La SubDDI Tandil confirmó que concretó múltiples detenciones en el marco de una investigación por estafas a través de medios digitales, que se inició en la ciudad de Tandil durante el año pasado. En cuatro procedimientos, uno de ellos en el barrio Las Tunitas de esta ciudad, detuvieron a dos hombres y dos mujeres que conformaban una organización delictiva.

La causa radicada en la Unidad Funcional de Instrucción 16, a cargo del doctor José Marcos Eguzquiza, se había originado bajo la carátula inicial de “Defraudación informática”. Sin embargo, el avance de las tareas investigativas le permitió al magistrado comprobar la existencia de una “Asociación ilícita”.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron de la pesquisa, la banda operaba mediante engaños a través de WhatsApp. Los cabecillas del grupo eran dos hombres que se encuentran detenidos en las cárceles de Azul y Barker, quienes se encargaban de captar a potenciales víctimas que publicaban artículos para vender en Marketplace de Facebook.

Una vez establecido el contacto, lograban ingresar al WhatsApp del vendedor engañado y obtenían dinero de distintos damnificados que formaban parte de la red de contactos del dueño del número telefónico.

En tanto, las dos mujeres ahora detenidas cumplían el rol de receptoras del dinero, ya que recibían los fondos ilícitos en cuentas propias para luego redistribuirlos entre el resto de los integrantes de la banda criminal.

A partir de los elementos probatorios reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías 1, a cargo del doctor José Alberto Moragas, libró las órdenes de allanamiento y detención para los sospechosos, delegando las diligencias en la SubDDI Tandil.

En Tandil, se desplegó un operativo que derivó en la detención de la segunda mujer involucrada, oriunda de esta ciudad y domiciliada en el barrio Tunitas.

Antes, en Rafael Calzada, luego de concretar tareas de inteligencia y certificación, se allanó un domicilio ubicado en la calle La Pampa, donde se aprehendió a la primera sospechosa.

Respecto de los cabecillas, personal de la SubDDI efectivizó las detenciones formales de dos hombres que ya cumplían condena o prisión preventiva en la Unidad Penal 7 de Azul y en la Unidad Penal 37 de Barker, desde donde operaban digitalmente.

En principio, todos los imputados quedaron a disposición de la Justicia, mientras que las dos mujeres fueron alojadas en la sede de la SubDDI, a la espera de una audiencia con la fiscalía y el posterior traslado a un ámbito del sistema penitenciario provincial.

Según se informó, los dos cabecillas de la banda continuarán con su prisión en sus respectivos penales.

Pese a que hace dos meses que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la propuesta del concejal Rogelio Iparraguirre conocida como la “ordenanza de condominios”, el Ejecutivo local todavía no la implementó.

La iniciativa fue pensada para prevenir estafas con operaciones inmobiliarias y estableció la creación de un certificado de aptitud urbanística (una especie de DNI de lotes y terrenos). El certificado será obligatorio para todos los interesados en la venta de un lote o macizo: a través del mismo los compradores podrán conocer de primera mano cuáles son las posibilidades de construcción y subdivisión habilitadas en el lugar a adquirir.

“Se nos va el año y no la están aplicando ¿A quién beneficia que el certificado de aptitud urbanística no esté en uso?”, planteó Iparraguirre en diálogo con El Eco. “El Concejo lo aprobó por unanimidad, con lo cual habría que indagar en los funcionarios, empezando por el intendente. O es ineptitud, o hay una decisión política”, sumó.

“Nos contaban que estaban desarrollando una aplicación, en el área de Innovación. Ojalá que así sea, pero menudo tiempo se toman. Si laburaran en una empresa de software, estarían patitas a la calle, no durarían dos segundos. Pero como no tienen que responder a un patrón, sino a la totalidad de los vecinos, parece que ahí sí se pueden relajar. Esas son las razones por la cual la gente les retiró el voto. Ojalá hagan lo mejor que se puede hacer, pero que lo hagan”, expresó el concejal, presidente del bloque de Fuerza Patria.

Luego de que el tema tomara estado público, el Ejecutivo sumó agentes de control al área de Obras Privadas. En dos meses labraron 51 infracciones y todas generaron causas en la Justicia de Faltas.

Fue un planteo del propio Iparraguirre el que instaló el tema en la agenda pública, luego de que la Asamblea por la Preservación de las Sierras lo haya denunciado años atrás: se comercializan lotes bajo la modalidad “condominio”, una figura que, en Zona Natural Protegida, no habilita la subdivisión de parcelas.

Los compradores resultan estafados, ya que no podrán acceder a una escritura definitiva. El Eco dialogó con algunos de los vecinos perjudicados. Uno de ellos aseguró que los vendedores le habían asegurado que la escritura “a la larga iba a salir”.

El proyecto de la ordenanza de condominios fue presentado en marzo pasado. Estuvo en manos del Ejecutivo durante unos cinco meses, y el gobierno local devolvió la propuesta al Concejo con mínimas observaciones. Por lo menos desde mayo, las autoridades municipales evalúan el desarrollo de una aplicación o software para implementar el Certificado de Aptitud Urbanística. Hubo reuniones al respecto, pero a la fecha, la ordenanza no se puso en práctica.

“Esto existe, persiste, y se profundiza. Es un problema de la administración del territorio y del ejercicio de la autoridad en el territorio. Sé, porque me consta, que los inspectores están esperando que la conducción política del Municipio les diga que arranquen a utilizar este instrumento”, planteó Iparraguirre.

En el marco del debate por la ordenanza, el concejal había alertado por alrededor de 15 posibles loteos irregulares. Sin embargo, la incorporación de nuevos inspectores a la cuadrilla comunal permitió labrar medio centenar de infracciones.

“Pasaron los meses y nos quedamos cortos. El problema es aún más profundo porque quedó demostrado que no eran 14 o 15, eran más”, señaló Iparraguirre.

“Lo dije en su momento, parecía una exageración y luego el tiempo lamentablemente me dio la razón, son cientos de familias. Lo más doloroso es que esto está ocurriendo ahora mientras estamos haciendo esta nota. Lo que nos ha demostrado esta gestión de gobierno, es esta cosa de no poder cambiar el chip de la soberbia. De no entender que la gente ya les picó el boleto y que lo que tienen que hacer es ponerse los pantalones largos y laburar, agachar un poco la cabeza e ir para adelante”, concluyó.

