La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires anunció que este jueves 21 de mayo llevará adelante una olla popular frente a la Gobernación bonaerense para reclamar una urgente recomposición salarial y la reapertura inmediata de la paritaria docente.

A través de un comunicado, el gremio denunció el deterioro de las condiciones económicas de la docencia provincial y aseguró que “el salario docente que paga la provincia de Buenos Aires no alcanza” y que “no llegamos al 20 de cada mes, claramente sobra mes para alcanzar el próximo cobro”.

La organización sostuvo que el sector atraviesa una situación crítica de endeudamiento y responsabilizó tanto al Gobierno nacional como al provincial por la pérdida del poder adquisitivo. “La docencia bonaerense se encuentra totalmente endeudada por la situación económica pergeñada por el Gobierno nacional y que el Gobierno provincial no supo, no pudo reaccionar y en definitiva termina acompañando esa política económica por omisión”, expresaron.

Asimismo, afirmaron que la consecuencia inmediata de este escenario es “la pobreza e indigencia docente”.

En el documento, la Asociación de Maestros de la Provincia cuestionó el acuerdo salarial firmado en marzo de 2026 y aseguró que quedó “sobrepasado por la realidad”. Según detallaron, el incremento previsto para mayo “en realidad es del 2,1%”, pese a haberse anunciado oficialmente como un 2,5%.

El gremio explicó que la diferencia responde a que el cálculo se realizó “con referencia al salario de enero 2026” y porque incluye “$28.700 de Incentivo Docente de ‘aumento’ en negro”, lo que implica que “no resulta ni remunerativo ni bonificable”. Además, señalaron que esa suma tampoco es percibida por docentes jubilados, situación que, según denunciaron, “rompe el principio de la ‘movilidad’ jubilatoria en la provincia de Buenos Aires”.

La entidad también remarcó que el incremento salarial quedó por debajo de la inflación de abril, que fue del 2,6% en Argentina.

En otro tramo del comunicado, el sindicato reclamó al Ejecutivo provincial una respuesta concreta a la crisis del sector: “Le decimos al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que es momento de reconocer el valor del trabajo docente”. Ademas, agregaron que “la retórica gubernamental de la provincia no alcanza ni sirve para comer, pagar servicios, pagar el alquiler, pagar el transporte y completar el mes”.

Entre los principales reclamos, la organización exigió una reforma tributaria provincial “que permita una distribución de la riqueza más equitativa” y cuestionó que “en una provincia rica” exista “docencia bonaerense pobre”.

Finalmente, la Asociación de Maestros bonaerense reclamó el cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y exigió la implementación de un “Salario Mínimo Vital y Móvil Docente en PBA de $2.800.000”.

“Buenos Aires es una provincia rica y no puede tener docencia ni pobre ni indigente. ¡Con salarios de indigencia no se puede vivir!”, concluye el comunicado difundido por la organización sindical.

El Gobierno bonaerense aprobó un nuevo régimen para la recalificación profesional de docentes que sufran enfermedades vinculadas al uso de la voz. La medida busca garantizar la continuidad laboral en tareas acordes a las capacidades psicofísicas de los trabajadores y reducir la exposición a riesgos derivados de la actividad escolar.

La normativa se fundamenta en la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo y en el Estatuto del Docente bonaerense. A través de esta resolución, se establecen criterios específicos para la reubicación de los agentes afectados por patologías vocales, consideradas una de las afecciones profesionales más frecuentes en el sector educativo.

La resolución determina qué cargos son considerados de riesgo por el uso forzoso y continuo de la voz y cuáles no implican una sobrecarga. En este sentido, quienes hayan sido recalificados no podrán ocupar puestos expuestos a dicho riesgo, aunque podrán desempeñarse en funciones que no exijan sobreesfuerzo vocal, siempre que una evaluación médica determine que mantienen aptitud residual.

El proceso de evaluación estará a cargo de la Dirección de Salud Ocupacional, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría General. Para ello, se requerirán estudios médicos actualizados y la documentación respaldatoria emitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, luego de seis meses del acto de recalificación, los docentes podrán solicitar nuevas evaluaciones para acceder a otros cargos compatibles con su salud. Asimismo, la participación en actividades de continuidad pedagógica será limitada a situaciones extraordinarias, con un máximo de seis horas semanales y 12 mensuales.

Finalmente, la norma dispone que los aspirantes a nuevos cargos deberán realizar un examen de aptitud psicofísica específico con una validez de dos años. Se aclaró además que la reubicación laboral no afectará la continuidad de los tratamientos médicos vinculados a la enfermedad profesional originaria.

Una multitud se concentró este martes en Tandil para participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria en el gobierno de Milei, en el marco de una jornada de protesta que se replicó en distintas ciudades del país para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición del presupuesto destinado a las universidades públicas.

La movilización, que tuvo como epicentro la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, graduados, sindicatos, organizaciones sociales y vecinos que se sumaron a la consigna en defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad.

La convocatoria se dio a 203 días de la sanción de la Ley 27.795, norma que establece un piso de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional y que, según denunciaron las autoridades y los gremios, continúa sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional.

La iniciativa volvió a mostrar una convocatoria multitudinaria en el centro. Desde las 17 horas miles de tandilenses acompañaron la marcha con banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional. Entre los mensajes más repetidos se pudieron leer reclamos por “más presupuesto para educación”, “salarios dignos para docentes y nodocentes”, “cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” y “la educación pública no se vende, se defiende”, en una manifestación que volvió a colmar las calles y a expresar el amplio respaldo de la comunidad tandilense a la Unicen y a la educación superior gratuita y de calidad.

Durante el acto central se leyó el documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y nodocentes, en el que se advirtió que el financiamiento del sistema universitario atraviesa una situación crítica.

Según el texto, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción inédita de los recursos disponibles para sostener el funcionamiento de las instituciones.

