La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Tandil advirtió sobre la continuidad de una modalidad de estafa virtual que se utiliza desde hace aproximadamente una década y que, pese a ser ampliamente conocida, continúa registrando víctimas a partir de publicaciones realizadas en redes sociales para la venta de distintos productos.

Se trata de una versión digital del conocido “cuento del tío”, en la que los estafadores se contactan con personas que publican algún objeto para la venta, simulan estar interesados en comprarlo y, mediante el engaño, la presión o la manipulación, consiguen que sea el propio vendedor quien termine transfiriendo dinero a cuentas de terceros.

Una de las maniobras más frecuentes comienza cuando el supuesto comprador asegura haber realizado una transferencia o enviado una seña. Poco después vuelve a comunicarse afirmando que, por error, transfirió una suma superior a la acordada y solicita que le “devuelvan” la diferencia.

En ese momento, los delincuentes suelen generar una situación de urgencia, preocupación o presión para lograr que la persona actúe rápidamente y realice la supuesta devolución sin comprobar previamente si el dinero efectivamente ingresó en su cuenta.

Desde la OMIC señalaron que muchas de estas maniobras se sostienen en situaciones que, observadas con detenimiento, deberían generar desconfianza. Por eso remarcaron la importancia de no dar automáticamente por cierto lo que afirma una persona desconocida, aun cuando su relato parezca convincente o esté acompañado por un supuesto comprobante de transferencia.

“Que alguien diga que transfirió dinero o envíe un comprobante no significa que los fondos estén acreditados. Antes de realizar cualquier devolución hay que ingresar personalmente a la cuenta, comprobar el movimiento y tener la certeza de que el dinero efectivamente fue recibido”, remarcaron desde el organismo.

Asimismo, señalaron que la prevención de estas estafas requiere una actitud responsable de los propios usuarios. Si bien quienes llevan adelante las maniobras recurren deliberadamente al engaño y son responsables del delito, el uso de cuentas bancarias y billeteras virtuales también exige prestar atención, desconfiar ante situaciones inusuales y verificar la información antes de autorizar una transferencia.

En ese sentido, explicaron que no resulta conveniente delegar completamente en bancos o billeteras virtuales la posibilidad de detectar una situación de este tipo, especialmente cuando la operación termina concretándose a partir de una transferencia realizada y autorizada por el propio titular.

También destacaron que estas estafas no afectan exclusivamente a adultos mayores o a personas con poca familiaridad con la tecnología. Entre las consultas recibidas aparecen víctimas de diferentes edades, niveles educativos y actividades profesionales, lo que demuestra que cualquier persona puede quedar expuesta cuando actúa apresuradamente o sin realizar las verificaciones necesarias.

Por ese motivo, insistieron en que no se debe transferir o devolver dinero simplemente porque un desconocido lo solicita, porque muestra un comprobante o porque genera una situación de urgencia. Ante cualquiera de estas circunstancias, la recomendación es detener la operación, verificar personalmente la información y, si persisten las dudas, consultar con la entidad financiera a través de sus canales oficiales.

La oficina municipal observó además que las estafas virtuales suelen registrar períodos de mayor actividad durante los primeros días de cada mes, especialmente entre el 1° y el 10, coincidiendo con distintas fechas de cobro de haberes. Por esa razón recomendaron extremar las precauciones durante ese período, sin dejar de mantenerlas durante el resto del mes.

Finalmente, remarcaron que las herramientas digitales permiten realizar operaciones de manera cada vez más rápida y sencilla, pero esa facilidad también requiere asumir un rol activo en el cuidado del dinero propio. Detenerse unos minutos, comprobar lo ocurrido y recién después actuar puede evitar una estafa.

Ante dudas o consultas, los vecinos pueden acercarse a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ubicada en Chacabuco 383, planta baja, de lunes a viernes de 8 a 14, comunicarse al 0800-333-0477 o escribir a omic@tandil.gov.ar.

Una investigación por la presunta adulteración de recetas médicas, detectada inicialmente en una farmacia de la ciudad de Azul, culminó con un allanamiento en una vivienda de General Alvear. El procedimiento permitió el secuestro de diversos elementos que ahora forman parte del expediente judicial.

La causa se originó a partir de la denuncia de una médica, quien advirtió que su sello profesional y una firma apócrifa estaban siendo utilizados sin su consentimiento para la confección de recetas y la posterior adquisición de fármacos. La irregularidad fue detectada cuando se intentó comprar Nalbufina, un medicamento que requiere prescripción médica obligatoria, utilizando un formulario que presentaba datos falsificados.

A raíz de la denuncia, el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de General Alvear inició las tareas investigativas. Tras tomar declaraciones al personal de la farmacia y analizar las cámaras de seguridad del comercio, los efectivos lograron identificar al sospechoso que habría concretado la compra con la documentación adulterada.

Con el aval de las pruebas recolectadas, la UFIJ N° 20 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Cristian Citterio, solicitó una orden de allanamiento. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 3, encabezado por el juez Juan José Suárez.

El operativo se llevó a cabo el 5 de agosto en un domicilio ubicado sobre calle Salta, en General Alvear. Durante la diligencia, la policía incautó un teléfono celular, el sello profesional de la médica denunciante, recetas con firmas y sellos presuntamente apócrifos atribuidos a la profesional y a otro médico, además de cinco ampollas utilizadas de Nalbufina.

