La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, resolvió por mayoría rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Alejandro Muszak, fundador de la fintech Wenance. De esta forma, el tribunal confirmó la denegación de su excarcelación y de la morigeración de su prisión preventiva.

El caso se vincula a una de las mayores estafas financieras de la historia judicial argentina reciente. El imputado se encuentra procesado como jefe de una asociación ilícita en concurso real con estafa reiterada en 524 hechos. Según la investigación, la organización captaba fondos de inversores mediante falsas promesas de altos rendimientos en dólares, con tasas de hasta el 12 por ciento anual, a través de las firmas Wenance S.A. y Be Capital Inversora S.A.

El perjuicio económico estimado por la justicia asciende a 1.850 millones de pesos, siete millones de dólares y 117.000 euros. La magnitud de la maniobra, bajo un esquema Ponzi que dejó de cumplir sus obligaciones en julio de 2023, ha generado repercusiones internacionales. Actualmente, la justicia de Uruguay investiga denuncias de unos 600 damnificados, mientras que en España se admitió una querella por un fraude estimado en más de 100 millones de euros.

El juez Gustavo Hornos lideró el acuerdo destacando que persisten plenamente los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El magistrado ponderó que el ceo posee inmuebles en la ciudad de Miami y que la magnitud de las sumas defraudadas le permitiría mantenerse oculto en el extranjero. Además, se señaló que el imputado incumplió reiteradamente la prohibición de contacto con las víctimas y denunciantes.

Respecto al pedido de arresto domiciliario fundado en razones de salud —Muszak es paciente con VIH de larga data—, la mayoría del tribunal consideró que no se acreditó un riesgo concreto, actual o irreversible. Se determinó que el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza cuenta con los medios necesarios para garantizar el tratamiento y los controles médicos que su patología requiere.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, considerando que correspondía anular la resolución y dictar un nuevo pronunciamiento, al entender que la cámara anterior omitió explicar los motivos concretos para descartar la procedencia del arresto domiciliario previsto en la normativa vigente.

Luego de que el Club Santamarina negara mantener deudas y rechazara públicamente las acusaciones en su contra, el exdirector técnico Carlos Fernando Navarro Montoya difundió un comunicado oficial en el que fijó su postura y apuntó directamente a la responsabilidad contractual de la institución.

En su descargo, el entrenador sostuvo que, según el contrato profesional firmado, era el propio club quien debía hacerse cargo “de manera total y exclusiva” de los gastos de hospedaje y alimentación durante su estadía en Tandil.

“Todas las reservas y gestiones logísticas fueron realizadas directamente por el club, siendo ellos los únicos obligados al pago”, afirmó Navarro Montoya, desmarcándose así de cualquier responsabilidad en la deuda reclamada por un establecimiento hotelero y gastronómico.

Además, reveló que el conflicto no es reciente y que ya se encuentra judicializado. Según indicó, su equipo legal inició acciones hace meses y el 8 de julio de 2025 envió una carta documento intimando al club a regularizar la situación y cumplir con lo pactado.

El exarquero también detalló que el pasado 29 de agosto se llevó adelante una instancia de conciliación, aunque no se alcanzó un acuerdo. “Lamentablemente, no se llegó a un entendimiento debido a la falta de respuesta satisfactoria por parte de la dirigencia”, expresó.

En otro tramo del comunicado, Navarro Montoya manifestó su preocupación por las consecuencias del conflicto: “Lamento profundamente que los prestadores de servicios se vean afectados por la gestión administrativa del club”, aunque insistió en que no le corresponde asumir obligaciones.

Finalmente, el entrenador remarcó que será la Justicia la que determine las responsabilidades y pidió respeto por el proceso en curso. “No permitiré que se me atribuya una responsabilidad financiera que no me corresponde”, subrayó.

Las estafas por WhatsApp suman nuevas víctimas cada semana en la República Argentina. En esta oportunidad, dos jueces resultaron engañados mediante una modalidad donde los estafadores se hacen pasar por empresas reconocidas y solicitan un código de seis dígitos para acceder a cuentas personales. Este tipo de delito digital no discrimina y afecta tanto a adultos mayores como a profesionales experimentados.

Los involucrados en este episodio fueron el juez de la Cámara de Apelaciones penal de San Isidro, Luis Cayetano Cayuela, y su colega Juan Eduardo Spannuk, de 74 años. Ambos sufrieron el robo de sus cuentas tras recibir comunicaciones engañosas en las que la banda utilizó información real para convencer a las víctimas.

Según se difundió a través de registros sonoros, uno de los delincuentes expresó a una de las víctimas:

“Hemos detectado una alerta inusual en el sistema donde el número se ha registrado y verificado en otro dispositivo. ¿A usted lo han comunicado alguna propaganda, ha escaneado algún código QR?”

Ante la sorpresa del damnificado, los estafadores solicitaron los seis números enviados por mensaje bajo la excusa de habilitar nuevamente la cuenta. La periodista Luciana Rubinska advirtió sobre este accionar:

“Nunca envíes un código que te puedan llegar a pedir desde el otro lado. O sea, nunca envíes el código si alguien te lo pide, porque te engañan, porque te estafan y porque es muy fácil caer”

Otro aspecto alarmante de esta problemática es que el delito se organiza frecuentemente desde establecimientos penitenciarios. "Este tipo de estafas se hacen desde las cárceles, con teléfonos celulares", señaló Rubinska, destacando la paradoja de que internos procesados continúen operando bajo esta modalidad en el país.

