El Gobierno nacional oficializó hoy la declaración de Emergencia Ígnea y zona de desastre en la provincia de Santa Cruz, debido a la gravedad de los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Glaciares y a las condiciones climáticas adversas que azotan la región.

La medida fue dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y su gabinete de ministros.

La norma advierte que las condiciones hidrometeorológicas en la provincia, caracterizadas por "la sequía, eventos de actividad eléctrica y temperaturas por encima de lo normal", configuran un escenario de emergencia cuyo agravamiento genera daños ambientales significativos y peligro para la vida de las personas.

El decreto señala que la capacidad de respuesta operativa ha sido superada por la magnitud de los focos ígneos, lo que exige una "respuesta eficaz y urgente" del Estado Nacional para coordinar los recursos públicos. En este marco, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, será la encargada de articular las acciones de combate contra el fuego.

Esta declaración amplía el alcance del Decreto 73/2026, dictado a fines de enero, que ya había establecido la emergencia ígnea por el plazo de un año para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los incendios en el Parque Nacional Los Alerces.

El DNU 941/2025 ingresó el jueves a la noche al Senado y ahora la Comisión de Trámite Legislativo tiene hasta el 29 de enero para emitir dictamen; si no lo hace, el expediente puede debatirse en el recinto de sesiones de cualquier cámara del Congreso.

En ese marco, el oficialismo busca los números para poder blindar el decreto que reforma la ley de Inteligencia, que otorga mayor poder a la SIDE y permite la aprehensión de personas sin orden judicial.

De acuerdo a la ley, el DNU se puede convalidar con el aval de una sola cámara, mientras que su rechazo se debe hacer con la votación de las dos cámaras del Congreso.

Otra variante es que el Congreso no trate ese DNU, como ocurrió en otras ocasiones, con lo cual esa norma se mantiene vigente mientras que no sea derogada por Diputados y el Senado.

El Gobierno cree que los números son más favorables en el Senado y, por ese motivo la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, avanzará con las gestiones con los bloques de la UCR, PRO y provinciales, que acompañaron al oficialismo para sancionar el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal.

De hecho, el oficialismo no tiene pensado conformar la Comisión Bicameral que monitorea los DNU hasta marzo, con lo cual la definición se trasladará al recinto de sesiones, según reconocieron fuentes legislativas oficialistas y opositoras.

La comisión tiene 16 miembros (8 senadores y 8 diputados) y la presidencia este año le corresponde al Senado, ya que en el 2025 la titularidad la ejerció el diputado del MID Oscar Zago.

En el Senado, el oficialismo tiene 21 legisladores propios y espera contar con el aval de los 3 senadores del PRO, 7 de los 10 de la UCR y aspira sumar el respaldo de seis senadores de bloques provinciales.

En tanto, el peronismo tiene garantizados sus 28 legisladores, con lo cual debería sumar otros opositores que hoy no tiene asegurados, ya que no está claro si la postura que tendrán los tres radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger será de rechazo el decreto.

Los peronistas creen que sumarán a su posición a la cordobesa Alejandra Vigo y aspiran a contar con el apoyo de los dos santacruceños, con lo cual será clave la posición que tendrán los bloques provinciales que aún no definieron su postura.

En la vereda de enfrente, en la Cámara de Diputados, los bloques opositores de Unión por la Patria (UxP), Provincias Unidas, la izquierda, Coherencia y Defendamos Córdoba quieren derogar el DNU y buscarán los votos para derogar ese decreto.

Hasta ahora reúnen 121 diputados, con lo cual necesitan el respaldo de ocho legisladores para tener quórum y para construir una mayoría para derogar el decreto.

En tanto, LLA tiene 95 legisladores y podría obtener el respaldo de la mayoría de Fuerzas del Cambio, que tiene 22 integrantes, Producción y Trabajo y espera sumar a Innovación Federal.

Los oficialistas creen que tendrán el respaldo del Interbloque de Fuerzas del Cambio que integran y tienen 22 la UCR, el PRO, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz, señalaron fuentes parlamentarias.

Hasta ahora, solo el PRO prefirió la cautela y dejó trascender que un equipo especializado se encuentra analizando el Decreto 941/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional 25.520.

Señalaron que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que su postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria antes de fijar una posición definitiva. NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su “más absoluta oposición y rechazo” al DNU que modifica la ley de Inteligencia y remarcó que esa clase de reformas deben “ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”.

“Introduce cambios en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, habilitando por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”, lamentó la central obrera en un comunicado.

La CGT difundió su postura contraria a esta iniciativa en momentos de tensión con la gestión libertaria por el proyecto que promueve en el Congreso para la reforma laboral, que es rechazado por los gremialistas.

El flamante texto de los sindiclaistas consideró que “esta decisión gubernamental deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario”.

“Todas sus actividades de espionaje pasarán a ser ‘encubiertas’, transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial”, evaluó la CGT.

“A su vez, se autoriza a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de inteligencia interior. También faculta la ejecución de tareas ante la ‘fuga de información clasificada’, lo que, en la práctica, representa hostigamiento y censura sobre el ejercicio de un periodismo libre, entre otros graves riesgos”, continuó.

Al respecto, la central insistió en que “se configura así una grave amenaza sobre las libertades individuales y los derechos garantizados por la Constitución Argentina”.

Y cerró: “Estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo, y que, por lo tanto, se aleja cada vez más de un modelo compatible con la vigencia de una democracia plena”.