El morador de la vivienda, un hombre de 37 años, fue notificado formalmente de la formación de la causa. La justicia continúa trabajando para determinar cómo fueron confeccionadas las recetas y establecer las responsabilidades penales correspondientes en este caso que vincula a las ciudades de Azul y General Alvear.

La empresa Cagnoli emitió un comunicado para alertar a la comunidad sobre la circulación de una publicación falsa de búsqueda laboral en Tandil, mediante la cual se solicita dinero a quienes desean postularse para trabajar en la firma.

Según explicaron desde la compañía, el flyer no fue emitido ni autorizado por Cagnoli y utiliza de manera indebida el nombre de la empresa para captar interesados. En ese sentido, aclararon que la dirección de correo electrónico cagnolirrhh@gmail.com, que figura en la publicación, no pertenece a la firma.

Además, indicaron que tomaron conocimiento de que desde perfiles apócrifos y bajo el nombre de "Guillermo Winter" se están solicitando pagos para supuestos trámites de libreta sanitaria o carnet de manipulación de alimentos. Al respecto, la empresa fue categórica al señalar que no existe ninguna persona con ese nombre trabajando en Cagnoli y que no debe abonarse ninguna suma de dinero para realizar esos trámites.

Desde la empresa remarcaron que no realizan ningún tipo de cobro para participar de procesos de selección ni para ingresar a trabajar. Asimismo, señalaron que sus búsquedas laborales se desarrollan exclusivamente mediante entrevistas personales y comunicaciones realizadas a través de sus canales oficiales.

Ante esta situación, pidieron a la comunidad no efectuar pagos, no compartir información personal o bancaria y desconfiar de cualquier publicación que exija dinero para acceder a una oportunidad laboral, ya que se trata de una modalidad fraudulenta.

Finalmente, Cagnoli recordó que el único correo electrónico habilitado para recibir currículums es cv@cagnoli.com para quienes deseen incorporarse a la empresa.

Asimismo, informaron que sus canales oficiales en redes sociales son LinkedIn, Facebook e Instagram, donde también publican información vinculada a la compañía y a sus búsquedas laborales.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) aseguró que no recibió ninguna notificación judicial sobre el pedido de captura que pesaba sobre Marta Noemí Mitrovich al momento de tramitar y retirar su Documento Nacional de Identidad (DNI), luego de que trascendiera que la mujer, prófuga en la causa por la presunta estafa a la peluquera Merlín Díaz Silva que luego se suicidó, obtuvo un nuevo ejemplar del documento sin ser detenida.

El organismo detalló que Mitrovich inició el trámite presencial de un nuevo DNI el 28 de mayo de 2026, a las 16:20, bajo la modalidad exprés en la sede central ubicada sobre la avenida Roque Sáenz Peña al 600, en la Ciudad de Buenos Aires. El documento fue retirado por la propia titular al día siguiente, el 29 de mayo, a las 17:56.

Según explicó la entidad, recién el 4 de junio la Policía Federal Argentina (PFA) solicitó formalmente las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes al día en que la mujer realizó el trámite. El organismo remarcó que ese requerimiento fue presentado seis días después de la gestión del DNI y cinco días después de que el documento fuera retirado.

En ese sentido, sostuvo que durante todo el procedimiento “jamás recibió ningún tipo de oficio o notificación judicial” que informara sobre un pedido de captura o alguna restricción contra Mitrovich.

El organismo sostuvo además que la emisión del DNI se procesa de manera automática y que únicamente puede bloquearse cuando existe una orden judicial expresa incorporada a sus sistemas. Asimismo, aclaró que, a diferencia del pasaporte, el trámite del documento nacional de identidad no contempla controles vinculados con pedidos de captura, salvo que medie una disposición judicial específica.

Respecto del pedido realizado por la Policía Federal, el Renaper indicó que la fuerza únicamente requirió el material fílmico para la investigación y que tampoco informó en esa presentación que la mujer se encontraba prófuga de la Justicia.

Finalmente, reafirmó que su función es garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos y aseguró que colaboró de manera inmediata con los requerimientos formulados por la Justicia y las fuerzas de seguridad.

La situación de Mitrovich se conoció en el marco de la investigación por la presunta estafa que derivó en el suicidio de una peluquera, causa en la que hay dos mujeres detenidas y la sospechosa permanece prófuga. NA

Una mujer denunció en la ciudad de General Madariaga que fue estafada por un falso Kevin Costner a quien le transfirió más de tres millones de pesos durante la supuesta relación sentimental que duró varios meses en redes sociales.

El fiscal Walter Mércuri tomó intervención en una causa de gran revuelo luego de que una mujer haya expuesto ante la Justicia que cayó en una estafa virtual tras mantener una relación con un perfil de la red social TikTok que suplantaba la identidad del reconocido actor Kevin Costner.

En la denuncia, la víctima señaló que todo inició en 2025 y continuó hasta mediados de este año cuando detectó diversas irregularidades, aunque ya era tarde.

Según su relato, el usuario empezó a mandarle mensajes por TikTok, para después continuar las conversaciones por la aplicación Zangi, de mensajería y videollamadas.

La estafa se concretó en dos oportunidades. En la causa se informó que la damnificada hizo dos transferencias a una cuenta bancaria por un total de 3.621.712,35 pesos con el objetivo de obtener un carnet de “socio fanático” del actor estadounidense.

