El 4 de abril invita, una vez más, a mirar Tandil en perspectiva. No solo desde su historia, sino desde el horizonte que se proyecta para las próximas décadas. En ese ejercicio emerge una certeza compartida por distintos actores sociales: el desarrollo económico, por sí solo, no alcanza. El verdadero desafío reside en sostener una comunidad integrada, solidaria y con oportunidades para todos.

De cara al 2050, Tandil se perfila como una ciudad en expansión, con un fuerte desarrollo tecnológico, un crecimiento inmobiliario sostenido y una consolidación como polo regional. Sin embargo, esa misma proyección convive con tensiones que obligan a repensar el modelo de ciudad.

Las voces del Banco de Alimentos y de Mesa Solidaria permiten asomarse a ese futuro posible, anclado en una historia donde la solidaridad no fue un recurso ocasional, sino una construcción colectiva.

El entramado social de Tandil tiene raíces profundas en momentos de crisis. Lejos de fragmentarse, la comunidad encontró en esas situaciones un punto de partida para organizarse.

El Banco de Alimentos comenzó a gestarse en 2001, en medio de una profunda convulsión económica y social. “Recordábamos esa primera etapa de cuando arrancó el banco, se empezó a organizar en el año 2001”, repasó su director ejecutivo, Mario Bañiles, al reconstruir aquellos inicios, marcados por la devaluación y el trueque.

Impulsado por el Padre Raúl Troncoso, el proyecto surgió como una respuesta concreta a una realidad que ya existía, pero que la crisis puso al descubierto. “Eso dio visibilidad a una problemática que ya existía”, explicó Bañiles, y detalló que el objetivo fue “encontrar como una herramienta, un canal, un puente” para vincular el excedente de alimentos con quienes lo necesitaban.

El modelo, inspirado en experiencias internacionales, permitió estructurar una red que, con el tiempo, se profesionalizó y consolidó. Hoy, el Banco de Alimentos no solo distribuye recursos, sino que articula voluntades en toda la comunidad.

En paralelo, Mesa Solidaria nació en 2008, también en un contexto de incertidumbre económica. Claudia Caballero recordó que su origen estuvo vinculado a la necesidad de anticiparse a una posible crisis: “Era un grupo de gente que nos juntábamos alrededor de una mesa y planteábamos distintas necesidades y cómo podíamos entre nosotros dar respuesta”.

Ambas experiencias comparten un mismo ADN: frente a la incertidumbre, Tandil responde fortaleciendo sus vínculos.

La Tandil que se proyecta hacia el 2050 es, en muchos aspectos, una ciudad pujante. El crecimiento urbano, la llegada de nuevos habitantes y el desarrollo de sectores como el tecnológico la posicionan como una de las ciudades intermedias más dinámicas del país.

Sin embargo, ese crecimiento no elimina las desigualdades. La demanda de asistencia alimentaria y social continúa presente.

La demanda de asistencia alimentaria y social continúa presente

“Se dice que Tandil es una isla, pero estamos dentro de un país que es Argentina”, advirtió Bañiles, al contextualizar la realidad local. En esa línea, remarcó que los problemas estructurales del país impactan también en la ciudad.

Remigio Iglesias, presidente del Banco de Alimentos, aportó otra mirada sobre el rol de la institución en este escenario: “El Banco de Alimentos es un lugar adonde se llega y se vuelve… tiene seriedad y transparencia”.

Esa confianza construida a lo largo de más de dos décadas explica, en parte, la capacidad de sostener la red solidaria. El desafío hacia el futuro es evitar que la brecha entre crecimiento y vulnerabilidad se amplíe. En ese sentido, las organizaciones sociales cumplen un rol clave.

“El alimento es un canal”, explicó Bañiles, al detallar que su trabajo no se limita a la asistencia directa, sino que busca fortalecer instituciones educativas, deportivas y sociales. Este entramado es el que sostiene, en definitiva, la calidad de vida de la comunidad.

Uno de los cambios más profundos que se proyectan para las próximas décadas tiene que ver con la demografía. El descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población ya son fenómenos visibles.

Iglesias lo expresó con preocupación: “Hay lugares donde ya no hay niños, veo mucha más comida para los perros y mucha menos comida para nuestros hermanos”.

Más allá del carácter provocador de la frase, el planteo apunta a una transformación social de fondo. La ausencia de niños aparece como un dato que obligará a repensar las políticas públicas y el trabajo comunitario.

En ese escenario, la asistencia tenderá a orientarse cada vez más hacia los adultos mayores. “Vamos a ser más adultos y adultos mayores que niños y adolescentes”, anticipó Iglesias.

La asistencia tenderá a orientarse cada vez más hacia los adultos mayores

Mesa Solidaria ya comenzó a trabajar en esa línea, impulsando congresos y espacios de formación en gerontología. La Tandil del 2050 deberá adaptarse a esta nueva realidad, con infraestructura y redes de contención acordes a una población más envejecida.

El modelo de intervención social también está en transformación. La lógica del asistencialismo puro, centrada en la entrega de recursos, va dejando paso a estrategias orientadas a la promoción y el desarrollo de capacidades.

Caballero lo explicó con claridad: “Antes el asistencialismo era ir y dejar el bolsón de ropa o de comida en su momento estuvo bien, pero ahora está mejor”. La mirada actual apunta a romper los ciclos de vulnerabilidad. “Hay que sacar o apuntalar esa familia para que la historia no se vuelva a repetir en la otra generación”, sostuvo.

En ese marco, el Jardín Maternal 2 aparece como un ejemplo concreto de este cambio de enfoque. El proyecto, impulsado por organizaciones sociales con acompañamiento estatal, permitió generar oportunidades a madres jóvenes.

“Queríamos ayudarlas a reinsertarse, a completar su escolaridad o conseguir trabajo”, recordó Caballero sobre los orígenes de la iniciativa, que hoy funciona como una institución consolidada. La experiencia marca el camino hacia el futuro: la articulación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones es clave para generar oportunidades reales.

El crecimiento y la profesionalización de las organizaciones sociales es otro de los rasgos que definirán el Tandil del futuro. Mesa Solidaria pasó de ser un espacio de articulación informal a constituirse como una federación, con personería jurídica y con capacidad de planificación. “Hoy podemos planificar acuerdos, establecer vínculos, y  que existan empresas que te acompañen”, explicó Caballero.

Actualmente, la red vincula a más de 50 organizaciones, lo que da cuenta de su alcance y del impacto en la comunidad. De cara al 2050, el objetivo es profundizar en ese rol. Caballero fue clara al plantear su aspiración: “El trabajo del tercer sector debería estar participando de lo que tiene que ver con la agenda política y social de una ciudad”.

Esa participación, aclaró, no debe darse en la confrontación, sino en la construcción colectiva. “Nada se hace por la fuerza, la sinergia tiene que ser otra”, sostuvo.

Más allá de las estructuras, hay un elemento que aparece como central en la identidad de Tandil: la cultura solidaria. Para muchos, el trabajo en organizaciones es también una forma de ejercer la democracia. “Es otra forma de hacer democracia, una manera de involucrarse y participar en la comunidad”, señaló Bañiles.

Ese compromiso se traduce en acciones concretas, muchas veces invisibles. Caballero lo sintetizó con una reflexión que combina experiencia y convicción: “La mayoría de las cosas que hacemos en Mesa Solidaria no hay plata de por medio… se hace sobre la base de conexiones”.

Ese entramado de vínculos, confianza y cooperación es el que permite dar respuestas rápidas en momentos críticos. Así ocurrió durante la pandemia, periodo en el que —según destacó— hubo organizaciones que “no solo llevaban mercadería, sino que prestaban el oído, llamaban por teléfono, escuchaban”.

El trabajo en organizaciones es también una forma de ejercer la democracia

La solidaridad, en este sentido, no es solo una práctica, sino también una forma de entender la vida en comunidad. “Creemos que no solo hacemos el bien, sino que nos hacemos bien a nosotros”, afirmó Caballero, en una definición que describe el espíritu de quienes sostienen estas redes.

El futuro de Tandil se construye sobre una base sólida, pero no exenta de desafíos. La ciudad deberá encontrar un equilibrio entre crecimiento económico e inclusión social.

