El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales volverá a las calles esta semana con una nueva medida de fuerza convocada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Conadu Histórica. El paro universitario comenzará este martes 16 y se extenderá hasta el sábado 20, con el reclamo de aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento.

La convocatoria se produce luego de que el Gobierno nacional presentara una propuesta a las autoridades universitarias y a las federaciones docentes y nodocentes con el objetivo de encauzar el conflicto que atraviesa al sistema universitario. El acta firmada con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras organizaciones contempla un incremento salarial del 21,3 por ciento en junio y del 3 por ciento en septiembre, además de partidas presupuestarias adicionales y fondos destinados a hospitales universitarios.

Sin embargo, desde AGD-UBA rechazaron el acuerdo y ratificaron la continuidad del plan de lucha. La secretaria general del gremio, Laura Carboni, explicó que “se impuso el rechazo” al entendimiento alcanzado entre los rectores y la gestión del presidente, Javier Milei, al señalar que la propuesta generó “un repudio entre las y los trabajadores”.

La dirigente sostuvo que el malestar se reflejó en la conformación de espacios autoconvocados que cuestionan el acuerdo firmado. “Lo que pedimos es que se cumpla la ley, que establece un aumento por encima del 50% para nuestros salarios. Este acuerdo, tejido a espaldas de las y los trabajadores, intenta cerrar el conflicto universitario atentando contra nuestros bolsillos y contra las becas de los estudiantes”, afirmó.

Vale precisar que, durante la semana pasada los trabajadores universitarios realizaron protestas en distintas ciudades con casas de altos estudios organizadas por sectores autoconvocados y, en ese contexto, los participantes volvieron a reunirse este fin de semana para coordinar nuevas acciones y mantener el reclamo por la aplicación de la ley sancionada por el Congreso. En paralelo, los sindicatos docentes anticiparon que, una vez concluida la medida de fuerza que se iniciará este martes, analizarán la continuidad del plan de lucha.

Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, sostuvo que el acercamiento alcanzado permitió aliviar parcialmente la situación, aunque aclaró que el reclamo principal sigue vigente. “No podemos decir que se llegó a un acuerdo porque nosotros planteamos que el gobierno tiene que cumplir la ley y la ley recompone la pérdida salarial de los profesores universitarios y el resto de trabajadores”, señaló.

Yacobitti destacó, no obstante, la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo y consideró que representa un avance respecto de la situación previa. “Hay que reconocer que el gobierno hizo un reconocimiento muy grande a nivel económico que es casi el 60% de lo que reclama la ley, es algo que nos permite seguir dialogando”, expresó. 

El dirigente señaló además que el conflicto universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre las casas de altos estudios nacionales y la administración de Javier Milei. “Hay que destacar la voluntad del diálogo del gobierno con las universidades nacionales que es una novedad en todo lo que fue el conflicto hasta ahora”, afirmó.

Gremios universitarios pusieron en pausa las medidas de fuerza anunciadas para la semana que viene tras el acuerdo salarial alcanzado por el gobierno nacional. Desde Adunce -que nuclea a los docentes de la Unicen-, resolvieron “poner en suspenso el paro de la próxima semana y retomarlo en caso de incumplimiento de acuerdo”, mientras que desde Atuncpba -que agrupa a no docentes-, anunciaron la suspensión del paro por las negociaciones en curso.

Más allá del acuerdo, los trabajadores, junto con las autoridades de las universidades nacionales, mantienen su reclamo principal: que el gobierno implemente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre pasado tras un intenso debate, e idas y vueltas con veto presidencial de por medio.

A través de sus redes sociales, tanto Adunce como Atuncpba destacaron el acuerdo alcanzado, y plantearon la continuidad de la demanda principal. Transmitieron también cuáles serán los pasos a seguir en el marco de lo establecido por las partes.

“Empezamos a recuperar lo que el gobierno nos debe; salario y paritarias”, publicaron desde Adunce. “Informamos que la medida de fuerza convocada para el próximo 16 de junio ha quedado en suspenso, en virtud de las negociaciones que se encuentran en curso entre la representación sindical y las autoridades nacionales”, señalaron por su parte desde Atuncpba.

Si bien aceptaron la propuesta salarial, los trabajadores resolvieron mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento. Al respecto, indicaron los docentes, “,ientras la ley sigue vigente, la paritaria implica dar un primer paso hacia el objetivo de la recomposición salarial y el restablecimiento del derecho a la negociación colectiva. El plan de lucha continúian hasta tanto no se ejecuta la Leyt de Financiamiento”.

El acta paritaria

Según lo acordado, el incremento salarial se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los haberes vigentes y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre. El salario de un docente de categoría simple, publicaron desde Adunce, sería de  $364,385.

En materia presupuestaria, el acuerdo prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del corriente, y también se incorporará una partida adicional de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios durante 2026.

Pero a su vez, el acuerdo alcanzado definió un incremento -también del 21,33 por ciento-, de la garantía salarial de junio. La misma establece un monto salarial mínimo, que impacta en particular en los docentes de menor categoría. 

De parte de los gremios precisaron que en el próximo plenario -que realizarán en julio-, discutirán sobre el contenido de la futura paritaria. El límite establecido para el encuentro con autoridades del gobierno nacional será el próximo 14 de septiembre. Será “para definir la actualización salarial en referencia a la variación acumulada del IPC”, marcaron.

También se acordó que “abordar en un máximo de 45 días un adicional por la perdida salarial de los niveles pre-universitarios debido a la eliminación del FONID”.

Si bien los trabajadores aceptaron la propuesta de aumento salarial, el reclamo mayor del sector universitario en su conjunto -autoridades, investigadores, becarios, estudiantes-, sigue siendo el mismo que desde hace meses: que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación. 

El reclamo tuvo su impacto en Tandil, donde se llevaron a cabo medidas de fuerza pero también instancias de visibilización pública de la demanda: semaforazos, asambleas, clases públicas, volanteadas, charlas y muchas otras iniciativas que se sumaron a las Marchas Federales que se replicaron en la ciudad.

Tras semanas de intensas jornadas de reclamos y en medio de la disputa por el financiamiento de las universidades nacionales, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que recibió una nueva propuesta salarial por parte del Gobierno nacional. El ofrecimiento será analizado y votado por la docencia de todo el país durante las próximas horas.

Desde la organización sindical destacaron que la oferta es el resultado directo de la movilización y la presión ejercida por la comunidad universitaria. Asimismo, remarcaron que continúa vigente la lucha por el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario y por la necesaria recomposición de los salarios del sector.

La oferta presentada contempla un incremento del 21,33 por ciento en los salarios de junio sobre los haberes de mayo de 2026. Este porcentaje también se incorporaría al cálculo del medio aguinaldo correspondiente a este mes. Además, la propuesta prevé un aumento del mismo porcentaje para la Garantía Salarial Docente.

Entre los puntos adicionales, se incluye una suba del 3 por ciento en octubre, calculada sobre los salarios de septiembre y a percibir en noviembre. Asimismo, el ofrecimiento establece el compromiso de convocar nuevamente a la mesa paritaria en un plazo máximo de tres meses para revisar la evolución de los salarios en relación con la inflación y continuar trabajando sobre el desfasaje acumulado desde 2024. También se fijó que las convocatorias a negociación no podrán superar los tres meses calendario entre una y otra.

Durante la jornada de este martes 9 de junio de 2026, las asociaciones de base que integran la federación realizarán consultas y asambleas en las distintas universidades. El objetivo es que las y los docentes definan si aceptan o rechazan la propuesta. El Plenario de Conadu retomará sus deliberaciones el miércoles por la mañana, momento en el que se conocerá la posición final del sector respecto de la oferta salarial.

