La música como herramienta de expresión, encuentro e inclusión será protagonista de una nueva propuesta de Flama. Este miércoles 28 de octubre a las 19:30, el Teatro del Fuerte recibirá un espectáculo de entrada gratuita que reunirá a la organización Todos Hacemos Música y artistas locales, con el objetivo de visibilizar el talento de las personas con discapacidad y promover su participación plena en la sociedad.

La iniciativa fue presentada en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1. En ese marco, la musicoterapeuta y organizadora Leticia Alberti explicó que la jornada también buscará generar un aporte concreto a la comunidad educativa, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas para estudiantes de la Escuela 501.

El proyecto cuenta con el acompañamiento del Cluster Tecnológico de Tandil, que a través de uno de sus programas trabaja en la implementación de recursos de comunicación aumentativa en la institución.

Estas herramientas incluyen símbolos, pantallas y sistemas de señalamiento que permiten expresar necesidades, pensamientos y emociones a personas que encuentran dificultades para comunicarse mediante el lenguaje oral. En ese marco, se prevé la donación de cinco tablets para desarrollar una experiencia piloto en el aula, con actividades orientadas a la alfabetización y la socialización. 

Durante el espectáculo, quienes asistan podrán colaborar mediante un código QR destinado a financiar estos recursos tecnológicos. También se recibirán alimentos no perecederos para el banco de alimentos local.

El encuentro tendrá como protagonista a Todos Hacemos Música, una organización liderada por el licenciado en musicoterapia y músico Ralph Niedenthal. El proyecto comenzó en 2007 y, con el paso del tiempo, amplió su trabajo terapéutico para desarrollar videoclips, discos y conciertos en distintos puntos del país.

Según contó Ralph Niedenthal, la iniciativa surgió al descubrir el potencial creativo de las personas con las que trabajaba. Desde entonces, la organización recorrió más de 29.000 kilómetros por las 23 provincias argentinas y promovió experiencias artísticas compartidas por personas con y sin discapacidad.

Entre sus proyectos se destaca “Argentina en una canción”, una obra dedicada a la naturaleza del país que recibió el premio Mercedes Sosa a la mejor ingeniería de grabación y el reconocimiento Banderados en 2022.

Para Ralph Niedenthal, uno de los aspectos más valiosos de la experiencia es descubrir cómo la música permite expresar sentimientos y desarrollar capacidades creativas, más allá de las limitaciones que pueda afrontar cada persona.

Otro de los integrantes de la organización es Diego Stanley, quien participa desde hace una década. Es músico, cantante y voluntario, y también toca habitualmente en la línea D del subte porteño.

Destacó la libertad que encuentra en la música y la posibilidad de conectar con el público a través de sus interpretaciones. Su experiencia forma parte del mensaje que la organización busca transmitir: generar oportunidades para que cada persona pueda expresarse, compartir sus talentos y participar de la vida cultural.

La banda THM Band será la encargada de llevar la propuesta musical al escenario. Está integrada por Fernando Cifro en guitarra, Natalia Paladín en batería, Miguel Simonetti en bajo y Ralph Niedenthal en teclados.

Además, participarán artistas de Tandil, entre ellos El Combo Musical, junto con otras propuestas locales que comparten el compromiso con la inclusión. El espectáculo también contará con la participación de artistas vinculados al lenguaje de señas.

La organización presentará parte de su repertorio, incluido el álbum “¿Qué ves cuando me ves?”, que reúne colaboraciones de referentes del rock nacional como Javier Malosetti, Walter Sidoti e integrantes de Rata Blanca y Los Tipitos. La producción estuvo a cargo de Nelson Pombal.

Alberti remarcó que la propuesta también busca reconocer el trabajo artístico que se desarrolla en Tandil y generar conciencia sobre las necesidades de quienes requieren apoyos específicos para comunicarse y aprender.

La actividad tendrá una duración aproximada de poco más de una hora. La entrada será gratuita, con inscripción previa a través de la página oficial de Flama.

Los organizadores invitaron a la comunidad a participar de una jornada que combinará música, tecnología y compromiso social, bajo una premisa compartida: reconocer los talentos y las posibilidades de cada persona.

El Gobierno nacional anunció este martes que mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y habilitará un plazo de 30 días hábiles para que sus titulares presenten documentación que permita revisar su situación.

La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en medio del conflicto que atraviesa el sector de la discapacidad por las auditorías y la continuidad de las prestaciones.

Según explicó el funcionario, la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esos beneficios porque no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para justificar su continuidad.

“Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa”, sostuvo Ravier.

De esta manera, el argumento oficial se centra en la falta de documentación para acreditar los requisitos, sin que ello constituya, por sí mismo, una determinación sobre la condición de salud de cada persona alcanzada.

El vocero indicó que las personas afectadas podrán aportar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o incorporar otros antecedentes que permitan evaluar la continuidad de la pensión.

Las presentaciones podrán realizarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el organismo.

El plazo anunciado será de 30 días hábiles. La revisión de cada situación quedará vinculada a los elementos que aporten los titulares para acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Ravier señaló que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y carecen de medios de subsistencia. En ese sentido, explicó que su otorgamiento no depende únicamente de la existencia de una discapacidad ni de la tenencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El Gobierno enmarcó la medida en una auditoría que, según sostuvo, detectó presuntas irregularidades médicas y patrimoniales. Sin embargo, el vocero reconoció que todavía no se realizaron presentaciones ante la Justicia sobre esos casos.

