La sociedad Santa Fe Bio, conformada por YPF y Essential Energy, suscribió un acuerdo de compraventa de largo plazo con TOTSA TotalEnergies Trading SA. El convenio tiene como objetivo la futura producción de combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y otros combustibles renovables que serán elaborados en la biorrefinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.

Según informó la petrolera estatal, este acuerdo constituye un hito clave para el desarrollo y financiamiento del proyecto bajo un esquema de Project Finance. La iniciativa aporta la previsibilidad comercial necesaria para avanzar en las próximas etapas de ingeniería y desarrollo de una instalación destinada a abastecer la creciente demanda global de energías renovables.

La futura biorrefinería contará con una capacidad estimada de producción de aproximadamente 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), las cuales estarán orientadas principalmente a los mercados internacionales. En este marco, TOTSA TotalEnergies Trading SA adquirirá la mayor parte de dicha producción bajo un compromiso firme de largo plazo, además de contar con un derecho de preferencia sobre los volúmenes remanentes.

El proyecto contempla inversiones superiores a los 400 millones de dólares para la reconversión del complejo industrial de San Lorenzo. Al respecto, el comunicado de la compañía destacó:

“La participación de TotalEnergies, uno de los principales actores globales del mercado energético y presente en la Argentina desde hace 48 años con actividades que abarcan tanto la producción y la comercialización de gas y petróleo como la generación de energías renovables, permitirá conectar la producción de la futura biorrefinería con destinos que avanzan en la incorporación de combustibles sostenibles para aviación como parte de sus objetivos de reducción de emisiones del transporte”.

Con este avance, YPF continúa ampliando su presencia en nuevos negocios energéticos, promoviendo iniciativas que contribuyan a generar inversiones, trabajo, exportaciones y desarrollo para el país, aprovechando las ventajas competitivas de la Argentina para abastecer la demanda mundial de energías.

Los precios internacionales del petróleo volvieron a registrar un incremento este jueves, alcanzando nuevamente la zona de los 100 dólares por barril. Esta tendencia alcista responde a la amenaza de nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, situación que presiona al comercio energético global.

El Brent, que funciona como referencia para Europa, avanzó un 4,48 por ciento durante esta jornada, cotizando a 104,69 dólares por barril. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepó un 4,65 por ciento y se ubicó en 92,39 dólares por barril.

El contexto de inestabilidad se mantiene desde el cese de la tregua entre ambos países, la cual se extendió durante cerca de un mes. Previo a la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, registrada el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que había retornado tras un acuerdo de paz que finalmente no logró sostenerse.

La suba actual está vinculada al temor de los mercados sobre el retorno de los problemas de abastecimiento, agravados por la injerencia de Irán en las principales vías de circulación energética. A este escenario se suma la paralización de parte de la producción en Estados Unidos debido al inicio de la temporada de tormentas y huracanes. Puntualmente, se suspendió parte de la actividad offshore en el Golfo de México, zona que concentra casi el 15 por ciento de la producción anual de crudo del país.

Aunque el suministro se había recuperado en septiembre, la expectativa de que la mejora en el abastecimiento calmara a los mercados y redujera el impacto en la inflación se ha diluido ante la renovada amenaza de afectar el tránsito fluvial y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz.

El Indicador Sintético de Energía (ISE) registró una suba interanual de 3% en el segundo trimestre de 2026, según informó de manera oficial el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, al observar la comparación con el trimestre anterior, la serie desestacionalizada mostró una disminución de 1,3%, mientras que la serie tendencia-ciclo cayó 0,5%.

De acuerdo con el organismo, la generación neta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional aumentó 2,4% interanual durante el segundo trimestre. El Indec señaló que la variación estuvo relacionada principalmente con una mayor generación térmica. En tanto, el gas distribuido, sin incluir el destinado a las centrales eléctricas, presentó un incremento de 0,2% respecto del mismo período de 2025.

Los derivados del petróleo seleccionados para el cálculo del ISE, medidos en toneladas equivalentes de petróleo, registraron en conjunto una suba de 6,2% interanual. Según el informe, dentro de esos productos la principal incidencia positiva correspondió al gasoil neto de centrales eléctricas.

En el segmento de generación eléctrica propia, el total de energía autogenerada por la minería y la industria manufacturera disminuyó 3,7% en el segundo trimestre. El Indec precisó que la energía despachada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) aumentó 14,6%, mientras que la destinada al autoconsumo cayó 8,4% frente al mismo período del año anterior.

La evolución fue diferente entre las actividades relevadas. La minería incrementó 4,1% su energía autogenerada, con una suba de 19,3% en la destinada al MEM y una baja de 2,8% en la utilizada para autoconsumo. En la industria manufacturera, en cambio, la autogeneración disminuyó 11,5%, producto de una caída de 0,4% en la energía despachada al MEM y de 12,7% en la destinada al autoconsumo.

En el capítulo de biocombustibles, el Indec informó que la producción de biodiésel aumentó 20% interanual en el segundo trimestre y que los despachos al mercado interno crecieron 12,2%. En contraste, la producción total de bioetanol cayó 2,2%, debido a una baja de 16,2% en el elaborado a partir de caña, parcialmente compensada por una suba de 6,2% en el producido a partir de maíz. Los despachos internos de bioetanol disminuyeron 5,8%.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires llevó adelante la apertura de las ofertas correspondientes a la licitación para la ampliación de la Estación Transformadora de Villa Lía, ubicada en el partido de San Antonio de Areco. El proyecto tiene como objetivo principal mejorar la calidad del servicio eléctrico para 200.000 personas que residen en distintos municipios del norte bonaerense.