Ello le dio un respiro al Gobierno, aunque el Senado podrá insistir con la media sanción en una próxima sesión.

El artículo 3, referido al plazo que tenía el Congreso para debatir un DNU, resultó negativo al obtener 127 votos, con lo cual el proyecto deberá volver a la Cámara de Senadores.

Se trata de una pírrica victoria para el oficialismo, que gana tiempo hasta que el Senado vuelva a tratar, posiblemente después de las elecciones, esta iniciativa que apunta a poner en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de un instrumento discrecional como los DNU.

Si bien la oposición había obtenido una mayoría holgada en la votación en general, con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, el proceso se complicó cuando se votó en particular.

El artículo 3 de la reforma a la ley 26.122, que establecía un plazo de vigencia de 90 días a los decretos, al darle ese período de tiempo al Gobierno para lograr la convalidación en las dos cámaras, salió rechazado porque no superó el umbral de los 129 votos positivos, que corresponde a la mayoría absoluta.

Los bloques opositores quedaron a apenas dos votos, con 127 positivos, 90 negativos y 17 abstenciones.

Para convertirse ayer en ley, era necesario que la totalidad de los artículos quedaran ratificados tal como vinieron del Senado.

El radicalismo exhibió sus diferencias en el debate sobre el proyecto de regulación de los DNU, ya que mientras el grueso de la mayoría de la UCR anticipó su voto de rechazo al dictamen promovido por la oposición, otros legisladores se mostraron a favor de esta reforma.

El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, lamentó que se hayan dejado “propuestas incrementales” y que la oposición haya elegido el camino del “todo o nada”, la “épica” de “morir con las botas puestas”.

“La reglamentación de los DNU que trae la oposición es positiva en términos teóricos, es necesaria, pero intenta aplicarle a un gobierno que está muy débil lo que no le aplicó a anteriores gobiernos que sí tenían mayoría parlamentaria”, señaló De Loredo, al justificar el rechazo al dictamen de la mayoría.

La propuesta del jefe de la bancada radical es avanzar hacia una reforma de las características planteadas por la oposición, pero para que entre en vigencia a partir del 10 de diciembre del 2027.

En cambio, el diputado radical Julio Cobos anticipó su voto favorable al dictamen promovido por la oposición y señaló que “las excepciones deben ser eso, excepciones, y no la regla”. NA

Con amplio apoyo opositor, el Senado rechazó hoy cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia dictados por el gobierno del presidente Javier Milei, entre los que se destacan el que disuelve Vialidad Nacional y otros que modifican las estructuras del INTI e INTA.

De esta manera, esta serie de resoluciones del Poder Ejecutivo, motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, quedaron sin efecto ya que tenían el rechazo de la Cámara de Diputados.

El debate por los decretos inició recién pasadas 12.30, más de una hora después del comienzo de la sesión, luego de una serie de cuestiones de privilegio, intentos por parte de partidos provinciales de incluir otros proyectos en el temario y la aprobación de acuerdos militares.

El decreto delegado por el cual Milei se proponía disolver Vialidad Nacional fue uno de los puntos de mayor encuentro entre los representantes provinciales.

El texto sostenía que la estructura no se ajustaba “a las necesidades actuales de gestión”, lo que se reflejaba en “altos costos operativos” y falta de agilidad, y mencionaba una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo. También planteaba que habría mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados.

A su vez, reasignaba tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión a unidades dentro del Ministerio de Economía, y disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público”.

El senador radical Pablo Blanco fustigó contra la avanzada del oficialismo contra Vialidad Nacional, al afirmar que “el Gobierno toma una medida que es como si aparece un enfermo de cáncer y para no gastar dinero le pega un tiro y lo mata, entonces se acabó el enfermo y se acabó el problema”.

Por su parte, Alfredo De Angeli, jefe de bloque del PRO y reconocido productor rural, defendió el INTA y señaló que el organismo “tiene un prestigio tremendo a nivel internacional”, por lo que llamó a “preservar su autarquía”.

“El INTA ha inventado la primera cosechadora de algodón para la zona de Santa Fe, Chaco y Formosa”, añadió.

El camporista Eduardo De Pedro, en tanto, focalizó su discurso en el decreto que modificaba el Banco Nacional de Datos Genéticos y planteó que el decreto rechazado “quita competencias, reduce las capacidades, y tiene que ver con volver a la Argentina de la impunidad”.

Otra de las facultades del decreto rechazado por el Senado era convertir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en la “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, absorbiendo competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.

Lo mismo estaba previsto para la Junta de Seguridad en el Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, limitando su competencia al transporte aéreo, y suprimiendo o reasignando funciones de investigación ferroviarias, automotoras y marítimas.

Con respecto al INTA y al INTI, el Gobierno proponía quitarles su carácter de entes autárquicos para transformarlos en organismos desconcentrados dependientes de secretarías de Estado:

En este último caso, se cuestionó que el 30 % de sus recursos humanos se concentraran en el área administrativa, un ratio “muy por encima de los estándares habituales”.

Por último, el Senado también le dio su estocada final al DNU que establecía la desregulación de la Marina Mercante.

En una sesión que terminó suspendida y con polémica, la oposición en la cámara de Diputados nacional logró avanzar con un paso clave para forzar el tratamiento de una batería de proyectos de ley que incomodan a la Casa Rosada, entre ellos uno para establecer la emergencia en el Hospital Garrahan y otro de financiamiento para las universidades nacionales.