No docentes de la Unicen nucleados en Atuncpba llevaron a cabo una asamblea en el comedor del Campus Universitario. En el marco de una jornada de paro, trabajadores provenientes de diversas facultades y dependencias de la sede central, así como delegaciones de las subsedes de Olavarría, Azul y Quequén, participaron del encuentro con el objetivo de intercambiar realidades y proyectar estrategias frente a la actual crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional. 

Diego Jongewaard de Boer, secretario general de Atuncpba, destacó la importancia de este espacio de intercambio. "En el marco de esta asamblea estamos discutiendo qué medidas y cuál es la situación que tenemos hoy los no docentes en la universidad. Pensando entre todos y todas, aportando estos encuentros, volviendo a dinamizar las asambleas", sostuvo el dirigente gremial.

Tras el encuentro, los no docentes definieron conformar un comité de crisis para trabajar en un plan de acción en pos de continuar exigiendo la implementación de la Ley de Financiamiento, mientras que el 3 y 4 de junio próximos se sumarán al paro anunciado a nivel nacional.

La actividad de la mañana del viernes, que se desarrolló en paralelo a la medida de fuerza a nivel nacional, sirvió para que los trabajadores pusieran en común las dificultades que enfrentan en sus respectivos territorios. Jongewaard de Boer enfatizó que la construcción de los reclamos debe contemplar las particularidades de cada región, evitando decisiones centralizadas que no siempre se ajustan a la idiosincrasia local de las distintas sedes universitarias.

Al analizar las posibles acciones a seguir, el secretario general de Atuncpba subrayó la necesidad de diversificar las herramientas de protesta. "No solo pensamos en el paro, puede haber jornadas de visibilización, de trabajo en la comunidad. Hay un montón de herramientas que como trabajadores las pensamos y las queremos discutir en la asamblea", explicó. 

Asimismo, aclaró que, si bien el paro es una herramienta fundamental que respetan por decisión del frente sindical y la federación, es vital buscar respuestas creativas ante un gobierno con una lógica política que enfrenta al movimiento sindical a un nuevo escenario.

Sobre el impacto de la situación económica, el dirigente fue contundente respecto a la pérdida del poder adquisitivo. "El principal reclamo tiene que ver con nuestra cuestión salarial, donde hemos perdido alrededor del 50 por ciento de nuestro poder adquisitivo. Estamos hablando, en los últimos 2 años alrededor de 10 sueldos. Imagínense cuál es el deterioro que está sufriendo el trabajador en la universidad", detalló.

El referente gremial también advirtió que el conflicto trasciende lo salarial y afecta el funcionamiento integral de la universidad. "Creo que no solo nos impacta a nosotros en cómo nos organizamos en nuestras vidas diarias, sino también al conjunto de la universidad, porque tenemos problema con el financiamiento para el funcionamiento, el sector docente está atravesando la misma situación, los científicos igual. Para los estudiantes, las becas son paupérrimas. El conjunto de la universidad está siendo muy atacado por este gobierno", agregó.

Finalmente, Jongewaard de Boer valoró el compromiso de los trabajadores que, a pesar del paro, se movilizaron hasta el campus. "Teníamos mucha expectativa con este encuentro. Nosotros decimos asamblea, pero en realidad es un encuentro que vamos a empezar a propiciar desde el sindicato para justamente poder entre todos y todas buscar las respuestas más acordes a cada una de las realidades. Estamos felices y orgullosos del trabajador no docente que hoy un día de paro asistió al campus universitario. Vinieron de Olavarría, de Azul y de Quequén, así que estamos trabajando y discutiendo entre todos cómo vamos a afrontar esta política nefasta del gobierno", concluyó.

El paro y asamblea de los no docentes coincidió con el último día de una medida de fuerza docente que se extendió durante toda la semana. Entre otras actividades hubo ollas populares, clases públicas, e instancias de visibilización que los trabajadores de la Unicen llevaron a cabo para continuar exigiendo un reclamo conjunto: la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que pese a haber sido sancionada más de 200 días en Diputados y Senadores, el gobierno nacional aun no aplica.

Ayer, en el marco del paro docente y nodocente de la Unicen en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, se realizó una olla popular en el Centro Cultural El Cole, de Villa Cordobita.

Durante la jornada, de la que participaron estudiantes, docentes y representantes del espacio cultural nucleados en la organización La Poderosa, hubo música, baile y un espacio para el diálogo.

Poco antes de las 16, los responsables de la olla popular llegaron a El Cole, ubicado en Paraguay 1031, para comenzar a preparar una cena para alrededor de 50 personas.

A las 17, responsables del Proyecto de Extensión Alimentaria de la Facultad de Ciencias Humanas presentaron un trabajo sobre la situación alimentaria de Tandil y desde las 18.30 hubo baile folclórico comunitario, coordinado por Romina Contreras.

La propuesta se desarrolló en el marco de la medida de fuerza de 96 horas impulsada desde la comunidad universitaria, desde el martes 26 al viernes 29 de mayo, en reclamo al gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad fue organizada por el grupo conocido como “La Olla”, integrado por estudiantes, docentes y nodocentes que comenzaron a trabajar de manera conjunta durante la toma universitaria de 2024.

Luciana Ruiz, docente de Trabajo Social de la Unicen e integrante del espacio, recordó que el colectivo surgió para sostener la alimentación de quienes participaron de aquella protesta.

Según explicó a El Eco de Tandil, durante los nueve días que duró la toma llegaron a organizar comidas para unas 200 personas.

Cuando la medida finalizó, el grupo decidió continuar articulando otras acciones vinculadas al plan de lucha universitario. En ese marco comenzaron a realizar actividades en distintos espacios de la ciudad, algunas junto a la organización Adultos Mayores en Lucha (Amalu), tanto en el Campus como en plazas públicas.

“Cuando se levantó la toma, se decidió continuar con otros planes de lucha. En ese marco decidimos seguir circulando por diferentes lugares”, señaló Ruiz, quien remarcó que la idea es “agruparse con otras luchas”, en este caso junto a Villa Cordobita y las organizaciones que ya trabajan en el territorio.

La docente contó además que durante la tarde participaron representantes del Proyecto de Extensión Alimentaria de la Facultad de Ciencias Humanas, quienes compartieron parte del trabajo que vienen realizando sobre la situación alimentaria local. Luego se sumó un grupo de baile de la Unicen y finalmente se compartió la cena preparada durante la jornada.

Desde el Centro Cultural El Cole, la referente barrial Zulema Mango explicó que el espacio sostiene semanalmente actividades alimentarias para chicos y familias del barrio.

“Los miércoles hacemos merienda y los viernes hacemos cena”, indicó, y detalló que actualmente participan entre 30 y 35 chicos en la merienda, aunque la cantidad de personas vinculadas al centro suele ser mayor.

En ese sentido, sostuvo que decidieron abrir las puertas del espacio para sumarse a la propuesta impulsada desde la universidad y compartir la olla popular con vecinos y niños que concurren habitualmente al lugar.

Mango reconoció además que las dificultades económicas se reflejan en un crecimiento sostenido de la demanda. Explicó que “durante la pandemia llegamos a sostener una olla en modalidad vianda, aunque actualmente las limitaciones materiales y de infraestructura nos impiden ampliar el alcance de las comidas”.

“La demanda siempre va en aumento, por obvias razones”, expresó.

Por su parte, Paz Fleitas, estudiante de cuarto año de la carrera de Teatro y representante de la Facultad de Arte dentro del grupo La Olla, señaló que los estudiantes también atraviesan las consecuencias del contexto económico y del ajuste universitario.

“Nosotros estamos tan comprometidos como los docentes porque somos conscientes de todo lo que está pasando, tanto en los barrios como en la propia facultad”, afirmó.

