Los cuatro temas que serán tratados en el anexo de la Cámara baja, por orden cronológico, son el proyecto para avalar un plan de pago de deuda remanente a dos fondos buitre, el Súper Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Súper RIGI) para industrias de frontera tecnológica, la ley de “lobby” o de gestión de intereses, y la Ley de Inocencia Fiscal.

Algunos de estos temas, especialmente el pago a fondos buitre y el Súper RIGI, que obtendrían dictamen este mismo miércoles, podrían desembocar en el recinto en la sesión que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, imagina para el próximo 24 de junio, aunque la fecha es a confirmar.

La hiperactividad en Diputados busca de alguna manera mostrar iniciativa política de parte del oficialismo y correr del foco, aunque sea parcialmente, los escándalos patrimoniales vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que tienen sus coletazos en el Congreso y le generan un daño al Gobierno.

De todos modos, el Senado se prepara con inusitada expectativa para una reunión de Labor Parlamentaria que se llevará a cabo este mismo miércoles con el objetivo de delinear el temario de la próxima sesión, a riesgo de que la oposición logre colar en la agenda un proyecto de resolución que gira en torno a las desventuras del ministro coordinador.

Y en la Cámara de Diputados la oposición pidió una sesión para el 23 de junio con un temario que abarca desde informes básicos, pasando por la interpelación y hasta la moción de censura contra Adorni, el mecanismo previsto por la Constitución para destituirlo.

Si bien en un comienzo se especulaba con que el quórum era una meta inalcanzable, la indignación que genera la continuidad del jefe de Gabinete en el Gobierno en socios habituales como el PRO y la UCR podría facilitarle las cosas a la oposición.

Al mediodía, la Cámara baja abrirá el telón con un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Justicia, al cabo del cual el oficialismo tiene previsto pasar a la firma de los dictámenes.

Fueron invitados a defender la iniciativa el Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio y el Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija.

El proyecto para la aprobación de un plan de pago a dos “fondos buitre” por 171 millones de dólares, con quienes el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica, recibió media sanción el jueves pasado con 40 votos positivos y 22 negativos.

Ahora sigue su curso en la Cámara de Diputados, donde deberá aprobarse antes del 30 de junio, que es el deadline fijado en el entendimiento.

En cuanto al Súper RIGI, el debate se inició el 3 junio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología, donde expusieron altos funcionarios del Ministerio de Economía y continuó el miércoles pasado con la presentación de cámaras empresarias.

Este miércoles se reanudará el debate a las 15 con la intención del oficialismo de dictaminar a la finalización del mismo.

A diferencia del acuerdo con los fondos buitre y la ley de Súper RIGI, el proyecto de ley de lobby, que será retomado este miércoles, no enfrenta un panorama tan despejado y podría demorarse su desenlace. NA

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la comitiva que llegó este lunes a la madrugada, al aeropuerto de El Alto, está integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros: les retuvieron los documentos, los obligaron a arribar un avión hacia a ciudad boliviana de Santa Cruz y ya se encuentran en viaje, nuevamente hacia Argentina.

Desde allí, Biasi, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, sostuvo que estuvieron “secuestrados con represión policial” y que fueron parte de una misión que se realizó en muchas situaciones similares como la que sucede en Bolivia.

Además, indicó que lo que ocurre en ese país es “una verdadera dictadura militar. Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio”, agregó.

En la misma línea, Barry confirmó que “no los dejaban bajar del avión” y que el trato que recibieron “fue igual al de un secuestro”. Además, manifestó que quisieron “hacerles firmar un documento” que presentaba “causas truchas” respecto a los objetivos del viaje.

Por su parte, el jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP) Germán Martínez le “exigió” a las autoridades bolivianas que Marino “pudiera realizar las tareas para las que fue invitado” por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe: “Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física”, remarcó.

“Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos”, sostuvo el comunicado que emitió la Misión Humanitaria.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, declaró que “se habrían verificado inconsistencias” en el ingreso de la Misión Humanitaria argentina a Bolivia, conformada por legisladores, diputados y referentes políticos, sociales y de derechos humanos argentinos.

Mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales personales, sostuvo que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira ejerció sus “facultades soberanas “para deportar a sus integrantes, entre los que se encontraban el diputado nacional por Fuerza Patria (FP) Juan Marino y la legisladora porteña por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi. NA

El diputado por Córdoba y exgobernador Juan Schiaretti manifestó públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no puede continuar en su cargo. La postura del dirigente cordobés surge a raíz de la presentación y defensa de la declaración jurada de bienes que el funcionario realizó en una entrevista televisiva.

A través de su cuenta en la red social X, Schiaretti expresó con dureza su posición respecto a la continuidad del funcionario en el Gobierno nacional:

“Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”.

Para el dirigente, el jefe de Gabinete le mintió al pueblo argentino y también lo hizo ante el Congreso de la Nación. En ese sentido, enfatizó que el país requiere de funcionarios que actúen con transparencia y no utilicen el poder en beneficio propio, instando a terminar con el encubrimiento de falsedades.