La articulación entre el Estado, el sector productivo, la universidad y las organizaciones sociales es la clave para lograrlo. “Si nos salvamos, nos salvamos todos juntos”, resumió Caballero, en una frase que sintetiza la lógica que atraviesa el entramado solidario local.

De cara al 2050, la visión es clara: Tandil puede convertirse en un modelo de ciudad intermedia, no solo por su desarrollo, sino por su capacidad de sostener una comunidad integrada. El desafío es, entonces, profundizar ese camino. Porque, como lo demuestra su propia historia, en Tandil el futuro no se construye en soledad. Se construye en red.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) alertó sobre el avance de la inseguridad alimentaria entre trabajadores del país y advirtió que tener empleo ya no garantiza acceder a una dieta suficiente.

De acuerdo con el estudio, el 15% de los asalariados argentinos padece algún grado de inseguridad alimentaria, una situación que revela el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades que enfrentan muchos hogares incluso cuando cuentan con ingresos laborales.

El relevamiento también indicó que, si se observa el conjunto de la población ocupada, casi el 20% de las personas con trabajo atraviesa dificultades para acceder a una alimentación adecuada, mientras que el problema alcanza al 21,3% de la población en general.

El informe destacó que la problemática no se limita a los sectores desempleados o más vulnerables, sino que también afecta a trabajadores formales. Entre quienes cuentan con empleo registrado, alrededor del 7% no logra cubrir de manera estable sus necesidades alimentarias, mientras que el porcentaje asciende al 25% entre los trabajadores informales o con empleos inestables.

En ese contexto, desde la UCA señalaron que el empleo sigue siendo una condición necesaria, pero ya no suficiente para garantizar una alimentación adecuada, en un escenario atravesado por la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y las desigualdades del mercado laboral.

El estudio también reveló fuertes diferencias según el nivel educativo. Entre quienes no completaron el secundario, la inseguridad alimentaria alcanza al 34%, mientras que el indicador baja al 12,7% entre quienes terminaron la escuela secundaria y se reduce al 4,6% en trabajadores con formación universitaria.

Las brechas también se reflejan según la condición socioeconómica: en hogares pobres la inseguridad alimentaria llega al 38,6%, mientras que en hogares no pobres desciende al 6,9%.

El análisis territorial mostró que el conurbano bonaerense presenta los niveles más altos, con cerca del 19% de trabajadores afectados, seguido por el interior del país con alrededor del 9%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la incidencia ronda el 7%.

Frente a este escenario, el informe del Observatorio de la Deuda Social advirtió que garantizar una alimentación suficiente debería ser considerado parte del concepto de trabajo digno y de la salud laboral, ya que el acceso a una dieta adecuada es un componente central de la calidad de vida de los trabajadores.

El diagnóstico se suma a otros estudios recientes que alertan sobre el impacto de la crisis económica en los ingresos de los hogares y en las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En el marco del proyecto de Extensión “Alimentación en la primera infancia” de la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen, docentes y estudiantes integrantes de la iniciativa realizaron un conversatorio con organizaciones sociales comunitarias, en particular comedores, para pensar y poner en común la situación con respecto a la alimentación en la ciudad.

“Nos parece que está muy bien discutir y debatir sobre la problemática de la alimentación en nuestra ciudad, vinculado a esto que creemos que mejor alimentados tenemos mejor salud”, expresó María Fermín, militante de Patria Grande y una de las impulsoras del encuentro.

El conversatorio tuvo lugar a partir de las 9 del viernes 16 de agosto en la Sala B del Centro Cultural Universitario. En el lugar se convocaron no solo quienes integran el mencionado proyecto de Extensión, sino también referentes de diferentes organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad. En mesa redonda intercambiaron experiencias y plantearon desafíos para abordar la problemática de la demanda creciente, lo cual continuarán en un próximo encuentro que realizarán en septiembre.

“En este primer encuentro, la idea fue recuperar la voz y las experiencias de las organizaciones comunitarias. La idea es pensar en conjunto en qué situación está la cuestión alimentaria en la ciudad y pensar por posibles alternativas, cómo enfrentarlo, cómo poder trabajar en resolver este problema. Vamos construir un informe de esta situación y proponer alternativas”, expresó Marcelo Righetti, del Observatorio Social de la Facultad de Humanas.

Junto con la mencionada Fermín, y las promotoras de la salud Alejandra Dick y Anderis Alejo, dialogaron con El Eco de Tandil y brindaron detalles de los resultados del primer conversatorio.

“En este debate que nos damos nos permitimos soñar con una mejor alimentación para todas y todos, para los sectores populares en los que tenemos instalados las distintas organizaciones sociales, los comedores, pero también como un proyecto de país que involucre y que piense qué comemos, cómo se producen esos alimentos y cómo se distribuyen”, planteó Fermín.

Al realizar la convocatoria a diferentes comedores, señalaron, notaron que muchos “debieron cerrar porque no hay alimentos”. Sin embargo, más allá de la existencia o no de las instituciones, “no quita que la demanda exista”, sostuvieron.

“Entre otras de las cosas que veíamos hoy, que lo compartían a partir de sus experiencias las referentes de los comedores, es cómo además de niños y niñas, aparecen personas adultas que se acercan a los comedores, y cómo a veces los niños demandan esa taza de leche y también para llevarle a su casa un poquito del guiso que se distribuye para compartirlo con sus padres”, agregó.

Desde la organización destacaron que “los comedores hoy por hoy son donde además de nutrirnos, apostamos también por vínculos entre las personas. Entonces cómo esa humanidad debemos sostenerla y ser un espacio de hermosa rebeldía que eso continúe en nuestros espacios comunitarios apostando a siempre poder comer mejor para enfermarnos menos”.

Por su parte Alejandra Dick compartió, desde su experiencia en el barrio Maggiori, que “hoy la demanda es muchísima”, y que “no solo se acercan niños a los merenderos, sino que va gente de todas las edades, familias completas. Es muy triste porque uno ve el día a día de que la gente, que vive los primeros 15 días del mes. Cuesta cada vez más pagar la luz, pagar el gas”.

La también promotora Anderis Alejo sumó que “la verdad que se está pasando tiempo muy difícil. Vemos como nuestros vecinos salen con el táper, con frío, con lluvia, a ir por una comida porque no le alcanza la plata. Vemos la necesidad que hay en los barrios también de los pequeños que van a los merenderos porque no tienen una taza de leche en su casa. Y vemos también lo difícil que se está haciendo sostener toda esta obra que hacen los merenderos comunitarios”.

El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que en 72 horas elabore un plan para distribuir las cinco toneladas de alimentos alojadas en depósito para ayuda social que no fueron repartidas para “de modo inmediato”, y tras conocer la resolución el Gobierno aseguró que apelará.

Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien afirmó que si bien son “respetuosos de la Justicia” utilizarán “los instrumentos legales que están al alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso”.

En ese sentido, agregó: “Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”.

Además, dijo que los alimentos sin distribuir “son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes”. Y agregó: “No es algo que ocurre sólo en la Argentina. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”.

El funcionario dijo que “de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior”. Y de inmediato enfatizó que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse”.

Además, volvió a apuntar contra las organizaciones sociales: “A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían”.

La denuncia contra el Gobierno la inició en febrero pasado el dirigente social Juan Grabois, quien pidió investigar que en dos centros de distribución, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, en Tucumán, se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir que tiene la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano.

“El derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, los que están expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que integran el denominado ´bloque de constitucionalidad´. Los mandatos también contemplan la especial protección de determinados grupos de personas en función de alguna condición de vulnerabilidad”, explicó el juez Casanello en su resolución.

El magistrado también resaltó los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que “el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria -el 14% de forma severa”.

Así, Casanello dispuso órdenes de presentación para que hoy se “detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”. También “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha” y “los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.

Además, Casanello ordenó la elaboración de un plan en 72 horas para la entrega inmediata de toda la comida.

El Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello ratificará en las próximas horas su denuncia por los comedores "fantasma" y aportará nueva información en el juzgado de Ariel Lijo.   

En ese sentido, sospechan que existió un modus operandi para permitir la extorsión a los beneficiarios de planes sociales, por lo que está más vigente que nunca el temor de La Cámpora a que las investigaciones prosperen.   

Entre hoy y mañana, la Subsecretaría de Legales del Ministerio de Capital Humano se presentará en Comodoro Py para aportar nueva información sobre los llamados comedores "fantasma".   