Uno de los casos que puso el tema en agenda pública fue el de calle Israel y Lanza del Vasto. El concejal Rogelio Iparraguirre presentó un pedido de informes por el avance inmobiliario en un macizo ubicado Zona Natural Protegida. 

El Ejecutivo confirmó que se trataba de un loteo irregular, comercializado bajo la figura de condominio, e incluso que ya había actuado al respecto. Si bien el pedido de información elevado por el concejal no fue respondido, el caso llegó a la Justicia de Faltas, que ordenó la demolición de un portón ubicado sobre calle pública y lo mismo también con propiedades ya construidas en cercanías de un arroyo.

Por el momento, solo se demolió el portón: los propietarios -que ya se habían visto involucrados en un caso similar en La Elena-, presentaron una apelación y la causa está en la Justicia ordinaria.

El Juzgado Federal Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora ordenó embargos por $40.000 millones cada uno sobre los bienes del empresario Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y de su madre, Graciela Beatriz Vallejo. El juez Tomás Rodríguez Ponte consideró que la cifra “no resulta desproporcionada” frente a la eventual responsabilidad económica de ambos en la causa.

El financista, cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue procesado por asociación ilícita, lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El magistrado le concedió la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, que deberá cumplir en una vivienda de un barrio privado de San Vicente.

Vallejo tiene prohibido comunicarse con los demás imputados, los testigos y el personal de las sociedades investigadas. El juez autorizó, por razones humanitarias, el contacto con su madre y con su pareja, Maite Sofía Lorenzo.

Según la resolución, la presunta organización habría operado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025 para poner en circulación fondos de origen ilícito, darles apariencia legal, evadir tributos y ocultar las operaciones ante los organismos de control y la Justicia.

El juzgado atribuyó a Vallejo el presunto rol de jefe u organizador y señaló que su madre habría tenido una intervención central en la estructura societaria, financiera y patrimonial del grupo.

Entre los elementos que el juez tuvo en cuenta para fijar el embargo figura una certificación de origen de fondos firmada por el empresario. Según el juzgado, el documento habría omitido $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025 en el tramo de la investigación referido a la billetera virtual. La multa mínima prevista para esa operación, de acuerdo con el cálculo de la resolución, ascendería a $39.876.109.600.

Entre las medidas sobre personas, el juzgado fijó embargos de $20.000 millones para María Fernanda Sena Argis y de $10.000 millones para Gerardo Salvador Carrozza. También dispuso embargos de $5.000 millones cada uno para Silvia Torrado, Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo, y de $4.000 millones para Sergio Gabriel Da Silveira. Para otros imputados, los montos oscilaron entre $10 millones y $500 millones.

En cuanto a las empresas, Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A. fueron embargadas por $30.000 millones cada una. La medida alcanzó además a Centro de Inversiones Concordia S.R.L. por $10.000 millones y a otras seis sociedades por sumas de entre $1.000 millones y $5.000 millones.

El juez también mantuvo el secuestro con fines de decomiso y el embargo preventivo sobre 35 autos y motos de alta gama y 13 inmuebles vinculados a las personas y sociedades imputadas.

Un hombre fue imputado por estafa en la provincia de San Luis acusado de comprar vinos en una bodega por más de 274 millones de pesos con cheques sin fondos.

La Jueza de Garantía 3 dio por iniciada la investigación por un hecho que habría provocado un grave perjuicio económico a una bodega, que comercializaba productos en la ciudad de Villa Mercedes.

Durante la audiencia, tuvo por formulados cargos provisorios en contra de Diego Alfredo Del Trecco como autor del delito de estafa y le impuso medidas de coerción mientras continúe la investigación.

Según el relato realizado por Fiscalía, el hecho investigado ocurrió entre octubre y noviembre del 2025, cuando el imputado realizó una compra de gran cantidad de vinos a un ejecutivo de ventas que trabaja para una bodega que comercializa productos en la ciudad.

De acuerdo a la denuncia, esa operación habría sido por un monto superior a los 274 millones de pesos y el pago se habría efectivizado a través de cheques. Sin embargo, cuando llegó el momento de cobrar los cheques, la empresa se dio cuenta que los mismos no tenían fondos.

Pese a que la empresa le ofreció múltiples formas de abonar la operación, todas las propuestas fueron rechazadas por el imputado, ocasionándole “un severo perjuicio económico a la empresa”.

Ante este escenario, la fiscalía, junto con la querella, solicitó se formulen cargos por el delito de estafa o en forma subsidiaria, por el libramiento de cheques sin fondo.

Por su parte, la defensa consideró que fue la bodega quien impuso las condiciones del negocio, mencionó que existe una relación comercial entre su asistido y el denunciante desde 2021, destacó evidencia que acredita ese vínculo y consideró que el conflicto puede ser resuelto a través del fuero civil. NA

Un grupo de empresarios fue denunciado por una presunta estafa inmobiliaria que afectó a al menos seis futbolistas y exjugadores. La maniobra consistía en ofrecer un modelo de negocios denominado llave en mano, mediante el cual los inversores adquirían propiedades en Estados Unidos para remodelarlas y alquilarlas, con la promesa de obtener una rentabilidad anual de entre el 10% y el 11%.

La denuncia recayó en la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. El abogado Ignacio Fernández Camillo, representante de los damnificados, presentó la acusación ante el fiscal general Héctor Vogliolo. Entre los afectados se encuentran los jugadores Lucas Ariel Rodríguez, Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Juan Brunetta, Gonzalo Maroni, Alejandro Menna y Facundo Fraga.

Según la presentación judicial, los acusados organizaban reuniones en hoteles de La Plata y Puerto Madero para captar inversores. Tras generar confianza, los convencían de invertir en casas y departamentos situados principalmente en Baltimore, Maryland. Sin embargo, al realizar auditorías propias, los damnificados descubrieron que los inmuebles presentaban multas municipales, deudas impositivas y carecían de la subdivisión registral legal necesaria para su venta independiente.

