Un profesor de música sufrió una fractura en el rostro producto de un golpe de puño propinado por un alumno de sexto año. La agresión ocurrió en medio de una clase y el docente permaneció internado en una clínica local. Ante esto, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro para la jornada de hoy.

Un grave hecho de violencia fue denunciado en las últimas horas en un colegio de la ciudad, donde un estudiante agredió físicamente a un docente, identificado como Gastón Valdez, durante el desarrollo de una clase. El ataque le provocó lesiones de consideración que requirieron su internación. Los educadores repudiaron el acto, realizaron una convocatoria en la Plaza Independencia en apoyo al docente y el FUDB convocó a un paro para esta jornada.

De acuerdo a lo que pudo saber El Eco, el episodio ocurrió el lunes por la mañana dentro de un aula del Colegio San José, mientras se desarrollaba una clase de Música. En ese contexto, se indicó que un alumno del último año del nivel secundario golpeó al profesor en el rostro. Como consecuencia de la agresión, trascendió que el docente sufrió una fractura de mandíbula y permanece internado en observación.

En paralelo, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra los instantes previos al hecho. En las imágenes se observa un clima de fuerte tensión dentro del aula, con estudiantes protagonizando situaciones de descontrol. Incluso, uno de los jóvenes arroja una silla en medio de la clase, reflejando el contexto en el que se habría desencadenado la agresión.

El episodio generó preocupación en la comunidad educativa y motivó el repudio de distintos sectores vinculados a la educación. En ese sentido, desde el FUDB expresaron su rechazo a lo sucedido mediante un comunicado difundido en redes sociales y luego convocaron a un paro distrital para la jornada de hoy.

“Basta de violencia en las escuelas. Cuidemos a quienes educan y trabajan. Exigimos respeto, dignidad y seguridad. Solidaridad con nuestros compañeros y compañeras agredidos”, manifestaron desde la organización sindical. La medida de fuerza prevista para hoy estará acompañada de una manifestación, cuya convocatoria se realizó para las 10 en la Plaza del Tanque.

Al cierre de esta edición, las autoridades de la institución educativa todavía no habían emitido información oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se supo sobre la sanción que recibió el estudiante agresor.

En este marco, un grupo de docentes autoconvocados realizó una movilización ayer por la tarde "en solidaridad y en defensa" del docente agredido. El punto de reunión fue la Glorieta de la Plaza Independencia, en donde colocaron cartulinas con mensajes repudiando el hecho y pidiendo un freno a los actos de violencia en contra de los docentes.

Ante un numeroso grupo de asistentes, que superaba el centenar de personas, Laura Bicci, representante de los docentes autoconvocados, leyó un comunicado con el cual expresaron acompañamiento al docente agredido, Gastón Valdez. También aseguraron que el documento buscaba “visibilizar una preocupación que crece en los ámbitos educativos: el aumento de los episodios de violencia y el progresivo deterioro de los vínculos de convivencia”.

Informaron que el hecho dejó como consecuencias un docente con serias lesiones, lo cual generó “conmoción entre colegas, familias y estudiantes”. Al mismo tiempo, señalaron que “lo sucedido vuelve a exponer tensiones que atraviesan numerosas instituciones educativas de la localidad”, siendo las que trabajan a diario con “desafíos que exceden la enseñanza y el aprendizaje de contenidos”.

“A la tarea pedagógica se suman conflictos interpersonales, demandas sociales crecientes y situaciones complejas para las cuales muchas veces no existen recursos suficientes ni dispositivos de acompañamiento adecuados”, continuó el enunciado leído en las escaleras de la glorieta. En este contexto, señalaron que la agresión no es un hecho individual sino un síntoma de un problema más amplio: “Cuando el conflicto desplaza el diálogo y la hostilidad gana espacio en la vida institucional, se resienten las condiciones necesarias para enseñar y aprender”.

Por último, desde la organización indicaron que “sostenemos que resulta indispensable abrir una discusión profunda sobre la convivencia escolar, el respeto a los trabajadores de la educación y las herramientas disponibles para prevenir y abordar situaciones críticas antes de que escalen”. Cerraron expresando la solidaridad hacia el docente agredido y llamaron a una reflexión colectiva sobre el clima que hoy atraviesa a muchas escuelas.

La convocatoria finalizó con una marcha alrededor de la Plaza Independencia. Los manifestantes salieron desde la glorieta en sentido a Belgrano, doblaron hasta Chacabuco y retomaron por Pinto hasta Rodríguez. Al mismo tiempo se supo que la movilización convocada para esta mañana será desde la Plaza del Tanque hasta la Jefatura Distrital.

El atleta tandilense Juan Enrique Cisneros volvió a destacarse a nivel nacional al quedarse con el primer puesto en la categoría Especial PCD de la 50° edición de la tradicional carrera Fiestas Mayas, desarrollada este domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Representando a la Escuela Municipal de Atletismo y bajo la conducción del profesor Marcelo Dadario, Cisneros completó la prueba con un tiempo de 33 minutos y 5 segundos, liderando la clasificación de la categoría “Otras Discapacidades”, según los resultados oficiales publicados por la organización.

El podio de la categoría fue completado por Tomás Plaini, con un registro de 33:45, y Lucas Pozzi, que finalizó tercero con 36:25, de acuerdo a la clasificación oficial difundida por My Race Result.

La actuación de Cisneros ratifica el gran presente deportivo que atraviesa el atleta local, quien acumula cuatro títulos consecutivos en la prueba Bonaerenses de 10 kilómetros de los Juegos Bonaerenses. Además, durante 2025 consiguió un logro aún mayor al imponerse también en la clasificación general de la competencia provincial.

La Fiestas Mayas es una de las carreras de calle más emblemáticas del país y celebró este año su 50° edición en las calles porteñas, reuniendo a atletas de distintos puntos de Argentina.