Entre los elementos mencionados por el Ejecutivo aparece la existencia de bienes registrados a nombre de beneficiarios. Esa circunstancia fue presentada como un indicio que requiere revisión, aunque no constituye por sí sola una prueba de fraude.

La administración nacional también cuestionó el incremento de las prestaciones durante la gestión de Alberto Fernández y lo atribuyó a motivaciones políticas. Esa acusación forma parte de los argumentos oficiales para defender las auditorías, mientras los titulares alcanzados deberán aportar los antecedentes requeridos para solicitar la revisión de sus suspensiones.

La abogada Gabriela Marti, especialista en discapacidad, visitó los estudios de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, para analizar los alcances del proyecto de ley sobre discapacidad que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y advertir sobre las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales que brindan prestaciones.

La especialista se refirió a la incertidumbre que genera el vencimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, previsto para el 31 de diciembre, ante la falta de tratamiento de su prórroga. Si bien la iniciativa legislativa recibió un respaldo mayoritario en Diputados, señaló que el texto presenta aspectos que generan preocupación.

Uno de ellos es la revisión de las pensiones no contributivas. Según explicó Marti, la propuesta establece un plazo de 160 días para que los beneficiarios acrediten su situación ante las juntas evaluadoras. La abogada advirtió que una eventual baja puede derivar en un proceso burocrático complejo para recuperar el beneficio.

La especialista también cuestionó las condiciones previstas para compatibilizar el cobro de una pensión con un empleo formal. De acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, el beneficio podría suspenderse si el salario supera el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Alejandra Marti consideró que ese límite resulta insuficiente frente al costo de vida y manifestó sus reparos sobre los mecanismos de suspensión y restitución de las pensiones. En ese sentido, alertó que la interrupción de una prestación puede generar dificultades económicas para personas que dependen de esos ingresos.

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la situación del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad. La abogada sostuvo que los valores continúan desactualizados frente a la inflación acumulada y estimó que existe una brecha cercana al 40 por ciento.

El desfasaje impacta en una red de profesionales que incluye médicos, psicólogos, psicopedagogos y acompañantes terapéuticos, cuyos servicios resultan fundamentales para sostener tratamientos y acompañar la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

A esta situación se suman las demoras en los pagos de obras sociales y empresas de medicina prepaga que, según indicó Marti, pueden extenderse entre tres y seis meses.

Para la especialista en el tema, esta combinación de factores compromete la continuidad de los servicios y dificulta que los prestadores puedan sostener su actividad. “Si no los actualizás al valor que corresponde, ese dinero del nomenclador sigue estando siempre en déficit y eso perjudica obviamente la calidad de vida”, afirmó.

Marti también señaló que muchas familias deben recurrir a la Justicia para obtener coberturas básicas, como internaciones domiciliarias y servicios educativos especializados. En esos casos, explicó, los diferentes criterios de las entidades de salud pueden generar desigualdades en el acceso a las prestaciones.

Como ejemplo de las dificultades que atraviesa el sector, Alejandra Marti mencionó una resolución de IOMA que, según relató, redujo el valor por hora de los acompañantes terapéuticos de 21.000 a 6.000 pesos.

La abogada sostuvo que ese monto vuelve inviable la continuidad de muchos servicios, debido a que los profesionales no pueden sostener su trabajo en esas condiciones económicas. La consecuencia, según advirtió, es una mayor incertidumbre para las personas que necesitan acompañamiento y para sus familias.

En relación con el futuro del proyecto, la profesional planteó que el Senado debe avanzar con su tratamiento, aunque remarcó que la aprobación de una norma no garantiza por sí sola cambios concretos.

Para la especialista, la implementación depende de que el Poder Ejecutivo asigne los recursos presupuestarios necesarios. De lo contrario, advirtió, las disposiciones legales pueden quedar sin un impacto efectivo en la vida de las personas con discapacidad.

La preocupación también alcanza a las partidas previstas en el presupuesto nacional, cuya suficiencia para responder a las necesidades del sector fue otro de los puntos señalados durante la entrevista.

En el cierre, la abogada llamó a fortalecer la participación ciudadana y a prestar atención a las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, considerando que las necesidades de este colectivo deben ocupar un lugar central en las decisiones estatales.

“El Estado tiene que estar presente en materia de discapacidad y esto no va a pasar hasta que los políticos tomen conciencia de que el colectivo debe ser protegido”, concluyó Alejandra Marti, quien reafirmó la importancia de garantizar los derechos y la continuidad de las prestaciones.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quiere convertirlo en ley durante el mes de noviembre, ya que su intención es no demorar la aprobación de un tema que unificó de manera transversal al conjunto de las fuerzas políticas en la Cámara baja, y que demostró tener un impacto profundo en la opinión pública.

La iniciativa, además, tiene promotores al interior de la tropa oficialista, especialmente de dos diputadas muy cercanas a Bullrich como Laura Rodríguez Machado, quien le puso el cuerpo a las negociaciones, y Silvana Giudici, una articuladora clave en la estructura libertaria.

La nueva norma, que incorpora casi la totalidad de los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año y que había sido insistida por la oposición tras el veto del presidente Javier Milei, genera divisiones al interior del propio Gobierno.

El ala económica más ultra la resiste por el costo fiscal que le insumiría al Estado. Este sector, entre quienes se puede fácilmente identificar al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, fue el que avaló la redacción del proyecto de Presupuesto 2027 que apuntaba a desmantelar el sistema de protección de la discapacidad.