Con esta declaración, Juan Schiaretti se suma a la presión que ejercen diversos sectores, incluyendo al PRO, la UCR y otros aliados de la gestión del presidente Javier Milei, quienes también han cuestionado la situación del funcionario.

La expansión de las plataformas de apuestas online y los casinos virtuales entre adolescentes encendió las alarmas en la Legislatura bonaerense, donde un grupo de diputados presentó proyectos orientados a reforzar la prevención de la ludopatía juvenil, especialmente en el ámbito escolar.

Las iniciativas fueron impulsadas por los diputados radicales Valentín Miranda, Alejandra Lorden y Priscila Minnaard, quienes conformaron un espacio de trabajo legislativo para abordar una problemática que, según advierten, crece de la mano del acceso masivo a celulares, billeteras virtuales y plataformas digitales de apuestas.

Uno de los proyectos propone modificar la Ley Provincial 10.670 para incorporar de manera obligatoria programas de prevención de trastornos psicosociales en las escuelas bonaerenses, incluyendo explícitamente a la ludopatía junto con otras problemáticas como los consumos problemáticos y la violencia.

Según explicó Miranda, el fenómeno ya tiene consecuencias concretas dentro de las instituciones educativas.

“La transformación digital eliminó las barreras de tiempo y espacio. Actualmente, los chicos pueden acceder a apuestas deportivas y casinos virtuales desde sus celulares y billeteras virtuales, muchas veces sin control parental”, señaló el legislador.

Además, advirtió que la problemática ya se refleja en las aulas a través de situaciones de desatención, ausentismo, endeudamiento entre compañeros y una marcada caída del rendimiento académico.

En paralelo, los legisladores presentaron un pedido de informes para conocer el estado de ejecución del Plan Integral para abordar la ludopatía adolescente, anunciado por la Provincia a mediados de 2024.

La iniciativa busca obtener precisiones sobre distintos aspectos vinculados a las acciones de control y prevención. Entre ellos, solicitan información acerca de si se concretó el bloqueo de direcciones IP de sitios de apuestas dentro de las escuelas bonaerenses y si se implementaron sistemas biométricos para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego.

También reclaman datos sobre la cantidad de denuncias realizadas contra operadores de juego ilegal y contra influencers o figuras públicas que promocionan apuestas online, además de estadísticas oficiales sobre la participación de menores en estas actividades.

Otro de los puntos incluidos en el pedido apunta a conocer cuáles son los programas de asistencia y acompañamiento disponibles para adolescentes afectados por la ludopatía y para sus familias.

“Necesitamos datos certeros para construir una legislación más justa y adaptada a estos tiempos para proteger a las infancias y adolescencias”, sostuvieron los diputados impulsores de la iniciativa.

El avance de las apuestas online entre jóvenes se ha convertido en una preocupación creciente en distintos puntos de la provincia y también en ciudades como Tandil, donde especialistas en salud mental y educación vienen alertando sobre los riesgos asociados al acceso temprano al juego digital y las consecuencias que puede generar en la vida social, familiar y escolar de los adolescentes.

En este marco, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici organiza el II Seminario “Minería para un futuro digital: el oro estratégico del siglo XXI”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas (NA), el evento que pondrá en debate la importancia de las tierras raras en las nuevas tecnologías y en transición energética hacia fuentes alternativas, reunirá a las autoridades de las comisiones de Minería, Energía y Medio Ambiente junto a funcionarios nacionales y especialistas.

El objetivo del encuentro será “analizar el potencial minero tecnológico y su inclusión en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.

Se apuntará a articular una “visión estratégica integral entre el sector público, el ámbito científico-académico y especialistas del sector privado para optimizar el aprovechamiento de las tierras raras de modo sostenible, soberano e innovador, transformando el potencial geológico del país en un motor de la productividad, el empleo y la sustentabilidad ambiental”.

La apertura del evento estará a cargo de Giudici, autora de un proyecto de ley que promueve la inclusión explícita de las tierras raras dentro del RIGI.

Dicha iniciativa busca consolidar un marco legal sólido para atraer inversiones de gran escala y posicionar a la Argentina como un actor clave internacional en la exploración de estos recursos críticos indispensables para la industria tecnológica y la generación de energía limpia.

Las tierras raras son parte de la carrera extractivista que Estados Unidos emprendió a nivel mundial, con China como principal competencia, y que está definiendo el tablero geopolítico mundial.

Se trata de metálicos pertenecientes a 17 elementos químicos que están presentes en la corteza terrestre pero cuya extracción suele ser compleja y costosa.

Argentina posee reservas, pero no tiene una producción activa y su participación actual en el mercado es prácticamente nula.

En enero del 2023, la generala GIUa Richardson, exjefa del Comando Sur de los Estados Unidos, fue la primera funcionaria norteamericana en confesar que el triángulo de litio y las reservas de tierras raras en el país son de interés federal para el Gobierno de Estados Unidos, para su política energética y para su política de seguridad nacional frente a otras potencias mundiales como China y Rusia.

A raíz de este interés estratégico estadounidense en los recursos naturales y los minerales críticos, el presidente Donald Trump reabrió un conflicto internacional con la Unión Europea cuando propuso comprar la isla de Groenlandia a Dinamarca.