De 1.201 comedores que los funcionarios del área de Leila Gianni terminaron de auditar, muchos no se pudieron hallar, otros ya no existían más y, en los casos más singulares, existían en barrios privados o funcionaba una escuela de "pole dance" (el famoso baile del caño).   

La decisión que tomó la ministra del gobierno de Javier Milei fue acabar con la intermediación de los bolsones de comida que se realizaban a través de las organizaciones sociales.   

Los dirigentes sociales –devenidos en funcionarios- eran quienes definían cuántos bolsones de comida se enviaban a los comedores y merenderos que ellos mismos designaban e inscribían, por lo que no existía control alguno.   

Para el Ministerio de Capital Humano, el descontrol tenía una razón: la militancia partidaria beneficiando a comedores o supuestos comedores "amigos" y el delito. 

Por esa razón, están recabando más información para agilizar las investigaciones judiciales apuntando a las responsabilidades penales de los funcionarios a cargo de las millonarias cajas. 

El Registro Nacional de Comedores y Merenderos –Renacom- fue creado en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.   

Dependía de la Secretaría de Articulación Social de la camporista Laura Alonso. Le decían "la buena" para diferenciarla de la extitular de la Oficina Anticorrupción macrista llamada igual.   

La exministra Victoria Tolosa Paz tendrá que dar explicaciones sobre su gestión y los planes sociales, ya que estuvo al frente de Desarrollo Social (Luis Gasulla / NA). 

Los comedores de la ciudad atraviesan una compleja situación debido a la falta de entrega de alimentos, por lo que muchos han realizado diferentes reclamos y movilizaciones. Mientras avanzan gestiones entre referentes de establecimientos y autoridades municipales para buscar soluciones conjuntas a la problemática, desde el comedor Corazón Movedizo compartieron las dificultades que padecen.

Para quienes colaborar con el espacio, su referente Fabiana sostuvo que podrán hacerlo acercándose a la sede del lugar, en González Pacheco 2145, o comunicándose al teléfono particular 2494622565.

“Está muy difícil, muy. A veces me da mucha pena y ganas de bajar los brazos, por no poder ayudar como me gustaría o poder darle a la gente lo que se merece. Pido, saco mucho de mi casa, la mitad de mi sueldo va para el comedor comprando las garrafas. Yo tengo cocina,  un mechero. Compro las garrafas, el arroz, lo que sea necesario. Lo ocupo en eso, porque no puedo decirle a la gente cuando llega el fin de semana, no tengo hoy para cocinar. Así que trato de hacer lo que puedo y como puedo”, expresó Fabiana.

La responsable de Corazón Movedizo comenzó hace 5 años con el comedor merendero, que a la fecha brinda asistencia a 75 personas de los barrios La Movediza 1 y 2. “Esto surgió a raíz de la necesidad del barrio, de las mamás solteras, de la gente que estaba recibiendo muy pocas ayudas, ya que no teníamos agua, la mayoría de las casas no tenían luz. Es un barrio muy precario, con muchas necesidades. Actualmente tenemos calles realmente intransitables, falta de luz y un montón de cosas”, contó.

Actualmente, sumó, las destinatarias del comedor son “las mamás del barrio”, y a su vez asisten “varias familias de La Movediza que vienen al comedor a recibir merienda y viandas. Las mamás tienen el beneficio de la asignación, muchas mamás, pero eso no alcanza hoy en día y menos para las familias que tienen muchos chicos”.

Todos los días de la semana

Fabiana comentó además que quienes concurren a Corazón Movedizo lo hacen por verdadera necesidad, y que en los últimos días, pese a las lluvias y al estado de las calles, las familias se trasladaban caminando para acceder a su vianda.

“Yo estoy de lunes a jueves con la merienda. Hacemos con lo que la gente nos ayuda, recorremos panaderías a la mañana, juntamos pan, facturas. Hay días que no, así que cocinamos tortas fritas o lo que tengamos para poder ayudar. Viernes, sábado y domingo hacemos las viandas para 75 personas de La Movediza 1 y La Movediza 2”, precisó, y explicó que concentran las viandas durante los fines de semana a modo de refuerzo de la asistencia que ya brindan en la zona otros comedores como Los Tatú.

A la fecha, desde Corazón Movedizo se encuentran gestionando la personería jurídica para formalizarse como asociación civil. Lo hacen con el objetivo de poder acceder a la mercadería disponible en el Banco de Alimentos, así como para avanzar en convenios con instituciones que les permitan sumar talleres o propuestas pedagógicas. “Tenemos que esperar a que lleguen los papeles de La Plata y los tengamos firmados”, comentó Fabiana.

“En estos momentos estamos necesitando varias cosas. Lo más urgente es mercadería, necesitamos una cocina. Pero, bueno, yo puedo seguir arreglándome con lo que tengo. Lo que más me urge en este momento es poder seguir ayudando a la gente a que los chicos puedan comer y tener su merienda”, solicitó la referente.

Fabiana precisó que quien quiera colaborar puede hacerlo acercándose a la sede del comedor, ubicado en González Pacheco 2145. “Ahí funciona mi comedor, es un comedorcito de chapa que fue hecho con la intención de una vivienda. Cuando logré tener mi vivienda, pasamos el comedorcito ahí para más comodidad. Ahí tengo seis mamás que colaboran, ayudan todos los días a hacer lo que hacemos”, concluyó Fabiana, quien también compartió su teléfono personal para todo aquel que pueda ayudar con el espacio. 

Tal como lo había anunciado, el concejal del Frente de Todos (FdT), Nicolás Carrillo, presentó el último viernes un proyecto de ordenanza para crear el Registro Municipal de Apoyo para Comedores barriales, comunitarios y merenderos en el partido de Tandil.

La iniciativa, ingresada en el Concejo Deliberante junto al resto del bloque del FdT, busca, entre otras cuestiones, relevar la cantidad de comedores y merenderos que funcionan en forma permanente en el partido, reconocer la labor que realizan las organizaciones sociales locales que llevan adelante dicha tarea y dotar de recursos a quienes ya tienen la función de contener la problemática de la vulnerabilidad alimentaria en la ciudad y la zona.

En el texto, presentado horas después de mantener un encuentro con las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Tandil (UTEP), Carrillo destacó “la urgente necesidad de conocer y registrar los comedores barriales comunitarios y merenderos del partido de Tandil”. 

De acuerdo a la normativa, la autoridad de aplicación sería la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, que tendría a su cargo las acciones necesarias para la verificación en el territorio de los datos informados por estos espacios de contención barrial a los fines de obtener su alta de inscripción en el Registro.

En la mencionada Secretaría, los comedores y merenderos inscriptos deberían acordar, en una mesa de diálogo, la provisión por parte del Estado de alimentos y otros insumos y equipamiento necesarios para su funcionamiento, como asimismo un reglamento periódico de funcionamiento.

En el proyecto quedaron establecidos además los requisitos necesarios para la inscripción en el Registro. Se señaló, asimismo, que quedarán excluidos los comedores escolares y otros efectores dependientes de establecimientos educativos o jardines comunitarios.

El miércoles pasado, luego de un encuentro entre concejales de todos los bloques y representantes de la UTEP, Carrillo había adelantado la pronta presentación de esta iniciativa, que tenía entre sus objetivos centrales la eliminación de “todas las suspicacias y desconfianzas que se han construido al respecto” de la asistencia que el Estado brinda a los comedores comunitarios. 

Los detalles

En el proyecto, el edil del FdT consideró que los comedores y merenderos “aseguran una red de contención no solo alimentaria sino social en la detección y contención de diversas problemáticas sociales en la comunidad” y que, por lo tanto, “es imprescindible” que “tengan el reconocimiento del Estado siéndoles asegurados los insumos necesarios para el cumplimiento de su función”.

“Hoy en día y ante la crisis económica y social que se agudiza, en la discusión de las políticas públicas locales es de suma importancia y de real significación que los comedores barriales, comunitarios y los merenderos sean un actor esencial en la red de las acciones sociales planificadas y previstas”, indicó Carrillo.