En una oportunidad, el falso Costner intentó que la mujer vendiera su casa bajo la promesa de que compraría una nueva en Santa Marta, California.

Todo cambió cuando la víctima leyó diversos comentarios en la red social en la que se advertía que dicho usuario era falso. Para comprobar su sospecha, verificó los datos del banco al que le transfirió, lo que le permitió detectar que tenía sede en Capital Federal.

No es la primera vez que ocurre una estafa de esta índole con usuarios falsos que utilizan imágenes de famosos. En 2024 dos mujeres de España fueron engañadas mediante una sofisticada maniobra que les hizo creer que mantenían una relación sentimental con Brad Pitt.

En 2023 también se supo de otra denuncia, esta vez una mujer inglesa, quien expuso haber sido engañada por un perfil falso en Instagram en la que también se utilizó la imagen de Costner. NA

Tras solicitar informes al gobierno municipal sobre construcciones en zona protegida, Rogelio Iparraguirre retomó su reclamo para que el Ejecutivo responda sobre el proyecto que presentó hace cuatro meses para profundizar los controles sobre las estafas mediante ventas inmobiliarias bajo la modalidad de condominios. “A esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado”, marcó.

"Nosotros presentamos un proyecto ordenanza el 4 de marzo, que entre otras cosas establece la obligatoriedad de la generación del Certificado de Aptitud Urbanística, que es lo que le va a permitir a cualquier comprador pedírselo al desarrollador. Es como el DNI habilitante del lote, para saber que hasta que no le muestren eso, no tiene que comprar. Es para cuidar y darle seguridad jurídica a los compradores y a su vez es una herramienta de control frente al acto ilegal de quien quiere este cometer estas estafas", señaló Iparraguirre.

El concejal del bloque Fuerza Patria, elevó recientemente un pedido de informe al Ejecutivo municipal con el objetivo de conocer en detalle las actuaciones administrativas frente a construcciones irregulares detectadas en la zona de la calle Israel. Según precisó el edil, se trata de una situación que involucra nueve lotes y seis viviendas ya edificadas por encima de la cota 250, un área donde la normativa del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) establece una subdivisión mínima de 10 hectáreas para vivienda unifamiliar.

Iparraguirre enfatizó que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática recurrente que afecta la seguridad jurídica de los vecinos.  “Desmontaron una manzana entera”, planteó el concejal para marcar que  la obra no pudo haber pasado inadvertido para las autoridades. En el pedido de informe solicitó esclarecer qué medidas se han tomado para frenar las irregularidades que, a su entender, carecen de preexistencia legal respecto a la normativa vigente.

El proyecto para los condominios

El pedido de informe se vincula directamente con la mencionada iniciativa legislativa presentada por su bloque durante marzo. La misma busca dotar al Municipio de Tandil de nuevas herramientas para regular el uso de figuras como el condominio, el fideicomiso o la propiedad horizontal en zonas protegidas. 

El concejal advirtió que, semanalmente, se conocen nuevos casos de desarrolladores que adquieren macizos en áreas restringidas y, mediante la figura del condominio, comercializan lotes a precios tentadores que luego resultan imposibles de escriturar por tratarse de una propiedad indivisible.

“Lo presentamos el 4 de marzo, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Salceda, nos dijo de elevarlo al Ejecutivo, y por supuesto que nos interesa su opinión. Uno siempre está abierto y dispuesto a que la ordenanza sea mejorada si tuviera en que ser mejorada”, contó Iparraguirre. 

"Pero bajó el 6 de marzo, hoy es 26 de junio y duerme en un escritorio. No tuvimos más noticias. Mientras tanto, las estafas continuaron. Entonces a esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado", agregó el concejal.

El concejal insistió con que el problema es ampliamente conocido y que no existe una negación sobre la existencia de las mencionadas maniobras fraudulentas. Por ello, instó a las autoridades a dejar de dilatar la solución, argumentando que cada jornada de inacción legislativa termina beneficiando a los sectores que operan al margen de la ley.

"Cualquier vecino informado sabe que este problema es recurrente, y que hay una avanzada de determinados sectores escrupulosos que están usando esto. Si el problema es conocido y nadie lo niega, ¿por qué frenan la solución? Porque cada día que pasa sin tratar la ordenanza se favorece a los vivos de siempre", concluyó el referente de Fuerza Patria.

Mientras Cristina Kirchner y sus hijos intentan frenar ante la Corte Suprema el proceso de ejecución patrimonial derivado de la causa Vialidad, en Comodoro Py avanza el procedimiento para decomisar 141 bienes. Entre ellos, se encuentran los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner, secuestrados originalmente en la causa Hotesur.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es el responsable de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, el proceso contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes para resarcir el fraude, estimado en 685.000 millones de pesos.

Hace veinte días, la Cámara de Casación ratificó la orden de avanzar sobre 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. A pesar de los recursos interpuestos por la defensa ante el máximo tribunal, desde Comodoro Py sostienen que la ejecución patrimonial sigue su curso.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, en su carácter de presidente del tribunal, ha solicitado informes sobre 141 propiedades, mayoritariamente vinculadas a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. No obstante, una pieza clave para completar el proceso es la respuesta del Banco Galicia respecto a los fondos embargados: 4.664.000 dólares de una caja de seguridad, 992.134 dólares de una caja de ahorro y 53.280,24 pesos.

