El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia formal ante la Justicia al considerar que las más de 600 amenazas registradas en diversos establecimientos educativos responden a una “estructura delictiva” organizada. La presentación judicial busca identificar a los responsables detrás de estos actos que han generado alarma en la comunidad educativa bonaerense durante las últimas jornadas.

La iniciativa fue encabezada por el ministro de Justicia y DDHH, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, en un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Javier Alonso. Los funcionarios solicitaron formalmente a la Procuración General bonaerense la apertura de una investigación profunda para dar con quienes promueven e instigan estas acciones de hostigamiento que afectaron a cientos de instituciones.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que, si bien las múltiples denuncias registradas en los establecimientos ya se encuentran bajo proceso en los distintos Departamentos Judiciales, esta nueva presentación apunta a unificar criterios y profundizar la línea investigativa. 

El objetivo está puesto en “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.

El trasfondo de esta situación se remonta, según el análisis oficial, al trágico ataque ocurrido el pasado 30 de marzo en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. A partir de ese hito, las amenazas comenzaron a multiplicarse de manera exponencial tanto en territorio bonaerense como en el resto del país, afectando el normal desarrollo de las jornadas escolares y la tranquilidad de las familias.

La denuncia fue formulada desde una perspectiva de niñez, priorizando el impacto psicológico y social que estos episodios generan en los alumnos y el personal docente. Las autoridades provinciales buscan determinar si existe un plan coordinado para desestabilizar el clima institucional en más de 600 escuelas, un fenómeno que ha escalado de forma preocupante y que requiere una respuesta judicial coordinada.

El centro cultural El Cole de Villa Cordobita convoca a educadores populares, docentes y/o militantes que quieran acompañar de manera voluntaria las trayectorias educativas de niños y adolescentes que cursan el nivel escolar primario y secundario.

Matemáticas, prácticas del lenguaje e inglés son algunas de las materias más comunes en ambos niveles y, en muchas ocasiones, los estudiantes necesitan no solo ser apuntalados en esas asignaturas sino además transitar la formación en un espacio compartido con pares, y apoyado personas mayores.

Por eso El Cole -de la organización La Poderosa, con anclaje en ese barrio- lanzó una convocatoria abierta para que quienes se sientan interesados se acerquen cada jueves de 18.30 a 20 al espacio ubicado en calle Paraguay 1031.

“Estamos buscando acompañantes voluntarios que quieran brindar lo que comúnmente se conoce como apoyo escolar”, contó Zulema Mango, integrante de la organización, a El Eco de Tandil.

Y agregó que “denominamos acompañamiento a las trayectorias escolares porque, más allá de ayudar a hacer la tarea, le ponemos un plus: el objetivo es encontrarnos desde lo colectivo y ayudarnos los unos a los otros”.

“Lo real es que necesitamos personas que estén capacitadas; no necesariamente tienen que ser docentes, pero sí educadores populares”, señaló. Y aclaró que, de todas maneras, “cualquier persona que quiera ayudar se puede acercar porque ofrecemos un poco más que solo hacer la tarea”.

“Además, para un pibi no es lo mismo estar haciendo la tarea solo que inmerso en un grupo”, valoró la militante.

Hoy en día son entre diez y doce los estudiantes de ambos niveles que requieren de apoyo escolar. “Pero si se suman más voluntades, seguramente se sumen también más chicos que necesitan el espacio”,consideró Mango.

Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2983 41-8863 (Mer) o 249 446-7631 (Zulema).

Donación de guitarras

El Cole ofrece también otras actividades como talleres y práctica de fútbol a los chicos del barrio y cuenta con una biblioteca y un merendero.

“Hoy en día tenemos 47 pibis distribuidos en todos los espacios”, contó Mango.

Ahora, los referentes del espacio llevan adelante una campaña de donación de guitarras ya que todas las semanas, de manera gratuita, niños y adolescentes participan de un taller para aprender a tocar ese instrumento musical.

“Tenemos muchos chicos que quieren aprender, pero tenemos pocas guitarras”, aseguraron.

Quienes puedan hacerse cargo de la donación de una guitarra tienen que comunicarse con Fer al teléfono 249 451 0970.

Escuelas de Tandil trabajan junto a sus equipos docentes y comunidades educativas en regular la posibilidad de utilizar celulares en las aulas y reflexionar con alumnos y familias acerca del uso de redes sociales.

En concreto, establecimientos educativos de la ciudad difundieron comunicados, tanto entre sus docentes como entre las familias de cada institución, a partir de los cuales promueven el acompañamiento a los alumnos y el refuerzo de prácticas de cuidado de los estudiantes. “Recordamos que nuestro rol no solo implica enseñar contenidos, sino también ser referentes adultos que orientan y cuidan”, plantearon desde el equipo directivo de una escuela local a sus equipos docentes.

Cabe recordar, el debate en torno al uso de los celulares en las aulas de los establecimientos educativos se hizo público a mediados de abril por un hecho registrado a nivel nacional que se replicó en Tandil: aparecieron en escuelas pintadas de amenazas que respondería a desafíos viralizados en redes sociales como TikTok.

El hecho motivó en la ciudad una serie de acciones coordinadas entre las autoridades educativas, la Justicia y fuerzas de seguridad. Al respecto, Policía realizó operativos preventivos en diferentes establecimientos locales, y hubo escuelas que suspendieron el dictado de clases para generar jornadas de reflexión sobre la situación.

En ese marco comenzaron a circular comunicados desde los establecimientos en pos de “fortalecer acuerdos de corresponsabilidad y planificar de manera conjunta ‘Familias y escuela ‘acciones y espacios de reflexión acerca del uso responsable de las redes”, así como también acerca de los riesgos derivados de la reciente modificación de la Ley de Imputabilidad, “y del concepto delictivo de ciertas acciones y sus consecuencias”.