La obra, que será operada por TRANSBA S.A., contempla la incorporación de un sistema de doble juego de barras de alta tensión y cuatro nuevos campos de línea. Estos permitirán vincular la estación de Villa Lía con las instalaciones de Campana, San Antonio de Areco, Arrecifes y Baradero. Asimismo, el plan de trabajo incluye la instalación de un campo de acoplamiento de barras, la vinculación del autotransformador existente a la nueva infraestructura y la construcción de un edificio destinado a comando, protección y comunicaciones.

De acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Energía, el proyecto también comprende la construcción de una nueva línea de Alta Tensión de 132 kV. Esta tendrá una extensión aproximada de 8,2 km y conectará la Estación Transformadora Villa Lía con el punto de enlace de la línea existente Campana - San Antonio de Areco Sur.

En cuanto al financiamiento, la obra contará con una inversión total de 19.825.000.000 de pesos. El esquema económico se compone en un 74% mediante un préstamo internacional otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, mientras que el 26% restante será cubierto con presupuesto del tesoro provincial.

Del acto de apertura de ofertas participaron el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto; la directora Provincial de Gestión de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Dagni Cameron Laurlund; la directora, Guadalupe García Blanco; el director de Administración de la Dirección Provincial de Energía, Luis González; además de representantes de las empresas interesadas y público en general.

Representantes de compañías productoras de biodiesel de la provincia de Buenos Aires elevaron un pedido formal a los intendentes de las ciudades donde operan sus plantas. La solicitud busca que los jefes comunales intercedan para evitar que se convierta en ley el proyecto que busca modificar el funcionamiento del mercado de biocombustibles, impulsado por el presidente Javier Milei. Según advierten desde el sector, si la medida prospera, las empresas “van a quebrar”.

Las presentaciones fueron enviadas por la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) a los despachos de los intendentes José Luis Salomón (Saladillo), Juan Fiorini (Junín), Mauro Poletti (Ramallo), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Federico Achaval (Pilar).

En los documentos, los productores detallan el impacto negativo que tendría la aprobación de la ley de biocombustibles impulsada por la senadora Patricia Bullrich, señalando que esto derivaría en “pérdidas de puestos de trabajo y menos actividad y recaudación para el municipio”.

La iniciativa busca aprovechar el impase parlamentario generado esta semana, cuando La Libertad Avanza no logró llevar el proyecto al recinto pese a contar con dictamen de comisión favorable, debido a diferencias con aliados que solicitan modificaciones. El tratamiento se encuentra en suspenso mientras el oficialismo busca avanzar con la sanción en las próximas semanas.

El proyecto S-809/26, presentado por Patricia Bullrich, se propone como una política para liberalizar el sector. Entre sus puntos principales, dispone un aumento del porcentaje de corte para el biodiesel del 7,5% al 10%, tanto para empresas integradas —vinculadas a grandes exportadoras y a la industria aceitera— como para las no integradas, que son las PyMES que abastecen el mercado interno.

La mayor preocupación de las empresas pequeñas radica en la reducción de la porción del mercado asegurada en favor de plantas pertenecientes a grandes compañías ubicadas en Santa Fe, cerca de Rosario. Actualmente, las PyMES no integradas cuentan con el 7,5% del mercado, pero bajo el nuevo esquema, esa participación irá disminuyendo: bajará al 6,5% durante la transición, al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y finalmente quedará en 3% desde 2031.

El Gobierno nacional dispuso la revisión de las solicitudes para acceder a los subsidios de electricidad y gas por redes que, después de un año desde su presentación, no hayan podido ser vinculadas con un suministro informado por las empresas prestadoras. Los usuarios alcanzados por esta medida tendrán un plazo de 60 días para actualizar sus datos.

La normativa fue establecida mediante la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Esta acción forma parte del proceso de depuración del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

La norma se enfoca específicamente en aquellas solicitudes en las que existe una inconsistencia entre los datos declarados por el usuario y la información sobre los suministros de electricidad o gas remitida por las prestadoras. En este sentido, el Gobierno consideró razonable establecer un plazo de un año desde el alta antes de someter esos trámites a revisión.

Los usuarios alcanzados deberán ser notificados a través de los medios de contacto que declararon al realizar el trámite. A partir de esa notificación, dispondrán de 60 días corridos para rectificar, actualizar o completar los datos del suministro o, en su defecto, informar uno nuevo que pueda ser correctamente vinculado.

En caso de que transcurran los 60 días sin que el usuario realice las modificaciones necesarias y continúe sin poder establecerse la vinculación con un suministro, la solicitud de subsidio será dada de baja. Es importante aclarar que la disposición no afecta a todas las personas que reciben subsidios ni implica una baja automática del beneficio por el mero paso del tiempo, ya que el procedimiento se concentra exclusivamente en las solicitudes que llevan un año sin poder asociarse con los servicios declarados.

Quedan expresamente exceptuadas de esta medida las solicitudes correspondientes al Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, debido a que este tipo de provisión no está asociado a una red de distribución ni a un punto de suministro identificable mediante una prestadora y un número de cliente.

