La Secretaría de Transporte de la Nación, encabezada por Mariano Plencovich, ratificó que las personas con discapacidad continuarán viajando sin abonar el pasaje. Para acceder al beneficio, los usuarios podrán seguir presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico, siempre que el mismo se encuentre en plena vigencia.

A partir de este viernes, la normativa incorpora una nueva modalidad: los usuarios podrán asociar el CUD de manera optativa a una tarjeta SUBE registrada. De esta forma, podrán gozar del beneficio de manera directa al utilizar colectivos y trenes en todo el territorio nacional.

Desde el organismo informaron que las empresas de transporte tienen la obligación de aceptar tanto el certificado físico como la acreditación digital a través de la tarjeta. En caso de que se niegue el beneficio, se impida el viaje o se exijan requisitos no previstos en la normativa, los usuarios podrán realizar las denuncias correspondientes.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía destaca que la incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos. En consecuencia, cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el viaje a una persona con discapacidad que acredite su condición mediante el CUD físico o mediante una tarjeta SUBE asociada al beneficio podrá dar lugar a las sanciones correspondientes.

Para registrar reclamos, los usuarios cuentan con la línea telefónica gratuita 0800-333-0300, la página web oficial de Transporte o la atención presencial en la sede central ubicada en Maipú 88, en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, las consultas pueden realizarse en cualquiera de las delegaciones regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El Gobierno bonaerense expresó su disconformidad ante la reciente decisión de la administración nacional de exigir que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vinculen obligatoriamente dicho beneficio a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. El objetivo de esta medida, según lo informado por el Ministerio de Salud, es reducir las demoras, fortalecer la seguridad para los usuarios y conductores, evitar el traslado de documentación física y minimizar el uso de papeles propensos al fraude.

A partir del 19 de junio, los beneficiarios podrán acceder al descuento del 100% en viajes de colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante la tarjeta SUBE, prescindiendo de la presentación física del CUD. Pese a esto, desde la Provincia tomaron distancia de la iniciativa y lanzaron una advertencia sobre la implementación del nuevo sistema.

“Para las personas que necesitan que se le facilite el día a día, suman otro trámite con tal de no reconocer derechos que llevan años negándolos”, sostuvo el ministro de transporte, Martín Marinucci.

El funcionario destacó la plena vigencia de las credenciales Pases Libres Multimodales (PLM), las cuales permiten el traslado gratuito en el transporte terrestre de las líneas 200 a 499 y en el servicio fluvial provincial. 

Al respecto, Marinucci enfatizó: “Las credenciales de PLM son un derecho que desde la provincia de Buenos Aires garantizamos desde el primer día de la gestión. Desde la asunción al frente del Ministerio agilizamos los operativos para estar presente en cada distrito y que quienes lo necesitan puedan usar el transporte para ir a sus estudios médicos, a visitar a su familia”.

Actualmente, en la provincia de Buenos Aires existen 800 mil personas con el CUD tramitado, quienes cuentan con el beneficio del PLM para viajar sin trámites adicionales ni topes mensuales por motivos de salud, educación, trabajo o recreación. Durante el año en curso, el Ministerio de Transporte ha desplegado operativos en diversos distritos, incluyendo Mar del Plata, Quilmes, Monte Hermoso, José C. Paz, Moreno, La Costa, Malvinas Argentinas, Morón, Villa Gesell y Almirante Brown, entre otros, para facilitar el acceso a estas credenciales.

“A partir del próximo viernes las personas con discapacidad podrán viajar con 100 por ciento de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, señaló Adorni en un mensaje que difundió por su cuenta de la red social X.

Asimismo, añadió: “El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE. La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país”.

Además, en una primera instancia, la digitalización comenzará a implementarse de forma estricta en las líneas de transporte de jurisdicción nacional, aunque el objetivo de la administración de Javier Milei es extender el despliegue progresivamente hacia el resto de las provincias y localidades del país.

El Ministerio de Salud informó que el objetivo de la medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude. También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público.

Para utilizar esta modalidad, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. No obstante, el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional, fue desarrollada a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y SUBE, mientras que su implementación será gradual y coordinada, comenzando por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país.

Las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del martes venidero. NA

A partir del 19 de junio, las personas con discapacidad podrán acceder a un descuento del 100 por ciento en viajes en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico. La medida, anunciada por la secretaría de Transporte de la Nación, se implementa mediante la vinculación del CUD a la tarjeta SUBE registrada a nombre del pasajero.