A partir de las situaciones conflictivas por los retos en las redes sociales y la aparición de amenazas en escuelas de todo el país –incluida Tandil-, Amafutan (Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil) y Jefatura Distrital de Educación se unieron para brindar charlas en instituciones educativas que lograron una buena recepción por parte de los estudiantes y las familias. El cronograma de encuentros se inició hace quince días y restan otras dos semanas para finalizar las visitas a distintos establecimientos.

Ayer, en “Tandil Despierta” (Eco TV y 104.1 Tandil FM), Leonel Calles, defensor oficial en el Fuero Penal Juvenil e  integrante de Amafutan, y la jefa distrital de Educación, Daniela Urdampilleta, compartieron sus miradas sobre la problemática y destacaron la iniciativa como una herramienta más de prevención.

En principio, explicaron que las charlas se gestaron luego del caso que sacudió a Rosario, y las situaciones de amenazas e ingreso de alumnos con armas a escuelas del país.

“Si bien las escuelas tienen un ambiente que tratamos que sea pacífico, hay algunas cuestiones que suceden en la escuela como suceden en la sociedad. La escuela es el espejo en algún sentido o reflejo de lo que sucede, y empezamos a trabajar con la organización y armamos un cronograma de charlas en las diferentes escuelas para chicos y chicas”, expuso la jefa distrital. 

Calles precisó que comenzaron hace 15 días, luego de que un exdirectivo de Comercio lo convocara para dialogar con los alumnos, en una experiencia que tuvo buena repercusión. “Nos empezaron a llamar de otras escuelas para ver si podíamos dar charlas. En ese momento hablé con el presidente de Amafutan, el doctor Diego Araujo, y la idea fue no hacerlo de manera individual sino institucionalizarlo”, contó.

De este modo, los funcionarios judiciales y las autoridades de educación se reunieron. “Tuvimos una recepción excelente en Jefatura y en tres días teníamos un cronograma de casi un mes de charlas en las distintas escuelas, inclusive ellos nos pudieron unificar escuelas más chicas para no tener que ir a todas”, señaló el defensor del Fuero Penal Juvenil.

El defensor oficial, que está a cargo de los conversatorios, manifestó que la propuesta apunta “sobre todo a la prevención en el uso de las redes sociales. Generalmente arranco las charlas explicando qué es el Fuero Penal Juvenil, cómo funciona, les digo qué consecuencias trae porque hay un mito popular de que los chicos que están en conflicto con la Ley Penal no tienen ninguna consecuencia y esto no es así”.

Calles apuntó a informar sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Juvenil, que a partir de septiembre bajará la edad de imputabilidad a los 14 años. “Arranco las charlas diciéndoles a los chicos que mi intención no es sermonear ni amenazar sino informarles y expresarles las consecuencias que puede traer lo que en principio puede parecer una broma. No solamente desde lo personal, una causa penal, sino también desde lo institucional, porque hay que ver todo el movimiento que se hace respecto de una amenaza hasta saber si realmente es una simple amenaza o broma, o una amenaza real”, expuso.

El defensor reparó en “todo el dispositivo que se pone en marcha” teniendo en cuenta que “las escuelas tienen protocolos, la policía tiene protocolos y el Poder Judicial también, y el costo que eso implica”.

En tanto, compartió que  “mi reflexión y mi ejemplo, tal vez burdo, es decirles que a nadie se le ocurre llamar a una ambulancia en broma, porque en otro lugar de la ciudad puede estar una persona necesitándola y hasta puede morir por el no uso de esa ambulancia. Lo mismo pasa con un delito falso o una broma de amenazas: se moviliza a la policía, al Poder Judicial y estos operadores que están abocados a eso no pueden hacerse cargo de delitos que realmente están sucediendo como puede ser un robo”.

El letrado alertó que estos mensajes que aparecieron en escuelas configuran “un delito y más grave de lo que la gente piensa porque se habla de amenazas. Y cuando el sujeto pasivo del delito es una persona o dos o varias pero son determinadas, es el delito de amenazas. Cuando es indeterminado y es a la sociedad, es otro delito que es intimidación pública”.

Por este motivo, insistió con que “lo que puede empezar como una broma o como una exigencia de notoriedad –hay muchos chicos que lo hacen por adquirir notoriedad- termina en un delito penal que, como sabemos, tiene sus consecuencias, en este momento para chicos de entre 16 y 18 años y a partir de septiembre, lamentablemente, desde los 14 años va a tener consecuencias jurídicas”.

Por su parte, la doctora en Educación Daniela Urdampilleta expuso que “en la Provincia tenemos una actualización de la guía de situaciones de conflicto del 2023, que incluyó otro tipo de conflictos que antes no estaban incorporados, entre ellos las cuestiones tecnológicas”, y señaló que se logró a partir de un trabajo interministerial.

“Lo que siempre pedimos es que la guía sea una herramienta de trabajo para los padres, las madres, para las familias, para los chicos, las chicas. La guía tiene que ser un instrumento también porque informa, contextualiza y cuida, porque nosotros somos una institución fundamentalmente de enseñanza y de cuidado”, subrayó sobre una de las herramientas para trabajar en estos casos, que opera con otras como los acuerdos de convivencia institucionales.

En paralelo, aclaró que “por supuesto que ante este tipo de situaciones, nosotros estamos atentos desde el primer momento, porque cada situación al instante se comunica a las inspecciones y a mí, somos un equipo que trabaja desde Jefatura hacia las escuelas. Esto es una insistencia muy grande que se hace, a veces hay situaciones que no se leen como conflicto y ahí suceden muchas a partir de lecturas individuales”.

Respecto a las acciones, definió que “somos un sistema jerárquico y un sistema que intenta ser orgánico. A veces suele suceder que la gente no comunica a tiempo; no lee -por eso las miradas son colectivas- y esto ocasiona muchas situaciones de conflicto”.