Los usuarios pueden consultar su situación respecto de los subsidios a través de la plataforma Mi Argentina, en la opción Trámites, y solicitar una revisión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

El Gobierno nacional formalizó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto denominado “Ampliación Mega”. La iniciativa, que contempla una inversión de 365 millones de dólares, tiene como finalidad principal incrementar la producción de líquidos del gas natural (LGN).

El ingreso de la Compañía Mega SA Sucursal Dedicada (CMSD) al régimen fue autorizado mediante la Resolución 1381/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, donde se calificó al proyecto dentro del sector de petróleo y gas. El plan presentado por la firma detalla una inversión total de 365.398.669 dólares, de los cuales 359.164.361 corresponden a activos computables.

Para dar cumplimiento al requisito legal de desembolso rápido, la compañía se comprometió a invertir 121.613.889 dólares durante el primer año y 152.709.106 dólares en el segundo. La fecha límite para alcanzar la totalidad de la inversión mínima computable es el 1 de octubre de 2027, mientras que el inicio de las operaciones comerciales está previsto para el 28 de febrero de 2029, proyectando una vida útil para el proyecto de 18 años.

La obra busca incrementar la capacidad de producción del Complejo Industrial MEGA en 1.500 toneladas diarias adicionales de LGN, que se sumarán a las 5.500 toneladas diarias actuales. Para lograr este objetivo, la empresa incorporará nueva infraestructura en tres puntos clave: la Planta de Separación Loma La Lata, en la provincia del Neuquén; el Poliducto "Loma La Lata - Bahía Blanca", que atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; y la Planta de Fraccionamiento en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Debido a que se trata de la ampliación de un proyecto preexistente que no estaba adherido al régimen, la normativa exige controles estrictos. La sucursal operará de forma independiente y llevará una contabilidad separada de su casa matriz. Además, la firma presentó un plan de separabilidad con un sistema de monitoreo, trazabilidad y conciliación que garantiza que los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI se apliquen únicamente a las nuevas obras.

Según el plan presentado, el 60% del monto total de inversión destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura será para firmas locales durante las etapas de construcción y operación. Este porcentaje estipulado triplica el piso del 20% que exige la legislación vigente. Con la adhesión consumada, la firma accederá a los incentivos previstos por la Ley 27.742, incluyendo franquicias aduaneras para la importación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones.

El precio del petróleo se afirma por encima de los 90 dólares, sumando inestabilidad a los mercados globales. La continuidad del conflicto en Medio Oriente es la principal causa de la nueva tendencia alcista que presenta el Brent.

Al promediar las operaciones de este miércoles, el barril opera en 91,40 dólares, lo que representa un alza del 0,4 por ciento. Esta situación genera un impacto directo en los surtidores argentinos, dado que la inestabilidad actual no permite definir con precisión qué sucederá con el precio de los combustibles en el corto plazo.

Por otro lado, esta tendencia alcista sostiene la mejora en la balanza energética, un factor clave en el contexto económico actual.

El Gobierno nacional formalizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la obra de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica, conocida como AMBA I. La medida, que había sido anticipada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue confirmada mediante la Resolución 202/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la emergencia energética vigente. Según se detalla en la normativa, el objetivo central es “cubrir las necesidades de inversión y para garantizar la prestación continúa de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”.

La ejecución de este proyecto es considerada de “carácter prioritario” para mejorar el abastecimiento de la demanda en el Gran Buenos Aires, bajo el régimen de Concesión de Obra Pública establecido por la Ley 17.520. Además, la normativa habilita al adjudicatario a solicitar la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que permitiría acceder a beneficios de estabilidad y seguridad jurídica.

En cuanto al respaldo financiero, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentra analizando una operación de garantía para cubrir el contrato de concesión. Esta cobertura podría extenderse por hasta 25 años. Asimismo, se autorizó la utilización de fondos acumulados en la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), tras la confirmación de recursos realizada por CAMMESA en marzo de este año.

El proceso licitatorio se gestionará a través de la plataforma CONTRAT.AR. Los interesados podrán realizar consultas sobre los pliegos hasta 30 días antes de la apertura de las ofertas. El plazo límite para la presentación de propuestas es de 120 días corridos contados desde la publicación en el Boletín Oficial, estableciéndose como horario tope las 11:00 horas. La apertura de sobres se llevará a cabo el mismo día a las 12:00 horas.

Finalmente, la evaluación de las propuestas será responsabilidad de una Comisión Evaluadora integrada por Pedro Cattaneo, Favio Ramírez y Claudia Contarino, quienes actuarán como miembros titulares.

Con un mayor impulso en las exportaciones del sector energético y minero, dos de los tres rubros clave para el ingreso de divisas al país, la recaudación podría superar los 50.000 millones de dólares para 2030. El Gobierno nacional impulsa distintas políticas orientadas al crecimiento de estos sectores estratégicos con el objetivo de sumar más dólares y reactivar la economía.

A partir de la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado "Súper RIGI", la energía y la minería se posicionan como los grandes captadores de divisas. En el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central (BCRA), se recalcularon las estimaciones de ingreso de dólares respecto al primer período. Este documento, que se publica de manera trimestral, analiza los principales puntos de la economía argentina.