Y remarcó que, entre los propósitos principales, se encuentra el abordaje de la asistencia alimentaria de manera más efectiva y articulada; la elaboración de un diagnóstico común de los problemas alimentarios que existen en diferentes sectores de la ciudad y la consolidación de una red de gestión de la seguridad alimentaria que articule los recursos del Estado nacional, provincial y local con la capacidad de las organizaciones locales a los efectos de maximizar los recursos.

Para finalizar, en el proyecto quedó explicitado que se entenderá por comedor barrial y/o comunitario “a todo aquel espacio físico que brinda asistencia alimentaria gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social al menos 3 días a la semana, elaborando alimentos y sirviendo una comida principal (almuerzo y/o cena), complementada en su caso con desayuno y/o merienda; sin perjuicio de la modalidad de entrega de viandas”.

Merendero comunitario –se agregó- se denomina "a todo aquel espacio físico que brinda asistencia alimentaria gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social, elaborando alimentos y sirviendo principalmente desayuno y/o merienda, y/o copa de leche; sin perjuicio de la modalidad de entrega de viandas”.

Vale recordar que el miércoles pasado, concejales de los distintos bloques encabezados por el presidente del Cuerpo, Juan Pablo Frolik, recibieron a representantes de la UTEP para dialogar sobre la situación de emergencia alimentaria en la que se hallan los comedores y merenderos de la ciudad luego de que el Estado nacional dejara de abastecerlos de alimentos.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio se encuentra incrementando un 10 por ciento mensual la ayuda brindada en alimentos, acompañamiento habitacional y prestaciones de salud. 

Así lo informó la secretaria Alejandra Marcieri, quien brindó detalles de la creciente demanda, del aumento de las personas que se encuentran bajo las líneas de pobreza e indigencia, y de un presupuesto estipulado del cual ya estiman que no alcanzará para el resto del año.

En diálogo con El Eco Multimedios, Marcieri manifestó su preocupación al señalar que “mensualmente estamos incrementando la ayuda en un 10 por ciento. El mes pasado fueron 31 millones de pesos asignados entre seguridad alimentaria, acompañamiento en alojamiento, alquileres, cuestiones ligadas a salud o tratamientos. Y este mes ya ejecutamos 35 millones de pesos y así venimos creciendo”, sostuvo.

Contemplando solamente la ayuda brindada en alimentos, agregó, pasaron de entregar 24 millones el mes pasado a 26 el corriente. Las cifras dan cuenta así de una preocupante situación social en la ciudad, que no escapa a la realidad nacional.

En ese sentido, agregó la secretaria, registraron también el crecimiento del número de personas asistidas. “Han crecido las personas por debajo de la línea de indigencia, porque teníamos 427 personas y ahora ya tenemos alrededor de 470. Y por debajo de la línea de pobreza teníamos un universo entre 1700 y ya hemos superado las 1800”, informó.

Dichos números reflejan sólo el universo de personas sistematizadas en los diferentes programas municipales. Sin embargo existe, observó Marcieri, un gran número de vecinos que concurre espontáneamente a la Secretaría solicitando algún tipo de ayuda. 

“Entre el 15 y el 20 de cada mes se acercan a la Secretaría a decir que no llegan a fin de mes y a solicitar acompañamiento alimentario personas de una población que antes no se acercaba”, señaló. 

“Lo que estamos percibiendo es una demanda continua, creciente y sostenida en el tiempo. No quiero ser alarmista pero es la realidad”, lamentó la secretaria. 

A dicho ritmo, estiman que el monto estipulado para la cartera en el Presupuesto 2023 no alcanzará a cubrir la demanda hasta fin de año.

“Lo que más me impacta es pensar que en enero del 2022 había acompañamiento en políticas alimentarias, en subsidios, por 12 millones de pesos y en enero de 2023, por 24 millones de pesos. Estamos en un 100 por ciento arriba. Por lo tanto la proyección que habíamos hecho del presupuesto que fue de un 60 por ciento de lo ejecutado, no va a alcanzar”, observó Marcieri.

Consultada por la situación social en la ciudad, que la secretaria conoce de primera mano por su rol en Desarrollo Humano y Hábitat, Marcieri observó que en determinados casos el presente le recuerda a lo vivido durante la pandemia.

“Porque hay mucha demanda, sobre todo de sectores que si bien tienen algún tipo de ingreso, no les alcanza para solucionar las cuestiones habitacionales, alimentarias, de tratamientos como puede ser en adultos mayores o personas con discapacidad”, manifestó.

En este sentido consideró que la “gran población olvidada” son los discapacitados y los jubilados que perciben una jubilación mínima. Con respecto a los adultos mayores informó que durante la semana hubo un encuentro del Consejo Consultivo abocado a dicha población, y que una de las principales preocupaciones planteadas en el marco del intercambio entre organizaciones fue que muchos adultos mayores se están acercando a los Centros de Jubilados demandando acompañamiento alimentario.

“Dentro de esta población vamos a tener que poner énfasis en esto que hemos visto, de acompañar a los adultos mayores. Por eso estamos trabajando con la Asociación de Productores Porcinos de Tandil (Apportan), para recibir 1200 kilos de carne en distintas tandas”, sostuvo. 

A su vez agregó que desde Provincia les entregan a la Secretaría 5 mil kilos de mercadería bimestrales, lo que supone alrededor de 120 bolsones por mes. Pese a que en estos días correspondería la entrega, a la fecha no se realizó, por lo que iniciaron las gestiones de consulta con el gobierno provincial, además de promover un proceso de licitación para poder adquirir la mercadería y atender la demanda urgente.

“Esa mercadería la destinamos para reforzar algunos proyectos de seguridad alimentaria que hay en el distrito, con algunos comedores específicos, con algunas organizaciones que trabajan la cuestión alimentaria, para demanda espontánea en el lugar o situaciones de emergencia”, precisó. 

La secretaria agregó que las organizaciones sociales perciben también mercadería de parte de Provincia y Nación. “Sabemos que no les está faltando porque en casos de que tengan déficit se acercan a nosotros para que hablemos con Provincia y se solucione”, observó.

En cuanto a las cantidades, afirmó, el conjunto de las organizaciones recibe mucho más que el propio Municipio.

“Las organizaciones reciben más, y en algunos casos les hacemos la logística para poder retirarlos porque sabemos que en definitiva le va a llegar al vecino. Hemos ido a buscar a Mar del Plata para alguna organización en alguna ocasión”, sostuvo. 

Marcieri manifestó también su deseo porque “esto se estabilice y que haya siempre una mejoría”. Concluyó considerando que “estamos entrando en emergencia alimentaria, desde el momento en que tenemos que empezar a separar cosas que eran importantes pero no urgentes para destinarlo a lo urgente, creo que es para tener en cuenta. Estamos entrando a una situación de emergencia social”.

Luego de que el presidente Mauricio Macri aceptó habilitar el debate parlamentario de la Ley de Emergencia Alimentaria, la Cámara de Diputados le otorgó media sanción la semana pasada y ayer finalmente el Senado aprobó  la normativa  que establece un aumento de emergencia como mínimo del 50 por ciento en el presupuesto para políticas nacionales de alimentación.

Como se trata de una iniciativa que no estaba prevista por el oficialismo y la oposición, aún no hay un documento público que establezca el origen de las partidas presupuestarias para financiar los 10 mil millones de pesos que se necesitarán desde su sanción definitiva hasta el 31 de diciembre de 2019. No obstante, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley protagoniza todas las negociaciones posibles con los líderes de los movimientos sociales para lograr que la ayuda llegue en tiempo y forma.

Hambre cero 

En correlación con la movilización a nivel nacional, en Tandil las organizaciones  Barrios de Pie-Somos, la Corriente Clasista y Combativa ( CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se concentraron ayer a la mañana en la explanada de la sede del Poder Ejecutivo municipal para visibilizar el tema y realizar una asamblea en acompañamiento a la medida.

El incremento de la demanda alimentaria producto de la coyuntura macroeconómica también se siente en Tandil y diferentes agrupaciones de la sociedad civil, religiosas y políticas se han pronunciado al respecto durante el último tiempo. Una de las observaciones apunta a que muchas familias de clase media comenzaron a percibir el rigor de la inflación y la depreciación salarial en sus economías, acercándose a estas entidades para solicitar ayuda que les permita llegar a fin de mes.

