La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Adunce) recordó que "hace un año que el gobierno nacional decide no cumplir con la Ley de Financiamiento”.

La ley que actualiza los montos salariales de trabajadores universitarios docentes y no docentes pasó por cuatro sesiones en el Congreso Nacional, pero también fue vetada por el presidente. Tras idas, vueltas y marchas masivas que se llevaron a cabo en todo el país en defensa de la universidad pública, la normativa se aprobó de manera definitiva en octubre de 2025.

La situación se vincula de manera directa con la crisis del sistema universitario, una realidad que tiene su impacto a nivel local: las diferentes marchas convocaron a una significativa cantidad de vecinos y vecinas, docentes, no docentes y hasta autoridades universitarias han planteado en reiteradas ocasiones los efectos del ajuste en la Unicen. En el mismo sentido se manifestaron científicos y científicas.

Los docentes nucleados en Adunce emitieron un comunicado para recordar el primer aniversario desde la sanción de la Ley, la cual consideraron fundamental para garantizar el funcionamiento de las instituciones de enseñanza superior en todo el país.

La situación, plantearon desde Adunce, afecta a más de 60 universidades nacionales, casi 2 millones de estudiantes, 160 mil docentes y 50 mil trabajadores no docentes y ha generado un profundo malestar en la comunidad académica. 

Los universitarios enfatizaron que la falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales no solo compromete el presente de la educación pública, sino que pone en riesgo el futuro del desarrollo científico y profesional de la Argentina, en un contexto donde los recursos son vitales para sostener la calidad educativa y la infraestructura necesaria para el dictado de clases.

En su descargo, el gremio fue tajante al señalar la gravedad institucional de este incumplimiento prolongado. "Milei lleva un año sin cumplir una ley que fue votada a favor 6 veces en el Congreso Nacional, algo inédito en la historia argentina. Esto da cuenta del carácter profundo, federal y transversal que tiene la universidad pública para nuestra sociedad", expresaron desde la organización sindical, subrayando que la desobediencia a las leyes votadas por el parlamento debilita el sistema democrático.

El reclamo también apuntó directamente hacia el Poder Judicial, al cual le exigieron una resolución inmediata. Actualmente, existe un fallo de primera instancia y una medida cautelar que dictaminaron la inconstitucionalidad del decreto que suspende la ley. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aún debe ratificar esta decisión. 

"El poder judicial no puede dar un paso adelante y dos atrás. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal debe resolver urgente y confirmar el fallo de primera instancia que afirma que la ley debe cumplirse", manifestaron los docentes.

Por otro lado, la mirada está puesta en el debate parlamentario que se desarrolla en el Congreso. "El Poder Legislativo se encuentra debatiendo el Presupuesto 2027 y debe incluir allí la Ley de Financiamiento Universitario", señalaron desde Adunce, instando a los legisladores a garantizar los fondos necesarios para el próximo ejercicio fiscal.

Esta exigencia busca blindar el presupuesto universitario frente a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, asegurando que los recursos lleguen efectivamente a las casas de altos estudios que hoy atraviesan una crisis presupuestaria significativa.

"El Poder Ejecutivo debe cumplir la ley. Y mientras no lo haga toda la comunidad universitaria y el conjunto del pueblo seguirá luchando", advirtieron desde el gremio, dejando en claro que la resistencia persistirá mientras los derechos educativos sigan siendo vulnerados. 

Para los docentes, la defensa de la universidad pública es una causa nacional que trasciende los intereses sectoriales y se vincula directamente con la soberanía y el progreso del país.

Finalmente, el comunicado concluyó con una fuerte crítica a la clase política y a la gestión actual. "Hay responsables y hay cómplices de este pisoteo a la democracia, a las instituciones republicanas y a la división de poderes", sentenciaron desde Adunce.

Con esta declaración, el sindicato reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, asegurando que seguirán visibilizando la problemática hasta que se logre el cumplimiento efectivo de la ley y se garantice el futuro de la patria a través de una universidad financiada y fortalecida.

Los docentes de las universidades nacionales comenzarán este miércoles un paro de 72 horas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%, en una nueva escalada del conflicto que mantienen los gremios del sector con el gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza se extenderá desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre inclusive, y contará con la participación de la CONADU y la CONADU Histórica en conjunto. 

Las organizaciones sindicales exigen que el Ejecutivo aplique el incremento salarial previsto por la legislación vigente y abone el retroactivo correspondiente a los trabajadores universitarios, que mantienen el conflicto con el Gobierno nacional desde el comienzo de la actual gestión.

Vale precisar que la nueva medida de fuerza se resolvió luego de que los representantes gremiales rechazaran la última propuesta presentada por la administración libertaria durante la negociación paritaria, que contemplaba un aumento del 3 por ciento. Los sindicatos consideran que la oferta no alcanza a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada por los docentes universitarios y que la propuesta profundizó el malestar del sector.

Ante este escenario, el conflicto también se profundizó en distintas casas de estudio del país, donde sectores docentes impulsan medidas de mayor alcance. De hecho, en las universidades nacionales de Rosario, Córdoba, General Sarmiento y del Sur, las bases avanzaron con propuestas de huelgas más extensas e incluso con reclamos para iniciar paros por tiempo indeterminado.

Además, el reclamo salarial se suma a los cuestionamientos por el financiamiento del sistema universitario, un debate que volverá a ocupar un lugar central durante la discusión del Presupuesto 2027. Según el material difundido por los gremios, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que las universidades necesitan alrededor de 11 billones de pesos, mientras que la proyección oficial contempla cerca de 7,4 billones de pesos.

En paralelo, las federaciones universitarias preparan la 5° Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo 15 de octubre por organizaciones sindicales, estudiantiles y autoridades de las unidades académicas, con el objetivo de reforzar el reclamo por los salarios y el presupuesto universitario en pleno recrudecimiento del conflicto con el Gobierno nacional.

El nuevo paro universitario de 72 horas coincidirá también con el vencimiento de una intimación judicial para que la gestión libertaria cumpla con una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, otorgó al Ejecutivo un plazo de cinco días hábiles para ejecutar la resolución. La cautelar ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios de docentes y no docentes y de los programas de becas estudiantiles.

Según las organizaciones, la recomposición pendiente ya alcanza el 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, a lo que se suman las actualizaciones posteriores correspondientes. 

Finalmente, el expediente atravesó distintas instancias judiciales desde fines de 2025, mientras que las autoridades nacionales sostienen que presentaron documentación para acreditar el cumplimiento de la resolución y anticiparon que apelarán la nueva intimación. El magistrado, por su parte, dejó abierta la posibilidad de aplicar multas ante un eventual incumplimiento, en momentos en que los gremios universitarios profundizan su plan de lucha.

Los docentes y nodocentes de las universidades nacionales volverán a realizar este martes 22 de septiembre un paro en reclamo de mejoras salariales y de la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza representa una continuidad de la acción llevada a cabo el viernes pasado, luego de que se registrara un nuevo fracaso en la instancia de negociación paritaria.

Debido a esta situación, las actividades académicas en las universidades y en los colegios preuniversitarios recién se normalizarán el miércoles. El cronograma de protestas se vio afectado por el Día del Estudiante, celebrado este lunes, lo que generó una acumulación de varios días sin dictado de clases. Los trabajadores nucleados en el Frente Sindical de Universidades Nacionales resolvieron implementar un paro de 48 horas, afectando los días viernes 18 y el martes 22 de septiembre. Asimismo, el sector confirmó que se movilizarán en todas las provincias el jueves 15 de octubre.

Más allá de estas protestas, que ya suman más de 30 días sin clases, desde los gremios no descartaron la posibilidad de implementar otras medidas de fuerza en los próximos días. La última agenda de reclamos se precipitó luego de que el Gobierno ofreciera, el jueves pasado, un 3% de aumento para septiembre y un 3% para octubre, propuesta que no presentó cambios respecto a la anterior. Por este motivo, la reunión mantenida en el Palacio Pizzurno finalizó a los pocos minutos.