El caso comenzó a gestarse en julio de 2021, cuando Emiliano Ezequiel Galletti, hermano del jugador Luciano Galetti, inició inversiones con la firma FPBC LLC. Según su testimonio, fue convencido por uno de los denunciados, identificado con las siglas F. P., para expandir el negocio hacia otros deportistas.

Actuaban de forma coordinada, aseguró el denunciante sobre el accionar de los socios y sus familiares.

Los damnificados sostienen que fueron víctimas de una asociación ilícita, ya que los acusados organizaban viajes a Estados Unidos para mostrar obras y oficinas con el fin de sostener el engaño. Actualmente, la causa avanza en la justicia platense con el pedido de diversas medidas de prueba para esclarecer el destino de los fondos invertidos.

Desde hace un tiempo a esta parte –denuncia pública del concejal Rogelio Iparraguirre y de la Asamblea por la Preservación de las Sierras mediante-, se instaló en la agenda pública de Tandil un tema preocupante: la proliferación de ventas de lotes en Zona Natural Protegida mediante la modalidad de condominios, una figura prohibida para subdividir terrenos.

Mientras avanza la implementación de la ordenanza que generó un Certificado de Aptitud Urbanística (de a poco, la propuesta de Fuerza Patria fue presentada en marzo y el Ejecutivo todavía desarrolla una aplicación al respecto), el gobierno local incorporó seis nuevos inspectores que están a cargo de la Dirección de Obras Privadas.

En recorridas diarias, desde septiembre a esta parte ya labraron 51 actas de infracción por las que se iniciaron causas en la Justicia de Faltas. Del total de infracciones, unas 15 corresponden a posibles loteos ofrecidos mediante la modalidad condominio en Zona Protegida.

Por el tema, El Eco dialogó con el director de Obras Privadas del Municipio, Manuel Aguerre, y con la arquitecta Sandra Banda Noriega, coordinadora del grupo de inspectores, que a la fecha son nueve en total.

Desde la Dirección señalaron la necesidad de incorporar inspectores, "para acompañar el Plan de Desarrollo (PDT) con mas inspección". Luego de recibir consultas por parte de damnificados y sumado a los casos de estafas por venta de condominios que tomaron estado público, el Ejecutivo resolvió incorporar seis nuevos agentes y tres móviles destinados a estos inspectores.

La cuadrilla de inspectores –cuatro arquitectos y dos técnicos- está coordinado por la arquitecta Sandra Banda Noriega. En grupos de dos, y divididos en 22 zonas, recorren diariamente la ciudad. Lo hacen para detectar irregularidades en obras en marchas, verificar la existencia de planos y permisos o atender denuncias que pueden recepcionar de otras áreas municipales.

Desde el primero de septiembre llevan labradas 51 actas de infracción que terminaron en los Juzgados de Faltas locales, desde donde se generaron las respectivas causas. Los jueces, en una primera instancia, ratificaron la medida de "paralización inmediata" que les fue ordenada en las Actas de Infracción.

De ese total, desde Obras Privadas estimaron que unos 15 podrían tratarse de condominios: los detectaron tanto en las recorridas como en relevamientos que realizaron en ofrecimientos que circulan por redes sociales. Son solo los registrados en las inspecciones desde el 1 de septiembre y en el listado no figura, por ejemplo, el condominio de Lanza del Vasto e Israel sobre el que el Juzgado de Faltas N°2 ordenó demoler viviendas.

De esos aproximados 15 loteos, será la Justicia quien determinará si constituyeron estafas, pero un primer dato que surge del relevamiento es preocupante: todos están ubicados en Zona Natural Protegida Sierras de Tandil.

Los funcionarios señalaron que en gran parte de los loteos posiblemente irregulares detectados también  pudieron verificarse construcciones avanzadas. En algunos casos, trazados de calles y hasta tendidos eléctricos. Se han infraccionado tres, cuatro y hasta seis viviendas dentro de un mismo lote, según sostuvieron.

Desde Obras Privadas indicaron que si bien las consultas de posibles compradores solían presentarse ante Catastro, en el último tiempo, luego de que resonantes casos tomaron estado público, aumentó el número de vecinos que se acercan a la Dirección para recibir asesoramiento.

Pero en cuanto a las infracciones, aclararon, se notifica al dueño dominial del macizo, no del supuesto lote en particular: en los planos catastrales figura un solo terreno que por su ubicación en Zona Protegida no puede subdivirse.

“Los compradores de un condominio no van a poder obtener un permiso para poder construir su casa. Esto no esta permitido por el PDT actual. En la mayoría de las zonas en las que encontramos esos probables condominios se puede construir una solo vivienda por parcela”, explicaron.

Al momento, agregaron, no recibieron denuncias por intentos nuevos de estafas: los casos que infraccionaron y que ya están en manos de la Justicia corresponden a relevamientos propios.

“Cuando surjan nuevas detecciones o denuncias, actuaremos. Hace poco tiempo se sancionó la Ordenanza (de condominios) que es una herramienta mas con la que contamos y la vamos a aplicar”, concluyeron.

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, sufrió un hackeo cuyo impacto estimado asciende a 6.300 millones de dólares. El episodio generó preocupación entre los usuarios y reabrió el debate sobre los mecanismos de seguridad de las empresas que custodian activos digitales.

La compañía informó que trabaja con socios del ecosistema para rastrear las operaciones y bloquear los fondos involucrados. También aseguró que cubrirá las pérdidas con recursos corporativos y del Fondo de Activos Seguros para Usuarios, conocido como SAFU.

En una actualización posterior, el director ejecutivo Richard Teng afirmó que la empresa había reservado más de 6.340 millones de dólares para afrontar las pérdidas, de los cuales 5.000 millones ya estaban disponibles en las mismas criptomonedas afectadas.

El ataque involucró bitcoin, ether y monedas digitales vinculadas al dólar, como tether y USD Coin, además de otros criptoactivos. La magnitud de las transferencias motivó una intervención coordinada para impedir que los responsables continuaran movilizando parte de los recursos.

La investigación apunta a un acceso a sistemas internos

De acuerdo con la investigación preliminar comunicada por Binance, el incidente podría haberse iniciado con la vulneración de la computadora portátil de un ingeniero del área de Desarrollo y Operaciones.