El texto proponía eliminar el nomenclador único y el arancel unificado para prestadores, derogar el mecanismo de actualización mensual de los aranceles, suprimir la compatibilidad entre el cobro de pensiones y el empleo formal y regresar al paradigma médico restringido a la invalidez laboral.

Después de penar durante todo el 2025 con la Ley de Emergencia que la oposición le impuso al Gobierno en el Congreso, y que el Poder Ejecutivo se negó a cumplir cabalmente con argucias judiciales, la gestión de Milei volvió a desatar otro escándalo este año al enviar a Diputados una redacción del Presupuesto que desconocía todos los compromisos en la materia y amenazaba con arrasar con el sistema de discapacidad tal como se lo conoce en la Argentina.

Cuando ingresó el Presupuesto a la Cámara baja, Rodríguez Machado venía negociando con las fuerzas dialoguistas una propuesta “superadora” de la ley de emergencia, que la oposición pretendía prorrogar por un año más.

La desagradable noticia de que su propio Gobierno estaba desconociendo los compromisos asumidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la secretaria parlamentaria, Silvana Giudici, y por ella misma con el conglomerado de fuerzas aliadas y dialoguistas descolocó y sacó de quicio a la cordobesa, que puertas para adentro reclamó explicaciones y soluciones con carácter inmediato al Poder Ejecutivo. NA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó sobre la implementación de un límite de ingresos para los beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Discapacidad. De acuerdo con lo establecido por la Ley 27.793, aquellas personas que perciban ingresos superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles, ya sea por actividad laboral o inscripción en regímenes, sufrirán la suspensión de la prestación.

El cálculo para determinar este tope se realiza exclusivamente sobre los ingresos personales del beneficiario, sin considerar los haberes del grupo familiar. En octubre de 2026, el salario mínimo, vital y móvil se ubicó en 391.200 pesos para los trabajadores mensualizados con jornada legal completa. Bajo este esquema, el límite para mantener la pensión se fijó en 782.400 pesos mensuales.

La normativa contempla una actualización dinámica de este tope. A partir de noviembre de 2026, con el salario mínimo, vital y móvil establecido en 398.800 pesos, el equivalente a dos salarios mínimos asciende a 797.600 pesos.

El artículo 7 de la Ley 27.793 ratifica que la percepción de la pensión es compatible con el desempeño de un vínculo laboral formal o la inscripción en regímenes generales o simplificados, siempre que se respeten los topes de ingresos vigentes. En caso de que los haberes superen el límite estipulado, se aplicará una suspensión automática del beneficio mientras persista dicha situación económica.

No obstante, la normativa prevé mecanismos para recuperar el ingreso. Si el vínculo laboral finaliza o los ingresos del beneficiario vuelven a ubicarse por debajo del límite establecido, la persona tiene la posibilidad de solicitar la rehabilitación inmediata de la prestación ante el organismo previsional.

Tras la caída de la sesión opositora de la semana pasada, La Libertad Avanza convocó a una sesión para este miércoles con un temario que incluye Discapacidad, Morosidad y la Ley de Tierras, esta última integrada en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La estrategia del oficialismo consiste en presentar propuestas propias para competir por los votos de las bancadas intermedias y evitar que la oposición logre imponer su agenda.

El eje central de la disputa parlamentaria radica en la Ley de Tierras. Con el objetivo de evitar que el Mega DNU 70 del presidente Javier Milei sufra retrocesos, el Gobierno optó por una salida pragmática: restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros mediante una ley. Esta medida, que contradice la derogación original planteada en el decreto y en el proyecto enviado por Federico Sturzenegger, busca blindar la norma ante posibles fallos judiciales.

La oposición, afectada por el fracaso de su sesión anterior, analiza ahora si acompañará solo el capítulo de tierras o si rechazará el resto del proyecto, que incluye modificaciones al Código Procesal Civil para endurecer desalojos y cambios en las leyes de expropiaciones. En este escenario, los legisladores que responden a los gobernadores, como los de Córdoba y Santa Fe, volverán a ser decisivos para el resultado de la votación.

El temario también contempla dos iniciativas que cuentan con mayor consenso: la creación de un sistema nacional para rastrear medicamentos de alto riesgo y la modificación del Código Penal para tipificar el Vandalismo Rural. Finalmente, se discutirá el proyecto sobre Discapacidad. A diferencia de la propuesta opositora que buscaba extender la emergencia, el oficialismo presentó un texto que elimina dicho concepto pero mantiene el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual por IPC de las prestaciones y la pensión no contributiva.

El juez federal Ariel Lijo dictó un segundo procesamiento por corrupción contra Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y otros implicados en una red de contrataciones irregulares. La investigación, delegada en el fiscal Franco Picardi, determinó la existencia de un entramado delictivo que operó, al menos, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.

La causa judicial expone la compra direccionada de insumos ortopédicos con sobreprecios y el pago de sobornos. Según la resolución, los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad facilitaron la adjudicación de contratos a allegados a cambio de retornos. Los hechos detectados en esta etapa involucran una erogación de 75,5 millones de pesos, mientras que la diferencia de precios bajo investigación en el expediente global supera los 7.833 millones de pesos.

El esquema ilícito, según el magistrado, era conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, mientras que en el ámbito privado la maniobra era coordinada por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. En total, más de 20 empresarios a través de más de 30 firmas habrían participado en la maniobra.