Una vez que obtienen el acceso, los delincuentes utilizan la cuenta robada para contactar a conocidos y solicitar transferencias urgentes de dinero o favores económicos. La metodología se repite en varias provincias: el estafador se presenta como empleado de un correo privado o una empresa de servicios, indica que hay un problema de seguridad o un paquete pendiente y solicita el código de verificación de WhatsApp, lo que le permite tomar control total de la aplicación.

Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan implementar la autenticación en dos pasos como barrera principal. Asimismo, es fundamental recordar que ninguna empresa legítima solicitará códigos de seguridad recibidos por SMS o WhatsApp para realizar gestiones de rutina. Aunque puede resultar un paso extra en la configuración, incrementa significativamente el nivel de seguridad ante futuros intentos de fraude.

Un jurado federal en California determinó que el magnate Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter, provocando una caída en el precio de las acciones de la compañía mientras se preparaba para adquirirla en una operación de 44.000 millones de dólares. El veredicto, emitido tras un juicio de tres semanas en un tribunal de San Francisco, implica que el hombre más rico del mundo podría ser obligado a pagar miles de millones de dólares en concepto de daños.

Los integrantes del jurado concluyeron que dos publicaciones realizadas en mayo de 2022 por el director ejecutivo de Tesla y SpaceX contenían declaraciones falsas. Estas afirmaciones fueron señaladas como las responsables de un desplome en la cotización de la red social. La demanda colectiva fue presentada por el inversor Giuseppe Pampena en representación de quienes vendieron sus acciones entre mediados de mayo y principios de octubre de ese año.

Según el formulario del veredicto, Musk violó una norma de valores que prohíbe realizar declaraciones engañosas que afecten el precio de una acción. Un abogado de los demandantes estimó que los daños ascienden a unos 2.600 millones de dólares. No obstante, el jurado de nueve personas absolvió al empresario de algunas acusaciones de fraude, al considerar que no existió un esquema deliberado para engañar a los inversores.

Minutos después de conocerse la sentencia, los representantes legales de Musk, quien completó la adquisición de la plataforma a fines de octubre de 2022 y luego la renombró como X, anunciaron que apelarán la decisión. Calificaron el resultado como un contratiempo en la trayectoria legal del multimillonario, quien suele salir ileso de este tipo de litigios.

Este fallo representa una derrota inusual para Musk. En 2023, un jurado del mismo tribunal de San Francisco lo había absuelto de cargos similares presentados por accionistas de Tesla, tras sus publicaciones de 2018 donde aseguraba tener el financiamiento para retirar a la automotriz de la bolsa. Actualmente, la fortuna del empresario se estima en 839.000 millones de dólares, sustentada principalmente en sus participaciones en empresas tecnológicas y de exploración espacial.

La Cooperativa Obrera difundió un comunicado para advertir a asociados y consumidores sobre la circulación de mensajes falsos que utilizan el nombre de la entidad para intentar cometer estafas digitales.

Según informaron, las comunicaciones apócrifas se están difundiendo a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y anuncios pagos en redes sociales como Facebook e Instagram. En esos mensajes se suele anunciar la supuesta creación de una “nueva página web”, promociones con “descuentos para jubilados” o incluso promesas de premios en efectivo.

Desde la cooperativa explicaron que, en muchos casos, se les solicita a los usuarios que agenden un número telefónico o que ingresen a un enlace, acciones que forman parte de maniobras de fraude digital destinadas a obtener datos personales o bancarios.

Ante esta situación, la entidad aclaró que nunca solicita datos personales por teléfono ni por ningún otro medio de contacto directo con los clientes. Además, recordó que los nombres de los ganadores de sus promociones se publican exclusivamente en su sitio web oficial y en sus redes sociales verificadas.

También indicaron que la entrega de todos los premios que organiza la cooperativa se realiza de manera presencial en sus sucursales.

Para consultas o dudas, recomendaron comunicarse únicamente a través de los canales oficiales: la línea telefónica 0800-333-3443, disponible de lunes a viernes de 8 a 17, el correo electrónico institucional y las redes sociales identificadas como @LaCoopeAr.

Por último, desde la cooperativa recordaron que, en caso de ser víctima de una estafa virtual, se recomienda realizar la denuncia de inmediato en la comisaría más cercana o en la fiscalía de turno. También se puede recurrir a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina, además de notificar al banco correspondiente y conservar las pruebas del hecho, como capturas de pantalla o correos electrónicos.

El juez comercial Javier Cosentino citó a prestar declaración testimonial al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y a otros tres representantes de la entidad en el marco de la causa iniciada por el empresario Guillermo Tofoni por el presunto incumplimiento de un contrato firmado en 2021.

La demanda sostiene que ese acuerdo le otorgaba a Tofoni la exclusividad para organizar los partidos amistosos de la Selección Argentina. El expediente tramita bajo el número 84.904/2023 en el Juzgado Comercial Nº 8.

La decisión del magistrado responde a un pedido del apoderado legal de Tofoni, el abogado Marcelo Bombau, quien solicitó garantizar la comparecencia de los directivos para avanzar con la etapa de producción de pruebas.

Se trata de un segundo llamado, ya que los testigos no se presentaron a las primeras audiencias fijadas para febrero. Esa ausencia alteró los tiempos del proceso y motivó el reclamo de la querella.

Además de Toviggino, fueron convocados el director comercial y de marketing de la AFA, Leandro Petersen; el gerente de legales, Andrés Paton Urich; y la abogada y exapoderada de la entidad, Ana Cimino.

Toviggino y Petersen deberán presentarse el 20 de mayo a las 8.30, con fecha alternativa el 26 del mismo mes. Por su parte, Paton Urich y Cimino fueron citados para el 28 de mayo, con el 1º de junio como día supletorio.

