El pasado jueves 29 de agosto se realizó un plenario donde el Consejo Superior de la Unicen decretó la emergencia salarial ante los sueldos atrasados respecto a los índices inflacionarios que tienen todos los trabajadores del sector universitario. 

En medio de un extenso debate, desde la Federación Estudiantil Universitaria (Fucpba) presentaron un detallado informe donde se comunicó la situación económica de los estudiantes que asisten a la universidad pública. En el mismo se hizo hincapié en los salarios atrasados para los jóvenes que trabajan en los proyectos autogestionados de la universidad. 

Brisa Corredoira, consejera superior estudiantil de la Facultad de Ciencias Humanas, elaboró dicho documento y lo expuso en el plenario mencionado. En el mismo se recordó que la Unicen se apoya en cuatro pilares a la hora de garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación de sus estudiantes: el abordaje socioeconómico, la cobertura nutricional, la práctica deportiva y recreativa y la atención y prevención sanitaria. 

El informe tomó como ejemplo a algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas para llegar al presupuesto promedio que necesita un estudiante para vivir en la ciudad. Entre alquiler, expensas, servicios, celular e internet, sumados a los gastos del comedor, transporte y un ocio, un chico que cursa sus estudios superiores en la Unicen necesita algo más de 400 mil pesos. Esto sin contar gastos en salud, higiene o alguna salida.

En promedio, por más que el estudiante viva en residencias, tenga el Boleto Educativo Gratuito, beca Progresar y Unicen, necesitaría de mínimo $150.000 (solo calculando, menúes, celular y un deporte). “Estos datos solo demuestran el terrible escenario que estamos viviendo los estudiantes en particular y todos los argentinos en general”, señaló la autora del estudio. 

El sistema de becas para otorgar una cobertura económica y el comedor autogestionado, en el cual se  consiguen los almuerzos a precios económicos, ocupan un rol fundamental a la hora de garantizar la permanencia de los estudiantes en la Unicen. Estos hoy sufren el desfinanciamiento estatal y los salarios atrasados.

Debido a que estos puestos son un instrumento para asegurar la graduación de quienes adscriben a ellos, las lógicas y dinámicas varían respecto a otros espacios laborales: los horarios son consensuados en cada cuatrimestre con los trabajadores teniendo en cuenta sus horarios de cursada. 

Estos contratos son por 20 horas semanales y los estudiantes que lo perciben actualmente (agosto 2024) se les paga un monto bruto de $50.666, el cual posee altas retenciones, por lo que el sueldo neto que se le abona es de $28.546,23.

En consecuencia, los proyectos autogestionados de facultades como humanas, exactas, ingeniería y veterinaria se ven obligados a generar un pago complementario ante la insuficiencia de lo establecido por una universidad que se encuentra atadas de pies y manos ante la desactualización del presupuesto.

En este sentido, de acuerdo a lo presentado por Fucpba, estos proyectos se encuentran en una situación crítica, ya que los gastos mensuales (sueldos e insumos) son cada día más altos y no así sus ingresos. Desde el año 2022 hasta el día de hoy, se puede observar que el sueldo de los contratos por monto no ha tenido un ajuste real a la inflación, provocando una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que lo perciben. 

Desde abril de 2022 hasta julio del corriente año, según el INDEC se registra una inflación acumulada del 228.80%, la cual no se refleja en el aumento que han tenido los sueldos de los contratos por monto, debido a que estos deberían ser actualmente de $78.851,87 (sin contemplar las retenciones por la obra social) y en la realidad el total de haberes es de casi 30 mil pesos menos.

Es por eso que el informe señala que un factor a tener en cuenta a la hora de analizar los contratos por montos es el desfase de los mismos con el salario mínimo, vital y móvil. En ese sentido señala que se observa una diferencia del 123% por debajo del salario en cuestión, contemplando 20 horas semanales de trabajo al igual que el contrato por monto.

Como consecuencia de esta situación, sucede que todos los días aumenta la deserción de los alumnos que eligen dejar sus carreras en búsqueda de un trabajo que cubra esas necesidades que no se llegan a alcanzar por el contrato por montos. 

