La Secretaría de Energía de la Nación prorrogó para junio de 2026 la bonificación adicional del 25 por ciento para los usuarios de gas natural y gas propano que se encuentran incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Asimismo, el organismo fijó en 11,97 por ciento el beneficio extraordinario destinado a los usuarios residenciales de electricidad.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 121/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Según lo establecido, la bonificación del 25 por ciento para el gas por redes se mantendrá vigente durante todo junio, dando continuidad al esquema que se aplicó durante mayo mediante la Resolución 111/2026.

En cuanto al servicio eléctrico, el Gobierno nacional dispuso reemplazar el beneficio extraordinario que estaba vigente por una bonificación del 11,97 por ciento sobre el consumo de los usuarios que forman parte del SEF. La Secretaría de Energía justificó esta decisión basándose en el incremento de la demanda energética producto de las bajas temperaturas invernales y en la necesidad de “morigerar el impacto tarifario” durante los meses de mayor consumo residencial.

El organismo también advirtió que el aumento en el consumo de gas natural conlleva mayores requerimientos de abastecimiento, lo que incluye la necesidad de realizar importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles sustitutos que se encuentran expuestos a la volatilidad de los precios internacionales.

La resolución detalla que estas bonificaciones extraordinarias se sumarán a los descuentos generales previstos en el Decreto 943/2025, norma que dio origen al régimen de subsidios energéticos focalizados. Además, el beneficio alcanza a las Entidades de Bien Público, clubes de barrio y de pueblo, y otras organizaciones sin fines de lucro contempladas en las leyes 27.098 y 27.218.

Finalmente, la implementación de estos cambios quedó bajo la órbita del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo que deberá reflejar las modificaciones en los cuadros tarifarios y en los mecanismos de facturación. La medida entró en vigencia a partir de su publicación oficial.

De los 2.711 millones de dólares conseguidos en la balanza comercial de abril, el sector energético representó más del 50 por ciento del saldo total.

Ese comportamiento se dio por el aumento marcado en las exportaciones y la reducción de las importaciones. También se suma la escalada en los precios internacionales del petróleo y la energía, producto de la guerra en Medio Oriente.

Las exportaciones del sector totalizaron 1.554 millones de dólares y las importaciones solamente alcanzaron los 152 millones.

Tomando los primeros cuatro meses del 2026, la balanza energética aportó más de 1.175 millones con relación al 2025, explicado principalmente por mayores exportaciones (802 millones) y menores importaciones (372 millones).

Los datos corresponden al análisis realizado por el economista y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Al descomponer la variación en el año, se tiene que el efecto precio generó una suba de 20 millones de dólares. Con relación al efecto cantidades, el saldo extra fue positivo por 1.155 millones.

Desglosado por datos, se ahorraron 84 millones por el menor precio de la energía importada y 288 millones por la menor cantidad de energía importada. Sumado ambos ascienden a los 372 millones.

Por último, Argañaraz detalló que en materia de exportaciones, el efecto precio generó una pérdida de 65 millones respecto a igual período del último año. En el efecto cantidad el aporte fue de 867 millones extras, por lo que el saldo terminó siendo positivo. NA

El Gobierno de Axel Kicillof salió con dureza a cuestionar el proyecto impulsado por la administración de Javier Milei que propone modificar el funcionamiento del fondo compensador destinado a las cooperativas eléctricas y reformar el régimen de zona fría. Desde la Provincia advirtieron que, si la iniciativa prospera, acudirán a la Justicia para frenarla.

“Creo que no prosperará. Habla de la ignorancia del Gobierno. No es constitucional, no hay manera que lo hagan”, sostuvo el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Gobernación.

El funcionario explicó que el fondo compensador tarifario funciona desde 1996 y permite que las grandes distribuidoras y las cooperativas de mayor escala aporten recursos para asistir a unas cien cooperativas pequeñas del interior bonaerense, muchas de las cuales no podrían sostener el servicio sin ese respaldo.

“Las 200 cooperativas llegan al 40 por ciento de la provincia. Por el Fondo reciben más que por las tarifas. Eso estaría prohibido por ley”, señaló Ghioni, quien también recordó que el cobro del alumbrado público está contemplado por la legislación vigente desde 1989.

En ese sentido, remarcó que la eliminación de ese esquema tendría un fuerte impacto en los usuarios de localidades más pequeñas. “Si el pueblo al lado tiene que pagar cinco o seis veces más, lo tendrá que hacer, pero nosotros vamos a recurrir”, afirmó.

Otro de los artículos objetados por la Provincia es el que prohíbe incluir en las facturas conceptos ajenos al servicio. Según Ghioni, esa disposición constituye “un avasallamiento sobre la propia jurisdicción”, ya que son las provincias las que tienen la potestad de definir sus cuadros tarifarios.

“La autoridad ante las distribuidoras y cooperativas somos nosotros”, enfatizó el subsecretario, al sostener que la propuesta del oficialismo nacional desconoce el funcionamiento del sistema eléctrico bonaerense y responde a una visión “ideológica” que no contempla las desigualdades entre los distintos prestadores.

En relación con la deuda que las distribuidoras mantienen con Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Ghioni se mostró de acuerdo con la necesidad de revisar la situación, aunque pidió “hacer las cuentas bien claras para definir activos y pasivos regulatorios”.

El Gobierno bonaerense también rechazó el proyecto que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de zona fría, que subsidia parte del consumo de gas en regiones con bajas temperaturas.

“Denunciamos que es otro intento de castigar a los bonaerenses, que representan casi el 40 por ciento de los beneficiarios”, afirmó Ghioni. Y agregó que la iniciativa busca reducir tanto la cantidad de usuarios alcanzados como el nivel de cobertura de los subsidios, en un contexto de fuerte deterioro económico y social.