Daniel Fernández, referente de la CTEP celebró la iniciativa –que estaba presente en la agenda de las organizaciones desde hace dos años- como un reconocimiento oficial de la situación de crisis actual, aunque tardía. También aludió a las diez medidas anunciadas por el Gobierno local para reforzar las partidas y programas de la Secretaría de Desarrollo Social que oxigenaron la situación.

“Tenemos 15 millones de pobres y es una situación que se agrava cada día más, simplemente se busca  garantizar un plato de comida. Hasta diciembre no tiene que haber nadie sin comer en Argentina, es algo paliativo, no es de lo que más nos gustaría estar hablando porque queremos pelear por las condiciones de trabajo, por las unidades productivas”, señaló.

Economía Popular 

Frente a las críticas esgrimidas en diferentes ámbitos nacionales  acerca del otorgamiento de recursos del Estado a estos espacios, Fernández, que se desempeña en la Cooperativa de Recuperadores Urbanos del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) dentro de la CTEP, recordó que a través de la ley de emergencia social sancionada en diciembre de 2016 los trabajadores de la economía popular pudieron acceder al salario social complementario que brinda un marco de contención a todas las actividades del sector. En la ciudad hay alrededor de mil familias que orbitan bajo esfera de la economía popular y son beneficiadas con esta medida.

“Los cartoneros ya trabajaban en condiciones precarias y esa herramienta  fue un principio de reconocimiento  a esa labor. Las organizaciones sociales armamos unidades productivas a través de la herramienta del salario social que ofrece un ingreso fijo mensual y la cooperativa apunta a mejorar las condiciones de trabajo”, explicó Fernández.

“Las críticas vienen de prejuicios infundados, visibilizamos un conflicto de forma pacífica y solamente buscamos respuestas. No salimos a reclamar por deporte, no es lo primero que hacemos pero cuando todo falla tenemos que salir a la calle porque son cuestiones urgentes. Es lamentable que tengamos que discutir hambre sí o no”, concluyó.

Los movimientos sociales CTEP, CCC y Somos Barrios de Pie realizaron en la mañana del miércoles una nueva concentración y manifestación en el marco de una Jornada Nacional por la Emergencia Alimentaria.

Con media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, se espera que el Senado apruebe la propuesta para poder dar respuesta los pedidos de las organizaciones.

La norma establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la emergencia alimentaria nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002.

Además, enumera las obligaciones del Estado respecto de la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y establece un “incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular –CTEP-, la Corriente Clasista y Combativa –CCC-, Somos Barrio de Pie y Mujeres sin Techo, parte de las agrupaciones que día a día desarrollan actividades y tareas en las distintas barriadas de la ciudad, expusieron su postura en torno a las medidas anunciadas por el Gobierno comunal frente a la situación económica y social que atraviesa el país.

El Municipio, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, implementó a partir de septiembre  un paquete de 10 medidas -hasta fin de año- para reforzar el acompañamiento a todos aquellos vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, propias del contexto macroeconómico.

De acuerdo a lo anunciado por la comuna, frente al aumento de la demanda señalado por las agrupaciones de base, se analizarán de manera particular los casos que se detecten  en los centros comunitarios y en las distintas organizaciones.

Vale recordar que previo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, el 28 de agosto pasado las entidades se movilizaron hasta la sede de dicha secretaría, emplazada en 4 de abril y Arana, para  visibilizar la crisis alimentaria que “también golpea a Tandil”.

El cumplimiento de las medidas 

Marisa Cucarezze, de Somos Barrios de Pie; Lorena Rivero de la CCC: y  Susana Díaz de la CTEP explicaron que desde las organizaciones están atentos al cumplimiento de las diez cláusulas de refuerzo a la ayuda social y se encuentran abocados a acompañar a los vecinos para que puedan gestionar estos beneficios en los casos en que sea necesario. Además, renovaron su reclamo por la declaración de la emergencia alimentaria que contribuya a paliar el difícil contexto, en consonancia con lo que se pide a nivel nacional.

Por su parte, Cucarezze expuso que en La Movediza no recibieron aún el kit de limpieza e higiene, ni la partida de prepizzas caseras y que se restringieron los subsidios a la tarifa de electricidad, alquileres y otras ayudas. No obstante, refirió que sí llegó el refuerzo alimentario, que en otros centros comunitarios ha habido mayores respuestas y que aguardarán hasta la próxima semana para que se pongan en marcha de forma adecuada los mecanismos anticipados en todos los sectores.

“Es mentira que no hay necesidad en la calle, hay mucha. Hablamos con la gente en los barrios y a quienes se acercaron les transmitimos que se acercaran al CIC barrial,  en algunos casos acompañamos nosotros para que puedan anotarse e integrarse, para que el Estado sepa a ciencia cierta quiénes son los que necesitan refuerzos o ingresar al sistema. Estamos esperando que nos den respuestas”, explicó Díaz.

“Que puedan ver el trabajo que hacemos todos los días, acompañamos como podemos. Todos los viernes alcanzábamos mercadería, pero ahora tenemos que reforzar los alimentos a los comedores y merenderos, entonces esta semana pedimos que no vayan a nuestro espacio, sino que se dirijan a los centros integradores comunitarios y que se anoten personalmente o en el listado nuestro”, agregó.

“Patear los barrios” 

Las mujeres expresaron que deben ocuparse del trabajo que debería hacer el Municipio en torno al relevamiento y seguimiento de vecinos, y cuestionaron que desde la órbita municipal no recorren de manera exhaustiva los barrios.  “No se mueven y no se preocupan por verificar que lo que decimos es cierto”, lanzaron.

Afirmaron que de realizarse los monitoreos correspondientes se comprobaría la veracidad del escenario planteado por las organizaciones en cuanto a las dificultades que atraviesan y el incremento de familias que precisan cubrir sus necesidades básicas.

“Vivimos en un sector que no es el Tandil soñado. En La Movediza, por Piccirilli pasando Formosa y Salta, no hay luz ni agua, es una cueva de lobos, el día que llueve no se puede pasar”, contó Marisa, quien además subrayó lo complejo que es vivir con los 7.500 pesos que se pagan por programa y los 14 productos que se entregan en una coyuntura de inflación y falta de empleo.

“Pedimos trabajo, hoy por hoy cuesta llegar a fin de mes, llevar el plato de comida a tu casa. Hay personas que no se animan a pedir, gente con trabajo que no llega a fin de mes y tiene que pedir ayuda. Terminan yendo a un comedor y no se sienten cómodos, ¿por qué tenemos que  dar apellido y nombre? Si son ellos (por el Gobierno) los que brindan la ayuda, ellos tienen que salir a patear los barrios y ver cómo están las cosas, no salen a caminar, es fácil hablar desde atrás de un escritorio, hay que fijarse cómo está la situación en la ciudad para saber de qué estamos hablando”, indicó Lorena.

Falta de trabajo 

En esta línea, en diálogo con El Eco Multimedios Nicolás Carrillo, referente de la CTEP y el Movimiento Evita, puso en el centro de la escena que debería producirse un cambio de paradigma para pasar de la lógica del subsidio a la del trabajo, un debate ausente por el momento de la agenda pública.

“Los anuncios son bienvenidos porque traen un alivio, pero eso da cuenta de la catástrofe social, se asiste a cinco mil familias. Hay mucha gente que la pasa mal y colaboramos en ese sentido, después de parar la caída queremos dar el debate del trabajo. Estuvimos estos cuatro años, amén de ser opositores, ayudando a la población, no creemos que le tenga que ir mal a ningún gobierno”, describió.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular –CTEP-, la Corriente Clasista y Combativa –CCC-, Somos Barrio de Pie y Mujeres sin Techo, parte de las agrupaciones que día a día desarrollan actividades y tareas en las distintas barriadas de la ciudad, expusieron su postura en torno a las medidas anunciadas por el Gobierno comunal frente a la situación económica y social que atraviesa el país.

El Municipio, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, implementó a partir de septiembre  un paquete de 10 medidas -hasta fin de año- para reforzar el acompañamiento a todos aquellos vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, propias del contexto macroeconómico.

De acuerdo a lo anunciado por la comuna, frente al aumento de la demanda señalado por las agrupaciones de base, se analizarán de manera particular los casos que se detecten  en los centros comunitarios y en las distintas organizaciones.