Además de Giudici, la jornada de debate en el Congreso tendrá como expositores al subsecretario de Política Minera de la Nación, Federico Caeiro; al director del Instituto de Geología y Recursos Naturales (IGRM), Martín Gozálvez; el especialista en energías renovables Tomás Trusso; el presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, Facundo Correa Llano; y la presidenta de la comisión de Minería, Fernanda Ávila. NA

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Hojarasca, la iniciativa impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger para depurar el digesto jurídico con la derogación de más de 70 normas que quedaron obsoletas.

La iniciativa recibió 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, y fue girado al Senado donde el Gobierno espera que obtenga la sanción definitiva.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), destacó el proyecto de Ley Hojarasca para derogar normas obsoletas o inútiles y lo contrapuso con la pulsión que le atribuye a la política tradicional de acumular regulaciones sin límites para “hacerle la vida imposible” al ciudadano argentino “de bien”.

“Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible y no se dan cuenta que en un país civilizado la regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones, que vienen a tapar aspectos grises y de interpretación de la Constitución”, consideró.

Para el miembro informante del oficialismo, “esto se debe en buena medida a que buena parte de nuestros pares desconocen que el derecho y el gobierno es anterior a la ley”.

El legislador oficialista denunció que muchas normas fueron concebidas como “barreras artificiales para cobrar el peaje de la política” y así nutrir los “quioscos” de muchos políticos tradicionales.

A su turno, Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que esta ley Hojarasca, la primera serie de otras normas que se presentarán con la misma finalidad, tiene “varios criterios”.

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Nicolás Trotta se manifestó en contra de la Ley Hojarasca y opinó que “detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado”.

En tanto, la presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, advirtió que “hay que ser muy termo para votar una ley como ésta”. NA

El juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y actual diputado bonaerense, en el marco de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La medida adopta diversas diligencias solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan, quien busca esclarecer el origen de los bienes del legislador.

La investigación se centra en puntos específicos, tales como la obtención de un crédito hipotecario, la adquisición del 50 por ciento de un vehículo y un aumento patrimonial estimado en un 84 por ciento en el transcurso de un año. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y recayó en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Sebastián Casanello, quien también requirió las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción.

La denuncia advierte sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni, quien ingresó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Posteriormente, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y, en las últimas elecciones, obtuvo una banca en la Cámara de Diputados bonaerense integrando el bloque de La Libertad Avanza.

En un dictamen de 19 páginas, el fiscal Guillermo Marijuan aclaró que la investigación se limitará exclusivamente al patrimonio de Francisco Adorni. Por su parte, las menciones realizadas sobre el jefe de Gabinete no formarán parte de este proceso, dado que ya existe una causa en curso bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni.

Entre las medidas dispuestas, se solicitó información detallada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). Asimismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá requerir a las entidades financieras datos sobre activos, transferencias, plazos fijos y cajas de seguridad a nombre del imputado.

Finalmente, el fiscal cursó oficios a Migraciones para conocer los movimientos internacionales del legislador y al Banco Provincia para obtener precisiones sobre un crédito hipotecario de 60.000.000 de pesos. También intervendrán la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para confeccionar un informe integral sobre la situación financiera y societaria de Francisco Adorni.

En el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General, el oficialismo y bloques aliados avalaron con 57 firmas (cinco en disidencia del PRO) la adhesión al tratado internacional de patentes con la reserva del capítulo 2, producto del exitoso lobby que ejecutaron las cámaras del sector farmacéutico local.

Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo con el argumento de que la adhesión al tratado es parte de un compromiso asumido con Estados Unidos, y que no surgen elementos beneficiosos para el país.

Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un dictamen de minoría ya que estaba en desacuerdo poner en reserva el capítulo 2, lo que catalogó como una “señal totalmente negativa para nuestros socios comerciales”.

De acuerdo a CILFA y Cooperala, el capítulo II (que se mantuvo bajo reserva) desprotegía a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, especialmente de origen estadounidense, ya que les facilitaría el patentamiento en el mercado local perjudicando la producción de genéricos por parte de los laboratorios nacionales.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero manteniendo el control local pleno sobre los criterios de evaluación técnica y patentamiento, del mismo modo que Uruguay.

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, destacó que el PCT “facilita el acceso de los investigadores, universidades, emprendedores y empresas en los mecanismos de protección internacional promoviendo mayores oportunidades de transferencia tecnológica e inserción competitiva en los mercados globales”.

Por su parte, el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, recordó que Argentina había firmado este tratado en 1970 y recién en 1998, 28 años después, logró la media sanción del Senado.

Después de un intento infructuoso en el 2019 durante el Gobierno de Cambiemos para retomar la media sanción en la Cámara de Diputados (que no perdió estado parlamentario por tratarse de un tratado internacional), el Gobierno de Javier Milei se propuso completar la tarea. NA

Diputados del oficialismo comenzarán este miércoles 15 de mayo el debate en comisiones del proyecto que busca redefinir el Régimen de Zonas Frías, el cual otorga beneficios en las tarifas de gas. Los legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) iniciarán la discusión en un plenario de comisiones para tratar la iniciativa que pretende modificar los descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas a los usuarios de zonas con temperaturas extremas.