La justicia federal sostiene que estos activos, que forman parte de la causa Hotesur por asociación ilícita y lavado de activos, no fueron justificados en su origen lícito. El criterio aplicado por el TOF 2 establece que todo bien incorporado al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015 es susceptible de ser ejecutado.

El proyecto de ordenanza presentado por Rogelio Iparraguirre para crear el Certificado de Aptitud Urbanística continúa en revisión por parte del Ejecutivo municipal. En diálogo con El Eco, el concejal recordó la importancia de esta iniciativa como una herramienta para abordar una realidad preocupante en Tandil: el crecimiento de las estafas inmobiliarias que utilizan de manera ilegal la figura jurídica del condominio.

“En principio está el compromiso del Ejecutivo, y va a haber una devolución del proyecto de ordenanza. Entiendo que incluso con una propuesta mejorada, así que bienvenido sea, es la idea. Lo que no debemos permitirnos es no hacer nada, frente a un problema que todos estamos detectando”, expresó Iparraguirre.

La problemática, según explicó el edil, radica en el abuso de la figura del condominio, un modo de propiedad compartida previsto en el Código Civil de la Nación. Sostuvo que en Tandil se registran casos de usos ilegales de dicha herramienta, especialmente en la Zona Protegida, donde se comercializan lotes a precios llamativamente económicos ocultando información crucial a los compradores. Los particulares realizan importantes desembolsos económicos y luego descubren que no pueden escriturar sus parcelas individuales, ya que el condominio representa una propiedad indivisa.

El concejal detalló los tiempos legislativos y la urgencia de la situación actual: "Hace alrededor de tres meses que presentamos el proyecto y hace dos meses y medio fue al Ejecutivo. Porque si hay una opinión que nos parece importante recabar cuando trabajamos en el Concejo Deliberante, es la de quienes después van a tener que ejecutar esta herramienta." Asimismo, alertó sobre la vigencia del conflicto al revelar que “desde que presenté el proyecto a esta parte, me llegaron de primera mano cuatro estafados nuevos en lugares distintos. Esto está pasando en Tandil.”

El proyecto busca dotar al Municipio y a los ciudadanos de un instrumento de control preventivo,  el Certificado de Aptitud Urbanística. "Exige una declaración jurada de los comitentes, es decir, que aquellos que ofrecen y vuelcan este terrenos a la venta en el mercado. Y por supuesto establece todo un sistema de multas.", detalló Rogelio Iparraguirre sobre el funcionamiento técnico de la propuesta.

El concejal aclaró que el certificado funcionará como una suerte de documento de identidad para cada lote en comercialización, permitiendo que cualquier potencial comprador consulte si el vendedor cuenta con la habilitación correspondiente antes de realizar una transacción.  

“Es una herramienta para proteger a los tandilenses, no es que va a evitar la estafa, el estafador no deja de estafar porque sea ilegal el acto de la estafa”, explicó.

Para que la medida sea verdaderamente efectiva, Rogelio Iparraguirre remarcó que se requiere un rol activo por parte de la administración local. "No reemplaza a los controles que debe hacer el Ejecutivo municipal. Al contrario, solo funciona este aporte y sirve si es complementado por un eficiente y efectivo control del Municipio, que debe ejercer fuertemente su autoridad.", sostuvo el concejal.

En ese sentido, el edil fue crítico con el desempeño reciente de las áreas de control del gobierno local. "Esa es precisamente una de las cosas que nosotros creemos que ha flaqueado de un tiempo esta parte, particularmente en lo que hace a la administración del territorio, para que esto no sea tierra de nadie, donde cada uno haga lo que quiere. Hay que ejercer autoridad, control efectivo, eficiente. Y proyectos como este son el complemento de ese control efectivo.", sentenció.

Finalmente, el concejal destacó que la propuesta contempla una campaña de difusión para que la ciudadanía conozca la existencia de este requerimiento y evite caer en engaños. A su vez, se mostró optimista respecto al acompañamiento político en el Concejo Deliberante, asegurando que existe un consenso tácito entre los distintos bloques sobre la necesidad de intervenir de forma urgente para frenar las estafas inmobiliarias.

En el marco de una investigación por estafa y asociación ilícita, la Justicia procedió al secuestro de 19 autos de lujo en una concesionaria ubicada en la localidad de Pilar. La medida, autorizada por el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro, surge tras la denuncia presentada por el diputado Manuel Quintar, quien manifestó haber sido víctima de un engaño en la compra de un vehículo eléctrico.

Según fuentes del caso, los rodados incautados y embargados están valuados en aproximadamente 1.229.200 dólares. El legislador jujeño habría desembolsado una suma de 285 mil dólares, combinando transferencias bancarias y dinero en efectivo, para la adquisición de un Tesla que finalmente nunca le fue entregado por los vendedores.

La causa es llevada adelante por la UFI N°2 de Pilar y tiene como principales sospechosos a una pareja de 42 y 44 años, propietarios del comercio denunciado. Ambos fueron aprehendidos semanas atrás en un operativo policial, aunque recuperaron la libertad poco después. La acusación sostiene que los dueños utilizaban un esquema societario destinado a captar potenciales víctimas mediante la oferta de vehículos de alta gama.

