El vicepresidente primero de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Juan Marino (Unión por la Patria), organizó una reunión abierta con 150 invitados vinculados a la temática, en una actividad donde se repitió varias veces el pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, por los severos recortes en el área.

La reunión se realizó “ante la decisión de La Libertad Avanza de mantener cerrada la comisión de Discapacidad, y ante el planteo de numerosas organizaciones que reclaman ser escuchadas”, explicó el diputado opositor.

“La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei”, disparó Marino.

En el encuentro se hicieron presentes Ian Moche y su madre, quien denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda, que surgieron -según comentó- luego de que la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine iniciara “una campaña en redes” contra el niño de 12 años con trastorno del espectro autista.

Por su parte, la actriz Lola Berthet reclamó el juicio político a Lugones, planteo al que se sumaron numerosas organizaciones presentes en la reunión.

Marino recordó que junto a su par Pablo Todero ya habían presentado un pedido de juicio político contra el ministro de Salud.

Fueron numerosos los testimonios que dieron cuenta del cierre de centros de día, y de la imposibilidad de acceder a terapias, tratamientos y medicamentos.

Algunos oradores también instaron a poner en pie un Observatorio Nacional de la Discapacidad que funcione con la coordinación efectiva entre las organizaciones, los diputados y las universidades para poner de manifiesto la situación real de los derechos de las personas con discapacidad.

La enorme mayoría de los presentes manifestó su rechazo al proyecto ingresado por el Gobierno en el Senado sobre reforma del régimen de pensiones por invalidez laboral, al considerar que busca entre otros objetivos “desmantelar el sistema de derechos de las personas con discapacidad”. NA

El gobierno nacional continúa avanzando con medidas que afectan la ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras la discusión se traslada a la Corte Suprema de Justicia, el oficialismo envió al Congreso un proyecto de ley que elimina diversos derechos del colectivo, entre ellos, los beneficios fiscales para las empresas que promueven la inclusión laboral.

Ante este escenario, el diputado de Unión por la Patria, Cristian Andino, presentó una iniciativa que busca transformar la inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo. El proyecto, acompañado por los legisladores Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández, fue remitido a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

La propuesta establece que el sector privado debe adoptar medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades, integrando la inclusión como un componente estratégico de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). El texto abarca a todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en el país, con adaptaciones para micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre las obligaciones para las compañías, se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad a la plantilla de personal y la contratación de proveedores que gestionen unidades productivas inclusivas. Además, las empresas deberán contar con descripciones de puestos accesibles y protocolos de prevención frente al acoso y la discriminación.

Para fomentar estas prácticas, el proyecto introduce un régimen de incentivos. Las firmas que cumplan con los requisitos tendrán prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a financiamiento y una reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales por los empleados con discapacidad.

Un punto fundamental de la iniciativa es que garantiza que el acceso al empleo formal no provocará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), atendiendo un reclamo histórico del sector. Asimismo, se prevé la creación del Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas para otorgar un sello oficial a las organizaciones cumplidoras.

Según los impulsores, la medida busca "transformar el paradigma de la inclusión laboral en la Argentina, pasando de la promoción voluntaria a la responsabilidad compartida y garantizando condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo", tal como se detalla en el documento ingresado a la Cámara de Diputados.

La tandilense Lourdes Martínez, reconocida por su histórica labor en la Federación de Talleres Protegidos, denunció públicamente que la obra social IOMA mantiene una deuda ininterrumpida desde el mes de noviembre con el hogar donde reside su hermano Franco, ubicado en la ciudad de Mar del Plata. 

La situación ha llegado a tal punto que la institución notificó a los familiares que, de no regularizarse los pagos, los concurrentes podrían perder la prestación de alojamiento.

El conflicto se precipitó la semana pasada, cuando las familias recibieron una comunicación formal del hogar advirtiendo sobre la imposibilidad de sostener los costos operativos sin el respaldo de las obras sociales. 

Según relató Martínez a “Plataforma Magazine” -por ECO TV y la 104.1 FM-, la institución planteó la posibilidad de que los residentes deban ser retirados los viernes para regresar los lunes, limitando su permanencia únicamente a las actividades de centro de día. 

Esta medida, motivada por la falta de fondos para cubrir los salarios del personal bajo el régimen de Utedic y los gastos de mantenimiento, representa un riesgo severo para la estabilidad de los pacientes.

Franco, el hermano de Martínez, reside desde el año 2012 en Dharma, un hogar ubicado en la ciudad de Mar del Plata. La elección de este destino no fue casual, sino una respuesta a la carencia de infraestructura en nuestra localidad. "Tandil no ofrece hogares para personas con discapacidad; solamente hay centros de día que atienden la discapacidad", explicó la mujer, subrayando que, si bien existen geriátricos locales, estos no cuentan con la especialización terapéutica necesaria para el desarrollo y la independencia de jóvenes con patologías específicas.

La situación financiera descrita por la denunciante es asfixiante. Mientras que una pensión por discapacidad ronda los $220.000 mensuales, el costo de una prestación integral en un hogar especializado supera los tres millones de pesos. 

"Es imposible que una familia pueda cubrir lo que la obra social no paga", sentenció. La deuda de IOMA no solo afecta a su hermano, sino a otros doce concurrentes que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad, lo que representa una cifra millonaria que la institución prestadora debe absorber para no dejar a los jóvenes en la calle.

Ante la falta de soluciones por las vías administrativas tradicionales, Martínez decidió recurrir a la visibilización a través de las redes sociales, dirigiendo su reclamo directamente al gobernador Axel Kicillof. 

