La diputada bonaerense del PRO, María Sotolano, presentó en las últimas horas un proyecto de ley con el objetivo de crear la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca establecer un organismo independiente y especializado en la promoción, protección, defensa y monitoreo de los derechos de las infancias y adolescencias.

De acuerdo con el articulado propuesto, la Defensoría tendrá por objeto velar por el “efectivo respeto, protección y garantía” de los derechos reconocidos a los menores por la Constitución Nacional, la Constitución bonaerense, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como por las leyes nacionales, provinciales y los tratados internacionales en la materia.

En los fundamentos del expediente, la legisladora argumentó la necesidad de esta nueva estructura estatal. “La ausencia de un organismo de estas características constituye una vacancia institucional cuya cobertura permitirá fortalecer el cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por el Estado provincial en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”, reforzó la referente opositora.

El proyecto establece que el organismo actuará con independencia de criterio, sin estar sujeto a ninguna autoridad provincial o municipal. No obstante, la normativa aclara que su actuación no sustituirá las competencias de los organismos administrativos, judiciales o del Ministerio Público. La Defensoría estará integrada por un defensor titular y dos defensores adjuntos, quienes serán seleccionados mediante un procedimiento específico.

Para la organización y supervisión, se propone la creación de una Comisión Bicameral Permanente, conformada por cinco diputados y cinco senadores. Este cuerpo tendrá a su cargo la convocatoria a un Concurso Público de Oposición y Antecedentes, garantizando principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana.

La designación final de los cargos requerirá el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de los miembros de cada recinto. Entre los requisitos para acceder al puesto, se exige ser ciudadano argentino, tener al menos 30 años, acreditar residencia efectiva en la provincia de Buenos Aires durante los cinco años anteriores a la convocatoria y poseer título universitario de grado.

Sobre las funciones principales, la entidad deberá supervisar las políticas públicas y podrá actuar de oficio ante actos que vulneren derechos. “La actuación de la Defensoría se regirá por los principios de interés superior del niño, autonomía progresiva, participación, igualdad y no discriminación, acceso a la justicia, perspectiva de género, inclusión, transparencia y protección integral de derechos”, detalló Sotolano.

Un aspecto relevante del proyecto es que los menores de edad podrán acudir directamente a la Defensoría para realizar consultas o denuncias sin necesidad de intermediación de adultos. Finalmente, la diputada destacó que la creación de este sistema permitirá “la posibilidad de constituir observatorios temáticos especializados y la facultad de elaborar protocolos de actuación y estándares técnicos”, lo cual favorecerá la adopción de políticas públicas basadas en evidencia.

“La efectividad de los derechos humanos no depende exclusivamente de su reconocimiento normativo, sino también de la existencia de instituciones independientes, especializadas y técnicamente sólidas que aseguren su protección cotidiana”, concluyó la legisladora.

La Cámara de Diputados tendrá como principal tema de su agenda en los primeros días de agosto el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno, con el objetivo de que se que sumen contribuyentes para incorporar los dólares que están fuera del sistema financiero.

Tras las vacaciones de invierno, la Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO; Innovación Federal y otros bloques provinciales para que respalden esa iniciativa, como lo hicieron cuando se aprobó en diciembre.

Esas negociaciones las encararán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los presidentes de las comisiones de Presupuesto, y de Legislación Penal, que conducen Bertie Benegas Lynch y Laura Rodriguez Machado.

El oficialismo buscará primero tratar este proyecto entre el oficialismo y los bloques dialoguistas previo al debate de la comisión, dado que sin el apoyo de los aliados la Libertad Avanza no podrá avanzar con la iniciativa de este proyecto.

La Libertad Avanza tiene 95 legisladores, con lo cual necesita 34 para llegar a 129 y así abrir el recinto y sancionar el proyecto.

En ese contexto, el oficialismo necesita el apoyo de los  legisladores de Innovación Federal, de Fuerzas del Cambio,  de Producción y Trabajo,  de La Nequinidad, que tienen en total 36 legisladores.

No descartan tratar de sumar por lo menos 4 de Provincias Unidas que hasta diciembre militaban en el PRO.

Detalles

El proyecto que busca aprobar el Gobierno para lograr el objetivo que tenía la ley sancionada en las sesiones extraordinarias que haya un blanqueo de los dólares “guardados en el colchón” dado que persiste la desconfianza de algunos sectores de incorporarlo en el sistema financiero.

Se estima que aún quedan sin declarar unos 170 mil millones de dólares, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, la LLA va a proponer que todos puedan acceder al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que hasta ahora sólo se permitía a aquéllos que tengan un ingreso anual de mil millones y $10.000 millones en patrimonio.

Otro punto clave que la ley fija es que habrá revisiones de ARCA cuando haya discrepancias de más del 15% entre los ingresos y bienes declarados, pero en el nuevo proyecto ese piso se elevará al 30 %.

Peronismo

Unión por la Patria también quiere discutir cambios en el proyecto pero sólo enfocados a los contribuyentes “políticamente expuestos” para prohibir que los funcionarios públicos y sus familiares se beneficien de este régimen de declaración simplificada.

Estas propuestas surgieron cuando se desató el escándalo por el crecimiento patrimonial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, que utilizó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada.

La iniciativa del diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdes, establece que los funcionarios  de todos los poderes del Estado no podrán utilizar el régimen simplificado de ganancias. (NA).