Con un quórum de 132 presentes, los diputados de la oposición emplazaron a las comisiones de Salud, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto realizar un plenario el martes para dictaminar los proyectos para ayudar al Garrahan y decretar la emergencia pediátrica. Y paraque Educación y Presupuesto haga lo mismo -el mismo día- con el de financiamiento universitario.

La estrategia de la oposición, que no tiene mayoría de dos tercios para avanzar con los proyectos sin dictamen, es forzar el dictamen para poder llevar los proyectos al recinto, algo que hasta ahora impidió el gobierno a través del presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, quién trabó la convocatoria. ´

La sesión había sido pedida por Democracia para Siempre -el bloque que conduce Pablo Juliano y está referenciado en Martín Lousteau y Facundo Manes- y para el quórum se sumaron otros radicales, casi todos los diputados de Unión por la Patria, de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica.

Lo llamativo de ese conteo que es se sumaron la libertaria Marcela Pagano y Álvaro González (Pro), como así también Francisco Morchio -quien responde al gobernador Rogelio Frigerio, aliado del Gobierno- y el radical Fabio Quetglas. Los también radicales Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning y Roxana Reyes.

Además de los emplazamientos para discutir el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, los opositores incorporaron también la cuestión de las retenciones al campo luego de que el Ministerio de Economía dispusiera restablecer la suba de retenciones a dos cultivos claves, la soja y el maíz a partir de este mes. La intención de la oposición es que este incremento se deje sin efecto.

El tema que más preocupa al oficialismo no son los emplazamientos a la Comisión de Presupuesto, sino el proyecto que propone limitar el uso, por parte del Poder Ejecutivo, de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Esta iniciativa ya cuenta con dictamen, con lo cual está en condiciones de ser aprobado con simple mayoría.

Los legisladores acordaron debatir esta cuestión sobre el final de la sesión, al igual que el proyecto que propone implementar a nivel nacional del juicio por jurados, iniciativa que si bien tiene amplio consenso -incluso fue promovida por el Gobierno-, el oficialismo no quiso, hasta ahora, llevarlo al recinto. Se deslizó, como pretexto, el costo que implicaría su instrumentación.

La sesión terminó en un escándalo, con cruces entre legisladores que obligaron a suspenderla. Uno de los motivos fueron los reproches de varias kirchneristas a Espert por el encarcelamiento  de Alexia Abaigar, la funcionaria bonaerense que participó del escrache con caca animal contra la casa del diputados, luego de que este tildara de “hija de una gran puta” a Florencia Kirchner.

Cecilia Moreau (UP) tomó la palabra y habló del “cagón de Espert” y acusó al oficialismo de “meterse la Constitución en el culo”. Mientras la expresidenta de la Cámara baja daba su enardecido discurso, el jefe del bloque, Germán Martínez, le servía vasos de agua. Mientras tanto, la diputada seguía levantando la voz.

Paula Penacca (UP) y Florencia Carignano (UP), dos enardecidas diputadas y militantes de La Cámpora, fueron a buscar a José Luis Espert, que sumaba al show con gestos provocadores desde su banca. En ese momento saltó de su banca Juliana “La Topadora” Santillán (LLA) con Nicolás Mayoraz (LLA) y comenzó un forcejeo cara a cara que no terminó en nada.

Mientras eso pasaba, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió una moción para votar la reactivación de la investigación parlamentaria de Libra y la sesión cayó por falta de quórum.

El Gobierno remitió ayer al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 para autorizar el programa de "facilidades extendidas" con el FMI, con el objetivo de que se apruebe en la Cámara de Diputados y así blindar el acuerdo que consiga con el organismo para cancelar las deudas con el Banco Central y fortalecer las reservas. 

El Gobierno aceleró el envío al Parlamento pese a que tenía diez días hábiles para comunicar al Congreso su decisión dado que quiere acelerar la aprobación de ese DNU en la Cámara de Diputados, ya que con el aval de una sola cámara logra blindar el acuerdo que firme con el organismo internacional.  

Esto es así porque la ley 26122 de DNU establece que con el respaldo de una sola cámara queda firme esa medida del Gobierno, a diferencia de una ley que requiere el aval de las dos cámaras del Congreso.  

Ahora, la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario deberá convocar para debatir ese DNU y tendrá diez días hábiles para emitir el respectivo dictamen, que luego se deberá tratar en el recinto de sesiones.  

El primer obstáculo que deberá superar será elegir al nuevo presidente de ese organismo parlamentario en reemplazo del senador libertario Juan Carlos Pagotto, ya que este año la presidencia le corresponde a la Cámara de Diputados.  

Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que aún no hay consenso entre La Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas sobre quien será el nuevo presidente de la bicameral, y las opciones que se manejaban eran el libertario Lisandro Almirón, el macrista Diego Santilli o el radical Francisco Monti, cercano al oficialismo.  

De todos modos, si el oficialismo tiene dificultades para emitir el dictamen le queda la variable dejar vencer los diez días hábiles e ir directo al recinto para tratar ese DNU, pero para ello deberá construir una mayoría junto al PRO, a la UCR, el MID, Independencia, Innovación y un sector de Encuentro Federal.  

También deberá buscar, como hizo en otras ocasiones, el respaldo de diputados de Unión por la Patria (UxP), y las opciones que tiene son los legisladores que responden a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.   

