Trabajadores docentes de Tandil se sumarán este lunes 3 de agosto al paro que tendrá lugar en todo el país y realizarán una caravana por la ciudad. El principal reclamo será hacia el gobierno nacional para que convoque a una paritaria, mientras que también se manifestarán en contra del proyecto que busca reemplazar la Ley Nacional de Educación. Los universitarios acompañarán, y llevarán adelante una medida de fuerza.

“Este lunes 3 de agosto nos convocamos 8:30 de la mañana en Alsina y San Martín. Todas las compañeras y compañeros que quieran sumarse a nuestra caravana, vamos a hacer una recorrida por toda la ciudad pasando por algunas escuelas, haciéndole saber a la comunidad tandilense cuáles son nuestros reclamos y por qué estamos de paro. Va a ser una recorrida bastante amplia y terminaremos en la glorieta de la Plaza Independencia”, contó Estela Sinópoli, secretaria general de Suteba Tandil.

La referente docente señaló que la medida de fuerza se dará un día después del octavo aniversario de la muerte de dos docentes en la Escuela 49 de Moreno, en un recordado caso ocurrido durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Además, marcó que a nivel local la convocatoria será también bajo el reclamo de “Basta de violencia en las escuelas”.

Si bien trascendió durante la tarde del domingo que el gobierno nacional convocó al Consejo Federal de Educación y buscaría asegurar el 75 por ciento de las clases mediante inspecciones en escuelas, hasta el cierre de esta edición la Ctera no había sido notificada de manera oficial. La mayor parte de los establecimientos a nivel local responden a la órbita provincial, y dicha resolución no tendría efecto, salvo en los colegios pre universitarios. Uno de los argumentos de Nación fue el de la educación como un servicio esencial, pero desde Suteba Tandil lo rechazaron.

“Para nosotros, la educación sigue siendo un derecho social, no un servicio esencial. Porque cuando hablamos de derecho social hablamos de que el Estado tiene que garantizar el acceso de los pibes y las pibas al al sistema educativo. Cuando hablamos de servicio esencial, estamos hablando de mercantilizar la escuela pública y meter al mercadoen la discusión de quiénes son los responsables de impartir educación”, planteó Sinópoli.

Paro y caravana

“Le exigimos a la Subsecretaría de Educación la convocatoria a la paritaria nacional, porque desde que este gobierno nacional asumió no hemos podido tener un ámbito en el que discutir nuevamente los pisos de ingresos salariales para la totalidad de los docentes de la Argentina”, expresó Sinópoli sobre la principal demanda de la medida de fuerza.

La referente de Suteba Tandil recordó que la actual gestión nacional dio de baja el Fondo Compensador “que igualaba el punto de partida para discutir los ingresos salariales para que ningún docente cobrara menos que ese piso. Y al desaparecer esa ese Fondo, cada provincia tiene que arreglárselas con los recursos que dispone”, explicó.

En ese marco sostuvo que a nivel bonaerense “arrastramos el grave inconveniente de la gran deuda que el gobierno nacional tiene con el gobierno provincial, que ronda los 27 millones de millones como venimos diciendo hace mucho tiempo, así que la paritaria nacional es un punto indelegable porque el Estado debe seguir haciéndose responsable de la educación pública”.

La convocatoria será además en rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno nacional y que podría reemplazar a la Ley Nacional de Educación. Entre otros aspectos conforma un marco legal para que las familias puedan optar por educar a sus hijos fuera del sistema escolar tradicional y habilita modalidades de financiamiento alternativas (como vales), entre otras reformas.

“Buscan derogar la ley nacional de educación y reemplazarla por una nueva ley que ellos llaman Ley de Libertad Educativa. Nosotros la llamamos Ley de Educación Libertaria, porque le saca la responsabilidad al Estado de absolutamente todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la educación pública y no solamente en las escuelas de carácter obligatorio, sino que  incluso abarca el nivel universitario y superior”, consideró Sinópoli.

De acuerdo a un sondeo del propio sindicato, la referente docente transmitió que prevén un alto acatamiento. “Los docentes están cansados, tenemos el salario recortado desde hace dos años, y sacando las cuentas actualizadas nos están debiendo 300 mil pesos a cada docente en cada mes, porque el gobierno nacional cortó el Fondo Nacional de Incentivo Docente”, indicó.

“Milei, cumplí la Ley”

Los docentes de la Unicen también llevarán adelante un paro durante el lunes 3 de agosto, acompañando la convocatoria impulsada por docentes escolares. El reclamo principal será que el gobierno nacional implemente la postergada Ley de Financiamiento Universitario.

La normativa, vetos de por medio, resultó aprobada tanto en Diputados como en Senadores. Pero la administración central no aplicó al momento, pese a reclamos sostenidos de la comunidad universitaria y hasta de resoluciones judiciales al respecto.

“En el caso de las universidades, seguimos exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Y también, por otro lado, pedimos de forma urgente que se reactive la paritaria nacional, y que se restituya el Fonid para los docentes, en nuestro caso los pre universitarios”, expuso en diálogo con El Eco Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce. “Sobre todo, pedir más que nunca por el presupuesto para educación”, sumó la docente.

Pese a anuncios de parte de Nación, la comunidad universitaria todavía no registró los aumentos esperados. “Este mes vino exactamente como el mes pasado, con el 21,33, o sea, no hubo aumento. Estuvimos esperando hasta último momento. De hecho, no hubo instructivo. Se usó el mismo instructivo que el mes anterior”, detalló Gargiulo.

El Gobierno nacional advirtió a los gremios docentes que convocaron al paro nacional previsto para el próximo lunes que deberán garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la reforma laboral que declaró a la educación como actividad esencial.

La advertencia fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovello, a través de dos comunicados. En uno de ellos recordó la vigencia de la normativa y, posteriormente, anunció que desplegará un operativo de control en establecimientos educativos de todo el país para verificar su cumplimiento.

Según informó la cartera, se realizará una "inspección muestral en escuelas de todo el país" con el objetivo de comprobar que las entidades sindicales respeten el piso mínimo del 75% de funcionamiento del servicio educativo durante la medida de fuerza. En caso de detectarse incumplimientos, el Gobierno aseguró que activará los protocolos correspondientes para aplicar las sanciones previstas.

La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y tendrá impacto en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, donde se adherirá Suteba. También confirmaron su participación los demás gremios docentes bonaerenses, entre ellos FEB, Udocba, Sadop y Amet, además de docentes de algunas universidades nacionales, como la Universidad Nacional de La Plata.

El paro afectará el reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno en distintas jurisdicciones del país.

Los sindicatos reclaman una recomposición salarial ante la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y exigen la reapertura de la paritaria nacional. Además, solicitan la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un complemento salarial vigente desde la década de 1990 que fue eliminado por el gobierno de Javier Milei al inicio de su gestión.

Se trata de la primera huelga docente que se desarrollará bajo la vigencia de la normativa que considera a la educación una actividad esencial, por lo que también servirá para evaluar el alcance de la nueva legislación. Los gremios cuestionaron judicialmente la constitucionalidad de la limitación al derecho de huelga, mientras que el Gobierno buscará comprobar el cumplimiento de la prestación mínima y la efectividad de las eventuales sanciones.

En ese contexto, el Ministerio de Capital Humano exhortó a "todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas".

La situación fue expuesta en el programa Plataforma Magazine, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, donde un profesor, relató el clima de tensión y desamparo que atraviesa el cuerpo docente. 

Según explicó, el estudiante involucrado en el hecho de violencia fue trasladado al CENS 451, una institución destinada a la educación de adultos, a pesar de que el joven tiene 17 años, lo que contravendría la normativa vigente para dicha modalidad.

La docente aclaró que el grupo de profesores no se opone al derecho a la educación del alumno, sino a la forma en que se gestionó el traslado y a la falta de dispositivos de acompañamiento. "No estamos en contra de la terminalidad de la secundaria del alumno, sino de cómo se está organizando todo lo que viene atrás", señaló  durante la entrevista.