Por otra parte, Daniela Urdampilleta destacó la experiencia de las charlas. “No hemos tenido mala receptividad. Por el contrario, los chicos están muy interesados, muy ávidos de saber y están muy ávidos a que les digamos vamos a parar un poquito con el celular. Hay una buena recepción de la ocupación por la preocupación”.

En paralelo, planteó el contexto de “una sociedad que está complejizada y muchas de las cuestiones que nos están pasando es por esto de que la ley funciona medio individual a veces. Cada uno decide qué es ley a veces, entonces la ley está para decir hasta acá. En ese trabajo que es duro porque está muy desdibujada, la gente cree a veces que la decisión que toma es la correcta, entonces tenés un montón de conflictos porque vos estás tratando de encuadrarte mínimamente en una norma. Los encuadres son muy complejos en este momento”.

Si bien apuntó a la tendencia de los niños y adolescentes a intentar correr los límites de forma constante, advirtió que “no quiero adjudicar toda la responsabilidad a la familia. Los chicos no están atravesados solo por las familias, están atravesados por las redes, por identificaciones que muchas veces no parten de la familia, parten de modelos agresivos, de modelos violentos. De hecho, tenemos múltiples ejemplos de situaciones donde no se conversa, son situaciones más agresivas. La familia cumple un rol muy importante, pero hay que acompañarla porque también está complejo para las familias”. 

En ese punto, la máxima autoridad de Educación en el distrito analizó que “Tandil sigue siendo una comunidad de vecinos en términos de mirar a la cara, todos nos conocemos, tenemos mucho cuidado con esto de las trayectorias, de mirar a la cara, de enfrentar las situaciones como se deberían enfrentar que es con el cuerpo, con la conversación y armando lazo”.

Como contrapartida, manifestó que “acá hay un tema complejo con las redes que es que hacen de alguna manera fragmentar el lazo. Eso que las comunidades han construido que es el lazo con el otro se corta porque la red permite decir cosas que en la cara no dirías, porque no es lo mismo en la cara que cuando me lo decís, y sos un nombre anónimo y te das el lujo de decir cualquier cosa”.

Para finalizar, señaló que la convocatoria “me parce que las comunidades la toman bien en términos de construyamos juntos. Nosotros les pedimos a las familias que ayudemos, construyamos juntos, pidámosle a la escuela que arme talleres, que vaya la gente a charlar, que nos juntemos, y siempre charlar significa códigos de comunicación. Si no volvemos a esta instancia que es compleja, que es construir lazo y conversar sobre las cosas, ahí estamos en un problema”.

Un alumno de 11 años ingresó a la Escuela Campaña del Desierto, situada en el Barrio Smata de San Juan, portando una pistola de aire comprimido. El hecho obligó a las autoridades escolares a activar de inmediato los protocolos de seguridad y motivó la intervención de personal policial de la Comisaría 27ª.

El suceso se registró aproximadamente a las ocho de la mañana, durante el ingreso habitual de los estudiantes al establecimiento ubicado en la intersección de Virgen de Lourdes y Perito Moreno. Según informó el portal Tiempo de San Juan, una docente fue alertada por el padre de otro alumno sobre la presencia de un arma en el bolsillo del menor involucrado, lo que permitió abordar la situación dentro del aula.

Al ser consultado, el estudiante entregó voluntariamente una pistola de material plástico color negro, presuntamente operada con CO2. El objeto fue puesto bajo custodia en la dirección del colegio para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal. Posteriormente, la directora del establecimiento radicó la denuncia formal para dar inicio a la investigación judicial.

Dada la edad del alumno, la causa quedó bajo la órbita del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, con la supervisión del secretario Carlos Ponce. La justicia busca determinar la procedencia del arma y evaluar las responsabilidades en el marco del régimen de protección integral, contemplando la intervención de profesionales como psicólogos o trabajadores sociales para analizar el entorno familiar y escolar del niño.

Este hecho se produce en un contexto de alerta tras otros episodios de violencia en escuelas del país. Recientemente, la Policía Bonaerense realizó operativos en dos domicilios de José C. Paz vinculados a amenazas de tiroteos, investigaciones que se profundizaron luego de que un adolescente de 15 años matara de un disparo a un compañero de 13 en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

El Consejo Municipal de Teatro Independiente (CMTI) y la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil abrieron la convocatoria destinada a elencos interesados en formar parte de la programación de “La Escuela va al Teatro 2026”, una propuesta que busca fortalecer el vínculo entre la actividad teatral independiente y la comunidad educativa.

La iniciativa tiene como objetivo generar espacios de acceso, encuentro y diálogo entre los y las estudiantes y las producciones escénicas locales, promoviendo el acercamiento de las escuelas al teatro como herramienta cultural y educativa.

Según se informó, los elencos podrán postular sus obras desde el lunes 4 hasta el viernes 22 de mayo inclusive, a través del formulario disponible en el sitio oficial de Cultura del Municipio de Tandil.

Los resultados de la selección serán publicados entre el 8 y el 18 de junio.

Desde la organización destacaron que el programa apunta a consolidar el acceso de niños, niñas y adolescentes a experiencias artísticas, al tiempo que brinda un espacio de difusión y circulación para las compañías teatrales independientes de la ciudad.

La propuesta es organizada de manera conjunta por el Consejo Municipal de Teatro Independiente (CMTI) y la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de $1,8 mil millones para realizar obras de gas en escuelas de los 135 distritos, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y asegurar espacios seguros para estudiantes y trabajadores de la educación.

La iniciativa se enmarcó en un plan de intervención que buscó optimizar las instalaciones de gas y realizar pruebas de seguridad en los establecimientos educativos, en la antesala de la temporada de bajas temperaturas. Según se informó oficialmente, las tareas permitieron garantizar ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Entre los trabajos previstos se incluyeron la renovación de redes de gas, adecuación de calefactores, pruebas de hermeticidad, instalación de nuevos artefactos y puesta a punto de sistemas existentes. Estas acciones se definieron a partir de relevamientos técnicos realizados por los Consejos Escolares en cada distrito.