Además de aguardar una oferta superadora, los sindicatos exigen los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario. El pedido central consiste en una recomposición del 32,5% que perdieron los salarios durante los primeros años de la administración nacional de Javier Milei. Por su parte, desde el Gobierno cuestionan las cifras solicitadas al afirmar que la aplicación total de la ley todavía no fue ordenada por la Justicia. Voceros oficiales sostienen que la cautelar habilitó ajustes en becas y salarios, y que el aumento previsto para octubre deja la remuneración por encima de lo establecido en el fallo.

El contexto del conflicto es complejo. El Ejecutivo asignó 7,3 billones de pesos para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los 11 billones que reclaman los rectores para cubrir salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales.

Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y nodocentes, mientras que el resto se destina a gastos de funcionamiento, obras e investigación.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) llevó a cabo el pasado martes una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo con el objetivo de exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de los fallos judiciales pendientes. La medida, que se extendió durante toda la jornada, contó con la participación de los 13 decanos de las distintas facultades.

Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) denunciaron la inacción del Poder Ejecutivo. En un comunicado oficial, expresaron: “A pocos días de cumplirse un año de la sanción de la Ley de financiamiento universitario, el gobierno de Javier Milei sigue sin cumplir con su aplicación”.

Por su parte, Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN, enfatizó la importancia de la movilización: “Hoy la universidad pública sale a la calle para mostrarle a toda la sociedad una realidad que el Gobierno pretende ignorar”. En relación a los reclamos específicos, el dirigente precisó: “Hay una ley vigente que debe cumplirse, salarios que necesitan una recomposición del 33,4% y estudiantes cuyas becas también deben actualizarse”. Asimismo, subrayó: “No estamos pidiendo privilegios: estamos exigiendo que se cumpla la ley y que existan las condiciones necesarias para sostener una universidad pública de calidad”.

Además de las clases magistrales, la jornada incluyó servicios gratuitos para la comunidad, tales como atención en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, junto con asesoramiento jurídico, contable y orientación psicológica. También se exhibieron proyectos de investigación, entre ellos un auto de carrera construido por estudiantes y docentes.

El reclamo se centra en la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Tras el decreto 759/2025, que condicionaba la ejecución de la norma, la Justicia intervino a través de diversas presentaciones. En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una cautelar sobre los artículos 5 y 6, mientras que el 1 de septiembre el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar de forma inmediata las partidas destinadas a funcionamiento, salarios y becas, señalando que el impacto fiscal representa solo el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

Ante la falta de respuestas, los gremios advirtieron que, si no hay cumplimiento antes de la primera semana de octubre, se convocará a una quinta Marcha Federal Universitaria.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, negó que exista un desfinanciamiento. “Es falso, antes con la inflación se licuaba el gasto en universidades mes a mes. Eso ya no pasa. Además subimos un 24% los sueldos docentes y su medio no dijo nada”, afirmó. El funcionario sostuvo que el Congreso aprobó gastos sin establecer el financiamiento y concluyó que el Presupuesto 2027, presentado ante Diputados, es el ámbito adecuado para discutir las partidas universitarias.

En el marco del paro realizado durante el martes 8 de septiembre, docentes de la Unicen nucleados en Adunce ratificaron una serie de medidas de fuerza de cara a lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria, la primera semana de octubre. Durante septiembre habrá clases públicas y una movilización al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.

“Podemos decir que es un paro lo suficientemente contundente y que es la respuesta a las dilaciones que está teniendo el gobierno. Seguimos reclamando por la aplicación de la Ley Universitaria. Vamos a seguir con clases públicas la semana del 15, y una consulta nacional universitaria para poder tener la voz de todos y todas las docentes en cómo continuar nuestro plan de de lucha”, expresó a El Eco la secretaria general de Adunce, Verónica Gargiulo.

A través de una comunicación pública, Adunce confirmó su adhesión a lo decidido en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la CONADU. La asamblea decidió una serie de acciones gremiales en todo el país, como parte de un plan de lucha que busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las instituciones de educación superior. 

Desde Adunce, el gremio que nuclea a los docentes universitarios de la Unicen, se han hecho eco de estas medidas, reafirmando la necesidad de exigir al gobierno nacional la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que, pese a haber sido aprobada por ambas cámaras del Congreso, continúa sin ser implementada por las autoridades nacionales.

El cronograma de actividades definido por el Frente Sindical contempla un paro nacional para este martes 8 de septiembre, seguido por una jornada de clases públicas el 15 de septiembre. 

Asimismo, se ha convocado a un acto frente al Palacio Pizzurno para el 17 de septiembre, fecha en la que se llevará a cabo la próxima reunión paritaria. El objetivo es acompañar la instancia de negociación con una fuerte presencia en las calles, exigiendo una recomposición salarial y presupuestaria acorde a las necesidades del sector.

En relación con la continuidad del conflicto, desde Adunce transmitieron lo expresado por Clara Chevalier, secretaria general de Conadu: “Llevamos dos años y medio de ataque continuo a la universidad pública y más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La próxima reunión paritaria está convocada para el 17 de septiembre. El gobierno nacional debe saber que si en esa fecha no presenta una oferta consultable, la voz de la docencia de las universidades nacionales se hará escuchar nuevamente en las calles”.

Consulta Nacional Docente

Como parte de la estrategia para definir los pasos a seguir, la Conadu lanzó una Consulta Nacional a la Docencia de las Universidades Nacionales. Este proceso, que será de carácter presencial, comenzará el lunes 14 de septiembre en todo el territorio nacional. 

Los resultados obtenidos en esta consulta, junto con los mandatos surgidos de asambleas y reuniones de cada sindicato de base, servirán como insumo principal para el próximo Plenario de la Federación, donde se terminará de delinear la hoja de ruta hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre.

Durante la sesión del Plenario, los representantes gremiales destacaron la importancia de mantener la unidad en el reclamo. En un gesto simbólico, los secretarios y secretarias generales sesionaron en honor a Norberto Galasso, reconocido intelectual comprometido con la historia y la soberanía popular.

El marco reforzó el sentido de la lucha, que no solo se limita a la cuestión salarial, sino que se posiciona como una defensa integral de la universidad pública y su rol estratégico para el desarrollo del país.

La expectativa está puesta ahora en la reunión del 17 de septiembre. La docencia universitaria, representada por gremios como Adunce, mantiene una postura firme ante lo que consideran un desfinanciamiento sistemático. 

La implementación de la Ley de Financiamiento Universitario es, a esta altura, el eje central de un conflicto que amenaza con profundizarse si no existen respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo. La comunidad educativa se prepara, de este modo, para un octubre marcado por la movilización federal, reafirmando su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los docentes universitarios continuará durante las próximas semanas. Luego del paro realizado este miércoles 2 de septiembre, que tuvo un importante nivel de adhesión en las universidades nacionales, los gremios comenzaron a definir los próximos pasos de su plan de lucha.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anticipó que resolverá nuevas acciones de protesta para la próxima semana y que trabaja en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria, que podría concretarse hacia fines de septiembre o comienzos de octubre.

Como parte de ese proceso, durante este jueves y viernes los sindicatos de base llevarán adelante asambleas y consultas con sus afiliados, cuyos resultados serán considerados para establecer la modalidad y el alcance de las próximas medidas.

El paro del miércoles fue convocado luego de que el Frente Sindical Universitario rechazara de manera unánime la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo, que contempla un incremento del 3% para septiembre.

La oferta fue realizada durante la reunión paritaria del martes 1º de septiembre, encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Allí, el funcionario también ratificó la vigencia de otro incremento del 3% para octubre, que había sido acordado y comprometido durante las negociaciones de junio.

Desde los gremios consideraron insuficiente el ofrecimiento y reclamaron una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. “No fue una oferta, fue una provocación”, sostuvo la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, tras el encuentro.