La guerra en Medio Oriente, iniciada a finales de febrero, provocó que los precios del petróleo internacional se dispararan, permitiendo proyectar una mayor captación de divisas. Este factor se suma a las exportaciones realizadas desde Vaca Muerta y la puesta en marcha de distintos proyectos bajo el marco del RIGI. El IPOM del segundo trimestre revaluó sus estimaciones y calculó que, entre ambos sectores, habría un ingreso extra de 3.000 millones de dólares entre 2026 y 2029.

"El Gobierno se encuentra impulsando una agenda de reformas que abarca múltiples dimensiones económicas (rebajas impositivas, desregulación de mercados, apertura económica, estabilidad jurídica). Estas reformas introducen incentivos que impulsan el potencial que tiene la economía argentina en varios sectores proveedores de divisas tales como la energía, la minería, el agro y los servicios basados en el conocimiento", se indica en el texto oficial.

El BCRA estima que los ingresos pasarán de 13.000 millones de dólares en 2025 hasta los 50.000 millones en 2030, lo que representa un salto de más del 290% en cinco años. Desglosado por años, en 2026 la balanza combinada sería de 19.000 millones de dólares (8.000 millones de energía y 5.000 millones de minería) y saltaría a los 24.000 millones en 2027 (16.000 millones de energía y 8.000 millones de minería), con la puesta en marcha del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Para 2028, el saldo entre ambos sectores dejaría un total de 28.000 millones de dólares (20.000 millones de energía y 8.000 millones de minería), llegando al 2029 con una balanza combinada de 34.000 millones de dólares. El mayor salto se proyectó para 2030, año en el que la autoridad monetaria pronosticó un ingreso de 51.000 millones de dólares, de los cuales 34.000 millones provendrían de la energía y 17.000 millones de la minería.

"La administración está corrigiendo décadas de sesgo antiexportador de la política económica y apoyando un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones", finaliza el documento.

El Gobierno oficializó la adhesión de la minera Vicuña Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tras la aprobación de la obra eléctrica mediante la Resolución 1154/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La medida, instrumentada por el Ministerio de Economía, se concretó luego de que el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) avalara el plan de expansión eléctrica de la firma, rechazando todas las impugnaciones presentadas.

El proyecto Vicuña representa una de las apuestas productivas más importantes del país, con una inversión total de 9.737 millones de dólares. De ese monto, 9.024 millones corresponden a inversiones en activos computables que se ejecutarán en dos etapas hasta diciembre de 2031. El objetivo central es la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, situados en la provincia de San Juan.

El emprendimiento ha sido calificado como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Según fuentes gubernamentales, la iniciativa busca “posicionar a la República Argentina como un nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales de cobre y doré”. Asimismo, desde el Gobierno destacaron que el proyecto “marca un antes y un después en la industria minera argentina” y estimaron que generará exportaciones por más de 2.600 millones de dólares al año, además de crear 31.700 empleos directos e indirectos.

El plan de inversión abarca operaciones de minería a cielo abierto, una planta concentradora, instalaciones de lixiviación, sistemas de suministro de agua, infraestructura eléctrica, caminos de acceso y alojamientos para los trabajadores. Al ingresar al RIGI, la empresa accederá a incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, incluyendo la libre disponibilidad de cobros de exportaciones y franquicias especiales para la importación de bienes y servicios.

La resolución establece que la empresa deberá acreditar una inversión de al menos el 20 por ciento del monto mínimo durante los primeros dos años, fijando el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para cumplir con el compromiso de inversión en activos computables.

El presidente Javier Milei afirmó este domingo que “el crecimiento de los sectores energético y minero” permitirá avanzar hacia la eliminación definitiva de las retenciones al agro, en respuesta al reclamo que minutos antes había formulado el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Aunque no realizó anuncios concretos durante su exposición, el mandatario nacional dejó planteado que esos recursos serán la base para reemplazar uno de los principales ingresos fiscales vinculados al sector.

“Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido. Entendemos que eliminarlas es una obsesión para nuestro Gobierno y hemos dado muchos avances en esa dirección. Sin embargo, no le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos”, sostuvo Milei durante un discurso de casi 40 minutos en la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo.

En ese sentido, el Presidente remarcó que “eliminar las retenciones es una prioridad” y aseguró que la estrategia oficial es hacerlo de manera sostenible.

“El crecimiento de la producción energética y minera permitirá generar los recursos necesarios para seguir reduciendo impuestos hasta eliminarlos por completo”, afirmó.

Las palabras de Milei llegaron inmediatamente después del discurso de Nicolás Pino, quien reclamó que las retenciones “dejen de existir por ley y para siempre” y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos 215.000 millones de dólares mediante ese tributo.

Ante un predio colmado de productores, dirigentes rurales y funcionarios nacionales, el Presidente calificó a los hombres y mujeres del campo como “héroes” y sostuvo que “desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país”.

En ese marco, afirmó que “se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos” y aseguró que la agroindustria atraviesa el comienzo de una nueva etapa.

En el predio de Palermo se encontraban el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

En tanto, en el palco se encontraban la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y legisladores.

Durante su intervención, Milei definió a los productores agropecuarios como “héroes” y sostuvo que el país atraviesa un cambio de paradigma.

“Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”, afirmó al iniciar su discurso, donde repasó las medidas adoptadas por su gestión desde 2024 para favorecer al sector.

El mandatario cuestionó duramente las políticas aplicadas durante las últimas décadas y aseguró que el agro fue “castigado con impuestos, cepos, cupos y precios máximos”.

“Convirtieron al sector más pujante del país en el pagador de última instancia de la Argentina. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre”, sostuvo.

También defendió el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno y afirmó que se le quitó “al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto durante años”.

Otro de los ejes del discurso fue el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será debatido próximamente en el Senado. Según Milei, la iniciativa permitirá atraer fuertes inversiones hacia el sector agropecuario.

“Con la aprobación de esta ley estimamos inversiones por 15.000 millones de dólares en estas industrias”, señaló.

El Presidente sostuvo que la norma brindará mayor seguridad jurídica y facilitará la llegada de capitales para potenciar actividades productivas hoy subexplotadas.

En buena parte de su exposición, Milei responsabilizó a los gobiernos anteriores por haber convertido al agro en “el pagador de última instancia” del Estado.

“En vez de pagarle con justicia al campo por lo que había hecho por el país, lo castigó con impuestos, cepos, cupos y precios máximos. Ese es el campo que fue, el exprimido y atado de manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre”, sostuvo.

También rechazó las críticas históricas al sector y reivindicó su aporte a la economía nacional.

“Nunca más debemos permitir que alguien nos venga con la cantinela de que el campo no agrega valor ni genera empleo”, afirmó, antes de remarcar que el complejo agroindustrial explica cerca de un cuarto del empleo formal del país y que detrás de cada productor existe una extensa cadena de trabajo integrada por veterinarios, ingenieros, transportistas, biotecnólogos, molinos, aceiteras y numerosos proveedores.

El mandatario repasó las reducciones impositivas implementadas desde el inicio de su gestión y sostuvo que los resultados productivos demuestran el impacto positivo de esas medidas.

“Solo por la baja de retenciones, la relación entre nuestros precios en Rosario y los de Chicago mejoró hasta un 19% en el maíz y un 12% en la soja”, señaló, al tiempo que recordó que el productor pasó de recibir alrededor del 65% del precio internacional de la soja a percibir actualmente cerca del 75%.

“Va a seguir subiendo hasta que el día de mañana reciba el precio pleno, el 100% de lo que genera su esfuerzo”, prometió. En ese sentido, afirmó que “todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda” y sostuvo que el Gobierno está “camino a terminar de liberarlos por completo”.

Luego detalló el cronograma de reducción de derechos de exportación para los principales productos agropecuarios: recordó que las economías regionales, los lácteos, los productos porcinos y varias categorías de carne ya quedaron con retenciones cero; que la soja bajó del 33% al 24% y continuará descendiendo hasta el 15% en diciembre de 2028; que sus derivados pasarán del 31% al 14%; que el maíz caerá al 5,5%; y que el trigo y la cebada ya tributan el 5%, otorgando -según afirmó- previsibilidad al productor.

Uno de los conceptos centrales del discurso fue la vinculación entre el desarrollo de nuevos sectores productivos y el alivio fiscal para el agro.

Milei sostuvo que el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras permitirá reemplazar progresivamente el peso que históricamente tuvo el campo como principal generador de divisas.

“Hoy la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país”, indicó, para luego afirmar que esos recursos serán los que financiarán la eliminación definitiva de las retenciones.

Al mismo tiempo, insistió en que cualquier reducción de impuestos dependerá de mantener el equilibrio de las cuentas públicas. “No hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal sostenido”, aseguró, y advirtió que el déficit implicaría “la vuelta de las diez plagas de Egipto”.

El Presidente dedicó varios minutos a enumerar las reformas implementadas por su administración para el sector. Destacó la eliminación del cepo y del Impuesto PAIS, la reducción de aranceles para fertilizantes, herbicidas y maquinaria agrícola, la autorización para importar maquinaria usada, el régimen especial del RIGI para inversiones agropecuarias, la digitalización de trámites laborales, la baja del IVA para sistemas de riego y una profunda desregulación del Senasa.

También mencionó la eliminación del peso mínimo de faena, el levantamiento de restricciones para exportar ganado en pie y cortes bovinos, la digitalización del movimiento de carne, la eliminación del RUCA, la ampliación de la circulación de bitrenes, la privatización del Belgrano Cargas y el nuevo plan sanitario para la vacunación contra la fiebre aftosa, que, según indicó, permitirá ahorrar unos 25 millones de dólares al sector.

“De las más de 16.000 reformas que llevamos hechas, más de mil fueron para liberar específicamente al campo”, aseguró.

Milei también resaltó las medidas destinadas a ampliar el acceso al financiamiento privado para los productores. Mencionó la desregulación del mercado de warrants, la creación del pagaré mercancía y la flexibilización del mercado de capitales para facilitar nuevas inversiones.

En materia tecnológica, celebró la expansión del servicio satelital de Starlink y anunció que 6.000 escuelas rurales recibirán kits de conectividad, mientras que el Enacom financiará un año adicional del servicio. “Gracias, Elon”, expresó al referirse al empresario Elon Musk.

En paralelo, destacó la apertura de más de 500 mercados internacionales desde el inicio de su gestión, la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, las negociaciones con Singapur y el ingreso de productos argentinos en mercados como Indonesia, Japón, India, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.