La ampliación del régimen aprobada en 2021 extendió el beneficio de unos 800.000 hogares a cerca de 4 millones en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, alcanzó a 95 municipios y sumó aproximadamente 1.260.000 hogares del interior bonaerense.

Actualmente, el programa otorga descuentos del 30 por ciento para la mayoría de los usuarios y del 50 por ciento para sectores vulnerables, como jubilados, beneficiarios de la AUH, personas electrodependientes y quienes perciben seguros de desempleo.

Sin embargo, según explicó Ghioni, el nuevo esquema reduciría el alcance del subsidio incluso para quienes continúen dentro del régimen, ya que “se subsidiaría solamente el 50 por ciento del precio del gas, dejando afuera el transporte, la distribución y el resto de los componentes de la tarifa”.

Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido concretaron el traslado de 13,5 kilogramos de uranio enriquecido desde Venezuela hasta territorio estadounidense. La operación fue supervisada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con el objetivo de resguardar el material y prevenir que se convierta en un riesgo de seguridad.

El uranio se encontraba en un reactor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) que operó durante tres décadas hasta que entró en desuso en 1991. Según informó el OIEA, el material es uranio enriquecido al 20 % del isótopo U-235. Si bien este grado es superior al empleado para producir energía eléctrica y se utiliza comúnmente para fines científicos, se encuentra por debajo del nivel necesario para un arma nuclear, que supera el 80 %.

A finales de abril, un convoy con protección militar partió de las instalaciones del IVIC hacia Puerto Cabello. Allí, un contenedor con el uranio fue colocado en un barco del Reino Unido que lo transportó hacia una instalación del Departamento de Energía de Estados Unidos, ubicada en Carolina del Sur, donde la operación concluyó en los primeros días de este mes.

Desde el OIEA señalaron que la misión se realizó bajo estricta vigilancia debido a que este material nuclear puede representar una amenaza a la seguridad si cae en las manos equivocadas. Durante su tiempo de vida, el reactor venezolano utilizó combustible nuclear que contenía uranio procedente de Estados Unidos y de Reino Unido. Después de esta misión, ya no queda combustible en el reactor, detalló el organismo internacional.

El gobierno de Venezuela fue el primero en dar a conocer la noticia. A través de un comunicado del canciller Yván Gil, se informó que Caracas había solicitado reiteradamente al OIEA el retiro de los materiales en desuso. El funcionario agregó que el operativo militar del 3 de enero, en el que Estados Unidos capturó al derrocado presidente Nicolás Maduro, incrementó el nivel de riesgo y confirmó la urgencia de la operación.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Venezuela calificó la remoción como una victoria para el mundo. La remoción segura de todo el uranio enriquecido de Venezuela envía otra señal al mundo de una Venezuela restaurada y renovada, indicaron en un comunicado, destacando el liderazgo del presidente Donald Trump para completar en meses un proceso que habitualmente toma años.

Finalmente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aunque criticó la detención de Nicolás Maduro —quien se encuentra en Nueva York acusado de delitos de narcoterrorismo—, manifestó su disposición a mantener una relación de cooperación y respeto con el gobierno estadounidense en materia de tratados internacionales de no proliferación nuclear.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza OPEP+, con efecto a partir del 1 de mayo, según informó la Agencia de Noticias de los Emiratos (Wam).

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional”, indicó la agencia Wam.

La salida, además, obedece a “las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”, afirmó la agencia emiratí, citada por el portal DW.

En medio de la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para concretar el fin definitivo de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz, los precios internacionales del petróleo subieron hasta los 110 dólares.

El Brent, referencia para Europa, avanzaba durante esta jornada 3,23 por ciento, cotizando a 111,73 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos trepaba un 4,07 por ciento y se ubicaba en 100,30 dólares por barril.

Tras conocerse el retiro de Emiratos Árabes de la OPEP, se especula que el cuarto mayor productor del grupo con 3,5 millones de barriles, buscará poder producir sin las limitaciones de la alianza que mantiene el control del mercado.

EAU afirmó que seguirán actuando como un proveedor de energía responsable y fiable, aportando producción adicional al mercado de forma gradual y controlada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado. NA

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza OPEP+, con efecto a partir del 1 de mayo, según informó la Agencia de Noticias de los Emiratos (Wam).

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional”, indicó la agencia Wam.

La salida, además, obedece a “las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”, afirmó la agencia emiratí, citada por el portal DW.

En medio de la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para concretar el fin definitivo de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz, los precios internacionales del petróleo subieron hasta los 110 dólares.

El Brent, referencia para Europa, avanzaba durante esta jornada 3,23 por ciento, cotizando a 111,73 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos trepaba un 4,07 por ciento y se ubicaba en 100,30 dólares por barril.

Tras conocerse el retiro de Emiratos Árabes de la OPEP, se especula que el cuarto mayor productor del grupo con 3,5 millones de barriles, buscará poder producir sin las limitaciones de la alianza que mantiene el control del mercado.

EAU afirmó que seguirán actuando como un proveedor de energía responsable y fiable, aportando producción adicional al mercado de forma gradual y controlada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado. NA

La tregua en Medio Oriente generó un respiro en los mercados globales y la Argentina comenzó a percibir los efectos en el sector energético. En este contexto, la Secretaría de Energía dio un paso clave para profundizar el retiro del Estado en la gestión del área al recibir las ofertas técnicas de empresas privadas para la importación de Gas Natural Licuado (GNL) de cara al próximo invierno.

La tarea, que históricamente estuvo centralizada en la empresa pública Energía Argentina (Enarsa), ahora cuenta con dos oferentes interesados en asumir el rol de agente comercializador: la firma Trafigura, propietaria de las estaciones de servicio Puma Energy, y la española Naturgy. La semana próxima se conocerá al ganador tras la apertura de los sobres comerciales.