En relación con la situación particular de Arte, explicó que allí no funciona una olla popular, aunque sí se organizan viandas económicas destinadas a estudiantes de la sede céntrica de la ciudad.

La joven destacó además que, tras la toma universitaria, el grupo decidió darle continuidad a la experiencia desde una modalidad itinerante. “De la misma forma que hay actividades en el centro, en la plaza, con clases públicas, nosotros hacemos esto”, relató.

La iniciativa podría continuar próximamente en otros sectores de la ciudad. En ese sentido, Ruiz adelantó que existe la posibilidad de realizar nuevas jornadas en La Movediza y también en Villa Aguirre, siempre articulando con organizaciones y espacios comunitarios ya presentes en cada territorio.

“Intentamos acoplarnos a lo que el barrio ya viene haciendo”, explicó la docente, quien señaló que las actividades se organizan especialmente durante las semanas de paro, como una manera de sostener acciones por fuera del Campus y fortalecer el vínculo entre la universidad y los barrios populares.

A más de 200 días de que el gobierno nacional no aplica la Ley de Financiamiento Universitario, los docentes de la Unicen llevan adelante una semana de paro, que se extiende desde el pasado martes 26 al viernes 29 de mayo. La medida de fuerza incluye diversas actividades abiertas a la comunidad, tales como ollas populares, un semaforazo en la sub sede Olavarría y clases públicas a cargo de  las facultades de Ciencias Sociales, Arte, Ciencias de la Salud, Agronomía y Ciencias Humanas.

Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce -el gremio que nuclea a los docentes de la Unicen- explicó el alcance de la medida y la postura del sector frente a la falta de respuestas. Al respecto, la dirigente sindical afirmó: "Seguimos visibilizando la situación y reclamando que el gobierno nacional cumpla con la ley. Ya con una situación que lo venimos diciendo hace bastante, de que estamos en una situación terminal. Los trabajadores no damos más".

La referente gremial detalló el impacto directo que tiene la falta de actualización salarial en la vida cotidiana de los docentes. "Están en riesgo cuestiones alimenticias, está en riesgo el poder asumir mensualmente el alquiler. Porque los salarios no aumentan, no mejoran y la vida se encarece. Esto lo estamos viendo mensualmente", sostuvo Verónica Gargiulo.

En relación con la falta de diálogo con las autoridades nacionales, la secretaria general de Adunce manifestó: "Por otra parte, parecería como que no hay interlocutor, o hay un interlocutor ausente, no solo del reclamo universitario, sino de todos los reclamos que se están este dando. En realidad no es ausente, en realidad está, lo que pasa que está trabajando para un sector minoritario, con un desprecio desde lo verbal hasta las políticas que llevan adelante para la ciudadanía".

El conflicto, que ya lleva más de 220 días de espera por la aplicación de la normativa, ha llevado a los trabajadores a buscar distintas vías de resolución. "Es un gobierno que no escucha no solo a las organizaciones sindicales, sino que no escucha a la justicia. Hace más de 220 días que debería haber aplicado la ley", enfatizó la dirigente.

Sobre las estrategias a seguir, Verónica Gargiulo señaló: "Un camino es el judicial. Y por el otro lado está el camino que venimos construyendo desde este la fuerza de los trabajadores. Nos está poniendo en un brete importante porque las herramientas, los aprendizajes para la lucha que tenemos históricamente, parecerían como que no están dando resultados".

No obstante, la secretaria general de Adunce advirtió que la aplicación de la ley es solo un paso necesario, pero no suficiente para resolver la crisis estructural del sistema universitario. "De todas maneras estoy convencida que el resultado de que se aplique la ley es un resultado momentáneo. Acá tenemos que estar hablando a plazos mayores. Sabemos que esto no se resuelve con la aplicación de la ley, o con un llamado a paritarias", argumentó.

Finalmente, la representante gremial concluyó que el debate debe trascender la coyuntura económica inmediata. "Esto no alcanza con la aplicación de la ley porque hay que pensar para adelante en un proyecto de país. Podemos mejorar nuestros nuestros salarios como trabajadores, pero si paralelamente o en conjunto no estamos pensando como parte importantísima para el desarrollo de este país, no serviría de nada resolver esto del momento", sentenció.

De cara al futuro inmediato, el gremio ya tiene programadas nuevas instancias de deliberación. El 5 de junio, los docentes participarán de un plenario de la Conadu para evaluar la continuidad del plan de lucha durante el resto del cuatrimestre y analizar el panorama para el segundo semestre en las universidades nacionales, manteniendo siempre la voluntad de articular acciones con el resto de los sectores de la comunidad universitaria.

Tras la masiva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, los gremios docentes comenzaron este martes el cuarto paro de una semana, que se extenderá hasta el 30 de mayo y que pone en riesgo los contenidos del primer cuatrimestre en las casas de estudio de todo el país.

La protesta encabezada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) es para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias, ya que desde que asumió el presidente Javier Milei, se estima que la pérdida del poder adquisitivo ronda el 40 por ciento para el sector.

La medida de fuerza es acompañada por todas las agrupaciones que están bajo su ala, que en la provincia de Buenos Aires incluyen a ADULP (La Plata), ADIUNQ (Quilmes), ADUM (Mar del Plata), ADUPAZ (José C. Paz) y ADUNOBA (Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires), entre otras. 

La medida afectará a la mayoría de las casas de estudios del país, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa) y de Entre Ríos (UNER).

Como el lunes 25 fue feriado, el paro esta vez se extenderá desde este martes 26 al sábado 30, consolidando una semana completa con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales. Además, a estos días se sumará una medida de fuerza de los nodocentes: serán el viernes 29 de mayo, el miércoles 3 de junio y el jueves 4.

Los gremios universitarios vienen desde principio de año profundizando su plan de lucha, lo que complica el desarrollo normal de los contenidos en muchas materias de las diversas carreras. De esta forma, el paro de esta semana se suma a otros similares que llevaron a que se pierdan aproximadamente 20 días de cursada.

En este marco, docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades estarán presentes en las clases públicas que se dictarán este martes frente al Palacio de Tribunales, para "defender" el sistema universitario nacional y "exigir" la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, la nueva jornada de protesta se extenderá desde las 11 a las 17. Profesores universitarios brindarán clases abiertas para visibilizar el "ajuste" del Gobierno nacional "que golpea salarios, becas, investigación" y el "funcionamiento" tanto de las universidades como de toda la comunidad universitaria: "Reclamamos una respuesta urgente", añadieron.

A partir de las 15, estarán presentes la abogada laboralista (UBA) y docente universitaria, Natalia Salvo; los diputados nacionales por el Partido Justicialista (PJ) Lucía Cámpora e Itaí Hagman; y el antropólogo, docente y secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi.

Un grupo de docentes universitarios de las facultades de Ciencias Veterinarias, Ciencias Humanas y Ciencias Exactas llevaron a cabo una olla popular y una charla referida a estudios recientes sobre el estado del agua en la ciudad. Fue para continuar haciendo público un reclamo doble: por la Ley de Financiamiento para las universidades, y por la continuidad de políticas estatales para la ciencia pública. A nivel local, contaron, hay científicos que deben agruparse para poder comprar reactivos que antes solventaba el Estado.

“Nosotros teníamos dos proyectos aprobados desde el 2022 para financiar investigaciones, y se cancelaron directamente. Después se abrieron convocatorias, pero nunca se cerraron y nunca se informaron. Quedó todo trunco. Los análisis no los podemos pagar de nuestro sueldo. Buscamos y estamos todo el tiempo presentándonos a  proyectos afuera. Pero es muy complejo acceder a esos proyectos de por sí y afuera mucho más. También desarrollamos un servicio para terceros, y hacemos cosas complementarias para poder pagar los estudios y comprar los reactivos. Y nos vinculamos con otras personas. Compramos entre varios un reactivo estándar y podemos hacer alguna medición”, expresó una de las docentes de Veterinarias que participó de la jornada.