Según la propuesta impulsada por el Gobierno nacional, el beneficio automático quedaría reservado exclusivamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Por el contrario, el resto de las zonas que fueron incorporadas en 2021 deberán acreditar condiciones de vulnerabilidad para poder acceder a los descuentos en la tarifa diferenciada. El proyecto cuestiona la Ley 27.637, que permitió el ingreso de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja al sistema de subsidios.

Esta normativa vigente alcanza a más de 3,1 millones de hogares, una cobertura que quedaría sin efecto si prospera la propuesta del presidente Javier Milei. Desde el oficialismo alegaron que “la extensión territorial desnaturalizó el carácter focalizado del sistema, al incorporar zonas sin condiciones climáticas equivalentes, lo que derivó en un incremento significativo del universo de beneficiarios, del costo fiscal del régimen y de la magnitud de los subsidios cruzados entre jurisdicciones”.

En este sentido, la bancada oficialista explicó que la redefinición del régimen busca “garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”. 

Otro de los cambios centrales establece que el subsidio se calculará solo sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa, además de que la compensación se pagará directamente a los proveedores.

La reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, está citada para las 15 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es obtener dictamen este mismo miércoles para llevar el tema al recinto en una sesión especial prevista para el próximo 20 de mayo, aunque el resultado dependerá del acompañamiento de los bloques dialoguistas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno avanzará con una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, tras un fuerte cruce ocurrido en el Congreso.

La decisión se produjo luego de que el legislador de Unión por la Patria expusiera durante una sesión en la Cámara de Diputados detalles sobre la vida privada de la esposa del funcionario, lo que encendió la polémica. Desde el oficialismo sostienen que esa información sería de “procedencia sospechosa” y podría haber sido obtenida de manera indebida.

“Tailhade tenía detalles de movimientos míos y de mi familia”, afirmó Adorni, quien cuestionó la difusión de datos vinculados a la intimidad personal y remarcó que se trata de una situación grave que será llevada a la Justicia.

En ese sentido, el Gobierno considera que el accionar del diputado podría encuadrarse dentro de un caso de espionaje ilegal o violación de la privacidad, por lo que la denuncia buscará determinar el origen de la información difundida.

El episodio se originó durante una sesión informativa en la que Adorni brindó explicaciones ante legisladores. Allí, Tailhade hizo referencia al supuesto uso de custodia oficial por parte de la pareja del funcionario y mencionó rutinas y actividades personales, lo que motivó la reacción inmediata del oficialismo.

Lejos de retroceder, el diputado ratificó sus dichos y desafió al Gobierno a avanzar con la denuncia. “Espero con impaciencia” la presentación judicial, sostuvo, al tiempo que negó haber cometido որևէ delito y defendió que su exposición se basó en información de interés público.

El conflicto escaló también al plano político, con la intervención del presidente Javier Milei, quien respaldó a Adorni y cuestionó la difusión de datos personales, al considerar que podría implicar una violación de garantías constitucionales.

De este modo, el caso abre un nuevo frente de tensión entre el oficialismo y la oposición, y ahora quedará en manos de la Justicia determinar si existió o no obtención y divulgación ilegal de información privada.

El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Luis Ontiveros, propuso modificar la ley de Educación Sexual Integral (ESI) de la Provincia para incluir un mayor control de las familias en los contenidos. La iniciativa busca incorporar un mecanismo que garantice a los padres el acceso previo, íntegro y fehaciente a las temáticas que se dictarán en los niveles inicial y primario.

El proyecto de Luis Ontiveros propone la incorporación de nuevos artículos a la Ley 14.744 para establecer el deber de información previa por parte de las instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada. En concreto, las escuelas deberán asegurar a los representantes legales el acceso a los contenidos curriculares, materiales didácticos y planificación de actividades vinculadas a la ESI antes de su abordaje en el aula.

Según detalla el texto parlamentario, la comunicación deberá realizarse con antelación suficiente. Además, se proponen sanciones y sumarios para aquellos docentes que no cumplan con las modificaciones. Al respecto, el legislador remarcó: "Ante la omisión de la notificación previa y fehaciente, los progenitores o representantes legales podrán solicitar ante la autoridad escolar la vista inmediata de los materiales y la postergación del abordaje de los contenidos específicos de ESI hasta tanto se acredite el cumplimiento".

En los fundamentos, los legisladores de La Libertad Avanza sostienen que la propuesta no busca modificar el carácter obligatorio de la ESI, sino fortalecer la política pública mediante herramientas de transparencia institucional. Consideran que el acceso previo es una condición necesaria para consolidar la corresponsabilidad entre la escuela y la familia.

"En la práctica se observa una marcada opacidad informativa, ya que las familias suelen desconocer las temáticas abordadas o toman conocimiento de ellas con posterioridad a su desarrollo en el aula. Esta carencia de notificación previa dificulta el acompañamiento pedagógico, especialmente en los niveles inicial y primario, donde la participación de los progenitores o representantes legales es central en función de la edad y el grado de desarrollo de los educandos", remarcó Luis Ontiveros.