El proceso implica una responsabilidad operativa y financiera de magnitud, ya que el adjudicatario deberá afrontar los 98 millones de dólares que demanda el mantenimiento de la terminal de regasificación de Escobar. Esta planta es fundamental para transformar el combustible líquido en gaseoso y así abastecer a la industria, la generación eléctrica y el consumo residencial durante los meses de bajas temperaturas.

Desde el Gobierno nacional confirmaron que se habilitará en las tarifas el precio real del insumo, eliminando los subsidios estatales. Actualmente, mientras el gas de producción nacional ronda los cinco dólares por millón de BTU, el producto importado podría superar los 20 dólares este invierno, dependiendo de la estabilidad de los precios internacionales tras el conflicto bélico.

A pesar de la dependencia estacional, la situación del país es más robusta que en años anteriores. Gracias al incremento en la producción de Vaca Muerta, la necesidad de compra externa se redujo drásticamente: de los 103 buques adquiridos en 2013 se pasó a una proyección de 24 para este año. En ese período de apenas tres meses, los usuarios residenciales suelen quintuplicar su demanda con respecto al resto del año.

La ventana de importación de GNL dura entre 15 y 18 semanas, pero las autoridades esperan que esta brecha tienda a acortarse con la ampliación del gasoducto Perito Moreno. Cuando la Argentina logre consolidar sus propias exportaciones de GNL, la dependencia invernal de los mercados externos podría desaparecer por completo.

El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado una crisis en los precios de la energía y la Unión Europea busca fórmulas para evitar caer en una recesión y un aumento de la inflación. En este escenario, un grupo de países, entre los que se encuentran España, Portugal, Alemania, Italia y Austria, han solicitado a la Comisión Europea la aplicación de un impuesto sobre el beneficio extraordinario de las empresas energéticas.

El ministro español, Carlos Cuerpo, recordó la denominada “contribución de solidaridad” creada durante la crisis energética tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Aquella medida obligó a las compañías del sector a ceder parte de sus ganancias extraordinarias para aliviar la carga sobre los consumidores y contribuyentes. Los ministros de la Unión Europea apuntaron que una solución conjunta es una señal clara de unidad ante la ciudadanía y la economía.

Hasta el momento, las capitales han impulsado diferentes soluciones para paliar las consecuencias económicas. Los gobiernos de Madrid, Varsovia y Roma optaron por aprobar decretos con rebajas fiscales en el IVA de los carburantes. Por su parte, Alemania planteó imponer horarios a las estaciones de servicio para aplicar las subidas de precios, mientras que en Francia la empresa Total Energies impuso un tope al precio de la gasolina y el diésel hasta finales de marzo.

Otras naciones tomaron medidas más drásticas. Eslovenia prohibió a los conductores repostar más de 50 litros de carburante diarios para evitar el denominado turismo del combustible. En contraste, Eslovaquia ha pedido a la Unión Europea suspender las sanciones al petróleo y gas rusos para reanudar el diálogo con Moscú.

Aunque la contribución de Qatar al suministro total de gas en el bloque es limitada —representa un cuatro por ciento de las importaciones—, el bloqueo en Ormuz impacta directamente sobre los precios globales. Según el think tank Bruegel, una subida sostenida podría disparar la factura energética de los estados miembros hasta los 100.000 millones de euros en los próximos 12 meses.

Ante esta situación, se acordó la liberación de más de 400 millones de barriles de reservas de petróleo de emergencia, una acción coordinada por la Agencia Internacional de Energía que representa la mayor movilización en la historia del bloque.

Sin embargo, no hay consenso total. Francia pide prudencia por temor a desencadenar una nueva crisis y por su limitado margen de maniobra fiscal. Expertos advierten que un gravamen a los beneficios extraordinarios podría desincentivar la inversión en energías limpias. En la misma línea, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, pidió evitar medidas que puedan aumentar el consumo de combustible o provocar distensiones en el mercado único.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó un nuevo anexo al convenio suscripto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para avanzar en el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio público de distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial. La medida formalizó el Anexo III del acuerdo celebrado con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), organismo que brindó servicios de consultoría para el desarrollo técnico y económico de la revisión que comenzó en 2024.

En este caso, el documento estableció en detalle las fases, contenidos, hitos y porcentajes de pago correspondientes a la Etapa 2 del proceso. La RTI fue iniciada por la Provincia mediante la Resolución N° 1133/2024 y contempló distintas instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica provincial. El objetivo central consistió en conocer en detalle los costos de la prestación de las cuatro compañías de energía: Edelap, EDES, EDEA y EDEN.

Con este proceso se busca definir un plan de inversiones que garantizara un servicio eléctrico de calidad, actualizara la infraestructura según la demanda actual y reafirmara el rol activo del Estado provincial en el control de las empresas. Según informaron desde la Provincia, otra de las metas que persiguió la revisión fue mejorar los parámetros de calidad del servicio y, al mismo tiempo, garantizar a los usuarios tarifas asequibles y geográficamente homogéneas.

De acuerdo con lo previsto en el acuerdo, la Etapa 1 se vincula a la valuación física de los activos de las distribuidoras y a la recopilación de información técnica. En tanto, la Etapa 2 comprende el análisis económico y regulatorio, incluyendo la valorización de la base de capital, la determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, la definición del plan de inversiones obligatorio y la propuesta de estructura tarifaria.

Según la documentación oficial, esta etapa resultó fundamental para todo el proceso porque culminará en un informe final en el cual el Ceare sugerirá un nuevo cuadro tarifario a aplicar. El cronograma contuvo numerosas tareas específicas subdivididas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para llegar hasta las conclusiones. La resolución también estableció que los pagos vinculados a la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez verificado el cumplimiento de los hitos establecidos.