El conflicto se originó en agosto de 2025, cuando el diputado inició las gestiones para comprar su primer Tesla. Tras cumplirse los plazos de entrega sin obtener respuestas, Manuel Quintar radicó la denuncia formal en abril de 2026. A pesar del perjuicio económico, el dirigente logró adquirir recientemente una camioneta Cybertruck 0 kilómetro a través de una importación legal desde Estados Unidos.

El vehículo, que fue visto en el estacionamiento del Congreso de la Nación el pasado miércoles, fue trasladado posteriormente hacia Jujuy por un servicio de grúa contratado por el propio legislador. Desde su entorno aclararon que la nueva unidad se encuentra con toda la documentación en regla y a su nombre, diferenciándola de la operación fallida que hoy investiga la Justicia bonaerense.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, resolvió por mayoría rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Alejandro Muszak, fundador de la fintech Wenance. De esta forma, el tribunal confirmó la denegación de su excarcelación y de la morigeración de su prisión preventiva.

El caso se vincula a una de las mayores estafas financieras de la historia judicial argentina reciente. El imputado se encuentra procesado como jefe de una asociación ilícita en concurso real con estafa reiterada en 524 hechos. Según la investigación, la organización captaba fondos de inversores mediante falsas promesas de altos rendimientos en dólares, con tasas de hasta el 12 por ciento anual, a través de las firmas Wenance S.A. y Be Capital Inversora S.A.

El perjuicio económico estimado por la justicia asciende a 1.850 millones de pesos, siete millones de dólares y 117.000 euros. La magnitud de la maniobra, bajo un esquema Ponzi que dejó de cumplir sus obligaciones en julio de 2023, ha generado repercusiones internacionales. Actualmente, la justicia de Uruguay investiga denuncias de unos 600 damnificados, mientras que en España se admitió una querella por un fraude estimado en más de 100 millones de euros.

El juez Gustavo Hornos lideró el acuerdo destacando que persisten plenamente los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El magistrado ponderó que el ceo posee inmuebles en la ciudad de Miami y que la magnitud de las sumas defraudadas le permitiría mantenerse oculto en el extranjero. Además, se señaló que el imputado incumplió reiteradamente la prohibición de contacto con las víctimas y denunciantes.

Respecto al pedido de arresto domiciliario fundado en razones de salud —Muszak es paciente con VIH de larga data—, la mayoría del tribunal consideró que no se acreditó un riesgo concreto, actual o irreversible. Se determinó que el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza cuenta con los medios necesarios para garantizar el tratamiento y los controles médicos que su patología requiere.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, considerando que correspondía anular la resolución y dictar un nuevo pronunciamiento, al entender que la cámara anterior omitió explicar los motivos concretos para descartar la procedencia del arresto domiciliario previsto en la normativa vigente.

Luego de que el Club Santamarina negara mantener deudas y rechazara públicamente las acusaciones en su contra, el exdirector técnico Carlos Fernando Navarro Montoya difundió un comunicado oficial en el que fijó su postura y apuntó directamente a la responsabilidad contractual de la institución.

En su descargo, el entrenador sostuvo que, según el contrato profesional firmado, era el propio club quien debía hacerse cargo “de manera total y exclusiva” de los gastos de hospedaje y alimentación durante su estadía en Tandil.

“Todas las reservas y gestiones logísticas fueron realizadas directamente por el club, siendo ellos los únicos obligados al pago”, afirmó Navarro Montoya, desmarcándose así de cualquier responsabilidad en la deuda reclamada por un establecimiento hotelero y gastronómico.

Además, reveló que el conflicto no es reciente y que ya se encuentra judicializado. Según indicó, su equipo legal inició acciones hace meses y el 8 de julio de 2025 envió una carta documento intimando al club a regularizar la situación y cumplir con lo pactado.

El exarquero también detalló que el pasado 29 de agosto se llevó adelante una instancia de conciliación, aunque no se alcanzó un acuerdo. “Lamentablemente, no se llegó a un entendimiento debido a la falta de respuesta satisfactoria por parte de la dirigencia”, expresó.

En otro tramo del comunicado, Navarro Montoya manifestó su preocupación por las consecuencias del conflicto: “Lamento profundamente que los prestadores de servicios se vean afectados por la gestión administrativa del club”, aunque insistió en que no le corresponde asumir obligaciones.

Finalmente, el entrenador remarcó que será la Justicia la que determine las responsabilidades y pidió respeto por el proceso en curso. “No permitiré que se me atribuya una responsabilidad financiera que no me corresponde”, subrayó.

Las estafas por WhatsApp suman nuevas víctimas cada semana en la República Argentina. En esta oportunidad, dos jueces resultaron engañados mediante una modalidad donde los estafadores se hacen pasar por empresas reconocidas y solicitan un código de seis dígitos para acceder a cuentas personales. Este tipo de delito digital no discrimina y afecta tanto a adultos mayores como a profesionales experimentados.

Los involucrados en este episodio fueron el juez de la Cámara de Apelaciones penal de San Isidro, Luis Cayetano Cayuela, y su colega Juan Eduardo Spannuk, de 74 años. Ambos sufrieron el robo de sus cuentas tras recibir comunicaciones engañosas en las que la banda utilizó información real para convencer a las víctimas.

Según se difundió a través de registros sonoros, uno de los delincuentes expresó a una de las víctimas:

“Hemos detectado una alerta inusual en el sistema donde el número se ha registrado y verificado en otro dispositivo. ¿A usted lo han comunicado alguna propaganda, ha escaneado algún código QR?”