Durante la semana del lunes 20, escuelas públicas de la ciudad difundieron nuevos comunicados entre docentes para reforzar prácticas de acompañamiento a las trayectorias educativas, en particular sobre el uso de celulares. En algunos casos solicitaron puntualidad en los horarios de ingreso al aula, regular el uso de dispositivos móviles y acompañar de manera activa a los estudiantes durante los recreos.

Cabe recordar, en establecimientos de gestión privada de Tandil existen medidas sobre la utilización de celulares. En algunos colegios, los alumnos deben guardar sus dispositivos en compartimientos destinados para tal fin.

De acuerdo a lo que pudo saber El Eco, medidas similares podrían llegar a implementarse a nivel distrital en las escuelas públicas, y algunas de ellas comenzarán con pruebas al respecto.

“El cuidado de sus hijos/as es una tarea compartida. Necesitamos del compromiso de cada familia para reforzar el uso responsable de la tecnología, supervisar contenidos y dialogar sobre los riesgos que hoy existen en el entorno digital”, transmitieron desde el equipo directivo de la Escuela Técnica 2 a las familias.

Sobre los mencionados desafíos virales en redes sociales, desde el establecimiento advirtieron que gran parte de los mismos “exponen a niños, niñas y adolescentes a situaciones de riesgo que pueden afectar su salud física, emocional y su integridad”.

Por tal motivo solicitaron a los tutores que los alumnos no concurran con celulares durante la semana en curso. En el caso de que haya estudiantes que lo hagan, se les notificará a las familias para que los retiren y mantengan la continuidad pedagógica en sus hogares. La posibilidad de extender el plazo de la medida se evaluará los últimos días de la semana.

Los padres de los alumnos que sean detectados como autores de amenazas contra colegios —desde anuncios de matanzas hasta falsas alertas por bombas— deberán pagar una multa si prospera un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense. La iniciativa, impulsada por el diputado Andrés De Leo, jefe del bloque de la Coalición Cívica, propone la creación de un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Establecimientos Educativos.

Según se indicó en el comunicado oficial, la propuesta "surge frente a la reiteración de amenazas de bomba y falsas alertas en escuelas, situaciones que generan evacuaciones, angustia en las familias, interrupción de clases y un importante despliegue de recursos públicos". El texto establece que quienes realicen estas acciones deberán hacerse cargo de los costos que provocan, incluyendo la intervención de fuerzas policiales, brigadas especializadas, bomberos y servicios de emergencia.

En el caso de que los autores sean menores de edad, la responsabilidad recaerá en sus padres, tutores o responsables legales. El monto a reintegrar será determinado mediante un procedimiento administrativo fundado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, garantizando el derecho de defensa y un plazo para el pago voluntario. 

De no cumplirse, el Estado podrá avanzar por vía de ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Amenazas en Establecimientos Educativos para sistematizar la información y mejorar la toma de decisiones. Desde el equipo del legislador Andrés De Leo destacaron que la iniciativa no introduce nuevas sanciones penales, sino que busca garantizar que el Estado recupere los recursos utilizados ante falsas alarmas.

"Cuidar la educación también es poner límites. Cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos seguir naturalizando", señaló Andrés De Leo en el proyecto. 

La propuesta invita además a los municipios bonaerenses a adherir y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 60 días de su eventual promulgación.

La conmoción por las amenazas de tiroteos en escuelas continúa en ascenso y ya derivó en acciones policiales y judiciales en toda la provincia de Buenos Aires, donde se registraron alrededor de 1.000 denuncias vinculadas a pintadas, carteles y publicaciones en redes sociales con armas.

De acuerdo a datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense, los casos se multiplicaron en distintos departamentos judiciales. En La Matanza se contabilizaron cerca de 200 denuncias, mientras que en Moreno se registraron unas 70 presentaciones, en el marco de una problemática que también se extendió a otros distritos del país.

En ese contexto, la Justicia comenzó a avanzar con medidas concretas. En Moreno, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, junto a las funcionarias Érica Chiessi y Solange Castelli, solicitó embargos a los padres de alumnos identificados como autores de amenazas.

La investigación permitió identificar a siete menores, dos de ellos de 16 años —y por lo tanto punibles—. A partir de allí, personal de la DDI realizó siete allanamientos, en los que se secuestraron armas que habrían sido exhibidas en redes sociales, además de celulares, computadoras, tablets y consolas de videojuegos.

Durante los operativos, los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública, mientras que el monto de los embargos aún no fue determinado. La definición quedará en manos de la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino, y de la Fiscalía de Estado bonaerense, que deberá calcular los costos generados por los procedimientos.

Entre los gastos a considerar se incluyen operativos policiales, tareas investigativas y eventuales cambios en los protocolos escolares, en una lógica similar a la que se aplica en casos de amenazas de bomba.

En paralelo, en Mar del Plata, la Justicia adoptó una medida en la misma línea. El fiscal general Fabián Fernández Garello dispuso que los padres de estudiantes implicados deberán afrontar los costos de los operativos policiales y los posibles daños ocasionados.

La problemática también se replica fuera de la provincia. En Santa Fe, el gobierno provincial avanzó con una decisión similar, al estimar que cada despliegue policial ante una amenaza escolar puede costar entre cinco y seis millones de pesos. Solo en esa jurisdicción se registraron 65 denuncias en un día, en su mayoría por mensajes escritos en baños de establecimientos educativos.