El Gobierno nacional continúa avanzando en la modernización del sistema eléctrico del país. Mientras se aguarda la puesta en marcha del plan de expansión de las redes de transporte eléctrico anunciado a mediados del año pasado, se lanzó una nueva licitación destinada a contratar mega baterías que se instalarán en distintas regiones del interior, con el objetivo de reforzar el suministro de energía y morigerar los cortes de luz.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación informó que la convocatoria, abierta a nivel nacional e internacional, busca incorporar nuevas centrales de almacenamiento de energía (BESS) en nodos estratégicos del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y en el interior de la provincia de Buenos Aires (excluyendo AMBA). La meta es fortalecer la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y disminuir las interrupciones, sobre todo durante los picos de demanda.

En esta etapa, se proyecta alcanzar una potencia objetivo referencial de 700 MW, con una inversión aproximada de 700 millones de dólares y contratos de hasta 15 años. La iniciativa apunta a brindar respaldo al sistema eléctrico, mejorando su capacidad de respuesta ante situaciones de alta exigencia y garantizando mayor seguridad operativa.

Bajo el nombre de “AlmaSADI”, la apertura de ofertas se realizará entre mayo y junio. Los proyectos podrán presentar capacidades de entre 10 MW y 150 MW de potencia BESS, siendo la potencia para el interior bonaerense de 150 MW. Este tipo de almacenamiento con baterías de última generación permite reaccionar rápidamente a cambios en la demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas operativas, disminuyendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio. La licitación será gestionada por Cammesa.

El programa se inspira en el modelo de Almacenamiento en Gran Buenos Aires (ALMA-GBA), la primera experiencia de almacenamiento masivo en Argentina, que en el Área Metropolitana de Buenos Aires logró adjudicar 713 MW, superando en más del 40% la meta inicial, con una inversión superior a 540 millones de dólares. La iniciativa generó un fuerte interés del sector privado, con la participación de 15 empresas que presentaron 27 proyectos, alcanzando un total de 1.347 MW, y actualmente se ejecutan las obras necesarias para su puesta en funcionamiento.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que a partir de enero de 2026 la provincia de Buenos Aires aplicará modificaciones en el esquema de subsidios energéticos, en línea con los cambios normativos que impulsa el Gobierno nacional. Las medidas apuntan, según explicó, a mejorar los criterios de inclusión y exclusión del sistema de tarifa social y a adecuarse a la nueva segmentación que definirá la Secretaría de Energía de la Nación.

“Hay algunos cambios que se vienen en materia de subsidios a la energía en la provincia de Buenos Aires, en virtud de las modificaciones que está llevando adelante el Gobierno nacional en materia energética”, señaló Bianco en conferencia de prensa desde la Gobernación bonaerense, al anticipar que las definiciones serán anunciadas con antelación para evitar que los usuarios se vean afectados de manera sorpresiva.

Uno de los ejes centrales de la modificación será la eliminación de la tarifa social para residencias ubicadas en barrios cerrados. Según detalló, a partir de enero de 2026 dejarán de recibir subsidios unos 79.500 usuarios en toda la provincia, de los cuales 66.900 corresponden al Gran Buenos Aires, en áreas reguladas por Edenor y Edesur, y otros 12.600 al interior bonaerense, bajo la órbita del OCEBA.

“Se van a eliminar todos los subsidios, todas las tarifas sociales a todas aquellas residencias que están en barrios cerrados”, explicó Bianco, al precisar que la medida surge de un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación de la Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Economía provincial, orientado a revisar los criterios de asignación del beneficio.

Uno de los ejes centrales de la modificación será la eliminación de la tarifa social para residencias ubicadas en barrios cerrados.

En paralelo, el Ministro describió el nuevo esquema de segmentación energética que impulsa la Nación y que actualmente se encuentra en consulta pública. El funcionario bonaerense recordó que el sistema vigente clasifica a los usuarios en tres categorías:

Ese esquema será reemplazado por uno de dos categorías: “Va a haber hogares con subsidio, que van a ser hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales”, explicó Bianco, y detalló que recibirán asistencia sobre el consumo de hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda y hasta 150 kWh en meses de clima templado.

La segunda categoría será la de hogares sin subsidio, integrada por aquellos con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, que no recibirán ningún tipo de asistencia energética. Bianco remarcó que estas definiciones nacionales impactan directamente en el esquema provincial de subsidios.

En ese marco, explicó que la Provincia de Buenos Aires tenía un sistema que “en cierta parte espejaba esos criterios” para las empresas reguladas por el OCEBA. Allí existían dos grupos: uno de usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos, que continuará recibiendo la tarifa social, y otro grupo que replicaba la categoría N2 nacional.

Con la eliminación de la categoría N2 a nivel nacional, ese segundo grupo provincial quedaría alcanzado por la quita de subsidios. Sin embargo, Bianco aclaró que la Provincia sostendrá el beneficio para esos usuarios, siempre que cumplan determinadas condiciones.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que a partir de enero de 2026 se aplicará modificaciones en la tarifa social.

“Nosotros los vamos a poder seguir subsidiando, los vamos a poder seguir incluyendo en la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y cumplan obviamente las condiciones para obtener el subsidio energético”, afirmó Bianco, y subrayó que el objetivo de adelantar estos anuncios es informar con tiempo a los usuarios bonaerenses. “No queremos que nuestros usuarios de golpe se enteren que se han quedado sin subsidios por esta modificación regulatoria a nivel nacional”, concluyó.

Las modificaciones anunciadas por el ministro de Gobierno se inscriben en un contexto de cambios más amplios en la política energética nacional, que comenzarán a regir formalmente a partir del 1º de enero de 2026. La Provincia busca, según explicó Bianco, amortiguar el impacto de esas decisiones sobre los sectores de menores ingresos.