Ante la sorpresa del damnificado, los estafadores solicitaron los seis números enviados por mensaje bajo la excusa de habilitar nuevamente la cuenta. La periodista Luciana Rubinska advirtió sobre este accionar:

“Nunca envíes un código que te puedan llegar a pedir desde el otro lado. O sea, nunca envíes el código si alguien te lo pide, porque te engañan, porque te estafan y porque es muy fácil caer”

Otro aspecto alarmante de esta problemática es que el delito se organiza frecuentemente desde establecimientos penitenciarios. "Este tipo de estafas se hacen desde las cárceles, con teléfonos celulares", señaló Rubinska, destacando la paradoja de que internos procesados continúen operando bajo esta modalidad en el país.

Una vez que obtienen el acceso, los delincuentes utilizan la cuenta robada para contactar a conocidos y solicitar transferencias urgentes de dinero o favores económicos. La metodología se repite en varias provincias: el estafador se presenta como empleado de un correo privado o una empresa de servicios, indica que hay un problema de seguridad o un paquete pendiente y solicita el código de verificación de WhatsApp, lo que le permite tomar control total de la aplicación.

Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan implementar la autenticación en dos pasos como barrera principal. Asimismo, es fundamental recordar que ninguna empresa legítima solicitará códigos de seguridad recibidos por SMS o WhatsApp para realizar gestiones de rutina. Aunque puede resultar un paso extra en la configuración, incrementa significativamente el nivel de seguridad ante futuros intentos de fraude.

Un jurado federal en California determinó que el magnate Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter, provocando una caída en el precio de las acciones de la compañía mientras se preparaba para adquirirla en una operación de 44.000 millones de dólares. El veredicto, emitido tras un juicio de tres semanas en un tribunal de San Francisco, implica que el hombre más rico del mundo podría ser obligado a pagar miles de millones de dólares en concepto de daños.

Los integrantes del jurado concluyeron que dos publicaciones realizadas en mayo de 2022 por el director ejecutivo de Tesla y SpaceX contenían declaraciones falsas. Estas afirmaciones fueron señaladas como las responsables de un desplome en la cotización de la red social. La demanda colectiva fue presentada por el inversor Giuseppe Pampena en representación de quienes vendieron sus acciones entre mediados de mayo y principios de octubre de ese año.

Según el formulario del veredicto, Musk violó una norma de valores que prohíbe realizar declaraciones engañosas que afecten el precio de una acción. Un abogado de los demandantes estimó que los daños ascienden a unos 2.600 millones de dólares. No obstante, el jurado de nueve personas absolvió al empresario de algunas acusaciones de fraude, al considerar que no existió un esquema deliberado para engañar a los inversores.

Minutos después de conocerse la sentencia, los representantes legales de Musk, quien completó la adquisición de la plataforma a fines de octubre de 2022 y luego la renombró como X, anunciaron que apelarán la decisión. Calificaron el resultado como un contratiempo en la trayectoria legal del multimillonario, quien suele salir ileso de este tipo de litigios.

Este fallo representa una derrota inusual para Musk. En 2023, un jurado del mismo tribunal de San Francisco lo había absuelto de cargos similares presentados por accionistas de Tesla, tras sus publicaciones de 2018 donde aseguraba tener el financiamiento para retirar a la automotriz de la bolsa. Actualmente, la fortuna del empresario se estima en 839.000 millones de dólares, sustentada principalmente en sus participaciones en empresas tecnológicas y de exploración espacial.

La Cooperativa Obrera difundió un comunicado para advertir a asociados y consumidores sobre la circulación de mensajes falsos que utilizan el nombre de la entidad para intentar cometer estafas digitales.

Según informaron, las comunicaciones apócrifas se están difundiendo a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y anuncios pagos en redes sociales como Facebook e Instagram. En esos mensajes se suele anunciar la supuesta creación de una “nueva página web”, promociones con “descuentos para jubilados” o incluso promesas de premios en efectivo.

Desde la cooperativa explicaron que, en muchos casos, se les solicita a los usuarios que agenden un número telefónico o que ingresen a un enlace, acciones que forman parte de maniobras de fraude digital destinadas a obtener datos personales o bancarios.

Ante esta situación, la entidad aclaró que nunca solicita datos personales por teléfono ni por ningún otro medio de contacto directo con los clientes. Además, recordó que los nombres de los ganadores de sus promociones se publican exclusivamente en su sitio web oficial y en sus redes sociales verificadas.

También indicaron que la entrega de todos los premios que organiza la cooperativa se realiza de manera presencial en sus sucursales.

Para consultas o dudas, recomendaron comunicarse únicamente a través de los canales oficiales: la línea telefónica 0800-333-3443, disponible de lunes a viernes de 8 a 17, el correo electrónico institucional y las redes sociales identificadas como @LaCoopeAr.

Por último, desde la cooperativa recordaron que, en caso de ser víctima de una estafa virtual, se recomienda realizar la denuncia de inmediato en la comisaría más cercana o en la fiscalía de turno. También se puede recurrir a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina, además de notificar al banco correspondiente y conservar las pruebas del hecho, como capturas de pantalla o correos electrónicos.

El juez comercial Javier Cosentino citó a prestar declaración testimonial al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y a otros tres representantes de la entidad en el marco de la causa iniciada por el empresario Guillermo Tofoni por el presunto incumplimiento de un contrato firmado en 2021.

