El presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión que se llevará a cabo el próximo lunes en la Casa Rosada. El encuentro tiene como finalidad principal organizar la estrategia legislativa ante el tratamiento de normativas clave para el Poder Ejecutivo.

La jornada, que tendrá lugar en el Salón Héroes de Malvinas, servirá como antesala a la presentación del Presupuesto, prevista para el 15 de septiembre en la Cámara de Diputados. En dicha instancia, el oficialismo también ingresará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Según trascendió, se espera la asistencia del viceministro de Economía, José Luis Daza, mientras que desde el entorno presidencial descartan la presencia de Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Sobre la dinámica del encuentro, un legislador señaló:

“La idea es que nos dé una charla conceptual sobre economía. Estilo similar a las últimas”.

Además, se confirmó la participación de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el segundo del área, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Tras la reunión, se programó una cena en un local partidario del barrio porteño de San Telmo.

Por otra parte, el 15 de septiembre, la Cámara de Senadores iniciará la discusión por la reforma electoral en comisión, bajo las instrucciones de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

La oposición consiguió este miércoles su primera victoria parlamentaria de peso del año en la Cámara de Diputados, al reunir el quórum necesario y avanzar con un cronograma para debatir proyectos vinculados al endeudamiento de las familias y la continuidad de la emergencia en discapacidad.

La jugada se concretó a partir de un acuerdo entre el peronismo, la izquierda y distintas fuerzas provinciales, que consiguió sentar a 135 diputados. Ante ese escenario, el oficialismo de La Libertad Avanza terminó bajando al recinto y acompañó la votación.

De esta manera, se estableció que el miércoles próximo las comisiones deberán tratar un proyecto para extender durante un año la emergencia en discapacidad, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre. Además, el 23 de septiembre se analizará un paquete de alrededor de 50 iniciativas relacionadas con el endeudamiento familiar.

El emplazamiento obliga a las comisiones correspondientes a abordar los proyectos y avanzar hacia la emisión de dictámenes. Sin embargo, el resultado de este miércoles no garantiza que la oposición consiga imponer el contenido de las futuras leyes.

En el caso del endeudamiento, el debate deberá pasar por las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, donde el oficialismo cuenta con una posición favorable y podría intentar impulsar una propuesta propia antes de que el tema llegue nuevamente al recinto.

Entre las iniciativas presentadas por distintos espacios opositores aparecen planes de refinanciación, quitas de intereses, límites a las tasas y mayores controles sobre bancos y empresas fintech. También se plantean regulaciones sobre las prácticas de cobranza, medidas para evitar el hostigamiento de los deudores y mecanismos para proteger las cuentas sueldo frente a embargos.

Desde La Libertad Avanza adelantaron que buscarán elaborar una alternativa propia. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, han sostenido que el endeudamiento constituye principalmente una relación entre privados y rechazaron una intervención estatal mediante límites a las tasas.

La oposición, en cambio, plantea la necesidad de brindar “alivio” a más de seis millones de familias que se encuentran en mora, mientras que el oficialismo propone abordar la problemática principalmente mediante herramientas de educación financiera.

Una victoria política para la oposición

Más allá del futuro de cada iniciativa, la votación significó un revés político para el oficialismo, que hasta el momento había conseguido mantener un fuerte control sobre la agenda de la Cámara conducida por Martín Menem.

La conformación del quórum también dejó en evidencia el acercamiento a la oposición de sectores vinculados a gobernadores que en anteriores votaciones habían acompañado al Gobierno nacional, entre ellos Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Rolando Figueroa, de Neuquén.

La decisión de La Libertad Avanza de acompañar finalmente los emplazamientos también generó diferencias con espacios que inicialmente habían respaldado el rechazo, como PRO y la UCR. Mientras el partido amarillo no realizó manifestaciones públicas, desde el radicalismo expresaron malestar por la estrategia oficialista.

Desde la oposición celebraron el resultado. “Esto coloca al Congreso detrás de un tema trascendental. La semana pasada los 133 que planteábamos este tema no estábamos equivocados”, sostuvo Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas y uno de los impulsores de la sesión especial.

El presidente de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Juan Osaba, elevó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir que los municipios cobren por la emisión de los certificados de deuda que resultan exigibles en las operaciones inmobiliarias. La iniciativa busca establecer la gratuidad de estos documentos al momento de realizar transferencias o constituir derechos reales sobre inmuebles en la provincia de Buenos Aires.

Sobre los fundamentos de la medida, el legislador explicó: “No se busca eliminar el control ni la percepción de las obligaciones tributarias municipales, sino procurar reducir los costos de escrituración, simplificar trámites y favorecer la regularización dominial, estableciendo un criterio uniforme”.

En detalle, el proyecto ingresado a la Cámara baja propone modificar la Ley Provincial 14.351 para impedir que los gobiernos municipales perciban tasas, derechos, aranceles, sellados u otros conceptos por la solicitud, tramitación, emisión o entrega de dichas certificaciones. Actualmente, este documento es fundamental para constatar las obligaciones que pesan sobre una propiedad antes de concretar cualquier operación.

Al respecto, Juan Osaba cuestionó el funcionamiento actual del sistema: “El Estado te cobra para darte una información que ya tiene”. El planteo sostiene que la administración municipal ya dispone de la información necesaria para determinar si un inmueble registra deudas, por lo que el cobro resulta innecesario.

La propuesta, que cuenta con el respaldo de 11 diputados de La Libertad Avanza, busca derogar las disposiciones locales que establezcan el cobro de tasas, aranceles y sellados por el pago de derechos y contribuciones que graven los bienes inmobiliarios. 