Asimismo, el diputado indicó que la legislación reconoce a las familias como actores fundamentales del proceso educativo. En ese sentido, agregó: "La Convención sobre los Derechos del Niño también consagra el derecho y deber de los padres de orientar a sus hijos en el ejercicio de sus derechos".

Es preciso recordar que, en octubre de 2025, el gobierno del presidente Javier Milei resolvió poner fin a la política nacional de ESI al dejar de asignarle presupuesto específico. De esta manera, el programa pasó a depender exclusivamente de las provincias, sin financiamiento ni coordinación centralizada.

La decisión de la administración nacional también incluyó recortes en los materiales del portal Educ.ar y la eliminación de la obligatoriedad de jornadas como Educar en Igualdad. En noviembre de 2025, el Ejecutivo profundizó esta línea con el borrador de la Ley de Libertad Educativa, que plantea el reemplazo de la ESI por un programa de habilidades socioemocionales y refuerza el rol preferente de las familias.

La iniciativa, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, establece la inhabilitación cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada, aún sin sentencia firme, y se mantiene durante el cumplimiento de la pena y hasta diez años después.

El proyecto de ley modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y amplía el alcance de los delitos o los causales de inelegibilidad que inhabilitan a ser candidato.

Según se especifica en el texto presentado, no podrán postularse quienes tengan condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional.

También incorpora como causal de inelegibilidad y supuesto de inhabilidad a los deudores alimentarios morosos, extendiendo el criterio de responsabilidad más allá de los delitos penales graves.

La Justicia Electoral verificará todos estos requisitos al momento de oficializar candidaturas, y el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley.

“Este es mi aporte a una discusión que tenemos que dar entre todos. La Argentina no parte de cero, pero necesita reglas más claras para recuperar la confianza”, sostuvo Scaglia.

“En Santa Fe lo hicimos. Primero lo sancionamos como ley y después lo incorporamos a la Constitución Provincial como política de Estado. Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina”, agregó.

Para la presidenta del interbloque Unidos, “en este tema no hay grises”.

“Las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”, resaltó.

La iniciativa retoma una demanda social de ética e integridad pública que viene siendo impulsada desde hace varios años por el movimiento de Ficha Limpia, liderado por Ignacio Marra, que llegó a sumar más de 490 mil firmas de ciudadanos.

El proyecto se basa en los artículos 16 de la Constitución Nacional que establece el principio de idoneidad, el artículo 37 que garantiza los derechos políticos, y el artículo 36 que establece la inhabilitación para quienes cometan delitos graves contra el Estado.

En los fundamentos del proyecto, Scaglia sostiene que “en una democracia representativa, quienes aspiran a ejercer cargos públicos electivos no sólo deben reunir las condiciones legales para ser elegidos, sino también demostrar un compromiso inequívoco con la legalidad, la integridad pública y el respeto por los derechos fundamentales”.

“En este marco, resulta necesario destacar que el derecho a ser elegido no reviste carácter absoluto, sino que admite reglamentaciones razonables cuando se encuentra en juego la idoneidad para el ejercicio de la función pública”, señala.

En países como Brasil, Italia y España existen normas de Ficha Limpia como la que propone Scaglia. NA

Luego de más de 11 horas de una sesión marcada por la tensión en el recinto, el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados lograron convertir en ley la reforma a la Ley de Glaciares. Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, la iniciativa pro minera obtuvo la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, contando con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, durante el desenlace de la votación.

La nueva normativa redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, estableciendo condiciones más flexibles para el desarrollo de explotaciones de recursos. Además del oficialismo, la propuesta recibió el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales. Incluso, el sector gubernamental sumó los votos de dos diputados sanjuaninos de Unión por la Patria, mientras que las abstenciones correspondieron a los dos representantes del MID y una legisladora de La Neuquinidad.

Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc, destacó la realización de la audiencia pública previa, aunque su intervención fue recibida con críticas por parte de la oposición. Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz, quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que la modificación apunta a aclarar conceptos sin alterar el paradigma de protección.

“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel que el IANIGLA hoy no tiene”, explicó Mayoraz.

Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. La diputada Adriana Serquis advirtió que la reforma no se basa en datos científicos y resaltó la importancia hídrica de las zonas afectadas. “Un uno por ciento de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan de beber a siete millones de habitantes”, enfatizó la legisladora.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reafirmó la postura de su espacio a favor de un ambientalismo de concertación, cuestionando lo que denominó un federalismo de desintegración nacional. En la misma línea, el diputado Miguel Pichetto justificó su voto negativo al señalar que la Nación no puede delegar atribuciones propias de la Constitución Nacional.

“La Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control y se pierde un sentido de entidad nacional arbitrada por la propia Constitución”, argumentó Pichetto.

Finalmente, el cierre del debate estuvo a cargo de figuras como Máximo Kirchner, quien cuestionó el riesgo que supone la normativa para los recursos estratégicos del país, y Silvana Giudici, quien defendió la armonización constitucional de la norma con el resto de la legislación ambiental vigente en Argentina.