La iniciativa busca simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude, informó la secretaría de Transporte. El objetivo central es mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del transporte público.

Para utilizar esta modalidad, es obligatorio vincular el CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre de la persona beneficiaria. Este nuevo sistema no reemplaza al mecanismo vigente, sino que convivirá con él, permitiendo que quienes prefieran seguir presentando el CUD físico puedan hacerlo. El proceso se desarrolló en articulación entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE.

Los interesados deben registrar su tarjeta y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del martes 16 de junio y no hay plazo límite para adherirse. Una vez registrada la tarjeta, el usuario debe ingresar a su cuenta personal, dirigirse a la sección Beneficios y cargar el número de CUD, que consta de diez dígitos.

Tras la carga, es necesario activar el beneficio mediante tres vías posibles: apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE, utilizar la aplicación SUBE con tecnología NFC en dispositivos Android 6 o superior, o informar al conductor del colectivo al momento de subir a la unidad.

En el caso de los trenes, la persona debe apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje y volver a apoyarla al finalizar el recorrido. Si el usuario viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes, quedando el descuento del 100 por ciento asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Para consultas, se puede acceder al sitio web de la Secretaría Nacional de Discapacidad o comunicarse telefónicamente de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, al 0800-555-3472.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin la necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de forma física ante choferes o inspectores. La medida, comunicada a través de la cuenta de X del funcionario, entrará en vigencia el próximo 19 de junio.

A partir de esa fecha, los usuarios beneficiarios podrán acceder a una bonificación del 100% en las tarifas utilizando directamente la tarjeta SUBE. Para implementar este sistema, los interesados deberán realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE. De esta manera, los validadores de los accesos reconocerán el beneficio de forma automática al momento de pasar la tarjeta.

Según lo informado por el jefe de Gabinete, esta nueva modalidad convivirá con el sistema de acreditación actual que rige en el transporte público. Asimismo, se precisó que la digitalización comenzará a aplicarse de manera estricta en las líneas de transporte de jurisdicción nacional. El objetivo de la administración del presidente Javier Milei es extender este despliegue de manera progresiva hacia el resto de las provincias y localidades del país.

El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que se le abonaba a las empresas de transporte de larga distancia para cubrir los pasajes gratuitos de personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por la normativa.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Transporte a través de la resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial. El documento aclara que el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados) y 27.674 (oncología infantil) “permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas”.

En este sentido, el Gobierno puntualizó que “el eventual impacto económico de la decisión se circunscribe exclusivamente a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados”.

En diálogo con el ciclo Plataforma Magazine (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, analizó el impacto de la decisión administrativa del Gobierno nacional y puso el foco en una normativa que generó una alerta en todas las defensorías del país nucleadas en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). 

Una resolución “muy regresiva”

Según detalló la abogada ante El Eco Multimedios, esta medida se apoyó en el decreto 883 del 2024, que estableció la desregulación del transporte interjurisdiccional, otorgando mayor libertad a las prestadoras para fijar rutas y precios. Bajo este nuevo esquema, el Ejecutivo nacional determinó que sean las propias empresas las que absorban los costos de la gratuidad.

“Vemos esta resolución muy regresiva porque, si bien el derecho sigue siendo obligatorio, nos preocupa que se transforme en un vaciamiento del sistema”, expresó Lafourcade.

La defensora recordó que el esquema actual establece un cupo de hasta dos pasajes por colectivo que cuente con entre 50 y 54 plazas. “El esquema no cambió en cuanto a la gratuidad para las personas con discapacidad”, resaltó, pero aclaró que ahora será absorbido “por la empresa y no por el Estado”.

Luego, alertó que el sistema presentaba dificultades y quejas constantes por parte de los usuarios, que se encontraban con la negativa de las empresas bajo la excusa de la falta de asientos disponibles.

El temor es que, al no recibir ya el subsidio estatal, las compañías agudicen estas restricciones, convirtiendo un derecho legal en algo de “imposible obtención” en la práctica cotidiana. “De nada sirve un derecho declamado si no  se puede utilizar”, enfatizó.

Más consideraciones

En otro pasaje de la entrevista, Lafourcade subrayó que el uso de estos pasajes en su gran mayoría responde a necesidades de salud y tratamientos médicos de alta complejidad.

“La mayoría de las personas con discapacidad que lo utilizan lo hacen por cuestiones médicas y de salud”, afirmó y detalló que deben trasladarse a centros médicos de alta complejidad, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para recibir la asistencia o tratamientos adecuados.