Ese acceso habría permitido ingresar a un componente de los sistemas internos y presentar solicitudes de retiro sin autorización. La empresa indicó que no encontró evidencia de una filtración de las claves privadas de sus billeteras y anticipó que difundirá un informe técnico cuando concluya la investigación.

Como medida preventiva, la plataforma anunció inicialmente la suspensión de depósitos y retiros mientras realizaba controles de seguridad. También revocó la autorización de la dirección afectada y convocó a organismos de investigación y especialistas en rastreo de operaciones con criptomonedas.

El alcance del episodio volvió a poner bajo discusión la seguridad de la custodia centralizada, un esquema en el que los usuarios delegan en una empresa la administración y protección de sus activos.

En particular, el caso plantea interrogantes sobre los controles necesarios para autorizar movimientos de grandes sumas, la separación de permisos entre empleados y los mecanismos de validación de las operaciones.

La repercusión en Argentina

En el mercado argentino, referentes de plataformas como Lemon y Bitso transmitieron tranquilidad y señalaron que sus operaciones no habían resultado afectadas por el incidente.

Julián Colombo, CEO de Bitso para Sudamérica, consideró que el ataque tiene consecuencias sobre la confianza en toda la actividad. “Del lado negativo, el golpe reputacional es real y alimenta los miedos de quienes miran al sector con desconfianza. Pero la atención que genera también es una oportunidad para mostrar la madurez que alcanzó la industria”, sostuvo.

La preocupación también quedó reflejada en la advertencia de Federico Ogue, cofundador de Buenbit: “Si pudieron hackear Binance, pueden hackear cualquier exchange”.

Precauciones frente a posibles estafas

Ante este escenario, las recomendaciones apuntan a extremar los cuidados frente a mensajes que utilicen el ataque como excusa para obtener datos personales o acceder a cuentas.

Los usuarios deben desconfiar de correos, enlaces y contactos de terceros que prometan recuperar fondos o resolver inconvenientes derivados del hackeo. Para consultar el estado de las operaciones, corresponde recurrir a los canales oficiales de cada plataforma.

También se recomienda activar el doble factor de autenticación y evitar compartir contraseñas, códigos de verificación o credenciales de acceso. La circulación de noticias sobre incidentes de seguridad puede ser aprovechada por estafadores que se hacen pasar por representantes del soporte técnico.

El presidente Javier Milei celebró su sobreseimiento en la causa $Libra, en la que se investigaba una presunta estafa vinculada con la promoción de una criptomoneda. La resolución judicial también alcanzó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y provocó distintas reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario publicó un breve mensaje en referencia a la decisión judicial. “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”, expresó Milei.

Uno de los primeros dirigentes del entorno presidencial en pronunciarse fue Santiago Caputo, quien celebró la resolución y lanzó fuertes críticas contra quienes impulsaron las denuncias.

“Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente”, sostuvo el asesor presidencial en su cuenta de X.

Caputo también cuestionó a los sectores que habían señalado al mandatario por su participación en la difusión de la criptomoneda. “Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre”, agregó.

Las declaraciones reflejaron el tono con el que el oficialismo recibió la decisión judicial, luego de los cuestionamientos que había generado el caso $Libra y sus posibles implicancias políticas.

Desde la oposición, en cambio, surgieron fuertes críticas al fallo. El presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, expresó su rechazo a través de las redes sociales.

“ESTAFA $LIBRA - VERGONZOSO”, publicó el legislador, en una manifestación de disconformidad con la resolución que benefició al Presidente y a su hermana.

De esta manera, la decisión judicial volvió a colocar el caso $Libra en el centro de la discusión política, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno nacional y la oposición.

 Por Camila Hassan.

 Según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata ratificó una sentencia que fijó tres millones por daño moral y dos millones por daño punitivo, además de la restitución de los 1.661 dólares sustraídos, con un interés anual del 6 por ciento. La resolución rechazó la apelación de la entidad por considerar insuficientes sus mecanismos de seguridad y monitoreo ante operaciones sospechosas.

Estos montos tienen un justificativo individual: los tres millones por daño moral se justificaron por la pérdida de los ahorros y más de tres años de reclamos; los dos millones de daño punitivo, por el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y la respuesta posterior de la entidad.

El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2022, cuando la víctima buscó resolver un problema de facturación con una empresa telefónica y fue derivada desde WhatsApp a un supuesto canal de atención en Twitter. Allí, los estafadores le indicaron que debía activar el débito automático mediante el token de seguridad de su cuenta bancaria.

Convencida de que realizaba un trámite legítimo, la mujer proporcionó sus credenciales de home banking y los códigos de seguridad en dos oportunidades. Los delincuentes utilizaron esos datos para vender los dólares que tenía ahorrados y transferir el dinero a cuentas de terceros. También se registraron movimientos por 278.500 pesos.

La damnificada advirtió las operaciones que se realizaron desde las 10.07 y llamó al banco a las 10.15, mientras todavía se registraban movimientos. Sin embargo, debió presentar una denuncia para reclamar la restitución de los fondos. En este sentido, la Justicia apuntó hacia el banco porque una respuesta preventiva podía haber impedido o demorado las transferencias restantes.

Durante el proceso se determinó que las transacciones se realizaron en menos de 15 minutos desde una dirección IP localizada en Córdoba y hacia cuentas de personas de esa provincia que no registraban operaciones previas con la clienta. La pericia informática también detectó movimientos sucesivos sin alertas preventivas eficaces ni bloqueos.

Los camaristas consideraron que la entrega de claves bajo engaño no eximía automáticamente al banco de su responsabilidad, ya que debía contar con herramientas para detectar operaciones inusuales y prevenir el fraude. También valoraron que la mujer denunció rápidamente lo ocurrido y que la entidad rechazó su reclamo sin ofrecer explicaciones suficientes.

La resolución confirmó la sentencia de primera instancia del 30 de abril de 2026 e impuso las costas de la apelación al banco porque el sistema no identificó eficazmente operaciones sospechosas ni activó alertas preventivas; no hubo bloqueo ni demora de las transferencias y los controles de acceso no permitían identificar a la persona que operaba ni vincularse adecuadamente con las cuentas de destino. NA

En el último tiempo se instaló en la agenda pública de Tandil una problemática preocupante: la proliferación de estafas por la venta de lotes bajo la figura de condominios en Zona Protegida. Se trata de una modalidad para la que la ley vigente no permite la subdivisión de los terrenos, por lo que los compradores no pueden luego acceder a su título de propiedad. 