El oficialismo obtuvo el despacho de comisión para tratar hoy, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el ejecutivo nacional con miras a los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). El plenario de comisiones contó con la presencia de gobernadores y funcionarios de la Secretaría de Minería, lo que despertó críticas de la oposición por el enfoque extractivista del debate.

A pesar de los cuestionamientos, La Libertad Avanza (LLA) confía en tener los números necesarios para avanzar. Para obtener el despacho, el oficialismo requería 18 firmas en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales. Durante el debate, lograron sumar 19 y 18 apoyos respectivamente, consolidando su posición de cara a la sesión especial solicitada con 24 horas de antelación.

El conteo de votos que manejan los jefes del bloque libertario arroja un panorama favorable. Sin aceptar cambios a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado, el oficialismo asegura entre 130 y 134 respaldos. Este número se compone de los 95 legisladores propios y aliados del PRO, el MID y la UCR, a los que se sumarían nueve integrantes de Innovación Federal y representantes de provincias mineras.

Incluso dentro de Unión por la Patria se prevén fugas. Un diputado libertario que sigue de cerca el punteo detalló la estrategia sobre los legisladores de San Juan y Catamarca:

Teniendo en cuenta lo sucedido en el Senado, creemos que sumamos a Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca.

El acompañamiento de estos tres diputados se fundamenta en que los exgobernadores de sus provincias votaron a favor de la reforma en la Cámara Alta. Mientras tanto, el clima en las afueras del Congreso será de alta tensión. Organizaciones ambientalistas convocaron a una movilización nacional que confluirá en la zona a las 17. En paralelo, sectores de jubilados y la UTT realizarán protestas y un verdurazo desde el mediodía.

En el recinto, la oposición también intentará avanzar con un pedido de interpelación al jefe de gabinete, Manuel Adorni, para que brinde explicaciones sobre su patrimonio. La clave para este planteo reside en la postura del PRO, cuyos 12 diputados definirán si acompañan el emplazamiento a las comisiones presididas por el oficialismo. Desde los bloques que impulsan la medida, esperan que algunos representantes no actúen como "republicanos intermitentes" y permitan dar la discusión parlamentaria.

El titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, presentó en las últimas horas dos proyectos de ley para mejorar el abordaje del síndrome de Down en la provincia de Buenos Aires y garantizar el acceso a la salud, a la educación inclusiva y al trabajo.

Las iniciativas, que contaron con el acompañamiento de la mayoría de los bloques que integran la Cámara de Diputados, abordan dimensiones complementarias de una misma problemática. Según precisó Garciarena, se trata de herramientas que “se potencian entre sí” para brindar una respuesta integral desde el Estado.

El primer proyecto propone la adhesión a la Ley Nacional 27.716, la cual establece pautas y protocolos destinados a garantizar la contención y el acompañamiento integral de las personas que reciben un diagnóstico prenatal o neonatal de trisomía 21. El articulado plantea que la comunicación médica sea adecuada y con información actualizada. “Se busca que ese momento deje de ser frío, desinformado o en soledad, y pase a ser con acompañamiento, respeto e información clara”, se explicitó

La segunda iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la inclusión social, promoviendo el acceso en condiciones de igualdad a los distintos ámbitos de la vida. El proyecto incorpora políticas públicas vinculadas a la salud, el empleo y la autonomía personal.

“Garantizar el acceso, la permanencia y el desarrollo en los ámbitos educativos, laborales y sociales no solo impacta en la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, sino que también enriquece a la comunidad en su conjunto, fortaleciendo el entramado social y promoviendo una convivencia basada en el respeto y la igualdad”, indicó.

Si bien en el ámbito bonaerense existe legislación sobre discapacidad, como la ley 10.592, aún no hay una norma específica integral sobre síndrome de Down. “La complementariedad de estas iniciativas permite transformar una instancia inicial, como el momento del diagnóstico, en una política pública sostenida que acompañe trayectorias de vida, reduzca desigualdades y promueva una inclusión real”, concluyó el legislador.

Los proyectos llevan la firma de diputados de diversos espacios, como Fuerza Patria, Coalición Cívica, PRO, Unión y Libertad, y el Frente de Izquierda. En paralelo, Garciarena cuestionó la dependencia de los jefes comunales respecto de los niveles superiores de gobierno y defendió la necesidad de la autonomía municipal para que no tengan que mendigar recursos.

El diputado de la Coalición Cívica, Andrés de Leo, volvió a poner en agenda la necesidad de actualizar el marco normativo que rige a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. El legislador presentó un proyecto para crear una comisión Bicameral que tenga como objetivo primordial la redacción de una nueva Ley Orgánica de Municipalidades, en reemplazo del decreto vigente desde 1958.

La iniciativa busca definir con mayor precisión la organización, funciones y límites de los gobiernos locales, abarcando desde la composición del departamento ejecutivo y el Concejo Deliberante hasta la administración económica y las competencias comunales. De Leo ya había logrado la media sanción de esta propuesta en 2020, pero el texto fue archivado en febrero de 2022 al no alcanzar el consenso necesario en la Cámara de Diputados.