Finalmente, el texto parlamentario establece que las municipalidades deberán adecuar sus ordenanzas fiscales, tarifarias, sistemas administrativos y plataformas digitales dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma.

Según pudo indagar la Agencia Noticias Argentinas, la totalidad de los 18 integrantes de Provincias Unidas bajaría al recinto para dar luz verde a la sesión en la que está previsto que a partir del mediodía se voten los emplazamientos a las comisiones que trabajarán los proyectos de prórroga de la emergencia en Discapacidad y de combate a la morosidad familiar.

También confirmaron presencia los ocho diputados de Argentina Federal, los tres de Elijo Catamarca y hasta Eduardo Falcone del MID.

Si a la cuenta se le agregan los 93 de Unión por la Patria, los cuatro del Frente de Izquierda y monobloquistas como Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández, el quórum (un piso de 129 diputados para iniciar la sesión) es prácticamente un hecho.

El oficialismo, que la semana pasada se había esperanzado con desbaratar la sesión con una estrategia audaz, sólo puede aferrarse a su socio del PRO y prenderle una vela a otros diputados en duda para el miércoles como los seis radicales (que están repensando su postura), los tucumanos de Independencia y los sanjuaninos de Producción y Trabajo.

Hasta el fin de semana, la oposición venía cortando clavos y llegaba muy ajustado con la cuenta, pero el lunes empezaron a sonar los teléfonos con las confirmaciones y una vez que estaba claro que las voluntades iban a superar las 129, se desencadenó un efecto dominó.

Aquellos que acostumbran a especular hasta el final, al notar que la oposición ya tiene aparentemente el número para sesionar, no quieren quedar “escrachados” como aquellos que le dan la espalda a discapacitados y endeudados.

De confirmarse estos movimientos, a la oposición le alcanzará para repetir e incluso mejorar la gesta de los 133 votos que había conseguido en la votación del 26 de agosto pasado, cuando el resultado no tuvo efectos prácticos por cuestiones reglamentarias.

El problema que se le presentaba a la oposición, más allá de la prueba del quórum, tiene que ver con definir los emplazamientos de comisiones, ya que los proyectos son abundantes y los giros que recibió cada uno son bastante azarosos.

En el caso de la emergencia en Discapacidad, de todos modos, el debate ya tiene una historia previa y no se buscará innovar: se buscará emplazar a las comisiones de Discapacidad (cabecera), Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda.

En cuanto a los proyectos sobre endeudamiento familiar, el asunto es más complejo no solo porque la dispersión de giros y la variedad de proyectos es mayor sino además porque no existe un derrotero previo que sirva como antecedente para sugerir un esquema de comisiones determinado.

De todos modos, es una certeza que la comisión de Finanzas será cabecera del debate y que también intervendría la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el kicillofista Hugo Yasky (Unión por la Patria), y Presupuesto y Hacienda.

Una vez emplazadas las comisiones empezará un arduo trabajo para unificar la multiplicidad de iniciativas: en el caso de endeudamiento familiar, solamente tomando a Unión por la Patria existen 18 expedientes diferentes. NA

La Justicia de Río Negro autorizó un nuevo embargo preventivo por un monto de 29.970 dólares contra la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. La resolución fue dictada por el juez Cristian Tau Anzoátegui, a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la III Circunscripción Judicial, ante la demanda de un particular de Bariloche por supuestos incumplimientos en el desarrollo inmobiliario Tajamar, situado en la villa balnearia de Las Grutas.

Al tratarse de una medida cautelar en el fuero civil, la disposición posee un carácter preventivo para resguardar un eventual resultado del juicio. Por lo tanto, no representa una definición de fondo sobre el reclamo ni constituye una condena. Este fallo se suma a una serie de causas que enfrenta la parlamentaria por la comercialización de terrenos, las cuales incluyen demandas civiles y denuncias penales por dificultades en la escrituración, entrega de lotes y provisión de infraestructura.

Anteriormente, Lorena Villaverde ya había sido objeto de otras medidas similares. En diciembre de 2025, el juez civil de Bariloche, Santiago Morán, dispuso el embargo de su dieta parlamentaria y aguinaldo por un monto cercano a los 40.500.000 pesos. Asimismo, en marzo de 2026 se registró otro embargo preventivo superior a los 31.000.000 de pesos, sumado a otros dictados en 2025 próximos a los 50.000.000 de pesos.

Tras conocerse la medida, la legisladora manifestó su sorpresa y aseguró que no fue notificada oficialmente. “Vuelvo a enterarme primero por los medios”, criticó, calificando el accionar como obsesivo y obsceno. 

Villaverde sostuvo que se trata de un proceso civil en trámite y enfatizó: “No existe ninguna sentencia ni condena en mi contra”.

La empresaria defendió su trayectoria de 15 años en el sector inmobiliario y atribuyó las acciones judiciales a una campaña de escarnio mediático, político y violencia institucional. Sobre el proyecto en Las Grutas, concluyó:

Yo, como propietaria de todas esas tierras, me presenté, armé un proyecto, le resolví una cuestión habitacional a muchísima gente y las obras están en marcha y se están terminando.

La iniciativa recogió 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones, y será girada al Senado.

El proyecto busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.