Desde la cartera educativa provincial señalaron que las intervenciones priorizaron a aquellas instituciones con mayores necesidades o que requerían adecuaciones estructurales, con el foco puesto en garantizar condiciones seguras de calefacción durante el invierno.

En ese sentido, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, destacó que la inversión permitió que las escuelas “ingresaran a la temporada de mayores fríos en buenas condiciones de seguridad y comodidad”, y remarcó que mejorar los sistemas de calefacción también implicó cuidar a estudiantes, docentes y auxiliares.

Con esta medida, el Ejecutivo bonaerense dio continuidad a un esquema de trabajo sostenido en infraestructura escolar, orientado a fortalecer la educación pública mediante obras y mantenimiento en todo el territorio provincial.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia formal ante la Justicia al considerar que las más de 600 amenazas registradas en diversos establecimientos educativos responden a una “estructura delictiva” organizada. La presentación judicial busca identificar a los responsables detrás de estos actos que han generado alarma en la comunidad educativa bonaerense durante las últimas jornadas.

La iniciativa fue encabezada por el ministro de Justicia y DDHH, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, en un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Javier Alonso. Los funcionarios solicitaron formalmente a la Procuración General bonaerense la apertura de una investigación profunda para dar con quienes promueven e instigan estas acciones de hostigamiento que afectaron a cientos de instituciones.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que, si bien las múltiples denuncias registradas en los establecimientos ya se encuentran bajo proceso en los distintos Departamentos Judiciales, esta nueva presentación apunta a unificar criterios y profundizar la línea investigativa. 

El objetivo está puesto en “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.

El trasfondo de esta situación se remonta, según el análisis oficial, al trágico ataque ocurrido el pasado 30 de marzo en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. A partir de ese hito, las amenazas comenzaron a multiplicarse de manera exponencial tanto en territorio bonaerense como en el resto del país, afectando el normal desarrollo de las jornadas escolares y la tranquilidad de las familias.

La denuncia fue formulada desde una perspectiva de niñez, priorizando el impacto psicológico y social que estos episodios generan en los alumnos y el personal docente. Las autoridades provinciales buscan determinar si existe un plan coordinado para desestabilizar el clima institucional en más de 600 escuelas, un fenómeno que ha escalado de forma preocupante y que requiere una respuesta judicial coordinada.

El centro cultural El Cole de Villa Cordobita convoca a educadores populares, docentes y/o militantes que quieran acompañar de manera voluntaria las trayectorias educativas de niños y adolescentes que cursan el nivel escolar primario y secundario.

Matemáticas, prácticas del lenguaje e inglés son algunas de las materias más comunes en ambos niveles y, en muchas ocasiones, los estudiantes necesitan no solo ser apuntalados en esas asignaturas sino además transitar la formación en un espacio compartido con pares, y apoyado personas mayores.

Por eso El Cole -de la organización La Poderosa, con anclaje en ese barrio- lanzó una convocatoria abierta para que quienes se sientan interesados se acerquen cada jueves de 18.30 a 20 al espacio ubicado en calle Paraguay 1031.

“Estamos buscando acompañantes voluntarios que quieran brindar lo que comúnmente se conoce como apoyo escolar”, contó Zulema Mango, integrante de la organización, a El Eco de Tandil.

Y agregó que “denominamos acompañamiento a las trayectorias escolares porque, más allá de ayudar a hacer la tarea, le ponemos un plus: el objetivo es encontrarnos desde lo colectivo y ayudarnos los unos a los otros”.

“Lo real es que necesitamos personas que estén capacitadas; no necesariamente tienen que ser docentes, pero sí educadores populares”, señaló. Y aclaró que, de todas maneras, “cualquier persona que quiera ayudar se puede acercar porque ofrecemos un poco más que solo hacer la tarea”.

“Además, para un pibi no es lo mismo estar haciendo la tarea solo que inmerso en un grupo”, valoró la militante.

Hoy en día son entre diez y doce los estudiantes de ambos niveles que requieren de apoyo escolar. “Pero si se suman más voluntades, seguramente se sumen también más chicos que necesitan el espacio”,consideró Mango.

Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2983 41-8863 (Mer) o 249 446-7631 (Zulema).

Donación de guitarras

El Cole ofrece también otras actividades como talleres y práctica de fútbol a los chicos del barrio y cuenta con una biblioteca y un merendero.

“Hoy en día tenemos 47 pibis distribuidos en todos los espacios”, contó Mango.

Ahora, los referentes del espacio llevan adelante una campaña de donación de guitarras ya que todas las semanas, de manera gratuita, niños y adolescentes participan de un taller para aprender a tocar ese instrumento musical.

“Tenemos muchos chicos que quieren aprender, pero tenemos pocas guitarras”, aseguraron.

Quienes puedan hacerse cargo de la donación de una guitarra tienen que comunicarse con Fer al teléfono 249 451 0970.

Escuelas de Tandil trabajan junto a sus equipos docentes y comunidades educativas en regular la posibilidad de utilizar celulares en las aulas y reflexionar con alumnos y familias acerca del uso de redes sociales.

En concreto, establecimientos educativos de la ciudad difundieron comunicados, tanto entre sus docentes como entre las familias de cada institución, a partir de los cuales promueven el acompañamiento a los alumnos y el refuerzo de prácticas de cuidado de los estudiantes. “Recordamos que nuestro rol no solo implica enseñar contenidos, sino también ser referentes adultos que orientan y cuidan”, plantearon desde el equipo directivo de una escuela local a sus equipos docentes.

Cabe recordar, el debate en torno al uso de los celulares en las aulas de los establecimientos educativos se hizo público a mediados de abril por un hecho registrado a nivel nacional que se replicó en Tandil: aparecieron en escuelas pintadas de amenazas que respondería a desafíos viralizados en redes sociales como TikTok.