En paralelo, la representación del empresario presentó un escrito solicitando la caducidad y negligencia de la demandada en la producción de la prueba testimonial que la propia AFA había ofrecido al inicio del proceso.

El planteo se fundamenta en la falta de impulso para concretar las declaraciones de Juan Pablo Beacon, exasesor del Consejo Federal; Luciano Pantano, expresidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa; y María Sol Dupillet.

Las audiencias estaban previstas para los días 20, 24 y 26 de febrero. Según el escrito, las cédulas para Pantano y Dupillet fueron devueltas sin notificar en noviembre de 2025 y la defensa de la AFA no realizó gestiones para concretar las citaciones.

En el fuero comercial, las partes deben impulsar las pruebas que ofrecen. Si no lo hacen, la contraparte puede solicitar que se declare la negligencia, lo que implicaría que la institución pierda la posibilidad de incorporar esos testimonios como parte de su defensa.

El conflicto tiene origen en la disputa por los derechos comerciales de la Selección. Tofoni actuó como agente histórico encargado de los encuentros del equipo nacional y sostiene que fue marginado pese al contrato firmado en 2021.

La AFA rechazó las acusaciones y cuestionó la legitimidad de los documentos presentados. Para dirimir esa controversia, el juez ordenó una pericia caligráfica oficial. El informe confirmó la autenticidad de las firmas de los directivos de la AFA en el contrato en disputa.

Tras conocerse el resultado, la defensa de la entidad, a cargo del abogado Federico Helfer, presentó un pedido de nulidad con el objetivo de invalidar el peritaje y apartarlo del expediente.

El juez Cosentino deberá resolver en los próximos días tanto la validez procesal de la pericia como el pedido de caducidad impulsado por el empresario, decisiones que podrían incidir en el desarrollo del litigio.

El caso $LIBRA, uno de los hechos más resonantes de la gestión del Javier Milei, cumple un año este sábado. A las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025, el Presidente publicó un tuit en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda. Minutos después, más de 44.000 personas en todo el mundo resultaron afectadas.

Tras ese episodio, sobre el que Milei tuvo algunas idas y vueltas en sus dichos, la Justicia inició una investigación y la oposición impulsó una Comisión Especial Investigadora en Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para intentar descular la participación del mandatario y su entorno en el hecho.

Para que la llamada ‘memecoin’ tuviese repercusión y alcance a miles de usuarios, la publicación de Milei fue clave: presentó a $LIBRA como un "instrumento" para financiar pequeñas y medianas empresas de tecnología e inteligencia artificial en nuestro país, junto a un código alfanumérico que les permitía a los usuarios adquirir el token de manera directa.

Luego de dicha publicación, el valor de la criptomoneda se disparó rápidamente debido a la compra masiva de personas que tomaron a la figura presidencial como un respaldo confiable. Horas después, el precio cayó en más de un 85%, cuando los propios creadores y grandes beneficiarios del token vendieron sus posiciones, una jugada conocida en el mundo cripto como “rug pull” o “estafa de salida”.

Al trascender este hecho, el Presidente borró la publicación, pero escribió otra excusándose de haber apoyado “un supuesto emprendimiento privado” del que “no tenía vinculación alguna”.

“Yo no lo promocioné, solo lo difundí”, dijo Milei tras varios días en una entrevista televisiva. Luego de ello, argumentó que su cuenta de redes sociales no puede tomarse como una comunicación de carácter presidencial.

Tres días después del tuit, el 17 de febrero de 2025, se presentaron formalmente las primeras denuncias penales “por presunta estafa y asociación ilícita”, que quedaron a cargo de la jueza María Servini. El fiscal federal Eduardo Taiano inició una investigación el 21 de febrero para determinar la responsabilidad de Milei y de los dos desarrolladores vinculados: el estadounidense Hayden Davis y el empresario argentino Mauricio Novelli.

En total fueron 44.000 personas estafadas en todo el mundo. En Argentina, la Comisión $LIBRA confirmó que al menos hay 1.329 damnificados. Paralelamente, en Estados Unidos se inició una demanda colectiva en Nueva York, en un tribunal federal del Distrito Sur, que acusa a Milei de emitir una "declaración promocional altamente engañosa".

Novelli fue señalado como puente principal entre los creadores de $LIBRA y el círculo rojo del presidente Javier Milei, ya que se registraron 10 ingresos suyos a Casa Rosada durante 2024, autorizados, en su mayoría, por la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.

Asimismo, la justicia confirmó que es el titular de una de las billeteras digitales que recibió transferencias directas desde las cuentas de los creadores de la memecoin, luego de las reuniones que derivaron en este hecho. Servini ordenó la inmovilización de sus bienes y el allanamiento de su domicilio, además de investigarlo por presunto entorpecimiento, luego de haber borrado posible información de sus dispositivos y vaciado cajas de seguridad de sus familiares.

Davis es CEO de la empresa Kelsier Ventures, especializada en la creación y lanzamiento de tokens y criptomonedas. Está identificado como el principal impulsor de $LIBRA, luego de haber firmado un contrato de confidencialidad donde el empresario tomaba el rol de “asesor ad honorem” del Estado argentino “en materias de blockchain e inteligencia artificial”.

Dos semanas después de la consumación de ese documento, Milei promocionó en sus redes sociales a $LIBRA y, luego de las investigaciones que comenzaron posteriormente a esta estafa, se confirmó que existen billeteras vinculadas a Davis, que realizaron transferencias superiores a un millón de dólares; también hubo mensajes de teléfono donde el CEO norteamericano se jactaba de “influir” en el Gobierno argentino mediante ciertos pagos a Karina Milei.