El conflicto escaló debido a lo que los docentes definen como "violencia institucional". Según el testimonio brindado en el programa, las autoridades de Jefatura Regional y Distrital bajaron directivas sin abrir espacios de diálogo. El docente mencionó que, en una reunión realizada el 29 de junio, el jefe regional habría tenido un trato agresivo hacia los educadores que reclamaban mecanismos claros de intervención.

"Nos sentimos violentados. No fueron tenidos en cuenta nuestros pedidos de espacios de escucha", afirmó el docente. Asimismo, denunció que, pese a las promesas iniciales de las autoridades de implementar un acompañamiento dentro del aula para gestionar la situación, dicho compromiso no se cumplió, dejando a los docentes trabajando con miedo y una marcada sensación de abandono por parte del sistema.

El cuerpo docente sostiene que la reubicación del alumno se realizó de manera improvisada, sin considerar las necesidades de contención ni para el estudiante ni para el personal que debe recibirlo. "Se nos presiona a dar clases sin ningún tipo de garantía", enfatizó, al tiempo que cuestionó que se obligue al alumno a cursar de manera presencial cuando la modalidad virtual del CENS permitiría una trayectoria educativa sin exponer a la comunidad escolar.

Ante la falta de respuestas formales y el agotamiento de las instancias administrativas, los docentes han decidido visibilizar la problemática a través de una carta abierta enviada a los medios de comunicación. La situación ha generado una profunda sensibilidad en el sector, especialmente tras el antecedente de la agresión sufrida por el profesor Gastón Valdéz, hecho que marcó un punto de inflexión para los trabajadores de la educación.

Debido a la falta de soluciones y a las presiones recibidas para no difundir el caso, los docentes han comenzado a evaluar medidas más contundentes. Según se informó, el grupo se encuentra en contacto con el abogado de Gastón Valdéz para analizar posibles pasos a seguir en el ámbito judicial.

Por el momento, los educadores aguardan una respuesta concreta mientras mantienen el estado de alerta ante la incertidumbre que genera el inicio del receso invernal.

Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la mesa paritaria del pasado 6 de julio.

El ofrecimiento contempla un incremento acumulado del siete por ciento sobre los haberes de junio, distribuido en un cinco por ciento para julio y un dos por ciento para agosto, y fue aprobado por las distintas organizaciones que conforman el frente sindical.

La definición se conoció luego de las asambleas realizadas en los distritos y de las reuniones de los órganos de conducción de cada gremio.

En el caso de Suteba, el Plenario de Secretarios Generales aprobó por amplia mayoría tanto la propuesta salarial como un acuerdo paritario referido a mejoras en las condiciones laborales.

Por su parte, el Congreso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió aceptar la oferta por una mínima diferencia tras un extenso debate entre sus congresales.

El acuerdo salarial prevé un aumento acumulado del siete por ciento, aunque el impacto varía según el cargo. De acuerdo con lo informado por Suteba, algunos ejemplos de incremento para docentes sin antigüedad alcanzan el 8,9 por ciento para un preceptor, el 8 por ciento para un maestro de grado y el 7,5 por ciento para un profesor.

Además de la recomposición salarial, la propuesta incorpora una serie de compromisos vinculados con las condiciones de trabajo planteadas por el FUDB durante la negociación.

Entre ellos se encuentran la ampliación del acuerdo paritario de prevención, erradicación, resguardo y reparación frente a situaciones de violencia; la implementación de políticas para afrontar el impacto de la baja de la natalidad sin pérdida de puestos de trabajo; la revisión del régimen académico de la escuela secundaria; la titularización de docentes de Educación Técnica y Agraria, y mejoras en el funcionamiento del sistema de licencias médicas.

La inclusión de estos puntos respondió a reclamos que los gremios venían sosteniendo desde hacía varias semanas.

De hecho, la falta de convocatoria a la paritaria y la ausencia de respuestas frente a distintas problemáticas laborales, entre ellas el incremento de los hechos de violencia en los ámbitos educativos, habían derivado en un paro de actividades realizado el martes 30 de junio.

Con la aceptación de la oferta, el Gobierno bonaerense y los sindicatos acordaron retomar las negociaciones durante septiembre para dar continuidad a la discusión salarial y evaluar la evolución de la situación del sector docente.

Luciana Curcio, representante de la entidad (FEB), se refirió a los avances logrados luego del encuentro mantenido el pasado 8 de junio con las autoridades educativas regionales y distritales. La reunión tuvo lugar en la sede de la Jefatura Distrital y contó con la presencia de la jefa distrital Daniela Urdampilleta, inspectores de diversos niveles y representantes de los gremios Suteba y Sadop. A su vez, ayer se llevó a cabo un nuevo encuentro donde continuaron trabajando en los protocolos por niveles.

En diálogo con La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, Curcio detalló que este primer contacto sirvió como el "puntapié" para establecer una agenda de trabajo conjunta. En ese sentido, confirmó que en la próxima reunión buscarán avanzar en métodos específicos para prevenir hechos de violencia en el ámbito escolar y abordar las novedades surgidas en las últimas semanas.

Según explicó la dirigente, uno de los puntos centrales acordados fue que los inspectores trabajen en el diseño de un protocolo adecuado a cada nivel educativo. La intención es que estas herramientas contemplen las particularidades de los jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, atendiendo a las diferentes dinámicas de conflicto que se presentan tanto con los alumnos como con sus familias.

Respecto a la reunión desarrollada ayer, según pudo saber este Diario, contó con la participación de más de 20 integrantes. En la misma se habló de situaciones puntuales y cómo se están trabajando y abordando cada una de ellas. Los representantes gremiales hicieron sus planteos y aportes y quedaron en seguir trabajando para darle forma a un proyecto que articule las necesidades y puntos de vista de todos. El próximo encuentro será el 6 de agosto.

Uno de los temas más sensibles abordados fue la falta de recursos profesionales para la contención de los estudiantes. Curcio advirtió que la mayoría de las instituciones no cuentan con un equipo de orientación completo y que, en muchos casos, los profesionales deben compartir tareas entre varias escuelas, lo que impide un seguimiento efectivo y genera que "lo urgente tape a lo importante".

La situación es especialmente crítica en el nivel inicial. "De 28 jardines estatales en Tandil, creo que solo dos tienen equipo propio", reveló la representante de la FEB. Esta carencia obliga a las directoras y docentes a sobrecargarse de tareas, realizando visitas domiciliarias y presentaciones ante el Servicio Local por fuera de su carga horaria habitual para suplir la ausencia de profesionales del área social y psicológica.

Para el gremio, la creación de estos cargos es una "necesidad de la realidad actual" y no un mero capricho administrativo. Curcio remarcó que, si bien la decisión final depende del Ministerio de Educación provincial, es fundamental elevar el reclamo desde Tandil para que se comprenda la urgencia de contar con profesionales que puedan intervenir desde temprana edad, evitando que las problemáticas de conducta se agraven durante la adolescencia.

"Los docentes hacen todo lo que está en sus manos, pero la realidad es que no dan abasto", enfatizó Curcio, vinculando esta demanda con el petitorio presentado recientemente ante las autoridades tras el ataque sufrido por el docente Gastón Valdés. El objetivo es que los inspectores recorran más las instituciones para acompañar las situaciones cotidianas sin un ánimo de "perseguir" al personal.

Durante la entrevista, se analizó también el actual sistema de convivencia escolar en la provincia de Buenos Aires, el cual ha dejado atrás figuras tradicionales como las amonestaciones o las suspensiones. Curcio explicó que el enfoque normativo actual apunta exclusivamente a reflexionar y modificar conductas a través del diálogo y los acuerdos de convivencia institucionales.