Ante esta situación, la funcionaria instó a la comunidad a no claudicar en sus derechos. En caso de que una empresa niegue un pasaje a una persona que cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el primer paso es realizar el reclamo formal ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Lafourcade sugirió que el trámite se realice a través de la página web oficial del organismo nacional, pero solicitó que los vecinos también hagan llegar una copia de esa denuncia a la sede local de la Defensoría del Pueblo.

“Necesitamos tener un monitoreo real de lo que está sucediendo en Tandil”, explicó. La intención del organismo local es conocer si existen sanciones y multas ante los incumplimientos y cómo actuará ante las previsibles dificultades que traerá la nueva resolución. “Las dificultades siempre han sido recurrentes con este sistema y se va a agudizar”, alertó.

Para facilitar esta comunicación, los afectados pueden escribir al correo electrónico defensoría@defensoriadelpueblotandil.gob.ar, contactarse a través de las redes sociales o dirigirse personalmente a la oficina de Maipú 253, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.

Finalmente, la defensora adelantó que el organismo se encuentra trabajando en un informe sobre la situación de las pensiones no contributivas, otro tema que genera inquietud en el sector.

El Gobierno nacional oficializó este martes, a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación publicada en el Boletín Oficial, la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por la emisión de pasajes gratuitos.

La normativa dispone dejar “sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional” por los boletos sin cargo. Este esquema contemplaba el pago parcial por parte del Estado de los pasajes que las compañías debían otorgar por ley a personas con discapacidad, personas trasplantadas, aquellas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que la modificación no afecta el derecho de los usuarios a viajar sin costo, ya que las empresas siguen obligadas a cumplir con la gratuidad prevista en las leyes vigentes. Según el texto oficial, el derecho a viajar sin costo por las razones contempladas “permanece plenamente vigente y exigible”.

El fundamento de la medida radica en la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que estableció un nuevo marco normativo para el sector. Según la resolución, este cambio permitió a las empresas determinar libremente recorridos, horarios, precios y modalidades, lo que modificó la base jurídica y económica que justificaba las compensaciones. Por ello, el organismo sostuvo que, al quedar superada la causa estructural que dio origen al sistema, su continuidad resulta innecesaria.

Finalmente, la resolución establece que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) deberá garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de las empresas. Asimismo, se incorporó una cláusula transitoria para asegurar que la medida no afecte situaciones anteriores, respetando el principio de seguridad jurídica.

El vicepresidente primero de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Juan Marino (Unión por la Patria), organizó una reunión abierta con 150 invitados vinculados a la temática, en una actividad donde se repitió varias veces el pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, por los severos recortes en el área.

La reunión se realizó “ante la decisión de La Libertad Avanza de mantener cerrada la comisión de Discapacidad, y ante el planteo de numerosas organizaciones que reclaman ser escuchadas”, explicó el diputado opositor.

“La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei”, disparó Marino.

En el encuentro se hicieron presentes Ian Moche y su madre, quien denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda, que surgieron -según comentó- luego de que la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine iniciara “una campaña en redes” contra el niño de 12 años con trastorno del espectro autista.

Por su parte, la actriz Lola Berthet reclamó el juicio político a Lugones, planteo al que se sumaron numerosas organizaciones presentes en la reunión.

Marino recordó que junto a su par Pablo Todero ya habían presentado un pedido de juicio político contra el ministro de Salud.

Fueron numerosos los testimonios que dieron cuenta del cierre de centros de día, y de la imposibilidad de acceder a terapias, tratamientos y medicamentos.

Algunos oradores también instaron a poner en pie un Observatorio Nacional de la Discapacidad que funcione con la coordinación efectiva entre las organizaciones, los diputados y las universidades para poner de manifiesto la situación real de los derechos de las personas con discapacidad.

La enorme mayoría de los presentes manifestó su rechazo al proyecto ingresado por el Gobierno en el Senado sobre reforma del régimen de pensiones por invalidez laboral, al considerar que busca entre otros objetivos “desmantelar el sistema de derechos de las personas con discapacidad”. NA

El gobierno nacional continúa avanzando con medidas que afectan la ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras la discusión se traslada a la Corte Suprema de Justicia, el oficialismo envió al Congreso un proyecto de ley que elimina diversos derechos del colectivo, entre ellos, los beneficios fiscales para las empresas que promueven la inclusión laboral.