En ese sentido, la continuidad de la tarifa social provincial para usuarios que queden excluidos del esquema nacional dependerá de la inscripción en el registro correspondiente y del cumplimiento de los requisitos establecidos por el OCEBA. La Provincia anticipó que brindará mayores precisiones operativas en los próximos meses.

El rediseño del sistema de subsidios también implica una revisión más estricta de los criterios patrimoniales y de localización de las viviendas, como en el caso de los barrios cerrados, que dejarán de estar alcanzados por el beneficio.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que a partir de enero de 2026 la provincia de Buenos Aires aplicará modificaciones en el esquema de subsidios energéticos, en línea con los cambios normativos que impulsa el Gobierno nacional. Las medidas apuntan, según explicó, a mejorar los criterios de inclusión y exclusión del sistema de tarifa social y a adecuarse a la nueva segmentación que definirá la Secretaría de Energía de la Nación.

“Hay algunos cambios que se vienen en materia de subsidios a la energía en la provincia de Buenos Aires, en virtud de las modificaciones que está llevando adelante el Gobierno nacional en materia energética”, señaló Bianco en conferencia de prensa desde la Gobernación bonaerense, al anticipar que las definiciones serán anunciadas con antelación para evitar que los usuarios se vean afectados de manera sorpresiva.

Uno de los ejes centrales de la modificación será la eliminación de la tarifa social para residencias ubicadas en barrios cerrados. Según detalló, a partir de enero de 2026 dejarán de recibir subsidios unos 79.500 usuarios en toda la provincia, de los cuales 66.900 corresponden al Gran Buenos Aires, en áreas reguladas por Edenor y Edesur, y otros 12.600 al interior bonaerense, bajo la órbita del OCEBA.

“Se van a eliminar todos los subsidios, todas las tarifas sociales a todas aquellas residencias que están en barrios cerrados”, explicó Bianco, al precisar que la medida surge de un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación de la Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Economía provincial, orientado a revisar los criterios de asignación del beneficio.

En paralelo, el Ministro describió el nuevo esquema de segmentación energética que impulsa la Nación y que actualmente se encuentra en consulta pública. El funcionario bonaerense recordó que el sistema vigente clasifica a los usuarios en tres categorías:

N1, de altos ingresos, sin subsidio;N2, de bajos ingresos, con un subsidio del 65% hasta cierto nivel de consumo;N3, de ingresos medios, con un subsidio del 50% en un tramo acotado.

Ese esquema será reemplazado por uno de dos categorías: “Va a haber hogares con subsidio, que van a ser hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales”, explicó Bianco, y detalló que recibirán asistencia sobre el consumo de hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda y hasta 150 kWh en meses de clima templado.

La segunda categoría será la de hogares sin subsidio, integrada por aquellos con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, que no recibirán ningún tipo de asistencia energética. Bianco remarcó que estas definiciones nacionales impactan directamente en el esquema provincial de subsidios.

En ese marco, explicó que la Provincia de Buenos Aires tenía un sistema que “en cierta parte espejaba esos criterios” para las empresas reguladas por el OCEBA. Allí existían dos grupos: uno de usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos, que continuará recibiendo la tarifa social, y otro grupo que replicaba la categoría N2 nacional.

Con la eliminación de la categoría N2 a nivel nacional, ese segundo grupo provincial quedaría alcanzado por la quita de subsidios. Sin embargo, Bianco aclaró que la Provincia sostendrá el beneficio para esos usuarios, siempre que cumplan determinadas condiciones.

“Nosotros los vamos a poder seguir subsidiando, los vamos a poder seguir incluyendo en la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y cumplan obviamente las condiciones para obtener el subsidio energético”, afirmó Bianco, y subrayó que el objetivo de adelantar estos anuncios es informar con tiempo a los usuarios bonaerenses. “No queremos que nuestros usuarios de golpe se enteren que se han quedado sin subsidios por esta modificación regulatoria a nivel nacional”, concluyó.

El gasto de un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para cubrir el consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público fue de $173.480 durante el mes de noviembre. Sin tener en cuenta los subsidios, la cifra representa un aumento del 1,8% respecto del mes anterior.

En la comparación interanual, el gasto para esta canasta de servicios públicos fue un 30% superior al de igual mes de 2024. Además, en lo que va de 2025 subió un 23%.

Los datos fueron relevados del Reporte de Tarifas y Subsidios N° 32, elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-Conicet) y publicado por la Agencia Noticias Argentinas.

El aumento mensual del 1,8% en la canasta es el resultado de los incrementos atravesados en todos los cuadros tarifarios y del aumento en las cantidades consumidas de energía eléctrica.

En el caso del gas, el cargo fijo aumentó 3,5% y el cargo variable 4% en promedio. Para la energía eléctrica, los cuadros tarifarios mostraron un incremento del 3,6% en el cargo fijo y 3,8% en el cargo variable. Finalmente, en el rubro transporte, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos aumentó 6,6% en noviembre.

Estos tres cambios se dieron en conjunto con un aumento en el consumo de energía eléctrica y una baja en las cantidades demandadas de gas.

Además, la reducción de subsidios para estos servicios fue del 44%. Se explica por recorte real en transporte del 20% y en energía del 44%.

El relevamiento indicó que los hogares del AMBA pagan tarifas que, en promedio, cubren el 52% de los costos, mientras que el Estado se hace cargo del 48% restante.

La Usina Popular y Municipal de Tandil culminó con éxito una nueva edición de su programa educativo “Usina Educa”. En esta ocasión, contó con la participación de 907 estudiantes de 18 escuelas de Tandil y la región, presentes a lo largo de 26 funciones realizadas durante el año.

El programa forma parte de la línea de acciones educativas que la Usina desarrolla desde hace más de una década, con el objetivo de promover el uso responsable de la energía y la toma de conciencia sobre su valor en la vida cotidiana a nivel local.