Esta situación representa un desafío diario para el personal frente a curso, ya que el sistema actual requiere de mucho tiempo para dar resultados visibles y, en ocasiones, deja a los docentes con pocas herramientas inmediatas ante una agresión. Ante esto, la dirigente subrayó la importancia de las capacitaciones que se están impulsando desde la FEB central, incluyendo ciclos de formación legal para fortalecer el respaldo hacia los educadores.

"Todo nuestro trabajo tiene que ser en prevenir", afirmó la secretaria, indicando que se debe trabajar fuertemente en no naturalizar las respuestas agresivas por parte de las familias. Mencionó que es común que en los jardines se tomen como "naturales" los insultos de padres ante accidentes menores, algo que no deben permitir más.

Finalmente, Curcio expresó su expectativa de que la reunión del próximo jueves funcione como un "momento bisagra" para garantizar jornadas laborales pacíficas. El objetivo final, según concluyó, es que los docentes puedan desarrollar sus planificaciones en un clima de respeto, asegurando que tanto educadores como estudiantes puedan finalizar el ciclo lectivo de manera satisfactoria.

En una jornada de visibilización y protesta, docentes de Tandil llevaron a cabo un semaforazo por la educación pública en la esquina de San Martín y 9 de Julio. Fue para hacer públicos dos reclamos: el de la aplicación del protocolo antiviolencia, y la reanudación de las reuniones paritarias.

Tras el resonante caso del docente golpeado por un alumno en el Colegio San José, los trabajadores de la educación manifestaron su profunda preocupación por el recrudecimiento de los episodios de agresiones en los establecimientos educativos, una problemática que, según indicaron, no ha disminuido y requiere de una intervención urgente por parte de las autoridades. Sin embargo, también enmarcaron dichos hechos en un contexto mayor.

“Nosotros no decimos que hay violencia escolar, nosotros tenemos situaciones de violencia social generadas desde las más altas esferas de este gobierno nacional. Que en principio se da el lujo de no cumplir con la ley. No cumple con la ley de discapacidad, no cumple con la ley universitaria, no cumple con la ley de financiamiento educativo, no cumple con la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Entonces, es muy difícil trasladarle esto a nuestros alumnos, a nuestros pibes, a las escuelas, de que las leyes están para cumplirse”, planteó Estela Sinópoli secretaria general de Suteba Tandil. La docente encabezó la movilización y explicó los motivos que llevaron al gremio a realizar esta medida de fuerza en la vía pública. Durante la jornada, la dirigente sindical enfatizó que el conflicto excede lo meramente escolar y se enmarca en un clima más amplio de crisis social.

La referente gremial detalló que, tras la brutal agresión del pasado  1 de junio, el sindicato ha mantenido diversas reuniones con autoridades educativas. Sin embargo, subrayó que la situación se ha repetido en otros distritos con la misma gravedad, lo que obliga al sector a exigir medidas concretas. 

Entre los puntos principales del petitorio entregado a la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) durante la masiva marcha que se llevó a cabo luego de la agresión a Gastón Valdez, se destaca la solicitud de jornadas institucionales para revisar el funcionamiento de las escuelas y la implementación efectiva de protocolos de seguridad.

"Estamos atravesando varias situaciones complejas en lo que representa nuestro sector. En principio porque queremos decir basta a las situaciones y episodios de violencia dentro de otras escuelas. Es una situación que no ha bajado en absoluto, se ha recrudecido", sostuvo la secretaria general.

El reclamo que los docentes docente hicieron público en la esquina de San Martín y 9 de Julio incluyó la advertencia por una situación salarial y presupuestaria crítica. Sinópoli advirtió sobre la falta de respuestas en la última reunión paritaria y la necesidad urgente de recomponer los ingresos ante el avance de la inflación. 

El impacto del desfinanciamiento nacional fue otro de los ejes centrales del discurso de la dirigente. Según los datos aportados por el gremio, la provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario de asfixia presupuestaria que afecta directamente el funcionamiento de las instituciones, especialmente en las escuelas técnicas y de formación profesional, donde la falta de materiales y maquinaria impide el desarrollo normal de las actividades pedagógicas.

En este sentido, Sinópoli fue contundente respecto a la responsabilidad del gobierno nacional: "Por supuesto que no desconocemos cuál es la situación de la provincia de Buenos Aires, no desconocemos que el gobierno nacional ha desfinanciado brutalmente a nuestra provincia. Al día de hoy se le deben 26 billones de pesos".

Finalmente, desde Suteba Tandil insistieron en la necesidad de que la Dirección General de Cultura y Educación ponga en ejecución al 100% el acuerdo paritario de prevención, erradicación, resguardo y reparación de las violencias en contextos educativos, firmado en el año 2023. 

La mesa de trabajo con autoridades locales continúa activa, buscando establecer acuerdos que garanticen entornos seguros para docentes y alumnos, mientras el gremio aguarda una convocatoria urgente para discutir la recomposición salarial.

Este martes a las 16 se ofrecerá en la Asociación de Educadores Jubilados de Tandil (Garibaldi 1038) la charla “La Casa Jubilé y el Barrio de la Estación”, a cargo de los historiadores Patricia Gavazza, Hugo Mengascini y Ángeles Pagola.

La actividad será de acceso libre y gratuito a la comunidad. 

Durante el encuentro, los tres docentes que han investigado y se han involucrado activamente en la historia del tradicional barrio de la ciudad contarán detalles sobre la vivienda donada a la Asociación de Educadores Jubilados por las “señoritas Guarnieri” –así eran popularmente conocidas Nélida y Celia-, las dos maestras que cedieron la propiedad a la organización.

En esa Casa se llevan a cabo variadas jornadas recreativas y culturales destinadas –en principio- a docentes retiradas y jubiladas pero abiertas a toda la comunidad en general.

Este martes 16, a las 16, se llevará a cabo una Merienda Literaria en la Casa Jubilé (Garibaldi 1038), un encuentro para compartir lecturas con escritores de Tandil y la zona que será coordinado por la autora local Ana Caliyuri.

La actividad organizada por la Asociación de Educadores Jubilados de la provincia de Buenos Aires, filial Tandil, será de acceso libre y gratuito.

La propuesta se realizará para conmemorar el Día del Libro –que en Argentina se celebra cada 15 de junio- y además celebrar los siete años de la Biblioteca de la Asociación.

De la Merienda participarán los escritores Stella Mele, Ana Pérez Porcio, Julián Leiva, Edgardo Spina, Susana Muisse, Giuliana Pianta, Andrea Dogna, Pedro Anunciabay y Ezequiel Calvo.

“Me estoy yendo a operar con un poco de nervios pero se que va a salir todo bien. Se que ustedes están muy presentes acompañando y eso lo agradezco mucho, me da fuerzas y energía para todo lo que viene”, compartió Gastón Valdez, el docente golpeado en San José, mediante un mensaje que hizo circular en grupos de trabajadores de la educación.

A través del comunicado, el docente agredido señaló que debe afrontar los costos de los abogados que lo representan en el proceso judicial que inicia, y que no cuenta con el dinero para hacerlo. Por tal motivo puso a disposición su alias para todo aquel que quiera ayudarlo.

“Hola, soy Gastón Valdez, docente de música y músico. Seguramente escuchaste hablar de mí por un hecho de violencia lamentable que ocurrió mientras daba clases en un colegio de nuestra ciudad. Hago este comunicado porque se ha iniciado un proceso penal contra mi agresor y también tengo que iniciar un proceso judicial por los daños y perjuicios que me ocasionaron. Cuento con un equipo de abogados que me van acompañar legalmente, y debo afrontar el costo de dichos honorarios”, expresó el docente.

“Hago esta convocatoria para quien quiera y pueda colaborar económicamente con la causa, para hacer lo posible para que este hecho tenga las consecuencias que se merece”, agregó. “Estoy sumamente agradecido por todo el amor y acompañamiento que estoy recibiendo y que me da fuerzas para atravesar está incómoda situación y recuperarme lo antes posible”, concluyó.