Para finalizar, la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados presentó un informe final, el 18 de noviembre del año pasado, donde los legisladores concluyeron que existió una "colaboración imprescindible" por parte del Presidente en la promoción de la criptomoneda e instó al Congreso a definir un posible juicio político. Luego de la disolución de la comisión por el cumplimiento de su mandato, los diputados nacionales que la integraban trasladaron las pruebas a la justicia federal, donde iniciaron una denuncia formal.

Hasta el día de hoy, el Gobierno de Javier Milei sostiene que no tiene ninguna relación con las personas que intervinieron e, incluso, niega haber obtenido algún beneficio económico: “Se trató de un problema entre privados, el Presidente simplemente lo difundió”.

Un ciudadano de nacionalidad brasileña, de 26 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras permanecer prófugo durante tres meses, acusado de haber cometido una defraudación informática contra un vecino de Tandil. El arresto, concretado el pasado sábado por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se produjo cuando el sospechoso intentaba abordar un vuelo para abandonar el país con destino a Brasil. 

Según informaron fuentes oficiales, el joven, identificado como Marcos Vinicius Fernandes Camargo y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), era buscado desde octubre pasado por una orden de detención dispuesta por José Alberto Moragas, titular de uno de los Juzgados de Garantías con sede en Tandil.

La investigación, liderada por el fiscal Adrián Peiretti, a cargo de la UFI 22, detalla que el ilícito ocurrió el 24 de agosto de 2023 en Tandil. Según las actuaciones penales, el imputado habría manipulado informáticamente la cuenta de un banco privado perteneciente al damnificado, logrando transferir mediante homebanking la suma de dos millones de pesos hacia una cuenta propia. 

Aproximadamente tres horas después de concretar la transferencia, Fernandes Camargo se habría presentado personalmente en una sucursal bancaria del barrio de Palermo, en CABA, para retirar 500.000 pesos en efectivo por ventanilla.

El resto del dinero sustraído fue diversificado a través de distintas operaciones financieras para dificultar su rastreo. De acuerdo con lo investigado, el joven transfirió el capital remanente a una billetera virtual de una fintech registrada a su nombre, destinando 600.000 pesos a la compra de Bitcoins y realizando nuevas transferencias con el saldo restante. El proceso judicial ya había incluido un intento de captura el pasado 16 de octubre, cuando se allanó un departamento en el séptimo piso de un edificio sobre la calle Monroe, en CABA. Sin embargo, en aquella ocasión el investigado no pudo ser hallado y permaneció evadido hasta su reciente interceptación en la terminal aérea.

Tras su captura, el joven fue indagado este domingo de manera virtual por el fiscal de la causa, audiencia en la cual estuvo asistido por un defensor particular y optó por declarar para exculparse de los cargos que se le imputan. 

Por el momento, el imputado permanece alojado de forma transitoria en una seccional policial de CABA, mientras las autoridades gestionan un cupo para su posterior traslado a una unidad penal bajo la jurisdicción del Departamento Judicial Azul. El caso continúa su curso bajo la carátula de defraudación informática, afectando el patrimonio de un hombre radicado en Tandil que sufrió la sustracción de dos millones de pesos de su cuenta bancaria.

En el allanamiento de la mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, ordenado por el juez Daniel Rafecas, se hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la Real Central SRL, empresa vinculada a los hombres fuertes de la AFA,

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

Las medidas que había dispuesto el juez federal Daniel Rafecas apuntaban a determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Sin embargo, cuando el allanamiento todavía estaba en curso, la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió cerca del mediodía de este viernes que la causa por presunto lavado de dinero por la compra de la mansión en Villa Rosa, Pilar, quede a cargo de la justicia en el Penal Económico y no del juez federal Rafecas.

Con este fallo, la causa pasa al juzgado en lo Penal Económico 10, que subroga el juez Marcelo Aguinsky, y quien el lunes regresará de una licencia.

El abogado Nicolás Payarola, conocido por haber representado a Wanda Nara, fue detenido este jueves en su casa del barrio Golf Club de Nordelta por la Policía Bonaerense, acusado de once hechos de estafa a sus propios clientes, según confirmaron fuentes del caso. Su indagatoria está prevista para mañana viernes.

En la investigación aparecen seis víctimas identificadas, entre ellas María Macarena Posse, hija de Gustavo Posse, exintendente de San Isidro. También figura como imputada Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola.

La detención se concretó luego de una investigación dirigida por el fiscal Cosme Iribarren, con trabajo de la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, y con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Al cierre de esta nota los allanamientos continuaban, incluido un procedimiento en Beccar realizado por personal de la Comisaría 4°. Entre las medidas solicitadas por Iribarren, se pidió el secuestro de documentación vinculada a Wanda Nara.

El fiscal, a cargo de la UFI Benavidez, investiga a Payarola por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo. La situación del abogado se agrava porque, en paralelo, la Justicia porteña lo había procesado en junio pasado por engañar al campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel y a su familia, con un embargo de $810 millones.

Iribarren detectó que ambos expedientes se cruzan: Juan Marcelo, padre de “Cachete”, figura como una de las víctimas en la causa de San Isidro.

Según la acusación, Payarola habría intentado ofrecerle a la familia Montiel un campo de 132 hectáreas en La Pampa perteneciente a otro cliente al que también habría engañado. Además, habría propuesto entregarles una camioneta Toyota Hilux de un denunciante de la causa de Benavidez y un yate que sería propiedad de la suegra de otra víctima.