La actividad se realizó en la esquina de Pinto y Rodríguez y formó parte de una serie de propuestas que los docentes impulsaron en el último tiempo con motivo de exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En el mismo sentido se habían manifestado días atrás los docentes de Adunce y los no docentes de Atuncpba junto con estudiantes de diferentes casas de estudios.

Sobre la Plaza, los docentes y vecinos que acompañaron la iniciativa hicieron una olla popular en la que compartieron tortas fritas y entregaron panfletos para visibilizar su reclamo. “Esto es para manifestar el tema de la falta de financiamiento, del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y para que la gente sepa lo que está pasando con la universidad y las ciencias en Argentina”, señalaron desde la organización.

La actividad principal de la jornada fue la “Charla Abierta sobre la contaminación del agua en Tandil”, que estuvo a cargo de la Dra. Estefanía Paz. La docente e investigadora de Conicet – Unicen dio a conocer adelantos de estudios recientes sobre el agua potable en la ciudad, pero en diálogo con El Eco también compartió las dificultades que atraviesan los científicos locales tras los recortes en financiamiento.

“Yo identifico compuestos farmacéuticos en agua potable y es algo muy caro y muy difícil de llevar adelante sin financiamiento”, señaló Paz. La investigadora detalló que se dieron de baja el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FonCyT), los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y los Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP).

Desde su grupo interdisciplinario de investigación, detalló, contaban con proyectos aprobados desde el 2022 pero que se cancelaron. Las convocatorias abiertas posteriormente, sostuvo, “nunca se cerraron y nunca se informaron”, por lo que “quedó todo trunco”.

Sin la posibilidad de afrontar la compra de reactivos y los análisis de su propio bolsillo, los investigadores recurren a rebusques: realizan servicios para terceros y hasta se agrupan para poder comprar insumos entre varios científicos.

Aun en un marco complejo para el sector, los investigadores lograron concretar algunos estudios. En su caso, contó Paz, concretó análisis durante el 2025, de los cuales presentó adelantos en un congreso realizado en Mar del Plata. La científica analizó compuestos farmacéuticos en el agua corriente de la ciudad, tomando muestras de la red formal.

“Es una medición que pagamos con restos de plata que nos quedaba. Son estudios para la gente, hechos con subsidios públicos para la gente. Tenemos números en cuanto a nitratos y en cuanto a compuestos farmacéuticos también”, adelantó sobre resultados que darán a conocer en el corto plazo.

Durante la charla abierta, la investigadora desarrolló también algunos aspectos vinculados a los nitrato y al arsénico. Además, abordó el “circuito del agua urbana” e invitó a la referente Graciela Canziani para compartir aspectos vinculados a los pedidos de informes elevados a organismos estatales a cargo del control del agua en la ciudad y la región.

Docentes, no docentes y estudiantes de la Unicen montaron una carpa en la esquina de Pinto y Rodríguez, donde llevaron adelante clases públicas, charlas y conversatorios para continuar haciendo público el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Cabe recordar, pese a haber sido aprobada en Diputados y Senadores hace 189 días, el gobierno nacional aun no hizo efectiva la normativa.

La “Carpa por la Universidad y la Soberanía” fue montada sobre la Plaza Independencia desde la mañana del martes 28. “Milei, cumplí con la Ley de Financiamiento Universitario”, decía la pancarta principal. La actividad fue impulsada por Adunce –gremio de docentes-, Atuncpba –gremio de no docentes-, la Federación Estudiantil y ATE Conicet.

La carrera de Relaciones Internacionales organizó la charla “Desarrollo político y económico del sistema internacional”, la cual estuvo a cargo de la doctora Elizabeth López y contó con una destacada asistencia. “Hoy nos encontramos en la calle llevando adelante esta carpa por la universidad y la soberanía. Es una acción que se realiza en todo el país para seguir visibilizando que hace 189 días de que no se aplica efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de una semana de paro total de actividades de la docencia en las universidades nacionales”, contó Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce.

La fecha de la actividad coincidió además con el 32do aniversario del gremio. “Son 32 años con el mismo compromiso desde que este gremio comenzó”, expresó Gargiulo al respecto.

La carpa por la universidad y la soberanía se sumó así a la lista de manifestaciones públicas que los universitarios impulsaron en la ciudad, muchas encuadradas en otras de nivel nacional. Además de paros hubo otras instancias de clases públicas, volanteadas, semaforazos y marchas en pos de visibilizar una demanda que también varió: el ajuste al sector, el reclamo por el presupuesto para el funcionamiento, luego la aprobación de la Ley de Financiamiento y en el presente la aplicación efectiva de dicha Ley.

La jornada del martes culminó con un conversatorio en el que docentes, no docentes y estudiantes pusieron en común sus diferentes realidades, de cara a lo que será una nueva marcha federal universitaria, convocada para el próximo 12 de mayo.

Otra de las propuestas de la jornada del martes 28 fue la charla pública “La paradoja de la soberanía del conocimiento”. La misma estuvo a cargo de Javier Blanco, profesor titular en la carrera de Computación de la Universidad de Córdoba, y director de la maestría Tecnología, Política y Cultura. Blanco fue también dirigente gremial, y concurrió a la ciudad invitado por Adunce para compartir sus conocimientos pero también para abrir un debate en torno al rol de la universidad pública en un contexto de profundas transformaciones.

Previo al conversatorio, el docente dialogó con El Eco. “Perder el tren ahora nos va a dejar en un lugar de muy difícil recuperación”, sostuvo sobre un presente marcado por dos aspectos: los avances tecnológicos que impactan en la producción de conocimiento, y el ajuste presupuestario a la universidad pública.

-Está invitado por Adunce a esta actividad que es de reclamo pero también involucra clases públicas. ¿Cuál es la propuesta de su charla sobre “La paradoja de la soberanía del conocimiento”?

-Javier Blanco: Lo que es conocimiento se ha transformado mucho. Dobre todo en este momento transformación tecnológica, por lo que hace que esa idea de soberanía haya que repensarla y redefinirla. No sigue siendo lo mismo que en otros momentos.

La soberanía del conocimiento es algo que siempre ha estado en tensión en nuestros proyectos. La producción de conocimiento en las universidades y en los espacios de investigación son coloniales, en el sentido de que están ordenadas desde afuera por editoriales, o centros de investigación grandes que marcan las líneas de investigación que después se siguen desde acá.

Termina siendo un sistema que no le sirve a nadie básicamente, excepto a los investigadores para sumar currículum. No digo que eso no tenga que existir, lo que digo es que hace falta repensar ese ecosistema de producción de conocimiento en otra clave.

-¿Incluso en este contexto donde el reclamo es más general en torno al financiamiento de la ciencia argentina y el financiamiento de las universidades?

-Son reclamos válidos en un contexto horrible, porque lo que hay es un recorte directamente, sin vueltas. Por lo que ha pasado en el Conicet y ni hablar con la parte de financiamiento de la producción de conocimiento, de ciencia y técnica, que ha sido completamente recortada. Becas, subsidios que son indispensables porque ciertas áreas necesitan insumos para investigar,

Ese recorte es una decisión política que tiene implicaciones terribles, sobre todo a mediano y largo plazo. Porque es justamente perder soberanía, una gran parte de soberanía en un momento en el cual se está transformando tanto el sistema de producción de conocimiento. Y perder el tren ahora nos va a dejar en un lugar de muy difícil recuperación.