Mientras tanto, la difusión de imágenes y mensajes intimidatorios —en algunos casos protagonizados por adolescentes— sigue generando preocupación en las comunidades educativas, que debieron reforzar medidas de seguridad ante una situación que no deja de escalar.

Ante la aparición de una serie de carteles con mensajes intimidatorios en diversos establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, las autoridades de las carteras de educación y seguridad mantuvieron una reunión con los gremios docentes. El encuentro tuvo como eje central la evaluación de los pasos a seguir y el refuerzo de los criterios de intervención mediante un protocolo específico frente a este tipo de hechos en las escuelas.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso. También formaron parte del encuentro los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), quienes presentaron una serie de propuestas orientadas a abordar las “nuevas dificultades originadas en comunidades digitales que promueven acciones violentas”.

Entre los puntos sugeridos por el sector gremial se destacó la necesidad de realizar jornadas institucionales para analizar la problemática, implementar políticas de salud mental destinadas a niñas y jóvenes, y brindar formación específica para directivos y docentes. Asimismo, se propuso la creación de espacios de trabajo con las familias, talleres con estudiantes y la convocatoria a mesas interministeriales provinciales e intersectoriales distritales.

Desde el área de Educación confirmaron que se buscará “impulsar la formación de las mesas intersectoriales” con el fin de abordar situaciones conflictivas o violentas en el entorno escolar. En la misma línea, los funcionarios se comprometieron a promover “una reunión interministerial para coordinar acciones” y aseguraron que continuarán “monitoreando conjuntamente la situación” en todo el territorio bonaerense.

En este contexto, el Gobierno bonaerense envió una comunicación oficial a las autoridades escolares bajo el título "Orientaciones para la actuación inmediata ante la detección de mensajes amenazantes o presencia de armas en el escenario escolar". El documento establece que, ante cualquier mensaje que refiera a un posible tiroteo o a la presencia de armamento, los establecimientos deben actuar con celeridad para priorizar el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad.

El protocolo detalla que, ante una amenaza, el personal debe notificar de inmediato al equipo directivo, el cual informará a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. En forma paralela, la dirección del establecimiento tiene la obligación de radicar la denuncia ante la fiscalía o la dependencia judicial correspondiente para iniciar la investigación. Se aclara que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de los estudiantes para garantizar sus derechos.

Para los casos de extrema gravedad, donde un estudiante exhiba un arma dentro de la escuela, la normativa indica que el objeto siempre debe considerarse como si estuviera cargado. El personal deberá intentar calmar al joven y dialogar con él, mientras otro adulto da aviso al 911. Entre las pautas de seguridad, se recomienda procurar que el estudiante deposite el arma en una superficie segura.

El texto es taxativo respecto al manejo de armas de fuego: "Si se tratara de un arma de fuego, pedirle que saque el dedo del gatillo, si esta es la situación. En tanto no entregue el arma, se deberá procurar que mantenga la calma hasta que llegue la fuerza pública".

Además, se remarca que ninguna otra persona debe manipular el elemento. Se designará a un adulto responsable para custodiar el aula e impedir el ingreso de terceros, siendo la fuerza pública la única autorizada para retirar el arma. Finalmente, el estudiante implicado quedará bajo custodia, con intervención de su familia y de la Justicia.

En el marco de una creciente ola de amenazas en establecimientos educativos de todo el país, se registraron en las últimas horas allanamientos, detenciones e imputaciones de adolescentes en distintas provincias, a partir de mensajes intimidatorios vinculados a posibles tiroteos o hechos de violencia escolar.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde fue identificado un joven de 16 años que había publicado en redes sociales advertencias sobre una supuesta masacre en el colegio Juana Manzo. La investigación se inició tras una denuncia al 911 que alertaba sobre la difusión de imágenes con un arma en Instagram y grupos de WhatsApp, acompañadas de mensajes como: “Nos vemos mañana, wachines”.

A partir de las capturas aportadas, los investigadores lograron rastrear perfiles vinculados al adolescente, alumno de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”. Como medida preventiva, se dispuso una consigna policial en el establecimiento.

Posteriormente, efectivos de la DDI San Martín y de la SUB DDI San Miguel realizaron un allanamiento en el domicilio del menor, donde secuestraron siete teléfonos celulares, una notebook, una pistola de gas comprimido —réplica de una 9 milímetros— y municiones. El adolescente fue identificado y quedó a disposición de la Justicia.

En la provincia de Salta, en tanto, tres estudiantes fueron detenidos tras detectarse grafitis con amenazas en el baño de varones del Colegio Walter Adet. Según la investigación, a cargo del fiscal penal Horacio Córdoba Mazuranic, los propios alumnos habrían reconocido que se trataba de un “reto”. El Juzgado de Garantías interviniente ordenó sus arrestos.

Por su parte, en Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° imputó a ocho adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de una causa que investiga más de un centenar de episodios similares en la capital provincial. Además, se desarrollan diligencias en localidades como La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

La reiteración de estos hechos encendió las alarmas en el sistema educativo y judicial. Desde distintos organismos se advirtió sobre la necesidad de abordar las conductas como situaciones graves, al tiempo que se remarcó la importancia de trabajar en la prevención y en la gestión de conflictos dentro de las comunidades escolares, evitando amplificar el miedo entre estudiantes y familias.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) manifestó este 17 de abril su profunda preocupación ante los recientes episodios de violencia y amenazas registrados en distintas escuelas de la provincia, y advirtió que “la escuela sola no puede ni debe” hacer frente a esta problemática.

Según informaron desde la organización, en la jornada del jueves se comunicaron con la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, para solicitar la inmediata intervención de la cartera educativa y la convocatoria urgente a una mesa interministerial que aborde la situación de manera integral.