A modo de pisar la emisión monetaria, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, quien aseguró que esta reforma busca que el Banco Central “no sea saqueado, no se convierta en una herramienta de hacer política” y para que “volvamos a tener un peso fuerte para que nuestro país, de una vez por todas, avance, y que los argentinos vuelvan a recuperar la capacidad de ahorrar, de progresar, de planificar a largo plazo y de vivir la vida que tienen”.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Itai Hagman, aseguró que con esta reforma se busca “blindar una política cuyos resultados no fueron los que el gobierno esperaba”, y dijo que con esta modificación “se garantizan que esas tasas de interés usurarias permitan que algunos especuladores sigan abusándose”.

“Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para evitar que se sigan cerrando empresas en el país”, agregó.

El diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto afirmó que “nunca estuve de acuerdo con un criterio de rigidez porque pienso que, en primer lugar, antes que la economía, está la política, y el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Poder Ejecutivo Nacional pensando fundamentalmente en el crecimiento y en el desarrollo”

El diputado de la UCR Guillermo Agüero dijo al defender el proyecto que esta reforma busca” dotar al Banco Central de independencia, de atribuirle un mandato único y de prohibir los financiamientos al Tesoro vía adelantos transitorios o transferencias vinculadas con utilidades ficticias relativas a diferencias en el valor de los tipos de cambio o las reservas internacionales utilizadas para pago de deuda contra letras intransferibles, que no hicieron más que generar un enorme deterioro en nuestra moneda”

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo que “estamos frente a una reforma de una envergadura significativa, no tanto por virtud propia del actual Gobierno sino por el contraste y la comparación de lo que han sido los últimos 20 años en la Argentina”. NA

El presidente Javier Milei celebró que la Cámara de Diputados haya sancionado la reforma a la carta orgánica del Banco Central.

Con un corto mensaje en X, el jefe de Estado agradeció la predisposición de los legisladores aliados y pidió que el Senado acompañe la iniciativa.

“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien…!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”, escribió el economista en la red social predilecta. Milei siempre expresó que el texto tenía prioridad en la agenda parlamentaria libertaria para ser sancionado. NA

Luego de un receso de más de dos meses, la Cámara de Diputados volverá a sesionar el próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía. El oficialismo llega a la jornada con expectativas favorables para avanzar en una agenda legislativa que incluye reformas estructurales, como las modificaciones al Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal y la adhesión al sistema internacional de patentes.

Fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados señalaron que se espera una jornada extensa debido a la amplitud del temario. Al respecto, indicaron:

“Será una sesión muy larga”.

Además de los proyectos impulsados por el Gobierno, el debate incluirá la reducción del IVA a la fécula de mandioca, solicitado por la provincia de Misiones, y una serie de expedientes de carácter simbólico. Esta apertura en la agenda es vista como un gesto del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, hacia los bloques aliados.

En cuanto a la reforma del Banco Central, el proyecto busca establecer la emisión cero como principio innegociable. La iniciativa propone eliminar la multiplicidad de objetivos de la entidad, dejando como mandato único la preservación del valor de la moneda. El texto argumenta:

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero”.

Por otro lado, la modificación a la ley de Inocencia Fiscal permitirá que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, eliminando los topes previos de ingresos y patrimonio. Asimismo, se acordó una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, el tratamiento de la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) contempla una reserva en el capítulo II, permitiendo que el país mantenga el control local sobre la evaluación técnica y el patentamiento de medicamentos para evitar un impacto negativo en los costos del sistema de salud.

Las declaraciones de testigos en la causa que involucra al exdiputado Facundo Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género, continuaron este martes con los testimonios de los efectivos policiales que acompañaron a Candela Arizaga durante las primeras horas del episodio.

El pasado 18 de agosto fueron citados el inspector Matías Ríos, de la Policía de la Ciudad; la agente Estefanía Verón, quien acompañó a la joven en su traslado al Hospital Pirovano; y Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad, encargada de entrevistar a la víctima durante su internación. Sobre estas testimoniales, se consignó:

“Ya declararon los tres”.

La etapa de instrucción, que busca obtener toda la información posible para definir el futuro de la pesquisa contra el sindicalista, ya contó la semana pasada con la declaración de dos empleados de seguridad del edificio ViewPoint, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano, donde tuvieron lugar los hechos. También se presentó ante la Justicia el vecino que realizó el llamado al 911 en la madrugada del 4 de agosto.

Para las jornadas del 19 y 20 de agosto, se aguardan nuevas testimoniales de relevancia, entre ellas las de profesionales médicas y la empleada doméstica del ex diputado. El cronograma de declaraciones finalizará el 31 de agosto con los familiares de la influencer. Cabe destacar que, hasta el momento, tanto Facundo Moyano como Candela Arizaga sostienen que no existió ningún escenario de violencia.

La investigación contra el exdiputado Facundo Moyano, iniciada tras un episodio ocurrido hace más de una semana con Candela Arizaga, avanza con la citación de 14 testigos por parte de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires. La causa, que se tramita por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, entra ahora en una etapa clave con la toma de declaraciones.

La ronda de testimonios comienza este jueves 13 de agosto con la presentación de tres personas. Se trata de Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada, ambos empleados de seguridad del edificio ViewPoint, ubicado en la avenida del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano, donde tuvieron lugar los hechos. Junto a ellos, deberá comparecer Nelson David Maza, un vecino que realizó una llamada al 911 en la madrugada del martes 4 de agosto.

El cronograma de la fiscalía continuará el martes 18 de agosto con el inspector Matías Ríos, de la Policía de la Ciudad; Estefanía Verón, la agente que trasladó a la víctima al Hospital Pirovano; y Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género de la misma fuerza, quien entrevistó a la joven durante su internación.

