, luego de dialogar con varias personas y ya de regreso hacia el móvil para retornar a la redacción, la vecina que acompañó el recorrido quiso hacer una última parada. Tras acercarse a una precaria vivienda aplaudió frente a la entrada. Del interior salió un hombre que se presentó como Genaro, quien contó que se encontraba desmejorado porque hacía poco tiempo había recibido el alta después de una larga internación por neumonía. 

Hablaba de manera lenta y calma, y dijo que debido a su estado de salud estaba complicado para poder retornar al trabajo,  por lo que debía cuidarse. Una de sus hijas salió de la casilla para preguntarle si podía usar su teléfono celular. El hombre le respondió, pero también le indicó que vuelva adentro porque hacía mucho frío. Genaro tuvo una recaída durante los últimos días y falleció el pasado sábado.

“Fue fatal. El jueves lo internaron y el sábado falleció. Tenía alrededor de 44 años y cuatro criaturas. La verdad, todos quedamos devastados, porque fue muy de golpe, muy rápido. Fue un golpe durísimo porque ahí él era Genaro. Era el consejero, siempre estaba”, lamentó Natalia Gosk, una de las referentes de la toma.

En diálogo con El Eco de Tandil, la referente de la toma contó que recientemente se venció la cautelar que prohibía innovar en las viviendas, pero la misma fue renovada por otros 120 días.

“Hay gente que realmente necesita, en realidad todos necesitamos la luz. Pero, a ver, en la situación en la que están viviendo, que están sin luz, no dejan innovar, no dejan hacer nada, la gente ya está enferma, hay criaturas enfermas, hay gente que tiene ya principios de neumonía, y nos están poniendo ahora otra más cautelar de 120 días más”, sostuvo Gosk.

“Lo que nosotros estamos tratando de hacer es de que no siga, tratando de ver cómo se puede hacer para que por lo menos tengamos la luz”, agregó. La vecina planteó la preocupación por el avance de las bajas temperaturas y sostuvo que “es tremendo, la gente está asustada, está asustada porque hay muchos enfermos. Hay muchos que tienen principio de neumonía, principalmente una señora que tiene que inyectarse insulina que se le quemó la heladera y ahora está pidiéndole a vecinos que por favor le pongan en la heladera la insulina”. 

La vecina sumó además que en los últimos días notaron un crecimiento de la presencia policial en el predio, y que hasta el momento no tienen mayores novedades con respecto al desalojo. “El abogado presentó una carta por el tema de esto que acaba de pasar y de que por lo menos nos dejen innovar y poner una luz. La verdad es algo inentendible de que se tenga que llegar a este punto y todavía pretenden poner 120 días más de no innovación ni nada.”, concluyó.

La toma en el predio de calle Piccirilli al 1000 comenzó en febrero de 2023. Fueron 15 mujeres quienes tomaron la iniciativa, pero al momento se sumaron muchas más personas.

Si bien se presentó un particular que acreditó titularidad, por lo que la Justicia inició una causa por usurpación y dictó el desalojo, al momento el mismo no se hizo efectivo. Dos censos se llevaron a cabo desde el inicio de la situación, hubo marchas al Municipio, y hasta un avance de loteo del lugar con apoyo provincial que finalmente no se concretó. Tras un pedido de Nación en diciembre pasado, el terreno fue incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares, y la familia propietaria se ha manifestado en contra al respecto.

Decenas de familias ocupan a la fecha el terreno. A partir de dos referentes organizan reuniones periódicas y hasta organizaron torneos de vóley y otras actividades para financiar la compra de insumos comunes.

Tras las presentaciones efectuadas por la defensa y por la Dirección de Acceso al Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, finalmente se suspendió el desalojo de las 64 familias apostadas en el predio de Piccirilli al 1000.

“Hemos pedido la postergación de la medida hasta que se establezca un programa ante la emergencia que implica el desalojo compulsivo”, había informado a este medio el defensor oficial Diego Araujo.

A media mañana, el representante de los ocupantes del predio confirmó que efectivamente la medida dispuesta para este martes por el titular del Juzgado de Garantías, José Alberto Moragas, a pedido del fiscal Luis Piotti, fue suspendida de manera provisoria.