El Municipio lanzó un paquete de diez medidas de refuerzo para afrontar la emergencia social

Marisa Cucarezze, de Somos; Lorena Rivero de la CCC: y  Susana Díaz de la CTEP explicaron que desde las entidades están atentos al cumplimiento de las diez cláusulas de refuerzo a la ayuda social y se encuentran abocados a acompañar a los vecinos para que puedan gestionar estos beneficios en los casos en que sea necesario. Además, renovaron su reclamo por la declaración de la emergencia alimentaria que contribuya a paliar el difícil contexto, en consonancia con lo que se pide a nivel nacional.

Por su parte, Cucarezze expuso que en La Movediza no recibieron aún el kit de limpieza e higiene, ni la partida de prepizzas caseras y que se restringieron los subsidios a la tarifa de electricidad, alquileres y otras ayudas. No obstante, refirió que sí llegó el refuerzo alimentario, que en otros centros comunitarios ha habido mayores respuestas y que aguardarán hasta la próxima semana para que se pongan en marcha los mecanismos anticipados en todos los sectores.

Organizaciones sociales pidieron más presencia estatal ante el aumento de la demanda alimentaria

“Pedimos trabajo, hoy por hoy cuesta llegar a fin de mes, llevar el plato de comida a tu casa. Hay personas que no se animan a pedir, gente con trabajo que no llega a fin de mes y tiene que pedir ayuda. Terminan yendo a un comedor y no se sienten cómodos, ¿por qué tenemos que  dar apellido y nombre? Si son ellos (por el Gobierno) los que brindan la ayuda, ellos tienen que salir a patear los barrios y ver cómo están las cosas, no salen a caminar, es fácil hablar desde atrás de un escritorio, hay que fijarse cómo está la situación en la ciudad para saber de qué estamos hablando”, indicaron.

“Es mentira que no hay necesidad en la calle, hay mucha. Hablamos con la gente en los barrios y a quienes se acercaron les transmitimos que se acercaran al CIC barrial,  en algunos casos acompañamos nosotros para que puedan anotarse e integrarse, para que el Estado sepa a ciencia cierta quiénes son los que necesitan refuerzos o ingresar al sistema. Estamos esperando que nos den respuestas”, explicó Díaz.

Las mujeres expresaron que deben ocuparse del trabajo que debería hacer el Municipio en torno al relevamiento y seguimiento de vecinos. Afirmaron que de realizarse los monitoreos correspondientes se comprobaría la veracidad del escenario planteado por las organizaciones en cuanto a las dificultades que atraviesan y el incremento de familias que precisan cubrir sus necesidades básicas.

Diputados de la oposición buscarán hoy acordar un solo proyecto de declaración de emergencia alimentaria en todo el país, y recién luego definirán si impulsan una sesión especial para el jueves, con el propósito de sancionar esta iniciativa que el Gobierno resiste, informaron fuentes parlamentarias.

Para preocupación del oficialismo, los bloques que impulsan la aprobación de la emergencia económica están en condiciones de alcanzar quórum propio (129 diputados); sin embargo, antes de pedir la sesión especial, aguardarán que el Gobierno responda oficialmente al reclamo.

Las bancadas que impulsan esta iniciativa son el Frente para la Victoria (FPV), el Frente Renovador, Red por Argentina, y Somos (las fuerzas que hoy integran el Frente de Todos); además, se suman el bloque Justicialista, Consenso Federal, el Frente de la Concordia Misionero y Unidad Justicialista.

Si los diputados de estos bloques asistieran a una hipotética sesión especial podrían superar incluso el piso de 129 diputados para abrir el debate, con lo cual el interbloque de Cambiemos solo podrá trabar su tratamiento si evita que la oposición alcance los dos tercios, ya que no tiene despacho de comisión.

Por lo pronto, los legisladores opositores buscarán acordar un solo texto en base a los cinco proyectos presentados de declaración de emergencia alimentaria, y esperarán hasta el miércoles una respuesta del Gobierno.

Con la declaración de la emergencia alimentaria, las agrupaciones sociales buscan la apertura de programas sociales, aumento de los salarios sociales y “más y mejores alimentos” para los comedores populares.

El diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso dijo a la prensa que “si hasta el miércoles a la mañana el gobierno no da algún tipo de respuesta a las demandas de la crisis alimentaria, estaría toda la oposición (con disponibilidad) para la sesión especial”.

Los bloques opositores recibieron el miércoles pasado a los movimientos sociales tras la marcha que realizaron al Ministerio de Desarrollo Social y al Congreso Nacional para reclamar la emergencia alimentaria.

Del encuentro, que se realizó en el salón Delia Parodi de la cámara baja, participaron legisladores y referentes del espacio piquetero que conforman Barrios de Pie, la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán.

En la oportunidad, Grosso dijo que estamos pidiéndole al Gobierno que escuche el reclamo”, señaló que “todos sabemos que estamos viviendo una crisis social y económica sin precedentes”, y consideró que la emergencia alimentaria “debería ser algo fácil de resolver en este país”. (Télam).

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirán hoy para abrir un canal de diálogo luego del reclamo de la central obrera para que se decrete la “emergencia alimentaria” en el país.

El miércoles último, mediante una carta pública, los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, habían reclamado al presidente Mauricio Macri la “urgente” declaración de emergencia ante “la grave situación social por la que atraviesan los ciudadanos, sumergidos en la pobreza e indigencia”.

El encuentro entre la cúpula de la central obrera y Stanley fue confirmado a Télam por voceros del ministerio de Desarrollo Social, aunque sin indicar el lugar y la hora de la reunión.

“Es obligación primaria, indelegable y constitutiva del Estado garantizar la alimentación y nutrición adecuadas de la población. La crisis económica que estalló en las últimas semanas no hizo más que agudizar la grave situación social”, aseguraron Daer y Acuña en la carta que lleva sus firmas.

Pidieron “coordinar todos los esfuerzos e invertir todos los recursos del Estado a disposición de los más necesitados”.

Luego de las primarias PASO del 11 de agosto pasado, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas tendientes a morigerar el impacto de la crisis desatada por la fuerte devaluación del peso frente al dólar, como la suspensión del IVA a alimentos de la canasta básica, un plus salarial para empleados públicos y la devolución Ganancias para sectores de la clase media.

Pero tales medidas fueron consideradas insuficientes tanto por los sectores sindicales como por organizaciones sociales y de piqueteros que la semana pasada lanzaron un “plan de lucha” con movilizaciones y acampe en la avenida 9 de Julio.

Se espera que en la reunión, a la que es posible que asista el ministro de producción y Trabajo, Dante Sica, se llegue a un acuerdo para reducir el conflicto con el anuncio de medidas para trabajadores registrados como una ampliación o reasignación de partidas para aumentar la asistencia a comedores barriales.

Mientras tanto, en el Congreso se debatirá esta semana la posibilidad de unificar en un único proyecto la “emergencia alimentaria” que puede contemplar una expansión del gasto público cercana a los 8.000 millones de pesos para políticas alimentarias, según fuentes parlamentarias. (Télam).

Las organizaciones sociales nucleadas en la CTEP, CCC, Somos Barrios de Pie y Mujeres sin Techo emitieron un comunicado para pronunciarse sobre las medidas de refuerzo anunciadas del Gobierno comunal para paliar le emergencia social producto de la crisis macroeconómica.

“La semana pasada las organizaciones sociales salimos a la calle a peticionar a los que gobiernan que resuelva el hambre de los más humildes. Es conocida la crisis humanitaria que se vive en la Argentina. La situación en nuestra ciudad es parecida a la media nacional. Hoy Tandil ya no es una isla; el aumento generalizado de precios y la desocupación, sumado al cierre de comercios y fábricas, algunas emblemáticas como La Capital y Metalúrgica Tandil, golpean duro la clase trabajadora. El costo de vida elevado de nuestra ciudad, reflejado en alimento y alquileres, no hace mas que agravar el cuadro”, expresaron.

En el texto recordaron  que el miércoles 28 de agosto pasado se movilizaron hasta la sede de la Secretaría de Desarrollo Social local para  visibilizar la crisis alimentaria que “también golpea a Tandil y para que ningún tandilense esté por debajo de la línea de la pobreza e indigencia”, con el consiguiente pedido de declaración de la emergencia alimentaria.