También se expuso el fuerte impacto sobre los salarios del sector. De acuerdo al documento, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,3 por ciento, mientras que los salarios aumentaron 147,3 por ciento, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo del 37,13 por ciento. Los firmantes señalaron que los sueldos universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años.

Otro de los puntos destacados fue el deterioro de las políticas de acompañamiento estudiantil. El documento advirtió que programas como las Becas Progresar y las Becas Estratégicas Manuel Belgrano permanecen congelados o desfinanciados, mientras que las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC) continúan suspendidas, lo que compromete la permanencia de miles de jóvenes en el sistema universitario.

Los organizadores remarcaron que la crisis excede la cuestión presupuestaria y cuestionaron al Gobierno nacional por no cumplir con una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia. En ese sentido, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga y garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

En el tramo final del documento, se destacó que la universidad pública argentina constituye un “instrumento de justicia social” que promueve la movilidad ascendente, genera conocimiento estratégico para el desarrollo del país y ofrece oportunidades a miles de jóvenes. Además, se advirtió que el debilitamiento del sistema pone en riesgo el futuro científico, tecnológico, cultural y productivo de la Argentina.

Con banderas, carteles y cánticos, la comunidad tandilense volvió a expresar su respaldo a la educación pública en una jornada de amplia participación y fuerte contenido simbólico. Al igual que en las marchas anteriores, el reclamo se centró en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que las universidades continúen cumpliendo su rol en la formación de profesionales, la producción de conocimiento y la construcción de una sociedad más igualitaria.

El documento concluyó con un llamado a defender el sistema universitario y evitar que docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados por la falta de recursos. “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende!”, señalaron los organizadores.

En junio, los haberes de los jubilados del régimen especial de docentes no universitarios se reajustarán en un 9,86 por ciento, en tanto que las prestaciones de quienes están en el sistema de docentes de universidades nacionales tendrán una suba de 6,85 por ciento. Los datos fueron informados por la Secretaría de Trabajo.

Las jubilaciones y pensiones de ambos grupos se rigen por reglas de movilidad diferentes a las del sistema general de la Anses. De esta manera, no se actualizan mensualmente por inflación, sino de manera trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Los porcentajes se definen por la variación de indicadores vinculados con las remuneraciones de cada segmento. Lo mismo ocurre con quienes se retiraron por el sistema especial de trabajadores de Luz y Fuerza, que tendrán el mes próximo un reajuste en sus ingresos de 7,86 por ciento.

Los importes que surjan de aplicar estos incrementos serán los que se percibirán durante junio, julio y agosto, ya que la siguiente recomposición llegará recién en septiembre. El reajuste se calcula sobre los montos definidos en marzo, mes en el que los jubilados del régimen de docentes no universitarios tuvieron un aumento de 5,28 por ciento, y los del esquema de universitarios, un alza de 4,26 por ciento.

Para el grupo de docentes no universitarios, el porcentaje de reajuste trimestral se define según la variación del índice de salarios Ripdoc. Si se toman en cuenta las subas de marzo y de junio, se acumula para este sector un alza nominal de 15,7 por ciento. Este valor se ubica por debajo del nivel de inflación proyectado para la primera mitad del año: mientras que en el primer trimestre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 9,4 por ciento, el índice llegaría al 17,7 por ciento para todo el semestre, según estimaciones del Banco Central.

En el caso de los jubilados y pensionados del régimen de docentes de universidades nacionales, la suba acumulada en el primer semestre del año llega al 11,4 por ciento, cifra que también se sitúa varios puntos por debajo de la inflación estimada. Esta pérdida de poder de compra se suma a la registrada durante 2025, cuando el reajuste de haberes fue del 22 por ciento frente a una variación de precios del 31,5 por ciento.

Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, las prestaciones en curso de pago para docentes no universitarios son poco más de 203.000, con un haber promedio que en marzo rondaba los 2,17 millones de pesos. Por su parte, los beneficiarios universitarios son alrededor de 13.500, con un haber promedio cercano a los 2,42 millones de pesos.

En una jornada marcada por la protesta y la visibilización de los reclamos del sector educativo, una columna de aproximadamente cincuenta afiliados a Suteba Tandil se movilizó ayer por la mañana hacia las dependencias de la Anses. El objetivo central de la convocatoria fue la entrega de un petitorio, respaldado por 600 firmas, en el que expresaron un enérgico rechazo a cualquier intento de traspaso de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) al Estado nacional, además de reclamar por la millonaria deuda que la administración central mantiene con la caja bonaerense.

La movilización tuvo un inicio accidentado cuando los manifestantes se dirigieron inicialmente a la sede Regional de la Anses, donde constataron que la oficina continúa acéfala. Ante esta situación, los referentes gremiales decidieron trasladar la protesta hacia la UDAI local. Allí, la delegación fue recibida por el flamante jefe de la oficina, David Fernández, quien escuchó los planteos y recibió la documentación que sintetiza la preocupación de los trabajadores de la educación ante el escenario de ajuste actual.

Estela Sinópoli, secretaria del gremio a nivel local, fue la voz cantante de la jornada. Al entregar el petitorio, no solo detalló los puntos técnicos del reclamo, sino que también hizo un espacio para expresar la solidaridad con los trabajadores de la Anses. La dirigente advirtió sobre los momentos de zozobra que atraviesa el personal del organismo ante los rumores firmes de otros 2.300 despidos en todo el país, que se sumarían a las 1.500 bajas ya ejecutadas por el Gobierno nacional.

El eje central de la movilización a la Anses fue la defensa del sistema jubilatorio bonaerense. Los docentes aportan un 16 por ciento de su salario en el marco de un régimen especial sustentado en la naturaleza de su tarea. "Nosotros somos un régimen especial porque no podemos tener 60 ó 65 años, como pretende este Gobierno nacional, para estar en una salita de tres, cuatro o cinco años, o en un primer ciclo de escuela primaria", argumentó Estela Sinópoli.