El video tuvo una repercusión inmediata, aunque la mujer lamentó que, junto al apoyo, también recibió mensajes con tintes políticos que desviaron el foco de la urgencia humanitaria. "Yo siempre peleé por los derechos de mucha gente. Me había tomado una pausa porque era saludable, pero ahora me tocó con Franco y la gente todavía no entiende que IOMA es una caja provincial a la que todos aportamos", manifestó.

En su relato, la tandilense fue crítica con la gestión de la obra social, calificándola como una "caja cautiva" donde los empleados públicos, judiciales y policías realizan sus aportes mensuales sin recibir la contraprestación correspondiente. 

Asimismo, se refirió a las gestiones políticas locales, mencionando que las soluciones propuestas hasta el momento por referentes como el entonces diputado nacional Rogelio Iparraguirre -actual concejal de Fuerza Patria- han funcionado apenas como "una curita arriba de la llaga", sin resolver el problema de fondo que es el financiamiento estructural de las prestaciones.

Lejos de quedarse en la queja virtual, Martínez inició acciones formales para resguardar la salud de su hermano. De esta manera, se presentó ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para dejar constancia de todo lo que Franco pierde ante la falta de cobertura y el detalle de la deuda acumulada por IOMA. 

Según explicó, este es el paso previo necesario antes de avanzar hacia la justicia ordinaria.

La advertencia es clara: si en el plazo de una semana no existe una respuesta concreta o un plan de pagos por parte de la obra social, la familia, con el patrocinio de un abogado, radicará una denuncia penal por desacato contra el director de IOMA, Homero Giles.

"Tengo que exprimir todo lo que esté a mi alcance. Nos están matando de a poco un servicio que nos tiene que dar salud", afirmó, instando a otros afiliados que atraviesen situaciones similares a no tener miedo y realizar los descargos correspondientes ante los organismos de control.

Finalmente, Martínez destacó la calidad humana y profesional del personal del hogar Dharma, quienes a pesar de la falta de pago han mantenido a los residentes en la institución. 

"Tienen un corazón enorme y es muy difícil dejar a más de 30 personas en la calle de un día para el otro", concluyó, remarcando que su lucha busca evitar que su hermano pierda los avances logrados en su independencia y terapias tras más de diez años de tratamiento continuo.

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, lanzó una dura crítica contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por las políticas impulsadas en materia de discapacidad. La autoridad parlamentaria cuestionó tanto el incumplimiento de la Ley de Emergencia como el nuevo proyecto enviado al Congreso que propone modificar el marco normativo vigente.

“Milei pone en riesgo la vida de argentinas y argentinos discapacitados al incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada y ratificada por los representantes de la sociedad en el Congreso y avalada por la Justicia, que exigió cumplirla”, reclamó Verónica Magario. La vicegobernadora de Axel Kicillof advirtió que la administración libertaria no solo omite la normativa sancionada, sino que además profundiza las restricciones sobre los beneficiarios del sistema en materia de prestaciones sanitarias.

En ese marco, la presidenta de la Cámara alta bonaerense puso el foco en la propuesta del oficialismo nacional, que busca aprobar una nueva ley con cambios estructurales en el régimen de pensiones. “Ahora pretende agravar la condición de vida de las y los discapacitados. Con ‘orgullo libertario’, es cruel con los más débiles”, cuestionó la funcionaria, quien además apuntó contra la posible incompatibilidad entre pensión y empleo formal.

La dirigente provincial retomó uno de los principales puntos del proyecto, que elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda trabajar sin perder la asistencia estatal. Al respecto, la exintendenta de La Matanza explicó que la pensión por discapacidad ronda los 378 mil pesos, por lo que funciona como un complemento frente a las limitaciones que enfrentan estas personas para insertarse en el mercado laboral y sostener ingresos en contextos de vulnerabilidad.

“¿Hasta dónde se puede jugar con la vida de los más vulnerables, los jubilados, los niños y los discapacitados? La real “obligación moral” de un Estado no es hablar pavadas diciendo que un crédito a un funcionario “no mata a nadie”. Es asistir a los que no pueden defenderse solos”, afirmó la referente oficialista.

En las últimas semanas, el Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto que modifica de forma sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, que aún no aplica en su totalidad pese al fallo de la Justicia que ordena su cumplimiento efectivo. La iniciativa pretende derogar los artículos cinco, seis, nueve, 14 y 20 de la normativa sancionada en 2025 y redefine los criterios para acceder a la ayuda estatal.

Frente a este escenario, Verónica Magario volvió a levantar la voz en relación con el ajuste del Gobierno nacional y convocó a fijar una posición frente al nuevo intento de reforma sobre las políticas públicas. “Quienes creemos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos debemos levantar un muro de contención para frenar tanta barbarie. El otro importa”, finalizó.

El texto oficial plantea un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales bajo un esquema de control más estricto. Asimismo, la propuesta habilita la suspensión automática de la pensión en caso de incumplimiento y permite aplicar bajas preventivas. Finalmente, la presentación libertaria establece la incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales, eliminando la posibilidad de acceder a un trabajo registrado sin perder el beneficio.

Organizaciones sociales, familiares de personas con discapacidad y trabajadores de la sanidad protagonizaron este miércoles una masiva movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en rechazo a la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta también se replicó en distintas ciudades del país.

La convocatoria, impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyó además un cese de actividades por parte de trabajadores de prestadoras, en el marco de lo que definieron como una “profunda crisis” en el sector.

Durante la jornada, los manifestantes advirtieron sobre atrasos arancelarios, irregularidades en los pagos y acumulación de deudas, una situación que —según denunciaron— está llevando al sistema de prestaciones “a un escenario terminal”. En ese contexto, también señalaron demoras en los pagos del programa Incluir Salud, que en algunos casos se arrastran desde octubre.