Para el miércoles 19 de agosto fueron convocadas Roció Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la víctima en el lugar, y Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien elaboró el informe del imputado al momento de su detención. Al día siguiente, el jueves 20 de agosto, declararán Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano; Miriam Josefina Garcia, empleada doméstica del imputado; y Sol Estrada Hildebrandt, amiga de la víctima y testigo de contexto.

Finalmente, el lunes 31 de agosto está prevista la declaración de Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima, respectivamente.

En total el oficialismo cosechó 42 firmas, incluyendo al PRO, UCR y partidos provinciales, dejando la iniciativa lista para ser votada en el recinto en la próxima sesión (prevista para el 26 de agosto).

La iniciativa, definida por el propio presidente Javier Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar a nivel normativo lo que considera una batalla cultural ganada: que está mal imprimir moneda sin respaldo y que la emisión cero es un principio innegociable.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo, endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Al inicio del plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto, desde Unión por la Patria pusieron el grito en el cielo por la “provocación” que para ellos suponía la invitación exclusiva de economistas alineados al Gobierno de Javier Milei, y más aún que los discursos hayan sido más proclamas políticas que exposiciones técnicas.

El presidente de Finanzas, Santiago Pauli (La Libertad Avanza) dijo que en reiteradas ocasiones había intentado comunicarse con el jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, para comentarle sobre la dinámica de la reunión y si desde el peronismo iban a sugerir otros invitados.

Su par de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, trató de minimizar la controversia al señalar que las disertaciones de los economistas de derecha liberal solamente pretendían ser un “disparador del debate”.

Indignados con las explicaciones, los representantes de Unión por la Patria firmaron un dictamen de rechazo al proyecto y se retiraron de la sala en el Anexo C de la Cámara baja.

El discurso más ofensivo de la tanda de expositores invitados fue el de Miguel Boggiano, quien responsabilizó por la herencia inflacionaria a los gobiernos anteriores, incluido el de Mauricio Macri.

El mediático economista acusó a los “distintos gobiernos” de “destruir por completo” el “valor” la “moneda”,

Boggiano leyó el número de inflación acumulada por las distintas administraciones, y sostuvo que el guarismo “refleja como distintos gobiernos utilizaron al Banco Central para estafar sistemáticamente a la sociedad hasta destruir el valor de su moneda nacional”.

El discurso del orador posterior no ayudó en descomprimir los ánimos heridos.

El economista Ramiro Castañeira metió el dedo en la llaga cuando habló del “saqueo” que hizo el Banco Central a lo largo de las dos últimas décadas, y recordó que las reservas de la entidad monetaria “llegaron a terreno negativo”.

“Eso solo se permite por la actual Carta Orgánica. Con la reforma que se propone, eso no se va a permitir. Brasil no lo permite porque tiene una carta orgánica similar a la que se está proponiendo”, destacó.

En medio de murmullos generalizados, desde el PRO, la UCR y el MID se sintieron destratrados por el reparto de culpas en la ponencia del mediático economista, a tal punto que la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, y más tarde el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, tuvieron que salir a pedir disculpas a los tres partidos aliados para calmar las aguas.

“Trajeron a dos pelot… fanáticos que ponen en riesgo la firma del dictamen por el BCRA”, tuiteó con furia -en medio de la reunión del plenario de comisiones- el diputado nacional del MID Eduardo Falcone.

Los siguientes oradores invitados bajaron el nivel de beligerancia en sus apreciaciones. NA

La diputada de Fuerza Patria, Sofía Vannelli, presentó un proyecto de ley con el objetivo de crear la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un organismo descentralizado que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Economía y Hacienda, con la finalidad de agrupar la información, administración y control de los inmuebles y muebles registrables que integran el patrimonio provincial.

La iniciativa contempla la creación de un Registro de Bienes del Estado, una base de datos que concentraría información sobre la existencia, ubicación, condiciones de uso y destino de las propiedades. Para ello, las distintas jurisdicciones y entidades deberán informar los inmuebles que tengan bajo su órbita, incluyendo el personal afectado a los mismos.

“Existe una dispersión de inmuebles en distintas jurisdicciones del Estado Provincial que imposibilita su disposición y administración integral por el Poder Ejecutivo, por lo que veo necesario contar con una herramienta de administración de los mismos que posibilite disponer de los mismos de manera ágil y dinámica para la formulación de los diversos planes, programas y proyectos difundidos por sus diversas jurisdicciones”, declaró Vannelli.

Según explicó la legisladora en los fundamentos del proyecto, la medida busca contribuir a una mejor administración, inventario y defensa de los bienes públicos. La diputada del Frente Renovador advirtió sobre la problemática actual: “La dispersión de la información de las edificaciones existentes contribuye a que los mismos sean mal administrados, usurpados, desviados de sus fines o simplemente ignorados”.

Entre sus funciones, la agencia tendría la potestad de intervenir en operaciones de adquisición, enajenación, locación y transferencia de uso. Además, el organismo contaría con un Servicio de Auditoría de Inmuebles para verificar el estado de mantenimiento y ocupación de los edificios. El proyecto también prevé la racionalización de espacios físicos y la posibilidad de conceder inmuebles en uso precario y gratuito a organismos públicos o instituciones privadas para actividades de interés general.