Ante este escenario, el diputado de Unión por la Patria, Cristian Andino, presentó una iniciativa que busca transformar la inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo. El proyecto, acompañado por los legisladores Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández, fue remitido a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

La propuesta establece que el sector privado debe adoptar medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades, integrando la inclusión como un componente estratégico de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). El texto abarca a todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en el país, con adaptaciones para micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre las obligaciones para las compañías, se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad a la plantilla de personal y la contratación de proveedores que gestionen unidades productivas inclusivas. Además, las empresas deberán contar con descripciones de puestos accesibles y protocolos de prevención frente al acoso y la discriminación.

Para fomentar estas prácticas, el proyecto introduce un régimen de incentivos. Las firmas que cumplan con los requisitos tendrán prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a financiamiento y una reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales por los empleados con discapacidad.

Un punto fundamental de la iniciativa es que garantiza que el acceso al empleo formal no provocará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), atendiendo un reclamo histórico del sector. Asimismo, se prevé la creación del Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas para otorgar un sello oficial a las organizaciones cumplidoras.

Según los impulsores, la medida busca "transformar el paradigma de la inclusión laboral en la Argentina, pasando de la promoción voluntaria a la responsabilidad compartida y garantizando condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo", tal como se detalla en el documento ingresado a la Cámara de Diputados.

La tandilense Lourdes Martínez, reconocida por su histórica labor en la Federación de Talleres Protegidos, denunció públicamente que la obra social IOMA mantiene una deuda ininterrumpida desde el mes de noviembre con el hogar donde reside su hermano Franco, ubicado en la ciudad de Mar del Plata. 

La situación ha llegado a tal punto que la institución notificó a los familiares que, de no regularizarse los pagos, los concurrentes podrían perder la prestación de alojamiento.

El conflicto se precipitó la semana pasada, cuando las familias recibieron una comunicación formal del hogar advirtiendo sobre la imposibilidad de sostener los costos operativos sin el respaldo de las obras sociales. 

Según relató Martínez a “Plataforma Magazine” -por ECO TV y la 104.1 FM-, la institución planteó la posibilidad de que los residentes deban ser retirados los viernes para regresar los lunes, limitando su permanencia únicamente a las actividades de centro de día. 

Esta medida, motivada por la falta de fondos para cubrir los salarios del personal bajo el régimen de Utedic y los gastos de mantenimiento, representa un riesgo severo para la estabilidad de los pacientes.

Franco, el hermano de Martínez, reside desde el año 2012 en Dharma, un hogar ubicado en la ciudad de Mar del Plata. La elección de este destino no fue casual, sino una respuesta a la carencia de infraestructura en nuestra localidad. "Tandil no ofrece hogares para personas con discapacidad; solamente hay centros de día que atienden la discapacidad", explicó la mujer, subrayando que, si bien existen geriátricos locales, estos no cuentan con la especialización terapéutica necesaria para el desarrollo y la independencia de jóvenes con patologías específicas.

La situación financiera descrita por la denunciante es asfixiante. Mientras que una pensión por discapacidad ronda los $220.000 mensuales, el costo de una prestación integral en un hogar especializado supera los tres millones de pesos. 

"Es imposible que una familia pueda cubrir lo que la obra social no paga", sentenció. La deuda de IOMA no solo afecta a su hermano, sino a otros doce concurrentes que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad, lo que representa una cifra millonaria que la institución prestadora debe absorber para no dejar a los jóvenes en la calle.

Ante la falta de soluciones por las vías administrativas tradicionales, Martínez decidió recurrir a la visibilización a través de las redes sociales, dirigiendo su reclamo directamente al gobernador Axel Kicillof. 

El video tuvo una repercusión inmediata, aunque la mujer lamentó que, junto al apoyo, también recibió mensajes con tintes políticos que desviaron el foco de la urgencia humanitaria. "Yo siempre peleé por los derechos de mucha gente. Me había tomado una pausa porque era saludable, pero ahora me tocó con Franco y la gente todavía no entiende que IOMA es una caja provincial a la que todos aportamos", manifestó.

En su relato, la tandilense fue crítica con la gestión de la obra social, calificándola como una "caja cautiva" donde los empleados públicos, judiciales y policías realizan sus aportes mensuales sin recibir la contraprestación correspondiente. 

Asimismo, se refirió a las gestiones políticas locales, mencionando que las soluciones propuestas hasta el momento por referentes como el entonces diputado nacional Rogelio Iparraguirre -actual concejal de Fuerza Patria- han funcionado apenas como "una curita arriba de la llaga", sin resolver el problema de fondo que es el financiamiento estructural de las prestaciones.