Desde algunas perspectivas, la toma de tierras en La Movediza planteó públicamente un problema mayor que el mero conflicto por el espacio en disputa: puso en agenda la problemática habitacional del distrito.

En estos términos evaluó la temática el defensor público del fuero penal de la UFD 3, Diego Araujo, quien apuntó a rever la cuestión de fondo y no agotar el análisis en el delito de usurpación denunciado. 

La ocupación del predio ubicado en Piccirilli al 1000 que comenzó en febrero y persiste hasta la fecha, motivó la intervención del organismo judicial que intentó sumar elementos a la discusión en pos de aportar soluciones a una problemática que lleva años sin demasiadas respuestas. 

Si bien esta semana el grupo de madres que inició la toma y otras familias decidieron retirarse voluntariamente tras las infructuosas negociaciones, aún quedan núcleos de ocupación compuestos por alrededor de 60 familias que permanecen en el macizo. En tanto, la causa avanza hacia la expulsión por la vía judicial. En este marco, el juez de Garantías José Moragas debe definir un plazo para que los ocupas se retiren por sus propios medios, antes de convocar a la fuerza policial para desalojarlos. 

La mesa de trabajo 

En diálogo con La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM y ECO TV), el abogado defensor señaló que por su rol funcional le ha tocado intervenir en distintas tomas masivas por ejemplo, la de Smata, y a su criterio enfatizó que a través de los años no han surgido políticas públicas para paliar la situación. 

“Ahora se suscitó este conflicto social y me involucré en función de mi rol, pero la entidad del conflicto social no se resuelve con la aplicación del derecho penal. Es una situación grave que persiste en el tiempo; yo vine en 2007 y fueron sucediendo distintos tipos de conflictos de esta naturaleza”, explicó.

Araujo recordó que en este caso, tras la denuncia del propietario de los terrenos por usurpación, solicitó al Juzgado de Garantías 1 la aplicación del protocolo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que dio lugar a la conformación  de una mesa multiactoral que intentó proponer soluciones al respecto. 

De esta manera, una de las alternativas que surgió fue la constitución de un consorcio urbanístico con el mecanismo de la Ley de Hábitat para dotar de infraestructura al macizo y lotearlo, con el objetivo de generar suelo urbano para construir. La urbanización de los terrenos incrementaría considerablemente su valor de mercado y los dueños obtendrían beneficios, escenario que provocó la oposición del Municipio. 

“Se avanzó con la idea y el dueño prestó conformidad, pero el Municipio se retiró de la mesa. El resultado no es el que hubiese esperado porque se trabajaba sobre esta propuesta concreta, que demandaba mucho esfuerzo”, detalló.

Asimismo, en la audiencia celebrada el pasado 22 de septiembre en presencia del juez, los titulares de la propiedad cambiaron de postura y la iniciativa naufragó definitivamente.  

Araujo valoró la posibilidad de haber conformado un espacio de trabajo articulado con múltiples actores y destacó la labor de la universidad en pos de ofrecer soluciones que desactivaran tanto el conflicto penal como la problemática coyuntural. 

“Cada vez que hay una situación así se visibiliza una situación social preocupante y detrás de eso hay responsabilidades institucionales. Es necesario instrumentar y planificar políticas públicas para paliar la situación”, cuestionó el letrado.

El inminente desalojo 

Por otro lado, si bien el expediente judicial se encamina hacia el desalojo compulsivo, el defensor reparó en que el mismo “debe cumplir con las exigencias del protocolo de la Corte, que establece una forma adecuada de intervenir incluso en los casos en los que se resuelve por la vía policial, no puede afectar más derechos y no puede quedar gente en situación de calle”.

En tal sentido, puntualizó que el poder político en todos sus estratos debe actuar en forma coordinada para evitar que haya poblaciones vulnerables afectadas, y se refirió al método de abordaje y el trabajo profesional de la Unicen para aportar soluciones al déficit habitacional de Tandil.