La Cámara de Diputados tendrá como principal tema de su agenda en los primeros días de agosto el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno. El objetivo central es lograr que más contribuyentes incorporen los dólares que actualmente se encuentran fuera del sistema financiero.

Tras las vacaciones de invierno, el bloque de La Libertad Avanza buscará sellar acuerdos con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales. La intención es repetir el respaldo obtenido en diciembre pasado. Para ello, las negociaciones serán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodriguez Machado.

El oficialismo cuenta con 95 legisladores y requiere alcanzar los 129 para abrir el recinto y sancionar la ley. En este sentido, resulta clave el apoyo de los 36 legisladores que integran Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Nequinidad, además de la posible suma de cuatro integrantes de Provincias Unidas.

Aún quedan sin declarar unos 170 mil millones de dólares. Ante la persistente desconfianza de algunos sectores para ingresar sus ahorros al sistema, el Gobierno propondrá que todos los contribuyentes puedan acceder al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, eliminando los límites actuales de ingresos anuales y patrimonio.

Asimismo, el proyecto contempla elevar del 15 % al 30 % el piso de discrepancia entre ingresos y bienes declarados para que se activen las revisiones de ARCA. Por su parte, Unión por la Patria, a través de una iniciativa del diputado Eduardo Valdes, busca prohibir que los funcionarios públicos y sus familiares utilicen este régimen, tras el escándalo por el crecimiento patrimonial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió este lunes en ley el proyecto que amplía el Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas, incorporando a más de 400 veteranos que hasta ahora no estaban alcanzados por el beneficio.

La iniciativa, impulsada por los senadores oficialistas María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, ya contaba con media sanción desde el año pasado, pero debió volver a ser tratada tras las modificaciones introducidas a partir de los cuestionamientos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim).

La norma busca incluir a aquellos excombatientes que, luego de la guerra de 1982, dejaron las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1985 debido a lesiones u otras causas, pero que no fueron reubicados en cargos estatales y, por ese motivo, habían quedado fuera del régimen previsional especial.

Durante el debate, el diputado Héctor Gay sostuvo que la ley representa una "reparación histórica" para unos 400 ciudadanos que combatieron en Malvinas y posteriormente solicitaron la baja. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de 66 de los 92 legisladores presentes, mientras un grupo de veteranos seguía la sesión desde las tribunas.

Por su parte, el legislador radical Diego Garciarena calificó la votación como "un acto de justicia" que permite ordenar una situación que llevaba años sin resolverse. En tanto, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, remarcó que la causa Malvinas y la defensa de la soberanía nacional constituyen una "lucha permanente" para el peronismo.

La versión original establecía que los beneficiarios debían acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS) para acceder a una jubilación equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la provincia de Buenos Aires, además del cobro del 100% de los subsidios previstos por la Ley 13.659.

Sin embargo, tras las observaciones formuladas por el Cecim, el texto incorporó una serie de restricciones destinadas a evitar que el régimen pudiera beneficiar a personas cuestionadas por su actuación durante la última dictadura o por su desempeño militar.

Entre los nuevos requisitos, quienes soliciten incorporarse al régimen deberán acreditar que su retiro o baja —voluntaria u obligatoria— no obedeció a causas de rebeldía ni a condenas dictadas por tribunales comunes o federales equivalentes a una destitución militar.

Además, la ley establece que no podrán percibir simultáneamente otra prestación previsional otorgada por el Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas y excluye expresamente a quienes hayan sido procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, así como a los militares que hayan incumplido sus deberes durante la Guerra de Malvinas.

El diputado del Frente Renovador, Carlos Puglelli, presentó un proyecto de ley con el objetivo de incorporar armas no letales al equipamiento de la Policía bonaerense. La iniciativa propone una modificación de la Ley 13.482, que regula la composición, funciones, organización, dirección y coordinación de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, estableciendo además que el personal activo deberá recibir una capacitación técnica, psicofísica y formativa obligatoria.

La propuesta incorpora dos nuevos artículos a la legislación vigente. El primero habilita la utilización de armas incapacitantes para cumplir con los objetivos de la fuerza, mientras que el segundo define como armas no letales a todas aquellas cuyo diseño y finalidad sea producir efectos temporales sobre el organismo humano, sin causar lesiones permanentes, sean de índole electrónica o no.

En los fundamentos, el legislador explicó que la iniciativa retoma proyectos anteriores y fue actualizada con aportes técnicos de un informe elaborado en marzo de 2026 por la investigadora Natasa Loizou. Al respecto, el texto señala:

“A partir del análisis efectuado, se arribó a la conclusión de que la referencia exclusiva a ‘armas electrónicas’ resulta insuficiente para abarcar el conjunto de herramientas disponibles en el ámbito de la seguridad pública. En efecto, dicha denominación restringe el alcance del proyecto, dejando fuera otros dispositivos no letales, como aquellos de naturaleza neumática que cumplen funciones análogas en términos de disuasión, inmovilización o neutralización de agresores, con la particularidad que estas aún no están reguladas expresamente en el ordenamiento jurídico”.

El diputado remarcó que la propuesta no invade competencias federales, ya que el Decreto Ley N.° 20.429 contempla el uso permitido de estas herramientas, mientras que las provincias mantienen la facultad de determinar sus propios medios materiales. Asimismo, el proyecto diferencia los dispositivos de contacto directo de los conductores de energía por proyectil, señalando que esta distinción es clave para los derechos humanos y la política criminal.