La dirigente describió la tarea docente actual como una situación de "extremo desgaste", donde la escuela pública funciona como la "primera caja de resonancia" de problemáticas sociales complejas, incluyendo el impacto de las redes sociales en niños y jóvenes. "A la escuela se le está pidiendo no solamente educar, sino contención y acompañamiento a las familias. Todo eso amerita mucho trabajo institucional y hoy lo hacemos con el doble o el triple de energía disponible porque la situación se nos escapa de las manos", describió.

La mayor preocupación radica en el intento de homologar el régimen jubilatorio docente provincial con el general de la Nación, lo que implicaría la desaparición de la caja del IPS. Según los cálculos del gremio, si los docentes pasaran a la órbita de la Anses, sus haberes jubilatorios caerían del actual 70 u 85 por ciento del salario al 43 por ciento. Además, denunciaron que el Gobierno nacional ha dejado de transferir fondos clave desde diciembre de 2023. "Hoy nos deben 2,2 billones de pesos a la caja de IPS", denunció la secretaria.

Sobre los intentos históricos de avanzar sobre estos fondos, Estela Sinópoli fue tajante al recordar antecedentes: "Ya es la tercera vez que intentan esto, homologar nuestra ley, cerrar nuestra caja, quedarse con nuestros aportes, porque de hecho a esto vienen, a quedarse con los aportes de las trabajadoras y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, como lo hizo el ministro Cavallo en los 90 y como intentaron hacerlo durante el 2016-217, que también nos movilizamos y también impedimos ese traspaso que la gobernadora María Eugenia Vidal quería hacer, para sacarse de encima la caja jubilatoria y entregársela al Gobierno nacional para que tuviera otra canilla por donde llevarse nuestros fondos."

Finalmente, la movilización en Tandil buscó anticiparse al debate que podría darse en la Legislatura Provincial. Para Suteba, la unificación bajo una "ley de servicios comunes" no solo perjudicaría a los trabajadores en actividad, elevando la edad jubilatoria a los 65 años para mujeres y 70 para hombres, sino que pauperizaría de forma inmediata a los actuales jubilados . "Es un problema que nos atañe absolutamente a todos los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires", concluyó la dirigente antes de ingresar a la oficina de la UDAI para formalizar la entrega del documento.

En diálogo con El Eco de Tandil, Estela Sinópoli brindó un panorama sombrío sobre la situación salarial y la negociación colectiva. "Todavía sigue en standby la paritaria nacional docente porque no se ha resuelto ese piso que nosotros determinamos en cada una de las paritarias nacionales para que después cada provincia pueda resolver los aumentos salariales sobre ese piso", explicó la secretaria gremial. Según su visión, la desaparición de esta instancia de negociación federal es una estrategia deliberada: "Ahora la dibujan y hacen la pantomima, diciendo que tenemos que sentarnos con los 24 ministros de educación de cada una de las provincias, con lo cual patean la responsabilidad del Estado nacional a cada uno de los estados provinciales".

Esta situación, según Estela Sinópoli, genera una profunda desigualdad entre las jurisdicciones, ya que no todas las provincias cuentan con la misma capacidad de generación de ingresos. En el caso de Buenos Aires, el incremento salarial se otorgó sin ese piso de referencia, lo que profundiza las brechas. "Nosotros hoy quedamos en absoluta desigualdad de condiciones en relación a lo que cobra un docente en Capital Federal, en Corrientes, en el Chaco, en Río Negro o en Jujuy", remarcó.

Respecto a la escala salarial vigente, la dirigente detalló que un docente de primaria que recién comienza percibe un ingreso de 700.000 pesos por un cargo único sin antigüedad. En el caso de los profesores, el salario inicial ronda los 900.000 pesos por diez módulos, aunque aclaró que la escala es compleja y depende de factores como la ruralidad y la especialización. "Muchos de nuestros cargos están por debajo de la línea de pobreza", sentenció.

Uno de los puntos más críticos del reclamo es la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Estela Sinópoli precisó que este ítem representa hoy unos 130 mil pesos por trabajador por cada cargo. "Nos lo deben hace dos años y medio. Al sacar la cuenta, multiplicarlo solamente por los 20 meses de deuda a esos 130 mil pesos, nos están debiendo casi siete millones de pesos por cada uno de los trabajadores y trabajadoras", calculó la referente de Suteba.

Ante este escenario, el gremio ha recurrido a la vía legal. "Hay un reclamo judicial con respecto a todo. Tenemos el Fonid bajo reclamo judicial. La Justicia aún no se ha expedido, pero sabemos que tenemos razón porque es el fondo que aporta el Gobierno nacional para poder sostener los ingresos de las distintas provincias", afirmó. Sinópoli recordó que la ley que sustenta este fondo nunca fue derogada, ya que figura en el artículo diez de la Ley de Financiamiento Educativo.

Estela Sinópoli, acompañada por decenas de delegados, docentes y jubilados, entregó ante el titular de la Udai de Anses dos documentos, avalados por centenares de firmas de trabajadores de la educación de Tandil.

El primero exclamaba: “¡Basta de asfixiar, hipotecar, rifar nuestro futuro! Las leyes están para cumplirse, y el Gobierno nacional debe pagar la deuda de más de 2 billones de pesos con la caja de jubilaciones de la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, argumentaron que Nación y Anses “incumplen con la ley que indica el traspaso de fondos ilegalmente retenidos y que pertenecen a los bonaereses” y agregaron que desde diciembre de 2023, “ha omitido deliberadamente la transferencia”, acumulando una deuda billonaria y de ese total el 10 por ciento le corresponde al sistema previsional de la Provincia.

En esa línea, denunciaron que el “ahogo financiero” esconde “la única intención de obligar a modificar las condiciones de jubilación y adueñarse de la totalidad de los fondos de la caja, poniendo en riesgo el destino de los actuales y futuros jubilados del IPS”.

Y manifestaron que “como trabajadores esperamos hace más de un año la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que la falta de respuestas de la Anses obligó al Gobierno provincial a judicializar el reclamo”.