La demanda sostiene que ese acuerdo le otorgaba a Tofoni la exclusividad para organizar los partidos amistosos de la Selección Argentina. El expediente tramita bajo el número 84.904/2023 en el Juzgado Comercial Nº 8.

La decisión del magistrado responde a un pedido del apoderado legal de Tofoni, el abogado Marcelo Bombau, quien solicitó garantizar la comparecencia de los directivos para avanzar con la etapa de producción de pruebas.

Se trata de un segundo llamado, ya que los testigos no se presentaron a las primeras audiencias fijadas para febrero. Esa ausencia alteró los tiempos del proceso y motivó el reclamo de la querella.

Además de Toviggino, fueron convocados el director comercial y de marketing de la AFA, Leandro Petersen; el gerente de legales, Andrés Paton Urich; y la abogada y exapoderada de la entidad, Ana Cimino.

Toviggino y Petersen deberán presentarse el 20 de mayo a las 8.30, con fecha alternativa el 26 del mismo mes. Por su parte, Paton Urich y Cimino fueron citados para el 28 de mayo, con el 1º de junio como día supletorio.

En paralelo, la representación del empresario presentó un escrito solicitando la caducidad y negligencia de la demandada en la producción de la prueba testimonial que la propia AFA había ofrecido al inicio del proceso.

El planteo se fundamenta en la falta de impulso para concretar las declaraciones de Juan Pablo Beacon, exasesor del Consejo Federal; Luciano Pantano, expresidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa; y María Sol Dupillet.

Las audiencias estaban previstas para los días 20, 24 y 26 de febrero. Según el escrito, las cédulas para Pantano y Dupillet fueron devueltas sin notificar en noviembre de 2025 y la defensa de la AFA no realizó gestiones para concretar las citaciones.

En el fuero comercial, las partes deben impulsar las pruebas que ofrecen. Si no lo hacen, la contraparte puede solicitar que se declare la negligencia, lo que implicaría que la institución pierda la posibilidad de incorporar esos testimonios como parte de su defensa.

El conflicto tiene origen en la disputa por los derechos comerciales de la Selección. Tofoni actuó como agente histórico encargado de los encuentros del equipo nacional y sostiene que fue marginado pese al contrato firmado en 2021.

La AFA rechazó las acusaciones y cuestionó la legitimidad de los documentos presentados. Para dirimir esa controversia, el juez ordenó una pericia caligráfica oficial. El informe confirmó la autenticidad de las firmas de los directivos de la AFA en el contrato en disputa.

Tras conocerse el resultado, la defensa de la entidad, a cargo del abogado Federico Helfer, presentó un pedido de nulidad con el objetivo de invalidar el peritaje y apartarlo del expediente.

El juez Cosentino deberá resolver en los próximos días tanto la validez procesal de la pericia como el pedido de caducidad impulsado por el empresario, decisiones que podrían incidir en el desarrollo del litigio.

El caso $LIBRA, uno de los hechos más resonantes de la gestión del Javier Milei, cumple un año este sábado. A las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025, el Presidente publicó un tuit en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda. Minutos después, más de 44.000 personas en todo el mundo resultaron afectadas.

Tras ese episodio, sobre el que Milei tuvo algunas idas y vueltas en sus dichos, la Justicia inició una investigación y la oposición impulsó una Comisión Especial Investigadora en Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para intentar descular la participación del mandatario y su entorno en el hecho.

Para que la llamada ‘memecoin’ tuviese repercusión y alcance a miles de usuarios, la publicación de Milei fue clave: presentó a $LIBRA como un "instrumento" para financiar pequeñas y medianas empresas de tecnología e inteligencia artificial en nuestro país, junto a un código alfanumérico que les permitía a los usuarios adquirir el token de manera directa.

Luego de dicha publicación, el valor de la criptomoneda se disparó rápidamente debido a la compra masiva de personas que tomaron a la figura presidencial como un respaldo confiable. Horas después, el precio cayó en más de un 85%, cuando los propios creadores y grandes beneficiarios del token vendieron sus posiciones, una jugada conocida en el mundo cripto como “rug pull” o “estafa de salida”.

Al trascender este hecho, el Presidente borró la publicación, pero escribió otra excusándose de haber apoyado “un supuesto emprendimiento privado” del que “no tenía vinculación alguna”.

“Yo no lo promocioné, solo lo difundí”, dijo Milei tras varios días en una entrevista televisiva. Luego de ello, argumentó que su cuenta de redes sociales no puede tomarse como una comunicación de carácter presidencial.

Tres días después del tuit, el 17 de febrero de 2025, se presentaron formalmente las primeras denuncias penales “por presunta estafa y asociación ilícita”, que quedaron a cargo de la jueza María Servini. El fiscal federal Eduardo Taiano inició una investigación el 21 de febrero para determinar la responsabilidad de Milei y de los dos desarrolladores vinculados: el estadounidense Hayden Davis y el empresario argentino Mauricio Novelli.

En total fueron 44.000 personas estafadas en todo el mundo. En Argentina, la Comisión $LIBRA confirmó que al menos hay 1.329 damnificados. Paralelamente, en Estados Unidos se inició una demanda colectiva en Nueva York, en un tribunal federal del Distrito Sur, que acusa a Milei de emitir una "declaración promocional altamente engañosa".