“Usina Educa” propone un recorrido por la historia de la energía en Tandil, que va desde la fundación de la empresa en 1936 hasta los desafíos actuales vinculados a la eficiencia energética y las fuentes renovables.

A lo largo de las jornadas, los grupos escolares participaron de charlas introductorias, visitas guiadas por la antigua sala de máquinas y espacios históricos de la Usina. Además, también realizaron actividades interactivas que permitieron experimentar con conceptos básicos de generación, distribución y consumo responsable de la energía.

En la edición 2025 tomaron parte estudiantes de 18 instituciones educativas públicas y privadas de Tandil y la región. Las mismas fueron San Ignacio, Aprenderes, CEC 801, EES N° 4, Santo Domingo, Nuestra Tierra, SAFA, Técnica N° 5, EES N° 16, EES N° 1, EES N° 21, Estrella de Belén, EES N° 2, Ayres del Cerro, ESS N° 10 (ex Normal); Begoña y la Escuela Secundaria “Álvaro Barros” de la localidad de De La Garma, partido Adolfo Gonzales Chaves.

El equipo de Usina Educa 2025 estuvo coordinado por Milagros Mallo e integrado por Winny Ferraro, Guillermo Saab, Cirilo Espain, Esteban Conforti, Maximiliano Arechabala y Damián Piedra, quienes llevaron adelante los contenidos, las actividades y el acompañamiento de cada grupo escolar.

Desde la Usina destacaron que la continuidad del programa responde al compromiso de la empresa con la comunidad y, en especial, con las nuevas generaciones, entendiendo que acercar la energía a las aulas es una forma concreta de construir ciudadanía y futuro.

Finalmente, la Usina de Tandil agradece a todas las escuelas que participaron a lo largo de 2025 e invita a las instituciones educativas de Tandil y la zona a mantenerse atentas a las próximas convocatorias para ser parte de la edición 2026 de “Usina Educa”.

En el escenario energético actual, se cruzan dos exigencias difíciles de conciliar: garantizar un suministro cada vez mayor para sostener el crecimiento económico global y, al mismo tiempo, disminuir significativamente las emisiones de carbono. La presión por cumplir con ambos objetivos se intensifica por el aumento de los costos, y el aumento sostenido de la demanda, especialmente impulsada por la digitalización y el auge de la inteligencia artificial. En ese marco, la pregunta que se impone es cómo equilibrar la urgencia de la descarbonización con la necesidad inmediata de mantener estable y accesible el suministro energético.

Un reciente estudio de Bain & Company realizado entre más de 700 líderes de industrias vinculadas al petróleo, gas, minería y agricultura mostraron un cambio de ánimo en torno a la transición hacia energías limpias. Aunque en el último año se alcanzaron inversiones récord en tecnologías sostenibles, quienes están a cargo de impulsar esta transformación son cada vez más cautelosos sobre el tiempo que tomará realmente lograr la neutralidad de carbono a nivel global. Esta discrepancia refleja la complejidad y los retos que enfrentan las empresas para equilibrar sus compromisos ambientales con otras prioridades económicas y operativas.

Uno de los hallazgos más relevantes es que las metas de descarbonización parecen estar cada vez más lejanas. A pesar de los récords de inversión en energías limpias durante el último año, un 44% de los ejecutivos considera que el mundo no alcanzará la neutralidad de carbono antes de 2070, cuando en investigaciones anteriores entre el 40% y el 50% proyectaba 2050 como horizonte realista. Esta caída en las proyecciones refleja un cambio en el clima general, donde el impulso inicial de la transición se topa con la verdadera dimensión del reto.

El estudio también muestra que la lógica de las inversiones ha cambiado. Durante la última década, el auge de los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance) impulsó proyectos energéticos vinculados con sostenibilidad, aunque muchas veces sin un retorno inmediato. Hoy, esa dinámica se invirtió: los ejecutivos aseguran estar atrapados en un “ciclo no virtuoso” en el que se exige justificar cada apuesta en términos de retorno de inversión. El mayor obstáculo identificado es la falta de clientes dispuestos a pagar un precio premium por energías más limpias. A esto se suma la presión de los accionistas: el 68% de quienes mencionan dificultades de ROI, afirman que también enfrentan un bajo apoyo de sus inversores, un salto importante respecto al 49% registrado el año anterior.

Al mismo tiempo, el crecimiento de la inteligencia artificial y los centros de datos abre un nuevo frente de presión sobre el sistema eléctrico global. Según estimaciones, para 2027 estos centros podrían duplicar su consumo, llegando a representar un 2,6% de la demanda mundial de electricidad. Para satisfacer ese salto, se necesitarían inversiones superiores a los 2 billones de dólares en nueva capacidad de generación. Los ejecutivos de empresas de servicios públicos reconocen el desafío, aunque se muestran confiados en poder enfrentarlo.

Además, la encuesta refleja un consenso claro: la transformación digital ya no es opcional. Más del 70% de los ejecutivos se declara optimista respecto al valor que pueden aportar la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en los próximos años. Una de las prioridades inmediatas es la modernización de los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP): un 62% planea renovar o transformar completamente su sistema en un plazo máximo de tres años.

Frente a este escenario, lo que llamamos transición energética es mucho más complejo de lo que aparenta: no se trata de un simple reemplazo de fuentes, sino de la necesidad de acompañar un consumo en aumento mientras se reducen las emisiones a gran escala. Los ejecutivos consultados expresaron desconfianza respecto a la velocidad con la que se alcanzará la neutralidad de carbono, pero al mismo tiempo reconocen que el momento exige replantear sus estrategias. El incremento de los costos de capital y las tensiones en torno al retorno de inversión obligan a las compañías a ser más selectivas y eficientes, a la vez que se abren paso nuevas oportunidades ligadas a la inteligencia artificial, al almacenamiento de energía y a la modernización digital de los sistemas empresariales.