De acuerdo con las organizaciones sindicales, la deuda salarial acumulada alcanza el 31,2%, a lo que consideran que deben sumarse la evolución correspondiente a agosto, salarios adeudados y la discusión en torno al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

En ese marco, desde el sector remarcaron que “la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

De la reunión participaron representantes de Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun, además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

Por su parte, el Gobierno nacional defendió la propuesta y señaló que la recomposición planteada se encuentra dentro del “esfuerzo financiero continuo” para el sostenimiento del sistema universitario, al tiempo que aseguró que las partidas destinadas a las universidades nacionales representan una de las principales erogaciones directas del presupuesto.

Mientras los gremios preparan nuevas protestas, la Subsecretaría de Políticas Universitarias convocó a retomar las negociaciones el próximo jueves 17 de septiembre, por lo que esa instancia podría resultar determinante para la evolución del conflicto.

A la disputa salarial se sumó además un frente judicial. Según informaron los sindicatos, el juez federal Martín Cormick otorgó al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe en el que detalle el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Con ese escenario, las asambleas de este jueves y viernes serán claves para determinar la continuidad del reclamo, mientras comienza a tomar forma la posibilidad de una nueva movilización federal en defensa de la universidad pública.

Marcelo Stipcich, secretario adjunto de Adunce, brindó detalles sobre el reciente fracaso de las negociaciones paritarias entre las federaciones docentes y el Gobierno nacional. El dirigente gremial calificó el encuentro como una instancia sin voluntad de diálogo, donde la propuesta oficial quedó muy por debajo de las pretensiones del sector, que reclamó una recomposición ante un atraso salarial superior al 30 por ciento acumulado en los últimos meses.

En diálogo con El Eco Multimedios, Stipcich fue tajante al evaluar el resultado del cónclave y aseguró que “podemos decir como un resumen de la reunión paritaria que fue un chiste”. Según explicó, las federaciones asistieron con la expectativa de discutir una normalización de la situación salarial, que contemplaba un desfasaje cercano al 31 por ciento, sumado a la falta de aumentos durante los meses de junio, julio y agosto, periodos en los cuales los trabajadores no percibieron actualizaciones.

Sin embargo, la respuesta del Estado se limitó a replicar el esquema ofrecido previamente a los empleados estatales, consistente en un incremento del 3 por ciento a partir del mes en curso. Esta cifra provocó el retiro inmediato de los representantes de todas las federaciones de la mesa de negociación, quienes consideraron el ofrecimiento como una falta de respeto hacia la labor docente y la crisis presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios.

El secretario adjunto de Adunce remarcó que las autoridades nacionales "ofrecieron como un paquete cerrado, no dieron oportunidades de dialogar". Esta postura impidió que se trataran otros puntos críticos de la agenda gremial, tales como la problemática de los docentes preuniversitarios y diversas deudas que el Gobierno mantiene con el sistema educativo superior. La actitud fue interpretada como un destrato y una provocación que derivó en el llamado a un paro inmediato.

Ante la negativa de avanzar en una negociación real, el Frente Sindical Universitario inició un proceso de reagrupamiento para definir los pasos a seguir en el corto plazo. Stipcich adelantó que durante el cierre de esta semana se realizarían reuniones clave en el marco del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde los rectores de todo el país y los gremios evaluarían la implementación de nuevas jornadas de protesta coordinadas.

Respecto a la radicalización de las medidas, el referente de Adunce confirmó que "se está hablando de medidas de fuerza que van a empezar a la brevedad, se está hablando de una posible nueva marcha universitaria federal como las que ya se llevaron a cabo". De concretarse, esta sería la quinta movilización masiva en defensa de la universidad pública, aunque aclaró que los detalles de fecha y modalidad se terminarán de consensuar tras las reuniones del fin de semana.

La preocupación en la Unicen se acrecienta por la falta de respuestas a reclamos históricos y urgentes. Además de la recomposición salarial, el sector demanda la equiparación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) para el nivel preuniversitario, ítem que permaneció congelado por la administración central. La unidad del frente sindical se mantiene sólida ante lo que consideran un escenario de ajuste constante.

La falta de acuerdo no solo impacta en los haberes de los trabajadores, sino que pone en riesgo el normal desarrollo del segundo cuatrimestre en todas las unidades académicas. Desde el gremio manifestaron que el repudio a la última oferta se tradujo en un malestar generalizado, ya que la propuesta oficial ni siquiera alcanzó a cubrir la inflación mensual, profundizando la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y no docentes.

Un punto central del reclamo es la vigencia de la normativa que debería garantizar los recursos para el sector. Stipcich recordó que el conflicto se desarrolla en un escenario donde próximamente se cumple un año de una herramienta legislativa clave que, hasta el momento, no ha tenido un impacto real en las arcas de las universidades ni en los bolsillos de sus integrantes, generando una situación de incertidumbre financiera total.

En ese sentido, el secretario adjunto denunció que "estamos ya casi a un año de que se promulgara la ley de financiamiento universitario y seguimos sin cobrarlo". El dirigente enfatizó que el Estado nacional mantiene deudas salariales atrasadas y ha incumplido con el envío de fondos para gastos de funcionamiento esenciales, lo que obliga a las instituciones a operar en condiciones de extrema precariedad y bajo la constante amenaza de la parálisis administrativa.

El escenario futuro se presenta complejo, con una comunidad universitaria que se prepara para una escala de conflictividad ante la ausencia de canales de negociación efectivos. "Lamentablemente hay que seguir luchando, la apuesta a futuro es seguir con el plan de lucha tal como se viene haciendo", concluyó Marcelo Stipcich, reafirmando el compromiso de Adunce con la defensa de la educación pública y la dignidad de los trabajadores de la región.

El sindicato local se mantiene en estado de alerta y espera las resoluciones del plenario nacional para comunicar a sus afiliados las modalidades de las próximas acciones.

Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), representados por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Atuncpba), ratificaron la profundización de su plan de lucha ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional. 

Diego Jongewaard de Boer, secretario general de Atuncpba, confirmó que el sector se plegará a las medidas de fuerza para visibilizar la crítica situación salarial que atraviesa el claustro y reclamar la aplicación efectiva de la normativa vigente.

En relación con los fundamentos de estas medidas, el dirigente sindical fue contundente al señalar la persistencia del conflicto: “Principalmente exigimos que se cumpla la ley, lo que ha dicho la justicia. Llevamos ya 293 días para ser precisos del incumplimiento de la ley, en los que la justicia ya nos ha dado la razón en varias oportunidades”, señaló el dirigente.

El plan de acción gremial contempla una serie de actividades coordinadas con otros sectores de la comunidad universitaria. Tras el paro previsto para el miércoles 12 de agosto, los trabajadores no docentes participarán en jornadas de lucha y abrazos simbólicos durante la semana del 19 de agosto, acciones que se realizarán en conjunto con el gremio docente. Posteriormente, los días 27 y 28 de agosto, el personal no docente llevará a cabo un paro de 48 horas como medida de fuerza adicional para sostener el reclamo.

El secretario general de Atuncpba expresó su escepticismo respecto a las instancias de diálogo con el gobierno nacional, a pesar de la reunión paritaria convocada para el primero de septiembre. Al respecto, Jongewaard de Boer manifestó: “Del gobierno ya sabemos que podemos esperar poco y nada diría, porque ya llevamos casi 300 días y no cumple, así que veremos en esa paritaria si podemos hacer que el gobierno entienda de que tiene que cumplir con el fallo que nos dio la justicia.”

La situación económica de los trabajadores es el eje central de la preocupación gremial. Según los datos aportados por el dirigente, el poder adquisitivo del sector ha sufrido una caída cercana al 70 por ciento en los últimos dos años y medio, lo que genera un escenario de alta vulnerabilidad. "La situación de la de la Unicen con respecto a los trabajadores es muy complicada. Tenemos un claustro que está pasando situaciones críticas, muy endeudados", remarcó el referente de Atuncpba.