La otra nota expuso el “más enérgico rechazo” y denunció “las maniobras de desfinanciamiento que afectan tanto al sistema previsional nacional como a los provinciales”.

En tanto, incorporó “factores recurrentes” que agravan la situación y enumeró “La disminución del empleo registrado, el incremento de los niveles de desocupación, la ausencia de una moratoria previsional y la caída del consumo”, advirtiendo que la menor recaudación por IVA impacta en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En paralelo, cuestionó la reforma laboral, con la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que contempla una reducción de las contribuciones patronales por parte de los empleadores, lo que impactará en los sistemas previsionales.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de los salarios correspondientes al mes de marzo para los trabajadores estatales. La liquidación llegará con un incremento del 5%, aunque la disposición de las fechas generó malestar en el sector educativo, ya que gran parte de los agentes percibirá sus haberes recién después de Semana Santa.

El calendario oficial, difundido este viernes, despertó la reacción de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), conformado por AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba. Los docentes tienen asignada como fecha de cobro el jueves nueve de abril, lo que motivó un pedido formal ante la administración que encabeza el gobernador Axel Kicillof para que se arbitren los medios necesarios y se garantice el pago el lunes seis de abril.

Desde las organizaciones sindicales argumentaron que el plazo establecido resultaría "excesivamente extenso" para la economía de los trabajadores, quienes en su gran mayoría verán acreditados sus sueldos tras el fin de semana extra largo de Pascuas. Cabe recordar que el acuerdo salarial alcanzado con la Provincia contempla una suba del 7,5% para el bimestre marzo-abril, desglosado en un 5% en marzo y un 2,5% restante en abril, sumado al 1,5% otorgado en febrero.

El esquema de pagos comenzará el martes 31 de marzo con la Dirección de Vialidad, el OCEBA y el Instituto de la Vivienda. Continuará el miércoles 1 de abril con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Patronato de Liberados, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Tras el receso, el lunes seis de abril será el turno del Ministerio de Salud y la Caja de Policía. El martes siete de abril cobrarán los agentes de la Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Coordinación General Unidad Gobernador, los ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública.

En la misma jornada del siete percibirán sus haberes la Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, ARBA, Poder Legislativo y diversos organismos descentralizados. 

Finalmente, el miércoles ocho de abril cobrará el Poder Judicial, mientras que el jueves nueve de abril cerrará el cronograma la Dirección General de Cultura y Educación y la DiPrEGeP.

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales representados en la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) anunciaron un paro que afectará la apertura de las casas de altos estudios, en los próximos dos meses. El cronograma plantea cese total de tareas los días 16 de marzo, 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23 de abril.

La decisión se tomó en el marco de un nuevo encuentro del Consejo Directivo de la Federación, que contó con la participación de 55 representantes de todas las asociaciones adheridas a la organización y en el que se "se trató la delicada situación social, económica y política de las trabajadoras y trabajadores nodocentes y el contexto de las universidades nacionales".

En el encuentro, según precisaron, se realizó "un exhaustivo análisis de las acciones políticas, judiciales y gremiales en relación a la defensa de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, rechazando cualquier tipo de modificación a la misma".

En esa línea, se definió el paro de cinco días, el estado de emergencia permanente y se resolvió continuar las acciones judiciales para lograr la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y "r ealizar las gestiones pertinentes con los legisladores nacionales con el fin de lograr la no sanción del proyecto de modificación de la citada Ley 27.795".

Luego del paro que llevaron adelante los docentes bonaerenses y estatales de ATE, el Gobierno de Axel Kicillof dio este miércoles un paso clave para acordar una suba salarial: ofreció un 9% en tres cuotas y quedó a un paso de cerrar la paritaria.

En una reunión en La Plata, la Provincia ofertó un aumento en tres partes: al 1,5% ya abonado en febrero, le sumará un 5% de marzo a pagarse en abril y otro 2,5% para abril, con fecha de cobro en mayo. De esta manera, los ajustes completan un 9%, muy por encima de la propuesta de días atrás.

En concreto, los maestros recibirán un ajuste de 7,5 % para el bimestre marzo/abril, que incluye una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad”, además de cláusula de monitoreo dentro de la primera quincena del mes de mayo 2026 y reapertura en junio.

Si bien ahora las bases de los gremios del Frente de Unidad Docente deberán confirmar si aceptan la oferta, los referentes gremiales le dieron el visto bueno y todo se encamina a cerrar un acuerdo por los próximos meses. Sin embargo, el año pasado sucedió que un gremio como la FEB, rechazó una oferta mientras que el resto aceptó. Este sindicato dará una respuesta el viernes.

Impacto en los salarios para cargos iniciales:

- Maestro de Grado (MG): en marzo $800.084 / abril $850.053;

- MG jornada completa: marzo $1.600.168 / abril $1.700.106;

- MG quinta hora: marzo $1.005.638 / abril: $1.060.424;

- Profesor 20 módulos: marzo $1.032.198 / abril: $1.113.838.

Tras reunirse con los docentes, llegará el turno de los estatales de la administración central, quienes también habían rechazado un aumento de un 3% de ajuste total (que incluye un 1,5% retroactivo a diciembre) ofertado por el Ejecutivo.

Tanto el Gobierno como los jefes sindicales (que reciben fuertes presiones de las bases para profundizar un plan de lucha) buscan llegar a un acuerdo antes de mitad de mes, que es cuando la Provincia suele cargar los haberes que se cobran el siguiente mes.

El Frente de Unidad Docentes bonaerense, con la unanimidad de todos los gremios que lo integran, inició este lunes un paro de 24 horas en reclamo de mejores salarios. Si bien el impacto es alto, hay muchas escuelas privadas que sí comenzaron el ciclo lectivo y otras, públicas, se vieron afectadas además por una huelga de estatales de ATE.

Entre los motivos del paro que aduce el FUDB hay mayoría de reclamos para el Gobierno nacional, como la “devolución” del pago del Incentivo Docentes, un fondo eliminado al inicio del gobierno de Javier Milei, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional.