Por último, desde la Fucpba sostienen la responsabilidad y el deber de que los 17 mil estudiantes que hoy asisten a la Unicen puedan continuar sus estudios para convertirse en profesionales que sirvan a la patria. En ese sentido se manifiestan en defensa de las becas, las residencias y el sostenimiento del comedor autogestionado fortaleciendo las políticas ya existentes y no aplicando un recorte al presupuesto. 

En la reunión extraordinaria que se llevó a cabo el pasado jueves, convocada con el fin de informar la grave situación por la que atraviesa la Institución y el sistema universitario nacional, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires decidió declarar el Estado de Emergencia Económica. 

La decisión fue tomada en base al preocupante contexto nacional, en el que el gobierno decidió prorrogar el presupuesto destinado a las universidades, poniendo en riesgo la continuidad no sólo de las becas, programas y proyectos de extensión, sino el funcionamiento mismo de las casas de estudios de todo el país.

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El rector de la Unicen, Marcelo Aba, había anticipado en diálogo con El Eco Multimedios que “Si hoy nos atenemos a la única disposición que se ha emitido desde el gobierno, tenemos presupuesto para pagar salarios hasta mitad de año”.

A raíz de esta situación, el intendente Lunghi y Aba mantuvieron este viernes una reunión de trabajo en la que analizaron posibles soluciones a la problemática.

El encuentro se produjo en el despacho de este último, en el edificio del Rectorado de la Universidad, a donde el intendente llegó tras abrir el período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

En el concilio, ambos trazaron un panorama de la situación financiera del municipio y la universidad en el actual contexto de complejidad a partir de las medidas que impactan transversalmente a ambas instituciones.

En el encuentro, del que participaron el jefe de Gabinete de Municipio, Julio Elichiribehety y el secretario General de UNICEN, Luciano Corres, se resolvió evaluar la posibilidad de conformar una mesa de trabajo conjunta con equipos técnicos multisectoriales, para abordar distintas temáticas y problemáticas.

Ambos funcionarios destacaron el peso estratégico que tuvo en los últimos años el Acuerdo del Bicentenario que motorizó el Municipio y Universidad, al que se sumaron más de ochenta instituciones locales y que permitió generar políticas públicas y acciones comunes en beneficio de distintos actores tandilenses, enmarcados en los 200 años de Tandil.

Lunghi y Aba coincidieron en la necesidad de encarar en conjunto y de manera creativa los desafíos que se enfrentarán en los próximos meses, y hacerlo a partir del aprovechamiento de los recursos humanos, estudios técnicos y mesas de abordaje conjuntas.

En el marco de los nuevos arreglos con el FMI, la volatilidad del dólar se ha recrudecido, y actualmente el sector productivo busca la mejor manera de aguantar los coletazos inflacionarios. En el caso de particular de los lecheros, al comprar una gran cantidad de sus insumos en moneda extranjera, los aumentos repentinos influyen drásticamente, sumados a que aún no se han generado las estrategias adecuadas como para captar ese valor en el producto final. Además, tomando en cuenta la difícil realidad económica del país, que repercute en el sector agropecuario, se multiplican los tambos que deben cerrar sus puertas ante la dificultad de especular a largo plazo. 

Para conocer la situación del sector a nivel zonal, y las expectativas de cara lo que puedan influir las próximas elecciones en la problemática, El Eco Multimedios dialogó con Juan de Pian, Presidente de la Cuenca Mar y Sierra. 

En primer lugar contó que si bien parecía que la situación del sector había mejorado, adaptándose como se podía a una devaluación sostenida de entre siete y ocho por ciento mensual, en los últimos 60 días, con las subas repentinas y la falta de certezas en lo que respecta a la cuestión cambiaria, “la lechería ya viene nuevamente al igual que el año pasado, perdiendo un par de puntitos por mes en relación a la inflación”. 

A raíz de este manto de incertidumbre, planificar a futuro es una tarea difícil, “los veranos son cada vez más cortos, las dificultades son cada vez más largas y abrasivas”, señaló, y además hay producciones afectadas por diferentes problemas, ya sean climáticos, económicos, financieros, o de captación de precios, “que uno viene un par de años atrasado, no con las inversiones de infraestructuras, sino ya con las inversiones de reservas”, aseguró.

Explicó que si bien lo argentinos se han acostumbrado de cierto modo a convivir en esta y “equilibrar para abajo”, el estado ha pasado de recaudar fondos a través de los impuestos, a, desde hace un tiempo, hacerlo a partir de los distintos tipos de cambio. 