Desde el gremio sostienen que, si bien la Ley de Financiamiento Universitario no resuelve la totalidad de los problemas estructurales, representa un alivio necesario ante la pérdida salarial acumulada. Al respecto, Jongewaard de Boer enfatizó que, para lograr una recomposición real, se debería estar pensando en un 45 por ciento, aunque advirtió que la negociación paritaria se presenta compleja debido a la tendencia del gobierno a tomar decisiones de manera unilateral.

 Ante este panorama, el sindicato apuesta por fortalecer la unidad de los trabajadores para sostener el reclamo y exigir respuestas concretas que permitan paliar la angustia y la preocupación que atraviesa el claustro universitario.

Trabajadores docentes de Tandil se sumarán este lunes 3 de agosto al paro que tendrá lugar en todo el país y realizarán una caravana por la ciudad. El principal reclamo será hacia el gobierno nacional para que convoque a una paritaria, mientras que también se manifestarán en contra del proyecto que busca reemplazar la Ley Nacional de Educación. Los universitarios acompañarán, y llevarán adelante una medida de fuerza.

“Este lunes 3 de agosto nos convocamos 8:30 de la mañana en Alsina y San Martín. Todas las compañeras y compañeros que quieran sumarse a nuestra caravana, vamos a hacer una recorrida por toda la ciudad pasando por algunas escuelas, haciéndole saber a la comunidad tandilense cuáles son nuestros reclamos y por qué estamos de paro. Va a ser una recorrida bastante amplia y terminaremos en la glorieta de la Plaza Independencia”, contó Estela Sinópoli, secretaria general de Suteba Tandil.

La referente docente señaló que la medida de fuerza se dará un día después del octavo aniversario de la muerte de dos docentes en la Escuela 49 de Moreno, en un recordado caso ocurrido durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Además, marcó que a nivel local la convocatoria será también bajo el reclamo de “Basta de violencia en las escuelas”.

Si bien trascendió durante la tarde del domingo que el gobierno nacional convocó al Consejo Federal de Educación y buscaría asegurar el 75 por ciento de las clases mediante inspecciones en escuelas, hasta el cierre de esta edición la Ctera no había sido notificada de manera oficial. La mayor parte de los establecimientos a nivel local responden a la órbita provincial, y dicha resolución no tendría efecto, salvo en los colegios pre universitarios. Uno de los argumentos de Nación fue el de la educación como un servicio esencial, pero desde Suteba Tandil lo rechazaron.

“Para nosotros, la educación sigue siendo un derecho social, no un servicio esencial. Porque cuando hablamos de derecho social hablamos de que el Estado tiene que garantizar el acceso de los pibes y las pibas al al sistema educativo. Cuando hablamos de servicio esencial, estamos hablando de mercantilizar la escuela pública y meter al mercadoen la discusión de quiénes son los responsables de impartir educación”, planteó Sinópoli.

Paro y caravana

“Le exigimos a la Subsecretaría de Educación la convocatoria a la paritaria nacional, porque desde que este gobierno nacional asumió no hemos podido tener un ámbito en el que discutir nuevamente los pisos de ingresos salariales para la totalidad de los docentes de la Argentina”, expresó Sinópoli sobre la principal demanda de la medida de fuerza.

La referente de Suteba Tandil recordó que la actual gestión nacional dio de baja el Fondo Compensador “que igualaba el punto de partida para discutir los ingresos salariales para que ningún docente cobrara menos que ese piso. Y al desaparecer esa ese Fondo, cada provincia tiene que arreglárselas con los recursos que dispone”, explicó.

En ese marco sostuvo que a nivel bonaerense “arrastramos el grave inconveniente de la gran deuda que el gobierno nacional tiene con el gobierno provincial, que ronda los 27 millones de millones como venimos diciendo hace mucho tiempo, así que la paritaria nacional es un punto indelegable porque el Estado debe seguir haciéndose responsable de la educación pública”.

La convocatoria será además en rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno nacional y que podría reemplazar a la Ley Nacional de Educación. Entre otros aspectos conforma un marco legal para que las familias puedan optar por educar a sus hijos fuera del sistema escolar tradicional y habilita modalidades de financiamiento alternativas (como vales), entre otras reformas.

“Buscan derogar la ley nacional de educación y reemplazarla por una nueva ley que ellos llaman Ley de Libertad Educativa. Nosotros la llamamos Ley de Educación Libertaria, porque le saca la responsabilidad al Estado de absolutamente todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la educación pública y no solamente en las escuelas de carácter obligatorio, sino que  incluso abarca el nivel universitario y superior”, consideró Sinópoli.

De acuerdo a un sondeo del propio sindicato, la referente docente transmitió que prevén un alto acatamiento. “Los docentes están cansados, tenemos el salario recortado desde hace dos años, y sacando las cuentas actualizadas nos están debiendo 300 mil pesos a cada docente en cada mes, porque el gobierno nacional cortó el Fondo Nacional de Incentivo Docente”, indicó.

“Milei, cumplí la Ley”

Los docentes de la Unicen también llevarán adelante un paro durante el lunes 3 de agosto, acompañando la convocatoria impulsada por docentes escolares. El reclamo principal será que el gobierno nacional implemente la postergada Ley de Financiamiento Universitario.

La normativa, vetos de por medio, resultó aprobada tanto en Diputados como en Senadores. Pero la administración central no aplicó al momento, pese a reclamos sostenidos de la comunidad universitaria y hasta de resoluciones judiciales al respecto.

“En el caso de las universidades, seguimos exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Y también, por otro lado, pedimos de forma urgente que se reactive la paritaria nacional, y que se restituya el Fonid para los docentes, en nuestro caso los pre universitarios”, expuso en diálogo con El Eco Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce. “Sobre todo, pedir más que nunca por el presupuesto para educación”, sumó la docente.

Pese a anuncios de parte de Nación, la comunidad universitaria todavía no registró los aumentos esperados. “Este mes vino exactamente como el mes pasado, con el 21,33, o sea, no hubo aumento. Estuvimos esperando hasta último momento. De hecho, no hubo instructivo. Se usó el mismo instructivo que el mes anterior”, detalló Gargiulo.

En el marco del comienzo de un nuevo cuatrimestre en la Unicen, el rector Marcelo Aba dialogó con El Eco de Tandil: dio cuenta del reclamo sostenido para que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento, de casos de renuncias de docentes y la dificultad para cubrir cargos, del cambio de composición de la matrícula y del freno de las obras para la Facultad de Ciencias de la Salud y la fachada del Rectorado.

“La cautelar que habíamos presentado desde el CIN ha quedado vigente porque tiene dos fallos favorables, de juez y de Cámara. Pero esto en los hechos no ha provocado ningún cambio. De hecho, en este momento estamos esperando que lleguen las planillas correspondientes a salarios de este mes. Nunca estamos en el último día del mes esperando la llegada de planilla”, expresó el rector, poniendo un ejemplo de la incertidumbre presupuestaria de la institución.

-¿Cómo se encuentra la Unicen para el reinicio del ciclo?

-Marcelo Aba: La Unicen se prepara para la apertura de un nuevo cuatrimestre. En algunos casos es reinicio, pero también comienzan algunas ofertas desde cero.

Tratando, en medio de dificultades que son conocidas por todos, tener todo  preparado para  ese nuevo periodo en el cual seguramente dada la conflictividad que se ha generado a partir de la no aplicación de la ley, bueno, tendremos algunas dificultades de  funcionamiento, sobre todo a nivel de medidas de fuerza.

-¿La última resolución de la Corte no implica la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario? Si es así, ¿Cuál va a ser el impacto en la Unicen?

-Primero, que no tenemos tanta certeza desde lo legal. La cautelar que habíamos presentado desde el CIN ha quedado vigente porque tiene dos fallos favorables, de juez y de Cámara.