Sobre la importancia de esta medida, Puglelli concluyó:

“Corresponde señalar que la actualización de la Ley 13.482 y la incorporación de armas no letales a las herramientas de uso de la Policía bonaerense no implica una ampliación irreflexiva del poder coercitivo del Estado, sino una mejora en la arquitectura del uso de la fuerza. Se trata de dotar a la provincia de Buenos Aires de insumos que permitan intervenir con mayor precisión, reducir daños evitables, proteger tanto a los ciudadanos como al personal y fortalecer la legitimidad institucional mediante mecanismos efectivos de control”

Cabe destacar que este debate cuenta con antecedentes legislativos. En marzo de 2026, la senadora María Florencia Arietto, de La Libertad Avanza (LLA), presentó una iniciativa similar, al igual que el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, de Hechos – UCR Identidad, quien en agosto de 2025 reclamó el tratamiento de su propio proyecto. Asimismo, en junio de 2024, los bloques de La Libertad Avanza y el extinto PRO Libertad habían impulsado una propuesta conjunta para autorizar el uso de pistolas Taser, buscando cerrar la brecha entre la persuasión verbal y el uso de armas de fuego.

La diputada bonaerense del bloque de la Coalición Cívica (CC), Romina Braga, presentó en las últimas horas una batería de medidas orientadas a impulsar el desarrollo productivo de las economías regionales de la provincia de Buenos Aires. A través de un proyecto de ley ingresado a la Cámara baja, la legisladora propone tres ejes fundamentales: un mapa interactivo con datos abiertos sobre la producción de cada distrito, la creación de un consejo interministerial y un programa de formación alineado con las necesidades locales.

“El desarrollo local no se construye desde un escritorio, sino entendiendo qué produce cada municipio, qué necesidades tiene, no se puede seguir con recetas genéricas, no todas las regiones producen lo mismo, ni enfrentan los mismos desafíos”, recalcó Braga al fundamentar su iniciativa.

En este sentido, la legisladora propuso la creación del Consejo Interministerial de Formación para el Desarrollo Productivo (CiFDePBA) y el Programa Provincial de Formación para el Arraigo Productivo Local. El objetivo central es generar capacidades técnico-profesionales que se ajusten al perfil productivo de cada municipio.

“El desafío no es solo generar empleo, es vincular la capacitación con la realidad productiva de cada municipio, mientras eso no cambie, los jóvenes se van y las pymes no encuentran personal calificado”, alegó la diputada.

El CiFDePBA estará integrado por representantes del Ministerio de Producción, la Dirección General de Cultura y Educación, organizaciones empresariales, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, y las universidades provinciales o nacionales con sede en la provincia. Entre sus funciones, el órgano deberá fomentar la colaboración entre los municipios, las empresas y las instituciones educativas para diseñar programas de formación continua.

Respecto al Programa Provincial de Formación para el Arraigo Productivo Local, Braga explicó que busca fortalecer las cadenas de valor de las pymes y fomentar la inserción laboral. “Tenemos que promover el arraigo del talento en su comunidad de origen, reduciendo la migración por motivos formativos o laborales y fortaleciendo la oferta de capital humano calificado disponible para las empresas locales”, subrayó.

Como incentivo, las empresas que implementen estos programas podrán acceder a un bono de crédito fiscal de hasta el 100% de los costos directos de la capacitación, aplicable al pago de impuestos provinciales. Asimismo, los trabajadores participantes integrarán una base de datos del Portal de Empleo con una certificación especial.

Finalmente, la propuesta insta a la administración de Axel Kicillof a crear un Mapa de Perfiles Productivos Locales para identificar las actividades predominantes en cada distrito. “Será un insumo prioritario para el diseño de la oferta formativa del Programa”, destacó Braga, quien añadió que el sistema contará con un esquema de monitoreo, informes trimestrales y datos abiertos a la ciudadanía.

Se cayó la sesión de la oposición por Adorni: el operativo boicot del oficialismo funcionó a la perfección

A las 14.31 horas, al haber transcurrido la media hora de yapa que tienen los convocantes para juntar el número, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le bajó el martillo a la sesión: apenas 117 legisladores habían ocupado sus bancas, una docena menos del mínimo requerido.

La clave para desactivar la sesión fue una jugada de ajedrez que se había gestado en las 48 horas previas, y consistió en el acuerdo del oficialismo con las bancadas aliadas para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el martes 30 de este mes a fin de tratar los mismos seis expedientes vinculados al jefe de Gabinete caído en desgracia.

De esta manera, el oficialismo no solamente hizo la sesión y ganó una semana de yapa para “descansar” del tema Adorni, sino que además se garantiza una dinámica de trabajo de comisión con control absoluto de los tiempos, sin obligación de dictaminar en plazos establecidos, pudiendo incluso correr el arco hasta después del Mundial de fútbol y de las vacaciones de invierno.

El objetivo de la oposición de cara a la sesión era emplazar con mayoría simple a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para someterlas a un cronograma urgente, con el mandato de dictaminar en plazos perentorios.

Así las cosas, el oficialismo con la ayuda de aliados logró blindar al jefe de Gabinete de la obligación de asistir al Congreso para dar las explicaciones que viene retaceando por su impactante incremento patrimonial desde que es funcionario público.