Lejos de quedarse en la queja virtual, Martínez inició acciones formales para resguardar la salud de su hermano. De esta manera, se presentó ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para dejar constancia de todo lo que Franco pierde ante la falta de cobertura y el detalle de la deuda acumulada por IOMA. 

Según explicó, este es el paso previo necesario antes de avanzar hacia la justicia ordinaria.

La advertencia es clara: si en el plazo de una semana no existe una respuesta concreta o un plan de pagos por parte de la obra social, la familia, con el patrocinio de un abogado, radicará una denuncia penal por desacato contra el director de IOMA, Homero Giles.

"Tengo que exprimir todo lo que esté a mi alcance. Nos están matando de a poco un servicio que nos tiene que dar salud", afirmó, instando a otros afiliados que atraviesen situaciones similares a no tener miedo y realizar los descargos correspondientes ante los organismos de control.

Finalmente, Martínez destacó la calidad humana y profesional del personal del hogar Dharma, quienes a pesar de la falta de pago han mantenido a los residentes en la institución. 

"Tienen un corazón enorme y es muy difícil dejar a más de 30 personas en la calle de un día para el otro", concluyó, remarcando que su lucha busca evitar que su hermano pierda los avances logrados en su independencia y terapias tras más de diez años de tratamiento continuo.

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, lanzó una dura crítica contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por las políticas impulsadas en materia de discapacidad. La autoridad parlamentaria cuestionó tanto el incumplimiento de la Ley de Emergencia como el nuevo proyecto enviado al Congreso que propone modificar el marco normativo vigente.

“Milei pone en riesgo la vida de argentinas y argentinos discapacitados al incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada y ratificada por los representantes de la sociedad en el Congreso y avalada por la Justicia, que exigió cumplirla”, reclamó Verónica Magario. La vicegobernadora de Axel Kicillof advirtió que la administración libertaria no solo omite la normativa sancionada, sino que además profundiza las restricciones sobre los beneficiarios del sistema en materia de prestaciones sanitarias.

En ese marco, la presidenta de la Cámara alta bonaerense puso el foco en la propuesta del oficialismo nacional, que busca aprobar una nueva ley con cambios estructurales en el régimen de pensiones. “Ahora pretende agravar la condición de vida de las y los discapacitados. Con ‘orgullo libertario’, es cruel con los más débiles”, cuestionó la funcionaria, quien además apuntó contra la posible incompatibilidad entre pensión y empleo formal.

La dirigente provincial retomó uno de los principales puntos del proyecto, que elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda trabajar sin perder la asistencia estatal. Al respecto, la exintendenta de La Matanza explicó que la pensión por discapacidad ronda los 378 mil pesos, por lo que funciona como un complemento frente a las limitaciones que enfrentan estas personas para insertarse en el mercado laboral y sostener ingresos en contextos de vulnerabilidad.

“¿Hasta dónde se puede jugar con la vida de los más vulnerables, los jubilados, los niños y los discapacitados? La real “obligación moral” de un Estado no es hablar pavadas diciendo que un crédito a un funcionario “no mata a nadie”. Es asistir a los que no pueden defenderse solos”, afirmó la referente oficialista.

En las últimas semanas, el Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto que modifica de forma sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, que aún no aplica en su totalidad pese al fallo de la Justicia que ordena su cumplimiento efectivo. La iniciativa pretende derogar los artículos cinco, seis, nueve, 14 y 20 de la normativa sancionada en 2025 y redefine los criterios para acceder a la ayuda estatal.

Frente a este escenario, Verónica Magario volvió a levantar la voz en relación con el ajuste del Gobierno nacional y convocó a fijar una posición frente al nuevo intento de reforma sobre las políticas públicas. “Quienes creemos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos debemos levantar un muro de contención para frenar tanta barbarie. El otro importa”, finalizó.

El texto oficial plantea un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales bajo un esquema de control más estricto. Asimismo, la propuesta habilita la suspensión automática de la pensión en caso de incumplimiento y permite aplicar bajas preventivas. Finalmente, la presentación libertaria establece la incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales, eliminando la posibilidad de acceder a un trabajo registrado sin perder el beneficio.

Organizaciones sociales, familiares de personas con discapacidad y trabajadores de la sanidad protagonizaron este miércoles una masiva movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en rechazo a la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta también se replicó en distintas ciudades del país.

La convocatoria, impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyó además un cese de actividades por parte de trabajadores de prestadoras, en el marco de lo que definieron como una “profunda crisis” en el sector.