El hecho motivó en la ciudad una serie de acciones coordinadas entre las autoridades educativas, la Justicia y fuerzas de seguridad. Al respecto, Policía realizó operativos preventivos en diferentes establecimientos locales, y hubo escuelas que suspendieron el dictado de clases para generar jornadas de reflexión sobre la situación.

En ese marco comenzaron a circular comunicados desde los establecimientos en pos de “fortalecer acuerdos de corresponsabilidad y planificar de manera conjunta ‘Familias y escuela ‘acciones y espacios de reflexión acerca del uso responsable de las redes”, así como también acerca de los riesgos derivados de la reciente modificación de la Ley de Imputabilidad, “y del concepto delictivo de ciertas acciones y sus consecuencias”.

Durante la semana del lunes 20, escuelas públicas de la ciudad difundieron nuevos comunicados entre docentes para reforzar prácticas de acompañamiento a las trayectorias educativas, en particular sobre el uso de celulares. En algunos casos solicitaron puntualidad en los horarios de ingreso al aula, regular el uso de dispositivos móviles y acompañar de manera activa a los estudiantes durante los recreos.

Cabe recordar, en establecimientos de gestión privada de Tandil existen medidas sobre la utilización de celulares. En algunos colegios, los alumnos deben guardar sus dispositivos en compartimientos destinados para tal fin.

De acuerdo a lo que pudo saber El Eco, medidas similares podrían llegar a implementarse a nivel distrital en las escuelas públicas, y algunas de ellas comenzarán con pruebas al respecto.

“El cuidado de sus hijos/as es una tarea compartida. Necesitamos del compromiso de cada familia para reforzar el uso responsable de la tecnología, supervisar contenidos y dialogar sobre los riesgos que hoy existen en el entorno digital”, transmitieron desde el equipo directivo de la Escuela Técnica 2 a las familias.

Sobre los mencionados desafíos virales en redes sociales, desde el establecimiento advirtieron que gran parte de los mismos “exponen a niños, niñas y adolescentes a situaciones de riesgo que pueden afectar su salud física, emocional y su integridad”.

Por tal motivo solicitaron a los tutores que los alumnos no concurran con celulares durante la semana en curso. En el caso de que haya estudiantes que lo hagan, se les notificará a las familias para que los retiren y mantengan la continuidad pedagógica en sus hogares. La posibilidad de extender el plazo de la medida se evaluará los últimos días de la semana.

Los padres de los alumnos que sean detectados como autores de amenazas contra colegios —desde anuncios de matanzas hasta falsas alertas por bombas— deberán pagar una multa si prospera un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense. La iniciativa, impulsada por el diputado Andrés De Leo, jefe del bloque de la Coalición Cívica, propone la creación de un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Establecimientos Educativos.

Según se indicó en el comunicado oficial, la propuesta "surge frente a la reiteración de amenazas de bomba y falsas alertas en escuelas, situaciones que generan evacuaciones, angustia en las familias, interrupción de clases y un importante despliegue de recursos públicos". El texto establece que quienes realicen estas acciones deberán hacerse cargo de los costos que provocan, incluyendo la intervención de fuerzas policiales, brigadas especializadas, bomberos y servicios de emergencia.

En el caso de que los autores sean menores de edad, la responsabilidad recaerá en sus padres, tutores o responsables legales. El monto a reintegrar será determinado mediante un procedimiento administrativo fundado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, garantizando el derecho de defensa y un plazo para el pago voluntario. 

De no cumplirse, el Estado podrá avanzar por vía de ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Amenazas en Establecimientos Educativos para sistematizar la información y mejorar la toma de decisiones. Desde el equipo del legislador Andrés De Leo destacaron que la iniciativa no introduce nuevas sanciones penales, sino que busca garantizar que el Estado recupere los recursos utilizados ante falsas alarmas.

"Cuidar la educación también es poner límites. Cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos seguir naturalizando", señaló Andrés De Leo en el proyecto. 

La propuesta invita además a los municipios bonaerenses a adherir y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 60 días de su eventual promulgación.

La conmoción por las amenazas de tiroteos en escuelas continúa en ascenso y ya derivó en acciones policiales y judiciales en toda la provincia de Buenos Aires, donde se registraron alrededor de 1.000 denuncias vinculadas a pintadas, carteles y publicaciones en redes sociales con armas.

De acuerdo a datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense, los casos se multiplicaron en distintos departamentos judiciales. En La Matanza se contabilizaron cerca de 200 denuncias, mientras que en Moreno se registraron unas 70 presentaciones, en el marco de una problemática que también se extendió a otros distritos del país.

En ese contexto, la Justicia comenzó a avanzar con medidas concretas. En Moreno, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, junto a las funcionarias Érica Chiessi y Solange Castelli, solicitó embargos a los padres de alumnos identificados como autores de amenazas.

La investigación permitió identificar a siete menores, dos de ellos de 16 años —y por lo tanto punibles—. A partir de allí, personal de la DDI realizó siete allanamientos, en los que se secuestraron armas que habrían sido exhibidas en redes sociales, además de celulares, computadoras, tablets y consolas de videojuegos.

Durante los operativos, los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública, mientras que el monto de los embargos aún no fue determinado. La definición quedará en manos de la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino, y de la Fiscalía de Estado bonaerense, que deberá calcular los costos generados por los procedimientos.

Entre los gastos a considerar se incluyen operativos policiales, tareas investigativas y eventuales cambios en los protocolos escolares, en una lógica similar a la que se aplica en casos de amenazas de bomba.

En paralelo, en Mar del Plata, la Justicia adoptó una medida en la misma línea. El fiscal general Fabián Fernández Garello dispuso que los padres de estudiantes implicados deberán afrontar los costos de los operativos policiales y los posibles daños ocasionados.