Desde el gremio señalaron que los conflictos actuales presentan características novedosas, ya que muchos de ellos se gestan en entornos virtuales donde interactúan diariamente estudiantes, pero luego tienen un fuerte impacto en la vida escolar. En ese sentido, remarcaron que estos episodios no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de un clima social atravesado por la violencia, el cual —según indicaron— se ve agravado por el “corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades” y el debilitamiento de políticas públicas destinadas a las infancias y adolescencias.

“Lo que ocurre por fuera de la escuela ingresa en ella”, sostuvieron desde Suteba, al tiempo que subrayaron la necesidad de un compromiso activo de las familias como parte de la comunidad educativa.

En el comunicado, el sindicato reclamó la convocatoria urgente a mesas intersectoriales en los distritos y a una instancia interministerial a nivel provincial, con el objetivo de abordar la problemática de manera articulada. También planteó la necesidad de realizar jornadas institucionales con participación de la comunidad educativa, orientadas a profundizar la implementación de protocolos y diseñar acciones concretas frente a estos escenarios. A su vez, exigió la intervención inmediata del Estado en la investigación de delitos cibernéticos, con el fin de identificar responsables y actuar en consecuencia.

Finalmente, desde Suteba reafirmaron que “las escuelas son espacios de cuidado, construcción colectiva y convivencia democrática”, y remarcaron que la complejidad de los escenarios actuales exige respuestas coordinadas entre distintos organismos del Estado y la sociedad. El pronunciamiento se da en un contexto de creciente preocupación por situaciones de violencia que afectan a comunidades educativas en distintos puntos de la provincia.

Se replicó en Tandil una preocupante situación registrada en diferentes puntos del país: aparecieron en escuelas amenazas de tiroteos que responderían a un desafío que se viralizó en TikTok. Ante el hecho, Policía realizó operativos preventivos en diferentes establecimientos educativos, mientras que instituciones como Comercio y Normal suspendieron clases para llevar a cabo una jornada de reflexión sobre el uso responsable de redes sociales.

Desde la Jefatura Distrital informaron que desde la tarde del jueves y durante la mañana del viernes trabajaron en conjunto con la Justicia y organismos de Seguridad y Salud para abordar el caso, y destacaron a su vez la respuesta y la predisposición policial.

De parte de Policía dieron a conocer que concretaron recorridas preventivas las cuales fueron coordinadas con Fiscalía y autoridades escolares. Durante la mañana del viernes encontraron “todo normal”, y preveían continuar en diferentes establecimientos durante la tarde.

Tal como publicó El Eco, el hecho que motivó la situación fue que tomó trascendencia la aparición de una pintada en el Colegio De la Sierra. La misma refería a una amenaza de tiroteo para el día viernes 17. Fue tal como sucedió en otras escuelas del país, y se trataría de un “desafío” que circuló a través de redes sociales, en particular TikTok.

De acuerdo a lo que pudo saber este Diario, si bien las clases se mantuvieron en el mencionado establecimiento, se registró un considerable ausentismo durante la jornada del viernes.

Reflexionar sobre el uso de las redes

Las clases se suspendieron por lo menos en dos escuelas de Tandil: Comercio y Normal. En ambas, docentes, directivos y autoridades participaron de una jornada pedagógica de reflexión sobre el uso de redes sociales.

Desde la EES N.° 8 (Comercio) habían transmitido a las familias un comunicado en el que informaban de la suspensión de clases para realizar “una jornada de trabajo pedagógico e institucional con los equipos docentes del servicio educativo, en el marco del cuidado de la comunidad educativa, fortaleciendo la convivencia,  con vínculos responsables dentro y fuera  del ámbito escolar”.

A su vez, habían hecho mención a la importancia de “fortalecer acuerdos de corresponsabilidad y planificar de manera conjunta ‘Familias y escuela ‘ acciones y espacios de reflexión acerca del uso responsable de las redes, los riesgos, las modificaciones de la Ley de Imputabilidad, y del concepto delictivo de ciertas acciones y sus consecuencias, evitando la difusión de versiones no verificadas, imágenes, capturas o mensajes en redes sociales y otros medios que puedan incrementar innecesariamente la preocupación colectiva”.

Un comunicado similar circuló también en los grupos de padres del Colegio de la Sierra, en el cual confirmaron el registro, en uno de los sanitarios de varones de la institución, de un escrito que amenazaba con un tiroteo para la mañana del viernes 17.

El comunicado del Colegio contaba también con la respuesta de Inspección, donde se confirmaba la detección de un grupo en redes sociales relacionado con las amenazas, y la denuncia correspondiente.

También desde De la Sierra realizaron la denuncia ante Fiscalía UFI Nº12 y de acuerdo a las indicaciones de Inspección enmarcaron su accionar en la Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas y de Vulneración de Derechos en el Escenario Escolar.

De parte de Policía informaron que los operativos preventivos continuarían realizándose durante la tarde del viernes 17, en particular durante los horarios de ingresos de las instituciones educativas de la ciudad.

Una serie de amenazas de tiroteos en escuelas de distintas provincias argentinas generó preocupación en comunidades educativas y autoridades, en un contexto marcado por recientes hechos de violencia extrema. Las advertencias, escritas en baños y paredes de los establecimientos, se detectaron en cerca de 20 instituciones y obligaron a activar protocolos de seguridad.

El fenómeno ocurre apenas dos semanas después de la denominada “masacre de San Cristóbal”, en Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó armado a una escuela y asesinó a otro estudiante de 13, un episodio que conmocionó al país y volvió a poner en agenda la violencia en ámbitos educativos.