Pero esto en los hechos no ha provocado ningún cambio. De hecho, en este momento estamos esperando que lleguen las planillas correspondientes a salarios de este mes. Nunca estamos en el último día del mes esperando la llegada de planilla. 

Así que no se está haciendo efectivo lo que en principio representaría la aplicación de la cautelar. Recordemos siempre eso de lo que aquí hablamos es de la cautelar y no de la cuestión de fondo que es la ley en sí. La cautelar solamente afecta a cuestiones de índole salariales y a las becas.

Eso es lo que tendría que estarse aplicando porque ya no hay ninguna otra normativa posible. Ya  el gobierno ha buscado todos los caminos para  no aplicar la cautelar. Y todos los estamentos de la justicia, incluida la Corte, le han dicho que la tiene que aplicar.

Pero la realidad es que esto no ocurre y la universidad sigue teniendo inconvenientes. Lo tienen sus trabajadores porque sus salarios no mejoran, y tampoco  mejorar para nada todo lo que tiene que ver con el funcionamiento.

-¿Tiene esta situación de complejidad sobre la que vienen reclamando hace tiempo efectos como renuncia de docentes o baja en la matrícula?

-En términos de docentes sí, efectivamente hay. Puede no ser muy masivo, pero siempre estamos viendo personas, tanto docentes como no docentes, que deciden retirarse.

Por ahí lo que tenemos más son pedidos de licencias, y eso se está dando.

También nos está costando cubrir los cargos. Antes cada cargo que aparecía, siempre había una gran cantidad de interesados, por ejemplo, después de una jubilación. Y hoy en día no se nota esa avidez por ingresar a la universidad.

Y todo lo que tiene que ver con los proyectos de investigación están prácticamente paralizados. Y eso hace que un joven que mira su futuro piense que quizá la universidad no sea hoy la alternativa más viable.

-¿Y en alumnos?

-A nivel de alumnos, lo que nosotros notamos es bastante característico de épocas de crisis. Que se reduce la cantidad de alumnos que vienen a cada una de nuestras sedes, llamémosle foráneos de la de la propia sede.

En parte se compensa con alumnos locales de la propia sede. Son aquellos que quizás no han podido irse a estudiar a otro lugar y compensan. Entonces, en la matrícula hay una muy leve reducción. No hay un impacto muy fuerte en el número, pero sí en la composición.

Pero en resumen, la matrícula medianamente se mantiene, aunque no está creciendo como veníamos creciendo estos últimos cuatro o cinco años.

Las obras para la Unicen

- ¿Cómo está el tema obras y en particular la de la fachada del rectorado?

-Estamos muy complicados. El gobierno nacional ha decidido paralizar todo. Hemos dado de baja la licitación que teníamos para ver qué podemos hacer nosotros con la Facultad de Ciencias de la Salud, que es una necesidad de imperiosa de poder avanzar al menos en algunos espacios para que la facultad pueda funcionar correctamente.

Y con respecto a la fachada, en ningún momento tenemos comunicaciones oficiales.

Pero por otro lado nos dicen que no va a ser financiada por el gobierno nacional, así que seguimos trabajando con el gobierno provincial. Tenemos allí algunas posibilidades de financiación, pero entendemos que la Provincia tiene serias dificultades y una enorme cantidad de cuestiones que atender.

Seguimos trabajando, y si no, al igual que estamos haciendo con la Facultad de Ciencias de la Salud, veremos si podemos comenzar nosotros a hacer desde nuestros propios magros recursos algún tipo de  de intervención que nos permita ir avanzando. Mucho más despacio, a  un ritmo mucho más lento.

El gobierno nacional tampoco la da de baja formalmente, asumiendo que lo va a financiar, sino que nos dicen por lo bajo que no va a ocurrir, y los hechos lo confirman. Pero no se formaliza un documento que nos libere a nosotros, y la empresa tampoco quiere dar baja porque significaría asumir que es quien abandona ese contrato.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, afirmó ayer que los trabajadores de la educación “merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan”, en un fuerte posicionamiento público que se produce a menos de un mes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso del Poder Ejecutivo y dejara firme una medida cautelar que ordenaba aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

Las declaraciones de la titular del Senado se dieron en el marco de un saludo oficial por el aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, establecimiento educativo del cual es exalumna y al que ponderó por su rol institucional.

A través de sus canales oficiales, la mandataria visibilizó su postura respecto de la situación salarial del sector en medio de las tensiones presupuestarias que mantiene la administración central con las universidades y los gremios docentes.

La reivindicación de la función pedagógica formó parte de una serie de publicaciones que la funcionaria realizó en la red social X para conmemorar la fecha fundacional de su antigua escuela. “Como egresada del Dámaso, guardo un enorme cariño por una institución que forma parte de mi historia personal. En sus pasillos aprendí lecciones que iban mucho más allá de los libros. Guardo los mejores recuerdos y amistades que trascienden las décadas”, sostuvo Villarruel ayer para rememorar su paso por las aulas de la entidad socio-militar.

En ese mismo sentido, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la funcionaria enfatizó que el impacto formativo de los colegios se sostiene de manera directa sobre el esfuerzo sostenido de las plantas de profesores a lo largo de los años.

Al respecto, remarcó que “nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar” y concluyó que “quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación”, vinculando directamente el progreso del país con el otorgamiento de condiciones laborales y salariales dignas para el personal de las escuelas de todo el territorio. (NA).

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales volverá a las calles esta semana con una nueva medida de fuerza convocada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Conadu Histórica. El paro universitario comenzará este martes 16 y se extenderá hasta el sábado 20, con el reclamo de aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento.

La convocatoria se produce luego de que el Gobierno nacional presentara una propuesta a las autoridades universitarias y a las federaciones docentes y nodocentes con el objetivo de encauzar el conflicto que atraviesa al sistema universitario. El acta firmada con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras organizaciones contempla un incremento salarial del 21,3 por ciento en junio y del 3 por ciento en septiembre, además de partidas presupuestarias adicionales y fondos destinados a hospitales universitarios.

Sin embargo, desde AGD-UBA rechazaron el acuerdo y ratificaron la continuidad del plan de lucha. La secretaria general del gremio, Laura Carboni, explicó que “se impuso el rechazo” al entendimiento alcanzado entre los rectores y la gestión del presidente, Javier Milei, al señalar que la propuesta generó “un repudio entre las y los trabajadores”.

La dirigente sostuvo que el malestar se reflejó en la conformación de espacios autoconvocados que cuestionan el acuerdo firmado. “Lo que pedimos es que se cumpla la ley, que establece un aumento por encima del 50% para nuestros salarios. Este acuerdo, tejido a espaldas de las y los trabajadores, intenta cerrar el conflicto universitario atentando contra nuestros bolsillos y contra las becas de los estudiantes”, afirmó.

Vale precisar que, durante la semana pasada los trabajadores universitarios realizaron protestas en distintas ciudades con casas de altos estudios organizadas por sectores autoconvocados y, en ese contexto, los participantes volvieron a reunirse este fin de semana para coordinar nuevas acciones y mantener el reclamo por la aplicación de la ley sancionada por el Congreso. En paralelo, los sindicatos docentes anticiparon que, una vez concluida la medida de fuerza que se iniciará este martes, analizarán la continuidad del plan de lucha.

Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, sostuvo que el acercamiento alcanzado permitió aliviar parcialmente la situación, aunque aclaró que el reclamo principal sigue vigente. “No podemos decir que se llegó a un acuerdo porque nosotros planteamos que el gobierno tiene que cumplir la ley y la ley recompone la pérdida salarial de los profesores universitarios y el resto de trabajadores”, señaló.

Yacobitti destacó, no obstante, la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo y consideró que representa un avance respecto de la situación previa. “Hay que reconocer que el gobierno hizo un reconocimiento muy grande a nivel económico que es casi el 60% de lo que reclama la ley, es algo que nos permite seguir dialogando”, expresó. 