Dentro de los 117 diputados presentes, estuvieron la enorme mayoría de Unión por la Patria, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos diputados de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y hasta Karina Banfi, cuya postura de desmarque causó revuelo en el interbloque Fuerzas del Cambio que integra.

Se ausentó llamativamente la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, así como algunos otros diputados que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien había conseguido un adelanto de coparticipación para su provincia.

Tampoco estuvo el diputado de Encuentro Federal por la provincia de Buenos Aires Nicolás Massot, por motivos que se desconocen.

En cambio, no sorprendió la ausencia del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal, que son los bloques con los que La Libertad Avanza había pactado el boicot al quórum.

Ya consumada la caída de la sesión, los diputados opositores que se quedaron presentes iniciaron las expresiones de minoría, y arreciaron las críticas contra los bloques que ayudaron al Gobierno a “proteger” a Adorni.

El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño lamentó que “no alcanzaron las propiedades, no alcanzaron los pendrives, los flippers, las sábanas de 8 millones de pesos, todos los viajes que salieron a la luz para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO, de la UCR, de LLA, Innovación Federal” dieran quórum.

Por su parte, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, recordó que cuando Adorni confesó haber ocultado miles de dólares al fisco el PRO, la UCR y el MID habían sacado sendos comunicados marcando las mentiras y contradicciones del jefe de Gabinete, y considerando que no podía permanecer en el cargo.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola apuntó que “los que no están acá hoy son cómplices del delincuente, porque lo de la citación a comisiones es una maniobra para garantizar la complicidad”.

“Con los 129 del quórum hoy podíamos votar la interpelación y la moción de censura”, reprochó.

Marcela Pagano (Coherencia) destacó que “esta sesión era para levantar la vara moral de este país” y criticó duramente a quienes “en los medios de comunicación se venden como opositores o como defensores de la República” pese a lo cual se ausentaron en el recinto. NA

Con la firma de su secretario parlamentario, Adrián Pagan, se convocó a la Cámara baja para intentar aprobar la creación del Súper RIGI, que amplía los beneficios impositivos del RIGI para lograr “una mayor industrialización de los recursos del país y promover el desarrollo de nuevas cadenas de valor”.

Se trata de un régimen de grandes inversiones con suculentas exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios a mega inversiones en industrias de frontera tecnológica, que alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

El miércoles pasado, en un concurrido plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, la iniciativa recibió 61 firmas, incluyendo las de los aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI tiene un plazo más largo de cinco años y uno extra de prórroga.

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60 por ciento en el primer año (y 20 en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10 por ciento.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7 por ciento, una alícuota que bajará al 3,5 por ciento luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

El otro proyecto importante que será parte del menú de la sesión especial de este miércoles es la autorización del Congreso para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001.

El miércoles pasado, el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, fue despachada en un plenario de las comisiones de Diputados con 42 firmas del oficialismo y bloques aliados.

La iniciativa refrenda los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con Bainbridge ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.

El temario de la sesión incluye asimismo acuerdos bilaterales para evitar doble imposición y evasión fiscal con Francia; un acuerdo sobre con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y acuerdos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino. NA

La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto en la Legislatura provincial con el objetivo de modificar la Ley 10.342. La propuesta busca habilitar a los municipios de la provincia de Buenos Aires a otorgar permisos de uso sobre las banquinas de rutas y caminos provinciales, permitiendo así aprovechar suelos ociosos y generar nuevos recursos para las administraciones comunales.

Actualmente, la normativa vigente permite a los municipios conceder permisos sobre las franjas linderas a las rutas, pero excluye de manera expresa a las banquinas, al considerarlas espacios reservados para la seguridad vial. El proyecto propone incluir a estos terrenos como susceptibles de ser cedidos, siempre que exista una autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense. Además, se contempla la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales para fiscalizar su utilización.

Al respecto, la legisladora señaló que la exclusión actual genera una problemática doble. “Por un lado, el desperdicio de recursos productivos, miles de hectáreas lineales de suelo fértil y apto permanecen en un estado de total abandono, desaprovechamiento y ociosidad. Por otro, la pérdida de chance fiscal, se priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación de tasas, cánones o derechos de ocupación derivados de la explotación regulada de estos espacios de dominio público”, remarcó Rasquetti.

La diputada indicó que estos terrenos podrían destinarse a explotaciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, forestación, parquización o instalación de infraestructura de servicios.

“La ociosidad actual de estas tierras representa una oportunidad perdida. Su puesta en valor permitirá que los municipios administren y perciban de manera directa los recursos derivados de dichos permisos. Esto no solo dinamizará el empleo local en los sectores rurales y semiurbanos, sino que fortalecerá las finanzas municipales en un contexto donde se requiere optimizar la recaudación fiscal autónoma”, sostuvo la líder del Frente Renovador.

Sobre la seguridad vial, Rasquetti aclaró que la propuesta no busca desatender esta prioridad, sino actuar como un sistema de promoción y fiscalización. “Se garantizará mediante dictámenes técnicos precisos qué sectores específicos son aptos para el otorgamiento de permisos, resguardando rigurosamente las zonas de escape, las distancias de frenado y la visibilidad de los conductores en las rutas provinciales”, fundamentó.