Las nuevas amenazas fueron registradas en establecimientos de la provincia de Buenos Aires —incluyendo Bahía Blanca—, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Fe. En varios casos, los mensajes incluían fechas concretas, lo que elevó el nivel de alerta.

Uno de los ejemplos más claros se dio en un colegio de Bahía Blanca, donde apareció una inscripción en el baño de varones que advertía: “Mañana 17/4 tiroteo, no vengan”.

Frente a esta situación, las instituciones educativas activaron protocolos de prevención, que incluyeron la intervención de la Policía, fiscalías y organismos de protección de la niñez. Además, se reforzó el trabajo de los gabinetes de orientación escolar para contener a estudiantes y familias.

Especialistas señalan que este tipo de eventos puede responder a un “efecto contagio”, donde hechos de alto impacto —como el ocurrido en Santa Fe— generan imitaciones o reacciones simbólicas en otros jóvenes. En ese sentido, remarcan que las amenazas, aunque no siempre se concreten, deben ser tomadas con seriedad.

Más allá de su carácter extraordinario, estos episodios son interpretados como un emergente de problemáticas más profundas, vinculadas a la violencia social y a las dificultades en la construcción de vínculos entre adolescentes. Situaciones de bullying, ciberacoso, agresiones físicas y conflictos mal resueltos forman parte del escenario cotidiano que atraviesa a muchas escuelas.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense advirtieron en una carta abierta que estos hechos no deben naturalizarse y propusieron “hacer una pausa” para analizar las condiciones sociales, familiares y vinculares que afectan a niños y jóvenes.

En ese marco, destacaron el rol del sistema educativo y del Estado para intervenir ante estas situaciones, al tiempo que subrayaron la importancia de fortalecer los lazos comunitarios: “La escuela no es una institución neutral frente a la violencia y tiene el compromiso de escuchar y poner palabras donde hay agresión y desconfianza”, señalaron.

El crecimiento de este tipo de amenazas vuelve a instalar un debate urgente sobre la convivencia escolar, la salud mental y la necesidad de políticas integrales que aborden la violencia desde sus causas estructurales. Mientras tanto, las comunidades educativas permanecen en alerta ante un fenómeno que, aunque incipiente, refleja tensiones sociales más amplias.

La política alimentaria escolar en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro del debate luego de que la senadora bonaerense Natalia Quintana (UCR) presentara una serie de iniciativas para exigir informes y advertir sobre la situación del Servicio Alimentario Escolar (SAE), en el marco de la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Por un lado, la legisladora impulsó un pedido de informes sobre el Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), con el objetivo de conocer en detalle su funcionamiento, ejecución presupuestaria, mecanismos de control y criterios de asignación de recursos.

“El programa MESA fue una respuesta necesaria en el marco de la emergencia sanitaria, pero hoy es fundamental revisar su continuidad, su eficiencia y su articulación con otras políticas públicas”, señaló Quintana.

En ese sentido, advirtió sobre dificultades en la implementación, vinculadas a problemas de trazabilidad en la entrega de módulos alimentarios, demoras logísticas y superposición con otros dispositivos de asistencia, como el propio SAE. Además, remarcó la necesidad de contar con información precisa que garantice que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.

En paralelo, Quintana presentó un proyecto de declaración manifestando su “profunda preocupación” por la situación del Servicio Alimentario Escolar, uno de los principales programas sociales de la Provincia que alcanza a millones de estudiantes en escuelas públicas.

Según explicó, el desfasaje entre la inflación y la actualización de los valores del programa generó una pérdida significativa del poder adquisitivo, lo que impactó directamente en la calidad, cantidad y variedad de las prestaciones alimentarias.

“No actualizar el SAE en función de la inflación implica, en los hechos, una reducción del servicio que afecta a los sectores más vulnerables”, sostuvo la senadora.

Asimismo, destacó el esfuerzo de los equipos educativos y de los Consejos Escolares para sostener el funcionamiento del programa, aunque subrayó que la responsabilidad de garantizar un financiamiento adecuado recae en el Estado provincial.

Finalmente, la legisladora planteó la necesidad de avanzar en una revisión integral de la política alimentaria, priorizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos, fortaleciendo los programas con mayor capacidad operativa —como el SAE— y mejorando los mecanismos de control, transparencia y cobertura.

“Garantizar una alimentación adecuada no es solo una cuestión asistencial, es una política central para el desarrollo, la salud y el aprendizaje de nuestros chicos”, concluyó Quintana.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, puso en marcha la tercera edición del Programa de Vouchers Educativos 2026. Esta iniciativa consiste en una asistencia económica mensual dirigida a familias que envían a sus hijos a instituciones educativas de gestión privada que cuentan con un alto subsidio por parte del Estado.

El beneficio busca acompañar el pago de las cuotas escolares de estudiantes de hasta 18 años que cursen los niveles inicial, primario y secundario en establecimientos con al menos un 75% de aporte estatal. La convocatoria quedó formalmente abierta este miércoles tras la publicación de la Resolución 205/2026 en el Boletín Oficial.

Para ser beneficiario del programa, los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones de carácter obligatorio. En primer lugar, deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con una residencia legal en el país de al menos dos años. Asimismo, los ingresos del grupo familiar no pueden superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que representa un tope de $2.504.600 según los valores actualizados a febrero de este año.

Por otro lado, el estudiante debe mantener la condición de alumno regular. La ANSES realizará una evaluación socioeconómica mensual para validar la continuidad del beneficio, mientras que la regularidad escolar se verificará dos veces al año, con una certificación final al concluir el ciclo lectivo.