Pero atrás de cada operación irregular hay historias, y un vecino estafado mediante la compra de un lote bajo la modalidad condominio dialogó con El Eco y contó la suya: vio el terreno por Marketplace, y hasta firmó el boleto en una inmobiliaria céntrica con certificación de escribano. 

Todo parecía en regla, pero una vez concretada la compra, y por otros casos que se hicieron públicos, comenzó a desconfiar. Consultó al Municipio y confirmó su sospecha: le mostraron un mapa de Tandil y le dijeron que el lugar forma parte de la Zona Protegida, y que no se puede subdividir. 

“Lo cuento para que a otro no le pase”, dijo el vecino, que prefirió no dar a conocer su nombre. Su caso es uno de tantos por los que el Concejo Deliberante aprobó recientemente un proyecto presentado por el concejal Rogelio Iparraguirre, que estableció que los vendedores deben contar con un Certificado de Aptitud Urbanística para que los compradores tengan información concreta de qué puede hacerse y qué no en cada lugar.

El caso vuelve a poner la lupa sobre la efectividad de los controles municipales. Si bien desde la Comuna informaron que sumaron agentes para relevar este tipo de posibles operaciones, lo cierto es que el lote en cuestión continúa siendo ofrecido a la venta por internet. 

Si bien el tema tomó relevancia en los últimos meses, no se trata de algo nuevo. Los loteos irregulares bajo la modalidad de condominio en Zona Protegida vienen siendo denunciadas desde hace tiempo por la Asamblea por la Preservación de las Sierra: uno de los lugares señalados fue el de unos terrenos ubicados a metros de la avenida Juan B. Justo, en la zona de La Elena. Un lote de ese lugar fue el que compró el vecino que contó su historia.

El vecino buscaba un lote por dos motivos, a modo de inversión y para contar con un espacio verde propio. Había visto otras opciones en diferentes zonas, hasta que dio en Marketplace con un terreno de poco más de 500 metros cuadrados en la zona de La Elena y se decidió a ir a conocerlo.

Escribió al número que figuraba en el sitio y concretó una visita. En el lugar lo esperaba un vendedor quien le informó de la modalidad de la venta: el valor total del terreno –sin gas y sin agua- era de alrededor de 20 mil dólares con una parte a pagar en cuotas. Si bien otras ofertas se encontraban en precios similares –incluso con acceso a servicios- la posibilidad de financiamiento terminó de definir al vecino. El único servicio con el que cuenta la zona es con luz, y algunos lotes ya cuentan con postes y medidores.

La transacción se hizo en una inmobiliaria céntrica. “No te da a dudar. Me dieron el sobrecito, todo, ¿Qué me iba a imaginar?”, contó. 

En paralelo a la compra y por publicaciones en diarios y portales empezaron a conocerse casos de estafas por ventas bajo la modalidad condominio: el más resonante fue el de calle Israel, donde luego de un pedido de informe de Fuerza Patria la Justicia de Faltas ordenó demoler casas, y otro también en la zona de La Helena, donde hubo un vecino agredido.

Entonces el vecino empezó a sospechar. Escribió un correo electrónico al área municipal de Catastro: “Me contestaron que era un loteo irregular y que no se podía subdividir”, relató.

Al enterarse de los pormenores de la situación en la que estaba envuelto, el vecino fue en persona a Obras Públicas. “En mesa de entradas me mostraron un plano enorme que tiene la zonificación, pero no te dan mucha información”, sostuvo.

A su vez se dirigió también a la inmobiliaria. “Esta persona me dijo como que a él no lo querían en el Municipio y que por eso le ponían trabas, y que la mitad de Tandil no está declarado, y que esto era un proceso que a la larga iba a salir. Las cosas irregulares no me gustan así que le pedí la seña”, señaló.

Con el paso del tiempo, el vecino tomó contacto con otros compradores. Algunos de ellos ya contaban con postes de luz habilitados por la Usina, e incluso habían comenzado a construir.

Sin embargo, a través del diálogo con ellos conoció que la situación variaba en cada caso. “Yo había firmado por cuotas, pero algunos otros pagaban otros montos, porque hay gente muy necesitada. Cualquier cosa le venía bien”, marcó en referencia al vendedor.

El caso del vecino no llegó a instancia judicial, y pese a las demoras, le fue devuelto lo que había pagado a modo de seña. Sin embargo, relató su historia con el ánimo de informar y prevenir a otros posibles compradores. Mientras tanto, en sitios en línea se siguen ofreciendo terrenos del mismo loteo, aunque ahora el valor es de 15 mil dólares. “Lote en oportunidad”, dice la publicación al alcance de todos.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Tandil advirtió sobre la continuidad de una modalidad de estafa virtual que se utiliza desde hace aproximadamente una década y que, pese a ser ampliamente conocida, continúa registrando víctimas a partir de publicaciones realizadas en redes sociales para la venta de distintos productos.

Se trata de una versión digital del conocido “cuento del tío”, en la que los estafadores se contactan con personas que publican algún objeto para la venta, simulan estar interesados en comprarlo y, mediante el engaño, la presión o la manipulación, consiguen que sea el propio vendedor quien termine transfiriendo dinero a cuentas de terceros.

Una de las maniobras más frecuentes comienza cuando el supuesto comprador asegura haber realizado una transferencia o enviado una seña. Poco después vuelve a comunicarse afirmando que, por error, transfirió una suma superior a la acordada y solicita que le “devuelvan” la diferencia.

En ese momento, los delincuentes suelen generar una situación de urgencia, preocupación o presión para lograr que la persona actúe rápidamente y realice la supuesta devolución sin comprobar previamente si el dinero efectivamente ingresó en su cuenta.

Desde la OMIC señalaron que muchas de estas maniobras se sostienen en situaciones que, observadas con detenimiento, deberían generar desconfianza. Por eso remarcaron la importancia de no dar automáticamente por cierto lo que afirma una persona desconocida, aun cuando su relato parezca convincente o esté acompañado por un supuesto comprobante de transferencia.