La problemática también se replica fuera de la provincia. En Santa Fe, el gobierno provincial avanzó con una decisión similar, al estimar que cada despliegue policial ante una amenaza escolar puede costar entre cinco y seis millones de pesos. Solo en esa jurisdicción se registraron 65 denuncias en un día, en su mayoría por mensajes escritos en baños de establecimientos educativos.

Mientras tanto, la difusión de imágenes y mensajes intimidatorios —en algunos casos protagonizados por adolescentes— sigue generando preocupación en las comunidades educativas, que debieron reforzar medidas de seguridad ante una situación que no deja de escalar.

Ante la aparición de una serie de carteles con mensajes intimidatorios en diversos establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, las autoridades de las carteras de educación y seguridad mantuvieron una reunión con los gremios docentes. El encuentro tuvo como eje central la evaluación de los pasos a seguir y el refuerzo de los criterios de intervención mediante un protocolo específico frente a este tipo de hechos en las escuelas.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso. También formaron parte del encuentro los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), quienes presentaron una serie de propuestas orientadas a abordar las “nuevas dificultades originadas en comunidades digitales que promueven acciones violentas”.

Entre los puntos sugeridos por el sector gremial se destacó la necesidad de realizar jornadas institucionales para analizar la problemática, implementar políticas de salud mental destinadas a niñas y jóvenes, y brindar formación específica para directivos y docentes. Asimismo, se propuso la creación de espacios de trabajo con las familias, talleres con estudiantes y la convocatoria a mesas interministeriales provinciales e intersectoriales distritales.

Desde el área de Educación confirmaron que se buscará “impulsar la formación de las mesas intersectoriales” con el fin de abordar situaciones conflictivas o violentas en el entorno escolar. En la misma línea, los funcionarios se comprometieron a promover “una reunión interministerial para coordinar acciones” y aseguraron que continuarán “monitoreando conjuntamente la situación” en todo el territorio bonaerense.

En este contexto, el Gobierno bonaerense envió una comunicación oficial a las autoridades escolares bajo el título "Orientaciones para la actuación inmediata ante la detección de mensajes amenazantes o presencia de armas en el escenario escolar". El documento establece que, ante cualquier mensaje que refiera a un posible tiroteo o a la presencia de armamento, los establecimientos deben actuar con celeridad para priorizar el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad.

El protocolo detalla que, ante una amenaza, el personal debe notificar de inmediato al equipo directivo, el cual informará a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. En forma paralela, la dirección del establecimiento tiene la obligación de radicar la denuncia ante la fiscalía o la dependencia judicial correspondiente para iniciar la investigación. Se aclara que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de los estudiantes para garantizar sus derechos.

Para los casos de extrema gravedad, donde un estudiante exhiba un arma dentro de la escuela, la normativa indica que el objeto siempre debe considerarse como si estuviera cargado. El personal deberá intentar calmar al joven y dialogar con él, mientras otro adulto da aviso al 911. Entre las pautas de seguridad, se recomienda procurar que el estudiante deposite el arma en una superficie segura.

El texto es taxativo respecto al manejo de armas de fuego: "Si se tratara de un arma de fuego, pedirle que saque el dedo del gatillo, si esta es la situación. En tanto no entregue el arma, se deberá procurar que mantenga la calma hasta que llegue la fuerza pública".

Además, se remarca que ninguna otra persona debe manipular el elemento. Se designará a un adulto responsable para custodiar el aula e impedir el ingreso de terceros, siendo la fuerza pública la única autorizada para retirar el arma. Finalmente, el estudiante implicado quedará bajo custodia, con intervención de su familia y de la Justicia.

En el marco de una creciente ola de amenazas en establecimientos educativos de todo el país, se registraron en las últimas horas allanamientos, detenciones e imputaciones de adolescentes en distintas provincias, a partir de mensajes intimidatorios vinculados a posibles tiroteos o hechos de violencia escolar.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde fue identificado un joven de 16 años que había publicado en redes sociales advertencias sobre una supuesta masacre en el colegio Juana Manzo. La investigación se inició tras una denuncia al 911 que alertaba sobre la difusión de imágenes con un arma en Instagram y grupos de WhatsApp, acompañadas de mensajes como: “Nos vemos mañana, wachines”.

A partir de las capturas aportadas, los investigadores lograron rastrear perfiles vinculados al adolescente, alumno de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”. Como medida preventiva, se dispuso una consigna policial en el establecimiento.

Posteriormente, efectivos de la DDI San Martín y de la SUB DDI San Miguel realizaron un allanamiento en el domicilio del menor, donde secuestraron siete teléfonos celulares, una notebook, una pistola de gas comprimido —réplica de una 9 milímetros— y municiones. El adolescente fue identificado y quedó a disposición de la Justicia.

En la provincia de Salta, en tanto, tres estudiantes fueron detenidos tras detectarse grafitis con amenazas en el baño de varones del Colegio Walter Adet. Según la investigación, a cargo del fiscal penal Horacio Córdoba Mazuranic, los propios alumnos habrían reconocido que se trataba de un “reto”. El Juzgado de Garantías interviniente ordenó sus arrestos.

Por su parte, en Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° imputó a ocho adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de una causa que investiga más de un centenar de episodios similares en la capital provincial. Además, se desarrollan diligencias en localidades como La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

La reiteración de estos hechos encendió las alarmas en el sistema educativo y judicial. Desde distintos organismos se advirtió sobre la necesidad de abordar las conductas como situaciones graves, al tiempo que se remarcó la importancia de trabajar en la prevención y en la gestión de conflictos dentro de las comunidades escolares, evitando amplificar el miedo entre estudiantes y familias.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) manifestó este 17 de abril su profunda preocupación ante los recientes episodios de violencia y amenazas registrados en distintas escuelas de la provincia, y advirtió que “la escuela sola no puede ni debe” hacer frente a esta problemática.

Según informaron desde la organización, en la jornada del jueves se comunicaron con la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, para solicitar la inmediata intervención de la cartera educativa y la convocatoria urgente a una mesa interministerial que aborde la situación de manera integral.