Durante la jornada, los manifestantes advirtieron sobre atrasos arancelarios, irregularidades en los pagos y acumulación de deudas, una situación que —según denunciaron— está llevando al sistema de prestaciones “a un escenario terminal”. En ese contexto, también señalaron demoras en los pagos del programa Incluir Salud, que en algunos casos se arrastran desde octubre.

Mientras el Gobierno busca avanzar con modificaciones a la ley que había sido aprobada el año pasado por el Congreso con mayoría opositora —y que no pudo ser vetada tras su judicialización—, los manifestantes entregaron una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, con un detalle de los reclamos del sector.

En medio de la protesta, se multiplicaron las críticas por la “falta de respuestas concretas” del Estado, tanto en el funcionamiento de las instituciones como en las condiciones laborales de los prestadores y el acceso a derechos por parte de las personas con discapacidad.

Además de la concentración principal frente a la cartera sanitaria, otro grupo se movilizó hacia el Ministerio de Economía para exigir mayores partidas presupuestarias destinadas al área. Las protestas también se replicaron en ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata, reflejando el alcance federal del reclamo.

En una entrevista exclusiva, la actriz Valentina Bassi analizó la reforma de la Ley de Discapacidad impulsada por el oficialismo y advirtió que la iniciativa representa un retroceso de 30 años en materia de derechos. Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, expuso su preocupación por los cambios propuestos.

Para la artista, el punto más crítico es la intención de liberar el nomenclador único, herramienta que consideró la columna vertebral del sistema. Según explicó, este mecanismo garantiza que todas las personas accedan a terapias y centros educativos en igualdad de condiciones, independientemente de sus recursos económicos.

"Es una ley nefasta. Quiero hacer la salvedad que no solo la votó la oposición, sino que fue transversal absolutamente. Para ganarse el 70 por ciento de los votos a favor de las personas con discapacidad en el Congreso tiene que ser completamente transversal", remarcó.

Bassi advirtió que la desregulación abriría la puerta a que las obras sociales y prepagas decidan arbitrariamente qué prestaciones cubrir. Esta fragmentación, aseguró, dejaría a muchas familias sin acceso a tratamientos básicos y afectaría especialmente a las entidades con menor capacidad financiera, como la Obra Social de Actores.

Asimismo, la actriz relató las dificultades cotidianas que enfrentan las familias y las instituciones. Mencionó que la escuela especial a la que asiste su hijo se encuentra en riesgo de cierre tras haber contraído diez deudas para sostenerse. A esta situación se suma la crisis en el transporte: "La mitad de la escuela no tiene transporte. La mitad de los transportistas ya se fueron a trabajar a otro rubro porque no pueden ni prender la camioneta", detalló.

Finalmente, subrayó que el Estado fija aranceles tan bajos que no alcanzan para cubrir los costos operativos, lo que pone en jaque la permanencia de los servicios. "Cuando se discute discapacidad, se discute un modelo de país, porque realmente son los más frágiles de los frágiles", concluyó.

En el marco de una situación que califican como terminal, diversas organizaciones y familiares de personas con discapacidad se movilizarán este martes 14 de abril a las 10:30 hacia la sede del Ministerio de Economía. El objetivo de la convocatoria es presentar una nota formal dirigida al ministro Luis Caputo para reclamar la regularización de los fondos destinados al Programa Federal Incluir Salud.

La protesta, impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tendrá lugar en Hipólito Yrigoyen 250. Según explicaron desde la organización, la falta de transferencia de recursos pone en serio riesgo la continuidad de los tratamientos y prestaciones para beneficiarios de pensiones no contributivas y afiliados de PAMI, servicios que se encuentran amparados por la Ley 24.901.

Además del reclamo por los pagos adeudados, las entidades exigirán que se aseguren las partidas necesarias para la ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Desde el Foro advirtieron que la emergencia continúa vigente y que el desfinanciamiento afecta de manera directa a numerosas instituciones que hoy atraviesan una crisis profunda, con el peligro inminente de interrumpir servicios esenciales.

En el ámbito legislativo, el peronismo presentó en el Congreso una iniciativa que busca blindar la continuidad de los tratamientos médicos y asistenciales dentro del programa Incluir Salud, ante la incertidumbre que genera el actual esquema de recortes.