En el mensaje, el docente explicó que las lesiones que sufrió fueron “fractura multifragmentada de todas las paredes del seno maxilar izquierdo, fractura bipartita del arco cigomático homolateral, fractura del proceso coronoideo de la mandíbula izquierda, fractura del hueso malar en su articulación con el frontal y en su región posterior que conforma a la pared lateral externa de la órbita izquierda, fractura y desplazamiento del hueso propio de la nariz del lado izquierdo”. 

Además, la herida le provocó una “ocupación de probable origen hemático del seno maxilar izquierdo y en la fosa nasal homolateral, y una ”importante tumefacción de partes blandas en la región prioritaria y del pómulo izquierdo con enfisema subcutáneo y aire que delimita el músculo masetero izquierdo y burbujas aéreas que se extienden hacia la fosa pterigomaxilar homolateral".

Sobre la agresión sufrida consideró que “esto no es un hecho aislado, refleja y expone una situación generalizada que vivimos en las escuelas los y las docentes”

El Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas quedaron a un paso de alcanzar un acuerdo salarial que podría descomprimir el conflicto por el financiamiento del sistema universitario. La propuesta oficial incluye un incremento del 24,33% para los docentes universitarios, distribuido en dos etapas, y deberá ser analizada y aprobada por los gremios del sector.

Según trascendió, la administración nacional ofreció una suba inmediata del 21,33% y un incremento adicional del 3% para septiembre. Además, el entendimiento contempla otros compromisos presupuestarios, entre ellos un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras estratégicas, y una partida extraordinaria de $50.000 millones para hospitales universitarios.

La propuesta fue recibida favorablemente por los rectores durante una reunión informal mantenida con representantes de la Casa Rosada. Sin embargo, la definición final dependerá de la postura que adopten organizaciones gremiales como Conadu y Conadu Histórica, que hasta el momento mantienen convocado un paro nacional de actividades entre el 16 y el 20 de junio.

Fuentes gremiales consultadas indicaron que los docentes de todo el país ya cuentan con la oferta oficial y que durante los próximos días se realizarán asambleas y consultas para fijar una posición conjunta. La respuesta definitiva se conocería este miércoles.

Si bien el aumento propuesto es considerado significativo, desde los sindicatos remarcan que aún se encuentra lejos de compensar la pérdida salarial acumulada desde el inicio de la gestión de Milei. Según sostienen, el deterioro del poder adquisitivo alcanzaría aproximadamente los 45 puntos porcentuales.

Uno de los objetivos que buscaba el Gobierno durante las negociaciones era que las universidades retiraran la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario, aunque finalmente no logró ese compromiso.

La norma, aprobada por el Congreso, nunca fue aplicada por el Poder Ejecutivo, que argumenta que el texto no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.

Por su parte, la comunidad universitaria recurrió a la Justicia para exigir el cumplimiento de la ley. La causa obtuvo una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente permanece suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.

De confirmarse el acuerdo salarial en las próximas horas, el conflicto universitario podría ingresar en una etapa de distensión, aunque seguirán abiertas las discusiones sobre el financiamiento estructural del sistema de educación superior.

En medio de la sensible repercusión por la grave episodio de violencia desatado en un aula del Colegio San José, lo que llevó a convocantes movilizaciones de la comunidad educativa ayer por la mañana y en la antevíspera por la tarde, este Diario confirmó pormenores que hacen al estado de salud del docente agredido,  como el derrotero judicial por venir para con el menor implicado.

De acuerdo a lo que se confió desde el círculo cercano al profesor de música Gastón Valdez, el docente ayer recibió el alta médico tras su internación en el Sanatorio Tandil, donde se constataron las delicadas lesiones sufridas en su rostro. Más precisamente se detalló una fractura maxilar superior.

Ayer pudo regresar a su domicilio y se aguarda el proceso de desinflamación para una futura intervención quirúrgica que requerirá el cuadro presentado.

A propósito de la herida sufrida en torno a los ribetes judiciales, por el parte médico legalmente se apunta al delito de “lesiones graves”.

También se confirmó que efectivamente se hizo la presentación judicial por la agresión citada. Más precisamente el padre del docente presentó la denuncia penal y recaló en la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Cabe consignar que la fiscalía señalada no cuenta hace años con una fiscal titular (la doctora María de los Ángeles Marsiglio de jubiló), por lo que subrogan otros fiscales del fuero. En este caso, está a cargo del fiscal de Azul David Alejandro Carballo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2 del Departamento Judicial de Azul. Aunque tiene asiento principal en la vecina localidad, subroga y atiende causas penales, de responsabilidad juvenil y delitos conexos en Tandil y la región.

Respecto al proceso penal, recién instada la denuncia penal, y al tratarse de un menor de 17 años está comprendido en la eventual imputación del delito consignado bajo el proceso del Fuero Penal Juvenil (de 16 a 18 los jóvenes son imputables) siguiendo el mismo derrotero que con la justicia de mayores de edad.

Una vez avanzado el expediente, con recogimiento de testimonios y demás elementos de prueba, la instrucción derivará en sus respectivas conclusiones penales a saldar en un eventual suspensión de juicio a prueba y un debate oral no público, de acuerdo a lo que diriman las partes, léase entre acusador y defensor.

Como se informó en la edición pasada, el violento suceso ocurrió el pasado lunes, cuando el profesor de música sufrió la agresión de un golpe de puño propinado por un alumno de sexto año. La agresión ocurrió en medio de una clase y el docente permaneció internado  hasta ayer.

De acuerdo a lo que pudo saber El Eco, el episodio ocurrió el lunes por la mañana dentro de un aula del Colegio San José, mientras se desarrollaba una clase de Música. En ese contexto, se indicó que un alumno del último año del nivel secundario golpeó al profesor en el rostro. Como consecuencia de la agresión, trascendió que el docente sufrió la grave lesión en su rostro.

En paralelo, comenzó a circular en redes sociales un video que mostró los instantes previos al hecho. En las imágenes se observaba un clima de fuerte tensión dentro del aula, con estudiantes protagonizando situaciones de descontrol. Incluso, uno de los jóvenes arrojó una silla en medio de la clase, reflejando el contexto en el que se habría desencadenado la agresión.

Tras el resonante caso del la agresión a un docente, una multitud se movilizó en Tandil bajo la consigna “Basta de violencia”. Los convocados por el Frente de Unidad Docente (FUD) marcharon a la Jefatura Distrital, donde entregaron un petitorio a las autoridades: una de las solicitudes más aplaudidas por los presentes fue la de crear “parejas pedagógicas dentro de las aulas”. De parte de Sadop –el gremio que nuclea a los docentes privados-, marcaron que “la responsabilidad de la seguridad y el ambiente de trabajo recae en la entidad propietaria, en el empleador”. Por su parte el Colegio emitió un breve comunicado público.

La marcha tuvo su paso por la puerta del Colegio San José –donde el pasado lunes ocurrió el hecho-, y culminó su recorrido en la Plaza Independencia. De acuerdo a lo que pudo saber El Eco, dentro de la comunidad educativa de la histórica institución de la ciudad se vive  un clima de “shock” por lo sucedido.  Las autoridades del establecimiento hicieron circular entre las familias un comunicado de repudio a lo ocurrido, y en el cual anunciaron que se tomaron las medidas correspondientes.

Entre otras incógnitas y planteos, durante los días posteriores al ataque y en el marco de la movilización, una pregunta que circuló entre docentes de diferentes establecimientos fue la de si existió la posibilidad de haber intervenido de manera preventiva. Al respecto, trascendió que no se trataría del primer caso de violencia en el que el agresor se vio implicado dentro de la institución.

La movilización -en el marco de una jornada de paro con alto acatamiento- comenzó poco después de las 10 del miércoles 3 de junio en la “Plaza del Tanque”. La convocatoria fue impulsada por el Frente de Unidad Docente, integrado por  FEB, Sadop, Suteba y UdocBa. Los docentes conformaron una columna que se extendió por más de tres cuadras, que luego se concentró al llegar a la Jefatura Distrital. En el lugar entregaron un petitorio.