La resolución del juez Ariel Lijo alcanzó a 24 personas, resolviendo el procesamiento sin prisión preventiva de 19 individuos y ampliando el de otros cinco que ya estaban involucrados. Entre los procesados figuran Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados miembros de la asociación ilícita.

El caso se centra en el Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas graves en situación de pobreza estructural. Los insumos afectados incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares y sillas de ruedas motorizadas. La Justicia atribuyó a los imputados los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y, en algunos casos, lavado de activos.

El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien debió apartarse de sus funciones luego de sufrir un accidente. La decisión fue anunciada oficialmente por el Ministerio de Salud de la Nación, que expresó sus deseos de pronta recuperación para el funcionario saliente.

La designación se conoció este martes, luego de que durante las primeras horas de la jornada se dispusiera que Rodrigo Sbarra asumiera de manera interina la conducción del área. Sin embargo, por la tarde el Ejecutivo confirmó el nombramiento de Masaragian como nuevo titular de la Secretaría.

A través de un comunicado, la cartera sanitaria explicó que el objetivo es garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de reorganización del área, especialmente en lo relacionado con la administración de los recursos destinados a las personas con discapacidad.

"La nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área", señalaron desde el Ministerio.

En ese sentido, remarcaron que las prioridades estarán centradas en fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías y asegurar una administración eficiente de los recursos públicos, además de mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad.

La modificación en la conducción se produjo después de que el ministro de Salud, Mario Lugones, firmara la disposición 1376/2026, mediante la cual había designado transitoriamente a Sbarra, actual secretario de Gestión Administrativa de la cartera, al frente del organismo.

Inicialmente, la medida contemplaba que Sbarra permaneciera en esa función hasta que Di Liscia pudiera retomar sus tareas. No obstante, horas después se confirmó la designación de Masaragian.

El nuevo secretario nacional de Discapacidad cuenta con antecedentes en la administración de establecimientos sanitarios y en la gestión de servicios asistenciales dentro del Estado nacional.

Hasta su reciente nombramiento, Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud, cargo que había asumido en julio de 2025.

Desde esa función estuvo a cargo de la gestión integral de distintos establecimientos hospitalarios nacionales, entre ellos los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps).

Anteriormente, había ocupado el puesto de director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud.

Desde la cartera sanitaria destacaron su experiencia en la administración hospitalaria y consideraron que su trayectoria constituye un antecedente importante para asumir la nueva responsabilidad.

Asimismo, el Ministerio agradeció su desempeño al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (Anes) y le expresó sus buenos deseos para esta nueva etapa.

Con este cambio, el Gobierno busca dar continuidad a las políticas de control y auditoría en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad, en un área particularmente sensible por su impacto directo en la atención y asistencia de quienes dependen de estos servicios.

 El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien debió dejar el cargo tras sufrir un accidente.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Salud, que le deseó una pronta recuperación al funcionario saliente.

“El Gobierno Nacional designó al Doctor Diego Masaragian como nuevo Secretario Nacional de Discapacidad. La decisión fue tomada luego del accidente que sufrió el actual Secretario, Pablo Di Liscia, a quien el Ministerio de Salud de la Nación le desea una pronta recuperación”, precisa el comunicado.

Según se informó, la nueva designación apunta a garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización del área, con especial atención en los mecanismos de control, las auditorías y la administración de los recursos destinados a las prestaciones para personas con discapacidad.

“La nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorias para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad”, detalla el texto.

Hasta hace unas horas, Rodrigo Sbarra, tal como informó la agencia Noticias Argentinas, había quedado a cargo del área de Discapacidad de manera interina.

La decisión se había oficializado mediante la disposición 1376/2026, que llevó la firma del ministro de Salud, Mario Lugones, y designaba momentáneamente a Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, al frente del área de manera interina, hasta que Liscia pueda retornar a sus funciones.

Previo a la nueva designación, Masaragian se desempeñaba como Administrador Nacional de Establecimientos de Salud, cargo que asumió en julio de 2025. NA

El Ministerio de Salud de la Nación convocó a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a una reunión con el objetivo de analizar la problemática en torno a la discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan en su cuidado y acompañamiento. El encuentro, que se desarrolla este 5 de octubre de 2026 a partir de las 11, tiene lugar en la sede de la cartera sanitaria nacional.

La iniciativa surge como parte de los preparativos previos a la visita del papa León XIV, prevista para noviembre venidero. Según informó el Episcopado a través de un comunicado oficial, la delegación eclesiástica será recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud junto a otros funcionarios del área.

La representación de la Conferencia Episcopal Argentina estará integrada por su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

Este último espacio fue constituido recientemente por el Episcopado, integrando a miembros de la Pastoral Social, la Pastoral de la Salud y Cáritas. El propósito central es fortalecer el acompañamiento de la Iglesia hacia las personas con discapacidad y las instituciones que las asisten. Desde la Conferencia Episcopal agradecieron la invitación y valoraron la oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector.

Informes técnicos sobre compras de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) remitidos a la Justicia detectaron presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos.

Entre los casos relevados aparece el de un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis por una amputación y cuya documentación indicaba que el elemento había sido entregado, aunque el informe determinó que eso no había ocurrido.

Según el reporte existía un remito firmado por la madre del beneficiario, pero al consultar directamente a los particulares se estableció que la firma habría sido obtenida mediante una inducción a error durante la toma de medidas.