Novelli fue señalado como puente principal entre los creadores de $LIBRA y el círculo rojo del presidente Javier Milei, ya que se registraron 10 ingresos suyos a Casa Rosada durante 2024, autorizados, en su mayoría, por la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.

Asimismo, la justicia confirmó que es el titular de una de las billeteras digitales que recibió transferencias directas desde las cuentas de los creadores de la memecoin, luego de las reuniones que derivaron en este hecho. Servini ordenó la inmovilización de sus bienes y el allanamiento de su domicilio, además de investigarlo por presunto entorpecimiento, luego de haber borrado posible información de sus dispositivos y vaciado cajas de seguridad de sus familiares.

Davis es CEO de la empresa Kelsier Ventures, especializada en la creación y lanzamiento de tokens y criptomonedas. Está identificado como el principal impulsor de $LIBRA, luego de haber firmado un contrato de confidencialidad donde el empresario tomaba el rol de “asesor ad honorem” del Estado argentino “en materias de blockchain e inteligencia artificial”.

Dos semanas después de la consumación de ese documento, Milei promocionó en sus redes sociales a $LIBRA y, luego de las investigaciones que comenzaron posteriormente a esta estafa, se confirmó que existen billeteras vinculadas a Davis, que realizaron transferencias superiores a un millón de dólares; también hubo mensajes de teléfono donde el CEO norteamericano se jactaba de “influir” en el Gobierno argentino mediante ciertos pagos a Karina Milei.

Para finalizar, la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados presentó un informe final, el 18 de noviembre del año pasado, donde los legisladores concluyeron que existió una "colaboración imprescindible" por parte del Presidente en la promoción de la criptomoneda e instó al Congreso a definir un posible juicio político. Luego de la disolución de la comisión por el cumplimiento de su mandato, los diputados nacionales que la integraban trasladaron las pruebas a la justicia federal, donde iniciaron una denuncia formal.

Hasta el día de hoy, el Gobierno de Javier Milei sostiene que no tiene ninguna relación con las personas que intervinieron e, incluso, niega haber obtenido algún beneficio económico: “Se trató de un problema entre privados, el Presidente simplemente lo difundió”.

Un ciudadano de nacionalidad brasileña, de 26 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras permanecer prófugo durante tres meses, acusado de haber cometido una defraudación informática contra un vecino de Tandil. El arresto, concretado el pasado sábado por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se produjo cuando el sospechoso intentaba abordar un vuelo para abandonar el país con destino a Brasil. 

Según informaron fuentes oficiales, el joven, identificado como Marcos Vinicius Fernandes Camargo y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), era buscado desde octubre pasado por una orden de detención dispuesta por José Alberto Moragas, titular de uno de los Juzgados de Garantías con sede en Tandil.

La investigación, liderada por el fiscal Adrián Peiretti, a cargo de la UFI 22, detalla que el ilícito ocurrió el 24 de agosto de 2023 en Tandil. Según las actuaciones penales, el imputado habría manipulado informáticamente la cuenta de un banco privado perteneciente al damnificado, logrando transferir mediante homebanking la suma de dos millones de pesos hacia una cuenta propia. 

Aproximadamente tres horas después de concretar la transferencia, Fernandes Camargo se habría presentado personalmente en una sucursal bancaria del barrio de Palermo, en CABA, para retirar 500.000 pesos en efectivo por ventanilla.

El resto del dinero sustraído fue diversificado a través de distintas operaciones financieras para dificultar su rastreo. De acuerdo con lo investigado, el joven transfirió el capital remanente a una billetera virtual de una fintech registrada a su nombre, destinando 600.000 pesos a la compra de Bitcoins y realizando nuevas transferencias con el saldo restante. El proceso judicial ya había incluido un intento de captura el pasado 16 de octubre, cuando se allanó un departamento en el séptimo piso de un edificio sobre la calle Monroe, en CABA. Sin embargo, en aquella ocasión el investigado no pudo ser hallado y permaneció evadido hasta su reciente interceptación en la terminal aérea.

Tras su captura, el joven fue indagado este domingo de manera virtual por el fiscal de la causa, audiencia en la cual estuvo asistido por un defensor particular y optó por declarar para exculparse de los cargos que se le imputan. 

Por el momento, el imputado permanece alojado de forma transitoria en una seccional policial de CABA, mientras las autoridades gestionan un cupo para su posterior traslado a una unidad penal bajo la jurisdicción del Departamento Judicial Azul. El caso continúa su curso bajo la carátula de defraudación informática, afectando el patrimonio de un hombre radicado en Tandil que sufrió la sustracción de dos millones de pesos de su cuenta bancaria.

En el allanamiento de la mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, ordenado por el juez Daniel Rafecas, se hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la Real Central SRL, empresa vinculada a los hombres fuertes de la AFA,

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

Las medidas que había dispuesto el juez federal Daniel Rafecas apuntaban a determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Sin embargo, cuando el allanamiento todavía estaba en curso, la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió cerca del mediodía de este viernes que la causa por presunto lavado de dinero por la compra de la mansión en Villa Rosa, Pilar, quede a cargo de la justicia en el Penal Económico y no del juez federal Rafecas.

Con este fallo, la causa pasa al juzgado en lo Penal Económico 10, que subroga el juez Marcelo Aguinsky, y quien el lunes regresará de una licencia.