Por otra parte, el abogado había obtenido una eximición de prisión a mediados del año pasado y luego debió pagar una fianza de $40 millones.

Una familia de emprendedores locales atraviesa un calvario ante la utilización de su imagen en redes sociales para producir estafas en vecinos tandilenses y de otros puntos del país. Un comercio del rubro dietética, ubicado en calle Lisandro de La Torre al 1000, está siendo foco de constantes escraches y quejas de tandilenses que compraron mercadería y nunca llegó a sus domicilios.

La situación comenzó el 2 de septiembre. Esa jornada, una clienta habitual de "Dietética Mi Familia" se acercó hasta el local para consultar sobre la venta de frutos congelados, haciendo referencia de que había visto en Facebook la oferta de ese producto. 

“De arranque nos pareció raro porque no vendemos esos tipos de productos. Ahí nos muestra el perfil de Facebook y nos dimos cuenta que se trataba de una cuenta trucha”, contó Valentina, hija de Lidia, la propietaria del negocio.

En diálogo con El Eco de Tandil aseguró que robaron las imágenes del frente del local, armaron una cuenta con la dirección, el nombre “Dietética La Familia” y ofrecían productos a precios bajos para atraer futuras víctimas. Para más datos, aseguró que el perfil fue creado por un señor que es de la ciudad de Buenos Aires, que por mensajes privados dice que el local está en reformas y por eso vende online.

“A partir de ese momento y hasta el día de hoy, la gente cae en esta estafa. Nosotros hicimos la denuncia, pero la Policía no puede hacer nada al respecto. La gente va a nuestra dietética preguntando. Muchos porque compraron y la mercadería nunca les llegó. Y otros consultando si es verdad que estamos vendiendo online, ya que les resulta raro”, añadió la hija de la responsable del local.

Los montos en los que las personas fueron estafadas son variados. Hay algunos que han realizado compras chicas, pagando entre dos mil o cuatro mil pesos, pero también hubo personas que hicieron compras por 50.000 pesos. En estos últimos casos, los escraches en redes sociales que sufrió la dietética fueron contundentes y generaron “mala publicidad” para un comercio familiar.

“Mucha gente de Tandil va a la dietética porque compraron y el pedido nunca llegó, pero hace un tiempo nos llamó una mujer de San Rafael, Mendoza, que también cayó en la estafa. La gente pone publicaciones en Facebook que cae en esta mentira y quienes no nos conocen es posible que crean que somos nosotros”, concluyó Valentina.

Los responsables de la dietética realizaron la denuncia por “robo/hurto. Otros” en la UFI 16 a cargo del Dr. Marcos Eguzquiza. En la misma contaron el desarrollo de la investigación que realizaron hasta dar con el perfil falsificado, donde a través de un mensaje de WhatsApp llegaron a una persona que se identificó como “Franco” y que aseguraba que una vez realizado el pedido debían abonar la mercadería antes de ser enviada.

Buscando llegar más lejos con la investigación realizada por sus propios medios, avanzaron en el proceso de compra y ahí llegaron al alias, mail y CVU de una cuenta registrada al nombre de Franco Agustín Giacoppo. De esta manera, constataron quién estaba recibiendo el dinero de la defraudación informática.

En la denuncia se aportaron todos los intercambios de mensajes que realizaron varios miembros de la familia y donde todos llegaron a la misma cuenta bancaria. La misma quedó radicada a fines de que sea investigada la procedencia de lo denunciado, como así también de la persona que conforma la misma y de la cual se dejó plasmado todos los datos recabados.

Cabe mencionar que a la hora de denunciar el hecho, la primera visita fue a la comisaría y allí la Policía aseguró que “no podían hacer nada”. Le mostraron a la denunciante una pila de casos similares y le recomendaron que “la mejor opción para frenar esto es que muchas personas denuncien el perfil de Facebook. No nos dijeron nada más que eso”.

Por esa razón recordaron que “Dietética Mi Familia” tiene solamente perfil de Instagram y que no hacen envíos a domicilio. “Estamos en este lío y no sabemos qué hacer. De alguna forma tiene que dejar de caer gente. La verdad es que estamos desesperados, le ponemos un montón a la dietética para que después nos pase esto”, concluyó Valentina.

En Argentina existen más de 80 mil automóviles “mellizos que circulan por las calles de las diferentes provincias, al tiempo que un 80 por ciento de ellos son camionetas utilitarias, 4×4 y Pick Ups, grandes y medianas”.

Así lo denunciaron las ONG´s Defendamos Buenos Aires y Defendamos la República Argentina, encabezadas por el abogado Javier Miglino, tras un relevamiento llevado a cabo.

“La venta de autos mellizos es una estafa que crece cada vez más y que, a pesar de los recaudos, tiene detrás una operatoria sofisticada, que prolifera por ventas que se llevan a cabo a través de plataformas publicitarias como Marketplace de Facebook, avisos en OLX, y otros”, precisó Miglino en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, explicó: “Las víctimas salen a comprar un vehículo usado, encuentran uno en excelente estado y a buen precio y pagan primero para revisar después. En el momento en que se acercan al Registro de la Propiedad Automotor surgen las anomalías y todo se viene abajo porque el auto comprado no era tal, se trata de un auto robado con papeles falsificados, desde título de propiedad y cédula verde a constancias de seguros, patentes, verificación técnica policial, etc”, precisó el letrado experto en seguridad pública.

“Por lo general este tipo de delitos de autos ´mellizos´ tienen detrás dos bandas de delincuentes: una que se encarga del robo del auto a mano armada y otra que se encarga de confeccionar e imprimir la documentación falsa que va a acompañar la venta; incluyendo a los vendedores que son estafadores experimentados”, señaló.