De acuerdo al DNU, las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas "tendrán un plazo de amortización de 10 años con un período de gracia de cuatro años y seis meses".  

También fijan que se destinarán a cancelar "las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central" y "las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo".   

Señaló que "contar con un nivel satisfactorio de reservas es vital para la reducción del riesgo país y para que se aumenten las facilidades para la reinserción de la República Argentina al mercado de capitales internacional", y que la baja calidad del activo del Banco Central "impacta sobre su capacidad de promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico". 

También señaló que el denominado "cepo cambiario" reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo.  

Destacó que "atento al compromiso inclaudicable de esta administración por trabajar en su disminución y posterior erradicación, es un deber impostergable avanzar en la cancelación de una parte sustancial de las deudas del Tesoro Nacional con la entidad monetaria". (NA).

El Congreso se prepara para ser el centro de una nueva disputa política cuando deba discutir el DNU que dictará el Gobierno para alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI sin la aprobación de una ley a ese respecto, como lo establece la normativa vigente.   

Las negociaciones entre el Ministerio de Economía y el FMI son por un monto estimado de entre US$10.000 millones y US$20.000 millones, con el objetivo de cancelar la deuda con el Banco Central y así fortalecer las reservas.   

El presidente Javier Milei adelantó que utilizará un DNU para este nuevo acuerdo con el FMI, en lugar de la ley de Sostenimiento de la Deuda aprobada en el Gobierno kirchnerista y que obliga al Poder Ejecutivo a pedir el consentimiento del Parlamento previo a la firma de un entendimiento con el FMI.   

Una de las dudas que persistía ayer en el Parlamento es si el Gobierno suspenderá esa ley aprobada en 2021 o solo el artículo 2 de la ley 27.612.   

Ese artículo establece que todo "programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente". 

La utilización de esa herramienta contemplada en el artículo 99 de la Constitución Nacional permitirá al Gobierno que esa autorización rija desde el mismo momento en que fue publicada en el Boletín Oficial, sin aguardar los tiempos legislativos y más cuando tiene una extrema minoría en cada una de las cámaras del Congreso.   

En este contexto, el oficialismo aguarda la llegada del DNU que se publicaría en las próximas horas y que se debe tratar en la Comisión Bicameral de Tratamiento legislativo, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto.   

De este modo, por los tiempos establecidos en la ley, el Gobierno contará con casi un mes para terminar su acuerdo con el FMI sin que la oposición pueda tratarlo en el recinto de sesiones, y además cuenta con el beneficio que si una cámara lo respalda ya se habrá ratificado la autorización para la firma del convenio con el organismo internacional.   

La ley 26.122 de DNU establece que el el Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.   

Al ser comunicado el DNU al Congreso, la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto en un plazo de diez días hábiles (dos semanas) y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. 

En caso que la bicameral no emita dictamen, los bloques opositores podrán impulsar su tratamiento en el recinto de sesiones sin la necesidad de un dictamen, pero para que pierda vigencia la derogación debe aprobarse en Diputados y el Senado. (NA).

El gobierno de Javier Milei  confirmó a través de un comunicado oficial que enviará al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para obtener apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el documento, la operación financiera permitirá que el Tesoro Nacional cancele deuda con el Banco Central, reduciendo así el total de la deuda pública.

De acuerdo con la comunicación de la Oficina del Presidente, la medida busca fortalecer el balance del Banco Central, consolidando la estabilidad monetaria y financiera, además de avanzar en el proceso de desinflación y la liberación de restricciones cambiarias.

pic.twitter.com/MNz81IdSq5

El comunicado destaca que "no existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación", la cual, según el gobierno, ha "arruinado la vida de los argentinos". Por este motivo, Milei solicitó un "compromiso urgente" del Congreso para respaldar el acuerdo, al igual que hicieron "todos los gobiernos anteriores" en situaciones similares.

El gobierno enfatizó que transformar la lucha contra la inflación en una política de Estado es una señal de que los legisladores "comprendieron el mandato expresado en las urnas". En ese sentido, el presidente Milei expresó su confianza en el "compromiso y la responsabilidad" de los parlamentarios para con el pueblo argentino y su bienestar económico.

Esta decisión refuerza la postura del Ejecutivo de avanzar con su plan de ajuste fiscal y estabilización macroeconómica, en un contexto de negociaciones con el FMI y expectativas sobre la evolución de la economía nacional.

El gobierno consiguió dividir al peronismo y se cayó la sesión en la que se iban a limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia de Javier Milei y hacer caer el decreto del canje de deuda de Luis Caputo.

El peronismo debió convocar una reunión de urgencia ante la amenaza de 8 diputados del bloque de Unión por la Patria de jugar para Javier Milei y hacer caer el quórum. Finalmente, tras no conseguir el consenso en labor parlamentaria, el bloque de Germán Martínez decidió postergar la sesión para el jueves 21 de noviembre.

Quienes provocaron la fisura del bloque peronista fueron los cuatro diputados de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil, un aliado clave de la Rosada. Además jugó para el gobierno el jujeño Guillermo Snopek y la chubutense Eugenia Alianello, que juntó firmas para Ricardo Quintela en la trunca interna del PJ. Tampoco estuvo el mendocino Adolfo Bermejo, por problemas personales. 

Otros diputados que amenazaron con dar quórum y finalmente facilitaron el triunfo libertario fueron Jorge “Loma” Ávila, que responde al gobernador de Chubut, Nacho Torres y Francisco Morchio, que hace lo propio por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Ambos pertenecen al bloque de Encuentro Federal que lidera Miguel Pichetto.