Mientras el Gobierno busca avanzar con modificaciones a la ley que había sido aprobada el año pasado por el Congreso con mayoría opositora —y que no pudo ser vetada tras su judicialización—, los manifestantes entregaron una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, con un detalle de los reclamos del sector.

En medio de la protesta, se multiplicaron las críticas por la “falta de respuestas concretas” del Estado, tanto en el funcionamiento de las instituciones como en las condiciones laborales de los prestadores y el acceso a derechos por parte de las personas con discapacidad.

Además de la concentración principal frente a la cartera sanitaria, otro grupo se movilizó hacia el Ministerio de Economía para exigir mayores partidas presupuestarias destinadas al área. Las protestas también se replicaron en ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata, reflejando el alcance federal del reclamo.

En una entrevista exclusiva, la actriz Valentina Bassi analizó la reforma de la Ley de Discapacidad impulsada por el oficialismo y advirtió que la iniciativa representa un retroceso de 30 años en materia de derechos. Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, expuso su preocupación por los cambios propuestos.

Para la artista, el punto más crítico es la intención de liberar el nomenclador único, herramienta que consideró la columna vertebral del sistema. Según explicó, este mecanismo garantiza que todas las personas accedan a terapias y centros educativos en igualdad de condiciones, independientemente de sus recursos económicos.

"Es una ley nefasta. Quiero hacer la salvedad que no solo la votó la oposición, sino que fue transversal absolutamente. Para ganarse el 70 por ciento de los votos a favor de las personas con discapacidad en el Congreso tiene que ser completamente transversal", remarcó.

Bassi advirtió que la desregulación abriría la puerta a que las obras sociales y prepagas decidan arbitrariamente qué prestaciones cubrir. Esta fragmentación, aseguró, dejaría a muchas familias sin acceso a tratamientos básicos y afectaría especialmente a las entidades con menor capacidad financiera, como la Obra Social de Actores.

Asimismo, la actriz relató las dificultades cotidianas que enfrentan las familias y las instituciones. Mencionó que la escuela especial a la que asiste su hijo se encuentra en riesgo de cierre tras haber contraído diez deudas para sostenerse. A esta situación se suma la crisis en el transporte: "La mitad de la escuela no tiene transporte. La mitad de los transportistas ya se fueron a trabajar a otro rubro porque no pueden ni prender la camioneta", detalló.

Finalmente, subrayó que el Estado fija aranceles tan bajos que no alcanzan para cubrir los costos operativos, lo que pone en jaque la permanencia de los servicios. "Cuando se discute discapacidad, se discute un modelo de país, porque realmente son los más frágiles de los frágiles", concluyó.

En el marco de una situación que califican como terminal, diversas organizaciones y familiares de personas con discapacidad se movilizarán este martes 14 de abril a las 10:30 hacia la sede del Ministerio de Economía. El objetivo de la convocatoria es presentar una nota formal dirigida al ministro Luis Caputo para reclamar la regularización de los fondos destinados al Programa Federal Incluir Salud.

La protesta, impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tendrá lugar en Hipólito Yrigoyen 250. Según explicaron desde la organización, la falta de transferencia de recursos pone en serio riesgo la continuidad de los tratamientos y prestaciones para beneficiarios de pensiones no contributivas y afiliados de PAMI, servicios que se encuentran amparados por la Ley 24.901.

Además del reclamo por los pagos adeudados, las entidades exigirán que se aseguren las partidas necesarias para la ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Desde el Foro advirtieron que la emergencia continúa vigente y que el desfinanciamiento afecta de manera directa a numerosas instituciones que hoy atraviesan una crisis profunda, con el peligro inminente de interrumpir servicios esenciales.

En el ámbito legislativo, el peronismo presentó en el Congreso una iniciativa que busca blindar la continuidad de los tratamientos médicos y asistenciales dentro del programa Incluir Salud, ante la incertidumbre que genera el actual esquema de recortes.

Por otro lado, en las últimas horas se generó una fuerte polémica en torno al alcance del ajuste estatal. Tras haber afirmado inicialmente que el ministro Luis Caputo ordenó un recorte generalizado del 20 por ciento en todas las carteras, el periodista Luis Majul se rectificó públicamente. El conductor aclaró que el pedido provino de Manuel Adorni y consiste en un plan de ajuste del dos por ciento del gasto corriente y del 20 por ciento del gasto de capital, esquema que los ministerios deberán presentar antes del 30 de abril.

Al respecto, el periodista expresó a través de sus redes sociales: "Los datos son los datos. Y los errores son los errores. Cuando se cometen, hay que corregirlos y pedir disculpas", expresó.

La diputada bonaerense del bloque UCR – Unión Cívica Radical, Alejandra Lorden, presentó un proyecto de ley para crear un régimen de licencias especiales destinado a trabajadores estatales con hijos con discapacidad. La iniciativa busca garantizar el acompañamiento en tratamientos médicos mediante licencias con goce íntegro de haberes y franquicias horarias específicas.

El universo de beneficiarios incluye a quienes tengan a su cargo hijos con discapacidad, sin distinción de género ni modalidad de vínculo familiar. El alcance de la normativa comprende a los agentes de los tres poderes del Estado provincial, organismos descentralizados, empresas públicas y órganos de control.

La propuesta contempla situaciones en las que la afección se manifieste al momento del nacimiento o con posterioridad, e incorpora los casos de guarda con fines de adopción. Según el texto legislativo, los agentes públicos podrán acceder a una licencia especial de hasta 120 días anuales, utilizables de forma continua o discontinua.

Asimismo, se establece una franquicia horaria de hasta dos horas diarias no acumulables para madres, padres o responsables legales, con el fin de facilitar la asistencia a consultas o terapias justificadas. Para acceder, se requerirá el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y un plan de rehabilitación que respalde la solicitud.