Es un momento no solo para la resistencia y la defensa del sistema científico, sino también para pensar qué tipo de instituciones necesitamos en lo que viene. En un contexto en el que, como dijo un filósofo, la producción del conocimiento en breve va a ser mayoritariamente hecha por sistemas cognitivos no humanos. Las llamadas inteligencias artificiales producen conocimiento y esa producción va a superar en cantidad a la producción humana en breve.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Adunce) culminó la primera semana de paros para exigir que el gobierno nacional implemente la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el sindicato alertaron por la renuncia de docentes en la Unicen, debido al atraso salarial.

 Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce, trazó un balance de las jornadas de protesta llevadas a cabo en las distintas sedes de la Unicen "Fue la primera semana de paro de este plan de lucha que ha resuelto la semana anterior en el congreso de la Conadu. Esta primera semana podemos decir que hemos tenido un alto acatamiento a la medida de fuerza", expresó. 

Tras la finalización de los primeros días de cese de actividades, el gremio convocó a una reunión definir la continuidad de las protestas. Gargiulo confirmó que la actividad gremial no se detendrá y que se mantendrán en estado de alerta permanente: “Hoy viernes 20 a la tarde vamos a estar teniendo una reunión docente para hacer un balance de cómo la medida y para organizarnos para la próxima semana de paro docente que la tenemos para la semana del 30 de marzo”, informó.

El escenario se presenta complejo ante la ausencia de canales de diálogo institucionales con las autoridades nacionales. Desde Adunce informaron que no existieron convocatorias ni señales de una recomposición que permita paliar la crisis de los haberes. "Sin novedades por el momento en cuanto a algún tipo de llamado de parte del gobierno. Tampoco tenemos novedades de esta reforma que el gobierno intenta hacer a la ley de financiamiento. Así que expectantes y movilizados en todo el país", puntualizó la secretaria general, subrayando que la incertidumbre sobre el presupuesto universitario agrava la situación en todas las casas de altos estudios del territorio nacional.

El punto más crítico del conflicto se centra en los docentes que perciben los salarios más bajos de la escala, quienes han quedado estancados debido a la falta de actualización de los mecanismos de compensación.  “Los que menos cobran son aquellos docentes que tienen garantía salarial. En el caso de la Unicen son 515 docentes que hace un año que no tienen aumento”, sostuvo Gargiulo.

La secretaria general dio cuenta además de una situación que preocupa a la comunidad educativa universitaria:  "Hay una cuestión preocupante para el presente pero también para el futuro, de renuncias o licencias que empiezan a aparecer con mayor fuerza", advirtió.

"De esto ya habíamos comentado y empezado a hablar el año pasado, cuando habíamos visto las primeras renuncias. Bueno, hoy en día está apareciendo quizás algunos se puedan tomar una licencia, pero se están yendo aquellos que pueden a trabajos donde las condiciones son un poco mejor que estas", explicó.

Finalmente, desde el sindicato local informaron que el plan de lucha regional se integrará a una gran movilización nacional que buscará poner el tema en la agenda pública masiva durante el próximo mes. Se planifica la instalación de espacios de visibilización y una protesta masiva en las calles. "Esto es en vista de una próxima marcha eh federal, que se va a estar organizando los próximos días para el mes de abril y una carpa por la universidad y la soberanía. La idea es poder ir creando las condiciones para llegar a una marcha federal para nuevamente tener las calles llenas del pueblo defendiendo la universidad de Nacional", concluyó la representante de los docentes.

Docentes universitarios y pre-universitarios de la Unicen comienzan este lunes 16 de marzo un paro que se extenderá hasta el próximo lunes 23 de marzo. La medida de fuerza se anunció al cumplirse cuatro meses de que el gobierno nacional no aplica la Ley de Financiamiento Universitario,  aprobada por el Congreso, la cual obliga a recomponer sueldos.

Desde Adunce –el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad del Centro-, transmitieron datos que dan cuenta de la situación a nivel local: la gran mayoría cobra alrededor de 250 mil pesos, y hay 515 educadores que reciben garantía salarial y desde un año atrás no perciben aumento.

La realidad de los docentes de la Unicen se enmarca en la que también afecta a los del conjunto de las universidades nacionales. De acuerdo a la información de Adunce, desde diciembre de 2023 a la fecha, los universitarios perdieron más del 50 por ciento de su salario. En encuestas realizadas recientemente, relevaron que más del 90 por ciento de estos docentes tiene más de un trabajo.

Cabe recordar, los reiterados reclamos en las casas de altos estudios se extienden también a los investigadores, por la reducción en financiamiento a la ciencia pública, y a los estudiantes, por el ajuste en las becas.

“Hacemos paro para denunciar el incumplimiento de la ley, porque con estos salarios se está destruyendo la universidad pública, y por el recorte de becas estudiantiles”, señalaron desde Adunce en una publicación realizada a través de sus redes sociales. “Defender el salario docente es defender la universidad pública. La educación es un derecho”, agregaron.

Tras idas y vueltas, vetos presidenciales y marchas que coparon las calles de todo el país, el Congreso Nacional aprobó a fines de 2025 la Ley de Financiamiento Universitario. Entre otros aspectos, obliga a recomponer parte del salario docente perdido desde 2023, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles.

Sin embargo, a la fecha el gobierno nacional no la aplicó, pero en febrero pasado envió al Congreso una nueva ley para modificarla. Por tal motivo, gremios de docentes de universidades nacionales de todo el país anunciaron la medida de fuerza que proyectan repetir a fines de marzo y a fines de abril. En concreto, a la semana del 16 de marzo sumarán paros la semana del 30 de marzo y la del 27 de abril. A su vez, propusieron para el próximo 23 de abril una nueva Marcha Federal Universitaria, que acompañarán con carpas “por la universidad y la soberanía”.

Tales resoluciones se tomaron en el último Congreso Extraordinario de Conadu, que determinó un plenario en sesión permanente con seguimiento de las acciones para darle continuidad al plan acordado. “El plenario podrá declarar  de forma urgente el paro si la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario entra en tratamiento en comisiones”, agregaron.

“El gobierno no se niega a cumplir esta Ley de Financiamiento que supimos conseguir con el acompañamiento de la ciudadanía, en las innumerables marchas que llevamos adelante”, transmitieron desde Adunce.

“La situación está siendo dramática”, plantearon desde el gremio. Adelantaron además su rechazo al nuevo proyecto del gobierno nacional, y que el avance del mismo supondrá nuevas medidas de fuerza y hasta un posible paro por tiempo indeterminado.

Cabe recordar, los docentes universitarios locales vienen llevando a cabo constantes manifestaciones públicas tanto para reclamar por salarios como para visibilizar el complejo presente de la ciencia pública y la investigación. En ese sentido hicieron volanteadas, semaforazos, clases públicas, marchas y otras iniciativas a los fines de dar cuenta a la ciudadanía de la realidad de la Unicen.

Los docentes de Conadu Histórica concretarán el lunes 16 de marzo el primer paro universitario nacional hasta el viernes 20, para retomar las clases con normalidad el lunes 23 de marzo, en reclamo de la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

Sin embargo, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51 por ciento adeudado por la recomposición salarial.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, Laura Carboni, expresó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que la propuesta impartida desde el sindicato “tiene que salir de manera nacional” y, por ese motivo, se encuentran discutiendo qué medidas se tomarán.

“Nosotros votamos el paro por tiempo indeterminado en nuestra asamblea, el martes pasado, para traer el mandato al congreso de la Federación  de la Conadu Histórica. La medida de lucha tiene que salir de manera nacional y en caso de que así no sea, nosotros arrancamos el paro el 16 y ya el día 20 tendremos otra asamblea nuevamente para definir cómo continuamos”, explicó.