Finalmente, la legisladora destacó que los recursos obtenidos deberán destinarse a obras de infraestructura comunitaria, mantenimiento de redes viales internas y políticas de seguridad ciudadana local. 

Cabe recordar que, en mayo de este año, el diputado Alejandro Acerbo presentó una iniciativa similar para otorgar mayor autonomía a los municipios en la administración de estos espacios, proponiendo extender los permisos de uno a tres años y destinar un tercio de los fondos recaudados al mantenimiento de los caminos.

El senador provincial del bloque HECHOS-UCR Identidad, Marcelo Leguizamón, presentó un pedido de informes formal para que el gobierno de Axel Kicillof brinde explicaciones detalladas sobre la creciente cantidad de renuncias registradas entre el personal docente y no docente en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

El legislador advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sistema educativo y señaló: “En la provincia se vienen registrando crecientes dificultades para cubrir cargos y garantizar continuidad pedagógica, especialmente en determinadas áreas curriculares, modalidades y regiones educativas. Asimismo, diversos actores del sistema educativo manifiestan preocupación respecto de las condiciones laborales, la fragmentación horaria y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”.

La iniciativa ingresada en la Cámara alta solicita a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) que informe sobre el total de renuncias de personal docente durante los últimos cinco años, discriminadas por distrito y nivel educativo. Asimismo, el pedido busca identificar aquellos establecimientos que presentan actualmente déficit de cobertura. De igual manera, se solicitó conocer la cantidad de renuncias de personal auxiliar y no docente dependiente de la cartera educativa durante el mismo período.

Según explicó Leguizamón, contar con información oficial y actualizada. “resulta indispensable para evaluar la magnitud del fenómeno, identificar áreas críticas y diseñar políticas públicas orientadas a fortalecer la estabilidad laboral y mejorar la calidad del sistema educativo provincial”, indicó.

El pedido de informes también indaga si la cartera conducida por Flavia Terigi posee estudios o diagnósticos vinculados al desgaste laboral, el abandono de la carrera docente y las dificultades para la toma de cargos en áreas específicas.

Cabe recordar que, al inicio del ciclo lectivo de este año, la Dirección General de Cultura y Educación implementó el procedimiento de “Reordenamiento y Unificación de cargos y horas”. Esta plataforma digital, según indicaron desde el Ejecutivo, busca agilizar y transparentar la cobertura de vacantes mediante un circuito de validación que involucra a equipos directivos, secretarías de asuntos docentes y tribunales de clasificación descentralizados.

Para el senador, estos procesos evidencian la necesidad de optimizar las condiciones laborales y la organización institucional ante las vacantes generadas por diversas causas, entre ellas las renuncias.

“Contar con información oficial, detallada y actualizada resulta indispensable para evaluar la magnitud del fenómeno, identificar áreas críticas y diseñar políticas públicas orientadas a fortalecer la estabilidad laboral, garantizar la continuidad educativa y mejorar la calidad del sistema educativo provincial”, concluyó el legislador.

El diputado nacional Eduardo Falcone es quien acercó las propuestas de modificaciones que mejoraron la iniciativa: la cláusula de “Compre Nacional” para destinar al menos un 20 por ciento de la inversión en proveedores locales para los proyectos alcanzados por el régimen y los incentivos de doble cómputo a la inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Fue justamente este legislador del MID el único orador del debate en el plenario de comisiones que tomó la palabra para defender el Súper RIGI: la voz de los libertarios brilló por su ausencia y la reunión fue prácticamente un coro de cuestionamientos opositores al proyecto.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Falcone invocó su militancia “desarrollista” para defender el nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, que en este caso operará para proyectos superiores a los mil millones de dólares en inversiones.

“Yo soy muy defensor del RIGI, porque es una herramienta desarrollista, algo raro en un gobierno liberal, porque incentiva las inversiones en determinados sectores de la economía que yo considero que son estratégicos”, explicó.

Sin embargo, el economista advirtió que “la lentitud” del Gobierno para la aprobación de proyectos que ingresaron al primer RIGI atenta contra la eficiencia de este tipo de leyes.

Según detalló, el RIGI original mantiene cerca del 40 por ciento de los proyectos presentados sin aprobación.

“Lo que critico del RIGI es que el gobierno va lento en el ritmo de aprobaciones, y entonces las inversiones se van demorando”, alertó Falcone.

A diferencia del régimen inicial -acotado a actividades extractivistas y de infraestructura-, el “Súper RIGI” apunta a cualquier industria de matriz tecnológica que no exista actualmente en Argentina. NA

Los cuatro temas que serán tratados en el anexo de la Cámara baja, por orden cronológico, son el proyecto para avalar un plan de pago de deuda remanente a dos fondos buitre, el Súper Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Súper RIGI) para industrias de frontera tecnológica, la ley de “lobby” o de gestión de intereses, y la Ley de Inocencia Fiscal.

Algunos de estos temas, especialmente el pago a fondos buitre y el Súper RIGI, que obtendrían dictamen este mismo miércoles, podrían desembocar en el recinto en la sesión que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, imagina para el próximo 24 de junio, aunque la fecha es a confirmar.

La hiperactividad en Diputados busca de alguna manera mostrar iniciativa política de parte del oficialismo y correr del foco, aunque sea parcialmente, los escándalos patrimoniales vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que tienen sus coletazos en el Congreso y le generan un daño al Gobierno.