En los casos donde ambos progenitores se desempeñen en el Estado provincial, el beneficio se asignará a uno de ellos por mutuo acuerdo. No obstante, existe una excepción: si el tratamiento debe realizarse a más de 100 kilómetros del hogar, ambos podrán acceder al régimen de forma simultánea.

Al defender su planteo, la diputada oriunda de Saladillo enfatizó la necesidad de adecuar la legislación a las demandas de cuidado actuales.

“La actividad laboral de los progenitores no debe ser un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho al tiempo requerido para el cuidado y atención necesarias”, afirmó Lorden.

La legisladora fundamentó su propuesta en el artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y en convenios internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo. “El Estado debe hacerse presente para acercar a los progenitores o familiares respuestas que puedan facilitar esta nueva situación”, advirtió.

Lorden, quien posee trayectoria como médica, también impulsa la creación de un boleto gratuito para pacientes oncológicos. Esta medida busca asegurar el acceso a los tratamientos frente a los costos de traslado en colectivos urbanos e interurbanos.

“Buscamos romper con una de las barreras que encuentran los pacientes oncológicos a la hora de cumplimentar con el cronograma de tratamientos: los costos del pasaje en colectivos urbano e interurbanos”, remarcó la representante del radicalismo.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil (Amafutan) llevará a cabo este viernes a las 17:30 un conversatorio centrado en el acceso a la justicia para personas con discapacidad. La actividad estará abierta a la comunidad y tendrá lugar en la sede del Colegio de Escribanos, ubicada en Rodríguez 453, con especial invitación a profesionales del derecho y de la salud.

Bajo el título “Acceso a la justicia: Implicancias procesales en la defensa de personas con discapacidad”, el encuentro contará con la participación de Agustina Forte, perito intérprete en Lengua de Señas Argentina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y del defensor oficial del fuero penal local, Pablo Molina Marañón.

Durante la jornada se abordarán los principales desafíos vinculados al acceso a la justicia en el ámbito penal para personas con discapacidad, con énfasis en la necesidad de incorporar ajustes de procedimiento que garanticen condiciones de igualdad. En ese sentido, se pondrá el foco en la evaluación del repertorio comunicacional como una herramienta clave para asegurar la comprensión efectiva de las personas sordas o con disminución auditiva dentro de los procesos judiciales.

“Todo proceso que no involucre un perito intérprete cuando se detecta que hay una persona con discapacidad auditiva es nulo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece claramente el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y reconoce la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas”, anticipó Agustina Forte.

“Aunque la normativa es clara, se incurre constantemente en la vulneración de derechos de las personas sordas o con disminución auditiva. Muchas veces se les pide que consigan su propio intérprete, cuando el ajuste de procedimiento es una obligación del Estado y, por lo tanto, debe ser gratuito”, añadió.

La especialista también destacó que su labor excede la mera traducción. “Nuestra función no es solo traducir, sino evaluar el repertorio comunicacional de cada persona, ya que no todas manejan la lengua de señas de la misma manera ni han alcanzado el mismo nivel de escolaridad. A partir de esa evaluación, se adapta todo el proceso judicial para garantizar una comprensión real”, declaró.

Por su parte, el presidente de Amafutan, Diego Araujo, subrayó la relevancia de generar espacios de reflexión sobre esta temática. “El acceso a la justicia es un derecho instrumental esencial, que posibilita hacer efectivos los demás derechos. En el caso de las personas con discapacidad, implica garantizar la posibilidad real de utilizar los mecanismos legales en condiciones de igualdad, removiendo las barreras que históricamente han limitado su ejercicio”, señaló. 

En esa línea, remarcó que “la implementación de ajustes de procedimiento resulta fundamental, ya que permite adaptar las prácticas judiciales a las necesidades concretas de cada persona, evitando situaciones de indefensión". Este conversatorio buscará consolidarse como "una valiosa oportunidad para reflexionar, intercambiar experiencias y avanzar hacia un sistema de justicia verdaderamente inclusivo”.

El conversatorio cuenta con el acompañamiento del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul y de la Asociación de Abogados de Tandil. Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fomentar el intercambio de experiencias y contribuir al fortalecimiento de una justicia accesible para todos.

La investigación sobre corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevos elementos en la última semana con la declaración de un testigo de identidad reservada y el avance sobre la red de ortopedias y el presunto lavado de dinero.

El testimonio del testigo protegido se configuró como un factor clave para que el juez Sebastián Casanello dictara la semana pasada el procesamiento de 19 personas, incluidos el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete.

Además, el testigo aportó más pistas para analizar transacciones sobre las que trabajan los investigadores, liderados por el fiscal Franco Picardi.

La Justicia sospecha que el esquema de sobornos y fraude no se agota en las líneas actuales, sino que podría extenderse a otros delitos y responsables, según reveló el diario La Nación.

En este marco, la fiscalía viene estudiando el rol de las ortopedias que proveyeron insumos a la Andis a partir de los obtenidos en una serie de allanamientos. Según la investigación, Calvete no solo actuaba como un gestor, sino como un intermediario con el organismo.

Al respecto, escuchas telefónicas sugieren que Calvete garantizaba pagos del organismo a cambio de retornos de las empresas. Con esta línea investigativa, la Justicia busca conseguir más datos en esa dirección.

Al mismo tiempo, siguen su curso las medidas de prueba en torno al presunto lavado de dinero, ya que el juez ordenó la indagatoria de supuestos lavadores, y también intervienen en este aspecto el Ministerio Público junto con la Procelac.

En paralelo, continúa puesta la lupa en la Droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker. Aunque por ahora no fueron procesados, la justicia mantiene un importante interés en sus comunicaciones corporativas. Sin embargo, se han topado con serias dificultades técnicas:

-El teléfono vacío: Jonathan Kovalivker entregó un dispositivo sin contenido.