Y añadió que “la medida tiene que ser ratificada por el congreso de la federación para que sea de todas las universidades nacionales”.

Por el momento, el paro convocado por la Conadu Histórica y el Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc) será de una semana, con posibilidad de extenderse.

El reclamo por el aumento salarial está vinculado al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una ley aprobada en el Congreso el año pasado, vetada por el presidente Javier Milei pero reafirmada en ambas cámaras.

En cuanto al 51 por ciento que reclaman los docentes, la cifra surge de la diferencia entre los aumentos salariales, otorgados de forma unilateral por el Gobierno, y la inflación.

“Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria, en defensa del salario y la universidad pública. La nueva maniobra del Gobierno Nacional para no acatar la Ley es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12 por ciento, en lugar del 51 por ciento adeudado, y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026. Eso es inaceptable. Planteamos la necesidad de una convocatoria a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso”, concluyó Carboni. (NA).

Los docentes de las universidades nacionales declararon un paro de al menos una semana en reclamo de la aplicación de ley de financiamiento para las casas de altos estudios, medida de fuerza que retrasará el inicio del ciclo lectivo previsto para el 16 de marzo.

La decisión de parar fue aprobada por los gremios nucleados en la CONADU durante un plenario de secretarios generales realizado hoy, en el que además advirtieron sobre la posibilidad de ir a una medida de fuerza por tiempo indeterminado si el gobierno no aplica la ley.

La ley eleva el monto destinado a los gastos de funcionamiento de las universidades y, al mismo tiempo, establece una actualización retroactiva para los salarios de los docentes, que además quedan atados a la inflación.

El gobierno la vetó luego de oponerse a ella durante su tratamiento en el Congreso, que insistió con dos tercios de los votos. El Ejecutivo se negó a aplicar de modos y prolongó el rechazo, pese a un fallo judicial que lo obliga a hacerlo.

Ahora, el gobierno avanzó con un nuevo proyecto de ley, que aspira a que se trata tras el período de sesiones extraordinarias del congreso que termina mañana, en el que otorga un aumento de fondos y de salarios, pero muy inferior al que establecía la ley incumplida.

Detrás de cada paro, de cada denuncia por la compleja situación salarial de los docentes universitarios, hay historias de vida. Una es la de Fernanda, que hace casi 20 años que trabaja en la Unicen y cobra 1 millón de pesos. Otra, la de Romina –licenciada, magister, y doctora en Relaciones Internacionales-, quien dicta clases desde hace 9 años y su sueldo llega, por poco, a los 300 mil pesos. Los números pueden ayudar a dar cuenta de algunos de los porqué del reclamo en marcha.

Más allá de los rebusques -por ejemplo, para mandar a sus hijos a practicar un deporte-, las docentes siguen eligiendo su trabajo por la posibilidad que tuvieron de formarse en la universidad pública y por la convicción de que estudiar sirve. “Por supuesto, tengo mi corazón en la Universidad del Centro”, dice Romina, ayudante diplomada en Teoría y Metodología de la Investigación Científica, materia de cuarto año de Relaciones Internacionales. Fernanda –licenciada en Ciencias de la Educación- asintió, pese a que se emocionó hasta las lágrimas al confesar que con su sueldo le alcanza hasta los días 20 de cada mes.

En diálogo con El Eco de Tandil, Romina y Fernanda contaron su historia en la Unicen, pero también dieron cuenta de la situación que empuja a los docentes de Adunce –y a los no docentes de Atuncpba-, a marchar, a hacer volanteadas, semaforazos clases públicas y a manifestarse durante tres días consecutivos.

El motivo principal es simple, que el gobierno nacional reglamente y aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, una normativa que les permitiría a los trabajadores recuperar parte del porcentaje salarial que les redujeron en los últimos dos años. Pero la medida de fuerza se lleva a cabo además para tratar de volver a realizar algunas de las actividades básicas de los universitarios, como asistir a seminarios, presentar trabajos, generar proyectos de extensión, entre otras.

“La universidad es posibilidad, es vida y es futuro. Aunque estemos en este reclamo, tuvimos la oportunidad de llegar a la universidad, de transitarla y terminarla. Y tenemos que seguir, haciendo lo que podamos para que muchos estudiantes que hoy están, puedan terminar, tenemos que seguir trabajando para que otros puedan llegar, permanecer y graduarse. Y esta es la responsabilidad de todos los que hacemos la universidad”, dijo Fernanda.

“Yo particularmente no tengo otro trabajo, y llego al veinte de cada mes”, contó Fernanda. Oriunda de Bolívar, llegó a Tandil para estudiar Ciencias de la Educación. Se graduó en la Unicen y desde hace 19 años forma parte de la planta docente del Rectorado, con tareas en la Secretaría Académica. Trabaja con espacios formativos y de acompañamiento a estudiantes y futuros estudiantes tanto en Tandil como en la región. Aunque parte de los programas que llegaban a Benito Juárez, Tapalqué, Azul y otras localidades no pudieron sostenerse por falta de financiamiento.

Además de su formación, tiene casi dos décadas de experiencia en lo que hace. A la fecha cobra un millón cincuenta pesos. Practica atletismo, pero elige una carrera al año para competir, y contó de más de un rebusque para lograr que su hija siga yendo a hockey.

Romina estudió en la Facultad de Ciencias Humanas, pero después hizo una maestría y un doctorado en la Universidad de Quilmes. Fue becaria doctoral y posdoctoral de Conicet, por lo que además de docente es investigadora y extensionista. Desde su cátedra acompaña a estudiantes en la producción de la tesis para recibirse.

Más allá de paros y reclamos, lo que surge del diálogo con ambas docentes es su convicción de que estudiar en la universidad sirvió y sirve. Por su impacto en la vida de las personas y por haber formado profesionales durante décadas, que hoy se desempeñan en el ámbito público y privado de Tandil y toda la región. “Necesitamos diversidad de profesionales, conocimiento y energía para nuestro sistema productivo y social”, señalaron.

El paro de tres días que llevaron adelante docentes y no docentes de la Unicen –como en todo el país-, fue otra de las tantas iniciativas públicas por mejoras salariales. El reclamo continuará por lo menos hasta que el gobierno nacional implemente la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso. Fernanda y Romina también continuarán dando clases todas las semanas.

Las universidades nacionales recibirán en 2026 unos 4,8 billones de pesos, un aumento que de todos modos es rechazado por los rectores, que reclaman la aplicación de la ley sancionada por el Congreso y que establecía un mecanismo de actualización de sus recursos en forma progresiva.

Las partidas que se destinarán a esas casas de estudio están contempladas en el Presupuesto 2026 que el Gobierno buscará aprobar, con el apoyo de sus aliados, en las sesiones extraordinarias que se realizarán entre el 10 y el 31 de diciembre.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIC) solicita que se asignen 7,2 billones de pesos para poder hacer frente al gasto de mantenimiento de las universidades, además de una recomposición salarial del personal docente y no docente.

El Gobierno rechaza esa petición, pero diputados aliados del oficialismo no descartan que haya algún incremento para las casas de estudio, según informaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

La ley de aumento de los fondos para las universidades fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial, pero el Gobierno decidió no aplicarla al sostener que no se definía de dónde saldrían los recursos, lo que generó un fuerte rechazo de sectores opositores.

La administración libertaria además estableció en el Presupuesto Nacional los criterios que tendrán que seguir las universidades de rendición de gastos para obtener los recursos que se proyectan para cada una de esas altas casas de estudio.

En ese sentido, se dispuso que deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto.

“El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, agrega el proyecto.