La inscripción es 100% online y gratuita, y debe ser realizada por uno de los responsables parentales a través de la plataforma oficial del programa o mediante Mi Argentina. Es fundamental contar con el DNI y número de CUIL de los menores, así como el nombre y dirección exacta de la institución educativa.

Desde el organismo aclararon que no se debe acumular dos cuotas impagas consecutivas, ya que esto genera la suspensión temporal del cobro. En caso de alcanzar las tres cuotas impagas, se procederá a la cancelación definitiva del beneficio. El programa es compatible con otras prestaciones del Estado y apunta a garantizar la continuidad pedagógica en un contexto económico complejo.

Un alumno mató a tiros a un compañero este lunes en un colegio de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. El ataque se realizó con una escopeta y hubo otros dos heridos durante el ataque, que están fuera de peligro.

El hecho ocurrió cerca de las 7.15, dentro de un patio interno de la escuela normal Mariano Moreno, cuando los chicos estaban izando la bandera en el comienzo de la jornada.

El atacante, de 15 años y que cursaba tercer año, de repente extrajo el arma de una funda de guitarra y efectuó alrededor de cinco disparos. La víctima fatal tenía 13 años. En medio de la desesperación, los jóvenes comenzaron a las corridas, rompieron vidrios e hicieron llamados acongojados a sus familiares.

El autor del ataque fue aprehendido por la Policía local luego de que un asistente escolar lograra contenerlo. El hombre se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, informaron las fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe.

Los dos estudiantes heridos tienen 13 y 15 años, y uno de ellos debió ser trasladado en código rojo por la gravedad de las heridas a la ciudad de Rafaela, con perdigones en cara y cuello. El otro alumno lastimado presentaba heridas de menor gravedad, con lesiones en uno de los brazos y en el tórax. El doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad, confirmó que ambos menores no tienen riesgo de vida.

"Hay muchos comentarios, muchas versiones. Tengo información de la escuela, que el chico agresor era un muy buen alumno, un chico muy bueno, compañero. La verdad que a nosotros nos sorprende a todos esto", contó en TN el intendente de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk.

Una jornada de profundo dolor conmociona a la provincia de Santa Fe tras un violento episodio ocurrido en la Escuela N°40 Mariano Moreno, en el departamento de San Cristóbal. Alrededor de las 7:15, mientras los alumnos se encontraban en el patio interno para el izamiento de la bandera, un estudiante de 15 años extrajo una escopeta y comenzó a disparar contra sus compañeros.

El ataque resultó en la muerte de un adolescente de 13 años, quien cursaba el primer año, y dejó heridos a otros dos jóvenes de 13 y 15 años. Ramiro Muñoz, secretario de gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, confirmó que el agresor efectuó entre cuatro y cinco disparos antes de ser reducido. Uno de los heridos debió ser trasladado de urgencia a Rafaela con lesiones de perdigones en el rostro y el cuello, mientras que el otro se encuentra con heridas de menor gravedad.

“El agresor sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro”, manifestó Muñoz.

La situación pudo ser controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, quien se abalanzó sobre el atacante para quitarle el arma. Inmediatamente, la Policía de Santa Fe evacuó el edificio y acordonó la zona para iniciar las pericias. El funcionario municipal explicó que el alerta surgió desde el centro de monitoreo:

“Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”.

María José, madre de una alumna del establecimiento, relató que el agresor habría ingresado el arma oculta en un estuche de guitarra y describió escenas de pánico absoluto.

“A las 7:30 recibo el llamado de mi hija llorando desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela. Salieron todos corriendo por atrás, otros saltaron alambrados e incluso saltaron de las ventanas”, detalló.

A pesar de la magnitud del hecho, desde la institución señalaron que el joven era considerado un alumno tranquilo y sin problemas de conducta previos. La ciudad de San Cristóbal, ubicada a 179 kilómetros de la capital santafesina, permanece bajo un clima de consternación mientras la justicia intenta esclarecer los motivos detrás del trágico suceso.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°13 del paraje rural De la Canal, en el municipio de Tandil, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Miguel Lunghi; y el director de la institución, Andrés Moris. Además, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, entregó patrulleros para fortalecer la seguridad en el distrito.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta escuela que tanto nos enorgullece se inauguró porque hubo decisión política, planificación, inversión y trabajo: en la Provincia ponemos los recursos donde se necesitan para mejorar la educación pública”. “En estos seis años hemos invertido como nunca en escuelas rurales, técnicas y de isla: lo hacemos porque estamos convencidos de que todos y todas tienen que acceder a sus estudios, sin importar dónde hayan nacido”, agregó.

“Si queremos que realmente todos tengan las mismas posibilidades debemos garantizar educación, salud y seguridad. En la Provincia los y las bonaerenses ya eligieron este camino en el que nos esforzamos para que nadie se quede afuera”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Hoy tenemos un Gobierno nacional que cree que hay que dinamitar el Estado y que todo debe ser resuelto a través del mercado: los vecinos y vecinas de este paraje saben que el sector privado nunca llegó aquí para construir la escuela rural que la comunidad necesitaba”.

El nuevo edificio da respuestas a una demanda histórica de la comunidad de De la Canal, un pequeño paraje rural ubicado a 30 kilómetros al norte de Tandil sobre la Ruta Provincial N°30, al que se accede únicamente por caminos de tierra. Es el resultado de la lucha de los vecinos y vecinas de la zona para que los jóvenes puedan realizar sus trayectorias educativas en el barrio, evitando así las largas distancias y el desarraigo.