-El celular bloqueado: el teléfono de Emmanuel Kovalivker, sigue bajo llave digital, ya que los peritos aún no logran franquear su seguridad.

-La ruta de EEUU: ante la negativa de la empresa de entregar claves de correos corporativos, la justicia solicitó la información a proveedores en Estados Unidos, un trámite burocrático que suele demorar meses.

“El Helvético” y la interna libertaria

La causa también roza la política de alto vuelo. Un audio de Pablo Atchabahian dirigido a Calvete reveló una trama de influencias donde se menciona a un tal “Helvético”, identificado por el juez Casanello como Sebastián Nuner Uner, un alto ejecutivo de la Suizo Argentina.

En ese mensaje, Atchabahian hablaba de “alinear jugadores” para evitar las torpezas de Spagnuolo (referido como “el pelado”) y mencionaba que el informe llegaría a “Rioja”, apodo que los investigadores vinculan con Eduardo “Lule” Menem. El audio expone, en crudo, las tensiones entre las distintas facciones que orbitan el poder central.

A partir de esta semana, la causa estará a cargo de Ariel Lijo, que deberá decidir si mantendrá la delegación de la investigación en el fiscal o la asumirá él.

Además, tendrá que ejecutar la orden de la Cámara Federal de investigar si fueron manipulados los audios sobre la corrupción en la Andis adjudicados a Spagnuolo en los que se apoya la denuncia que dio origen a este caso, lo que puede derivar en la nulidad de la causa.(NA).

Tras un extenso camino de terapias, estudios y formación, Nicolás Brown cumplió el sueño y la meta de conseguir un trabajo formal más allá de su condición. Con Síndrome de Down, desde el 3 de octubre de 2025 se desempeña en el equipo de McDonald’s de Tandil. 

Puntual, a la hora acordada, apareció Nico, listo para conversar un buen rato. Impecable presencia, formal y respetuoso, se fue soltando a medida que avanzaba la charla, fluida y amena. Antes de la despedida, los minutos más descontracturados los dedicó a compartir algunos videos que realizó como modelo de ropa y anteojos, aunque también al visitar su Instagram telocuenta.nico, espacio donde difunde sus producciones como fotógrafo.

“Me gusta trabajar en McDonald’s”, aseguró con la seriedad que amerita dialogar sobre el empleo. Junto a su mamá Patricia Juárez Hansson, contó que “tengo muchos amigos y amigas también; los jefes Ale y Gime, con quienes me llevo muy bien e hice muchos amigos”.

Nicolás vive muy cerca de la sucursal de McDonald’s. “Voy solo, menos a la noche”, señaló. Cuando sale de madrugada, su madre se acerca para acompañarlo por razones de seguridad.

-¿Cómo es un día en tu trabajo?

-Llego a McDonald’s, primero voy a fichar que es muy importante, a la ida y la vuelta, y después trabajo. Me toca el lobby y en el salón, en limpieza. Me gusta. Hay mucho movimiento, adentro y afuera.

Más allá del empleo, en sus horas libres Nico disfruta de otros proyectos siempre motivado por su madre y hermanos. “Me gusta sacar fotos con mi madre, la arquitecta”, bromeó sobre las recorridas para detectar joyas del entramado urbano local. Además, participa de safaris fotográficos y hasta ganó un premio en el concurso del Festival Chacinar.

Hoy tiene muchos proyectos, como el anhelo de vivir solo, para lo cual se preparó siempre. Por caso, realizó un curso de gastronomía que lo capacitó en los tiempos de cocción, las cantidades de las preparaciones y las medidas de seguridad en la cocina.

A partir de percibir un salario, está evaluando cómo invertir sus ingresos, con la expectativa de cambiar su teléfono celular para seguir generando material y subirlo a su Instagram “telocuenta.nico”. Además de ahorrar para viajar y conocer otros lugares, paga gastos como el gimnasio y la peluquería desde su billetera virtual.

“Trabajo, me canso mucho. Voy al gimnasio”, resumió sobre las actividades cotidianas que combina con momentos de ocio.

Más allá de todo lo que Nico tiene para contar, su mamá ha tenido un rol central tanto en su acompañamiento, formación y preparación para la vida. “El día que lo entrevistó Alejandro (Crupi) y la chica de McDonald’s, Nico se sentó con ellos y yo lo veía de lejos. Mi emoción… pero estaba tranquila. En un momento se levanta y Alejandro le dice ‘vas a ingresar, cuatro horas, ¿querés? Ahí me llaman, y le dice: ‘Vení Nico, vamos a probarte el uniforme”.

Ese instante coronó un trayecto que había comenzado hace 31 años, cuando dio a luz a Nicolás, el segundo de sus tres hijos. “Fue un antes y un después, y el norte como mamá, cuando me dieron la noticia”, dijo sobre el diagnóstico que le confirmaron al día siguiente de alumbrar de Nico y señaló que por ese entonces no conocía sobre Síndrome de Down, por lo que le preguntó al médico.

“Fue todo movilizador, un impacto. El médico me dijo estos chicos andan bárbaro en la vida, pero tenés dos caminos: o negar toda la vida y quedarte en la desolación por ese hijo, porque nadie espera un diagnóstico en el nacimiento y muchas familias quedan estancados en lo que pudo ser, y el otro es el hacer. Si apostás todo el amor, todo el universo, todas las herramientas que tengas de fortaleza para llevarlo adelante, tu hijo va a ser inmensamente feliz porque logran un montón de cosas”.

Y citando aquel primer consejo, recordó que “el médico me dijo que no podía criarlo como una planta de invernadero que ante las inclemencias del tiempo la sacás al exterior, a la naturaleza, donde convive con la diversidad, se va a morir. Por ese camino no vayas”.