“Hay que considerar a nivel regional la real dimensión de la problemática y generar programas acordes, porque es un tema que lleva años sin solución. No es una crítica a nadie en particular, porque abarca a muchos municipios y provincias, pero si no se resuelve, empeora. No es la primera toma ni va a ser la última en la medida en que no se avance con soluciones, porque también hay otras problemáticas asociadas a la falta de tierra, vivienda y créditos”, graficó.

En torno a las declaraciones de la secretaria de Desarrollo y Hábitat de la comuna, Alejandra Marcieri, que adjudicó el conflicto a una cuestión “política”, Araujo evaluó que “es un tema político porque es un conflicto social político y la solución de un problema tan profundo como la falta de viviendas requiere de una solución política”.

No obstante descartó que existan sesgos partidarios en el medio, al menos en los grupos que se acercaron a la Defensoría penal. “Si existen grupos partidarios lo desconozco y no me consta que estén incentivando a estas circunstancias”, aseveró. 

Por último, Araujo sostuvo que “no sirve quedarse con la experiencia del conflicto penal porque la problemática es otra e intervenir desde un fuero penal no va a resolver absolutamente nada”. 

Como lo hacen desde hace  casi 6 meses, el grupo de mujeres que inició la ocupación en La Movediza se reunió en la esquina de Piccirilli y Misiones. “Se le puede preguntar a cualquier vecino que hace muchísimos años está acá, esto era peor que ahora”, dicen sobre el descampado al que llegaron en febrero pasado. 

Como tantos otros casos, el de la toma volvió a desnudar una política habitacional que no llega a dar respuesta a muchos sectores de la ciudad. 

-¿Si miran para atrás, volverían a tomar la decisión de instalarse en el terreno?

- Si, para ser escuchadas. Así como estamos, no sé, 200 familias acá, hay muchísimas más. Por ahí somos juzgados, pero ¿de qué otra forma van a ser escuchadas tantas familias?

La que tomó primero la palabra para dialogar con El Eco de Tandil fue Camila. Alquila junto a su pareja y sus hijos una casa a pocos metros del descampado. En octubre tiene prevista una suba del alquiler a la cual no podrá hacer frente con sus ingresos. La acompañan Marisol, Lorena, Diamela, Valentina, Talia, Nazarena, Araceli, Micaela, Alejandrina, Dalila y Lucía. “Sabemos que el desalojo es inminente, y algunas vamos a terminar en la calle”, contaron.

- ¿Qué balance hacen de estos 5 meses en la toma?

- Seguimos igual. Acatamos las órdenes que nos dan de no construir y no mejorar nada. Nosotras las 15 seguimos la misma. En ese sentido, como que tenemos la misma posición desde un principio. Pero no vemos mejoras, ni apoyos, ni nada, de parte del Municipio o de Desarrollo Social. Tienen la postura de ir a las reuniones que se hacen, pero por acá, no. Dicen que van a resolver algo el día que se desaloje.

- Una de las cosas que se dijo es que la toma está organizada por sectores políticos…

-No, no. Además, ha venido acá una persona a querer representarnos y no. No queremos porque ya sabemos que se toma el hecho de decir “no le damos nada porque están organizadas”. Y no, no estamos organizadas para nada. Muchos partidos políticos han venido a decir que querían ayudar. Nos negamos con muchos movimientos porque no queríamos que sea político esto. No sé si el resto está apoyado o no por movimientos, pero nosotros no.

- ¿Cómo es la relación con el resto de los vecinos del barrio?

-Todos nos apoyan. Creo que de acá sólo uno o dos vecinos no apoyan la toma, que están en todo su derecho. Pero después la mayoría no quieren que nos vayamos porque esto era una mugre. 

Las compañeras de Camila comenzaron a soltarse y a expresar también su mirada. “Había muchas quejas por ratas y bichos. Y chorros que se escondían acá, escondían entre la mugre las cosas que se afanaban. O sea, para los vecinos, los que están enfrente de estos terrenos saben que lo vamos a mantener limpio, que vamos a construir, que vamos a pagar. O sea, nos conocen de años. Nosotras  15 nos conocemos hace un montón de años y los vecinos lo mismo. La mayoría se crio acá”, sostuvo una de ellas.