De todos modos, el Senado se prepara con inusitada expectativa para una reunión de Labor Parlamentaria que se llevará a cabo este mismo miércoles con el objetivo de delinear el temario de la próxima sesión, a riesgo de que la oposición logre colar en la agenda un proyecto de resolución que gira en torno a las desventuras del ministro coordinador.

Y en la Cámara de Diputados la oposición pidió una sesión para el 23 de junio con un temario que abarca desde informes básicos, pasando por la interpelación y hasta la moción de censura contra Adorni, el mecanismo previsto por la Constitución para destituirlo.

Si bien en un comienzo se especulaba con que el quórum era una meta inalcanzable, la indignación que genera la continuidad del jefe de Gabinete en el Gobierno en socios habituales como el PRO y la UCR podría facilitarle las cosas a la oposición.

Al mediodía, la Cámara baja abrirá el telón con un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Justicia, al cabo del cual el oficialismo tiene previsto pasar a la firma de los dictámenes.

Fueron invitados a defender la iniciativa el Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio y el Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija.

El proyecto para la aprobación de un plan de pago a dos “fondos buitre” por 171 millones de dólares, con quienes el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica, recibió media sanción el jueves pasado con 40 votos positivos y 22 negativos.

Ahora sigue su curso en la Cámara de Diputados, donde deberá aprobarse antes del 30 de junio, que es el deadline fijado en el entendimiento.

En cuanto al Súper RIGI, el debate se inició el 3 junio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología, donde expusieron altos funcionarios del Ministerio de Economía y continuó el miércoles pasado con la presentación de cámaras empresarias.

Este miércoles se reanudará el debate a las 15 con la intención del oficialismo de dictaminar a la finalización del mismo.

A diferencia del acuerdo con los fondos buitre y la ley de Súper RIGI, el proyecto de ley de lobby, que será retomado este miércoles, no enfrenta un panorama tan despejado y podría demorarse su desenlace. NA

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la comitiva que llegó este lunes a la madrugada, al aeropuerto de El Alto, está integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros: les retuvieron los documentos, los obligaron a arribar un avión hacia a ciudad boliviana de Santa Cruz y ya se encuentran en viaje, nuevamente hacia Argentina.

Desde allí, Biasi, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, sostuvo que estuvieron “secuestrados con represión policial” y que fueron parte de una misión que se realizó en muchas situaciones similares como la que sucede en Bolivia.

Además, indicó que lo que ocurre en ese país es “una verdadera dictadura militar. Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio”, agregó.

En la misma línea, Barry confirmó que “no los dejaban bajar del avión” y que el trato que recibieron “fue igual al de un secuestro”. Además, manifestó que quisieron “hacerles firmar un documento” que presentaba “causas truchas” respecto a los objetivos del viaje.

Por su parte, el jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP) Germán Martínez le “exigió” a las autoridades bolivianas que Marino “pudiera realizar las tareas para las que fue invitado” por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe: “Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física”, remarcó.

“Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos”, sostuvo el comunicado que emitió la Misión Humanitaria.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, declaró que “se habrían verificado inconsistencias” en el ingreso de la Misión Humanitaria argentina a Bolivia, conformada por legisladores, diputados y referentes políticos, sociales y de derechos humanos argentinos.

Mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales personales, sostuvo que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira ejerció sus “facultades soberanas “para deportar a sus integrantes, entre los que se encontraban el diputado nacional por Fuerza Patria (FP) Juan Marino y la legisladora porteña por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi. NA

El diputado por Córdoba y exgobernador Juan Schiaretti manifestó públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no puede continuar en su cargo. La postura del dirigente cordobés surge a raíz de la presentación y defensa de la declaración jurada de bienes que el funcionario realizó en una entrevista televisiva.

A través de su cuenta en la red social X, Schiaretti expresó con dureza su posición respecto a la continuidad del funcionario en el Gobierno nacional:

“Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”.

Para el dirigente, el jefe de Gabinete le mintió al pueblo argentino y también lo hizo ante el Congreso de la Nación. En ese sentido, enfatizó que el país requiere de funcionarios que actúen con transparencia y no utilicen el poder en beneficio propio, instando a terminar con el encubrimiento de falsedades.

Con esta declaración, Juan Schiaretti se suma a la presión que ejercen diversos sectores, incluyendo al PRO, la UCR y otros aliados de la gestión del presidente Javier Milei, quienes también han cuestionado la situación del funcionario.

La expansión de las plataformas de apuestas online y los casinos virtuales entre adolescentes encendió las alarmas en la Legislatura bonaerense, donde un grupo de diputados presentó proyectos orientados a reforzar la prevención de la ludopatía juvenil, especialmente en el ámbito escolar.

Las iniciativas fueron impulsadas por los diputados radicales Valentín Miranda, Alejandra Lorden y Priscila Minnaard, quienes conformaron un espacio de trabajo legislativo para abordar una problemática que, según advierten, crece de la mano del acceso masivo a celulares, billeteras virtuales y plataformas digitales de apuestas.

Uno de los proyectos propone modificar la Ley Provincial 10.670 para incorporar de manera obligatoria programas de prevención de trastornos psicosociales en las escuelas bonaerenses, incluyendo explícitamente a la ludopatía junto con otras problemáticas como los consumos problemáticos y la violencia.