El PRO definió que no dará quórum este martes en la sesión que los bloques opositores impulsan en la Cámara de Diputados para reformar la ley de DNU y derogar el decreto de canje de deuda, al advertir que "no pondrán en riesgo la gobernabilidad".

"Vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo", señaló el PRO después de una reunión de la Mesa Ejecutiva que encabezó el ex presidente Mauricio Macri.

El PRO sostuvo en un comunicado que mantendrá la "misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad". 

La cúpula del partido planteó además que el bloque de diputados "va a insistir con los temas que viene impulsando", en referencia a "solicitar una sesión especial para la semana próxima para tratar y aprobar la Ley de Ficha Limpia, una bandera histórica" del espacio.   

Por otro lado, advirtió también que "el conflicto con Aerolíneas Argentinas expone una problemática que existe con los gremios en muchas empresas", por lo que exigió el "tratamiento de la ley de democratización sindical que presentaron varios diputados de nuestro bloque".  

De la reunión participaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; los diputados Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; los intendentes Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Soledad Martínez (Vicente López) y el dirigente Fernando De Andreis.   

Bloques opositores insisten en que tienen los números para sesionar mañana a fin de reformar la ley de DNU y derogar el decreto de canje de deuda, pero el oficialismo no pierde la esperanza en que esa sesión especial no logre reunir el quórum reglamentario de 129 diputados.

El kirchnerismo y la UCR impusieron esta tarde su mayoría en el Senado para incorporar en la sesión de hoy el DNU que asignó 100 mil millones de pesos a la SIDE, con lo cual esa medida que había sido dispuesta por el Poder Ejecutivo podría quedar derogada. 

El Gobierno fracasó así en su intento de postergar ese tema, como se había dispuesto en el acta de Labor Parlamentaria de ayer, y que no había sido firmada por los bloques del kirchnerismo y la UCR.   

El oficialismo había propuesto hacer una "sesión secreta" la semana próxima, que ahora quedará desechada ya que el Senado se encamina a anular ese DNU, del mismo modo que lo hizo también la Cámara de Diputados.  

El Gobierno había acordado eliminar el tratamiento del DNU con los bloques dialoguistas de Cambio Federal, Unidad Federal y el PRO, pero esa propuesta no fue aceptada por la UCR y los bloques del Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, que hoy lograron revertir el plan de labor.  

Al comenzar la sesión, el presidente del bloque K del Frente Nacional y Popular, José Mayans, se mostró contrario a realizar una sesión secreta y dijo que no estaba de acuerdo con haber eliminado el tratamiento del DNU 656 sobre el presupuesto de la SIDE que figuraba en el plan de labor parlamentaria de hace una semana.  

Mayans presentó una moción al señalar que el DNU debía tratarse "porque así lo establece la ley, que transcurrido un tiempo debe ser analizado, ya que es un decreto de necesidad y urgencia".  

En tanto, el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, aclaró que la propuesta de esa bancada es mantener el plan de labor, pero "solamente incorporar como último tema el DNU sobre SIDE".   

El Gobierno decidió el pasado 23 de julio asignar 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la SIDE, que había sido recreada hace pocos días y no contaba el presupuesto correspondiente para poder funcionar.  

A través del DNU 656 que firmaron el presidente Javier Milei y todos los ministros del Poder Ejecutivo se dispuso que se le asignara el presupuesto la suma de 100 mil millones de pesos para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional.   

Además, se estableció el "carácter reservado" de los fondos destinados a la SIDE y se dispuso que comunicará la decisión a la Comisión Bicameral de control de los DNU del Congreso.   

Posteriormente, al vencer el plazo para que la Comisión Bicameral Permanente tratara ese DNU, los bloques dialoguistas de Encuentro Federal, la UCR y la Coalición Cívica pidieron una sesión el 21 de agosto y por amplia mayoría rechazaron esa medida en la Cámara de Diputados.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que los legisladores opositores que votaron "junto al kirchnerismo" el rechazo del DNU que le asignó 100 mil millones de pesos a la SIDE "eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo".

"El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!", expresó Bullrich en redes sociales.

Para la funcionaria, "la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos".

"El rechazo al DNU lo celebran los criminales", enfatizó la ministra.

Bullrich se quejó además de que la SIDE se encuentra "desmantelada" cuando existen "amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación" y en un país que "sufrió dos atentados".

La funcionaria cuestionó así a diputados del PRO y otros bloques "dialoguistas" que dieron quórum y aportaron votos para que la iniciativa gubernamental fuera rechazada en el recinto.

En un comunicado, Bullrich calificó además de "inconsciente" al ex presidente Mauricio Macri por no haber respaldado la iniciativa del presidente Javier Milei.

"Lamento la inconsciencia del PRO y de su presidente", dijo y señaló que el partido amarillo "tomó una decisión que no toma en cuenta los riesgos que trae frente a los peligros y amenazas del financiamiento al narcoterrorismo en la Triple Frontera, y las actividades narcoterroristas en la ciudad de Rosario y en otros puntos del país".

"Es absolutamente inconsciente e irresponsable decir que es un gasto sin información, ya que la Comisión Bicameral de Inteligencia es la única habilitada para recibir dicha información, no el Congreso en su conjunto", explicó.