Organizaciones sociales pidieron más presencia estatal ante el aumento de la demanda alimentaria

Esto significaba un aumento en las partidas presupuestarias destinadas a alimentación y medidas puntuales tales como el aumento de mercadería en los Centros Integradores Comunitarios (CIC), aumento de la partida alimentaria a los comedores y el aumento de la ex tarjeta gris, que garantiza básicamente poder comprar los alimentos frescos complementando el bolsón de alimentos secos que entrega desarrollo social. Luego de una tensa reunión con funcionarios de esta dependencia, las organizaciones señalaron que la postura oficial fue negar la gravedad de la problemática y no dar respuesta alguna a las soluciones propuestas.

El día jueves pasado el intendente Miguel Lunghi, a través de una conferencia de prensa, dio a conocer medidas paliativas frente a la situación que se está viviendo.

“Si bien abarca sólo algunos puntos de lo peticionado por las organizaciones – no considera el aumento de la tarjeta gris, política ponderada por el oficialismo hace algunos años- el aumento de mercadería en los CICs es una medida que aliviará la situación desesperante que hoy atraviesan las familias más necesitadas, así como también lo hará la entrega de huevos y verduras para garantizar una alimentación variada. Creemos que el anuncio es un avance en reconocer el deterioro social existente y que estas medidas de emergencia son fruto de la lucha de las organizaciones sociales. Velaremos por su cumplimiento”, aseguraron.

El Municipio lanzó un paquete de diez medidas de refuerzo para afrontar la emergencia social

Por último, en el comunicado expusieron que para no ser pobre hoy en la Argentina una familia promedio necesita de 31 mil pesos mensuales y más de 12 mil para no caer por debajo de la línea de la indigencia.

“La debacle económica parece no tener fin, y desde nuestros comedores, espacios comunitarios y unidades productivas somos testigos del clima de desesperanza que se vive. No queremos más respuestas tardías, ni consideramos que nos merecemos destrato alguno siendo que cubrimos las necesidades que los estados fallan en suplir”, alertaron desde los diferentes espacios.

Atento a la situación social y económica que atraviesa el país, que repercute también en la ciudad, el Municipio por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, implementará un paquete de 10 medidas hasta el mes de diciembre para reforzar el acompañamiento a todos aquellos vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, propias del contexto macroeconómico de devaluación, inflación y deterioro del tejido social.

En conferencia de prensa, el jefe comunal Miguel Lunghi y los titulares del área de Desarrollo Social Alejandra Marcieri y Pablo Civalleri, ofrecieron los detalles de la iniciativa que no propone ideas nuevas, sino que fortalece lo que ya existe en la órbita del área. Tampoco se hacen eco del pedido de la oposición esgrimido la semana pasada para afrontar el escenario de crisis en la ciudad, que contempla una serie de cinco medidas orientadas a ampliar las exenciones impositivas para sectores específicos, quita del cargo de alumbrado público, reducción de la Tasa Unificada de Actividad Económica, declaración de la emergencia alimentaria y otorgamiento del bono extraordinario para los trabajadores municipales.

Vale reseñar también que la semana pasada diversas entidades sociales se manifestaron en el exterior de las oficinas de Desarrollo Social pidiendo por la emergencia alimentaria y exponiendo ante las autoridades la necesidad de hacer algo frente al aumento de la demanda producto del recrudecimiento de la crisis.

Las medidas presentadas en la jornada de ayer complementan las anunciadas por el Gobierno nacional y provincial, y de algún modo aúnan un espectro de acciones que surgieron del seno de la última reunión del Consejo Económico y Social. Por su parte, el paquete anunciado por Vidal para el territorio bonaerense  -con un costo fiscal de 1.400 millones de pesos- tiene tres ejes: uno destinado a los alimentos e infancia; otro a los aumentos de jubilaciones y un programas de financiación para pymes en crisis.

Paliar la emergencia 

En diálogo con El Eco de Tandil, Pablo Civalleri consignó que  es un trabajo que retoma y vehiculiza  un planteo del Consejo Económico y Social.

“A medida que se vayan detectando casos en los centros comunitarios y en las distintas organizaciones se analizarán”, explicó en cuanto al incremento de la demanda alimentaria expuesta desde las entidades sociales de base que funcionan en los barrios.

Para solventar estos refuerzos, se hará una reasignación de partidas de la misma secretaría pero no pudo consignar los números exactos finales porque  hay licitaciones en marcha que no aún no se cerraron y deben esperar para calcular los costos.

“Hablamos de varios millones de pesos, y se usarán también fondos de Provincia y Nación”, señaló el funcionario.

Las medidas alcanzarán a las personas que ya son acompañadas por el Estado local de alguna forma y frente a casos de nuevas personas pasibles de  acceder a estas medidas, Civalleri ratificó que “ante el incremento de la demanda manifestado pedimos que las organizaciones sociales nos informen cuáles son las familias para coordinar las ayudas de un modo integral”.

La asignación de la cantidad de recursos prevista en el nuevo paquete queda supeditada a la acreditación de la necesidad de incremento que puedan demostrar.

“Estamos todos los días con los vecinos, necesitamos del aporte de las instituciones, del sector privado, de todos,  para pasar este mal momento. No es momento para sacar réditos electorales, al Intendente lo votaron para gobernar hasta el 10 de diciembre”, concluyó.

Los refuerzos anunciados 

En la mañana de ayer las agrupaciones sociales CCC, Barrios de Pie, Somos, CTEP y Mujeres Sin Techo realizaron una movilización, en línea con una manifestación a nivel nacional, que tuvo sus repercusiones en la ciudad. En un día de cortes y protestas, los movimientos sociales  marcharon desde el Centro de Referencia local del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, ubicado en Las Heras 874, hasta la sede de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, en 4 de abril y Arana.

La movida se canalizó en distintos puntos del país con la consigna “Urgencia para enfrentar el hambre” y en el ámbito local estuvo anclada en solicitar al Ejecutivo municipal el pedido de aumento de las partidas alimentarias y montos de ayuda social que emanan del Estado local. Además, hicieron hincapié en la necesidad de que se trate en el Concejo Deliberante la Ley de Emergencia Alimentaria, en consonancia con las demandas a escala nacional.

Los reclamos 

La comitiva se concentró a partir de las 8.30 frente a las oficinas de Desarrollo Social de Nación para vehiculizar el reclamo hacia los estratos superiores que correspondan, por la suspensión en los pagos de los salarios complementarios que los trabajadores de la economía popular perciben por las diferentes tareas que realizan.

Seguidamente, marcharon con sus carteles y cánticos hasta el edificio que alberga a la secretaría municipal y, una vez allí, los manifestantes cortaron la circulación del tránsito. En el lugar, los representantes de las organizaciones fueron recibidos por los referentes del área Alejandra Marcieri y Pablo Civalleri.

En el espacio de diálogo, que por momentos resultó tenso entre ambas partes y no estuvo exento de chicanas políticas, se intercambiaron diversas peticiones y puntos de vista.

Con respecto a las cuestiones vertidas en el petitorio entregado, los funcionarios municipales detallaron que desde junio el bolsón que se entrega a las familias pasó de siete a quince productos -con el apoyo del Estado nacional- y que los productos incluidos se definen a nivel de políticas alimentarias con los trabajadores sociales para saber cuáles reforzar.

Por su parte, los dirigentes sociales expusieron la necesidad de aumentar el monto de las tarjetas de ayuda social que se expiden desde la secretaría y llevarlo de 600 a 1200 pesos. En este punto, Marcieri  aclaró que la tarjeta social o “tarjeta gris” no existe desde hace dos años, cuando se creó la TUAS (Tarjeta Única de Ayuda Social), instrumento en el cual se concentra todo el acompañamiento alimentario, de alquiler, capacitaciones, ayudas para abonar la tarifa de luz, apoyos personales, plan nutricional de salud y un universo de necesidades canalizado de modo integral.

“Quizás no tienen 600 pesos para la comida pero tienen 5000 para el alquiler, se evalúa de forma integral qué se necesita y se deposita un monto de dinero. Ellos quieren que deposite 1200 pesos a cada una de las 3500 familias que forman parte del programa, pero no con todas ellas trabajamos políticas alimentarias, a veces se asisten en otros aspectos porque resuelven la situación alimentaria por su cuenta”, especificó.