Por otro lado, en las últimas horas se generó una fuerte polémica en torno al alcance del ajuste estatal. Tras haber afirmado inicialmente que el ministro Luis Caputo ordenó un recorte generalizado del 20 por ciento en todas las carteras, el periodista Luis Majul se rectificó públicamente. El conductor aclaró que el pedido provino de Manuel Adorni y consiste en un plan de ajuste del dos por ciento del gasto corriente y del 20 por ciento del gasto de capital, esquema que los ministerios deberán presentar antes del 30 de abril.

Al respecto, el periodista expresó a través de sus redes sociales: "Los datos son los datos. Y los errores son los errores. Cuando se cometen, hay que corregirlos y pedir disculpas", expresó.

La diputada bonaerense del bloque UCR – Unión Cívica Radical, Alejandra Lorden, presentó un proyecto de ley para crear un régimen de licencias especiales destinado a trabajadores estatales con hijos con discapacidad. La iniciativa busca garantizar el acompañamiento en tratamientos médicos mediante licencias con goce íntegro de haberes y franquicias horarias específicas.

El universo de beneficiarios incluye a quienes tengan a su cargo hijos con discapacidad, sin distinción de género ni modalidad de vínculo familiar. El alcance de la normativa comprende a los agentes de los tres poderes del Estado provincial, organismos descentralizados, empresas públicas y órganos de control.

La propuesta contempla situaciones en las que la afección se manifieste al momento del nacimiento o con posterioridad, e incorpora los casos de guarda con fines de adopción. Según el texto legislativo, los agentes públicos podrán acceder a una licencia especial de hasta 120 días anuales, utilizables de forma continua o discontinua.

Asimismo, se establece una franquicia horaria de hasta dos horas diarias no acumulables para madres, padres o responsables legales, con el fin de facilitar la asistencia a consultas o terapias justificadas. Para acceder, se requerirá el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y un plan de rehabilitación que respalde la solicitud.

En los casos donde ambos progenitores se desempeñen en el Estado provincial, el beneficio se asignará a uno de ellos por mutuo acuerdo. No obstante, existe una excepción: si el tratamiento debe realizarse a más de 100 kilómetros del hogar, ambos podrán acceder al régimen de forma simultánea.

Al defender su planteo, la diputada oriunda de Saladillo enfatizó la necesidad de adecuar la legislación a las demandas de cuidado actuales.

“La actividad laboral de los progenitores no debe ser un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho al tiempo requerido para el cuidado y atención necesarias”, afirmó Lorden.

La legisladora fundamentó su propuesta en el artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y en convenios internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo. “El Estado debe hacerse presente para acercar a los progenitores o familiares respuestas que puedan facilitar esta nueva situación”, advirtió.

Lorden, quien posee trayectoria como médica, también impulsa la creación de un boleto gratuito para pacientes oncológicos. Esta medida busca asegurar el acceso a los tratamientos frente a los costos de traslado en colectivos urbanos e interurbanos.

“Buscamos romper con una de las barreras que encuentran los pacientes oncológicos a la hora de cumplimentar con el cronograma de tratamientos: los costos del pasaje en colectivos urbano e interurbanos”, remarcó la representante del radicalismo.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil (Amafutan) llevará a cabo este viernes a las 17:30 un conversatorio centrado en el acceso a la justicia para personas con discapacidad. La actividad estará abierta a la comunidad y tendrá lugar en la sede del Colegio de Escribanos, ubicada en Rodríguez 453, con especial invitación a profesionales del derecho y de la salud.

Bajo el título “Acceso a la justicia: Implicancias procesales en la defensa de personas con discapacidad”, el encuentro contará con la participación de Agustina Forte, perito intérprete en Lengua de Señas Argentina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y del defensor oficial del fuero penal local, Pablo Molina Marañón.

Durante la jornada se abordarán los principales desafíos vinculados al acceso a la justicia en el ámbito penal para personas con discapacidad, con énfasis en la necesidad de incorporar ajustes de procedimiento que garanticen condiciones de igualdad. En ese sentido, se pondrá el foco en la evaluación del repertorio comunicacional como una herramienta clave para asegurar la comprensión efectiva de las personas sordas o con disminución auditiva dentro de los procesos judiciales.

“Todo proceso que no involucre un perito intérprete cuando se detecta que hay una persona con discapacidad auditiva es nulo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece claramente el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y reconoce la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas”, anticipó Agustina Forte.

“Aunque la normativa es clara, se incurre constantemente en la vulneración de derechos de las personas sordas o con disminución auditiva. Muchas veces se les pide que consigan su propio intérprete, cuando el ajuste de procedimiento es una obligación del Estado y, por lo tanto, debe ser gratuito”, añadió.