Otro de los ejes del mensaje fue la defensa del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno.

Según explicó, la iniciativa protegerá a los productores frente a posibles expropiaciones y permitirá atraer inversiones estimadas en 15.000 millones de dólares para sectores como la industria forestal, la lechería, el riego y distintas economías regionales.

Asimismo, destacó el proyecto para modificar el régimen de navegación de los ríos, ampliar la hidrovía, habilitar nuevos puertos privados y reducir los costos logísticos, especialmente para los productores del norte del país.

Sobre el cierre, Milei proyectó un fuerte crecimiento de la producción agropecuaria y aseguró que el país está en condiciones de duplicar la cosecha de granos hasta alcanzar los 300 millones de toneladas.

“El campo que se viene va a producir récord tras récord gracias a que el Estado por fin se corrió del medio”, afirmó.

También sostuvo que el capital internacional “está volviendo a votar por la Argentina” y concluyó que el objetivo de su gestión es que el país recupere el lugar que alguna vez ocupó entre las economías más prósperas del mundo.

“Queremos volver al país que cuando le dio libertad al campo se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta”, concluyó.

El Gobierno nacional reglamentó la libre exportación de hidrocarburos y estableció un nuevo registro simplificado con el objetivo de agilizar las ventas al exterior de petróleo, gasolinas y derivados. La medida fue formalizada a través de la Resolución 166/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa, instrumentada por la Secretaría de Energía, redefine el marco regulatorio para la comercialización externa de recursos energéticos en el país. Esta decisión se alinea con la política desreguladora que viene implementando la administración del presidente Javier Milei. Según se explicó en el texto oficial, el cambio busca dar cumplimiento a los principios de libre mercado y libre concurrencia establecidos en el Decreto 70/2023 y la Ley Bases, limitando la intervención estatal solo a lo estrictamente necesario para garantizar la seguridad del suministro.

El eje central de la reforma es la creación del Registro de Operaciones de Exportación, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos. En este espacio se asentarán todas las notificaciones de exportación, las eventuales objeciones y las denominadas Constancias de Libre Exportación.

La nueva normativa derogó la Resolución 241/2017, la cual obligaba a los exportadores a demostrar que habían ofrecido previamente el producto al mercado interno antes de obtener el permiso. El Gobierno consideró que dicho mecanismo no cumplía con su finalidad de asegurar el abastecimiento y generaba distorsiones que no se adecuaban a los nuevos principios de libertad comercial.

A partir de ahora, los permisionarios y concesionarios poseen el dominio sobre los hidrocarburos que extraen y pueden comercializarlos y exportarlos libremente, sujetos a un régimen de no objeción basado en criterios técnicos y económicos. El procedimiento se realizará de manera ágil a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

La autoridad tendrá un plazo de 30 días hábiles para realizar alguna objeción en el caso de aceites crudos, gasolinas y gasoil, mientras que para propano, butano y GLP el lapso será de 7 días hábiles. En caso de que la Secretaría de Energía no se expida en esos tiempos, se aplicará el silencio con sentido positivo, permitiendo al interesado exigir la emisión de su Constancia de Libre Exportación.

Esta constancia otorga estabilidad a la operación, garantizando que el derecho a exportar no sea interrumpido durante el programa de embarques. Para contratos que excedan los 12 meses, la norma exige documentación adicional, como contratos firmes y proyecciones de reservas probadas de las áreas de origen. Asimismo, para proyectos que requieran nueva infraestructura, se contempla una articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), facilitando los trámites a quienes ya hayan iniciado su adhesión a dicho régimen.

La liquidación de divisas proveniente de los complejos agropecuario, minero y energético alcanzaría un récord de US$57.168 millones en 2026 e ingresarían más dólares en el segundo semestre que en el primero, según estimó en un informe la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De confirmarse esta cifra, la entidad destacó que se superaría el máximo histórico registrado en 2022 (US$56.722 millones) y representaría un salto significativo respecto de los US$50.381 millones liquidados en 2025.

La principal novedad del reporte radica en el cambio en la composición del ingreso de dólares. Tradicionalmente, el flujo de divisas se concentra en el primer semestre debido a la cosecha gruesa del agro.

Sin embargo, para 2026 se espera que el segundo semestre aporte US$29.793 millones, superando los US$27.375 millones de la primera mitad del año.

Este fenómeno se explica por el peso creciente de la energía, impulsada por Vaca Muerta, y de la minería, sectores que no dependen del calendario agrícola y proporcionan un flujo más estable de divisas a lo largo del año.

El detalle por sector

Agro: sigue siendo el principal aportante con una liquidación proyectada de US$34.897 millones. Aunque esta cifra sufrió un recorte de US$1.200 millones respecto a estimaciones previas debido a una baja en los precios internacionales de exportación.

Minería: el sector se consolida como un pilar fundamental, proyectando exportaciones por más de US$9.000 millones para 2026. Esto implica que la minería pasará a explicar 1 de cada 10 dólares exportados por el país, gracias al dinamismo del litio y la mejora en los precios del oro y la plata.

Energía: se encamina a un año histórico con la mayor producción de petróleo de la historia argentina, superando el récord de 1998. Se estima que las exportaciones de combustibles y energía superen los US$14.400 millones, dejando un superávit comercial energético récord superior a los US$12.000 millones.