Más allá de los resultados del informe, el debate energético deja en evidencia un desafío estructural: sostener el crecimiento económico global y, al mismo tiempo, reducir de manera acelerada las emisiones de carbono. Esta tensión redefine la agenda del sector y obliga a repensar el papel de la energía en la economía contemporánea. Lejos de ser un obstáculo insalvable, el doble mandato de proveer más energía y avanzar hacia la descarbonización puede convertirse en un motor de innovación, inversión tecnológica y transformación de los modelos de negocio. El modo en que empresas, gobiernos y sociedades logren articular estos objetivos determinará no solo la competitividad futura, sino también la capacidad del planeta de sostener un desarrollo que combine prosperidad y sostenibilidad en partes iguales.

El autor es Socio de Bain & Company de Argentina

¿Qué sucede con el aceite vegetal una vez que ya no se utiliza en la cocina? Con demasiada frecuencia, este residuo termina en los desagües, una acción que genera graves consecuencias ambientales. "Un solo litro de aceite contamina mil litros de agua", advirtió Elizabeth Mosquera, directora y socia de AQV Ambiental.

Esta empresa argentina se ha propuesto marcar una diferencia tangible en el cuidado del medio ambiente, especializándose en la gestión de este residuo. AQV Ambiental funciona como transportista y operador de residuos industriales no especiales, trabajando activamente bajo el marco de la ley de promoción para el uso sustentable de biocombustibles.

El problema no es menor. Además de la contaminación hídrica que impacta ríos, lagunas y napas subterráneas, el aceite arrojado a las cañerías "produce la obstrucción absoluta de todas ellas", señaló Mosquera, generando una sustancia gelatinosa que obstruye el flujo de agua, causando malos olores y atrayendo plagas. Además, contamina el agua residual, encarece su tratamiento y daña los ecosistemas acuáticos al impedir la entrada de luz y oxígeno.

La solución que propone AQV Ambiental es un modelo de economía circular: recolectar el residuo y darle un nuevo valor. "¿Qué se hace con el aceite vegetal usado? Producimos biodiésel", explicó la directora. "Para una correcta disposición del residuo, necesitamos que nos contraten para que este residuo sea transformado en energía renovable". Es un servicio gratuito, cumpliendo con la Ley de protección ambiental tanto provincial y nacional.

AQV Ambiental ha desarrollado un plan de manejo y recolección comunal que involucra a todos los actores sociales: desde grandes industrias y comercios gastronómicos hasta colegios, instituciones y vecinos.

El compromiso de quienes participan es visible. "Cada vez que trabajamos juntos con los comercios, nosotros dejamos un distintivo que demuestra el compromiso de este comercio con el cuidado del medio ambiente", comentó Mosquera.

Este compromiso se respalda con documentación formal. Las empresas e instituciones que trabajan con AQV Ambiental reciben un certificado de disposición final y un manifiesto que respalda la trazabilidad del 100% del residuo. Esto no solo garantiza que el aceite no está impactando negativamente en el entorno, sino que también acredita el cumplimiento de las normativas municipales y provinciales vigentes.

La organización busca expandir esta conciencia y facilitar la participación ciudadana. "Nuestro trabajo ayuda a formar ciudadanos más conscientes y responsables", afirmaron desde la empresa.

Por ello, la invitación se extiende más allá de las industrias. Aquellos ciudadanos interesados en contar con un punto de recolección en su barrio, pueden contactarse directamente con la empresa para organizar la logística y sumarse activamente.

"Si te interesa, podés sumarte, nos podés escribir", concluyó Mosquera, reafirmando su disposición a seguir impulsando "esta acción y esta conciencia del cuidado". Porque, como recalcan desde AQV, las pequeñas acciones colectivas son las que generan los grandes cambios hacia un futuro más sustentable.

AQV AMBIENTALtel: 223 529101 | 2494 570521Redes: AQV.AMBIENTALMail: aqvambiental@gmail.com

Argentina se asocia con Estados Unidos en un programa de energía nuclear civil, convirtiéndose en el primer país de América Latina en rubricar un convenio de este tipo, según informaron los gobiernos de ambos países.

La Cancillería argentina dio a conocer que el país se une como socio contribuyente al Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST), liderado por Estados Unidos.

Al comunicar la adhesión al programa, destacó que “este hito subraya nuestro compromiso mutuo de profundizar la asociación en materia de energía nuclear civil, avanzar en la seguridad energética global y acelerar el despliegue responsable de energía nuclear avanzada en América Latina, el Caribe y más allá”.

El acuerdo se da tras el comienzo del proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina que confirmó en los últimos días la administración de Javier Milei y en el marco del Plan Nuclear Argentino, presentado meses atrás por el mandatario al resaltar que el país será un protagonista relevante en el desarrollo de la energía nuclear.

FIRST es el programa insignia del Departamento para el Despliegue de Tecnologías de Reactores Avanzados para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, y está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) del Departamento de Estado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino explicó que el mencionado programa “busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”.

Además, señaló que se trata de un programa en el que Estados Unidos se asocia con más de 50 países “que exploran soluciones de energía nuclear civil, incluido el uso de reactores modulares pequeños (SMR), para satisfacer sus necesidades energéticas respetando los más altos estándares de seguridad nuclear, protección y no proliferación, en consonancia con las directrices del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”.

Con esta asociación, la Argentina se une a países como Japón, la República de Corea y Canadá, que ya aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo en especie a las iniciativas de FIRST.

Como socio contribuyente, Argentina apoyará las actividades de FIRST en todo el mundo, como proyectos regionales, giras de estudio sobre SMR, programas de capacitación y otras iniciativas para facilitar el despliegue responsable por parte de los países que consideran esta tecnología.