- Hubo un particular que se presentó como el dueño…

-Cuando nos metimos, no sabíamos que había un dueño, porque es real, tampoco sabíamos. Y tampoco queremos sacarle los derechos al dueño, porque no es justo tampoco. Pero bueno, también pedimos la posibilidad de comprarlo, porque hace años que esto estaba baldío. Entonces también poner en la balanza a eso y de parte del dueño pensar si hay alguna posibilidad de venderlo. Nunca se hizo nada acá. Y se les puede preguntar a cualquier vecino que hace muchísimos años que está, esto era peor que ahora.

La mayor parte de las críticas y demandas que planteó el grupo de mujeres, fue para la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. “La realidad es que si se van y no le dieron una respuesta, no se van a calentar en dársela tampoco”, expresó Lucía, una de las vecinas que vive en la zona y apoyó la toma desde el comienzo.

“No es que nosotros no nos queremos ir, como dicen. Nosotros queremos una respuesta, y nos merecemos la respuesta”, plantearon.

“No hubo un compromiso para evaluarnos o tenernos en cuenta. No hubo un compromiso hasta ahora. La Municipalidad directamente dijo que éramos de afuera, que habíamos venido organizados, o con políticos. Pero ni siquiera vino el Municipio. O sea, el único momento que vinieron para hacer el censo”, agregaron.

En tal oportunidad, cuando se llevó a cabo un relevamiento del que participó el Municipio junto a otras instituciones, desde el grupo de mujeres sostuvieron que no se negaron a entregar datos, documentos y otras solicitudes. 

A la fecha se encuentran esperando novedades sobre el desalojo, del que ya saben será inminente. “La próxima semana vamos a tener alguna noticia, pero esperamos. Todavía tenemos la esperanza de que haya una solución pacífica. O sea, pacífica no solamente en el sentido de desalojar y que nos vayamos pacíficamente, sino también una respuesta positiva a la gente que hace 5 meses que está acá, esperando una respuesta. Y que acatamos las órdenes como se suponía que teníamos que hacerlo”, concluyeron.

“Yo me quiero sacrificar, como me sacrifico para pagar un alquiler, me quiero sacrificar para pagar algo que va a ser mío”, dijo Camila. En octubre próximo el alquiler le aumentará a un monto que no podrá enfrentar. 

“No es el vencimiento de contrato, pero es como que se te vence. Porque imagínate que se va un montón. Ahora en julio el Banco Central, porque yo me fijo todos los meses, cerró en 104% la inflación”, contó. Su caso se replica en sus compañeras, que se encuentran en situaciones similares.

“Yo vivía anteriormente con mi suegra, de prestada, y me tuve que volver a la casa de mi mamá. Y duermo con mi hermana de 15 años en la misma cama. No tengo la posibilidad de poder juntar plata para comprarme un terreno, por ejemplo, o para alquilar”, compartió Araceli.

“Que nos den la posibilidad de poder pagarlo como nosotros podemos pagarlo, así estemos 30 años pagando. Pero pagarlo y tener algo de forma legal nuestro. Porque si no, no te escuchan. Yo también, 700 veces me han anotado en los sorteos, pero nunca salgo. Tengo 23 años y quiero tener mi casa, pero  así es imposible”, lamentó.

Otra de sus compañeras contó un caso similar. “Ahora estoy viviendo con mi mamá, y duermo con ella porque no tengo ni siquiera una cama en la que dormir. Con lo que gano en la semana no me alcanza ni para hacerle cosquillas al alquiler. Entrar a una piecita con baño son casi 50 mil pesos, y para entrar te piden casi 200 mil. Así, nunca llegás”, planteó.

Ante el pedido del fiscal Luis Piotti de desalojar compulsivamente el predio ocupado en La Movediza, el defensor oficial Diego Araujo realizó una presentación ante el Juzgado de Garantías 1, manifestando la postura del organismo sobre la vulnerabilidad de algunos grupos allí asentados y solicitando la postergación del desalojo. 

En el escrito que el letrado elevó el martes al juez Moragas, antes de que hiciera lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal y dispusiera la expulsión de las 283 personas instaladas en los lotes de Piccirilli al 1000 en un rango de 45 días, Araujo puso especial énfasis en el conflicto social derivado de la toma masiva de tierras y cuestionó el tratamiento proferido por la comuna.