“Entendemos que estos hechos no pueden analizarse como episodios aislados, sino como expresiones de problemáticas complejas que requieren respuestas integrales por parte del Estado”, expresaron durante la lectura del comunicado, que fue leído por Estela Sinópoli.

En concreto fueron nueve los puntos planteados por el petitorio de los docentes, quienes recordaron además la vigencia del acuerdo paritario sobre prevención, erradicación, resguardo y reparación por hechos de violencia.

El primero de los puntos señalados fue el de solicitar a la Jefatura Distrital “la inmediata intervención y acompañamiento institucional en todas las situaciones de violencia que involucren a trabajadoras y trabajadores de la educación”. El segundo la “efectiva aplicación de las medidas de resguardo previstas en el acuerdo paritario, evitando toda situación de re-victimización de trabajadores afectados”.

El cuarto la conformación y convocatoria de una mesa intersectorial distrital para el abordaje, seguimiento y construcción de estrategias preventivas frente a las situaciones de violencia. El quinto fue el pedido por el fortalecimiento de las acciones preventivas e instancias de formación para equipos directivos, docentes y comunidades sobre convivencia democrática y resolución pacífica de conflictos.

El sexto la difusión y socialización en todas las instituciones educativas del distrito de los alcances del acuerdo paritario de prevención en erradicación, resguardo y reparación.  El séptimo fue la solicitud de articulación con “los organismos competentes en materia de salud laboral, a fin de asegurar la atención de trabajadores afectados en su salud psicofísica”.

El octavo y el noveno fueron los más aplaudidos por la multitud presente:  la creación de nuevos equipos de orientación escolar y cargos de especificidad profesional para el seguimiento de situaciones que excedan a los trabajadores de la educación, y la creación de cargos docentes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo para la conformación de parejas pedagógicas dentro de las aulas del distrito.

Como parte del Frente de Unidad Docente, uno de los gremios convocantes fue Sadop, que nuclea a los educadores de establecimientos de gestión privada. Marcelo Acosta, secretario general de la seccional del sindicato –que involucra, entre otras localidades a Tandil, donde tiene un promedio de 150 afiliados-, dialogó con El Eco.

“La responsabilidad de la seguridad y el medio ambiente de trabajo recae en la entidad propietaria. Es el empleador quien debe brindar un ambiente de trabajo que sea saludable para los compañeros y las compañeras”, sostuvo Acosta.

En referencia a las instituciones educativas privadas planteó que son dichas entidades las que “tienen la potestad de poder contratar personal técnico para el apoyo de estos abordajes, y hay una guía de intervención que debe ser este utilizada”.

Acosta precisó que tomaron contacto con el docente agredido, quien les contó detalles de lo ocurrido. En el mismo sentido informó que mantuvieron diálogo con la representante legal del Colegio San José y con la inspectora distrital, Daniela Urdampilleta.

“Hay diferentes pasos legales que se tienen que hacer mientras la entidad propietaria respete los protocolos, que están haciendo. Pero nosotros no hacemos presentaciones o denuncias, sino que es el docente el que deberá tomar la decisión si hace la presentación. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es, por supuesto, resguardar la integridad del compañero y que las acciones a nivel contractual de derecho laboral sean las pertinentes, y competentes a la necesidad del compañero”, concluyó.

En un breve comunicado que las autoridades del Colegio San José transmitieron a la prensa local, los directivos del establecimiento expresaron que “el Colegio rechaza estos hechos de violencia escolar y se encuentra trabajando en todos los protocolos de cuidado y prevención para toda la Comunidad Educativa".

A su vez señalaron que “lo vivido marca un punto de inflexión para todos nosotros. Juntos debemos posibilitar espacios de escucha, cuidado y reflexión para fortalecer nuevos acuerdos de convivencia. La contención y el discernimiento conjunto deben ser la base para esta construcción colectiva junto a todos los organismos correspondientes”.

Un profesor de música sufrió una fractura en el rostro producto de un golpe de puño propinado por un alumno de sexto año. La agresión ocurrió en medio de una clase y el docente permaneció internado en una clínica local. Ante esto, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro para la jornada de hoy.

Un grave hecho de violencia fue denunciado en las últimas horas en un colegio de la ciudad, donde un estudiante agredió físicamente a un docente, identificado como Gastón Valdez, durante el desarrollo de una clase. El ataque le provocó lesiones de consideración que requirieron su internación. Los educadores repudiaron el acto, realizaron una convocatoria en la Plaza Independencia en apoyo al docente y el FUDB convocó a un paro para esta jornada.

De acuerdo a lo que pudo saber El Eco, el episodio ocurrió el lunes por la mañana dentro de un aula del Colegio San José, mientras se desarrollaba una clase de Música. En ese contexto, se indicó que un alumno del último año del nivel secundario golpeó al profesor en el rostro. Como consecuencia de la agresión, trascendió que el docente sufrió una fractura de mandíbula y permanece internado en observación.

En paralelo, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra los instantes previos al hecho. En las imágenes se observa un clima de fuerte tensión dentro del aula, con estudiantes protagonizando situaciones de descontrol. Incluso, uno de los jóvenes arroja una silla en medio de la clase, reflejando el contexto en el que se habría desencadenado la agresión.

El episodio generó preocupación en la comunidad educativa y motivó el repudio de distintos sectores vinculados a la educación. En ese sentido, desde el FUDB expresaron su rechazo a lo sucedido mediante un comunicado difundido en redes sociales y luego convocaron a un paro distrital para la jornada de hoy.

“Basta de violencia en las escuelas. Cuidemos a quienes educan y trabajan. Exigimos respeto, dignidad y seguridad. Solidaridad con nuestros compañeros y compañeras agredidos”, manifestaron desde la organización sindical. La medida de fuerza prevista para hoy estará acompañada de una manifestación, cuya convocatoria se realizó para las 10 en la Plaza del Tanque.

Al cierre de esta edición, las autoridades de la institución educativa todavía no habían emitido información oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se supo sobre la sanción que recibió el estudiante agresor.

En este marco, un grupo de docentes autoconvocados realizó una movilización ayer por la tarde "en solidaridad y en defensa" del docente agredido. El punto de reunión fue la Glorieta de la Plaza Independencia, en donde colocaron cartulinas con mensajes repudiando el hecho y pidiendo un freno a los actos de violencia en contra de los docentes.

Ante un numeroso grupo de asistentes, que superaba el centenar de personas, Laura Bicci, representante de los docentes autoconvocados, leyó un comunicado con el cual expresaron acompañamiento al docente agredido, Gastón Valdez. También aseguraron que el documento buscaba “visibilizar una preocupación que crece en los ámbitos educativos: el aumento de los episodios de violencia y el progresivo deterioro de los vínculos de convivencia”.

Informaron que el hecho dejó como consecuencias un docente con serias lesiones, lo cual generó “conmoción entre colegas, familias y estudiantes”. Al mismo tiempo, señalaron que “lo sucedido vuelve a exponer tensiones que atraviesan numerosas instituciones educativas de la localidad”, siendo las que trabajan a diario con “desafíos que exceden la enseñanza y el aprendizaje de contenidos”.

“A la tarea pedagógica se suman conflictos interpersonales, demandas sociales crecientes y situaciones complejas para las cuales muchas veces no existen recursos suficientes ni dispositivos de acompañamiento adecuados”, continuó el enunciado leído en las escaleras de la glorieta. En este contexto, señalaron que la agresión no es un hecho individual sino un síntoma de un problema más amplio: “Cuando el conflicto desplaza el diálogo y la hostilidad gana espacio en la vida institucional, se resienten las condiciones necesarias para enseñar y aprender”.

Por último, desde la organización indicaron que “sostenemos que resulta indispensable abrir una discusión profunda sobre la convivencia escolar, el respeto a los trabajadores de la educación y las herramientas disponibles para prevenir y abordar situaciones críticas antes de que escalen”. Cerraron expresando la solidaridad hacia el docente agredido y llamaron a una reflexión colectiva sobre el clima que hoy atraviesa a muchas escuelas.