En cuanto al aspecto económico, la propuesta establece que los ingresos obtenidos por la gestión de estos bienes se repartirían en un 70% para la jurisdicción que tenga la custodia efectiva y un 30% para el Tesoro provincial. Asimismo, cuando se realicen convenios urbanísticos con municipios, los fondos obtenidos podrán destinarse a obras de infraestructura como urbanización, construcción de viviendas, escuelas y hospitales.

La diputada bonaerense del PRO, María Sotolano, presentó en las últimas horas un proyecto de ley con el objetivo de crear la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca establecer un organismo independiente y especializado en la promoción, protección, defensa y monitoreo de los derechos de las infancias y adolescencias.

De acuerdo con el articulado propuesto, la Defensoría tendrá por objeto velar por el “efectivo respeto, protección y garantía” de los derechos reconocidos a los menores por la Constitución Nacional, la Constitución bonaerense, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como por las leyes nacionales, provinciales y los tratados internacionales en la materia.

En los fundamentos del expediente, la legisladora argumentó la necesidad de esta nueva estructura estatal. “La ausencia de un organismo de estas características constituye una vacancia institucional cuya cobertura permitirá fortalecer el cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por el Estado provincial en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”, reforzó la referente opositora.

El proyecto establece que el organismo actuará con independencia de criterio, sin estar sujeto a ninguna autoridad provincial o municipal. No obstante, la normativa aclara que su actuación no sustituirá las competencias de los organismos administrativos, judiciales o del Ministerio Público. La Defensoría estará integrada por un defensor titular y dos defensores adjuntos, quienes serán seleccionados mediante un procedimiento específico.

Para la organización y supervisión, se propone la creación de una Comisión Bicameral Permanente, conformada por cinco diputados y cinco senadores. Este cuerpo tendrá a su cargo la convocatoria a un Concurso Público de Oposición y Antecedentes, garantizando principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana.

La designación final de los cargos requerirá el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de los miembros de cada recinto. Entre los requisitos para acceder al puesto, se exige ser ciudadano argentino, tener al menos 30 años, acreditar residencia efectiva en la provincia de Buenos Aires durante los cinco años anteriores a la convocatoria y poseer título universitario de grado.

Sobre las funciones principales, la entidad deberá supervisar las políticas públicas y podrá actuar de oficio ante actos que vulneren derechos. “La actuación de la Defensoría se regirá por los principios de interés superior del niño, autonomía progresiva, participación, igualdad y no discriminación, acceso a la justicia, perspectiva de género, inclusión, transparencia y protección integral de derechos”, detalló Sotolano.

Un aspecto relevante del proyecto es que los menores de edad podrán acudir directamente a la Defensoría para realizar consultas o denuncias sin necesidad de intermediación de adultos. Finalmente, la diputada destacó que la creación de este sistema permitirá “la posibilidad de constituir observatorios temáticos especializados y la facultad de elaborar protocolos de actuación y estándares técnicos”, lo cual favorecerá la adopción de políticas públicas basadas en evidencia.

“La efectividad de los derechos humanos no depende exclusivamente de su reconocimiento normativo, sino también de la existencia de instituciones independientes, especializadas y técnicamente sólidas que aseguren su protección cotidiana”, concluyó la legisladora.

La Cámara de Diputados tendrá como principal tema de su agenda en los primeros días de agosto el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno, con el objetivo de que se que sumen contribuyentes para incorporar los dólares que están fuera del sistema financiero.

Tras las vacaciones de invierno, la Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO; Innovación Federal y otros bloques provinciales para que respalden esa iniciativa, como lo hicieron cuando se aprobó en diciembre.

Esas negociaciones las encararán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los presidentes de las comisiones de Presupuesto, y de Legislación Penal, que conducen Bertie Benegas Lynch y Laura Rodriguez Machado.

El oficialismo buscará primero tratar este proyecto entre el oficialismo y los bloques dialoguistas previo al debate de la comisión, dado que sin el apoyo de los aliados la Libertad Avanza no podrá avanzar con la iniciativa de este proyecto.

La Libertad Avanza tiene 95 legisladores, con lo cual necesita 34 para llegar a 129 y así abrir el recinto y sancionar el proyecto.

En ese contexto, el oficialismo necesita el apoyo de los  legisladores de Innovación Federal, de Fuerzas del Cambio,  de Producción y Trabajo,  de La Nequinidad, que tienen en total 36 legisladores.

No descartan tratar de sumar por lo menos 4 de Provincias Unidas que hasta diciembre militaban en el PRO.

Detalles

El proyecto que busca aprobar el Gobierno para lograr el objetivo que tenía la ley sancionada en las sesiones extraordinarias que haya un blanqueo de los dólares “guardados en el colchón” dado que persiste la desconfianza de algunos sectores de incorporarlo en el sistema financiero.

Se estima que aún quedan sin declarar unos 170 mil millones de dólares, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, la LLA va a proponer que todos puedan acceder al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que hasta ahora sólo se permitía a aquéllos que tengan un ingreso anual de mil millones y $10.000 millones en patrimonio.

Otro punto clave que la ley fija es que habrá revisiones de ARCA cuando haya discrepancias de más del 15% entre los ingresos y bienes declarados, pero en el nuevo proyecto ese piso se elevará al 30 %.

Peronismo

Unión por la Patria también quiere discutir cambios en el proyecto pero sólo enfocados a los contribuyentes “políticamente expuestos” para prohibir que los funcionarios públicos y sus familiares se beneficien de este régimen de declaración simplificada.

Estas propuestas surgieron cuando se desató el escándalo por el crecimiento patrimonial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, que utilizó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada.