Desde el gremio señalaron que los conflictos actuales presentan características novedosas, ya que muchos de ellos se gestan en entornos virtuales donde interactúan diariamente estudiantes, pero luego tienen un fuerte impacto en la vida escolar. En ese sentido, remarcaron que estos episodios no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de un clima social atravesado por la violencia, el cual —según indicaron— se ve agravado por el “corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades” y el debilitamiento de políticas públicas destinadas a las infancias y adolescencias.

“Lo que ocurre por fuera de la escuela ingresa en ella”, sostuvieron desde Suteba, al tiempo que subrayaron la necesidad de un compromiso activo de las familias como parte de la comunidad educativa.

En el comunicado, el sindicato reclamó la convocatoria urgente a mesas intersectoriales en los distritos y a una instancia interministerial a nivel provincial, con el objetivo de abordar la problemática de manera articulada. También planteó la necesidad de realizar jornadas institucionales con participación de la comunidad educativa, orientadas a profundizar la implementación de protocolos y diseñar acciones concretas frente a estos escenarios. A su vez, exigió la intervención inmediata del Estado en la investigación de delitos cibernéticos, con el fin de identificar responsables y actuar en consecuencia.

Finalmente, desde Suteba reafirmaron que “las escuelas son espacios de cuidado, construcción colectiva y convivencia democrática”, y remarcaron que la complejidad de los escenarios actuales exige respuestas coordinadas entre distintos organismos del Estado y la sociedad. El pronunciamiento se da en un contexto de creciente preocupación por situaciones de violencia que afectan a comunidades educativas en distintos puntos de la provincia.

Se replicó en Tandil una preocupante situación registrada en diferentes puntos del país: aparecieron en escuelas amenazas de tiroteos que responderían a un desafío que se viralizó en TikTok. Ante el hecho, Policía realizó operativos preventivos en diferentes establecimientos educativos, mientras que instituciones como Comercio y Normal suspendieron clases para llevar a cabo una jornada de reflexión sobre el uso responsable de redes sociales.

Desde la Jefatura Distrital informaron que desde la tarde del jueves y durante la mañana del viernes trabajaron en conjunto con la Justicia y organismos de Seguridad y Salud para abordar el caso, y destacaron a su vez la respuesta y la predisposición policial.

De parte de Policía dieron a conocer que concretaron recorridas preventivas las cuales fueron coordinadas con Fiscalía y autoridades escolares. Durante la mañana del viernes encontraron “todo normal”, y preveían continuar en diferentes establecimientos durante la tarde.

Tal como publicó El Eco, el hecho que motivó la situación fue que tomó trascendencia la aparición de una pintada en el Colegio De la Sierra. La misma refería a una amenaza de tiroteo para el día viernes 17. Fue tal como sucedió en otras escuelas del país, y se trataría de un “desafío” que circuló a través de redes sociales, en particular TikTok.

De acuerdo a lo que pudo saber este Diario, si bien las clases se mantuvieron en el mencionado establecimiento, se registró un considerable ausentismo durante la jornada del viernes.

Reflexionar sobre el uso de las redes

Las clases se suspendieron por lo menos en dos escuelas de Tandil: Comercio y Normal. En ambas, docentes, directivos y autoridades participaron de una jornada pedagógica de reflexión sobre el uso de redes sociales.

Desde la EES N.° 8 (Comercio) habían transmitido a las familias un comunicado en el que informaban de la suspensión de clases para realizar “una jornada de trabajo pedagógico e institucional con los equipos docentes del servicio educativo, en el marco del cuidado de la comunidad educativa, fortaleciendo la convivencia,  con vínculos responsables dentro y fuera  del ámbito escolar”.

A su vez, habían hecho mención a la importancia de “fortalecer acuerdos de corresponsabilidad y planificar de manera conjunta ‘Familias y escuela ‘ acciones y espacios de reflexión acerca del uso responsable de las redes, los riesgos, las modificaciones de la Ley de Imputabilidad, y del concepto delictivo de ciertas acciones y sus consecuencias, evitando la difusión de versiones no verificadas, imágenes, capturas o mensajes en redes sociales y otros medios que puedan incrementar innecesariamente la preocupación colectiva”.

Un comunicado similar circuló también en los grupos de padres del Colegio de la Sierra, en el cual confirmaron el registro, en uno de los sanitarios de varones de la institución, de un escrito que amenazaba con un tiroteo para la mañana del viernes 17.

El comunicado del Colegio contaba también con la respuesta de Inspección, donde se confirmaba la detección de un grupo en redes sociales relacionado con las amenazas, y la denuncia correspondiente.

También desde De la Sierra realizaron la denuncia ante Fiscalía UFI Nº12 y de acuerdo a las indicaciones de Inspección enmarcaron su accionar en la Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas y de Vulneración de Derechos en el Escenario Escolar.

De parte de Policía informaron que los operativos preventivos continuarían realizándose durante la tarde del viernes 17, en particular durante los horarios de ingresos de las instituciones educativas de la ciudad.

Una serie de amenazas de tiroteos en escuelas de distintas provincias argentinas generó preocupación en comunidades educativas y autoridades, en un contexto marcado por recientes hechos de violencia extrema. Las advertencias, escritas en baños y paredes de los establecimientos, se detectaron en cerca de 20 instituciones y obligaron a activar protocolos de seguridad.

El fenómeno ocurre apenas dos semanas después de la denominada “masacre de San Cristóbal”, en Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó armado a una escuela y asesinó a otro estudiante de 13, un episodio que conmocionó al país y volvió a poner en agenda la violencia en ámbitos educativos.

Las nuevas amenazas fueron registradas en establecimientos de la provincia de Buenos Aires —incluyendo Bahía Blanca—, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Fe. En varios casos, los mensajes incluían fechas concretas, lo que elevó el nivel de alerta.