Así Patricia decidió evitar que Nico creciera en una caja de cristal y guiarlo para su desarrollo en comunidad. De este modo, asistió a jardín maternal, primaria y secundaria en instituciones comunes, donde fue sorteando barreras en favor del desarrollo de capacidades y la inclusión, lo que sin dudas se transforma hoy en un gran incentivo para las personas con discapacidad.

“Nico fue un estudiante bueno, tenía muchos compañeros. Cuando practicó deportes, fue a lugares comunes, nunca a adaptados para personas con discapacidad. Si había otros jóvenes como él, bárbaro, pero fue incursionando. Todo eso fue bárbaro para su historia de vida, porque él está acostumbrado a no ser ‘planta de invernadero’”, ratificó.

Finalizado el secundario, la familia se preguntó cómo seguiría adelante Nico, hasta que en 2019 comenzó a estudiar en la Unicen pero el proyecto que truncó la pandemia. Ese año, protagonizó una resonante lucha por la permanencia en la carrera de Turismo, en medio de un debate público que incluyó sentadas de protesta por parte de sus compañeros y amigos del ámbito universitario.

“Como había tenido un trayecto educativo muy bueno en la escuela común –nunca fue a una escuela especial, toda la parte de terapéutica la recibió afuera, en forma privada-, cuando egresó se buscaron alternativas de formación. Pero además de lo académico, de formación de la vida, porque a todos los estudiantes la universidad les atraviesa la vida, muchos vienen de afuera, comienzan a vivir solos, tienen más autonomía”, reflexionó Patricia.

Ante la inquietud de Nico, su madre evaluó la importancia de “tener esos aprendizajes de la vida cotidiana. Ponerse un despertador, ir a cursar, tener amigos, entonces todo eso iba a ser la vida adulta para la independencia. Él tenía 20 años, y todo eso se pensó para llegar el día de mañana a un trabajo”.

En su rol de madre, Patricia siempre apuntó a incluir a Nico y a sumarle desafíos, en lugar de conformarse con lo que el sistema ofrece. Muchas veces, esa postura resultó un camino mucho más dificultoso para aquellos que conforman el sistema de apoyo del joven.

La incursión en la universidad quedó trunca en la pandemia, a partir de la virtualidad total de las cursadas. Sin embargo, la motivación llegó de la mano de un emprendimiento de picadas que Nico concretó en su casa, con alguna ayuda.

Superado el tiempo de barbijos y sanitizantes, siguió con cursos de fotografías y practicaba deportes, pero Nico sentía un vacío y un día le dijo a Patricia que él quería trabajar. Así, el verano pasado, a partir del contacto que consiguió su hermana, comenzó a colaborar en un bar, levantando las mesas y en la atención, en jornadas que se fueron extendiendo a partir de que comprobaban su eficiencia.

Con esa experiencia, la mamá de Nico inició la búsqueda de un empleo formal y tras golpear varias puertas en el Poder Judicial y en empresas privadas sin resultados positivos, la convocatoria de búsqueda de personal de McDonald’s la interpeló para hacer otro intento. Nicolás se encargó de completar la planilla online de preinscripción a través del área de Empleo del Municipio y Patricia se animó a enviarle un mensaje al franquiciante, Alejandro Crupi, para que conociera la historia de Nico antes de la entrevista.

Hoy, con turnos de cuatro horas y horarios rotativos, Nico encontró un propósito, un ordenador, una misión y nuevos desafíos, mientras comparte con otros jóvenes la ilusión de hacer experiencia en el primer empleo formal en la sucursal local de la multinacional de comidas rápidas.  

Durante el último año, el Club Uncas consolidó su propuesta de hockey inclusivo, una iniciativa que nació a partir del impulso de las familias y que logró integrarse como una división más dentro de la estructura deportiva de la institución.  Bajo la modalidad conocida como Mixed Abilities, el proyecto está encabezado por Gachi Saliani y la entrenadora Rocío Ambrocio, al que recientemente se sumó Felipe Lapalma. La propuesta busca no solo la enseñanza de la disciplina, sino también el desarrollo de la autonomía y la socialización de los jugadores en un entorno de igualdad.

Desde hace casi dos años, el equipo entrena todos los miércoles y sábados, en encuentros de una hora y media. Lo integran alrededor de siete jugadoras y jugadores con diferentes tipos de discapacidades, de categoría juveniles en adelante. Pero en el año en curso buscarán sumar participantes infantiles.

Sobre el impacto que esta actividad tienen en el desarrollo de los jugadores, los entrenadores destacaron que los avances fueron notables desde el primer momento. “El cambio en los chicos es impresionante. Desde lo social y desde lo conductual. Hemos tenido nenes con algunas condiciones dentro del espectro autista en donde venían y deambulaban por la cancha, no se ajustaban a ninguna regla en un principio, pero los fuimos acompañando y ellos mismos de a poco se van sumando a las actividades y empiezan a cumplimentar las reglas. Siempre hay mucho acompañamiento grupal e individual. Por eso es interesante que el equipo de profesores y ayudantes se haya ampliado”, explicaron.

En la sede del club, las referentes y el entrenador recientemente incorporado contaron que fue una mamá, Viviana, quien insistió e impulsó la creación del equipo para que sus hijos pudieran compartir el club con otros jóvenes. Lo que comenzó con mucha voluntad y "garra" terminó por consolidarse, sumando nuevas herramientas pedagógicas y organizativas, hasta lograr que el hockey inclusivo sea hoy una disciplina más que representa la bandera aurinegra.