“Observando lo que sucede en el mundo, tomó la decisión de administrar a quién le permite un tipo de cambio superior. No nos olvidemos que ese tipo de cambio al país le sale plata, porque tiene que emitir para igualarlo, pero bueno, es la forma que encontró en los últimos dos años o un poco más, de hacerse de divisas”, refirió el productor.

Insumos a precio dolar

En cuanto a la compra de insumos, que se realizan mayormente a precio a dólar, sostuvo que este año en particular, ya sea lo que provenga en el mercado externo o lo que se produce en Argentina viene copiando los valores de la moneda extranjera. A su vez, hace más de seis meses que los cambios de precios son mensuales, y a pesar de que se venía copiando el incremento de precios con el valor de la materia prima, hoy se encuentran nuevamente con los pies en el barro.

“Y vayamos a saber hasta cuándo, porque te dicen hasta el 31 de agosto, pero si uno hace las cuentas, si no es para el 31 de agosto, para el 10 de septiembre el dólar oficial va a estar en 340, entonces lo que parece que va a por una ventana de tiempo y que después todo se acomoda, no sucede en nuestra economía, lo que sube se queda ahí arriba, y eso hace que sea muy complejo todo”, afirmó.

Tampoco está en el poder de los productores aumentar el precio en las góndolas al mismo ritmo que lo hacen los insumos, ya que según cuenta De Pian en la lechería en particular no son formadores de precios en absoluto, y esto se condice con una lógica a nivel mundial en el que la mayoría de las provisiones primarias no ha encontrado los mecanismos para captar valor en el producto final, por lo que, al ser un negocio que se maneja a largo plazo, las consecuencias se siente cada vez más.

De todas formas, subrayó que a pesar de lo difícil que está la economía del hogar en general, realmente los niveles de consumo todavía son altos, y es lo único que los tracciona hacia adelante. 

¿Una cuestion generacional?

En relación a la cantidad de establecimientos que forman parte de la institución, manifestó que es cada vez mayor el enojo por parte de la Cuenca, “porque realmente es como que se lo aborda para quitárselo de encima, últimamente se dijo mucho, incluso hasta el secretario Bahillo lo dijo, que era una cuestión generacional y de recambio. Siempre encontramos un momento, o es la seca, o es la lluvia o es el pibe que no quiere ir al tambo, o es que el tambo es muy sacrificado, que el campo es un mal negocio, y la realidad que no es así, hablando mal y pronto hace 20 años en nuestra Cuenca había 250 campos aproximadamente y hoy hay la mitad”, expresó.

También recordó recientemente la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer, que levantaba más del 10 por ciento de la leche de la cuenca, corto repentinamente los pagos, es decir que hubo casi una dentina de productores que tuvieron que arreglárselas por sí solos, e inclusive hoy continúan haciendo lo imposible para articular todos los organismos, para dicha entidad no se termine de caer. 

Por último, explicó que en el sector lechero es muy común ver una industria cerrada, pero ver el producto en la góndola, lo que significa que hay alguien detrás que aprovecha la vulnerabilidad para hacer de ella un negocio. “Entonces nosotros desde nuestro lugar lo tenemos que defender y hacer que eso no ocurra, que si realmente hay un producto que se llama ‘el amanecer’ , lo haga el amanecer y no que lo termine haciendo alguien que esperó que se fundan, compró la marca y lo puso en la góndola”, concluyó.

El ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, celebró oy que la Cámara de Diputados bonaerense haya aprobado una ley del Poder Ejecutivo que busca declarar la emergencia económica para empresas recuperadas por el término de dos años."Celebramos la media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense del proyecto de declaración de emergencia de las empresas recuperadas enviado por el gobernador Axel Kicillof que suspende desalojos, cortes de servicios públicos y otorga facilidades de pago", planteó el funcionario en declaraciones a Télam.La cámara baja votó y giró al Senado bonaerense, la iniciativa que suspende la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para esas firmas.En ese sentido, Costa recalcó que "desde el Ministerio de Producción trabajamos para saldar la deuda que la Provincia tiene con las empresas recuperadas, y apostamos a la producción cooperativa como motor de la reactivación".“El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica hoy cuenta cuenta además con el programa ‘Cooperativas en marcha’, una política pública que integra distintas líneas de fortalecimiento al movimiento cooperativo en general y las empresas recuperadas en particular a través de programas para la facilitar la compra de materias primas y maquinarias con aportes no reembolsables y créditos no bancarios", subrayó Costa, y agregó que también hay "líneas de formación y asistencia técnica para fortalecer sus capacidades productivas y comerciales”.En la propuesta enviada por Kicillof se destaca que el plazo de la emergencia será por dos años, con la posibilidad de poder extenderlo si fuera necesario y, a la vez, se declara de interés provincial el proceso de la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores.De sancionarse se suspenderán las ejecuciones de desalojo contra esas cooperativas, como también el remate de los bienes de las entidades por parte de la Justicia.En paralelo, se suspenderán los cortes de servicio y los prestatarios deberán otorgar un plan de facilidades de pago para poder cancelar las deudas que tengan esas empresas.

A raíz de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, y teniendo en cuenta que algunos sectores se vieron muy afectados, Juntos por el Cambio impulsó un proyecto para que en la provincia de Buenos Aires se declare al sector gastronómico en emergencia.

El diputado provincial Daniel Lipovetzky explicó a Télam que la iniciativa propone “una serie de exenciones fiscales para el sector, que atraviesa una fuerte crisis económica”, y agregó que “el proyecto de ley lo trabajamos con todas las Cámaras y representantes del sector gastronómico bonaerense“.

Asimismo, contó que elaboraron dos propuestas que se presentarán en paralelo y que proponen exenciones fiscales y medidas de ayuda para un sector como el gastronómico, “que ha sido muy golpeado”.

Aclaró que el proyecto contempla a bares, restaurantes, confiterías o cafeterías y comercios de expendio de alimentos y/o bebidas para consumo dentro o fuera del mismo, como así también a quienes brindan servicio de catering y salones para eventos que no hayan podido desarrollar total o parcialmente sus actividades debido a las restricciones impuestas por el gobierno nacional o provincial en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dispuso la suspensión de los aumentos de tarifas en los peajes de las rutas provinciales administradas por Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa). De esta manera, la Provincia se sumó a la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de congelar los peajes en la jurisdicción nacional.

En el marco de la declaración de Ley de Emergencia Social, Económica, Productiva y Energética en la Provincia de Buenos Aires, el Gobernador decidió frenar los aumentos para los peajes de las rutas que componen la traza gestionada por la empresa del Estado Aubasa. Es decir que se encuentran alcanzados por esta medida los peajes de Dock Sud, Hudson, Quilmes/Berazategui/Bernal, Samborombón, La Huella, Maipú, General Madariaga y Mar Chiquita.

Esta decisión se encuadra en la evaluación y revisión de todo el esquema tarifario que el Gobierno se encuentra realizando en el marco de la sanción de la emergencia en la Provincia.

El diputado nacional del interbloque Federal, el tandilense Alejandro “Topo” Rodríguez sumó también su visión sobre el proyecto de ley de emergencia económica que envió el Gobierno nacional, el cual calificó de “extenso, complejo y con objetivos múltiples y que requiere modificaciones”.

En ese sentido planteó “serias diferencias” en algunos aspectos pero consideró que “hay que dar quórum y tratar de modificar lo que corresponda, acompañando lo que está bien”.

Uno de los puntos en los que la bancada difiere alude al derecho de exportación o retenciones. Para legislador, en ese capítulo de la propuesta de ley resulta necesario considerar un “alivio particular para pequeños y medianos productores, teniendo en cuenta además las distancias a puertos y el tipo de producción”.

“Creo que tiene que haber un criterio de progresividad mediante instrumentos de segmentación”, reclamó Rodríguez, que indicó que el bloque propuso que se aplique un esquema de reducción de las alícuotas de los derechos de exportación para pequeños y medianos productores, que también favorezca la producción federal “considerando la escala de producción, el tipo de producto y la distancia desde los centros de producción hasta los de efectiva comercialización”.

En ese sentido, indicó que el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, se mostró receptivo a este tipo de inquietudes y que en el Ejecutivo bonaerense “por ahora no se sabe qué piensan”.