¿Cómo se desarrolla el engaño?

Los vehículos son robados en forma violenta y a mano armada, tal como muestran decenas de casos filmados, donde aparecen de la nada cuatro o cinco delincuentes que encañonan al propietario y le llevan el coche o camioneta.

“La idea es llevarlo con la llave puesta, sin alarmas y sin rastreadores satelitales activados. Después los autos se ´enfrían´, le cambian la patente y los dejan estacionados en playas de estacionamiento o en la calle para asegurarse de que no está en la mira policial”, detalló Miglino.

Y prosiguió: “El auto ´mellizo´ recibe ese apodo policial porque tiene datos de un auto igual, por ejemplo un Peugeot 208 Allure, modelo 2024. El título automotor y la cédula verde tendrán los números originales de chasis y motor de ese auto robado. Pero la patente será de otro Peugeot 208 Allure, modelo 2024 que no tiene pedido de captura. De ese modo el vehículo viaja sin que lo paren porque el número de patente no tiene pedido de secuestro”.

“El Artículo 292 del Código Penal señala: “El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar en perjuicio… Si el documento falsificado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años. Es decir que usar un auto mellizo expone a esa pena, tal como delito federal”, advirtió el letrado.

Y agregó: “Por eso si lamentablemente se da el caso de haber comprado un vehículo ´mellizo´ hay que hacer dos cosas: primero consultar con un abogado y luego hacer la denuncia en la fiscalía de turno, poniendo el vehículo a disposición judicial. Solo de ese modo las cosas podrán solucionarse”.

¿Cómo evitar fraudes?

Miglino indicó que “lo mejor en todos los casos es concurrir al Registro de la Propiedad Automotor y cerrar la operación ahí mismo, porque los estafadores pactan las ventas en días y horarios en los que los registros ya están cerrados, por lo cual cuando la estafa se hace evidente a las 24 horas o después, es imposible dar con los estafadores”.

Las “viudas negras” y las camionetas “mellizas”

“Las “viudas negras”, es decir las célebres mujeres que duermen a los hombres para robarlos y que han ocasionado durante este 2025 nada menos que 26 muertes en la Argentina, roban también los vehículos a sus víctimas. Esos mismos autos y camionetas se transforman en ´mellizos´, que venden o que ellas mismas usan con papeles falsos como el caso de dos mujeres detenidas en Villa Lugano en julio de 2025 con una camioneta Volkswagen Nivus cero kilómetro”, precisó.

“Ambas fueron detenidas en un control vehicular y al verificar los datos del motor y chasis de la Volkswagen Nivus, se constató que tenía un pedido de secuestro activo por una causa de robo a mano armada. Detalle: la camioneta no tenía patente y estaba escoltada por otra ´viuda negra´ a bordo de un Audi A1. La camioneta tenía pedido de secuestro de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 del Departamento Judicial de Mercedes”, recordó Miglino.

Asimismo, sostuvo que en aquel entonces “las detenidas intentaron sobornar a los efectivos, ofrecimiento que fue rechazado y registrado por los agentes”.

“La Unidad Fiscal de Flagrancia Sur, a cargo de Agustín Aymeric, ordenó la detención de ambas mujeres bajo la imputación del delito de cohecho. Los vehículos involucrados, así como los elementos hallados en su interior, fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia Nacional de Rogatorias y de la Justicia de Mercedes, que había emitido la orden de captura”, concluyó el abogado. (NA).

La Corte Suprema de Justicia resolvió que la justicia de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, será la encargada de investigar dos nuevas denuncias contra Leonardo Cositorto, el empresario ya condenado por múltiples estafas vinculadas a la firma Generación Zoe.

La decisión del máximo tribunal zanjó un conflicto de competencia entre el Juzgado de Garantías 2 de Moreno y el Juzgado de Control y Faltas de Villa María, Córdoba, que acumula buena parte of las causas por estafa contra Cositorto. La Corte entendió que los hechos denunciados ocurrieron en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez y, por lo tanto, deben ser juzgados en esa jurisdicción.

Las nuevas denuncias fueron presentadas por dos mujeres, identificadas como C.I.C. y B.N.E., quienes relataron que invirtieron dinero en un fideicomiso de Zoe Emporwerment SA, con la promesa de obtener dividendos mediante un “bot inteligente”. Según las denunciantes, si bien inicialmente recibieron algunos pagos, con el tiempo cesaron y Cositorto nunca cumplió con la reprogramación de los mismos, pese a promesas reiteradas.

El juez bonaerense se había declarado incompetente al considerar que los hechos podrían estar vinculados con la supuesta asociación ilícita investigada en Córdoba. Sin embargo, desde Villa María rechazaron esa conexión y resaltaron que los hechos ocurrieron en territorio bonaerense, por lo que devolvieron el expediente.

En consonancia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que los hechos deben ser juzgados por el tribunal donde se cometieron. “Cualquiera que sea el vínculo de conexión que pueda existir entre hechos que se presentan prima facie como independientes, ellos deben ser investigados por los jueces del lugar en que aparecen cometidos”, recordó el fallo.

Cositorto ya acumula varias condenas: en Salta fue sentenciado a 11 años de prisión y en Corrientes a 12, además de causas elevadas a juicio oral en Córdoba y otras en trámite en Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y en el fuero federal por lavado de dinero.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, caracterizó hoy al gobierno de Javier Milei como una “estafa de Tik-Tok”, dijo que el JP Morgan “tomó” el Ministerio de Economía y que el titular de Hacienda, Luis Caputo, “se está timbeando el país”.