Pero también se incluyó un reclamo de aumento salarial, medida que corresponde a la jurisdicción provincial. Y para intentar destrabar una próxima medida de fuerza, el Gobierno de Axel Kicillof llamó el miércoles a una reunión paritaria salarial. A las 11 será con los docentes y a las 13 otra con las centrales que nuclean a los estatales de la administración central.

La convocatoria marca la continuidad de una paritaria que el gobierno evitó cerrar por decreto pese a que los gremios lanzaron el paro luego de rechazar la oferta del 3% para febrero, en un intento por no agravar el conflicto.

Con la medida de este lunes, Kicillof enfrenta por primera vez un paro de todos los sectores de la administración pública. Y a eso se suma que es el primer año en que las clases no comiencen en tiempo y forma en las escuelas del territorio, más allá de algunas excepciones en el interior bonaerense.

A la medida de docentes, se sumaron los trabajadores enrolados ATE de la provincia de Buenos Aires y los judiciales de AJB, por lo que la actividad se ve claramente afectada en el inicio de esta semana que tendrá al gobernador inaugurando el período legislativo.

El gremio que conduce Claudio Arévalo definió en la reunión de Consejo Directivo Provincial acciones frente a la pérdida del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses, quienes vienen de rechazar el último aumento del Gobierno de Axel Kicillof en paritaria. Sin embargo, desde ATE se encargaron de aclarar que el presidente de la Nación, Javier Milei es el “responsable de la depreciación del salario en el sector público bonaerense”.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de los haberes de febrero para los trabajadores estatales, que llegará con un incremento del 1,5% a cuenta de próximos ajustes, ya que la paritaria no está cerrada por falta de acuerdo.

En medio de nuevos contactos entre las partes, pero sin llamado a paritaria, el Gobierno de Axel Kicillof liquidó los sueldos de este mes de docentes y estatales con un 1,5% a cuenta de futuros aumentos, una medida excepcional para evitar que cobren menos que el mes pasado.

- Viernes 27 de febrero: Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda.

- Lunes 2 de marzo: ministerio de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

- Martes 3 de marzo: ministerio de Salud y Caja de Policía.

- Miércoles 4 de marzo: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de I. Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Río Recon. (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Astilleros Río Santiago, Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U), Poder Legislativo, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

- Jueves 5 de marzo: Poder Judicial.

- Viernes 6 de marzo: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.

El gobierno de Axel Kicillof liquidará los sueldos de este mes de docentes y estatales con un incremento de 1,5% a cuenta de futuros aumentos, una medida excepcional para evitar que cobren menos que el mes pasado, tomada en medio del conflicto con los gremios que los representan.

El monto del adelanto es equivalente a los retroactivos que habían cobrado los estatales con los sueldos de enero y que para este mes ya no se perciben, por tratarse de un pago extraordinario que se percibe una sol vez. Por eso, como en el interín no se acordó un nuevo aumento, de no haberse decreto la suba de emergencia, los salarios de febrero, que se cobran a comienzos del mes próximo, habrían sido inferiores a los de enero.

Kicillof cerró primera tanda de negociaciones de este año con un incremento compuesto con 3% de suba para los salarios de enero, que se cobraron junto con dos retroactivos: 1% correspondiente a diciembre de 2025 y 0,5% por el segundo medio aguinaldo de ese año.

Ahora, los gremios están en medio de una tensa negociación en la que todavía no hay ningún acuerdo. El gobierno ofreció primero 2 y luego 3% de aumento para este mes. Pero los gremios lo rechazaron por insuficiente, con el argumento de que está por debajo de la inflación. Señalan que si se tiene en cuenta el retroactivo que se cae, una suba del 3% hubiese equivalido en realidad al 1,5% real.

En ese marco, Federación de Educadores Bonaerense avanzó con el anuncio de un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo, día previsto para el inicio de clases. El SUTEBA, el otro gremio fuerte del sector docente, comandado por Roberto Baradel, también anunció que para ese día. Pero hizo la salvedad que lo hace en rechazo a políticas nacionales, como la quita del Fondo de Incentivo docente, más allá de que consideraron, oficialmente, como “insuficiente” la propuesta que les hizo la Provincia.

De ese modo, Kicillof enfrenta la posibilidad de que por primera vez en sus seis años de mandato en la provincia el comienzo de clases de vea interrumpido por el conflicto docente.

Trabajadores y trabajadoras de Tandil se manifestaron en contra del proyecto de Reforma Laboral que comenzó a tratarse en el Senado. Tras convocarse a la Plaza Independencia, marcharon por las calles céntricas entregando volantes en los que propusieron alternativas a la iniciativa del gobierno nacional. Hubo vecinos docentes, investigadores, trabajadores municipales, estatales, y de sindicatos como Smata, personal de casinos o peajes, así como también jubilados. También participaron ediles de Fuerza Patria e integrantes de la agrupación Franja Morada.

"Esta es una un primer encuentro del día convocada por la Mesa Intersindical, por los sindicatos de Tandil, manifestándonos en contra de una reforma laboral regresiva que lo único que va a aportar es más desempleo, más miseria y menos derechos para los trabajadores y trabajadoras, en Tandil y en todo el país", expresó el secretario general de ATE a nivel local, Hernán Gasparini, en diálogo con El Eco.

En la convocatoria, representantes de los diferentes sindicatos leyeron un comunicado conjunto, y entregaron un volante en el que plantearon que ningún salario esté por debajo de la canasta básica; el reconocimiento de derechos para los trabajadores de plataformas, con cobertura de salud y un piso salarial garantizado; el derecho a la desconexión digital; la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y la imperiosa necesidad de proteger la industria nacional y las pymes para asegurar un empleo de calidad y con poder adquisitivo.

"Si uno se pone a pensar en retrospectiva respecto a algunas cuestiones, los estatales ya estamos sufriendo cuestiones vinculadas a reforma laboral a partir de la imposición del primer decreto de Milei, por ejemplo, con el tema de la disponibilidad. Después de un pequeño tiempo de seis meses se quedan sin laburo, sin indemnización. Este gobierno nacional avanza en contra de nuestros derechos", expuso Gasparini.