Según explicó Miranda, el fenómeno ya tiene consecuencias concretas dentro de las instituciones educativas.

“La transformación digital eliminó las barreras de tiempo y espacio. Actualmente, los chicos pueden acceder a apuestas deportivas y casinos virtuales desde sus celulares y billeteras virtuales, muchas veces sin control parental”, señaló el legislador.

Además, advirtió que la problemática ya se refleja en las aulas a través de situaciones de desatención, ausentismo, endeudamiento entre compañeros y una marcada caída del rendimiento académico.

En paralelo, los legisladores presentaron un pedido de informes para conocer el estado de ejecución del Plan Integral para abordar la ludopatía adolescente, anunciado por la Provincia a mediados de 2024.

La iniciativa busca obtener precisiones sobre distintos aspectos vinculados a las acciones de control y prevención. Entre ellos, solicitan información acerca de si se concretó el bloqueo de direcciones IP de sitios de apuestas dentro de las escuelas bonaerenses y si se implementaron sistemas biométricos para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego.

También reclaman datos sobre la cantidad de denuncias realizadas contra operadores de juego ilegal y contra influencers o figuras públicas que promocionan apuestas online, además de estadísticas oficiales sobre la participación de menores en estas actividades.

Otro de los puntos incluidos en el pedido apunta a conocer cuáles son los programas de asistencia y acompañamiento disponibles para adolescentes afectados por la ludopatía y para sus familias.

“Necesitamos datos certeros para construir una legislación más justa y adaptada a estos tiempos para proteger a las infancias y adolescencias”, sostuvieron los diputados impulsores de la iniciativa.

El avance de las apuestas online entre jóvenes se ha convertido en una preocupación creciente en distintos puntos de la provincia y también en ciudades como Tandil, donde especialistas en salud mental y educación vienen alertando sobre los riesgos asociados al acceso temprano al juego digital y las consecuencias que puede generar en la vida social, familiar y escolar de los adolescentes.

En este marco, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici organiza el II Seminario “Minería para un futuro digital: el oro estratégico del siglo XXI”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas (NA), el evento que pondrá en debate la importancia de las tierras raras en las nuevas tecnologías y en transición energética hacia fuentes alternativas, reunirá a las autoridades de las comisiones de Minería, Energía y Medio Ambiente junto a funcionarios nacionales y especialistas.

El objetivo del encuentro será “analizar el potencial minero tecnológico y su inclusión en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.

Se apuntará a articular una “visión estratégica integral entre el sector público, el ámbito científico-académico y especialistas del sector privado para optimizar el aprovechamiento de las tierras raras de modo sostenible, soberano e innovador, transformando el potencial geológico del país en un motor de la productividad, el empleo y la sustentabilidad ambiental”.

La apertura del evento estará a cargo de Giudici, autora de un proyecto de ley que promueve la inclusión explícita de las tierras raras dentro del RIGI.

Dicha iniciativa busca consolidar un marco legal sólido para atraer inversiones de gran escala y posicionar a la Argentina como un actor clave internacional en la exploración de estos recursos críticos indispensables para la industria tecnológica y la generación de energía limpia.

Las tierras raras son parte de la carrera extractivista que Estados Unidos emprendió a nivel mundial, con China como principal competencia, y que está definiendo el tablero geopolítico mundial.

Se trata de metálicos pertenecientes a 17 elementos químicos que están presentes en la corteza terrestre pero cuya extracción suele ser compleja y costosa.

Argentina posee reservas, pero no tiene una producción activa y su participación actual en el mercado es prácticamente nula.

En enero del 2023, la generala GIUa Richardson, exjefa del Comando Sur de los Estados Unidos, fue la primera funcionaria norteamericana en confesar que el triángulo de litio y las reservas de tierras raras en el país son de interés federal para el Gobierno de Estados Unidos, para su política energética y para su política de seguridad nacional frente a otras potencias mundiales como China y Rusia.

A raíz de este interés estratégico estadounidense en los recursos naturales y los minerales críticos, el presidente Donald Trump reabrió un conflicto internacional con la Unión Europea cuando propuso comprar la isla de Groenlandia a Dinamarca.

Además de Giudici, la jornada de debate en el Congreso tendrá como expositores al subsecretario de Política Minera de la Nación, Federico Caeiro; al director del Instituto de Geología y Recursos Naturales (IGRM), Martín Gozálvez; el especialista en energías renovables Tomás Trusso; el presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, Facundo Correa Llano; y la presidenta de la comisión de Minería, Fernanda Ávila. NA

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Hojarasca, la iniciativa impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger para depurar el digesto jurídico con la derogación de más de 70 normas que quedaron obsoletas.

La iniciativa recibió 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, y fue girado al Senado donde el Gobierno espera que obtenga la sanción definitiva.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), destacó el proyecto de Ley Hojarasca para derogar normas obsoletas o inútiles y lo contrapuso con la pulsión que le atribuye a la política tradicional de acumular regulaciones sin límites para “hacerle la vida imposible” al ciudadano argentino “de bien”.

“Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible y no se dan cuenta que en un país civilizado la regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones, que vienen a tapar aspectos grises y de interpretación de la Constitución”, consideró.

Para el miembro informante del oficialismo, “esto se debe en buena medida a que buena parte de nuestros pares desconocen que el derecho y el gobierno es anterior a la ley”.