El dirigente señaló además que el conflicto universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre las casas de altos estudios nacionales y la administración de Javier Milei. “Hay que destacar la voluntad del diálogo del gobierno con las universidades nacionales que es una novedad en todo lo que fue el conflicto hasta ahora”, afirmó.

Gremios universitarios pusieron en pausa las medidas de fuerza anunciadas para la semana que viene tras el acuerdo salarial alcanzado por el gobierno nacional. Desde Adunce -que nuclea a los docentes de la Unicen-, resolvieron “poner en suspenso el paro de la próxima semana y retomarlo en caso de incumplimiento de acuerdo”, mientras que desde Atuncpba -que agrupa a no docentes-, anunciaron la suspensión del paro por las negociaciones en curso.

Más allá del acuerdo, los trabajadores, junto con las autoridades de las universidades nacionales, mantienen su reclamo principal: que el gobierno implemente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre pasado tras un intenso debate, e idas y vueltas con veto presidencial de por medio.

A través de sus redes sociales, tanto Adunce como Atuncpba destacaron el acuerdo alcanzado, y plantearon la continuidad de la demanda principal. Transmitieron también cuáles serán los pasos a seguir en el marco de lo establecido por las partes.

“Empezamos a recuperar lo que el gobierno nos debe; salario y paritarias”, publicaron desde Adunce. “Informamos que la medida de fuerza convocada para el próximo 16 de junio ha quedado en suspenso, en virtud de las negociaciones que se encuentran en curso entre la representación sindical y las autoridades nacionales”, señalaron por su parte desde Atuncpba.

Si bien aceptaron la propuesta salarial, los trabajadores resolvieron mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento. Al respecto, indicaron los docentes, “,ientras la ley sigue vigente, la paritaria implica dar un primer paso hacia el objetivo de la recomposición salarial y el restablecimiento del derecho a la negociación colectiva. El plan de lucha continúian hasta tanto no se ejecuta la Leyt de Financiamiento”.

El acta paritaria

Según lo acordado, el incremento salarial se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los haberes vigentes y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre. El salario de un docente de categoría simple, publicaron desde Adunce, sería de  $364,385.

En materia presupuestaria, el acuerdo prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del corriente, y también se incorporará una partida adicional de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios durante 2026.

Pero a su vez, el acuerdo alcanzado definió un incremento -también del 21,33 por ciento-, de la garantía salarial de junio. La misma establece un monto salarial mínimo, que impacta en particular en los docentes de menor categoría. 

De parte de los gremios precisaron que en el próximo plenario -que realizarán en julio-, discutirán sobre el contenido de la futura paritaria. El límite establecido para el encuentro con autoridades del gobierno nacional será el próximo 14 de septiembre. Será “para definir la actualización salarial en referencia a la variación acumulada del IPC”, marcaron.

También se acordó que “abordar en un máximo de 45 días un adicional por la perdida salarial de los niveles pre-universitarios debido a la eliminación del FONID”.

Si bien los trabajadores aceptaron la propuesta de aumento salarial, el reclamo mayor del sector universitario en su conjunto -autoridades, investigadores, becarios, estudiantes-, sigue siendo el mismo que desde hace meses: que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación. 

El reclamo tuvo su impacto en Tandil, donde se llevaron a cabo medidas de fuerza pero también instancias de visibilización pública de la demanda: semaforazos, asambleas, clases públicas, volanteadas, charlas y muchas otras iniciativas que se sumaron a las Marchas Federales que se replicaron en la ciudad.

Tras semanas de intensas jornadas de reclamos y en medio de la disputa por el financiamiento de las universidades nacionales, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que recibió una nueva propuesta salarial por parte del Gobierno nacional. El ofrecimiento será analizado y votado por la docencia de todo el país durante las próximas horas.

Desde la organización sindical destacaron que la oferta es el resultado directo de la movilización y la presión ejercida por la comunidad universitaria. Asimismo, remarcaron que continúa vigente la lucha por el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario y por la necesaria recomposición de los salarios del sector.

La oferta presentada contempla un incremento del 21,33 por ciento en los salarios de junio sobre los haberes de mayo de 2026. Este porcentaje también se incorporaría al cálculo del medio aguinaldo correspondiente a este mes. Además, la propuesta prevé un aumento del mismo porcentaje para la Garantía Salarial Docente.

Entre los puntos adicionales, se incluye una suba del 3 por ciento en octubre, calculada sobre los salarios de septiembre y a percibir en noviembre. Asimismo, el ofrecimiento establece el compromiso de convocar nuevamente a la mesa paritaria en un plazo máximo de tres meses para revisar la evolución de los salarios en relación con la inflación y continuar trabajando sobre el desfasaje acumulado desde 2024. También se fijó que las convocatorias a negociación no podrán superar los tres meses calendario entre una y otra.

Durante la jornada de este martes 9 de junio de 2026, las asociaciones de base que integran la federación realizarán consultas y asambleas en las distintas universidades. El objetivo es que las y los docentes definan si aceptan o rechazan la propuesta. El Plenario de Conadu retomará sus deliberaciones el miércoles por la mañana, momento en el que se conocerá la posición final del sector respecto de la oferta salarial.

No docentes de la Unicen nucleados en Atuncpba llevaron a cabo una asamblea en el comedor del Campus Universitario. En el marco de una jornada de paro, trabajadores provenientes de diversas facultades y dependencias de la sede central, así como delegaciones de las subsedes de Olavarría, Azul y Quequén, participaron del encuentro con el objetivo de intercambiar realidades y proyectar estrategias frente a la actual crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional. 

Diego Jongewaard de Boer, secretario general de Atuncpba, destacó la importancia de este espacio de intercambio. "En el marco de esta asamblea estamos discutiendo qué medidas y cuál es la situación que tenemos hoy los no docentes en la universidad. Pensando entre todos y todas, aportando estos encuentros, volviendo a dinamizar las asambleas", sostuvo el dirigente gremial.

Tras el encuentro, los no docentes definieron conformar un comité de crisis para trabajar en un plan de acción en pos de continuar exigiendo la implementación de la Ley de Financiamiento, mientras que el 3 y 4 de junio próximos se sumarán al paro anunciado a nivel nacional.

La actividad de la mañana del viernes, que se desarrolló en paralelo a la medida de fuerza a nivel nacional, sirvió para que los trabajadores pusieran en común las dificultades que enfrentan en sus respectivos territorios. Jongewaard de Boer enfatizó que la construcción de los reclamos debe contemplar las particularidades de cada región, evitando decisiones centralizadas que no siempre se ajustan a la idiosincrasia local de las distintas sedes universitarias.

Al analizar las posibles acciones a seguir, el secretario general de Atuncpba subrayó la necesidad de diversificar las herramientas de protesta. "No solo pensamos en el paro, puede haber jornadas de visibilización, de trabajo en la comunidad. Hay un montón de herramientas que como trabajadores las pensamos y las queremos discutir en la asamblea", explicó. 

Asimismo, aclaró que, si bien el paro es una herramienta fundamental que respetan por decisión del frente sindical y la federación, es vital buscar respuestas creativas ante un gobierno con una lógica política que enfrenta al movimiento sindical a un nuevo escenario.

Sobre el impacto de la situación económica, el dirigente fue contundente respecto a la pérdida del poder adquisitivo. "El principal reclamo tiene que ver con nuestra cuestión salarial, donde hemos perdido alrededor del 50 por ciento de nuestro poder adquisitivo. Estamos hablando, en los últimos 2 años alrededor de 10 sueldos. Imagínense cuál es el deterioro que está sufriendo el trabajador en la universidad", detalló.