A su vez, sostiene que “el presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de educación y cultura; salud y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución presupuestaria y contable, así como la cuenta de inversión deberán considerar asimismo el clasificador funcional”.

Tampoco se aplicará por tercer año consecutivo la ley de Financiamiento Docente que establecía que debía destinarse el 6 por ciento del PBI, ni se aplicarán los niveles de inversiones establecidos en la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.

Con respecto a la ley de Financiamiento Educativo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) destacó que el Gobierno decidió “derogar los pisos de inversión de la Ley de Educación Nacional” y señaló que “la modificación planteada consiste en la eliminación de valores de referencia establecidos por norma quedando dichas asignaciones definidas anualmente por las respectivas leyes de presupuesto”.

“El objetivo de inversión del 6 por ciento del PIB para el sistema educativo registró cumplimiento en un solo ejercicio”, señaló la OPC.

Además, destacó que “el piso del 0,2 por ciento de los ingresos corrientes para la Educación Técnico Profesional sólo se alcanzó en su primer año de existencia de ese fondo. En lo que respecta a Ciencia y Tecnología, nunca se alcanzaron las metas de crecimiento progresivo para la función” (Por Silvia Rajcher para NA).

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica convocaron a un paro nacional de 72 horas para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre. La medida de protesta se da a modo de reclamo de una recomposición salarial urgente y la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que garantice un presupuesto acorde a las necesidades del sistema público.

La medida fue resuelta durante los congresos nacionales de ambas federaciones, que reunieron a delegados de asociaciones de base de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, adhieren todas las universidades.

Desde las organizaciones sindicales explicaron que el paro busca visibilizar el deterioro de los salarios docentes y la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional frente a los reclamos. “Nuestros ingresos quedaron muy por debajo de la inflación y varias universidades ya declararon la emergencia presupuestaria porque los fondos actuales no alcanzan para terminar el año”, advirtió Luis Tiscornia, secretario general de Conadu Histórica.

El gremio también exige la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), suspendido a comienzos de este año, además de la eliminación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios. “El deterioro salarial es evidente, y el impuesto sigue afectando a más trabajadores porque ni siquiera se actualizan las escalas”, agregó Tiscornia.

Durante las jornadas de protesta se realizarán clases públicas, asambleas y volanteadas en distintas universidades del país. Las jornadas contarán con el acompañamiento del movimiento estudiantil, para reclamar políticas concretas que garanticen la continuidad del sistema universitario.

La Conadu adelantó que el próximo miércoles 12 se celebrará una reunión paritaria con el Ministerio de Educación de la Nación, donde exigirán “respuestas inmediatas” a los reclamos. En el mismo encuentro las federaciones resolvieron que, si no hay avances, se podría afectar el inicio del ciclo lectivo 2026 y avanzar en una acción judicial conjunta con el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) para exigir la apertura de paritarias.

Los docentes de la Unicen llevaron a cabo una nueva medida de fuerza luego de que el gobierno nacional haya decretado la suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Con un acatamiento alto –según estimaron-, realizaron un paro y volvieron a denunciar la compleja situación que viven con respecto al atraso salarial y a la falta de fondos para las tareas de investigación y extensión.

“Siempre nos dijeron que estábamos agrandando los datos sobre lo que perdimos. Pero si uno se fija en la promulgación de la Ley, ellos mismos están diciendo que los sueldos universitarios están atrasados más de un 40 por ciento, con lo cual nos están dando la razón”, transmitió Marcelo Stipcich, secretario adjunto de Adunce, el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad del Centro.

La medida de fuerza fue otra de las manifestaciones que los trabajadores de la Unicen llevaron a cabo en pos de asegurar el financiamiento que asegure el funcionamiento, desarrollo y acceso a la universidad pública, así como también de actualizar los salarios de los propios educadores. La renuncia de docentes e investigadores –alertaron en reiteradas oportunidades-, es una de las realidades que comenzaron a registrar en el último tiempo.

Pese al veto presidencial, la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por Diputados y Senadores. El gobierno nacional promulgó la normativa, pero mediante un decreto suspendió su aplicación, argumentando que el Congreso deberá definir el origen de los fondos para tal fin.

“Esta decisión está infundada y tiene muchas falacias. Por ejemplo, el gobierno dice que debería generar mayor emisión de dinero para pagar la Ley. Eso no es cierto, porque la Ley en sus fundamentos establece cómo se debería sacar el dinero para pagarlo”, explicó Stipcich.

El docente agregó también que  “el gobierno dice que son cifras siderales, pero son un poco menos de la mitad de lo que el gobierno perdió en los tres días que liberó la venta de granos. Las exportadoras ganaron en tres días el doble que lo que estamos necesitando nosotros por un año de funcionamiento”.

El docente adelantó que el CIN –el consejo que reúne a los decanos de las universidades nacionales-, se reunirá para definir medidas legales para revertir la decisión del gobierno nacional de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Alertó además por la “normalización” del atraso en cuestiones salariales, pero sobre todo de financiamiento de becas, subsidios para ciencia y tecnología, y otros. Remarcó que la misma promulgación de la Ley reconoce la falta de actualización y que “si uno mira la inflación de este año nada más, tenemos un porcentaje de aumento del IPC del orden  del 23 o 24 por ciento, y nuestros salarios crecieron solamente un 12 por ciento en salarios brutos”. Pero en particular hizo mención a que en la Universidad está establecida una garantía salarial que asegura un monto mínimo, el cual permanece sin variaciones desde hace siete meses. “Entonces, esas son las cosas que más nos preocupan. ¿Qué podría hacer un ciudadano si en su trabajo pasaran cosas parecidas a las que estamos describiendo acá?, preguntó.

Destacó la lucha universitaria –tanto de docentes como de no docentes en el conjunto de las universidades nacionales-, y en función de que la liberación de la exportación de granos produjo en tres días los fondos para el financiamiento de las universidades por un año, consideró que “lo que nos demuestra cualquier análisis que uno pueda hacer respecto a eso es que la educación está muy por debajo de cualquier otro de los intereses de este gobierno”.

El acatamiento al paro, aseguró, fue “muy alto”. Sin contar con números precisos, hizo mención a la poca actividad registrada en el Campus durante la jornada de lucha.

Los gremios docentes universitarios de todo el país llevarán adelante nuevas jornadas nacionales de protesta este martes 21 y miércoles 22 de octubre, debido a la “dilación del Poder Ejecutivo de promulgar y ejecutar la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario”. 

La medida fue decidida por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). La misma consistirá en un “paro de 24 horas a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales" sumado a la "visibilización del conflicto durante toda la semana próxima”.

“La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente”, contextualizaron desde Conadu. “En paralelo, sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad”, continúa el comunicado de los docentes.

“En este contexto, y por la falta de diálogo que desconoce a las paritarias del sector, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces”, señaló Carlos De Feo, Secretario General. En esa misma línea, resaltó que "el ataque del Gobierno se centra también en el modelo sindical a través de la negación de las paritarias universitarias desde hace un año”.

Representantes de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Adunce) estuvieron presentes en el plenario de Conadu, por lo que los docentes de la Unicen se sumarán a las jornadas de protesta y paro.

Autoridades, estudiantes, docentes, no docentes e investigadores de la Unicen convocaron a toda la comunidad de Tandil a sumarse a la Marcha Federal en apoyo a la universidad pública. La convocatoria será el miércoles 17 de septiembre a partir de las 16 en la esquina de Rodríguez y Garibaldi, y tal como sucederá en diferentes ciudades del país, la consigna será a favor de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. 