La convocatoria finalizó con una marcha alrededor de la Plaza Independencia. Los manifestantes salieron desde la glorieta en sentido a Belgrano, doblaron hasta Chacabuco y retomaron por Pinto hasta Rodríguez. Al mismo tiempo se supo que la movilización convocada para esta mañana será desde la Plaza del Tanque hasta la Jefatura Distrital.

Este martes por la tarde, docentes autoconvocados de Tandil llevaron adelante una concentración y posterior movilización en respaldo al profesor que fue agredido por un estudiante en el Colegio San José, un hecho que generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa local y que abrió nuevamente el debate sobre la convivencia dentro de las instituciones escolares.

La actividad comenzó alrededor de las 17 30 horas en la glorieta de la Plaza Independencia, donde se reunieron docentes de establecimientos públicos y privados de la ciudad. Allí se leyó un comunicado consensuado por los organizadores, en el que expresaron su acompañamiento al docente afectado y manifestaron su preocupación por el incremento de situaciones de violencia y el deterioro de los vínculos de convivencia en las escuelas.

"Hoy nos encontramos reunidos para expresar nuestro acompañamiento al profesor agredido recientemente en un establecimiento de nuestra ciudad y para visibilizar una preocupación que crece en los ámbitos educativos: el aumento de los episodios de violencia y el progresivo deterioro de los vínculos de convivencia", señalaron durante la lectura del documento.

Los docentes remarcaron que el episodio ocurrido días atrás, que dejó al profesor con importantes lesiones tras un conflicto desarrollado durante una clase, trascendió el plano individual para convertirse en una señal de problemáticas más amplias que atraviesan a las comunidades educativas.

"Quienes trabajamos en las escuelas enfrentamos diariamente desafíos que exceden la enseñanza y aprendizaje de contenidos. A la tarea pedagógica se suman conflictos interpersonales, demandas sociales crecientes y situaciones complejas para las cuales muchas veces no existen recursos suficientes ni dispositivos de acompañamiento adecuados", expresaron.

En el mismo sentido, sostuvieron que cuando el conflicto desplaza al diálogo y la hostilidad comienza a ocupar un lugar central en la vida institucional, se ven afectadas las condiciones necesarias para enseñar y aprender.

Durante el acto también plantearon la necesidad de generar espacios de discusión más profundos sobre la convivencia escolar, el respeto hacia los trabajadores de la educación y las herramientas disponibles para prevenir y abordar situaciones críticas antes de que escalen.

"Desde esta organización sostenemos que resulta indispensable abrir una discusión profunda sobre la convivencia escolar, el respeto a los trabajadores de la educación y las herramientas disponibles para prevenir y abordar situaciones críticas antes de que escalen", indicaron.

Finalizada la lectura del comunicado, los participantes iniciaron una marcha alrededor de la plaza Independencia. Según pudo observarse, la columna avanzó por calle Belgrano entre aplausos y muestras de apoyo, continuó por Chacabuco, luego por Pinto y finalmente por Rodríguez para regresar nuevamente a la glorieta, donde concluyó la actividad.

La movilización se desarrolló en un clima pacífico y tuvo como eje central el acompañamiento al profesor agredido, aunque también buscó instalar una reflexión colectiva sobre las dificultades que atraviesan actualmente muchas instituciones educativas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, contención y resolución de conflictos.

De esta manera, el caso ocurrido en el Colegio San José volvió a poner en agenda una problemática que preocupa a docentes, directivos y familias, y que los organizadores consideran necesario abordar de manera integral para garantizar ámbitos escolares seguros y propicios para el aprendizaje.

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires anunció que este jueves 21 de mayo llevará adelante una olla popular frente a la Gobernación bonaerense para reclamar una urgente recomposición salarial y la reapertura inmediata de la paritaria docente.

A través de un comunicado, el gremio denunció el deterioro de las condiciones económicas de la docencia provincial y aseguró que “el salario docente que paga la provincia de Buenos Aires no alcanza” y que “no llegamos al 20 de cada mes, claramente sobra mes para alcanzar el próximo cobro”.

La organización sostuvo que el sector atraviesa una situación crítica de endeudamiento y responsabilizó tanto al Gobierno nacional como al provincial por la pérdida del poder adquisitivo. “La docencia bonaerense se encuentra totalmente endeudada por la situación económica pergeñada por el Gobierno nacional y que el Gobierno provincial no supo, no pudo reaccionar y en definitiva termina acompañando esa política económica por omisión”, expresaron.

Asimismo, afirmaron que la consecuencia inmediata de este escenario es “la pobreza e indigencia docente”.

En el documento, la Asociación de Maestros de la Provincia cuestionó el acuerdo salarial firmado en marzo de 2026 y aseguró que quedó “sobrepasado por la realidad”. Según detallaron, el incremento previsto para mayo “en realidad es del 2,1%”, pese a haberse anunciado oficialmente como un 2,5%.

El gremio explicó que la diferencia responde a que el cálculo se realizó “con referencia al salario de enero 2026” y porque incluye “$28.700 de Incentivo Docente de ‘aumento’ en negro”, lo que implica que “no resulta ni remunerativo ni bonificable”. Además, señalaron que esa suma tampoco es percibida por docentes jubilados, situación que, según denunciaron, “rompe el principio de la ‘movilidad’ jubilatoria en la provincia de Buenos Aires”.

La entidad también remarcó que el incremento salarial quedó por debajo de la inflación de abril, que fue del 2,6% en Argentina.

En otro tramo del comunicado, el sindicato reclamó al Ejecutivo provincial una respuesta concreta a la crisis del sector: “Le decimos al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que es momento de reconocer el valor del trabajo docente”. Ademas, agregaron que “la retórica gubernamental de la provincia no alcanza ni sirve para comer, pagar servicios, pagar el alquiler, pagar el transporte y completar el mes”.

Entre los principales reclamos, la organización exigió una reforma tributaria provincial “que permita una distribución de la riqueza más equitativa” y cuestionó que “en una provincia rica” exista “docencia bonaerense pobre”.

Finalmente, la Asociación de Maestros bonaerense reclamó el cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y exigió la implementación de un “Salario Mínimo Vital y Móvil Docente en PBA de $2.800.000”.

“Buenos Aires es una provincia rica y no puede tener docencia ni pobre ni indigente. ¡Con salarios de indigencia no se puede vivir!”, concluye el comunicado difundido por la organización sindical.

El Gobierno bonaerense aprobó un nuevo régimen para la recalificación profesional de docentes que sufran enfermedades vinculadas al uso de la voz. La medida busca garantizar la continuidad laboral en tareas acordes a las capacidades psicofísicas de los trabajadores y reducir la exposición a riesgos derivados de la actividad escolar.

La normativa se fundamenta en la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo y en el Estatuto del Docente bonaerense. A través de esta resolución, se establecen criterios específicos para la reubicación de los agentes afectados por patologías vocales, consideradas una de las afecciones profesionales más frecuentes en el sector educativo.

La resolución determina qué cargos son considerados de riesgo por el uso forzoso y continuo de la voz y cuáles no implican una sobrecarga. En este sentido, quienes hayan sido recalificados no podrán ocupar puestos expuestos a dicho riesgo, aunque podrán desempeñarse en funciones que no exijan sobreesfuerzo vocal, siempre que una evaluación médica determine que mantienen aptitud residual.

El proceso de evaluación estará a cargo de la Dirección de Salud Ocupacional, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría General. Para ello, se requerirán estudios médicos actualizados y la documentación respaldatoria emitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, luego de seis meses del acto de recalificación, los docentes podrán solicitar nuevas evaluaciones para acceder a otros cargos compatibles con su salud. Asimismo, la participación en actividades de continuidad pedagógica será limitada a situaciones extraordinarias, con un máximo de seis horas semanales y 12 mensuales.