La especialista también destacó que su labor excede la mera traducción. “Nuestra función no es solo traducir, sino evaluar el repertorio comunicacional de cada persona, ya que no todas manejan la lengua de señas de la misma manera ni han alcanzado el mismo nivel de escolaridad. A partir de esa evaluación, se adapta todo el proceso judicial para garantizar una comprensión real”, declaró.

Por su parte, el presidente de Amafutan, Diego Araujo, subrayó la relevancia de generar espacios de reflexión sobre esta temática. “El acceso a la justicia es un derecho instrumental esencial, que posibilita hacer efectivos los demás derechos. En el caso de las personas con discapacidad, implica garantizar la posibilidad real de utilizar los mecanismos legales en condiciones de igualdad, removiendo las barreras que históricamente han limitado su ejercicio”, señaló. 

En esa línea, remarcó que “la implementación de ajustes de procedimiento resulta fundamental, ya que permite adaptar las prácticas judiciales a las necesidades concretas de cada persona, evitando situaciones de indefensión". Este conversatorio buscará consolidarse como "una valiosa oportunidad para reflexionar, intercambiar experiencias y avanzar hacia un sistema de justicia verdaderamente inclusivo”.

El conversatorio cuenta con el acompañamiento del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul y de la Asociación de Abogados de Tandil. Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fomentar el intercambio de experiencias y contribuir al fortalecimiento de una justicia accesible para todos.

La investigación sobre corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevos elementos en la última semana con la declaración de un testigo de identidad reservada y el avance sobre la red de ortopedias y el presunto lavado de dinero.

El testimonio del testigo protegido se configuró como un factor clave para que el juez Sebastián Casanello dictara la semana pasada el procesamiento de 19 personas, incluidos el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete.

Además, el testigo aportó más pistas para analizar transacciones sobre las que trabajan los investigadores, liderados por el fiscal Franco Picardi.

La Justicia sospecha que el esquema de sobornos y fraude no se agota en las líneas actuales, sino que podría extenderse a otros delitos y responsables, según reveló el diario La Nación.

En este marco, la fiscalía viene estudiando el rol de las ortopedias que proveyeron insumos a la Andis a partir de los obtenidos en una serie de allanamientos. Según la investigación, Calvete no solo actuaba como un gestor, sino como un intermediario con el organismo.

Al respecto, escuchas telefónicas sugieren que Calvete garantizaba pagos del organismo a cambio de retornos de las empresas. Con esta línea investigativa, la Justicia busca conseguir más datos en esa dirección.

Al mismo tiempo, siguen su curso las medidas de prueba en torno al presunto lavado de dinero, ya que el juez ordenó la indagatoria de supuestos lavadores, y también intervienen en este aspecto el Ministerio Público junto con la Procelac.

En paralelo, continúa puesta la lupa en la Droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker. Aunque por ahora no fueron procesados, la justicia mantiene un importante interés en sus comunicaciones corporativas. Sin embargo, se han topado con serias dificultades técnicas:

-El teléfono vacío: Jonathan Kovalivker entregó un dispositivo sin contenido.

-El celular bloqueado: el teléfono de Emmanuel Kovalivker, sigue bajo llave digital, ya que los peritos aún no logran franquear su seguridad.

-La ruta de EEUU: ante la negativa de la empresa de entregar claves de correos corporativos, la justicia solicitó la información a proveedores en Estados Unidos, un trámite burocrático que suele demorar meses.

“El Helvético” y la interna libertaria

La causa también roza la política de alto vuelo. Un audio de Pablo Atchabahian dirigido a Calvete reveló una trama de influencias donde se menciona a un tal “Helvético”, identificado por el juez Casanello como Sebastián Nuner Uner, un alto ejecutivo de la Suizo Argentina.

En ese mensaje, Atchabahian hablaba de “alinear jugadores” para evitar las torpezas de Spagnuolo (referido como “el pelado”) y mencionaba que el informe llegaría a “Rioja”, apodo que los investigadores vinculan con Eduardo “Lule” Menem. El audio expone, en crudo, las tensiones entre las distintas facciones que orbitan el poder central.

A partir de esta semana, la causa estará a cargo de Ariel Lijo, que deberá decidir si mantendrá la delegación de la investigación en el fiscal o la asumirá él.

Además, tendrá que ejecutar la orden de la Cámara Federal de investigar si fueron manipulados los audios sobre la corrupción en la Andis adjudicados a Spagnuolo en los que se apoya la denuncia que dio origen a este caso, lo que puede derivar en la nulidad de la causa.(NA).