El informe destaca que la puesta en marcha del oleoducto VMOS hacia finales de 2026 será determinante.

Esta obra permitirá evacuar 190.000 barriles diarios adicionales, lo que garantiza que el flujo de divisas sea creciente y menos estacional, fortaleciendo la posición externa del país hacia el cierre del año y de cara a 2027. (NA).

El Gobierno nacional instruyó a la Secretaría de Energía a convocar a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte (CAN), a más de 300 kilómetros del punto costero más cercano a Mar del Plata, dentro de la Plataforma Continental Argentina.

La decisión se tomó luego de que la empresa Challenger Energy Group PLC presentara una manifestación de interés para desarrollar actividades de exploración en una superficie cercana a los 5.000 kilómetros cuadrados.

Según establece el decreto, la iniciativa forma parte de la estrategia oficial para incrementar la producción de hidrocarburos y profundizar el conocimiento sobre el potencial energético del Mar Argentino mediante nuevas inversiones en exploración offshore.

Además, el texto resalta el reconocimiento internacional de los límites de la Plataforma Continental Argentina realizado en 2016 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que incorporó más de 1,78 millones de kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional.

La Secretaría de Energía será la encargada de elaborar el pliego de bases y condiciones, llevar adelante el proceso licitatorio y otorgar, por delegación del Poder Ejecutivo, tanto el permiso de exploración como una eventual concesión de explotación que surja del concurso.

El área CAN_200 se encuentra frente a la costa de la provincia de Buenos Aires, en una de las principales cuencas offshore del país. Se trata de la misma región donde en los últimos años fueron adjudicados otros bloques, como CAN-100, CAN-108, CAN-114 y CAN-102, vinculados a proyectos de exploración de empresas como Equinor, YPF y Shell.

La normativa también establece que las empresas que obtengan una concesión de explotación deberán abonar regalías sobre la producción de hidrocarburos. En ese sentido, será la Secretaría de Energía la que determine el procedimiento y la fórmula de cálculo para esos pagos, los cuales deberán quedar establecidos en el pliego de la licitación.

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de licitación para la exploración de hidrocarburos en una nueva área del ámbito costa afuera, mediante el Decreto 590/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida se centra en el área denominada CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, y busca determinar el potencial de recursos energéticos en la Plataforma Continental Argentina.

La iniciativa surge a partir de una manifestación de interés presentada el 14 de febrero de 2025 por la empresa Challenger Energy Group PLC. El área en cuestión abarca una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional.

El decreto instruye a la Secretaría de Energía a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar los permisos de exploración y, eventualmente, la concesión de explotación. La normativa destaca que estas actividades son fundamentales para maximizar la renta obtenida de los recursos naturales y fomentar el crecimiento económico y el empleo.

La convocatoria se apoya en el reconocimiento internacional de los límites de la plataforma marítima argentina, que incorporó más de 1.782.500 km2 tras las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU en 2016. Para garantizar la transparencia y atraer inversiones de empresas con alta capacidad técnica y financiera, la Secretaría de Energía ha sido delegada para dictar los actos necesarios, incluida la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones.

Los adjudicatarios deberán abonar regalías sobre la producción, conforme a la Ley 17.319. Asimismo, el decreto autoriza cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, aunque aclara que esto no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución sobre bienes soberanos críticos.

El diputado del bloque UCR + Cambio Federal y actual vicepresidente de la Cámara baja bonaerense, Matías Civale, presentó en las últimas horas un paquete conjunto de cuatro proyectos de ley destinado a impulsar la transición energética mediante incentivos tributarios. La iniciativa apunta a fomentar inversiones en movilidad sustentable, energías renovables y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

La propuesta del legislador busca un cambio de enfoque en las políticas ambientales y productivas de la provincia de Buenos Aires, utilizando beneficios fiscales para estimular la inversión privada, generar empleo, incorporar innovación tecnológica y fortalecer el desarrollo sustentable. 

Al respecto, el referente de la Quinta sección electoral señaló: “Tenemos que demostrar que es posible cuidar el ambiente sin frenar el desarrollo. La transición energética no debe verse como una carga para quienes producen, sino como una oportunidad para generar inversiones, empleo y mayor competitividad para la provincia de Buenos Aires”.

El paquete legislativo contempla un Régimen de Promoción Tributaria para la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos, mediante una reducción progresiva del Impuesto Automotor. Asimismo, incluye beneficios en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para proyectos de generación de energías renovables y una serie de incentivos para empresas dedicadas al tratamiento, reciclado y valorización energética de residuos. El esquema se completa con una adecuación del Código Fiscal bonaerense para hacer operativos estos regímenes.

Según el legislador tandilense, la batería de proyectos busca acompañar una transformación que ya avanza en otros países y provincias argentinas. “Queremos una Provincia que premie al que invierte, al que innova y al que apuesta por producir de manera más eficiente y sustentable. La política tributaria también puede ser una herramienta para promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”, afirmó.

El proyecto también incorpora una mirada municipal, buscando reducir los costos del tratamiento integral de residuos y aliviar la carga económica de los gobiernos locales. En este marco, Matías Civale cuestionó el esquema de distribución de fondos públicos y advirtió sobre la situación financiera de los municipios. “Antes las provincias y los municipios administraban alrededor del 60% de los recursos y la Nación el 40%. Hoy ocurrió exactamente al revés”, aseguró.