Asimismo, el referente sindical se refirió a la situación de aquellos sectores que actualmente se encuentran fuera del sistema registrado, alertando sobre el riesgo de consolidar la precariedad bajo un nuevo marco legal. 

"Entendemos que hay muchos trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad y de todo el país, que hoy pareciera que les quedara lejos determinados derechos, como pueden ser el aguinaldo, las vacaciones pagas o la obra social, porque son parte de ese laburo informal. Hoy lo que va a pasar es que va a legalizarse esa forma de trabajo. A partir de este momento, esa informalidad va a ser parte de una nueva legalidad", manifestó.

Finalmente, el secretario general puso el foco en el financiamiento de las futuras indemnizaciones y el impacto directo que esto tendría sobre las jubilaciones.

"Esto también afecta a nuestros viejos y nos va a afectar a nosotros cuando estemos en la edad jubilatoria. El tres por ciento de la guita que va para los aportes jubilatorios se va a utilizar para que los empresarios dejen de poner de la suya para bancar las indemnizaciones", denunció Gasparini, subrayando que bajo esta lógica los trabajadores terminarían financiando sus propios despidos con fondos de la seguridad social.

A través de esta movilización, los sindicatos locales buscaron impulsar la toma de conciencia entre los trabajadores tandilenses sobre el carácter histórico de la disputa. Gasparini instó a la comunidad a seguir de cerca la votación en la Cámara Alta y advirtió que será necesario identificar a quienes califiquen como "traidores" por votar en contra de los intereses de la clase trabajadora.

Críticas a la "estafa" de la modernización

Los gremios de la ciudad leyeron un comunicado conjunto en el que señalaron que la iniciativa del gobierno nacional no representa una mejora ni una enmienda, sino un perjuicio directo para los trabajadores, limitando derechos que fueron modelo y ejemplo para el resto de Latinoamérica.

Los sindicatos afirmaron que para generar empleo genuino no hace falta flexibilizar las condiciones, sino que el Estado escuche al pueblo y se ocupe de proteger a las empresas que cierran sus puertas diariamente.

El documento también hizo hincapié en la modificación del sistema de indemnizaciones, advirtiendo que, de aprobarse la ley, estas podrán pagarse en cuotas y con montos sensiblemente menores a los actuales.

Además, alertaron sobre la inminente pérdida de las horas extras y el riesgo de que la legislación se ajuste exclusivamente a la medida de las grandes corporaciones. Para las organizaciones firmantes, la ley forma parte de una estrategia integral que implica la entrega de recursos naturales y la destrucción del salario en beneficio de unos pocos empresarios.

En un mensaje dirigido específicamente a la ciudadanía de Tandil, los gremios recordaron que incluso aquellos trabajadores que confían en su propio mérito para defender sus condiciones laborales dependen de la estructura legal que hoy se intenta desarticular. En este contexto, instaron a dejar de lado el individualismo para evitar caer en un país regido por la lógica del "sálvese quien pueda".

Hacia el final del escrito, los representantes de los trabajadores apuntaron contra los legisladores nacionales, exigiéndoles que dejen de lado el "oportunismo" por un cargo o beneficio personal.

El comunicado concluyó con un llamado a la unidad y a la resistencia en las calles, vaticinando tiempos de extrema dificultad para las familias locales ante el deterioro de los ingresos. "No pueden dejar a quienes trabajan sin la protección que les brindan el Estado, la ley y los sindicatos", sentenciaron.

Un pliego de reclamos alternativos

En el marco de la jornada de protesta, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y Suteba distribuyeron un volante informativo detallando sus propuestas alternativas y los puntos más críticos de la reforma.

Entre las iniciativas que impulsan los gremios se encuentran la garantía de que ningún salario esté por debajo de la canasta básica y la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, una tendencia que ya se aplica en otros países del mundo para mejorar la calidad de vida y la productividad.

También reclamaron el reconocimiento de derechos para los trabajadores de plataformas, con cobertura de salud y un piso salarial garantizado, así como la ampliación de las licencias por nacimiento, adopción y cuidados familiares.

Otros puntos destacados por las centrales obreras fueron el derecho a la desconexión digital, la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y la imperiosa necesidad de proteger la industria nacional y las pymes para asegurar un empleo de calidad y con poder adquisitivo.

En contrapartida, en el volante advirtieron sobre las consecuencias directas de la nueva normativa impulsada por el Ejecutivo. Los sindicatos denunciaron que la reforma habilita el despido sin causa y reduce las indemnizaciones, otorgando a las patronales la posibilidad de despedir sin costo directo. También mencionaron que las empresas tendrían la facultad de modificar la jornada laboral según su conveniencia, eliminando el cobro de horas extras y permitiendo el fraccionamiento de las vacaciones en cualquier momento del año.

Por último, señalaron que la reforma castiga a los trabajadores que hayan sufrido daños en su salud, permitiendo cambios de categoría con reducción de haberes. Asimismo, alertaron sobre la virtual eliminación del derecho a huelga y la paradoja tributaria que representa eliminar el impuesto a las ganancias para las grandes empresas mientras se mantiene la carga fiscal sobre los sueldos de los laburantes. "La reforma laboral no es modernización, es quita de derechos y más explotación", concluyó el documento entregado a los transeúntes.

La adhesión de la CCC

La Corriente Clasista Combativa (CCC) también se sumó al rechazo generalizado, adhiriendo tanto a nivel local como nacional al paro y la movilización.

La organización calificó a la reforma de "antiobrera y antipopular", sumándose a la columna que recorrió el centro de Tandil junto a las demás organizaciones sociales y políticas convocantes. Para la CCC, la medida de fuerza resultó fundamental para marcar una postura firme frente a lo que consideran un avance sobre las conquistas históricas de la clase trabajadora.