Por su parte, Terigi remarcó: “Queremos que todos los chicos y chicas de la provincia, vivan cerca o lejos de los centros urbanos, puedan elegir y construir su futuro. Para eso necesitamos escuelas secundarias de calidad como la que estamos inaugurando hoy en el paraje De la Canal”. “En el Gobierno bonaerense tenemos a la educación pública como prioridad: vamos a seguir invirtiendo para mejorarla día a día”, añadió.

A partir de una inversión de $1.277 millones, la obra contempló la construcción del nuevo edificio que cuenta con seis aulas, laboratorio, patio y mobiliario de la fábrica provincial, como así también la readecuación de los edificios existentes para la creación de un SUM. La nueva infraestructura permitirá que la ES N°13 tenga su propio espacio de enseñanza y que la EP N°15 —con la cual compartía instalaciones— comience a implementar la doble jornada.

“El acompañamiento de la Provincia en esta jornada expresa una decisión clara de acercar la gestión a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos", sostuvo Lunghi y agregó: “En tiempos donde se cuestiona el diálogo entre quienes piensan distinto, destacamos la importancia del trabajo mancomunado para lograr resultados que beneficien a nuestros vecinos y vecinas”.

“Hoy estamos haciendo realidad el deseo de nuestra comunidad que, tras años de lucha colectiva, logra tener este nuevo espacio: no se trata de un edificio escolar más, es la puerta para impulsar un proyecto de vida para los jóvenes de nuestro distrito”, subrayó Moris.

Por último, Kicillof afirmó: “Caminamos y conocemos cada uno de los 135 municipios de nuestra provincia y por eso sabemos cuáles son las prioridades de nuestro pueblo: aquí nadie vive del sector financiero, lo que necesitamos son más obras, educación y trabajo”.

Durante la jornada, Kicillof y Alonso pusieron en funcionamiento cuatro nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención y combate del delito en el distrito. Además, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana local, donde se hizo entrega de una camioneta Amarok, equipamiento para los bomberos de la Policía, y una posta operativa con torre de iluminación, internet satelital y base meteorológica para instalar en zonas de siniestros.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los subsecretarios de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; el senador provincial Jorge Paredi; la diputada provincial Marcela Basualdo y su par Matías Civale; el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti; concejales y concejalas; funcionarios y funcionarias municipales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de inauguración de la Escuela Primaria N°25 en el municipio de General Rodríguez, donde aprovechó para renovar sus críticas contra las políticas de Javier Milei al asegurar que está en contra de “sálvese quien pueda”.

“En la Provincia estamos en contra del ’sálvese quien pueda’: acá trabajamos solidariamente y en comunidad para que todos tengan mejores condiciones de vida y más oportunidades”, dijo Kicillof al hablar ante la comunidad educativa.

“Esto es lo que no quiere entender Milei: el acceso a la educación es un derecho que debe garantizar el Estado y por eso llevamos inaugurados más de 300 nuevos edificios educativos”, agregó.

El mandatario estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Mauro García. Además, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, entregó motos y patrulleros para fortalecer la seguridad en el distrito. “Cuando en un municipio como General Rodríguez crece mucho la población, los vecinos y vecinas necesitan de más y mejor infraestructura para poder concretar sus proyectos y soñar con un futuro mejor”, dijo.

A partir de una inversión de $4.188 millones financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la nueva escuela primaria ubicada en el Polo Educativo del barrio Güemes cuenta con 12 aulas, biblioteca, sala de plástica, SUM y patio. La institución será de doble escolaridad y permitirá que las familias dejen de trasladarse a escuelas alejadas del barrio.

Por su parte, Terigi remarcó: “En la Provincia queremos que las escuelas bonaerenses contribuyan a un país que incluya a todos y a todas, y para lograr eso es necesario un Estado presente y cerca de la gente”.

Durante la jornada, Kicillof y Alonso hicieron entrega de 8 motos y 7 patrulleros para fortalecer las tareas de prevención y combate del delito en distintos barrios del distrito. Además, recorrieron la obra de ampliación y remodelación del Destacamento Güemes, donde se trasladarán los efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación que ya se despliegan en la localidad.

“A diferencia de lo que piensa el Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que el acceso a la educación y a la seguridad son derechos que deben ser garantizados por el Estado”, cerró el gobernador.

Con el inicio del ciclo electivo en Tandil, la presidenta del Consejo Escolar, Diana Balbín, realizó un balance de las tareas desarrolladas durante el verano y confirmó que no hay establecimientos que hayan demorado el comienzo de clases por problemas de infraestructura.

“Hoy tuvimos el acto de inicio del ciclo lectivo acá en Tandil. Están arrancando los niños del nivel primario inicial y los chicos de secundaria están recibiendo a los alumnos del primer año”, señaló.

Balbín explicó que el cuerpo de consejeros fue parcialmente renovado y que algunos integrantes se encuentran incorporándose a nuevas áreas, aunque se continúa con líneas de trabajo ya iniciadas. En ese marco, destacó que están finalizando obras importantes en la Escuela Primaria 21 y  7, donde se intervinieron cubiertas y otros sectores.

En el caso de la Primaria 21, detalló que la obra comenzó como un cambio de techo a partir de una licitación municipal, pero luego se amplió a otras tareas pendientes.

“En realidad terminaron siendo trabajos más integrales. Inició con una licitación para el cambio de cubiertas y se fueron agregando otro montón de tareas que teníamos pendientes del Consejo Escolar”, explicó. Los trabajos también alcanzaron al anexo de la Secundaria 2 que funciona en el mismo edificio, por lo que los estudiantes ya comenzaron las clases “en el edificio renovado”.

