El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó nuevos aumentos en las cuotas de los colegios privados que reciben aporte estatal, con incrementos de hasta el 3% en noviembre y otro 3% en diciembre, de acuerdo con la categoría de cada establecimiento.

La medida, conocida este lunes, se reflejará en las boletas que las familias recibirán a comienzos de noviembre. La actualización había sido solicitada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) ante la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, luego de los acuerdos salariales alcanzados por la administración provincial con los docentes.

Sin embargo, desde la entidad advirtieron que los nuevos valores no alcanzan para recuperar los mayores costos que deben afrontar las instituciones, principalmente por los incrementos salariales que se aplican antes de que se autoricen las correspondientes modificaciones arancelarias.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa, señaló que las demoras en la actualización de las cuotas generan diferencias económicas que deben ser absorbidas por los propios establecimientos. Según las estimaciones de la asociación, los montos que no pudieron recuperarse representan aproximadamente el 25% de los ingresos correspondientes a una cuota mensual.

“Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación”, explicó Zurita.

En ese sentido, desde Aiepa indicaron que el incremento salarial correspondiente a octubre recién puede trasladarse a los aranceles de noviembre. Además, el sistema vigente no permite efectuar cobros retroactivos para compensar las diferencias acumuladas entre los aumentos de los salarios docentes y las actualizaciones autorizadas para las cuotas.

Otro de los puntos que genera inquietud entre las instituciones de gestión privada con aporte estatal es la falta de previsibilidad para enero y febrero de 2027, cuando deberán afrontar sus obligaciones salariales sin percibir los ingresos habituales provenientes del cobro de cuotas.

Desde la asociación advirtieron que, si bien durante esos meses podrían disponerse nuevos aumentos salariales, los establecimientos no tienen garantías de que puedan trasladarlos oportunamente a los aranceles.

“No existe previsión sobre los montos que podrán cobrarse durante el verano. Es posible que se dispongan nuevos aumentos salariales en enero o febrero de 2027, pero no se autorizan incrementos a cuenta en el arancel de diciembre, que es la última cuota que cobran los colegios”, sostuvo Zurita.

Como antecedente, Aiepa recordó que durante el verano anterior se dispusieron incrementos salariales del 1% en diciembre, con incidencia sobre el sueldo anual complementario, del 2% en enero y del 1,5% en febrero. Según la entidad, esos aumentos no pudieron trasladarse anticipadamente a los aranceles ni recuperarse posteriormente.

La situación, señalaron, repercute sobre la capacidad financiera de los establecimientos durante el receso de verano, un período en el que deben sostener sus compromisos económicos pese a la interrupción del ingreso regular por las cuotas escolares.

Frente a este escenario, desde Aiepa reclamaron una revisión del mecanismo de autorización de los aranceles para que las actualizaciones contemplen de manera más oportuna la evolución de los costos, en particular los vinculados con los salarios docentes.

“Se está desfinanciando a los centros de enseñanza privados con este sistema de actualización arancelaria”, advirtió Zurita.

La asociación consideró que resulta necesario establecer un esquema que permita reducir las diferencias entre los incrementos salariales acordados y los ajustes autorizados en las cuotas, con el objetivo de evitar que los colegios deban afrontar con recursos propios costos que luego no pueden recuperar.

De acuerdo con el planteo de la entidad, la sostenibilidad económica de los establecimientos depende, en buena medida, de que exista una correspondencia más cercana entre la evolución de sus principales gastos y los ingresos que están habilitados a percibir. El reclamo apunta a garantizar la continuidad de los servicios educativos en un contexto de aumentos salariales y dificultades para compensar los costos acumulados.