La organización clasista rechazó de plano la denominada "Modernización Laboral" por considerar que representa un retroceso de más de cien años en la legislación argentina.

Aseguraron que la normativa es regresiva y busca eliminar derechos adquiridos que fueron el resultado de intensas luchas populares. Según manifestaron, la aplicación de este proyecto significaría borrar de un plumazo protecciones que son esenciales para la vida digna de miles de tandilenses que dependen de su salario para subsistir.

El comunicado de la CCC cerró recordando que estas conquistas costaron "sangre, sudor y lágrimas" a lo largo de la historia del movimiento obrero, tanto a nivel nacional como local. Por este motivo, reafirmaron su compromiso de permanecer en las calles para defender el patrimonio de los trabajadores y evitar que se consolide un marco legal que, a su criterio, solo favorece a los sectores más concentrados de la economía en detrimento de la mayoría del pueblo.

Varios gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), confirmaron la realización de un nuevo paro nacional que tendrá lugar el próximo 11 de febrero. Es en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno argentino y se debate en el Congreso, en medio de las negociaciones paritarias que tienen lugar en la Provincia.

El FUDB reúne a representantes de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

La huelga, según se indicó, se llevará adelante a raíz del "ajuste en educación" que lleva adelante el Ejecutivo a cargo del presidente Javier Milei.

En esa misma línea, el frente gremial también volvió a exigir "la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de las sumas retenidas por el Gobierno nacional".

La protesta se desarrollará durante 24 horas y aunque fue confirmada por gremios provinciales tendría un alcance nacional.

El paro se da en medio de las negociaciones salariales entre los educadores y las autoridades bonaerenses, quienes volvieron a verse las caras el último jueves y no lograron llegar a un acuerdo.

La Provincia ofreció un 2% de aumento, que no fue bien recibido. “Las organizaciones sindicales que conforman el FUDB plantearon con claridad las demandas del sector frente a la difícil coyuntura actual, marcada por las políticas del Gobierno Nacional que deterioran el poder adquisitivo de los salarios de las y los docentes”, aseguró el Frente en un comunicado.

Y señaló: “La propuesta presentada por el Gobierno Provincial resultó insuficiente y, en consecuencia, fue rechazada por nuestro Frente, pasando a un cuarto intermedio. Exigimos la inmediata convocatoria a una nueva reunión que permita avanzar hacia un aumento salarial genuino, capaz de dar respuesta a las necesidades de las y los Trabajadores de la Educación”.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) realizó un emotivo reconocimiento a múltiples docentes y nodocentes que cumplieron 25 años de servicio y trayectoria institucional. 

El acto de entrega de medallas se llevó a cabo en el Aula Magna del Rectorado, ubicado en Pinto 399. El mismo contó con la participación de decanas y decanos de las distintas facultades de la sede Tandil.

Durante el encuentro se puso en valor la trayectoria, la dedicación y el aporte sostenido de quienes han acompañado el crecimiento institucional de la universidad a lo largo de más de dos décadas.

La vicerrectora de la Unicen, Alicia Spinello, fue la encargada de brindar un discurso en donde destacó el compromiso y el rol fundamental que desempeñan los trabajadores en la construcción cotidiana de la vida universitaria.

Del acto formaron parte docentes y nodocentes de las facultades de Arte, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Ciencias Veterinarias y Ciencias Humanas. 

El reconocimiento a los 25 años de servicio no solo celebró trayectorias individuales, sino que también reafirmó el valor del trabajo colectivo que sostiene a la universidad pública en Tandil y la región. En un clima de emoción y gratitud, la Unicen destacó a quienes han sido protagonistas del desarrollo de la institución, consolidando su identidad y su rol social en la comunidad.

Este viernes, desde las 12.30, la Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de la provincia de Buenos Aires - Filial Tandil realizará su tradicional festejo de fin de año e invita a toda la comunidad participar del cierre de la 12° muestra pictórica que incluyó obras de diversos artistas plásticos de la ciudad.

La jornada que se llevará a cabo en la Casa Jubilé, ubicada en calle Garibaldi 1038, comenzará con un almuerzo a la canasta y continuará a las 15 con la entrega de certificados a los artistas participantes de la muestra.

El evento contará también con la presencia de la  Banda Municipal de Música y durante la tarde habrá sorteos entre los presentes.

La muestra, hasta el viernes

La muestra pictórica se encuentra en exhibición desde el lunes 24 de noviembre y permanecerá abierta al público hasta el próximo viernes 5, en el horario de 17 a 19.

Se trata de la 12° edición de la muestra que se realiza todos los años y que cuenta con la participación de variados artistas plásticos del partido de Tandil.

Meses atrás, la Asociación realizó una convocatoria abierta a quienes desearan exponer sus trabajos en la sede local. Las pinturas expuestas, de diversas temáticas, son el fruto de ese llamado a la comunidad.

Docentes de la provincia de Buenos Aires pararán este martes 14 de octubre en el marco de una protesta que a nivel nacional impulsa la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar al Gobierno de Javier Milei mejores condiciones laborales.

Bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, los gremios le dan continuidad a un plan de lucha que comenzaron la semana pasada con clases públicas, radios abiertas y actividades espacios públicos de todo el país.

En tanto, este martes habrá una Marcha Federal Educativa con paro de 24 horas que, en la provincia de Buenos Aires, incluye a todos los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, Amet (técnicos), Sadop (colegios privados) y Udocba.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, Ctera reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”, señaló la entidad gremial en un comunicado.

El paro convocado por Ctera es de alcance nacional, por lo que se espera que el impacto sea muy fuerte en la mayoría de las escuelas del país. Las instituciones educativas permanecerán cerradas y no se dictarán actividades durante toda la jornada, salvo en algunas instituciones privadas.