Al encabezar el cierre de campaña de Fuerza Patria en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Kicillof cuestionó la idea de que la administración libertaria sea una novedad en la política argentina.

“Lo nuevo, la motosierra, era una estafa en Tik-Tok. Al que lo votó porque eran la novedad, ahí los tienen: (Luis) Caputo, (Federico) Sturzenegger, (Patricia) Bullrich, (Guillermo) Francos, los mismos de siempre”, enfatizó.

En esa línea, el mandatario provincial considero que el banco JP Morgan “tomó” el Ministerio de Economía a través de Caputo, y añadió que el gobierno de Milei “convirtió a la economía nacional en una mesa de dinero”.

“Con la nuestra, la tuya, la de todos: se están timbeando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberar ni libertario ni austriaco: vinieron a fundir, endeudar y fugar la Argentina”, afirmó.

Y destacó que la elección del próximo domingo es “crucial” para el gobierno libertario en términos del apoyo político y financiero que requiere por parte de los Estados Unidos.

“El 7 de septiembre le dimos la voz de aura a la militancia de todo el país. Para que salga a la calle, para que banque y para que el 26 de octubre le digamos a Milei en la provincia de Buenos Aires el ‘no’ más grande del mundo. En la provincia no pasa la motosierra”, cerró Kicillof.

El gobernador estuvo acompañado por el referente del Frente Renovador Sergio Massa; y los candidatos a diputados de Fuerza Patria, Jorge Taiana, Juan Grabois y Jimena López.

La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos y millonarios embargos contra familiares, allegados y profesionales vinculados a Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner, en el marco de una causa por lavado de dinero proveniente de la corrupción en la obra pública.

La decisión, adoptada por la Sala I del tribunal, alcanza a 16 personas, entre ellas un hijo de Muñoz, la hermana de su viuda Carolina Pochetti —Alejandrina Pochetti—, y varios abogados y contadores. Todos están acusados de integrar una red que habría montado un esquema sistemático de blanqueo de fondos ilícitos a través de sociedades, operaciones inmobiliarias y transferencias al exterior.

Según el fallo firmado por los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, parte del dinero proveniente de los ilícitos investigados en la llamada Causa Cuadernos fue recibido por Muñoz, quien habría canalizado esos fondos tanto a nivel local como internacional “con el fin de aparentar un origen lícito”.

Las maniobras incluyeron la compra de propiedades, la constitución de empresas y la realización de operaciones comerciales —en algunos casos en efectivo—, que presentaban importantes diferencias entre los montos declarados y los precios reales de venta. “Muchas de las operaciones presentaban un notorio incremento entre los valores declarados de adquisición y aquellos en los que terminaron siendo vendidos”, sostiene el fallo.

Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, ya había sido procesada y declaró como imputada colaboradora en el expediente, que se tramita en el Juzgado Federal N°11 de Comodoro Py, como un desprendimiento de la megacausa de los Cuadernos. Su caso ya se encuentra en etapa de preparación para el juicio oral.

Los procesamientos se confirmaron por el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por haberse cometido en el marco de una organización dedicada a esa actividad de manera sostenida. Los embargos dictados por la justicia ascienden a cifras de hasta 15 mil millones de pesos, una de las más altas registradas en este tipo de causas.

Con esta resolución, los 16 imputados quedan a un paso de enfrentar el juicio oral en una de las investigaciones más resonantes sobre corrupción y lavado de dinero en la historia reciente del país.

Luego de una grave acusación lanzada por Juan Grabois, quien afirmó que el influencer Julián Serrano participó en la presunta estafa relacionada con el proyecto cripto $LIBRA, el youtuber salió al cruce con un contundente descargo en redes sociales y negó rotundamente cualquier tipo de implicancia.

Este miércoles por la tarde, el dirigente social y referente de Patria Grande aseguró en su cuenta de X que la Justicia habría encontrado una parte del dinero involucrado en la causa —500 mil dólares— y denunció que fue ocultado “con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain”, lo cual, según él, habría servido para “pagar coimas”. Además, cerró su mensaje con una frase cargada de contenido político: “Los hermanos Milei pronto presos”.

La respuesta de Serrano no tardó en llegar. Primero, desmintió las versiones en X y luego publicó un video en el que expresó su indignación por lo que consideró una operación mediática en su contra:“Día complicado para el ‘Yuli’. Me levanté siendo víctima de una operación mediática donde se me acusa de haber participado en una estafa a nivel global”, comenzó el influencer. “Quiero que sepan que estoy bien, como ven estoy caminando tranquilo por la calle”.

En tono irónico y visiblemente molesto, Serrano sostuvo que su nombre “vende” y que por eso es utilizado por algunos sectores para viralizar contenido. “Cada tanto mencionan mi nombre porque se ve que funciona”, aseguró.

El creador de contenido insistió en su inocencia y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores:“Yo estoy bien, contenido por mi familia, por mis amigos. El que nada debe, nada teme. Claramente las acusaciones son falsas, es mentira, nunca estuve vinculado, ni promocioné nada de eso”, remarcó. Y agregó: “He estado muy alejado de todo lo que es el mundo cripto y la política, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Gracias por el aguante”.

Finalmente, en su comunicado escrito, Serrano fue tajante:“Informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’. Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico”.

El youtuber también adelantó que evalúa iniciar acciones legales contra quienes lo acusaron: “He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.

Por el momento, la causa $LIBRA sigue en proceso judicial y, aunque no hay una imputación formal contra Serrano, el cruce con Grabois promete escalar tanto en lo mediático como en el plano legal.