En este sentido, la funcionaria de Milei precisó que esa información "no es abierta" porque "si no los criminales, y los terroristas sabrían que vamos a hacer".

"Decir que rechazan el DNU por falta de información es de ignorantes", arremetió.

La ministra sostuvo que desde la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, organismo que preside, están dispuestos "a brindarle información a la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia".

"Lamentablemente en vez de analizar todo esto, o consultar, tiran abajo el decreto, cuya importancia radica en nutrir de fondos fundamentales para fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia", señaló la funcionaria, ex presidenta del PRO.

El legislador de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que fue uno de los que votó por el rechazo, salió a contestar los dichos de Bullrich y le señaló a la funcionaria que ella "hubiera votado" del mismo modo.

"Vení al Congreso cuando quieras a explicar lo que los organismos que dependen de tu ministerio necesitan en materia presupuestaria", replicó López en redes sociales, y agregó: "Con (Santiago) Caputo, (Sergio) Neiffert y el Gordo Dan no va a colaborar ningún país serio en materia de terrorismo".

Otro que cruzó a Bullrich fue el presidente de la Convención Nacional de la UCR Gastón Manes, quien tildó de "disparate" el posteo de la funcionaria contra los legisladores que rechazaron el decreto.

"No es así, ministra. Me extraña que alguien con tan pocos caracteres diga semejante cantidad de disparates", aseguró Manes.

Y agregó: "Son los diputados que votaron en contra del DNU de la SIDE los que están cuidando las prioridades de los argentinos, para reordenar los gastos de un Estado loco que quiere sacarle plata a las universidades para ponerla en una institución —al menos— cuestionada".

"Las mafias, los narcos y el terrorismo se combaten con un ministerio de seguridad inteligente y capaz. De eso ustedes tendrían que hacerse cargo, ¿no?", interrogó Manes.

El kirchnerismo y un diputado del bloque de Miguel Ángel Pichetto fracasaron ayer en su intento por incluir en el temario de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el DNU que le asignó 100 mil millones de pesos a la nueva estructura de la SIDE.   

La comisión solo tratará los temas previstos, entre los que se incluían los decretos pendientes de revisión de la Bicameral que fueron dictados durante las presidencias de los exmandatarios Mauricio Macri y Alberto Fernández, sumado a un puñado de normas de la gestión de Javier Milei.   

La maniobra contra el DNU de Milei había sido motorizada por la diputada Carolina Gaillard, de Unión por la Patria (UxP), que puso a votación una moción para incluir los decretos con los que el Ejecutivo disolvió la AFI y formalizó la SIDE y, a su vez, el otro con el que le asignó 100 mil millones a ese organismo.   

Además de los seis senadores kirchneristas de esa comisión, la iniciativa recibió el apoyo del diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal.   

Del otro lado, la mayoría que bloqueó esa iniciativa se compuso por Francisco Monti (UCR), Víctor Zimmermann (UCR), Juan Carlos Pagotto (LLA), Luis Juez (PRO), Hernán Lombardi (PRO), Oscar Zago (MID), Lisandro Almirón (LLA) e Ivanna Arrascaeta (LLA). 

El faltazo lo dio el senador correntino de Unidad Federal Carlos Espínola.   

Despejado el intento del kirchnerismo y Massot por avanzar con los DNU, el titular de la Bicameral, Pagotto, apuntalado por Lombardi, puso a votación una moción, que resultó afirmativa, para continuar con el orden del día original y fijar las siguientes reuniones de la Bicameral de Trámite Legislativo para el 22 de agosto y el 5 y 19 de septiembre próximo.   

En inicio del encuentro, Gaillard le pidió a Pagotto que explicara la razón por la que no incluyó en el temario oficial los decretos con los que el Ejecutivo disolvió la AFI y formalizó la SIDE.   

La inquietud de Gaillard residía en que tres senadores kirchneristas habían presentado en mesa de entrada, la semana pasada, una nota para pedir que se incluyeran en el temario de la Comisión Bicameral ambas resoluciones que la Casa Rosada hizo públicas días atrás.   

Si bien en su alocución Pagotto admitió que el pedido de Gaillard era válido, sostuvo que "así como el reglamento manda a incluirlo, hay una ley que dice que los gastos reservados de inteligencia se tienen que tratar de otra manera. Todo tiene que ver con todo, senadora, es inteligencia". (Por Gonzalo Delmonte - NA).

La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad el pedido de per saltum presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra el DNU 70/23 del gobierno del presidente Javier Milei.

El máximo tribunal consideró en su decisión que no había “caso concreto”, “causa” o “controversia” para acelerar el debate de la norma, tal y como había solicitado Gil Domínguez en su presentación. 

El abogado constitucionalista había impulsado un proceso con el objetivo de que se le ordene a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que, en el plazo de 30 días hábiles, den “expreso e inmediato tratamiento” al DNU para rechazarlo o aprobarlo en el marco de la ley 26.122.

En tanto, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°1 ya había desestimado el planteo por ausencia de “controversia”. Tras este fallo, Gil Domínguez interpuso recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) a la Corte Suprema.

En este marco, el máximo tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, recordó este martes que la admisibilidad del recurso extraordinario se encuentra subordinada a la existencia de un caso o controversia.

La Corte Suprema había rechazado anteriormente dos planteos contra el decreto de necesidad y urgencia DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei. Se trató de las acciones impulsadas por el gobierno de La Rioja y por la agrupación de abogados Gente de Derecho.