Los documentos enviados por el Ministerio de Salud y el interventor de la exAndis, Alejandro Vilches, también señalaron diferencias de precios de hasta 1972% frente a adquisiciones realizadas por otros organismos públicos.

Entre los ejemplos mencionados figura la compra de válvulas bicavales transcatéter a Farma Salud por $425 millones, mientras que el PAMI había adjudicado meses antes un sistema similar por $124,2 millones.

Otro análisis detectó una diferencia del 711% en una válvula pulmonar, mientras que en implantes cocleares el precio promedio abonado a Droguería Floresta fue de US$62.613, frente a referencias de mercado considerablemente menores.

Los informes también consignaron una factura de Indecomm que habría sido abonada dos veces por $28,7 millones cada una y una diferencia del 219% en la compra de un neuroestimulador.

Además, se señalaron presuntos errores de categorización y adquisiciones de productos importados con diferencias de entre 300% y 1000% respecto de alternativas nacionales.

El material fue incorporado a la investigación judicial que analiza posibles irregularidades en el sistema de compras de la exAndis. (NA).

La responsable del Taller Protegido, Elisa Gutiérrez, se refirió recientemente a la compleja situación que atraviesa el sector ante la intención del Gobierno nacional de aplicar recortes en el área de Discapacidad dentro del proyecto de presupuesto 2027. 

En un contexto marcado por la próxima finalización de la emergencia en discapacidad, prevista para diciembre, la dirigente institucional analizó junto a El Eco de Tandil los alcances de estas medidas y su impacto directo en la comunidad.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que prosperen estos ajustes, Elisa Gutiérrez manifestó su expectativa de que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo reconsideren el rumbo de estas políticas. 

"Entiendo que se va a volver para atrás porque como que la discapacidad está castigada desde hace bastante tiempo", señaló la referente, quien subrayó la importancia de mantener vigente la emergencia para garantizar los derechos básicos de las personas con discapacidad.

En relación con el proyecto presentado, enfatizó su postura frente a la posible eliminación del nomenclador y las modificaciones en torno al Certificado Único de Discapacidad (CUD). 

Según explicó, estas medidas no solo vulneran el acceso a las pensiones, sino que también plantean una incompatibilidad entre el trabajo formal y la percepción de beneficios sociales, lo cual consideró una medida desproporcionada frente a la realidad económica actual.

"Tengo fe de que esa medida vuelva para atrás, de que no sea aprobada y que podamos seguir manteniendo la emergencia que realmente es necesaria".

Gutiérrez profundizó en cómo la coyuntura macroeconómica afecta el día a día de las 70 personas que concurren al Taller Protegido. La referente detalló que, más allá de las leyes específicas, la inflación y el desfasaje en los valores de las pensiones, que se encuentran por debajo de una jubilación mínima, generan una situación de vulnerabilidad extrema. 

"A nosotros como institución nos afecta la crisis económica que tiene el país.", remarcó al explicar que los subsidios recibidos tampoco logran acompañar el incremento de los costos operativos y de servicios.

La dirigente sostuvo que, para muchas personas con discapacidad, el trabajo es una herramienta fundamental para afrontar sus gastos diarios, por lo que la idea de restringir la compatibilidad laboral con la pensión resulta, a su juicio, una "locura total". 

Esta preocupación se extiende a la calidad de las prestaciones de las obras sociales, que han visto deteriorada su capacidad de respuesta ante el aumento de los insumos y las necesidades de los pacientes.

Por otro lado, Elisa Gutiérrez se refirió al funcionamiento del Taller Protegido en el marco de la gestión de residuos local. Tras la reapertura del Punto Limpio Centro, la referente destacó que la comunidad ha mostrado una mayor conciencia en la separación de materiales. 

No obstante, hizo un llamado a la solidaridad de los vecinos, ya que en esta época del año disminuye el consumo de plásticos, lo cual impacta directamente en la recolección que realiza la institución.

La institución continúa recibiendo materiales en sus sedes ubicadas en 25 de Mayo y en la planta de Aeronáutica Argentina y Chapaleofú. El horario de atención para quienes deseen colaborar es de lunes a viernes, de 8 a 14, y los sábados de 10 a 13. 

Gutiérrez reiteró la importancia de mantener este flujo de materiales para sostener la labor diaria del Taller Protegido, que sigue siendo un pilar fundamental para la inclusión laboral en la ciudad.

Finalmente, la responsable del Taller Protegido insistió en la necesidad de que las políticas públicas prioricen la protección de los sectores más vulnerables. La expectativa de la institución se centra ahora en el debate parlamentario del presupuesto 2027, donde se definirá si las medidas de ajuste se mantienen o si, como espera Elisa Gutiérrez, se logra proteger la emergencia en discapacidad para asegurar la continuidad de los servicios esenciales que reciben las personas con discapacidad en todo el país.

Tras un giro en su estrategia legislativa, el oficialismo logró obtener el dictamen de mayoría para el proyecto que establece un nuevo sistema de Discapacidad. La iniciativa, que cuenta con 42 firmas, busca consolidar una norma de carácter permanente que deje atrás la transitoriedad de la ley 27.793, cuya vigencia caduca el 31 de diciembre próximo.

La propuesta, impulsada por La Libertad Avanza junto a bloques como el PRO, la UCR, Argentina Federal, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, fue presentada por la diputada Laura Rodríguez Machado. Durante el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, la legisladora defendió el proyecto al señalar que no busca demonizar la emergencia, sino proyectar el futuro del colectivo.