Desde la Embajada estadounidense en Buenos Aires remarcaron que “esta asociación resalta el liderazgo de Argentina en el sector de la energía nuclear y su dedicación a fomentar la cooperación internacional para abordar la seguridad energética” y señalaron que “los Estados Unidos esperan continuar su asociación con Argentina en cooperación nuclear civil, incluido el programa FIRST”.

Con este escenario propicio, ambas naciones anunciaron que copresidirán la próxima conferencia regional de FIRST para países de América Latina y el Caribe sobre despliegue de SMR en Buenos Aires en 2026.

Con la Resolución 921/25, el gobierno bonaerense oficializó un acuerdo al que llegó con las distribuidoras que están bajo su jurisdicción. En este caso no hay un desembolso explícito de fondos, pero sí un alivio para las distribuidoras (y también para la Provincia).

En concreto, las autoridades decidieron suspender el cobro y la ejecución de sanciones que debe aplicarle el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) a las compañías.

También decidieron diferir la acreditación a usuarios de las penalizaciones por deficiencias en el servicio desde junio de 2017 y hasta seis meses después de que se aplique el cuadro tarifario que surja de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se está llevando adelante desde el año pasado.

Según se explicó en el acuerdo, la idea es “atenuar la afectación del flujo de fondos con que cuentan en la actualidad las distribuidoras para operar y mantener el servicio”. Como contrapartida, las empresas accedieron a suspender las acciones judiciales o arbitrales que habían iniciado contra la Provincia por las sanciones en cuestión.

La Usina Popular y Municipal de Tandil anunció avances en la nueva subestación que construye con inversión propia en la esquina de Chapaleofú y Jurado. En diálogo con El Eco de Tandil, el gerente técnico de la empresa –Guillermo Saab-, brindó precisiones del trabajo que realizan en función del crecimiento de la ciudad hacia la zona norte, indicó que se encuentran la “etapa de la obra civil” y estimó que la misma permitirá abastecer a alrededor de 30 mil hogares.

“El directorio tomó la decisión de hacer una obra importante para esa zona, considerando el crecimiento actual y el crecimiento futuro. Se hizo todo el proyecto, se compraron los materiales y ahora estamos ejecutándola. La obra consiste, básicamente, en dar más capacidad de energía en la zona norte de la ciudad”, explicó Saab.

La zona norte de Tandil es aquella sobre la cual el Plan de Desarrollo Territorial indica que la ciudad debe orientar su expansión. En ese sentido, surgieron en el último tiempo los proyectos urbanísticos de Sans Souci, De Corazón Tandilense y Carrasco, que sumarán en el corto y mediano plazo centenas de viviendas al lugar que ya experimentó un crecimiento significativo desde principios del 2000 a esta parte.

“La ciudad no para de crecer. Nosotros seguimos poniendo 1400 o 1500 medidores por año en distintos puntos de la ciudad y hay un crecimiento pronunciado en la zona norte de la ruta 226. Hay muchos loteos, hay muchos emprendimientos privados, hay emprendimientos provinciales, nacionales, o como lo que ahora va a hacer el Municipio en Carrasco. También lo que está haciendo el Procrear dentro de Sans Souci, lo que está haciendo Corazón Tandilense, entregando viviendas”, sostuvo Saab al respecto.

“Las redes que alimentaban esa zona hasta hace unos años estaban dimensionadas para poca gente. Ese crecimiento lo estamos notando y lo estamos viendo, con lo cual las redes nuestras empiezan a quedar chicas, por decirlo de una manera, y la capacidad de distribución de energía eléctrica es acotada si no se hacen obras de ampliación”, señaló en referencia a la proyección de la nueva subestación.

Consultado por la instancia en la que se encuentra la obra, el gerente técnico informó que todos los materiales se encuentran comprados, y que el equipamiento será de última tecnología y proveniente de Europa ya que el mismo no se fabrica en el país.

“Toda la instalación va a estar manejada desde nuestras oficinas desde acá, así que vamos a tener un monitoreo constante de esa parte de la red, y está en proceso de fabricación. Nos prometieron que antes de fin de año eso iba a estar acá. Con lo cual lo instalaríamos en esa fecha y calculamos que el primer trimestre o el primer semestre del año que viene, esto debería estar funcionando”, adelantó Saab.

Al momento, sumó, se encuentran transportando el cable principal hasta el lugar donde estará ubicada la subestación, y procederán luego a instalar el equipamiento para adecuar la energía a las viviendas. “Estamos en la etapa de obra civil. Y la vinculación desde el punto donde hay energía -que es en la Ruta 226 y Lavalle- a ese lugar, ya está hecho”, explicó.

La obra, agregó, se demoró pro cuestiones climáticas en el último tiempo, que complicó  los trabajos de la red subterránea que trazaron. “La gestión inicial empezó a fines del año pasado. Teníamos previsto un año de obra, quizás se nos va a alargar un poco más por plazo de entrega de materiales y por el desarrollo de la obra en sí. Pero esperamos que para los primeros meses del año que viene eso esté en el servicio”, precisó.

Saab señaló además que la obra de la nueva subestación fue realizada con fondos propios de la Usina, a partir de una inversión de 1500 millones de pesos. “Con esta obra entendemos que vamos a tener cubierto desde la Ruta 226, desde la Ruta 30 hacia el lado del Campus Universitario, todo. Porque el servicio eléctrico es un servicio esencial. Es casi imposible que gente se vaya a vivir sin energía eléctrica. Y cuando compran un lote, lo primero que piden es la energía eléctrica. Después, si no hay otros servicios, de alguna manera cada uno se la rebusca, pero sin energía eléctrica es muy difícil. Así que la idea nuestra es, antes de que llegue el pedido, tener la disponibilidad ya hecha”, concluyó.