La dinámica de los entrenamientos fue diseñada para que los jugadores puedan incorporar las reglas y aspectos deportivos desde diversas propuestas lúdicas. Al inicio de cada jornada, la entrenadora habilita un espacio para que los alumnos puedan conversar y ponerse al día, priorizando el vínculo humano. Luego, la actividad continúa con juegos de búsqueda y circuitos de agilidad destinados a preparar el cuerpo para la exigencia del palo y la bocha. Se trata de un proceso que implica constancia y tiempo, pero que también genera resultados satisfactorios para los referentes, los jugadores y las familias.

La progresión técnica es uno de los pilares del trabajo realizado por Ambrocio, al que a partir del 2026 se sumará Lapalma. Al comienzo, uno de los desafíos más importantes a corregir fue el uso del palo, ya que muchos alumnos utilizaban la cara curva en lugar de la plana. Pero con paciencia y repetición, los jugadores no solo comprendieron la diferencia, sino que automatizaron movimientos complejos como el giro del revés.

“Está bueno que sepan las reglas porque por eso es un deporte. Rocío lo fue trabajando y ahora lo bueno es haciendo progresiones con esas reglas. A ellos también le da otra jerarquía, jugar igual a lo que ven está buenísimo. Ellos pueden formar parte del deporte”, destacó Felipe.

Además del juego, la entrenadora trabajó también en en la creación de hábitos y responsabilidades compartidas. Esta búsqueda de la autonomía es un eje central del proyecto, ya que fomenta que los alumnos se sientan parte activa y responsable de su equipo.

“Parte de la inclusividad es que ellos hagan todo como todos. Todos llegamos temprano, todos ordenamos. Es algo que fuimos corrigiendo, y ahora está automatizado. Termina una actividad, ellos ya saben que voy a buscar otros materiales, y mientras van juntando el resto y lo dejan al costado”, marcó Rocío.

Los entrenadores señalaron también que los jóvenes demuestran ser sumamente memoriosos con las reglas del hockey. “Son muy estrictos”, indicaron. Para los profesores, que los alumnos aprendan y respeten las reglas es parte de darle entidad de deporte a la práctica

Como parte de la consolidación del equipo, el club se propuso formar un equipo de entrenamiento mixto para brindar un acompañamiento más personalizado y permitir el ingreso de nuevos integrantes que quieran iniciarse en el deporte desde temprana edad.

Pero además, proyectan seguir sumando participación en torneos de la modalidad. Así lo hicieron a fines de 2024 en Mar del Plata, en lo que definieron como una vivencia “maravillosa” que incluyó no solo el viaje sino también la competencia, fortalecer lazos a partir de compartir con otros equipos, y hasta conocer el mar.

“Todas las personas tienen el derecho de hacer deporte, y nosotros tenemos que facilitarlo, y darles lo que necesitan. Ellos tienen que tener autonomía, autodeterminación, es un derecho que hay que garantizarle. Entonces la idea es eso, dar un espacio en el que ellos puedan tener una vida cotidiana y que tengan un espacio de recreación. Por eso también está bueno poder abrir las puertas y que se sumen más chicos”, concluyeron.

“La realidad es que, en términos generales, a las personas con discapacidad no les modifica en nada. La realidad es que seguimos siempre parados en el mismo lugar”. Así definió la abogada Gabriela Marti, especialista en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, a la reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad por parte del Gobierno que conduce Javier Milei.

Para la profesional y madre de un niño con discapacidad, el texto oficial introduce precisiones administrativas pero no implica cambios sustantivos en la vida cotidiana de quienes deberían ser los principales destinatarios de la norma.

En efecto, el decreto 84/2026, firmado por el Presidente y publicado en el Boletín Oficial, reglamenta la Ley de Emergencia hasta el próximo 31 de diciembre y define los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad.

La medida fue adoptada tras un fallo del Juzgado Federal de Campana que declaró inválida una suspensión previa de la ley por falta de financiamiento y ordenó su aplicación inmediata, aun cuando el Estado nacional apeló la sentencia.

Ayer, al ser entrevistada por El Eco Multimedios horas después de la publicación de la medida, Marti explicó que toda ley necesita una reglamentación para poder aplicarse, ya que es allí donde se establecen las pautas concretas de ejecución.

En este caso, señaló que el decreto surgió “por presión de la Justicia” y que introdujo cambios formales, como la modificación del nombre del beneficio, además de fijar reglas más claras para su otorgamiento y control.

Sin embargo, advirtió que la reglamentación no define aspectos centrales. “No establece monto porque no establece tampoco el aumento del nomenclador: esta reglamentación no establece presupuesto ni otorgamiento de subsidios”, remarcó Marti.

En ese sentido, sostuvo que la pensión continúa siendo una prerrogativa del Estado y no un derecho exigible: si hay fondos disponibles se otorga y, si no los hay, simplemente no se concede, aseguró.

“No deja de ser un título”

La abogada también cuestionó la falta de coherencia entre la declaración de la emergencia y la ausencia de recursos para enfrentarla. “Sí, estamos con una Ley de Emergencia, pero hay una Secretaría que no tiene presupuesto y no hay intención de aplicar políticas públicas en materia de discapacidad”, afirmó.

Otro de los puntos críticos para Marti es la falta de actualización del nomenclador, que regula los valores de las prestaciones vinculadas a la discapacidad. Según indicó, ese esquema continúa “atado a diciembre de 2024”, lo que impacta directamente en el acceso efectivo a terapias, apoyos y acompañamientos necesarios.

“No deja de ser un título: hay emergencia en materia de discapacidad. Pero la pregunta es si a partir de esto va a haber una aplicación concreta de políticas para sanear esa emergencia. La realidad es que no”, sintetizó.