El referente gremial también advirtió que el conflicto trasciende lo salarial y afecta el funcionamiento integral de la universidad. "Creo que no solo nos impacta a nosotros en cómo nos organizamos en nuestras vidas diarias, sino también al conjunto de la universidad, porque tenemos problema con el financiamiento para el funcionamiento, el sector docente está atravesando la misma situación, los científicos igual. Para los estudiantes, las becas son paupérrimas. El conjunto de la universidad está siendo muy atacado por este gobierno", agregó.

Finalmente, Jongewaard de Boer valoró el compromiso de los trabajadores que, a pesar del paro, se movilizaron hasta el campus. "Teníamos mucha expectativa con este encuentro. Nosotros decimos asamblea, pero en realidad es un encuentro que vamos a empezar a propiciar desde el sindicato para justamente poder entre todos y todas buscar las respuestas más acordes a cada una de las realidades. Estamos felices y orgullosos del trabajador no docente que hoy un día de paro asistió al campus universitario. Vinieron de Olavarría, de Azul y de Quequén, así que estamos trabajando y discutiendo entre todos cómo vamos a afrontar esta política nefasta del gobierno", concluyó.

El paro y asamblea de los no docentes coincidió con el último día de una medida de fuerza docente que se extendió durante toda la semana. Entre otras actividades hubo ollas populares, clases públicas, e instancias de visibilización que los trabajadores de la Unicen llevaron a cabo para continuar exigiendo un reclamo conjunto: la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que pese a haber sido sancionada más de 200 días en Diputados y Senadores, el gobierno nacional aun no aplica.

Ayer, en el marco del paro docente y nodocente de la Unicen en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, se realizó una olla popular en el Centro Cultural El Cole, de Villa Cordobita.

Durante la jornada, de la que participaron estudiantes, docentes y representantes del espacio cultural nucleados en la organización La Poderosa, hubo música, baile y un espacio para el diálogo.

Poco antes de las 16, los responsables de la olla popular llegaron a El Cole, ubicado en Paraguay 1031, para comenzar a preparar una cena para alrededor de 50 personas.

A las 17, responsables del Proyecto de Extensión Alimentaria de la Facultad de Ciencias Humanas presentaron un trabajo sobre la situación alimentaria de Tandil y desde las 18.30 hubo baile folclórico comunitario, coordinado por Romina Contreras.

La propuesta se desarrolló en el marco de la medida de fuerza de 96 horas impulsada desde la comunidad universitaria, desde el martes 26 al viernes 29 de mayo, en reclamo al gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad fue organizada por el grupo conocido como “La Olla”, integrado por estudiantes, docentes y nodocentes que comenzaron a trabajar de manera conjunta durante la toma universitaria de 2024.

Luciana Ruiz, docente de Trabajo Social de la Unicen e integrante del espacio, recordó que el colectivo surgió para sostener la alimentación de quienes participaron de aquella protesta.

Según explicó a El Eco de Tandil, durante los nueve días que duró la toma llegaron a organizar comidas para unas 200 personas.

Cuando la medida finalizó, el grupo decidió continuar articulando otras acciones vinculadas al plan de lucha universitario. En ese marco comenzaron a realizar actividades en distintos espacios de la ciudad, algunas junto a la organización Adultos Mayores en Lucha (Amalu), tanto en el Campus como en plazas públicas.

“Cuando se levantó la toma, se decidió continuar con otros planes de lucha. En ese marco decidimos seguir circulando por diferentes lugares”, señaló Ruiz, quien remarcó que la idea es “agruparse con otras luchas”, en este caso junto a Villa Cordobita y las organizaciones que ya trabajan en el territorio.

La docente contó además que durante la tarde participaron representantes del Proyecto de Extensión Alimentaria de la Facultad de Ciencias Humanas, quienes compartieron parte del trabajo que vienen realizando sobre la situación alimentaria local. Luego se sumó un grupo de baile de la Unicen y finalmente se compartió la cena preparada durante la jornada.

Desde el Centro Cultural El Cole, la referente barrial Zulema Mango explicó que el espacio sostiene semanalmente actividades alimentarias para chicos y familias del barrio.

“Los miércoles hacemos merienda y los viernes hacemos cena”, indicó, y detalló que actualmente participan entre 30 y 35 chicos en la merienda, aunque la cantidad de personas vinculadas al centro suele ser mayor.

En ese sentido, sostuvo que decidieron abrir las puertas del espacio para sumarse a la propuesta impulsada desde la universidad y compartir la olla popular con vecinos y niños que concurren habitualmente al lugar.

Mango reconoció además que las dificultades económicas se reflejan en un crecimiento sostenido de la demanda. Explicó que “durante la pandemia llegamos a sostener una olla en modalidad vianda, aunque actualmente las limitaciones materiales y de infraestructura nos impiden ampliar el alcance de las comidas”.

“La demanda siempre va en aumento, por obvias razones”, expresó.

Por su parte, Paz Fleitas, estudiante de cuarto año de la carrera de Teatro y representante de la Facultad de Arte dentro del grupo La Olla, señaló que los estudiantes también atraviesan las consecuencias del contexto económico y del ajuste universitario.

“Nosotros estamos tan comprometidos como los docentes porque somos conscientes de todo lo que está pasando, tanto en los barrios como en la propia facultad”, afirmó.

En relación con la situación particular de Arte, explicó que allí no funciona una olla popular, aunque sí se organizan viandas económicas destinadas a estudiantes de la sede céntrica de la ciudad.

La joven destacó además que, tras la toma universitaria, el grupo decidió darle continuidad a la experiencia desde una modalidad itinerante. “De la misma forma que hay actividades en el centro, en la plaza, con clases públicas, nosotros hacemos esto”, relató.

La iniciativa podría continuar próximamente en otros sectores de la ciudad. En ese sentido, Ruiz adelantó que existe la posibilidad de realizar nuevas jornadas en La Movediza y también en Villa Aguirre, siempre articulando con organizaciones y espacios comunitarios ya presentes en cada territorio.

“Intentamos acoplarnos a lo que el barrio ya viene haciendo”, explicó la docente, quien señaló que las actividades se organizan especialmente durante las semanas de paro, como una manera de sostener acciones por fuera del Campus y fortalecer el vínculo entre la universidad y los barrios populares.

A más de 200 días de que el gobierno nacional no aplica la Ley de Financiamiento Universitario, los docentes de la Unicen llevan adelante una semana de paro, que se extiende desde el pasado martes 26 al viernes 29 de mayo. La medida de fuerza incluye diversas actividades abiertas a la comunidad, tales como ollas populares, un semaforazo en la sub sede Olavarría y clases públicas a cargo de  las facultades de Ciencias Sociales, Arte, Ciencias de la Salud, Agronomía y Ciencias Humanas.

Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce -el gremio que nuclea a los docentes de la Unicen- explicó el alcance de la medida y la postura del sector frente a la falta de respuestas. Al respecto, la dirigente sindical afirmó: "Seguimos visibilizando la situación y reclamando que el gobierno nacional cumpla con la ley. Ya con una situación que lo venimos diciendo hace bastante, de que estamos en una situación terminal. Los trabajadores no damos más".

La referente gremial detalló el impacto directo que tiene la falta de actualización salarial en la vida cotidiana de los docentes. "Están en riesgo cuestiones alimenticias, está en riesgo el poder asumir mensualmente el alquiler. Porque los salarios no aumentan, no mejoran y la vida se encarece. Esto lo estamos viendo mensualmente", sostuvo Verónica Gargiulo.

En relación con la falta de diálogo con las autoridades nacionales, la secretaria general de Adunce manifestó: "Por otra parte, parecería como que no hay interlocutor, o hay un interlocutor ausente, no solo del reclamo universitario, sino de todos los reclamos que se están este dando. En realidad no es ausente, en realidad está, lo que pasa que está trabajando para un sector minoritario, con un desprecio desde lo verbal hasta las políticas que llevan adelante para la ciudadanía".