Al fundamentar su pedido, el titular de la bancada de Elisa Carrió señaló:

"Desde ese entonces a la actualidad, la realidad municipal ha ido transformándose profundamente. En estos 62 años se modificó el contexto político y legal. Con una reforma constitucional nacional y provincial en 1994, las demandas y necesidades ciudadanas obligó a ir redefiniendo y ampliando las competencias y funciones de los Gobiernos municipales que no están contempladas en el ya anticuado decreto de 1958"

La comisión estaría integrada por 14 legisladores, divididos en siete diputados y siete senadores, designados por las autoridades de cada cámara respetando la representación política de los bloques. El cuerpo tendría un plazo de un año para unificar la normativa dispersa y promover el cumplimiento efectivo de la autonomía municipal.

Respecto a la situación actual, el legislador advirtió:

"La realidad imperante es que, como herramienta para acercar una norma tan desactualizada a la realidad, se recurre sistemáticamente a modificaciones, quitas y reemplazos, mediante un sinfín de modificaciones. Generando así una dispersión normativa poco amigable a la práctica"

El reclamo por una mayor independencia para los jefes comunales no es exclusivo de la Coalición Cívica. Recientemente, el radicalismo liderado por el senador Maximiliano Abad también impulsó proyectos de reforma constitucional para modificar diversos artículos del régimen municipal, con el fin de garantizar la práctica de la autonomía en áreas críticas como seguridad, educación y salud.

La decisión de encumbrar a la legisladora libertaria surgió de la propia cúpula del Gobierno, y cuenta con la venia del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Con la designación de Lemoine en Juicio Político normalizará una comisión que cuyo funcionamiento estuvo paralizado y desvirtuado desde la fallida designación de autoridades en abril del 2024.

Sin aval interno suficiente, la entonces diputada nacional de La Libertad Avanza Marcela Pagano había conseguido los votos necesarios para su designación como presidenta de la comisión, pero Menem recibió una contraorden de Karina Milei e intentó frenar el nombramiento a último momento anulando la convocatoria a la reunión constitutiva.

La comisión quedó en un limbo administrativo, sin resolución: mientras Menem impulsaba a Bertie Benegas Lynch para el cargo, Pagano insistía contra viento y marea en que ella había sido ungida legítimamente y acusó al riojano de boicotear y violar el reglamento.

Su perseverancia le costó su permanencia en La Libertad Avanza, donde la convivencia se volvió insostenible, especialmente por la relación rota con Menem.

Antes de romper con La Libertad Avanza, proceso que se postergó varios meses, Pagano ya se había convertido en el blanco predilecto de su archi enemiga interna, Lilia Lemoine, con quien protagonizó cruces despiadados en redes sociales y también en el recinto de la Cámara de Diputados.

La elección de la rubia libertaria para presidir Juicio Político, en consecuencia, cobra un sentido adicional y le agrega morbo a la historia, ya que viene a ocupar el rol que Pagano reclamó para sí misma durante casi dos años.

Durante todo ese tiempo, a causa de la vacancia de autoridades en Juicio Político, la comisión estuvo congelada y esa situación le sirvió al oficialismo para prevenir eventuales daños, ya que dejó a la oposición sin el único vehículo disponible para iniciar el jury de enjuiciamiento a Milei en el Congreso.

Eran tiempos en que la oposición estaba más sólida y podía hipotéticamente reunir mayorías para sentar al presidente en el banquillo, aunque posteriormente no tuviera las dos terceras partes de cada una de las cámaras para removerlo del cargo.

Ahora, con el oficialismo pisando más fuerte en los dos cuerpos del Congreso y la conducción de la comisión a cargo de una incondicional, se reducen al mínimo los riesgos.

De todos modos, a la oposición le quedará como último recurso la herramienta de los emplazamientos en el recinto, un instrumento que utilizó hasta el cansancio el año pasado.

El patrocinio de la Casa Rosada a Lemoine para que ocupe la presidencia de Juicio Político ocurre en paralelo al impulso a Sebastián Pareja para que encabece la comisión Bicameral de Inteligencia. NA

Se trata de un lugar que el propio presidente de Diputados, Martín Menem, le había ofrecido a Cristian Ritondo a fines de febrero, con el actual ministro de Interior, Diego Santilli, como testigo de esa negociación.

En el PRO están en llamas porque consideran que, de consumarse el plan de la hermana del Presidente, se estará rompiendo la palabra, una vez más.

Así lo dejaron ver altas fuentes del partido amarillo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

La relación entre la devaluada fuerza amarilla y el oficialismo no atraviesa el mejor momento, luego de que La Libertad Avanza le escamoteara cerca de una decena de legisladores nacionales electos por el PRO que saltaron la tranquera y se pasaron al bando libertario.

Además, en el reparto de presidencias en comisiones el PRO tampoco se vio favorecido y quedó afuera de la conducción de comisiones que pretendía como Transportes e Industria.

Sin embargo, estos desplazamientos son heridas menores en comparación con la probable “traición” a Ritondo, uno de los principales aliados con los que contó el oficialismo en los dos primeros años del gobierno de Milei.