La consecuencia directa e inmediata de esa resolución fue que el DNU mantuvo su vigencia con excepción de los capítulos que fueron expresamente suspendidos o invalidados por otros tribunales, como por ejemplo la reforma laboral o la derogación de la Ley de Tierras.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes en forma unánime dos planteos contra el DNU 70/23 impulsado por el presidente Javier Milei.  

Uno de los fallos corresponde al recurso extraordinario presentado por el abogado Jorge Rizzo, representante de la Asociación Civil Gente de Derecho, y el otro a la medida cautelar presentada por el gobierno de La Rioja a través de los representantes legales de la provincia, Raúl Ferreyra y Eugenio Zaffaroni. Ambos pedían la anulación del decreto del Gobierno.

En su fallo, el máximo tribunal de Justicia aseveró que “la provincia de La Rioja no ha puesto a consideración del Tribunal una causa, asunto o caso contencioso cuya decisión corresponda a los tribunales de la Nación de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Constitución y 2° de la ley 27”.

De igual modo, la Corte precisó que “la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de las otras dos ramas de gobierno no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales nacionales; sólo deben hacerlo cuando es necesario examinar el tema para decidir una causa que verse sobre puntos regidos por la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, a requerimiento de parte interesada”.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti consideraron que la presentación de La Rioja, “la demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia (como persona jurídica diferenciada de sus vecinos) que se encuentre afectado de manera actual y concreta”.

Los legisladores opositores pidieron tratar “con urgencia” en una sesión especial para voltear definitivamente el mega decreto de desregulación económica del Gobierno.

En la actividad participaron como organizadores el socialista santafesino Esteban Paulón, las trotskistas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá, el kirchnerista Leopoldo Moreau, el radical bonaerense Pablo Juliano y la peronista cordobesa de Hacemos Coalición Federal Natalia de la Sota.

La mayor cantidad de diputados participantes fueron de Unión por la Patria, como la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el jefe de bloque, Germán Martínez, además de Santiago Cafiero, Daniel Gollan, Agustina Propato, Carolina Gaillard, Carolina Yutrovic, Pablo Carro, Martín Soria, Lorena Pokoik, Victoria Tolosa Paz, Vanesa Siley y Carlos Castagnetto.

Al tomar la palabra como moderador del debate, Paulón recordó que el DNU “ha sido rechazado en el Senado pero aún está vigente porque resta el rechaza en la Cámara de Diputados”.

“Creemos que es fundamental avanzar en ese sentido”, expresó el socialista, al advertir que “este decreto plantea modificaciones concretas en la vida cotidiana de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país”.

Y siguió: “Algunas reconocidas por el propio referente del gobierno como el ministro (de Economía, Luis) Caputo que lo firmó, que se dio cuenta que era muy grave desregular el mercado de las prepagas y esto disparó una suba de precios que afecta especialmente a los sectores medios”.

Por su parte, Bregman subrayó “la urgencia en el tratamiento de esta cámara” de la validez del DNU.

Admitió que existe “un problema y es que la ley 26.122 cambia incluso el propio espíritu de la Constitución y con su reglamentación blinda los DNU”, al hacer referencia a la norma sancionada durante el kirchnerismo que impuso que para la derogación de un decreto sea necesario el voto mayoritario de ambas cámaras del Congreso.

“Estamos en contra del propio régimen de los DNU, pero la Constitución los pone como excepción, y con el DNU 70 la excepción se convierte en regla”, alertó la diputada del PTS.

“El DNU afecta la vida cotidiana de miles de personas de nuestro país. Implica un ataque a las condiciones de vida de la gente”, afirmó Bregman, que puso como ejemplo la eliminación de la ley de Tierras, de la ley de Alquileres, el cambio en la legislación laboral, y la desregulación de los precios de prepagas y medicamentos.

A su turno, Leopoldo Moreau consideró que “este DNU transforma el hiperpresidencialismo en autocracia”.

“En el artículo 1 manifiesta su inconstitucionalidad porque es el propio presidente es que decreta la emergencia. Además, avanza sobre 87 leyes, algunas de las cuales deroga y otras reforma”, señaló. NA

Pablo Moyano, referente de la CGT.

Así lo advirtió el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien dijo que las provincias “marcan el rumbo productivo del país”.

Ziliotto confirmó que, junto con Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, trabajan en la conformación de “una Agencia de Desarrollo, que permita potenciar la actividad económica a partir de los recursos y capacidades de cada uno. Esa es la agenda que nos une”.

El gobernador pampeano exhortó a los diputados nacionales a seguir el camino de los senadores, que rechazaron el DNU 70/2023 a mediados de marzo pasado.

“El DNU no puede seguir existiendo”, porque “cuando lleguen las facturas de gas con mil por ciento de aumento será tarde”, señalan los mandatarios.

Las declaraciones se dieron en el marco del homenaje de la provincia a los caídos en Malvinas. Allí, en referencia al tan mentado “Pacto de Mayo”, sostuvo que “un nuevo pacto patriótico, histórico, como le quieran poner sentido de épica al 25 de Mayo, sería empezar por cumplir con la constitución y sus leyes. Creo que a partir de ahí podríamos construir un nuevo pacto”.

Pero, mientras eso no ocurra, reiteró, “nosotros no vamos a negociar el futuro de la provincia de La Pampa y mientras no lleguen recursos que nos deben a la provincia de La Pampa, como seguramente pasará a otras provincias”.