Finalmente, la norma dispone que los aspirantes a nuevos cargos deberán realizar un examen de aptitud psicofísica específico con una validez de dos años. Se aclaró además que la reubicación laboral no afectará la continuidad de los tratamientos médicos vinculados a la enfermedad profesional originaria.

Una multitud se concentró este martes en Tandil para participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria en el gobierno de Milei, en el marco de una jornada de protesta que se replicó en distintas ciudades del país para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición del presupuesto destinado a las universidades públicas.

La movilización, que tuvo como epicentro la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, graduados, sindicatos, organizaciones sociales y vecinos que se sumaron a la consigna en defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad.

La convocatoria se dio a 203 días de la sanción de la Ley 27.795, norma que establece un piso de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional y que, según denunciaron las autoridades y los gremios, continúa sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional.

La iniciativa volvió a mostrar una convocatoria multitudinaria en el centro. Desde las 17 horas miles de tandilenses acompañaron la marcha con banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional. Entre los mensajes más repetidos se pudieron leer reclamos por “más presupuesto para educación”, “salarios dignos para docentes y nodocentes”, “cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” y “la educación pública no se vende, se defiende”, en una manifestación que volvió a colmar las calles y a expresar el amplio respaldo de la comunidad tandilense a la Unicen y a la educación superior gratuita y de calidad.

Durante el acto central se leyó el documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y nodocentes, en el que se advirtió que el financiamiento del sistema universitario atraviesa una situación crítica.

Según el texto, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción inédita de los recursos disponibles para sostener el funcionamiento de las instituciones.

También se expuso el fuerte impacto sobre los salarios del sector. De acuerdo al documento, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,3 por ciento, mientras que los salarios aumentaron 147,3 por ciento, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo del 37,13 por ciento. Los firmantes señalaron que los sueldos universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años.

Otro de los puntos destacados fue el deterioro de las políticas de acompañamiento estudiantil. El documento advirtió que programas como las Becas Progresar y las Becas Estratégicas Manuel Belgrano permanecen congelados o desfinanciados, mientras que las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC) continúan suspendidas, lo que compromete la permanencia de miles de jóvenes en el sistema universitario.

Los organizadores remarcaron que la crisis excede la cuestión presupuestaria y cuestionaron al Gobierno nacional por no cumplir con una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia. En ese sentido, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga y garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

En el tramo final del documento, se destacó que la universidad pública argentina constituye un “instrumento de justicia social” que promueve la movilidad ascendente, genera conocimiento estratégico para el desarrollo del país y ofrece oportunidades a miles de jóvenes. Además, se advirtió que el debilitamiento del sistema pone en riesgo el futuro científico, tecnológico, cultural y productivo de la Argentina.

Con banderas, carteles y cánticos, la comunidad tandilense volvió a expresar su respaldo a la educación pública en una jornada de amplia participación y fuerte contenido simbólico. Al igual que en las marchas anteriores, el reclamo se centró en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que las universidades continúen cumpliendo su rol en la formación de profesionales, la producción de conocimiento y la construcción de una sociedad más igualitaria.

El documento concluyó con un llamado a defender el sistema universitario y evitar que docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados por la falta de recursos. “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende!”, señalaron los organizadores.

En junio, los haberes de los jubilados del régimen especial de docentes no universitarios se reajustarán en un 9,86 por ciento, en tanto que las prestaciones de quienes están en el sistema de docentes de universidades nacionales tendrán una suba de 6,85 por ciento. Los datos fueron informados por la Secretaría de Trabajo.

Las jubilaciones y pensiones de ambos grupos se rigen por reglas de movilidad diferentes a las del sistema general de la Anses. De esta manera, no se actualizan mensualmente por inflación, sino de manera trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Los porcentajes se definen por la variación de indicadores vinculados con las remuneraciones de cada segmento. Lo mismo ocurre con quienes se retiraron por el sistema especial de trabajadores de Luz y Fuerza, que tendrán el mes próximo un reajuste en sus ingresos de 7,86 por ciento.

Los importes que surjan de aplicar estos incrementos serán los que se percibirán durante junio, julio y agosto, ya que la siguiente recomposición llegará recién en septiembre. El reajuste se calcula sobre los montos definidos en marzo, mes en el que los jubilados del régimen de docentes no universitarios tuvieron un aumento de 5,28 por ciento, y los del esquema de universitarios, un alza de 4,26 por ciento.

Para el grupo de docentes no universitarios, el porcentaje de reajuste trimestral se define según la variación del índice de salarios Ripdoc. Si se toman en cuenta las subas de marzo y de junio, se acumula para este sector un alza nominal de 15,7 por ciento. Este valor se ubica por debajo del nivel de inflación proyectado para la primera mitad del año: mientras que en el primer trimestre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 9,4 por ciento, el índice llegaría al 17,7 por ciento para todo el semestre, según estimaciones del Banco Central.

En el caso de los jubilados y pensionados del régimen de docentes de universidades nacionales, la suba acumulada en el primer semestre del año llega al 11,4 por ciento, cifra que también se sitúa varios puntos por debajo de la inflación estimada. Esta pérdida de poder de compra se suma a la registrada durante 2025, cuando el reajuste de haberes fue del 22 por ciento frente a una variación de precios del 31,5 por ciento.

Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, las prestaciones en curso de pago para docentes no universitarios son poco más de 203.000, con un haber promedio que en marzo rondaba los 2,17 millones de pesos. Por su parte, los beneficiarios universitarios son alrededor de 13.500, con un haber promedio cercano a los 2,42 millones de pesos.

En una jornada marcada por la protesta y la visibilización de los reclamos del sector educativo, una columna de aproximadamente cincuenta afiliados a Suteba Tandil se movilizó ayer por la mañana hacia las dependencias de la Anses. El objetivo central de la convocatoria fue la entrega de un petitorio, respaldado por 600 firmas, en el que expresaron un enérgico rechazo a cualquier intento de traspaso de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) al Estado nacional, además de reclamar por la millonaria deuda que la administración central mantiene con la caja bonaerense.

La movilización tuvo un inicio accidentado cuando los manifestantes se dirigieron inicialmente a la sede Regional de la Anses, donde constataron que la oficina continúa acéfala. Ante esta situación, los referentes gremiales decidieron trasladar la protesta hacia la UDAI local. Allí, la delegación fue recibida por el flamante jefe de la oficina, David Fernández, quien escuchó los planteos y recibió la documentación que sintetiza la preocupación de los trabajadores de la educación ante el escenario de ajuste actual.

Estela Sinópoli, secretaria del gremio a nivel local, fue la voz cantante de la jornada. Al entregar el petitorio, no solo detalló los puntos técnicos del reclamo, sino que también hizo un espacio para expresar la solidaridad con los trabajadores de la Anses. La dirigente advirtió sobre los momentos de zozobra que atraviesa el personal del organismo ante los rumores firmes de otros 2.300 despidos en todo el país, que se sumarían a las 1.500 bajas ya ejecutadas por el Gobierno nacional.

El eje central de la movilización a la Anses fue la defensa del sistema jubilatorio bonaerense. Los docentes aportan un 16 por ciento de su salario en el marco de un régimen especial sustentado en la naturaleza de su tarea. "Nosotros somos un régimen especial porque no podemos tener 60 ó 65 años, como pretende este Gobierno nacional, para estar en una salita de tres, cuatro o cinco años, o en un primer ciclo de escuela primaria", argumentó Estela Sinópoli.

La dirigente describió la tarea docente actual como una situación de "extremo desgaste", donde la escuela pública funciona como la "primera caja de resonancia" de problemáticas sociales complejas, incluyendo el impacto de las redes sociales en niños y jóvenes. "A la escuela se le está pidiendo no solamente educar, sino contención y acompañamiento a las familias. Todo eso amerita mucho trabajo institucional y hoy lo hacemos con el doble o el triple de energía disponible porque la situación se nos escapa de las manos", describió.