El legislador oficialista denunció que muchas normas fueron concebidas como “barreras artificiales para cobrar el peaje de la política” y así nutrir los “quioscos” de muchos políticos tradicionales.

A su turno, Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que esta ley Hojarasca, la primera serie de otras normas que se presentarán con la misma finalidad, tiene “varios criterios”.

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Nicolás Trotta se manifestó en contra de la Ley Hojarasca y opinó que “detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado”.

En tanto, la presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, advirtió que “hay que ser muy termo para votar una ley como ésta”. NA

El juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y actual diputado bonaerense, en el marco de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La medida adopta diversas diligencias solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan, quien busca esclarecer el origen de los bienes del legislador.

La investigación se centra en puntos específicos, tales como la obtención de un crédito hipotecario, la adquisición del 50 por ciento de un vehículo y un aumento patrimonial estimado en un 84 por ciento en el transcurso de un año. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y recayó en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Sebastián Casanello, quien también requirió las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción.

La denuncia advierte sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni, quien ingresó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Posteriormente, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y, en las últimas elecciones, obtuvo una banca en la Cámara de Diputados bonaerense integrando el bloque de La Libertad Avanza.

En un dictamen de 19 páginas, el fiscal Guillermo Marijuan aclaró que la investigación se limitará exclusivamente al patrimonio de Francisco Adorni. Por su parte, las menciones realizadas sobre el jefe de Gabinete no formarán parte de este proceso, dado que ya existe una causa en curso bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni.

Entre las medidas dispuestas, se solicitó información detallada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). Asimismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá requerir a las entidades financieras datos sobre activos, transferencias, plazos fijos y cajas de seguridad a nombre del imputado.

Finalmente, el fiscal cursó oficios a Migraciones para conocer los movimientos internacionales del legislador y al Banco Provincia para obtener precisiones sobre un crédito hipotecario de 60.000.000 de pesos. También intervendrán la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para confeccionar un informe integral sobre la situación financiera y societaria de Francisco Adorni.

En el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General, el oficialismo y bloques aliados avalaron con 57 firmas (cinco en disidencia del PRO) la adhesión al tratado internacional de patentes con la reserva del capítulo 2, producto del exitoso lobby que ejecutaron las cámaras del sector farmacéutico local.

Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo con el argumento de que la adhesión al tratado es parte de un compromiso asumido con Estados Unidos, y que no surgen elementos beneficiosos para el país.

Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un dictamen de minoría ya que estaba en desacuerdo poner en reserva el capítulo 2, lo que catalogó como una “señal totalmente negativa para nuestros socios comerciales”.

De acuerdo a CILFA y Cooperala, el capítulo II (que se mantuvo bajo reserva) desprotegía a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, especialmente de origen estadounidense, ya que les facilitaría el patentamiento en el mercado local perjudicando la producción de genéricos por parte de los laboratorios nacionales.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero manteniendo el control local pleno sobre los criterios de evaluación técnica y patentamiento, del mismo modo que Uruguay.

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, destacó que el PCT “facilita el acceso de los investigadores, universidades, emprendedores y empresas en los mecanismos de protección internacional promoviendo mayores oportunidades de transferencia tecnológica e inserción competitiva en los mercados globales”.

Por su parte, el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, recordó que Argentina había firmado este tratado en 1970 y recién en 1998, 28 años después, logró la media sanción del Senado.

Después de un intento infructuoso en el 2019 durante el Gobierno de Cambiemos para retomar la media sanción en la Cámara de Diputados (que no perdió estado parlamentario por tratarse de un tratado internacional), el Gobierno de Javier Milei se propuso completar la tarea. NA

Diputados del oficialismo comenzarán este miércoles 15 de mayo el debate en comisiones del proyecto que busca redefinir el Régimen de Zonas Frías, el cual otorga beneficios en las tarifas de gas. Los legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) iniciarán la discusión en un plenario de comisiones para tratar la iniciativa que pretende modificar los descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas a los usuarios de zonas con temperaturas extremas.

Según la propuesta impulsada por el Gobierno nacional, el beneficio automático quedaría reservado exclusivamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Por el contrario, el resto de las zonas que fueron incorporadas en 2021 deberán acreditar condiciones de vulnerabilidad para poder acceder a los descuentos en la tarifa diferenciada. El proyecto cuestiona la Ley 27.637, que permitió el ingreso de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja al sistema de subsidios.

Esta normativa vigente alcanza a más de 3,1 millones de hogares, una cobertura que quedaría sin efecto si prospera la propuesta del presidente Javier Milei. Desde el oficialismo alegaron que “la extensión territorial desnaturalizó el carácter focalizado del sistema, al incorporar zonas sin condiciones climáticas equivalentes, lo que derivó en un incremento significativo del universo de beneficiarios, del costo fiscal del régimen y de la magnitud de los subsidios cruzados entre jurisdicciones”.

En este sentido, la bancada oficialista explicó que la redefinición del régimen busca “garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”. 

Otro de los cambios centrales establece que el subsidio se calculará solo sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa, además de que la compensación se pagará directamente a los proveedores.

La reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, está citada para las 15 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es obtener dictamen este mismo miércoles para llevar el tema al recinto en una sesión especial prevista para el próximo 20 de mayo, aunque el resultado dependerá del acompañamiento de los bloques dialoguistas.