Desde su experiencia profesional y personal, Marti sostuvo que ni la ley ni el decreto modifican en lo inmediato la vida de las personas con discapacidad. “La persona va a tener que seguir peleándola de la misma manera que la está peleando a diario, con las herramientas que tenga, con los instrumentos que tenga y con la familia que acompañe”, expresó.

Falencias en salud, trabajo y educación

En materia de salud, recordó que la legislación vigente establece que las obras sociales deben cubrir en su totalidad las prestaciones necesarias vinculadas directa o indirectamente a una discapacidad. No obstante, señaló que ese derecho no siempre se cumple y que, en muchos casos, las familias se ven obligadas a judicializar los reclamos para acceder a coberturas básicas.

También puso el foco en el sistema educativo. Si bien destacó que hoy existe el derecho a transitar la escolaridad en una escuela común, advirtió que las instituciones “hacen lo que pueden con las herramientas que tienen” y que muchas familias no logran sostener las trayectorias educativas por la imposibilidad de pagar un acompañante, cuya cobertura no siempre es reconocida por las obras sociales. 

En ese contexto, desmintió uno de los mitos más extendidos: que sin acompañante no se puede asistir a la escuela.

La inserción laboral fue otro de los ejes señalados como una deuda pendiente. En este punto Marti afirmó que para jóvenes y adultos con discapacidad es muy difícil acceder a un empleo y que, cuando existen oportunidades, no siempre están pensadas en función de las capacidades reales de cada persona.

“Tenés que adecuar el trabajo a las capacidades y a lo que realmente puede hacer”, explicó, y agregó que la falta de políticas públicas integrales y de un acompañamiento estatal sostenido desalientan tanto a las personas como a las familias.

Por último, si bien reconoció que la discapacidad dejó de ser un tema tabú y que hoy forma parte del debate público, Marti fue contundente al señalar lo que, a su criterio, sigue faltando: políticas concretas, recursos y compromiso real del Estado. “Que no sea solamente un título”, concluyó.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

La reglamentación define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes.

De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. Asimismo, faculta a esa secretaría a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación.

El decreto establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que impone a la autoridad de aplicación la adopción de medidas para identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas. NA

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y definió los procedimientos operativos para la puesta en marcha de un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad. La medida fue oficializada mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.

La decisión responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró la invalidez de un decreto anterior que había suspendido la ejecución de la ley por falta de financiamiento y ordenó su aplicación inmediata. Si bien el Estado nacional apeló el fallo, la resolución judicial obligó al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma dentro de un plazo de 30 días.

La reglamentación precisa los criterios de acceso, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control del nuevo régimen de pensiones. Según los considerandos del decreto, el sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad, con el objetivo de evitar superposiciones y garantizar una aplicación coherente.

El decreto también consolida cambios institucionales en la estructura del Estado. En ese sentido, incorpora formalmente a la Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del organigrama del Ministerio de Salud, centralizando allí la política pública en la materia.

La decisión se fundamenta en una “concepción integral del derecho a la salud y a la protección social”, que contempla dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

Entre los puntos centrales de la norma, se instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica que se aplicarán en el nuevo régimen. Además, el organismo deberá presentar ante ese consejo un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días contados desde la entrada en vigencia del decreto.

El texto también faculta a la secretaría a dictar las normas aclaratorias, complementarias y operativas necesarias para la implementación del régimen y establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Para ello, la autoridad de aplicación deberá identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se definan en el marco del Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con sus competencias y disponibilidades presupuestarias.

La reglamentación entró en vigencia a partir del 3 de febrero de 2026, fecha de dictado del decreto, y constituye el paso operativo clave para la aplicación efectiva de la Ley 27.793, en un contexto marcado por la judicialización de su implementación y el debate sobre su financiamiento.

La Justicia advirtió al Gobierno de Javier Milei que la Ley de Emergencia en Discapacidad “deberá estar en plena ejecución” el día 4 de febrero de este año y lo intimó a acreditar el avance de la implementación de la norma. De caso contrario, aplicará multas a funcionarios.

La decisión del Juzgado Federal de Campana fue tomada luego de la apelación del Ejecutivo en diciembre. En ese sentido, el juez Adrián González Charvay resolvió que el Ejecutivo tenga los procesos administrativos listos para cumplir con la normativa sancionada por el Congreso, incluso cuando no se haya pronunciado la Cámara Federal de San Martín, que tiene en trámite una apelación del caso.

“Toda vez que la Ley de Emergencia citada debe estar reglamentada dentro de los treinta días (conf. art. 21 de la misma) hágase saber a las partes que, tomando como inicio del cómputo el proveído de fecha 18/12/2025 que concedió el recurso de apelación con efecto devolutivo, la ley en trato deberá estar en plena ejecución para el día 04/02/2026, sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Superior”, dice la resolución.

Según indicaron familiares de personas con discapacidad en un comunicado, a partir de este fallo el Estado deberá presentar “documentos reales” que acrediten el cumplimiento de la sentencia.

En este contexto, el juzgado advirtió que ya no aceptará informes genéricos basados en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos”, sino en constancias concretas que demuestren avances efectivos.

Por su parte, tras la definición judicial, la actriz y madre de un chico con discapacidad, Valentina Bassi, sostuvo: "La ley se tiene que cumplir: si en 10 días hábiles no cumplen comenzarían las multas para los funcionarios", planteó en Instagram.

Cabe recordar que la gestión libertaria apeló en diciembre el fallo que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad y que dispuso la invalidez del artículo 2 del Decreto 681/2025, con el que el gobierno había suspendido la aplicación de la esa ley. El fallo dictado por el juez González Charvay, que tiene alcance colectivo, debe ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.

Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. Eso sí: aseguraron que no se cortarán ni se eliminarán prestaciones.

La decisión se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei.

Este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció Adorni desde la sala de conferencias.

El exvocero remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.