En la primaria 7, en tanto, la empresa continúa trabajando para “poner nuevamente habitable el espacio”, también con intervenciones en el techo.

Otro de los puntos abordados fue el edificio de El Molino, donde funcionan la Primaria 25 y la Secundaria 21. “Allí se hizo una obra también de cambio de techo, de pintura y cambio de la instalación eléctrica”, indicó Balbín, y agregó que las instituciones se encuentran reorganizándose tras la mudanza a los espacios mejorados. Además, subrayó que se logró resolver problemas de filtraciones que venían generando preocupación en años anteriores.

La presidenta del Consejo Escolar explicó que durante enero se acompañaron las escuelas de verano y que febrero estuvo destinado a poner a punto los edificios, con intervenciones menores y planificación de trabajos más importantes.

Entre las prioridades, remarcó la calefacción: “Nos propusimos ya desde hace un tiempo ponerle prioridad a trabajar a tiempo todo lo que se pueda la calefacción de cara a los inviernos de Tandil que son bastante intensos, y solemos tener complicaciones”.

En ese sentido, confirmó que se realizan tareas de mantenimiento de calderas y que se avanzará en la compra de equipamiento para llegar al invierno con una buena infraestructura frente a las bajas temperaturas.

También mencionó que continúan trabajando en filtraciones, recambio de chapas, limpieza de canaletas, reparación de cielorrasos y mejoras en instalaciones eléctricas, especialmente en edificios antiguos que requieren mantenimiento permanente.

Balbín señaló que recibieron partidas de la Provincia para afrontar trabajos de cara al inicio del ciclo lectivo y que se establecieron prioridades, aunque aclaró que ninguna situación impedía el dictado de clases.

Por último, destacó que el Consejo Escolar cuenta con un diagnóstico consolidado sobre el estado de los establecimientos y que el objetivo ahora es focalizar recursos en mantenimiento preventivo, acompañar los pedidos de directivos y atender adecuaciones necesarias según matrícula, especialmente en el nivel inicial. “Estamos atentos tratando de dar respuesta con tiempo”, concluyó.

Con la proximidad del inicio de clases, las familias tandilenses comenzaron la búsqueda de uniformes y equipamiento para los más chicos. En este contexto, el local de Pampero ubicado en Mitre 865 se posiciona como una de las alternativas más completas para resolver la indumentaria escolar.

Para este 2026, Pampero dispone de una gran variedad de prendas clásicas como pantalones, camisas y el tradicional cárdigan escolar, disponible en diversos colores. Además de la vestimenta, la propuesta incluye accesorios esenciales como mochilas de alta durabilidad. La relación precio-calidad es el eje de la oferta para los clientes que buscan productos duraderos.

Para facilitar las compras de cara al ciclo lectivo, el comercio implementó una serie de promociones orientadas a aliviar el bolsillo de los padres. La estrategia de venta se enfoca en brindar opciones de pago flexibles, permitiendo la elección del método que mejor se adapte a la economía familiar.

La oferta de Pampero no se limita exclusivamente a los guardapolvos o uniformes básicos. El local de Mitre al 800 exhibió una variedad que abarcó desde calzado escolar hasta abrigos reforzados, ideales para las mañanas frías del invierno tandilense.

Al tratarse de una marca con ADN en el vestuario de trabajo, las costuras y telas utilizadas en la ropa escolar heredaron esa robustez. Esto permite que las prendas soporten los lavados frecuentes y el desgaste propio de los recreos y actividades físicas de los más chicos, convirtiéndose en una inversión inteligente para el largo plazo.

Además de la ropa, las mochilas son artículos destacados. Estos productos se adaptan perfectamente al ámbito escolar gracias a su capacidad y compartimentación. La posibilidad de encontrar todo lo necesario en un solo lugar es una ventaja valorada por quienes buscan optimizar el tiempo de compras.

El equipo de ventas destacó que el asesoramiento personalizado sigue siendo un pilar del servicio en Mitre 865. Esta atención presencial, sumada a la posibilidad de probarse las prendas en el lugar, brinda la tranquilidad necesaria para asegurar una compra satisfactoria.

Para incentivar el consumo y brindar soluciones concretas, el comercio dispuso de tres vías de ahorro bien diferenciadas. En primer lugar, se aplicó un descuento del 10 por ciento para aquellos clientes que optaron por abonar sus compras en efectivo. Esta medida es bien recibida por quienes buscan un beneficio directo e inmediato sobre el valor de los productos.

Por otra parte, la alianza con instituciones financieras es fundamental para ofrecer cuotas sin interés. A través del Banco Provincia, los clientes pueden acceder a un beneficio todos los viernes y sábados. La promoción consiste en un 10 por ciento de descuento adicional y la posibilidad de financiar el total de la compra en cuatro cuotas sin interés, una herramienta clave para dividir el costo del equipamiento escolar en varios meses sin recargos.

Asimismo, una de las ofertas más importantes llega de la mano del Banco Credicoop. Del 18 al 20 de febrero, la entidad bancaria dispuso de una promoción especial que otorga hasta un 40 por ciento de descuento en las compras realizadas en el local. A este importante ahorro se le suma la opción de pagar en hasta seis cuotas sin interés, lo que permite a muchas familias realizar compras de mayor volumen con una financiación sumamente competitiva.

Estas acciones reflejan el compromiso de la marca con la comunidad local. El objetivo fue claro: garantizar que la vuelta al colegio fuera lo más organizada posible, brindando productos de primer nivel con facilidades que se adaptaran a la realidad de cada hogar. Con estas promociones, el local de Mitre 865 se consolida como una parada obligatoria para quienes buscan calidad y buen precio en este inicio de clases.