“No venimos a demonizar la ley de emergencia, sino a preguntarnos qué pasa el día después de la emergencia”.

El texto garantiza la compatibilidad entre el trabajo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos y la percepción de la pensión por discapacidad. Además, Rodríguez Machado subrayó que el dictamen reafirma los principios de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad y asegura la homogeneidad de los aranceles del nomenclador.

Por su parte, la oposición mantuvo una postura crítica. La diputada María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, cuestionó el cambio de posición oficialista, mientras que Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, reclamó mayor previsibilidad en las partidas presupuestarias. En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la maniobra del Gobierno como una vuelta atrás tras haber intentado previamente recortar derechos del sector.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió en la necesidad de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, calificando el accionar del oficialismo como una postura contradictoria frente a sus propuestas iniciales presentadas en el Presupuesto.

La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones judiciales que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad. La medida se enmarca en un contexto de creciente tensión por los ajustes presupuestarios previstos para el año 2027.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para determinar si la conducta de los funcionarios constituye un delito. La investigación quedó bajo la órbita del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, quien deberá analizar si existió desobediencia a una orden judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde el Ministerio de Salud, fuentes oficiales indicaron que el planteo sobre el supuesto incumplimiento ya había sido abordado por el magistrado, quien rechazó la apelación presentada. Asimismo, adelantaron que el Estado interpondrá un recurso de queja ante la Cámara Federal para que sea dicha instancia la que revise la cuestión.

“Comprendemos que no existe incumplimiento del fallo y que tampoco se han presentado elementos concretos que acrediten que el Ministerio haya incumplido una obligación”.

El conflicto tiene su origen en un amparo colectivo presentado por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron demoras críticas en los pagos de Incluir Salud y el PAMI. En mayo, Vaca Narvaja dictó una medida cautelar exigiendo la normalización de los pagos en un plazo de 72 horas, advirtiendo que la situación comprometía la continuidad de tratamientos esenciales.

A pesar de que el Gobierno nacional apeló la resolución, el juez sostuvo que la medida debía cumplirse mientras la Cámara Federal analizaba el planteo. En junio, el magistrado reiteró la orden al considerar que el Estado no había demostrado la regularización de los pagos para todo el universo de prestadores afectados, entre los que se encuentran instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría, quienes reportaron dificultades para afrontar salarios y costos operativos básicos.

El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, oficializó este lunes su renuncia al cargo. La salida del funcionario se produce en un clima de marcada tensión dentro del oficialismo, motivada por las discusiones en torno a los recortes en el área incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, presentado por el Gobierno la semana pasada.

El exfuncionario formalizó su decisión a través de una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones. En el escrito, el ahora exsecretario comunicó su determinación de manera formal:

Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento.

En el mismo texto, Alejandro Vilches expresó su agradecimiento al ministro Mario Lugones por la confianza depositada en su gestión durante su tiempo al frente del área. Si bien desde el Gobierno sostuvieron que la dimisión responde únicamente a motivos personales, la salida ocurre en un momento crítico de debate político por la reducción de partidas presupuestarias proyectadas para el año próximo.

La abogada Gabriela Marti, reconocida por su labor en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, expresó su preocupación ante el proyecto de presupuesto nacional que contempla recortes en esta área sensible. Durante su participación en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la letrada subrayó que el Estado no puede desentenderse de sus obligaciones, dado que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad posee rango constitucional en nuestro país.

Marti enfatizó que, más allá de las decisiones políticas de ajuste, existe una barrera legal: el cumplimiento de las normas. “El Estado argentino aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y esto hace que el Estado tenga la obligación de poner en funcionamiento y aplicar políticas en materia de discapacidad”, afirmó.

La especialista explicó que el sistema atraviesa una situación crítica debido a la falta de cumplimiento de la ley de emergencia, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre. Según detalló, si el Congreso no prorroga esta normativa, el pago de las prestaciones adeudadas podría volverse inviable. A esto se suma el desfasaje del nomenclador frente a la inflación y las restricciones para acceder a pensiones no contributivas.

Al ser consultada sobre las consecuencias directas de estas medidas, Gabriela Marti fue contundente: “Si vos reducís el fondo, pasa lo que está pasando ahora. Es decir, las obras sociales cada vez dan menos coberturas y aparte es aleatorio”. La profesional señaló que, ante un mismo diagnóstico, la respuesta de las prestadoras puede variar, dejando a muchas personas sin acceso a terapias fundamentales, acompañantes terapéuticos, medicación o una escolaridad adecuada.

Para la abogada, el conflicto trasciende lo administrativo y se traduce en un drama cotidiano para quienes necesitan estas prestaciones. “En algunos casos va la vida, porque a veces hay personas que tienen un certificado de discapacidad y la obra social no te brinda los medicamentos”, advirtió.

La falta de cobertura obliga a las familias a reorganizar su vida y afrontar un desgaste emocional y económico constante.

Marti detalló que, ante la negativa de las obras sociales, solo una pequeña parte de los afectados recurre a la Justicia. “De 100 personas que tienen un certificado, a algunas les digo que no al 100% de lo que me piden, a otras les digo que no al 50%. De esas 100 personas, ocho o nueve irán a consultar a un abogado a ver qué herramientas tienen como para salir de esa situación y de esas 8, 10, tres o cuatro interponen un recurso de amparo”, graficó.