En el caso de Tandil, la secretaria general de la sede local de Suteba, Estela Sinópoli, aseguró en diálogo con El Eco Multimedios, que "la idea es hacerle saber al gobierno nacional y al Congreso de la Nación que la escuela pública no puede seguir esperando, que la educación pública debe sostenerse, debe sostenerla el Estado, que los fondos deben aparecer y dejemos de gastar plata en cosas que no son necesarias, como ya hemos visto todos esto este último tiempo”, manifestó.

La medida de fuerza formará parte de lajornada nacional de paro docente, y los sindicatos proyectan llevar a cabo una marcha federal con impacto en las diferentes provincias. En paralelo, los docentes tandilenses definen si acoplarse a dicha manifestación o realizar una medida a nivel distrital. Desde ya, desde Suteba afirmaron que la convocatoria será grande. 

El plan de lucha cerrará con un paro nacional y una movilización en todo el país, donde los docentes reclamarán:

Este jueves a las 16 se realizará en la Asociación de Educadores Jubilados de la provincia de Buenos Aires (Garibaldi 1038) la charla “Prevención de accidentes”, que estará a cargo del área de Defensa Civil del Municipio, la Cruz Roja y Bomberos Voluntarios de Tandil.

Adriana Goñi, presidenta de la Asociación, contó que “la idea nació a partir de una charla que mantuvimos con el director de Defensa Civil, Héctor Van Valssenhof, quien nos propuso hacer diferentes charlas dado que nuestro público es el adulto mayor y que hay muchas mujeres que viven solas, algunas –incluso- con dificultades para moverse”.

“Ya hicimos una charla muy interesante en la que se explicó cómo funciona la aplicación Centinela del Municipio y otra en la que el presidente de la Asociación de Marcapasos de Tandil, Iñaki Gilabert, habló sobre RCP (reanimación cardiopulmonar); muy importante también”, agregó.

“Ahora, tras hablar con Van Valssenhof, nació la idea de esta charla sobre prevención de accidentes”, completó.

La charla estará abierta a toda la comunidad, en especial a adultos mayores y personas con movilidad reducida, y será de acceso gratuito.

Un profesor que hace más de una década se desempeña en la carrera de Educación Primaria en el Instituto 166 –que funciona en la Escuela Normal-, hizo pública una grave denuncia de docentes de la institución contra la directora del lugar. Comunicados de cese de hora en los pasillos, uso de la normativa según su conveniencia, intervenciones en concursos y mesas de exámenes fueron algunas de las “actitudes y acciones totalmente nefastas” que el docente dio a conocer.

“Lo que más nos interesa como claustro docente y como grupo denunciante, es que la vida institucional tenga la calidez humana que en algún momento tuvo y que nos permita laburar por la formación de un montón de personas que apuestan como proyecto de vida a venir al Normal. Llevarse no solamente un título, porque pasan entre tres y cuatro años acá adentro. En realidad, lo que están apostando es a sueños, metas y proyectos de vida”, compartió Bruno, el docente que hizo público el reclamo.

El Instituto N°166 funciona en el edificio de la Escuela Normal. En el lugar se dictan las carreras de profesorados de Educación Inicial, Primaria y Especial, así como también las tecnicaturas en Bibliotecología y Programación. De acuerdo a datos del año 2023, son alrededor de 500 los alumnos que concurren a formarse en la institución, en la que trabajan aproximadamente un centenar de docentes.

“El reclamo no es solamente mío, claramente. Somos 40 docentes que estamos reclamando, condiciones dignas de trabajo y un clima institucional que sea lo más saludable posible. La directora ingresó en el 2023 de una manera muy sorpresiva y abrupta, y empezó a cambiar toda la modalidad con la que veníamos laburando. Que esto no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con la totalidad de cómo se gestionaba antes la institución, pero, por lo menos, había un clima institucional que nos permitía a nosotros trabajar cómodamente, generar proyectos y tener ganas de venir”, contó Bruno.

Pese al apoyo inicial de parte de los educadores a la nueva directora –sumó el denunciante-, paulatinamente la situación comenzó a cambiar, a tal punto que motivó la mencionada denuncia.

“Al principio parecía que venía con aires de cambios positivos. De hecho, decidimos apostar y confiar en ella. Muchos nos inscribimos en lo que es el Consejo Académico Institucional, hicimos las votaciones y demás, para trabajar en pos del Instituto. Pero al correr el tiempo, lo que veíamos era que cada vez empezaba a generar situaciones que terminaban perjudicando a la vida institucional, a los estudiantes o a los docentes, y eso se fue incrementando”, narró.

En concreto, lo que notaron los docentes fueron “actitudes y acciones totalmente nefastas”. Y al respecto, Bruno puso como ejemplo “dar comunicados de cese de hora en los pasillos, utilizar la normativa según conveniencia de ella, generar como ciertas adhesiones de estudiantes que estaban muy cercanas a ella y que aparecían en todos los concursos que se estaban por cubrir, intervenir mesas de exámenes, tomar mesas de exámenes sin especialistas en fechas como el 29 de diciembre, intervenir concursos en pleno desarrollo y hacer cambios que terminaron con todo el jurado denunciado teniendo rendir cuentas a la Inspección”, entre otros.

Los docentes realizaron un asamblea y pusieron en común situaciones vividas con la directora, y manifestaron su descontento. Sin embargo, sumó Bruno, al presentar el reclamo ante autoridades superiores –Inspección, sindicatos-no tuvieron mayores respuestas. “La inspectora nunca se acercó a  nosotros a explicar cómo pensaba las cosas”, señaló al respecto.

“Consideramos que esta situación tiene que ser pública, tiene que ser de público conocimiento, porque pareciera que si no sale en las redes sociales y no sale en los medios de comunicación, queda invisibilizado y los tiempos se dilata. El paso siguiente es seguir avanzando, si es necesario llegar a los medios nacionales y tratar que esto se resuelva. Porque esto no es una cuestión en contra de la directora. No es un tema de persona a persona. Ver llorar a colegas de trayectoria amplia y foja intachable, o ver estudiantes que dicen que hacen una materia el año próximo, es que estamos perdiendo recursos humanos, y es triste”, concluyó el docente.