En los últimos días, especialistas y empresas del sector de ciberseguridad encendieron las alarmas sobre una nueva modalidad de estafa digital que se propaga a través del correo electrónico. El mecanismo, tan simple como efectivo, utiliza el clásico enlace de “cancelar suscripción” que figura al pie de la mayoría de los correos promocionales. Pero lejos de cumplir su función, puede conducir a páginas falsas creadas para robar información personal, claves bancarias o incluso instalar software malicioso (malware) en los dispositivos.

Según el último informe de la empresa DNSFilter, 1 de cada 644 clics en enlaces con la frase “cancelar suscripción” redirige a sitios considerados maliciosos. La cifra, aunque pueda parecer baja, representa una amenaza concreta para miles de usuarios que, buscando reducir la cantidad de spam, terminan siendo víctimas de fraude.

El engaño comienza con un mail que aparenta ser legítimo. Emplea imágenes, logos y estilos visuales similares a los de marcas reconocidas. Cuando el usuario molesto por los mensajes constantes decide “darse de baja”, el botón los dirige a una página que imita al sitio real. Allí se les pide ingresar datos sensibles como nombre de usuario, correo electrónico o contraseñas bancarias.

En otras variantes, simplemente con ingresar al sitio falso se instala malware que permite a los atacantes tomar control del dispositivo o espiar información confidencial. Esto ocurre con más frecuencia en equipos sin antivirus actualizado o con configuraciones de seguridad mínimas.

La estrategia se basa en la ingeniería social: aprovecharse de conductas cotidianas y automatizadas del usuario —como limpiar la bandeja de entrada— para inducirlo al error.

Más allá del robo de contraseñas, esta técnica también sirve para verificar que la cuenta de correo está activa, lo que habilita futuras campañas de spam, intentos de suplantación de identidad y otros ataques digitales. Además, una vez comprometido el dispositivo, los datos robados pueden ser vendidos en la web oscura o utilizados para fraudes financieros más sofisticados.

Los delincuentes perfeccionaron los métodos de persuasión visual: replican colores, íconos, formularios y estilos de empresas reales, disminuyendo así la sospecha del receptor y aumentando la efectividad del engaño.

Frente a este tipo de amenaza, los especialistas en ciberseguridad sugieren adoptar una serie de buenas prácticas:

El informe de DNSFilter también resalta que este tipo de engaños puede evitarse con una buena educación digital como aprender a identificar señales de alarma, desconfiar de mensajes inesperados y reforzar el hábito de revisar el contenido antes de actuar.

En tiempos de saturación digital, el deseo de limpiar la bandeja de entrada o dejar de recibir correos se convierte en un riesgo si no se toman los recaudos necesarios. Esta modalidad de fraude, que se disfraza de cortesía comercial, evidencia una vez más cómo las rutinas más simples pueden ser explotadas por los ciberdelincuentes.

La concientización y la precaución siguen siendo, según los especialistas, la mejor defensa contra estas nuevas formas de estafa. 

El reporte global de BioCatch sobre tendencias de fraude en América Latina señala que el 63 por ciento de los delitos informáticos en el país están vinculados a fraudes digitales, una proporción que se mantiene entre las más altas de la región.

El crecimiento del comercio electrónico, la digitalización de pagos y el uso intensivo de dispositivos móviles han creado un entorno ideal para nuevas modalidades de delito. Desde ataques automatizados hasta la apropiación de dispositivos (“device takeover”), las amenazas evolucionan al ritmo de la tecnología.

Uno de los focos más vulnerables sigue siendo el ecommerce. Según Juniper Research, el 3,7  por ciento de las órdenes online en América Latina son fraudulentas, mientras que el 88  por ciento de las sesiones fraudulentas se originan desde dispositivos móviles, de acuerdo con el último informe regional de BioCatch (2025).

La Argentina no escapa a estas tendencias: el aumento en el volumen de operaciones digitales y la velocidad de las transacciones dejaron obsoletos muchos de los mecanismos de seguridad tradicionales.

En este contexto, las soluciones que integran verificación de identidad en tiempo real se posicionan como una respuesta clave para frenar el fraude sin afectar la experiencia del usuario. ¿Cómo funciona? A través de tecnologías como biometría facial, análisis de comportamiento e inteligencia artificial, es posible validar que quien realiza la transacción sea realmente quien dice ser.

“En la economía digital, la identidad se convirtió en la primera línea de defensa. Implementar validaciones inteligentes ya no es una opción: es parte del modelo de negocio”, afirmó Germán Torres, director SBU Commerce de Snoop Consulting.

Entre las prácticas recomendadas:

Solicitar documento oficial y selfie con validación biométrica.

Activar autenticaciones más estrictas solo cuando hay señales de riesgo.

Usar IA para detectar patrones anómalos antes de que se concrete una estafa.

Aprobar de forma automática operaciones seguras, sin fricción.

“La clave está en adaptar el nivel de seguridad al riesgo real, sin castigar al usuario con pasos innecesarios. Así se protege el negocio y se mejora la conversión”, destacan desde Snoop Consulting. “Hoy, por ejemplo, existen soluciones específicas para ecommerce que combinan verificación biométrica, detección de fraude en tiempo real y validación documental automatizada, que le evitan al comprador hacer ‘pasos de más’ para garantizar su compra”, completó Torres.

En un entorno de amenazas cada vez más sofisticadas, blindar la identidad digital del usuario no es solo una obligación técnica o legal: es una ventaja competitiva para cualquier empresa que opere en el mundo digital.