“Que alguien diga que transfirió dinero o envíe un comprobante no significa que los fondos estén acreditados. Antes de realizar cualquier devolución hay que ingresar personalmente a la cuenta, comprobar el movimiento y tener la certeza de que el dinero efectivamente fue recibido”, remarcaron desde el organismo.

Asimismo, señalaron que la prevención de estas estafas requiere una actitud responsable de los propios usuarios. Si bien quienes llevan adelante las maniobras recurren deliberadamente al engaño y son responsables del delito, el uso de cuentas bancarias y billeteras virtuales también exige prestar atención, desconfiar ante situaciones inusuales y verificar la información antes de autorizar una transferencia.

En ese sentido, explicaron que no resulta conveniente delegar completamente en bancos o billeteras virtuales la posibilidad de detectar una situación de este tipo, especialmente cuando la operación termina concretándose a partir de una transferencia realizada y autorizada por el propio titular.

También destacaron que estas estafas no afectan exclusivamente a adultos mayores o a personas con poca familiaridad con la tecnología. Entre las consultas recibidas aparecen víctimas de diferentes edades, niveles educativos y actividades profesionales, lo que demuestra que cualquier persona puede quedar expuesta cuando actúa apresuradamente o sin realizar las verificaciones necesarias.

Por ese motivo, insistieron en que no se debe transferir o devolver dinero simplemente porque un desconocido lo solicita, porque muestra un comprobante o porque genera una situación de urgencia. Ante cualquiera de estas circunstancias, la recomendación es detener la operación, verificar personalmente la información y, si persisten las dudas, consultar con la entidad financiera a través de sus canales oficiales.

La oficina municipal observó además que las estafas virtuales suelen registrar períodos de mayor actividad durante los primeros días de cada mes, especialmente entre el 1° y el 10, coincidiendo con distintas fechas de cobro de haberes. Por esa razón recomendaron extremar las precauciones durante ese período, sin dejar de mantenerlas durante el resto del mes.

Finalmente, remarcaron que las herramientas digitales permiten realizar operaciones de manera cada vez más rápida y sencilla, pero esa facilidad también requiere asumir un rol activo en el cuidado del dinero propio. Detenerse unos minutos, comprobar lo ocurrido y recién después actuar puede evitar una estafa.

Ante dudas o consultas, los vecinos pueden acercarse a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ubicada en Chacabuco 383, planta baja, de lunes a viernes de 8 a 14, comunicarse al 0800-333-0477 o escribir a omic@tandil.gov.ar.

Una investigación por la presunta adulteración de recetas médicas, detectada inicialmente en una farmacia de la ciudad de Azul, culminó con un allanamiento en una vivienda de General Alvear. El procedimiento permitió el secuestro de diversos elementos que ahora forman parte del expediente judicial.

La causa se originó a partir de la denuncia de una médica, quien advirtió que su sello profesional y una firma apócrifa estaban siendo utilizados sin su consentimiento para la confección de recetas y la posterior adquisición de fármacos. La irregularidad fue detectada cuando se intentó comprar Nalbufina, un medicamento que requiere prescripción médica obligatoria, utilizando un formulario que presentaba datos falsificados.

A raíz de la denuncia, el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de General Alvear inició las tareas investigativas. Tras tomar declaraciones al personal de la farmacia y analizar las cámaras de seguridad del comercio, los efectivos lograron identificar al sospechoso que habría concretado la compra con la documentación adulterada.

Con el aval de las pruebas recolectadas, la UFIJ N° 20 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Cristian Citterio, solicitó una orden de allanamiento. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 3, encabezado por el juez Juan José Suárez.

El operativo se llevó a cabo el 5 de agosto en un domicilio ubicado sobre calle Salta, en General Alvear. Durante la diligencia, la policía incautó un teléfono celular, el sello profesional de la médica denunciante, recetas con firmas y sellos presuntamente apócrifos atribuidos a la profesional y a otro médico, además de cinco ampollas utilizadas de Nalbufina.

El morador de la vivienda, un hombre de 37 años, fue notificado formalmente de la formación de la causa. La justicia continúa trabajando para determinar cómo fueron confeccionadas las recetas y establecer las responsabilidades penales correspondientes en este caso que vincula a las ciudades de Azul y General Alvear.

La empresa Cagnoli emitió un comunicado para alertar a la comunidad sobre la circulación de una publicación falsa de búsqueda laboral en Tandil, mediante la cual se solicita dinero a quienes desean postularse para trabajar en la firma.

Según explicaron desde la compañía, el flyer no fue emitido ni autorizado por Cagnoli y utiliza de manera indebida el nombre de la empresa para captar interesados. En ese sentido, aclararon que la dirección de correo electrónico cagnolirrhh@gmail.com, que figura en la publicación, no pertenece a la firma.

Además, indicaron que tomaron conocimiento de que desde perfiles apócrifos y bajo el nombre de "Guillermo Winter" se están solicitando pagos para supuestos trámites de libreta sanitaria o carnet de manipulación de alimentos. Al respecto, la empresa fue categórica al señalar que no existe ninguna persona con ese nombre trabajando en Cagnoli y que no debe abonarse ninguna suma de dinero para realizar esos trámites.

Desde la empresa remarcaron que no realizan ningún tipo de cobro para participar de procesos de selección ni para ingresar a trabajar. Asimismo, señalaron que sus búsquedas laborales se desarrollan exclusivamente mediante entrevistas personales y comunicaciones realizadas a través de sus canales oficiales.

Ante esta situación, pidieron a la comunidad no efectuar pagos, no compartir información personal o bancaria y desconfiar de cualquier publicación que exija dinero para acceder a una oportunidad laboral, ya que se trata de una modalidad fraudulenta.

Finalmente, Cagnoli recordó que el único correo electrónico habilitado para recibir currículums es cv@cagnoli.com para quienes deseen incorporarse a la empresa.

Asimismo, informaron que sus canales oficiales en redes sociales son LinkedIn, Facebook e Instagram, donde también publican información vinculada a la compañía y a sus búsquedas laborales.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) aseguró que no recibió ninguna notificación judicial sobre el pedido de captura que pesaba sobre Marta Noemí Mitrovich al momento de tramitar y retirar su Documento Nacional de Identidad (DNI), luego de que trascendiera que la mujer, prófuga en la causa por la presunta estafa a la peluquera Merlín Díaz Silva que luego se suicidó, obtuvo un nuevo ejemplar del documento sin ser detenida.