La iniciativa del diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdes, establece que los funcionarios  de todos los poderes del Estado no podrán utilizar el régimen simplificado de ganancias. (NA).

La Cámara de Diputados tendrá como principal tema de su agenda en los primeros días de agosto el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno. El objetivo central es lograr que más contribuyentes incorporen los dólares que actualmente se encuentran fuera del sistema financiero.

Tras las vacaciones de invierno, el bloque de La Libertad Avanza buscará sellar acuerdos con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales. La intención es repetir el respaldo obtenido en diciembre pasado. Para ello, las negociaciones serán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodriguez Machado.

El oficialismo cuenta con 95 legisladores y requiere alcanzar los 129 para abrir el recinto y sancionar la ley. En este sentido, resulta clave el apoyo de los 36 legisladores que integran Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Nequinidad, además de la posible suma de cuatro integrantes de Provincias Unidas.

Aún quedan sin declarar unos 170 mil millones de dólares. Ante la persistente desconfianza de algunos sectores para ingresar sus ahorros al sistema, el Gobierno propondrá que todos los contribuyentes puedan acceder al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, eliminando los límites actuales de ingresos anuales y patrimonio.

Asimismo, el proyecto contempla elevar del 15 % al 30 % el piso de discrepancia entre ingresos y bienes declarados para que se activen las revisiones de ARCA. Por su parte, Unión por la Patria, a través de una iniciativa del diputado Eduardo Valdes, busca prohibir que los funcionarios públicos y sus familiares utilicen este régimen, tras el escándalo por el crecimiento patrimonial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió este lunes en ley el proyecto que amplía el Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas, incorporando a más de 400 veteranos que hasta ahora no estaban alcanzados por el beneficio.

La iniciativa, impulsada por los senadores oficialistas María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, ya contaba con media sanción desde el año pasado, pero debió volver a ser tratada tras las modificaciones introducidas a partir de los cuestionamientos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim).

La norma busca incluir a aquellos excombatientes que, luego de la guerra de 1982, dejaron las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1985 debido a lesiones u otras causas, pero que no fueron reubicados en cargos estatales y, por ese motivo, habían quedado fuera del régimen previsional especial.

Durante el debate, el diputado Héctor Gay sostuvo que la ley representa una "reparación histórica" para unos 400 ciudadanos que combatieron en Malvinas y posteriormente solicitaron la baja. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de 66 de los 92 legisladores presentes, mientras un grupo de veteranos seguía la sesión desde las tribunas.

Por su parte, el legislador radical Diego Garciarena calificó la votación como "un acto de justicia" que permite ordenar una situación que llevaba años sin resolverse. En tanto, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, remarcó que la causa Malvinas y la defensa de la soberanía nacional constituyen una "lucha permanente" para el peronismo.

La versión original establecía que los beneficiarios debían acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS) para acceder a una jubilación equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la provincia de Buenos Aires, además del cobro del 100% de los subsidios previstos por la Ley 13.659.

Sin embargo, tras las observaciones formuladas por el Cecim, el texto incorporó una serie de restricciones destinadas a evitar que el régimen pudiera beneficiar a personas cuestionadas por su actuación durante la última dictadura o por su desempeño militar.

Entre los nuevos requisitos, quienes soliciten incorporarse al régimen deberán acreditar que su retiro o baja —voluntaria u obligatoria— no obedeció a causas de rebeldía ni a condenas dictadas por tribunales comunes o federales equivalentes a una destitución militar.

Además, la ley establece que no podrán percibir simultáneamente otra prestación previsional otorgada por el Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas y excluye expresamente a quienes hayan sido procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, así como a los militares que hayan incumplido sus deberes durante la Guerra de Malvinas.

El diputado del Frente Renovador, Carlos Puglelli, presentó un proyecto de ley con el objetivo de incorporar armas no letales al equipamiento de la Policía bonaerense. La iniciativa propone una modificación de la Ley 13.482, que regula la composición, funciones, organización, dirección y coordinación de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, estableciendo además que el personal activo deberá recibir una capacitación técnica, psicofísica y formativa obligatoria.

La propuesta incorpora dos nuevos artículos a la legislación vigente. El primero habilita la utilización de armas incapacitantes para cumplir con los objetivos de la fuerza, mientras que el segundo define como armas no letales a todas aquellas cuyo diseño y finalidad sea producir efectos temporales sobre el organismo humano, sin causar lesiones permanentes, sean de índole electrónica o no.

En los fundamentos, el legislador explicó que la iniciativa retoma proyectos anteriores y fue actualizada con aportes técnicos de un informe elaborado en marzo de 2026 por la investigadora Natasa Loizou. Al respecto, el texto señala:

“A partir del análisis efectuado, se arribó a la conclusión de que la referencia exclusiva a ‘armas electrónicas’ resulta insuficiente para abarcar el conjunto de herramientas disponibles en el ámbito de la seguridad pública. En efecto, dicha denominación restringe el alcance del proyecto, dejando fuera otros dispositivos no letales, como aquellos de naturaleza neumática que cumplen funciones análogas en términos de disuasión, inmovilización o neutralización de agresores, con la particularidad que estas aún no están reguladas expresamente en el ordenamiento jurídico”.

El diputado remarcó que la propuesta no invade competencias federales, ya que el Decreto Ley N.° 20.429 contempla el uso permitido de estas herramientas, mientras que las provincias mantienen la facultad de determinar sus propios medios materiales. Asimismo, el proyecto diferencia los dispositivos de contacto directo de los conductores de energía por proyectil, señalando que esta distinción es clave para los derechos humanos y la política criminal.