“Estemos en la calle, sin expresiones partidarias, simplemente con expresiones argentinas, con expresiones de nuestros trabajadores, de nuestros estudiantes, demostrando que a la sociedad le importa su universidad pública y la quiere proteger. Y esperamos que quienes tienen que tomar las decisiones, tomen las decisiones que corresponden para que esto sea así”, sostuvo Marcelo Aba.

El rector fue el principal orador en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la vicerrectora Alicia Spinello, la estudiante Evangelina Gutiérrez –vicepresidenta de la Fucba-, la docente Verónica Gargiulo –secretaria general de Adunce-, el no docente Juan Loidi –secretario general de Atuncpba-, y Hernán Gasparini en representación de los investigadores nucleados en ATE Conicet Tandil.

La del hoy será la tercera marcha federal universitaria, una de las convocatorias que tanto a nivel nacional como también a nivel local, contó con una gran participación ciudadana. “Ante el veto de la Ley de Financiamiento, Marcha Federal Universitaria”, señala el anuncio de la movilización de Tandil, que también se replicará en las subsedes de Quequén, Olavarría y Azul.

La marcha fue convocada para el miércoles 17 ya que esa será la jornada en la cual la Cámara de Diputados de la Nación volverá a tratar la Ley de Financiamiento” luego de que el presidente Javier Milei haya vuelto a vetar la iniciativa.

“Venimos de días complejos y nos aproximamos al miércoles que para nosotros va a ser un día que va a marcar grandes decisiones para el sistema universitario y para el sistema científico, en cuanto va a marcar la posibilidad de que el Congreso revierta el veto a una Ley que viene a traer alivio a una situación que cada día se hace más compleja en el sistema universitario”, planteó Aba al respecto.

El rector hizo mención además al agravamiento no solo de los salarios docentes y no docentes, sino también de las condiciones de funcionamiento de las universidades públicas y el sistema científico nacional, los cuales “están recibiendo un ataque muy brutal”, según sostuvo. “La sociedad quiere sostener sus universidades y para eso esta Ley resulta vital”, sumó.

Aba señaló además que uno de los objetivos de la convocatoria es “mostrar el apoyo de la ciudadanía” a la mencionada Ley, y en ese sentido hizo “una invitación muy especial a las familias de nuestra comunidad, a todos los estudiantes, a todos quienes consideren que la universidad es una verdadera herramienta de progreso social, de promoción social, y también de crecimiento de las sociedades, una herramienta de generación de soberanía, de generación de conocimiento”.

De parte de los estudiantes, Gutiérrez planteó las dificultades para acceder a becas que permitan a los alumnos poder formarse en la universidad pública. “La situación está muy compleja como para que se le pongan aún más requisitos a los estudiantes que hoy en día también tienen que salir a trabajar para poder estudiar. Por eso convoco a todos los estudiantes a que mañana vayan a la marcha”, dijo la vicepresidenta de la Fucba.

Como representante de los investigadores nucleados en ATE Conicet, Gasparini planteó que garantizaron un paro para la jornada del miércoles 17 para asegurar que científicos y científicas puedan concurrir a la movilización. “Acompañar esta marcha es clave, no solamente para la ciudad, sino también para todo el país, cuando estamos viendo que hay un desfinanciamiento enorme, terrible para la ciencia y para la tecnología. La discusión sobre el presupuesto educativo, sobre el presupuesto para la ciencia, sobre el presupuesto para la investigación, es parte neurálgica de nuestro país, es fundamental para nuestro desarrollo, para el desarrollo de nuestros pibes y de nuestra nación”, sumó.

Loidi –secretario general del gremio de los trabajadores no docentes-, también convocó a la ciudadanía en general para sumarse a la marcha. “Esto no es solamente para defender a la universidad o a la educación pública. En este momento el gobierno ataca la cultura, ataca la salud, ataca a los jubilados. O sea que la marcha sea también por todos ellos que están siendo ninguneados por este gobierno. Así que le pedimos a toda la ciudadanía para que nos acompañen en esta nueva patriada”, expresó.

Verónica Gargiulo –secretaria general del gremio de docentes universitarios-, hizo mención al amplio acompañamiento con el que contará la convocatoria –como el de sindicatos y jubilados-, “no hemos dejado de levantar las banderas de la universidad pública, no lo vamos a hacer, y esta Ley no se tiene que vetar”, concluyó la docente.

Los docentes de la Unicen - tanto de las diferentes Facultades como de la Escuela Sábato-, se manifestaron luego del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Fue en el marco de un “semaforazo” en la esquina de Pinto y Rodríguez. En el lugar entregaron volantes, charlaron con vecinos, pintaron banderas y continuaron reclamando por partidas no solo salariales sino también para investigación y hasta funcionamiento básico. Confirmarn que el próximo miércoles 17 de septiembre realizarán una nueva Marcha Federal Universitaria. 

“La universidad pública está siendo vaciada”, transmitió uno de los docentes convocados. “Tocá bocina si apoyás a la universidad pública” y “Sin universidad pública no hay futuro” fueron algunas de las pancartas que los universitarios llevaron a la manifestación. “Hay marcha. No al veto”, decía por otro lado la bandera que desplegaron de cara a la próxima Marcha Federal, para la que esperan una convocatoria masiva como fueron las anteriores.

Pasadas las 10:30 del viernes 12 de septiembre, los docentes se reunieron en la mencionada esquina, de la misma manera que miles de universitarios de todo el país. Fue en la segunda jornada de paro convocado luego de que se confirmara otro veto presidencial a la legislación que contó con el apoyo de amplios sectores políticos, pero también sociales y culturales.

“El reclamo concreto es que se aumenten las partidas por la universidad. Cuando hablamos de eso no estamos hablando solamente de salarios sino que estamos hablando, por ejemplo, de presupuestos para ciencia y tecnología presupuestos para extensión, presupuestos para funcionamiento básico. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a funcionar a media máquina”, compartió uno de los docentes investigadores.

La legislación vetada, consideraron los docentes, significaba un principio de solución para los atrasos presupuestarios para la educación pública en general y para la universidad en particular. “Claramente lo venía a solucionar, porque justamente habla de primero una puesta al día con las partidas que deben, que esas partidas incluso incluyen los salarios. Pero no quiero centrarme solamente en los salarios porque sería muy injusto. Tenemos muchas más deficiencias, hoy estamos hablando de que la universidad está siendo vaciada. Es eso, no hay otra manera de describirlo”, señaló Marcelo Stipcich, docente investigador y referente de Adunce, gremio que representa a los docentes de la Unicen.

“No solo nos falta plata del salario, nos faltan insumos para trabajar. En mi grupo de investigación estamos haciendo una vaquita para comprar tóner de impresora. Y esas cosas no se ven desde los últimos meses del gobierno de Alfonsín”, amplió.

El docente dio cuenta de una demanda sostenida de parte de la comunidad universitaria en el último año y medio. En concreto, el reclamo por partidas que permitan asegurar el funcionamiento integral de las universidades, tanto de las clases como de los centros de investigación, los congresos, los viajes de estudio, y los avances de los proyectos que suponen el desarrollo de la ciencia pública nacional.

“A principios de año se hace una estrategia por grupo y se va hasta donde se puede. Hoy los investigadores tenemos que pagar para, por ejemplo, acceder a una publicación. Y también eso se piensa, porque las publicaciones son las nos dan –a los investigadores y a los docentes- de alguna manera puntaje para cuando seamos evaluados. No nos olvidemos que desde el punto de vista de la docencia nos evalúan cada cuatro años y desde el punto de vista de la investigación cada uno o dos años”, sumó.

De cara a una esperada nueva presentación de la Ley de parte de la oposición, el docente señaló que “siempre va a haber esperanza, y acá estamos, con la misma esperanza. Y si no llega a salir seguiremos saliendo a la calle, donde corresponde”, concluyó.