“Las comisiones las negoció con Martín Menem y ahí acordaron que Inteligencia iba para el PRO, con la presencia de Diego Santilli. Fue a fines de febrero, en vísperas a la apertura de sesiones ordinarias, cuando se empezaron a negociar las comisiones”, indicaron desde el PRO.

Para apuntalar su postura, en el PRO le tiran la pelota a Santilli, quien se encuentra en un lugar incómodo porque, en los papeles, sigue perteneciendo al partido fundado por Macri pero su sistema de lealtades se reconfiguró por completo desde que fue ungido ministro de Interior.

En el entorno de Ritondo señalan que Santilli, ex diputado nacional del PRO, estuvo presente cuando Menem le ofreció la bicameral de Inteligencia al jefe del bloque amarillo, y buscan presionar al actual funcionario para que corrobore esa versión, o al menos ponerlo en un brete.

Más allá de que se haya utilizado a Ritondo como fusible, el conflicto remite a la interminable interna entre Karina Milei y Santiago Caputo.

El jefe del bloque del PRO cultiva una relación fluida con el asesor sin cargo, que controla la SIDE, y la hermana busca hacerse del control de la unidad legislativa encargada de controlar el órgano de Inteligencia como una manera de hacerle sombra y establecer una marca personal sobre Caputo.

Mientras el PRO se rasga las vestiduras frente a un nuevo desprecio, Pareja se siente listo para la próxima misión, en caso de que se confirme el llamado.

“Siempre se habla de posibilidades y Sebastián dice siempre que él va a estar donde Martín, ‘Lule’, Karina y Javier le pidan”, subrayaron fuentes cercanas al diputado bonaerense a la Agencia Noticias Argentinas.

“Estamos ante la mayor inscripción en una audiencia pública de la historia del Congreso. Ante la restricción que impone el oficialismo para participar de la audiencia a la que se inscribieron más de CIEN MIL ciudadanos, es necesario convocar al pueblo de la nación para que decida sobre la protección del agua en los glaciares. Y la herramienta es la consulta popular vinculante”, explicó el legislador massista.

La pregunta que se propone acercar a la ciudadanía es la siguiente: “¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”.

La iniciativa en el marco del desarrollo de una audiencia en la Cámara de Diputados que ha suscitado una participación sin precedentes, con la inscripción de más de 100 mil personas para disertar en el debate.

El proyecto subraya en sus fundamentos que “los glaciares y ambientes periglaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la preservación de los ecosistemas, y que las decisiones adoptadas sobre estos recursos tienen impacto federal, dado que muchas cuencas hidrográficas atraviesan varias provincias”.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Caren Tepp, Cecilia Moreau, Martín Aveiro, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Sabrina Selva, Agustín Rossi, Jimena López, Ramiro Gutiérrez, Carlos Castagneto, Ana María Ianni, Pablo Todero y Agustina Propato.

La Cámara de Diputados realizó una tensa primera audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares con duros discursos contra la minería, con excepción del ministro de Producción de San Juan, que defendió la iniciativa sancionada por el Senado.

La audiencia comenzó a las 10 bajo la conducción de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

La reunión pública se efectuaba en medio de una fuerte tensión en donde, por tramos, hubo protestas de algunos de oradores y de diputados opositores, dado que los expositores a favor de la minería son abucheados y se los interrumpe.

“Fuera la minería, fuera la minería”, gritaron los oradores que esperan sentados en la sala del Anexo C.

A lo largo de la jornada la mayoría de los expositores se quejaron de que se haya limitado a 200 oradores provinciales.

El proyecto que se discute ya fue sancionado por el Senado y busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales. NA

Diputados opositores solicitaron ayer una extensión de las audiencias para debatir el proyecto de ley de reforma de la ley de Glaciares debido a que hasta la fecha ya se habían anotado 18.000 personas para exponer en las audiencias públicas que se realizarán el próximo miércoles 25 y el jueves 26.

El pedido fue realizado por los legisladores de Provincias Unidas Maximiliano Ferraro y María Ines Zigarán, y de Unión por la Patria (UxP) Sabrina Selva, cuyos bloques presionaron para realizar esta audiencias y escuchar a las organizaciones y ciudadanos que se oponen a la reforma que el Gobierno acordó con mandatarios provinciales aliados.

La solicitud está plasmada en una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc.

Los legisladores piden extender las audiencias públicas previstas para el miércoles 25 y jueves 26 a fin de “a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú (aprobado por Ley nº 27.566)”.

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo, es importante que las autoridades provean mecanismos adecuados de participación ciudadana”, señalaron los legisladores opositores.

Agregaron que el artículo 7 del Acuerdo de Escazú “establece que el Estado debe garantizar mecanismos de participación pública abiertos, inclusivos y efectivos en los procesos de toma de decisiones ambientales”.

Los legisladores recordaron que durante el debate legislativo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de Argentina, en 2018, la Cámara de Diputados concretó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron 5 audiencias adicionales en el Senado con cerca de un centenar de oradores”

Destacaron que “este antecedente demuestra que el propio Congreso ha garantizado históricamente instancias de deliberación pública amplias y prolongadas, incluso antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, cuyos estándares hoy obligan a asegurar mecanismos de participación pública efectivos en asuntos ambientales”. (NA).