Uno de los ejemplos más claros se dio en un colegio de Bahía Blanca, donde apareció una inscripción en el baño de varones que advertía: “Mañana 17/4 tiroteo, no vengan”.

Frente a esta situación, las instituciones educativas activaron protocolos de prevención, que incluyeron la intervención de la Policía, fiscalías y organismos de protección de la niñez. Además, se reforzó el trabajo de los gabinetes de orientación escolar para contener a estudiantes y familias.

Especialistas señalan que este tipo de eventos puede responder a un “efecto contagio”, donde hechos de alto impacto —como el ocurrido en Santa Fe— generan imitaciones o reacciones simbólicas en otros jóvenes. En ese sentido, remarcan que las amenazas, aunque no siempre se concreten, deben ser tomadas con seriedad.

Más allá de su carácter extraordinario, estos episodios son interpretados como un emergente de problemáticas más profundas, vinculadas a la violencia social y a las dificultades en la construcción de vínculos entre adolescentes. Situaciones de bullying, ciberacoso, agresiones físicas y conflictos mal resueltos forman parte del escenario cotidiano que atraviesa a muchas escuelas.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense advirtieron en una carta abierta que estos hechos no deben naturalizarse y propusieron “hacer una pausa” para analizar las condiciones sociales, familiares y vinculares que afectan a niños y jóvenes.

En ese marco, destacaron el rol del sistema educativo y del Estado para intervenir ante estas situaciones, al tiempo que subrayaron la importancia de fortalecer los lazos comunitarios: “La escuela no es una institución neutral frente a la violencia y tiene el compromiso de escuchar y poner palabras donde hay agresión y desconfianza”, señalaron.

El crecimiento de este tipo de amenazas vuelve a instalar un debate urgente sobre la convivencia escolar, la salud mental y la necesidad de políticas integrales que aborden la violencia desde sus causas estructurales. Mientras tanto, las comunidades educativas permanecen en alerta ante un fenómeno que, aunque incipiente, refleja tensiones sociales más amplias.

La política alimentaria escolar en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro del debate luego de que la senadora bonaerense Natalia Quintana (UCR) presentara una serie de iniciativas para exigir informes y advertir sobre la situación del Servicio Alimentario Escolar (SAE), en el marco de la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Por un lado, la legisladora impulsó un pedido de informes sobre el Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), con el objetivo de conocer en detalle su funcionamiento, ejecución presupuestaria, mecanismos de control y criterios de asignación de recursos.

“El programa MESA fue una respuesta necesaria en el marco de la emergencia sanitaria, pero hoy es fundamental revisar su continuidad, su eficiencia y su articulación con otras políticas públicas”, señaló Quintana.

En ese sentido, advirtió sobre dificultades en la implementación, vinculadas a problemas de trazabilidad en la entrega de módulos alimentarios, demoras logísticas y superposición con otros dispositivos de asistencia, como el propio SAE. Además, remarcó la necesidad de contar con información precisa que garantice que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.

En paralelo, Quintana presentó un proyecto de declaración manifestando su “profunda preocupación” por la situación del Servicio Alimentario Escolar, uno de los principales programas sociales de la Provincia que alcanza a millones de estudiantes en escuelas públicas.

Según explicó, el desfasaje entre la inflación y la actualización de los valores del programa generó una pérdida significativa del poder adquisitivo, lo que impactó directamente en la calidad, cantidad y variedad de las prestaciones alimentarias.

“No actualizar el SAE en función de la inflación implica, en los hechos, una reducción del servicio que afecta a los sectores más vulnerables”, sostuvo la senadora.

Asimismo, destacó el esfuerzo de los equipos educativos y de los Consejos Escolares para sostener el funcionamiento del programa, aunque subrayó que la responsabilidad de garantizar un financiamiento adecuado recae en el Estado provincial.

Finalmente, la legisladora planteó la necesidad de avanzar en una revisión integral de la política alimentaria, priorizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos, fortaleciendo los programas con mayor capacidad operativa —como el SAE— y mejorando los mecanismos de control, transparencia y cobertura.

“Garantizar una alimentación adecuada no es solo una cuestión asistencial, es una política central para el desarrollo, la salud y el aprendizaje de nuestros chicos”, concluyó Quintana.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, puso en marcha la tercera edición del Programa de Vouchers Educativos 2026. Esta iniciativa consiste en una asistencia económica mensual dirigida a familias que envían a sus hijos a instituciones educativas de gestión privada que cuentan con un alto subsidio por parte del Estado.

El beneficio busca acompañar el pago de las cuotas escolares de estudiantes de hasta 18 años que cursen los niveles inicial, primario y secundario en establecimientos con al menos un 75% de aporte estatal. La convocatoria quedó formalmente abierta este miércoles tras la publicación de la Resolución 205/2026 en el Boletín Oficial.

Para ser beneficiario del programa, los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones de carácter obligatorio. En primer lugar, deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con una residencia legal en el país de al menos dos años. Asimismo, los ingresos del grupo familiar no pueden superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que representa un tope de $2.504.600 según los valores actualizados a febrero de este año.

Por otro lado, el estudiante debe mantener la condición de alumno regular. La ANSES realizará una evaluación socioeconómica mensual para validar la continuidad del beneficio, mientras que la regularidad escolar se verificará dos veces al año, con una certificación final al concluir el ciclo lectivo.

La inscripción es 100% online y gratuita, y debe ser realizada por uno de los responsables parentales a través de la plataforma oficial del programa o mediante Mi Argentina. Es fundamental contar con el DNI y número de CUIL de los menores, así como el nombre y dirección exacta de la institución educativa.

Desde el organismo aclararon que no se debe acumular dos cuotas impagas consecutivas, ya que esto genera la suspensión temporal del cobro. En caso de alcanzar las tres cuotas impagas, se procederá a la cancelación definitiva del beneficio. El programa es compatible con otras prestaciones del Estado y apunta a garantizar la continuidad pedagógica en un contexto económico complejo.