La deuda de Nación con La Pampa, desde diciembre a la fecha, alcanza los 24 mil millones de pesos, equivalentes a cinco hospitales, doce escuelas o 400 viviendas. La provincia dijo que agotará todas las instancias administrativas y jurídicas para recuperar lo que le corresponde.

Ziliotto, por un lado, se mueve en bloque junto al resto de los gobernadores patagónicos, que a pesar de sus distintas procedencias políticas, se han mostrado firmes en la defensa de sus derechos frente al avasallamiento del gobierno central.

El gobernador de La Pampa recordó también el contenido de la reunión que los mandatarios de las provincias patagónicas mantuvieron en la sede de CAME en Buenos Aires y marcó una postura en favor de “la producción y el trabajo”, contraria a las “ingenierías financieras” en las que confía el presidente Milei.

Para el pampeano, “se trata de desarrollar la Argentina, aunque lamentablemente el gobierno nacional no habla de esto”.

“Ni producción, ni trabajo figuran en su agenda. No se puede gobernar sin las provincias ni con provincias débiles, porque las provincias marcamos el rumbo productivo del país”, señaló.

A su vez, destacó la fórmula pampeana, que lleva ya 40 años, con “un sector público ordenador de la actividad, un sector privado dinámico y comprometido con la producción”.

Consultado sobre el posible “Pacto de mayo” impulsado por Milei, aclaró que “ninguno de nosotros (en referencia a los gobernadores) tiene el texto, de manera que no sabemos de qué se trata, más allá de los títulos”, y se mostró preocupado por la “baja calidad institucional”. NA

Tras el fin de semana XXL, los funcionarios de la administración retomarán las negociaciones con los mandatarios provinciales tras las nuevas críticas libertarias en su contra y con la tensión a flor de piel a raíz del recorte de transferencias directas y fondos automáticos.

Con la intención de que cosechar el apoyo necesario para pasar las principales reformas para finales de abril, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibirán el jueves a los gobernadores de Juntos por el Cambio en una reunión que debió ser reprogramada por problemas de agenda.

La idea de la gestión es concretar acercamientos con todos los bloques legislativos y gobernadores para avanzar en los puntos controversiales, que giran en torno a diferencias en el tema jubilaciones y en el Impuesto a las Ganancias, que demoran los acuerdos.

El ministro del Interior anticipó que el Gobierno modificará las escalas del Impuesto a las Ganancias, vigentes desde noviembre de 2023, y aclaró que “si no se elimina” el pago del primer trimestre con la nueva ley “tiene que pagarse a fin de año”.

Al respecto explicó que el piso del tributo “empieza a partir de la suma de 1,2 millones para arriba, pero siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala hagan un porcentaje mucho menor, porque hay algunos que hablan del 35 por ciento y esto no es así porque es un impuesto que establece una progresión”.

Por otra parte, rechazó la versión que circuló sobre la decisión de Casa Rosada de eliminar las transferencias de recursos previsionales a las provincias y la posibilidad de eliminar las obras de infraestructura estatales.

El encargado de avanzar en los acuerdos con los gobernadores reveló que, a pesar de las “versiones erróneas que cofunden”, las reuniones “han avanzando y seguramente la Ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia finales de este mes”.

“La idea es que la Ley Bases y las reformas tributarias que se van a enviar sean el primer paso hacia el Pacto de Mayo que propuso el Presidente”, subrayó el funcionario.

Asimismo, contó que el Gobierno trabaja en la posibilidad de incorporar capítulos de la reforma laboral en el megaproyecto para posibilitar el ingreso de capitales. “Uno de los temas más complejos es la regulación laboral obsoleta y que no genera el ánimo de muchos inversores de traer capitales al país. Algunos sugerían que varios aspectos contemplados en el DNU fueran tratados en una ley”, reveló Francos.

En los últimos días, gobernadores de todos los colores políticos expresaron su preocupación sobre la realidad de sus provincias y encendieron las alarmas en el Gobierno sobre el panorama a acordar.

El más concreto fue el santacruceño Claudio Vidal, quien advirtió que ve “descontento” por parte de los gobernadores, y a título personal anticipó que “si no hay recursos para mi provincia en materia de educación y salud, nuestros legisladores no van a acompañar la Ley Bases ni tampoco habrá Pacto de Mayo”.

El tucumano Osvaldo Jaldo también alertó que, a pesar de su buena predisposición, observa el impacto negativo en de las arcas financieras provinciales. “A este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales en las provincias. Hay provincias que tienen déficit fiscal y por ende no pueden atender temas prioritarios como la salud o la educación”, advirtió.

Lo propio planteó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien anticipó que acompañará las medidas, pero lanzó una advertencia al sostener que “los vecinos se están quedando sin ninguna capacidad de afrontar el ajuste”.

El salteño Gustavo Sáenz denunció además que los jubilados “siempre fueron la variable de ajuste” de todos los gobiernos “porque no producen, los que piensan en una planilla de Excel los agarran a ellos”.

Otro de los que se plegó a cuestionar las recetas del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue el radical Maximiliano Pullaro tras plantear que el ajuste es “muy fuerte” y que “lo están pagando los sectores populares”.

Por los pasillos de Casa Rosada revelaron que la oposición “siempre intenta correrte el arco”, y prometieron consecuencias si “voltean” la mega ley o el DNU. “Quisiera ver qué pasa”, ironizaron. NA