Al finalizar el encuentro, los referentes no salieron conformes y y objetaron que las medidas son insuficientes. Aseguraron que trasladarán sus inquietudes al Concejo Deliberante para que trate la emergencia alimentaria

Ayuda a los comedores 

Tras la reunión, Marcieri informó que a nivel local las demandas se abordaron el lunes en la reunión del Consejo Económico y Social, donde uno de los ejes fue la cuestión alimentaria.

“Piden el aumento de las partidas alimentarias de los comedores, pero ellos reciben alimentos desde Nación y Provincia y en cada una de las propuestas en las que hay un comedor o merendero están recibiendo acompañamiento del Estado municipal. Nos comprometimos a continuar con eso y si necesitan un incremento de la política alimentaria, en la medida que puedan justificar que creció la demanda, lo van a tener”, explicó la funcionaria y puntualizó que sólo existen tres espacios de estas características en Tandil.

Fue tajante al declarar que su deseo es que la ayuda llegue a la gente más allá de las agrupaciones y enfatizó: “Me quedo más tranquila cuando veo que la gente se lleva a su casa lo que necesita sin intermediarios, no necesito intermediarios para llegar a la gente”.

El tema de la demanda 

Frente al incremento de la cantidad de familias que pide ayuda en los barrios para comer, refirió que debe acreditarse a través de un listado para que Desarrollo Social evalúe de qué manera actuar y acompañar según el caso.

“Cuando uno empieza a pedir esos datos no aparecen, son reticentes a entregarlos, pero quiero que me dejen cumplir la función de contralor del Estado y saber a quién le entrego los alimentos”, objetó y recordó que quienes necesiten canalizar algún pedido pueden hacerlo a través de los Centros Integradores Comunitarios (CIC) distribuidos en el ejido urbano.

Con respecto a la asistencia ofrecida para pagar las tarifas de luz, aclaró que se duplicó el fondo que se le abona a la Usina, que de 160 mil pesos pasó a 300 mil, y que se trabaja de manera directa con la empresa para resolver las problemáticas de los vecinos destinatarios de la ayuda.

Además, Marcieri consideró que hay familias nuevas que no se acercan al CIC sino a una organización porque “no todos se sienten cómodos en los mismos espacios”, y por este motivo se trabaja de forma articulada con iglesias, instituciones y organizaciones.

“La garantía desde el Municipio es continuar acompañando a todos aquellos con los que venimos trabajando a la fecha y los que se sumen. Y quienes tengan dificultad saben que tienen un CIC en su barrio y va a haber un profesional para que analice su situación”, detalló.

“La gente tiene hambre” 

La referente de Mujeres sin Techo Mirta Piqueras participó de la reunión y también de la convocatoria del Consejo Económico y Social llevada a cabo esta semana.

“Las medidas son paliativas, no es mucho más  de lo que se habló en el consejo. El problema es que pedimos la Ley de Emergencia que significa que se aumenten las partidas alimentarias con una ordenanza municipal, para nosotros es fundamental en este momento porque en los últimos quince días se ha sufrido un desbarajuste terrible de la canasta alimentaria”, precisó.

Según relataron a El Eco de Tandil, en el espacio del Consejo Económico y Social desde Mujeres sin Techo señalaron que la demanda alimentaria creció y que observaron que empezó a acercarse gente que tiene trabajo pero no alcanza a cubrir los gastos en alimentos luego de pagar el alquiler y los servicios.

Las entidades también expusieron la necesidad de que el Departamento Ejecutivo converse con sus concejales de referencia para solicitar la sanción de ley en Tandil como una manera  de reconocer que se atraviesa una situación crítica vinculada a las medidas macroeconómicas.

“Nos vamos a seguir movilizando y reclamando, iremos al Concejo, que el Estado reconozca que estamos en una crisis y la gente tiene hambre”, profundizó.

Y afirmó que “esto amerita que se declare la ley, cuando la gente trabaja y no puede llevar la comida a su casa es una emergencia, esto ya supera la crisis”.

Organizaciones sociales realizaron durante la mañana del miércoles una concentración en la esquina de 4 de Abril y Arana, donde está ubicada la sede de Desarrollo Social de Tandil, en reclamo de la ley de Emergencia Alimentaria, en consonancia con la jornada de lucha realizada a nivel nacional.

Las agrupaciones sociales CCC, Barrios de Pie, Somos, CTEP y Mujeres Sin Techo se movilizaron desde el Centro de Referencia local del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Nación ubicado en Las Heras 874, donde reclamaron la reincorporación de los salarios complementarios dados de baja.

Luego se desplazaron hacia las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social municipal y en el lugar, los representantes de las organizaciones fueron recibidos por los referentes del área Alejandra Marcieri y Pablo Civalleri.

Dentro del universo de reclamos los manifestantes expusieron la necesidad de aumentar el monto de las tarjetas de ayuda social que se expiden desde la secretaría y llevarlo a 1200 pesos, incrementar las partidas alimentarias para los comedores e insistir con el abordaje de la Ley de Emergencia Alimentaria en la ciudad.

Con respecto a las cuestiones vertidas en el petitorio entregado, los funcionarios municipales detallaron que desde junio el bolsón que se entrega a las familias pasó de siete a quince productos -con el apoyo del Estado nacional- y que los productos incluidos se definen a nivel de políticas alimentarias con los trabajadores sociales para saber cuáles reforzar.

En torno a la tarjeta social o “tarjeta gris”, Marcieri aclaró no existe desde hace dos años, cuando se creó la TUAS (Tarjeta Única de Ayuda Social), instrumento en el cual se concentra todo el acompañamiento alimentario, de alquiler, capacitaciones, ayudas para abonar la tarifa de luz, apoyos personales, plan nutricional de salud y un universo de necesidades canalizados de modo integral.

“Quizás no tienen 600 pesos para la comida pero tienen 5000 para el alquiler, se evalúa de forma integral qué se necesita y se deposita un monto de dinero. Ellos quieren que deposite 1200 pesos a cada una de las 3500 familias que forman parte del programa, pero no con todas ellas trabajamos políticas alimentarias, a veces se asisten en otros aspectos porque resuelven la situación alimentaria por su cuenta”, especificó.

Al finalizar el encuentro los referentes no salieron conformes y y objetaron que las medidas son insuficientes. Aseguraron que trasladarán sus inquietudes al Concejo Deliberante para que traten la emergencia alimentaria

Canalizar las demandas 

Tras la reunión, Marcieri informó que a nivel local las demandas se trataron el lunes en la reunión del Consejo Económico y Social, donde uno de los ejes fue la cuestión alimentaria.

“Piden el aumento de las partidas alimentarias de la ciudad, pero ellos reciben alimentos desde Nación y Provincia y en cada una de las propuestas en las que hay un comedor o merendero están recibiendo acompañamiento del Estado municipal. Nos comprometimos a continuar con eso y si necesitan un incremento de la política alimentaria, en la medida que puedan justificar que creció la demanda, lo van a tener”, explicó la funcionaria.

Marcieri fue tajante al declarar que su deseo es que la ayuda llegue a la gente más allá de las agrupaciones y enfatizó que “me quedo más tranquila cuando veo que la gente se lleva a su casa lo que necesita sin intermediarios, no necesito intermediarios para llegar a la gente”.

Frente al incremento de la cantidad de familias que piden ayuda en los barrios para comer, refirió que deben acreditarse a través de un listado para que Desarrollo Social evalúe de qué manera actuar y acompañar según el caso particular.

“Cuando uno empieza a pedir esos datos no aparecen, son reticentes a entregarlos, pero quiero que me dejen cumplir la función de contralor del Estado y saber a quién le entrego los alimentos”, objetó y recordó que quienes necesiten canalizar algún pedido pueden hacerlo a través de los Centros Integradores Comunitarios distribuidos en el ejido urbano o en la misma dependencia de 4 de abril y Arana.

También consideró  que hay familias nuevas que no se acercan al CIC sino a una organización porque “no todos se sienten cómodos en los mismos espacios”, y por este motivo se trabaja de forma articulada con iglesias, instituciones y organizaciones para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles.

“La garantía desde el Municipio es continuar acompañando a todos aquellos con los que venimos trabajando a la fecha y los que se sumen. Y quienes tengan dificultad saben que tienen un CIC en su barrio y va a haber un profesional para que analice su situación”, detalló.