El organismo detalló que Mitrovich inició el trámite presencial de un nuevo DNI el 28 de mayo de 2026, a las 16:20, bajo la modalidad exprés en la sede central ubicada sobre la avenida Roque Sáenz Peña al 600, en la Ciudad de Buenos Aires. El documento fue retirado por la propia titular al día siguiente, el 29 de mayo, a las 17:56.

Según explicó la entidad, recién el 4 de junio la Policía Federal Argentina (PFA) solicitó formalmente las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes al día en que la mujer realizó el trámite. El organismo remarcó que ese requerimiento fue presentado seis días después de la gestión del DNI y cinco días después de que el documento fuera retirado.

En ese sentido, sostuvo que durante todo el procedimiento “jamás recibió ningún tipo de oficio o notificación judicial” que informara sobre un pedido de captura o alguna restricción contra Mitrovich.

El organismo sostuvo además que la emisión del DNI se procesa de manera automática y que únicamente puede bloquearse cuando existe una orden judicial expresa incorporada a sus sistemas. Asimismo, aclaró que, a diferencia del pasaporte, el trámite del documento nacional de identidad no contempla controles vinculados con pedidos de captura, salvo que medie una disposición judicial específica.

Respecto del pedido realizado por la Policía Federal, el Renaper indicó que la fuerza únicamente requirió el material fílmico para la investigación y que tampoco informó en esa presentación que la mujer se encontraba prófuga de la Justicia.

Finalmente, reafirmó que su función es garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos y aseguró que colaboró de manera inmediata con los requerimientos formulados por la Justicia y las fuerzas de seguridad.

La situación de Mitrovich se conoció en el marco de la investigación por la presunta estafa que derivó en el suicidio de una peluquera, causa en la que hay dos mujeres detenidas y la sospechosa permanece prófuga. NA

Una mujer denunció en la ciudad de General Madariaga que fue estafada por un falso Kevin Costner a quien le transfirió más de tres millones de pesos durante la supuesta relación sentimental que duró varios meses en redes sociales.

El fiscal Walter Mércuri tomó intervención en una causa de gran revuelo luego de que una mujer haya expuesto ante la Justicia que cayó en una estafa virtual tras mantener una relación con un perfil de la red social TikTok que suplantaba la identidad del reconocido actor Kevin Costner.

En la denuncia, la víctima señaló que todo inició en 2025 y continuó hasta mediados de este año cuando detectó diversas irregularidades, aunque ya era tarde.

Según su relato, el usuario empezó a mandarle mensajes por TikTok, para después continuar las conversaciones por la aplicación Zangi, de mensajería y videollamadas.

La estafa se concretó en dos oportunidades. En la causa se informó que la damnificada hizo dos transferencias a una cuenta bancaria por un total de 3.621.712,35 pesos con el objetivo de obtener un carnet de “socio fanático” del actor estadounidense.

En una oportunidad, el falso Costner intentó que la mujer vendiera su casa bajo la promesa de que compraría una nueva en Santa Marta, California.

Todo cambió cuando la víctima leyó diversos comentarios en la red social en la que se advertía que dicho usuario era falso. Para comprobar su sospecha, verificó los datos del banco al que le transfirió, lo que le permitió detectar que tenía sede en Capital Federal.

No es la primera vez que ocurre una estafa de esta índole con usuarios falsos que utilizan imágenes de famosos. En 2024 dos mujeres de España fueron engañadas mediante una sofisticada maniobra que les hizo creer que mantenían una relación sentimental con Brad Pitt.

En 2023 también se supo de otra denuncia, esta vez una mujer inglesa, quien expuso haber sido engañada por un perfil falso en Instagram en la que también se utilizó la imagen de Costner. NA

Tras solicitar informes al gobierno municipal sobre construcciones en zona protegida, Rogelio Iparraguirre retomó su reclamo para que el Ejecutivo responda sobre el proyecto que presentó hace cuatro meses para profundizar los controles sobre las estafas mediante ventas inmobiliarias bajo la modalidad de condominios. “A esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado”, marcó.

"Nosotros presentamos un proyecto ordenanza el 4 de marzo, que entre otras cosas establece la obligatoriedad de la generación del Certificado de Aptitud Urbanística, que es lo que le va a permitir a cualquier comprador pedírselo al desarrollador. Es como el DNI habilitante del lote, para saber que hasta que no le muestren eso, no tiene que comprar. Es para cuidar y darle seguridad jurídica a los compradores y a su vez es una herramienta de control frente al acto ilegal de quien quiere este cometer estas estafas", señaló Iparraguirre.

El concejal del bloque Fuerza Patria, elevó recientemente un pedido de informe al Ejecutivo municipal con el objetivo de conocer en detalle las actuaciones administrativas frente a construcciones irregulares detectadas en la zona de la calle Israel. Según precisó el edil, se trata de una situación que involucra nueve lotes y seis viviendas ya edificadas por encima de la cota 250, un área donde la normativa del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) establece una subdivisión mínima de 10 hectáreas para vivienda unifamiliar.

Iparraguirre enfatizó que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática recurrente que afecta la seguridad jurídica de los vecinos.  “Desmontaron una manzana entera”, planteó el concejal para marcar que  la obra no pudo haber pasado inadvertido para las autoridades. En el pedido de informe solicitó esclarecer qué medidas se han tomado para frenar las irregularidades que, a su entender, carecen de preexistencia legal respecto a la normativa vigente.

El proyecto para los condominios

El pedido de informe se vincula directamente con la mencionada iniciativa legislativa presentada por su bloque durante marzo. La misma busca dotar al Municipio de Tandil de nuevas herramientas para regular el uso de figuras como el condominio, el fideicomiso o la propiedad horizontal en zonas protegidas. 

El concejal advirtió que, semanalmente, se conocen nuevos casos de desarrolladores que adquieren macizos en áreas restringidas y, mediante la figura del condominio, comercializan lotes a precios tentadores que luego resultan imposibles de escriturar por tratarse de una propiedad indivisible.