En defensa

“Es importante que entiendan que ‘el campo’ no son diez grandes empresas exportadoras, sino decenas de miles de chacareros, trabajadores, mujeres y hombres que invierten para producir, que generan empleo y movimiento comercial en nuestros pueblos y ciudades. Eso hay que defenderlo”, sentenció.

En otro orden, también propusieron que se tome a cuenta de ganancias el nuevo impuesto del 30 por ciento que se propone aplicar a los consumos en moneda extranjera.

Desde un punto de vista más general, reiteró que “el Gobierno necesita herramientas frente a la crisis que deja Macri y creo que hay que acompañar dando quórum, planteando propuestas y disidencias”.

“He conversado del tema con Roberto Lavagna y me ha dado pleno respaldo para que mantenga esta posición, de manera tal que la sostendré con respeto y con firmeza”, aseguró.

Diálogo con productores

En tanto, el diputado de Consenso Federal indicó que mantuvo conversaciones con productores agropecuarios de distintas zonas de la provincia de Buenos Aires y del país.

En el caso de Tandil dijo que estuvo en “comunicación permanente” con los dirigentes de la filial local de Federación Agraria. “Me plantearon la necesidad de trasladar al Congreso y al Gobierno esta prioridad: cuidar al pequeño y mediano productor. Mi compromiso con ellos es inalterable”, concluyó.

En la previa a la sesión prevista para las 15 de hoy, la Cámara de Diputados de la Nación tratará el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández y que ayer logró dictamen de mayoría tras el plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General.

En ese marco, el diputado nacional Carlos Fernández expresó la negativa del bloque Juntos por el Cambio en términos generales a la propuesta elevada por el Ejecutivo nacional al considerar que existe un “exceso de delegación de facultades por parte del Congreso”.

El bloque aportará las bancas necesarias para el desarrollo de la sesión especial prevista para una hora antes para la jura de cerca de una veintena de diputados que reemplazarán a legisladores que asumirán cargos en otras áreas del Estado pero no dará quórum para el proyecto de emergencia.

En diálogo con el ciclo radial “Buenas y santas” (104.1 Tandil FM) el legislador dijo que si bien adelantó que “comparten algunas cuestiones” en lo particular, el voto será negativo en temas como la “delegación de facultades tributarias”.

Para Carlos Fernández este artículo implicará un aumento de los impuestos en el orden de los dos puntos del PBI. “Estamos hablando de mucho dinero que se va a transferir a partir del incremento impositivo que se dará una vez que se sancione esta norma”, alertó el legislador de Cambiemos.

Poca claridad

Reconoció la existencia de una “situación compleja” desde el punto de vista económico y social “pero lo que se plantea no se hace con la adecuada claridad”, y cuestionó que se genera una carga tributaria y en paralelo “se incrementa el organigrama del Ejecutivo”, por lo que observó que “no hay una señal desde el punto de vista simbólico respecto a un esfuerzo que también debería hacer el Estado”.

En definitiva, sostuvo que “hay un sinfín de cuestiones que parecen improvisadas”, incluso cuando “el resultado electoral estaba cantado hace unos cinco meses”, por lo que “hubo tiempo suficiente para discutir e implementar un presupuesto”.

“La delegación de facultades del Parlamento al Ejecutivo que se pretende es superior a la que se hizo en 2002, por ejemplo” y que “anula” el poder de contralor del Congreso, planteó el diputado nacional.

En concreto, sostuvo que los diputados de la bancada darán quórum para la sesión en la que se tomará jura a los nuevos legisladores que reemplazarán a aquellos que no ocuparán la banca por asumir un cargo en el Ejecutivo.

“Después el oficialismo tendrá la tarea de juntar las bancas necesarias para habilitar el tratamiento del proyecto de ley. Cuando eso suceda, ingresaremos al recinto para dar el debate”, definió.

En la votación en particular, en tanto, podrían presentarse “algunas cuestiones en las que el oficialismo no alcance la mayoría”, anticipó.

En materia previsional, Fernández ratificó la postura negativa frente a la suspensión de la ley de movilidad que avanza en un “congelamiento de todas las jubilaciones que están por encima del mínimo”.

“Volvemos a un esquema que ya generó en el país una catarata de juicios”, advirtió y citó la jurisprudencia existente frente a estos casos.