Sobre la importancia de esta medida, Puglelli concluyó:

“Corresponde señalar que la actualización de la Ley 13.482 y la incorporación de armas no letales a las herramientas de uso de la Policía bonaerense no implica una ampliación irreflexiva del poder coercitivo del Estado, sino una mejora en la arquitectura del uso de la fuerza. Se trata de dotar a la provincia de Buenos Aires de insumos que permitan intervenir con mayor precisión, reducir daños evitables, proteger tanto a los ciudadanos como al personal y fortalecer la legitimidad institucional mediante mecanismos efectivos de control”

Cabe destacar que este debate cuenta con antecedentes legislativos. En marzo de 2026, la senadora María Florencia Arietto, de La Libertad Avanza (LLA), presentó una iniciativa similar, al igual que el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, de Hechos – UCR Identidad, quien en agosto de 2025 reclamó el tratamiento de su propio proyecto. Asimismo, en junio de 2024, los bloques de La Libertad Avanza y el extinto PRO Libertad habían impulsado una propuesta conjunta para autorizar el uso de pistolas Taser, buscando cerrar la brecha entre la persuasión verbal y el uso de armas de fuego.

La diputada bonaerense del bloque de la Coalición Cívica (CC), Romina Braga, presentó en las últimas horas una batería de medidas orientadas a impulsar el desarrollo productivo de las economías regionales de la provincia de Buenos Aires. A través de un proyecto de ley ingresado a la Cámara baja, la legisladora propone tres ejes fundamentales: un mapa interactivo con datos abiertos sobre la producción de cada distrito, la creación de un consejo interministerial y un programa de formación alineado con las necesidades locales.

“El desarrollo local no se construye desde un escritorio, sino entendiendo qué produce cada municipio, qué necesidades tiene, no se puede seguir con recetas genéricas, no todas las regiones producen lo mismo, ni enfrentan los mismos desafíos”, recalcó Braga al fundamentar su iniciativa.

En este sentido, la legisladora propuso la creación del Consejo Interministerial de Formación para el Desarrollo Productivo (CiFDePBA) y el Programa Provincial de Formación para el Arraigo Productivo Local. El objetivo central es generar capacidades técnico-profesionales que se ajusten al perfil productivo de cada municipio.

“El desafío no es solo generar empleo, es vincular la capacitación con la realidad productiva de cada municipio, mientras eso no cambie, los jóvenes se van y las pymes no encuentran personal calificado”, alegó la diputada.

El CiFDePBA estará integrado por representantes del Ministerio de Producción, la Dirección General de Cultura y Educación, organizaciones empresariales, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, y las universidades provinciales o nacionales con sede en la provincia. Entre sus funciones, el órgano deberá fomentar la colaboración entre los municipios, las empresas y las instituciones educativas para diseñar programas de formación continua.

Respecto al Programa Provincial de Formación para el Arraigo Productivo Local, Braga explicó que busca fortalecer las cadenas de valor de las pymes y fomentar la inserción laboral. “Tenemos que promover el arraigo del talento en su comunidad de origen, reduciendo la migración por motivos formativos o laborales y fortaleciendo la oferta de capital humano calificado disponible para las empresas locales”, subrayó.

Como incentivo, las empresas que implementen estos programas podrán acceder a un bono de crédito fiscal de hasta el 100% de los costos directos de la capacitación, aplicable al pago de impuestos provinciales. Asimismo, los trabajadores participantes integrarán una base de datos del Portal de Empleo con una certificación especial.

Finalmente, la propuesta insta a la administración de Axel Kicillof a crear un Mapa de Perfiles Productivos Locales para identificar las actividades predominantes en cada distrito. “Será un insumo prioritario para el diseño de la oferta formativa del Programa”, destacó Braga, quien añadió que el sistema contará con un esquema de monitoreo, informes trimestrales y datos abiertos a la ciudadanía.

Se cayó la sesión de la oposición por Adorni: el operativo boicot del oficialismo funcionó a la perfección

A las 14.31 horas, al haber transcurrido la media hora de yapa que tienen los convocantes para juntar el número, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le bajó el martillo a la sesión: apenas 117 legisladores habían ocupado sus bancas, una docena menos del mínimo requerido.

La clave para desactivar la sesión fue una jugada de ajedrez que se había gestado en las 48 horas previas, y consistió en el acuerdo del oficialismo con las bancadas aliadas para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el martes 30 de este mes a fin de tratar los mismos seis expedientes vinculados al jefe de Gabinete caído en desgracia.

De esta manera, el oficialismo no solamente hizo la sesión y ganó una semana de yapa para “descansar” del tema Adorni, sino que además se garantiza una dinámica de trabajo de comisión con control absoluto de los tiempos, sin obligación de dictaminar en plazos establecidos, pudiendo incluso correr el arco hasta después del Mundial de fútbol y de las vacaciones de invierno.

El objetivo de la oposición de cara a la sesión era emplazar con mayoría simple a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para someterlas a un cronograma urgente, con el mandato de dictaminar en plazos perentorios.

Así las cosas, el oficialismo con la ayuda de aliados logró blindar al jefe de Gabinete de la obligación de asistir al Congreso para dar las explicaciones que viene retaceando por su impactante incremento patrimonial desde que es funcionario público.

Dentro de los 117 diputados presentes, estuvieron la enorme mayoría de Unión por la Patria, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos diputados de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y hasta Karina Banfi, cuya postura de desmarque causó revuelo en el interbloque Fuerzas del Cambio que integra.