“Lo presentamos el 4 de marzo, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Salceda, nos dijo de elevarlo al Ejecutivo, y por supuesto que nos interesa su opinión. Uno siempre está abierto y dispuesto a que la ordenanza sea mejorada si tuviera en que ser mejorada”, contó Iparraguirre. 

"Pero bajó el 6 de marzo, hoy es 26 de junio y duerme en un escritorio. No tuvimos más noticias. Mientras tanto, las estafas continuaron. Entonces a esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado", agregó el concejal.

El concejal insistió con que el problema es ampliamente conocido y que no existe una negación sobre la existencia de las mencionadas maniobras fraudulentas. Por ello, instó a las autoridades a dejar de dilatar la solución, argumentando que cada jornada de inacción legislativa termina beneficiando a los sectores que operan al margen de la ley.

"Cualquier vecino informado sabe que este problema es recurrente, y que hay una avanzada de determinados sectores escrupulosos que están usando esto. Si el problema es conocido y nadie lo niega, ¿por qué frenan la solución? Porque cada día que pasa sin tratar la ordenanza se favorece a los vivos de siempre", concluyó el referente de Fuerza Patria.

Mientras Cristina Kirchner y sus hijos intentan frenar ante la Corte Suprema el proceso de ejecución patrimonial derivado de la causa Vialidad, en Comodoro Py avanza el procedimiento para decomisar 141 bienes. Entre ellos, se encuentran los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner, secuestrados originalmente en la causa Hotesur.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es el responsable de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, el proceso contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes para resarcir el fraude, estimado en 685.000 millones de pesos.

Hace veinte días, la Cámara de Casación ratificó la orden de avanzar sobre 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. A pesar de los recursos interpuestos por la defensa ante el máximo tribunal, desde Comodoro Py sostienen que la ejecución patrimonial sigue su curso.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, en su carácter de presidente del tribunal, ha solicitado informes sobre 141 propiedades, mayoritariamente vinculadas a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. No obstante, una pieza clave para completar el proceso es la respuesta del Banco Galicia respecto a los fondos embargados: 4.664.000 dólares de una caja de seguridad, 992.134 dólares de una caja de ahorro y 53.280,24 pesos.

La justicia federal sostiene que estos activos, que forman parte de la causa Hotesur por asociación ilícita y lavado de activos, no fueron justificados en su origen lícito. El criterio aplicado por el TOF 2 establece que todo bien incorporado al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015 es susceptible de ser ejecutado.

El proyecto de ordenanza presentado por Rogelio Iparraguirre para crear el Certificado de Aptitud Urbanística continúa en revisión por parte del Ejecutivo municipal. En diálogo con El Eco, el concejal recordó la importancia de esta iniciativa como una herramienta para abordar una realidad preocupante en Tandil: el crecimiento de las estafas inmobiliarias que utilizan de manera ilegal la figura jurídica del condominio.

“En principio está el compromiso del Ejecutivo, y va a haber una devolución del proyecto de ordenanza. Entiendo que incluso con una propuesta mejorada, así que bienvenido sea, es la idea. Lo que no debemos permitirnos es no hacer nada, frente a un problema que todos estamos detectando”, expresó Iparraguirre.

La problemática, según explicó el edil, radica en el abuso de la figura del condominio, un modo de propiedad compartida previsto en el Código Civil de la Nación. Sostuvo que en Tandil se registran casos de usos ilegales de dicha herramienta, especialmente en la Zona Protegida, donde se comercializan lotes a precios llamativamente económicos ocultando información crucial a los compradores. Los particulares realizan importantes desembolsos económicos y luego descubren que no pueden escriturar sus parcelas individuales, ya que el condominio representa una propiedad indivisa.

El concejal detalló los tiempos legislativos y la urgencia de la situación actual: "Hace alrededor de tres meses que presentamos el proyecto y hace dos meses y medio fue al Ejecutivo. Porque si hay una opinión que nos parece importante recabar cuando trabajamos en el Concejo Deliberante, es la de quienes después van a tener que ejecutar esta herramienta." Asimismo, alertó sobre la vigencia del conflicto al revelar que “desde que presenté el proyecto a esta parte, me llegaron de primera mano cuatro estafados nuevos en lugares distintos. Esto está pasando en Tandil.”

El proyecto busca dotar al Municipio y a los ciudadanos de un instrumento de control preventivo,  el Certificado de Aptitud Urbanística. "Exige una declaración jurada de los comitentes, es decir, que aquellos que ofrecen y vuelcan este terrenos a la venta en el mercado. Y por supuesto establece todo un sistema de multas.", detalló Rogelio Iparraguirre sobre el funcionamiento técnico de la propuesta.

El concejal aclaró que el certificado funcionará como una suerte de documento de identidad para cada lote en comercialización, permitiendo que cualquier potencial comprador consulte si el vendedor cuenta con la habilitación correspondiente antes de realizar una transacción.  

“Es una herramienta para proteger a los tandilenses, no es que va a evitar la estafa, el estafador no deja de estafar porque sea ilegal el acto de la estafa”, explicó.

Para que la medida sea verdaderamente efectiva, Rogelio Iparraguirre remarcó que se requiere un rol activo por parte de la administración local. "No reemplaza a los controles que debe hacer el Ejecutivo municipal. Al contrario, solo funciona este aporte y sirve si es complementado por un eficiente y efectivo control del Municipio, que debe ejercer fuertemente su autoridad.", sostuvo el concejal.

En ese sentido, el edil fue crítico con el desempeño reciente de las áreas de control del gobierno local. "Esa es precisamente una de las cosas que nosotros creemos que ha flaqueado de un tiempo esta parte, particularmente en lo que hace a la administración del territorio, para que esto no sea tierra de nadie, donde cada uno haga lo que quiere. Hay que ejercer autoridad, control efectivo, eficiente. Y proyectos como este son el complemento de ese control efectivo.", sentenció.

Finalmente, el concejal destacó que la propuesta contempla una campaña de difusión para que la ciudadanía conozca la existencia de este requerimiento y evite caer en engaños. A su vez, se mostró optimista respecto al acompañamiento político en el Concejo Deliberante, asegurando que existe un consenso tácito entre los distintos bloques sobre la necesidad de intervenir de forma urgente para frenar las estafas inmobiliarias.