El conflicto, que ya lleva más de 220 días de espera por la aplicación de la normativa, ha llevado a los trabajadores a buscar distintas vías de resolución. "Es un gobierno que no escucha no solo a las organizaciones sindicales, sino que no escucha a la justicia. Hace más de 220 días que debería haber aplicado la ley", enfatizó la dirigente.

Sobre las estrategias a seguir, Verónica Gargiulo señaló: "Un camino es el judicial. Y por el otro lado está el camino que venimos construyendo desde este la fuerza de los trabajadores. Nos está poniendo en un brete importante porque las herramientas, los aprendizajes para la lucha que tenemos históricamente, parecerían como que no están dando resultados".

No obstante, la secretaria general de Adunce advirtió que la aplicación de la ley es solo un paso necesario, pero no suficiente para resolver la crisis estructural del sistema universitario. "De todas maneras estoy convencida que el resultado de que se aplique la ley es un resultado momentáneo. Acá tenemos que estar hablando a plazos mayores. Sabemos que esto no se resuelve con la aplicación de la ley, o con un llamado a paritarias", argumentó.

Finalmente, la representante gremial concluyó que el debate debe trascender la coyuntura económica inmediata. "Esto no alcanza con la aplicación de la ley porque hay que pensar para adelante en un proyecto de país. Podemos mejorar nuestros nuestros salarios como trabajadores, pero si paralelamente o en conjunto no estamos pensando como parte importantísima para el desarrollo de este país, no serviría de nada resolver esto del momento", sentenció.

De cara al futuro inmediato, el gremio ya tiene programadas nuevas instancias de deliberación. El 5 de junio, los docentes participarán de un plenario de la Conadu para evaluar la continuidad del plan de lucha durante el resto del cuatrimestre y analizar el panorama para el segundo semestre en las universidades nacionales, manteniendo siempre la voluntad de articular acciones con el resto de los sectores de la comunidad universitaria.

Tras la masiva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, los gremios docentes comenzaron este martes el cuarto paro de una semana, que se extenderá hasta el 30 de mayo y que pone en riesgo los contenidos del primer cuatrimestre en las casas de estudio de todo el país.

La protesta encabezada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) es para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias, ya que desde que asumió el presidente Javier Milei, se estima que la pérdida del poder adquisitivo ronda el 40 por ciento para el sector.

La medida de fuerza es acompañada por todas las agrupaciones que están bajo su ala, que en la provincia de Buenos Aires incluyen a ADULP (La Plata), ADIUNQ (Quilmes), ADUM (Mar del Plata), ADUPAZ (José C. Paz) y ADUNOBA (Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires), entre otras. 

La medida afectará a la mayoría de las casas de estudios del país, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa) y de Entre Ríos (UNER).

Como el lunes 25 fue feriado, el paro esta vez se extenderá desde este martes 26 al sábado 30, consolidando una semana completa con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales. Además, a estos días se sumará una medida de fuerza de los nodocentes: serán el viernes 29 de mayo, el miércoles 3 de junio y el jueves 4.

Los gremios universitarios vienen desde principio de año profundizando su plan de lucha, lo que complica el desarrollo normal de los contenidos en muchas materias de las diversas carreras. De esta forma, el paro de esta semana se suma a otros similares que llevaron a que se pierdan aproximadamente 20 días de cursada.

En este marco, docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades estarán presentes en las clases públicas que se dictarán este martes frente al Palacio de Tribunales, para "defender" el sistema universitario nacional y "exigir" la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, la nueva jornada de protesta se extenderá desde las 11 a las 17. Profesores universitarios brindarán clases abiertas para visibilizar el "ajuste" del Gobierno nacional "que golpea salarios, becas, investigación" y el "funcionamiento" tanto de las universidades como de toda la comunidad universitaria: "Reclamamos una respuesta urgente", añadieron.

A partir de las 15, estarán presentes la abogada laboralista (UBA) y docente universitaria, Natalia Salvo; los diputados nacionales por el Partido Justicialista (PJ) Lucía Cámpora e Itaí Hagman; y el antropólogo, docente y secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi.

Un grupo de docentes universitarios de las facultades de Ciencias Veterinarias, Ciencias Humanas y Ciencias Exactas llevaron a cabo una olla popular y una charla referida a estudios recientes sobre el estado del agua en la ciudad. Fue para continuar haciendo público un reclamo doble: por la Ley de Financiamiento para las universidades, y por la continuidad de políticas estatales para la ciencia pública. A nivel local, contaron, hay científicos que deben agruparse para poder comprar reactivos que antes solventaba el Estado.

“Nosotros teníamos dos proyectos aprobados desde el 2022 para financiar investigaciones, y se cancelaron directamente. Después se abrieron convocatorias, pero nunca se cerraron y nunca se informaron. Quedó todo trunco. Los análisis no los podemos pagar de nuestro sueldo. Buscamos y estamos todo el tiempo presentándonos a  proyectos afuera. Pero es muy complejo acceder a esos proyectos de por sí y afuera mucho más. También desarrollamos un servicio para terceros, y hacemos cosas complementarias para poder pagar los estudios y comprar los reactivos. Y nos vinculamos con otras personas. Compramos entre varios un reactivo estándar y podemos hacer alguna medición”, expresó una de las docentes de Veterinarias que participó de la jornada.

La actividad se realizó en la esquina de Pinto y Rodríguez y formó parte de una serie de propuestas que los docentes impulsaron en el último tiempo con motivo de exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En el mismo sentido se habían manifestado días atrás los docentes de Adunce y los no docentes de Atuncpba junto con estudiantes de diferentes casas de estudios.

Sobre la Plaza, los docentes y vecinos que acompañaron la iniciativa hicieron una olla popular en la que compartieron tortas fritas y entregaron panfletos para visibilizar su reclamo. “Esto es para manifestar el tema de la falta de financiamiento, del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y para que la gente sepa lo que está pasando con la universidad y las ciencias en Argentina”, señalaron desde la organización.

La actividad principal de la jornada fue la “Charla Abierta sobre la contaminación del agua en Tandil”, que estuvo a cargo de la Dra. Estefanía Paz. La docente e investigadora de Conicet – Unicen dio a conocer adelantos de estudios recientes sobre el agua potable en la ciudad, pero en diálogo con El Eco también compartió las dificultades que atraviesan los científicos locales tras los recortes en financiamiento.

“Yo identifico compuestos farmacéuticos en agua potable y es algo muy caro y muy difícil de llevar adelante sin financiamiento”, señaló Paz. La investigadora detalló que se dieron de baja el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FonCyT), los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y los Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP).

Desde su grupo interdisciplinario de investigación, detalló, contaban con proyectos aprobados desde el 2022 pero que se cancelaron. Las convocatorias abiertas posteriormente, sostuvo, “nunca se cerraron y nunca se informaron”, por lo que “quedó todo trunco”.

Sin la posibilidad de afrontar la compra de reactivos y los análisis de su propio bolsillo, los investigadores recurren a rebusques: realizan servicios para terceros y hasta se agrupan para poder comprar insumos entre varios científicos.

Aun en un marco complejo para el sector, los investigadores lograron concretar algunos estudios. En su caso, contó Paz, concretó análisis durante el 2025, de los cuales presentó adelantos en un congreso realizado en Mar del Plata. La científica analizó compuestos farmacéuticos en el agua corriente de la ciudad, tomando muestras de la red formal.

“Es una medición que pagamos con restos de plata que nos quedaba. Son estudios para la gente, hechos con subsidios públicos para la gente. Tenemos números en cuanto a nitratos y en cuanto a compuestos farmacéuticos también”, adelantó sobre resultados que darán a conocer en el corto plazo.

Durante la charla abierta, la investigadora desarrolló también algunos aspectos vinculados a los nitrato y al arsénico. Además, abordó el “circuito del agua urbana” e invitó a la referente Graciela Canziani para compartir aspectos vinculados a los pedidos de informes elevados a organismos estatales a cargo del control del agua en la ciudad y la región.