Si bien la Justicia suele responder favorablemente mediante los amparos, Gabriela remarcó que los tiempos judiciales no siempre coinciden con las necesidades urgentes de los pacientes. También cuestionó la falta de información por parte de las obras sociales y prepagas, que, según indicó, no siempre notifican a sus afiliados sobre los derechos vinculados al certificado de discapacidad.

Ante este escenario, muchas familias deben buscar asesoramiento legal externo para acceder a prestaciones que consideran indispensables.

Finalmente, Gabriela Marti sostuvo que, si bien la problemática ha ganado visibilidad en la agenda pública respecto de años anteriores, todavía falta una política de Estado sólida y sostenida. “Esto no es una cuestión de un gobierno de turno, esto viene de larga data. Hay que trabajar y se habla, y hoy lo podemos hablar, pero la realidad es que es desgastante porque me parece que ya hay que empezar a trabajar de verdad”, concluyó.

La reciente presentación del Presupuesto 2027 por parte del Ejecutivo nacional generó una fuerte polémica debido a la inclusión de modificaciones y recortes destinados al sistema de prestaciones y pensiones para personas con discapacidad. Ante este escenario, la abogada Gabriela Marti, quien además atraviesa esta realidad desde su rol familiar, brindó su perspectiva sobre las consecuencias de estas medidas en el programa La Mañana, que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1.

Marti expresó su profunda preocupación ante lo que considera un ataque directo a los derechos adquiridos. "Es muy difícil defender una situación que tiene que ver con llevarse por delante absolutamente todos los derechos de las personas con discapacidad", señaló la letrada, quien también cuestionó la falta de empatía y de políticas públicas claras que garanticen la cobertura necesaria para este colectivo.

La abogada recordó que el sector ya atraviesa una situación crítica debido al incumplimiento de la Ley de Emergencia de Discapacidad. Según explicó, el nomenclador de prestaciones quedó desfasado frente a la inflación durante 2024, lo que genera deudas constantes y un desgaste inhumano para las familias que deben afrontar un sistema administrativo que, en sus palabras, "trabaja en contra" de las personas con discapacidad.

Al profundizar sobre el impacto cotidiano, Gabriela Marti describió la complejidad de organizar la vida en torno a las necesidades de un familiar con discapacidad. "Vos te organizás alrededor de un sistema que es muy complejo y muy desgastante. Turnos, trámites que te rechazan, autorizaciones que no salen, prestaciones que no son cubiertas; reclamos a los cuales hacés y nadie responde", relató.

La entrevistada hizo hincapié en que, a pesar de contar con herramientas profesionales, el camino sigue siendo solitario y lleno de obstáculos. "Hoy, por ejemplo, estoy transitando que mi hijo terminó el secundario y quiere seguir estudiando, pero no hay un lugar donde lo reciban para acompañarlo en ese proceso de formación hacia el trabajo", ejemplificó, subrayando que la falta de espacios de inclusión persiste pese al paso de los años.

Marti enfatizó que la discapacidad es una condición que atraviesa a todos los estratos sociales y que, ante la falta de políticas de Estado a nivel nacional, provincial y municipal, las personas y familias involucradas quedan en una situación de extrema vulnerabilidad.

"No se sabe la cantidad de personas con discapacidad que hay en Tandil. Entonces, ¿cómo aplicás políticas si no sabés cuántas personas hay?", cuestionó.

Respecto a la reacción política que provocó el articulado del Presupuesto, la profesional valoró que diversos sectores, incluso dentro del oficialismo, hayan manifestado su rechazo.

"Yo creo que van a dar marcha atrás, que no van a tener la cara para sentarse en una banca y defender esto", afirmó, aunque advirtió que espera que este posicionamiento responda a una convicción real y no a una estrategia vinculada con la coyuntura electoral.

Finalmente, Marti hizo un llamado a la sociedad para acompañar la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. "Siempre estamos muy solos, siempre somos los que estamos vinculados marchando o quejándonos. Yo creo que es hora de que salgamos todos, la población que tenga personas con discapacidad en su familia y quienes no, para que nos acompañen en los reclamos", concluyó.

El secretario de Finanzas y encargado de explicar el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, Federico Furiase, evitó este viernes pronunciarse sobre la polémica que desataron los cambios en la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los recortes en discapacidad.

“Si me dejas prefiero excusarme y no meterme en lo que está politizado”, respondió el funcionario al ser consultado sobre el tema durante una entrevista en Radio Rivadavia. 

A diferencia de otros años, el Gobierno nacional decidió que la presentación del proyecto de presupuesto se realice con perfil bajo. El presidente Javier Milei no asistió al Congreso ni realizó una cadena nacional, tal como ocurrió en las iniciativas para 2025 y 2026. Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, no irá al Parlamento para brindar explicaciones. La comunicación quedó en manos de Federico Furiase, quien evitó detallar cómo se impuso esa redacción en el proyecto.

En otro orden, el secretario remarcó que el presupuesto “ha dejado de ser un dibujo y reflejó el espíritu del programa que es el ancla fiscal con 1,3% de resultado primario y 0,2% financiero”. 

Sobre la mirada de los inversores, sostuvo: “Siempre el mercado mira el presupuesto porque es un aspecto de la gobernabilidad y tener el respaldo político es un plus. Pero los mercados saben que el ancla fiscal va más allá de cualquier acuerdo político. El compromiso con el ancla fiscal es inquebrantable y eso el mercado lo da por descontado”.