En el planteo, se apoyó en los datos recolectados en el relevamiento censal que diferentes entidades efectuaron el pasado 17 de abril para exponer la compleja situación de algunos agrupamientos. En tal sentido, valoró que se pudo visualizar la presencia de “un grupo con mayores niveles de vulnerabilidad, dadas sus características particulares, relacionadas a la minoridad, género, situaciones de salud y pobreza estructural”. 

El diagnóstico se realizó con base en la información reportada a partir de indicadores de vulnerabilidad que fueron consensuados por todas las partes; Municipio de Tandil, Defensoría del Pueblo de la Provincia, Defensoría del Pueblo de Tandil, Unicen, Instituto Provincial de la Vivienda, Secretaría de Hábitat y Desarrollo Humano bonaerense; y también la Defensoría General de Azul, y la Defensoría penal de Tandil. 

En su presentación, Araujo fundamentó que “fruto de ese consenso inicial, y más allá de las diferencias conceptuales con relación a la naturaleza del conflicto, su origen y alcance, se realizó sobre el territorio donde se encuentra emplazada la ocupación, un despliegue de trabajadores sociales y funcionarios que culminó con el trabajo que fuera presentado oportunamente ante el Sr. Juez”. 

Sin propuestas

En la instancia posterior de análisis de datos, que se llevó a cabo con el objeto de trabajar en alguna propuesta acorde para los grupos con mayores niveles de vulnerabilidad, el defensor destacó que el Municipio “decidió no incorporarse a dicha mesa de trabajo, y dijo que presentaría un informe propio (lo que así hizo), refiriendo que actuaría sobre las familias necesitadas con posterioridad al desalojo voluntario de las mismas”.

Al respecto, el abogado consideró que el accionar del Ejecutivo configura una “no propuesta” en el marco del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia provincial que el magistrado ordenó aplicar hace dos meses. 

En esta línea, argumentó que efectivamente en dicho marco de actuación se establece como objetivo “la necesidad de prevenir el impacto ulterior que puede generar la instrumentación de un desalojo compulsivo, brindando protección mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas especialmente vulnerables en proceso en desalojo”.

De este modo, el cuestionamiento radica en que las soluciones deben ofrecerse previo al desalojo compulsivo y no de forma posterior, tal el posicionamiento del área de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil, que en el informe presentado ante la Justicia exhibió que recibirá a los participantes de la toma una vez que se hayan retirado –voluntariamente o por la fuerza- del macizo usurpado.

Así, ponderó que “si se trata de prevenir un posible impacto social, como consecuencia de un desalojo compulsivo, la propuesta debe ser, necesaria y lógicamente, una actuación previa al desalojo y no posterior, sujetas a las estimaciones y vicisitudes del poder político”.

Respuestas concretas 

Asimismo, el titular de la Defensoría penal ratificó que es posible seguir profundizando sobre los grupos más vulnerables visibilizados a partir del relevamiento y estimó “prudente” posponer cualquier medida de desalojo, hasta tanto se presente una propuesta concreta en relación a dichos grupos. Es decir, que si el estallido del conflicto sirve para evidenciar la demanda y la crisis, al menos los actores implicados puedan proponer soluciones en esta dirección.  

En tanto, con la orden de desalojo compulsivo ya firmada por el juez Moragas, el compás de espera de 45 días para que los ocupas se retiren del lugar -la fecha límite es el 8 de julio- que se abrió, puede resultar crucial para articular medidas o reubicar a las familias que se hallan en una situación más apremiante. 

Para rematar, el funcionario judicial consignó que “el derecho penal no resulta ser el ámbito adecuado para la resolución de este tipo de conflictos sociales, donde está claro advertir que allí donde quedan al desnudo necesidades económicas y sociales profundas, deben ser resueltas con mayores políticas públicas dirigidas especialmente a esos grupos vulnerables”.

En consecuencia, ponderó que el frente legal abierto constituye de alguna manera, una oportunidad para abordar la problemática habitacional del distrito e intentar ofrecer soluciones al respecto, para cumplir “satisfactoriamente” con las garantías constitucionales, normas y estándares internacionales de derechos humanos .