La mayor preocupación radica en el intento de homologar el régimen jubilatorio docente provincial con el general de la Nación, lo que implicaría la desaparición de la caja del IPS. Según los cálculos del gremio, si los docentes pasaran a la órbita de la Anses, sus haberes jubilatorios caerían del actual 70 u 85 por ciento del salario al 43 por ciento. Además, denunciaron que el Gobierno nacional ha dejado de transferir fondos clave desde diciembre de 2023. "Hoy nos deben 2,2 billones de pesos a la caja de IPS", denunció la secretaria.

Sobre los intentos históricos de avanzar sobre estos fondos, Estela Sinópoli fue tajante al recordar antecedentes: "Ya es la tercera vez que intentan esto, homologar nuestra ley, cerrar nuestra caja, quedarse con nuestros aportes, porque de hecho a esto vienen, a quedarse con los aportes de las trabajadoras y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, como lo hizo el ministro Cavallo en los 90 y como intentaron hacerlo durante el 2016-217, que también nos movilizamos y también impedimos ese traspaso que la gobernadora María Eugenia Vidal quería hacer, para sacarse de encima la caja jubilatoria y entregársela al Gobierno nacional para que tuviera otra canilla por donde llevarse nuestros fondos."

Finalmente, la movilización en Tandil buscó anticiparse al debate que podría darse en la Legislatura Provincial. Para Suteba, la unificación bajo una "ley de servicios comunes" no solo perjudicaría a los trabajadores en actividad, elevando la edad jubilatoria a los 65 años para mujeres y 70 para hombres, sino que pauperizaría de forma inmediata a los actuales jubilados . "Es un problema que nos atañe absolutamente a todos los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires", concluyó la dirigente antes de ingresar a la oficina de la UDAI para formalizar la entrega del documento.

En diálogo con El Eco de Tandil, Estela Sinópoli brindó un panorama sombrío sobre la situación salarial y la negociación colectiva. "Todavía sigue en standby la paritaria nacional docente porque no se ha resuelto ese piso que nosotros determinamos en cada una de las paritarias nacionales para que después cada provincia pueda resolver los aumentos salariales sobre ese piso", explicó la secretaria gremial. Según su visión, la desaparición de esta instancia de negociación federal es una estrategia deliberada: "Ahora la dibujan y hacen la pantomima, diciendo que tenemos que sentarnos con los 24 ministros de educación de cada una de las provincias, con lo cual patean la responsabilidad del Estado nacional a cada uno de los estados provinciales".

Esta situación, según Estela Sinópoli, genera una profunda desigualdad entre las jurisdicciones, ya que no todas las provincias cuentan con la misma capacidad de generación de ingresos. En el caso de Buenos Aires, el incremento salarial se otorgó sin ese piso de referencia, lo que profundiza las brechas. "Nosotros hoy quedamos en absoluta desigualdad de condiciones en relación a lo que cobra un docente en Capital Federal, en Corrientes, en el Chaco, en Río Negro o en Jujuy", remarcó.

Respecto a la escala salarial vigente, la dirigente detalló que un docente de primaria que recién comienza percibe un ingreso de 700.000 pesos por un cargo único sin antigüedad. En el caso de los profesores, el salario inicial ronda los 900.000 pesos por diez módulos, aunque aclaró que la escala es compleja y depende de factores como la ruralidad y la especialización. "Muchos de nuestros cargos están por debajo de la línea de pobreza", sentenció.

Uno de los puntos más críticos del reclamo es la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Estela Sinópoli precisó que este ítem representa hoy unos 130 mil pesos por trabajador por cada cargo. "Nos lo deben hace dos años y medio. Al sacar la cuenta, multiplicarlo solamente por los 20 meses de deuda a esos 130 mil pesos, nos están debiendo casi siete millones de pesos por cada uno de los trabajadores y trabajadoras", calculó la referente de Suteba.

Ante este escenario, el gremio ha recurrido a la vía legal. "Hay un reclamo judicial con respecto a todo. Tenemos el Fonid bajo reclamo judicial. La Justicia aún no se ha expedido, pero sabemos que tenemos razón porque es el fondo que aporta el Gobierno nacional para poder sostener los ingresos de las distintas provincias", afirmó. Sinópoli recordó que la ley que sustenta este fondo nunca fue derogada, ya que figura en el artículo diez de la Ley de Financiamiento Educativo.

Estela Sinópoli, acompañada por decenas de delegados, docentes y jubilados, entregó ante el titular de la Udai de Anses dos documentos, avalados por centenares de firmas de trabajadores de la educación de Tandil.

El primero exclamaba: “¡Basta de asfixiar, hipotecar, rifar nuestro futuro! Las leyes están para cumplirse, y el Gobierno nacional debe pagar la deuda de más de 2 billones de pesos con la caja de jubilaciones de la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, argumentaron que Nación y Anses “incumplen con la ley que indica el traspaso de fondos ilegalmente retenidos y que pertenecen a los bonaereses” y agregaron que desde diciembre de 2023, “ha omitido deliberadamente la transferencia”, acumulando una deuda billonaria y de ese total el 10 por ciento le corresponde al sistema previsional de la Provincia.

En esa línea, denunciaron que el “ahogo financiero” esconde “la única intención de obligar a modificar las condiciones de jubilación y adueñarse de la totalidad de los fondos de la caja, poniendo en riesgo el destino de los actuales y futuros jubilados del IPS”.

Y manifestaron que “como trabajadores esperamos hace más de un año la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que la falta de respuestas de la Anses obligó al Gobierno provincial a judicializar el reclamo”.

La otra nota expuso el “más enérgico rechazo” y denunció “las maniobras de desfinanciamiento que afectan tanto al sistema previsional nacional como a los provinciales”.

En tanto, incorporó “factores recurrentes” que agravan la situación y enumeró “La disminución del empleo registrado, el incremento de los niveles de desocupación, la ausencia de una moratoria previsional y la caída del consumo”, advirtiendo que la menor recaudación por IVA impacta en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En paralelo, cuestionó la reforma laboral, con la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que contempla una reducción de las contribuciones patronales por parte de los empleadores, lo que impactará en los sistemas previsionales.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de los salarios correspondientes al mes de marzo para los trabajadores estatales. La liquidación llegará con un incremento del 5%, aunque la disposición de las fechas generó malestar en el sector educativo, ya que gran parte de los agentes percibirá sus haberes recién después de Semana Santa.

El calendario oficial, difundido este viernes, despertó la reacción de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), conformado por AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba. Los docentes tienen asignada como fecha de cobro el jueves nueve de abril, lo que motivó un pedido formal ante la administración que encabeza el gobernador Axel Kicillof para que se arbitren los medios necesarios y se garantice el pago el lunes seis de abril.

Desde las organizaciones sindicales argumentaron que el plazo establecido resultaría "excesivamente extenso" para la economía de los trabajadores, quienes en su gran mayoría verán acreditados sus sueldos tras el fin de semana extra largo de Pascuas. Cabe recordar que el acuerdo salarial alcanzado con la Provincia contempla una suba del 7,5% para el bimestre marzo-abril, desglosado en un 5% en marzo y un 2,5% restante en abril, sumado al 1,5% otorgado en febrero.

El esquema de pagos comenzará el martes 31 de marzo con la Dirección de Vialidad, el OCEBA y el Instituto de la Vivienda. Continuará el miércoles 1 de abril con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Patronato de Liberados, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Tras el receso, el lunes seis de abril será el turno del Ministerio de Salud y la Caja de Policía. El martes siete de abril cobrarán los agentes de la Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Coordinación General Unidad Gobernador, los ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública.

En la misma jornada del siete percibirán sus haberes la Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, ARBA, Poder Legislativo y diversos organismos descentralizados. 

Finalmente, el miércoles ocho de abril cobrará el Poder Judicial, mientras que el jueves nueve de abril cerrará el cronograma la Dirección General de Cultura y Educación y la DiPrEGeP.