En esa misma línea, agregó que para el equipo económico “no va a haber volatilidad en 2027 porque el presidente va a llegar mucho mejor en lo que refiere a su posicionamiento político y fortaleza económica”. El funcionario indicó que “las encuestas van a estar muy bien, pero de todas formas nos preparamos para un escenario de volatilidad”.

Respecto al financiamiento, el secretario aseguró: “Tenemos el programa financiero cerrado para este año y el año que viene sin depender de los mercados internacionales”. Añadió que se realizó un “trabajo para que el 50% de los vencimientos en moneda local venzan post octubre 2027”. Finalmente, precisó que se cuenta con “el swap con China y con Estados Unidos y además una balanza comercial superavitaria”.

“Tener una economía estable en este contexto tan adverso habla de la fortaleza del programa macroeconómico”, resaltó, al tiempo que afirmó: “Si nos hubiese agarrado este shock con déficit fiscal y energético estaríamos patas para arriba. Que la gente no se esté enterando de eso es espectacular”. Por último, negó que exista una crisis en la microeconomía al señalar: “No coincido con esto del metro cuadrado y que la macro no llega a la micro porque los números no dicen eso”.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, admitió que desconocía los cambios en materia de Discapacidad incorporados por el Gobierno al proyecto de Presupuesto 2027. La dirigente advirtió que este tipo de situaciones afecta la relación del oficialismo con sus aliados en el Congreso.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”.

En declaraciones al programa Esta mañana de Radio Rivadavia, la senadora recordó que en Diputados ya existían conversaciones previas y un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para tratar el tema de una manera específica. Ante este escenario, indicó que esperará a conocer el texto final que envíe la Cámara baja al Senado.

Bullrich explicó las dificultades que le genera esta falta de comunicación interna:

“Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás”.

Por otro lado, al ser consultada sobre la reforma electoral, la exministra de Seguridad reconoció que las negociaciones entre La Libertad Avanza, gobernadores, la Unión Cívica Radical y el PRO continúan. Según señaló, aún no están los votos necesarios debido a que no se han definido las coaliciones para las próximas elecciones. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de implementar un esquema intermedio para las PASO, sugiriendo que no sean obligatorias.

Finalmente, Bullrich ratificó su respaldo a una eventual reelección del presidente Javier Milei, aunque subrayó la necesidad de mejorar aspectos de la economía y lograr que la actividad repunte en sectores como la industria y la construcción. Sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, sentenció que el tema está cerrado en la causa actual y desestimó que el recurso internacional presentado por sus abogados pueda revertir la inhabilitación y la pena.

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una serie de modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en momentos en que la Cámara de Diputados comenzó a discutir la posibilidad de extender por un año la vigencia de la norma, que finaliza el próximo 31 de diciembre.

La iniciativa fue enviada al Congreso por el Ejecutivo y contiene, entre sus artículos 36 y 41, cambios en el régimen de pensiones no contributivas, en el sistema de prestaciones y en la forma de determinar los aranceles que reciben los prestadores.

La incorporación de esos puntos al Presupuesto generó diferencias incluso dentro del oficialismo durante el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Según trascendió durante la discusión parlamentaria, legisladores de La Libertad Avanza manifestaron malestar porque los cambios introducidos por el Ejecutivo modificaron el escenario de negociación que mantenían con otros bloques.

Una de las dirigentes que se expresó fue Silvana Giúdici, actualmente integrante del bloque oficialista. La diputada planteó la necesidad de separar la discusión sobre la continuidad de la emergencia del posterior tratamiento del Presupuesto.

La Ley 27.793 declaró la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y estableció expresamente la posibilidad de prorrogarla durante un año más. La norma fue sancionada en 2025 y promulgada luego de que el Congreso insistiera con dos tercios frente al veto presidencial.

Qué propone cambiar el Presupuesto 2027

El artículo 41 del proyecto presupuestario propone derogar los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793. Entre esos puntos se encuentran disposiciones vinculadas con las pensiones, la cobertura de salud de sus beneficiarios, la transformación de pensiones preexistentes y el esquema de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.

Otro de los cambios centrales aparece en el artículo 39, que modifica el sistema previsto por la Ley 24.901. La propuesta establece que la universalidad de las prestaciones no implicará una homogeneidad en los aranceles ni en las modalidades de financiamiento y dispone que el Nomenclador de Prestaciones Básicas deje de contemplar valores universales.

De aprobarse esa redacción, obras sociales, empresas de medicina prepaga y distintas jurisdicciones podrían manejar valores diferentes en su relación con los prestadores. Para las prestaciones financiadas por el Estado nacional, los montos quedarían determinados de manera trimestral por la autoridad nacional correspondiente.

El proyecto también introduce modificaciones sobre las pensiones. El artículo 36 establece que la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral equivaldrá al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, mientras que el artículo 37 establece su incompatibilidad con un vínculo laboral formal o con la inscripción en los regímenes general o simplificado.

La propuesta implica modificar el esquema previsto por la legislación vigente respecto de la posibilidad de compatibilizar determinadas pensiones con ingresos laborales.

El debate ahora queda en manos del Congreso, donde el oficialismo deberá negociar tanto el Presupuesto 2027 como el futuro de la Emergencia en Discapacidad. La discusión se produce, además, cuando Diputados analiza específicamente la posibilidad de utilizar la prórroga de un año contemplada en la propia Ley 27.793.