Finalmente, advirtió que la caída de recursos y la reducción de los Aportes del Tesoro Nacional han perjudicado a los distritos, que deben atender demandas esenciales ante la ausencia del Estado nacional. “Los municipios tienen que hacerse cargo cada vez más de la salud porque el Estado nacional desapareció. Puede haber superávit y una inflación en baja, pero la gente hoy la está pasando peor que hace dos años”, concluyó.

El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión, plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio público.

La medida se fundamenta en la persistencia de condiciones técnicas y económicas críticas. Según los informes oficiales, el sistema opera con márgenes de reserva operativa muy reducidos, los cuales alcanzaron apenas un 4,4% frente a los picos de demanda registrados en febrero de 2025.

El texto oficial advierte sobre el estado de la infraestructura y el envejecimiento del parque generador. Al respecto, el decreto detalla que

“más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad”.

Asimismo, se puntualizó que el sistema de transporte presenta limitaciones estructurales severas, con estaciones transformadoras que registran niveles de carga superiores al 90%.

En cuanto al aspecto financiero, el Ejecutivo destacó que, si bien la tasa de cobrabilidad de Cammesa mejoró del 48% al 97%, aún persiste una brecha entre el costo de generación y lo que abonan los usuarios. A mayo de 2026, el Precio Estacional pagado por los usuarios residenciales subsidiados representaba aproximadamente solo el 24% del costo real de abastecimiento.

El Gobierno sostiene que la emergencia permite una transición gradual hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados para evitar impactos abruptos en los sectores más vulnerables. Finalmente, el decreto advierte que una interrupción de la emergencia podría derivar en discontinuidades regulatorias, demoras operativas y una afectación directa sobre la continuidad del servicio público de electricidad.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La disposición, que abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, fue establecida a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial.

Esta normativa extiende el régimen vigente desde diciembre de 2023 con el propósito de dar continuidad al proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), asegurar el abastecimiento y sostener las reformas regulatorias que se encuentran en marcha. Según se detalla en el decreto, la extensión equipara el plazo de la emergencia eléctrica con el que ya rige para el transporte y la distribución de gas natural, buscando una coordinación eficiente entre ambos sistemas debido a la alta dependencia de la generación térmica respecto al suministro de gas.

El Ejecutivo fundamentó la decisión señalando que aún persisten condiciones técnicas, operativas y financieras que justifican la continuidad del régimen excepcional. El Gobierno advirtió que el sistema eléctrico opera con márgenes de reserva reducidos, una infraestructura envejecida y limitaciones en la red de transporte de alta tensión, factores que incrementan el riesgo ante picos de demanda o contingencias.

De acuerdo con los datos oficiales, durante 2025 el máximo de demanda alcanzó los 30.257 MW, con un margen operativo cercano al 4,4%, cifra considerada insuficiente para garantizar niveles adecuados de confiabilidad. Asimismo, el decreto subraya que muchas estaciones transformadoras operan con niveles de utilización superiores al 90%, mientras que más del 60% de las fallas en distribución se registran en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.

En relación con la situación económica del sector, la norma destaca avances significativos. La cobrabilidad del Mercado Eléctrico Mayorista, administrado por CAMMESA, pasó de aproximadamente un 48% en diciembre de 2023 a cerca de un 97% tras la implementación de planes de regularización de deudas y la actualización tarifaria.

No obstante, el Ejecutivo aclaró que el proceso de recomposición financiera aún no está concluido. Por ello, la prórroga incluye la continuidad del esquema de reducción gradual de subsidios y la adecuación de los precios mayoristas. El Gobierno sostiene que persiste una diferencia significativa entre el costo real de abastecimiento y el precio que abonan los usuarios subsidiados, lo que requiere un proceso gradual para alcanzar la sostenibilidad del sistema. Finalmente, la emergencia permitirá avanzar en la ejecución de obras estratégicas, la incorporación de sistemas de almacenamiento y la adecuación normativa derivada de la reforma del Marco Regulatorio Eléctrico iniciada en 2025.

El Gobierno planea realizar una extensión en la emergencia del Sector Energético Nacional, con el objetivo de asegurarse la finalización de las obras de infraestructura, y de esa manera poder proveer el suministro eléctrico necesario.

La meta recae en poder cumplir con el abastecimiento y almacenamiento de la electricidad necesario, para seguir evitando problemas a futuro. La firma en el Boletín Oficial ocurriría en esta semana entrante.

Por eso, el Ejecutivo planea una extensión para permitir que los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural.

El Decreto 370/2025, fechado el 30 de mayo de 2025, prorrogaba la emergencia eléctrica hasta el 9 de julio de este año, tras haberla prorrogado desde finales de 2024 en adelante.

Inicialmente, la emergencia dictada en 2023 tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, que luego se extendió hasta el 9 de julio de 2025, y el nuevo decreto la prolongaba por un año más.

En el decreto, el Gobierno explicó que tomó esa decisión dado que aún “persisten las circunstancias que motivaron los decretos previos relacionados con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético”.

Allí se argumenta que el Gobierno nacional recibió una herencia institucional, económica y social gravísima, lo que hace “imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece”. NA