Se ausentó llamativamente la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, así como algunos otros diputados que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien había conseguido un adelanto de coparticipación para su provincia.

Tampoco estuvo el diputado de Encuentro Federal por la provincia de Buenos Aires Nicolás Massot, por motivos que se desconocen.

En cambio, no sorprendió la ausencia del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal, que son los bloques con los que La Libertad Avanza había pactado el boicot al quórum.

Ya consumada la caída de la sesión, los diputados opositores que se quedaron presentes iniciaron las expresiones de minoría, y arreciaron las críticas contra los bloques que ayudaron al Gobierno a “proteger” a Adorni.

El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño lamentó que “no alcanzaron las propiedades, no alcanzaron los pendrives, los flippers, las sábanas de 8 millones de pesos, todos los viajes que salieron a la luz para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO, de la UCR, de LLA, Innovación Federal” dieran quórum.

Por su parte, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, recordó que cuando Adorni confesó haber ocultado miles de dólares al fisco el PRO, la UCR y el MID habían sacado sendos comunicados marcando las mentiras y contradicciones del jefe de Gabinete, y considerando que no podía permanecer en el cargo.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola apuntó que “los que no están acá hoy son cómplices del delincuente, porque lo de la citación a comisiones es una maniobra para garantizar la complicidad”.

“Con los 129 del quórum hoy podíamos votar la interpelación y la moción de censura”, reprochó.

Marcela Pagano (Coherencia) destacó que “esta sesión era para levantar la vara moral de este país” y criticó duramente a quienes “en los medios de comunicación se venden como opositores o como defensores de la República” pese a lo cual se ausentaron en el recinto. NA

Con la firma de su secretario parlamentario, Adrián Pagan, se convocó a la Cámara baja para intentar aprobar la creación del Súper RIGI, que amplía los beneficios impositivos del RIGI para lograr “una mayor industrialización de los recursos del país y promover el desarrollo de nuevas cadenas de valor”.

Se trata de un régimen de grandes inversiones con suculentas exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios a mega inversiones en industrias de frontera tecnológica, que alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

El miércoles pasado, en un concurrido plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, la iniciativa recibió 61 firmas, incluyendo las de los aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI tiene un plazo más largo de cinco años y uno extra de prórroga.

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60 por ciento en el primer año (y 20 en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10 por ciento.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7 por ciento, una alícuota que bajará al 3,5 por ciento luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

El otro proyecto importante que será parte del menú de la sesión especial de este miércoles es la autorización del Congreso para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001.

El miércoles pasado, el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, fue despachada en un plenario de las comisiones de Diputados con 42 firmas del oficialismo y bloques aliados.

La iniciativa refrenda los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con Bainbridge ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.

El temario de la sesión incluye asimismo acuerdos bilaterales para evitar doble imposición y evasión fiscal con Francia; un acuerdo sobre con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y acuerdos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino. NA

La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto en la Legislatura provincial con el objetivo de modificar la Ley 10.342. La propuesta busca habilitar a los municipios de la provincia de Buenos Aires a otorgar permisos de uso sobre las banquinas de rutas y caminos provinciales, permitiendo así aprovechar suelos ociosos y generar nuevos recursos para las administraciones comunales.

Actualmente, la normativa vigente permite a los municipios conceder permisos sobre las franjas linderas a las rutas, pero excluye de manera expresa a las banquinas, al considerarlas espacios reservados para la seguridad vial. El proyecto propone incluir a estos terrenos como susceptibles de ser cedidos, siempre que exista una autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense. Además, se contempla la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales para fiscalizar su utilización.

Al respecto, la legisladora señaló que la exclusión actual genera una problemática doble. “Por un lado, el desperdicio de recursos productivos, miles de hectáreas lineales de suelo fértil y apto permanecen en un estado de total abandono, desaprovechamiento y ociosidad. Por otro, la pérdida de chance fiscal, se priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación de tasas, cánones o derechos de ocupación derivados de la explotación regulada de estos espacios de dominio público”, remarcó Rasquetti.

La diputada indicó que estos terrenos podrían destinarse a explotaciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, forestación, parquización o instalación de infraestructura de servicios.

“La ociosidad actual de estas tierras representa una oportunidad perdida. Su puesta en valor permitirá que los municipios administren y perciban de manera directa los recursos derivados de dichos permisos. Esto no solo dinamizará el empleo local en los sectores rurales y semiurbanos, sino que fortalecerá las finanzas municipales en un contexto donde se requiere optimizar la recaudación fiscal autónoma”, sostuvo la líder del Frente Renovador.

Sobre la seguridad vial, Rasquetti aclaró que la propuesta no busca desatender esta prioridad, sino actuar como un sistema de promoción y fiscalización. “Se garantizará mediante dictámenes técnicos precisos qué sectores específicos son aptos para el otorgamiento de permisos, resguardando rigurosamente las zonas de escape, las distancias de frenado y la visibilidad de los conductores en las rutas provinciales”, fundamentó.

Finalmente, la legisladora destacó que los recursos obtenidos deberán destinarse a obras de infraestructura comunitaria, mantenimiento de redes viales internas y políticas de seguridad ciudadana local. 

Cabe recordar que, en mayo de este año, el diputado Alejandro Acerbo presentó una iniciativa similar para otorgar mayor autonomía a los municipios en la administración de estos espacios, proponiendo extender los permisos de uno a tres años y destinar un tercio de los fondos recaudados al mantenimiento de los caminos.