Desde hace un tiempo a esta parte –denuncia pública del concejal Rogelio Iparraguirre y de la Asamblea por la Preservación de las Sierras mediante-, se instaló en la agenda pública de Tandil un tema preocupante: la proliferación de ventas de lotes en Zona Natural Protegida mediante la modalidad de condominios, una figura prohibida para subdividir terrenos.

Mientras avanza la implementación de la ordenanza que generó un Certificado de Aptitud Urbanística (de a poco, la propuesta de Fuerza Patria fue presentada en marzo y el Ejecutivo todavía desarrolla una aplicación al respecto), el gobierno local incorporó seis nuevos inspectores que están a cargo de la Dirección de Obras Privadas.

En recorridas diarias, desde septiembre a esta parte ya labraron 51 actas de infracción por las que se iniciaron causas en la Justicia de Faltas. Del total de infracciones, unas 15 corresponden a posibles loteos ofrecidos mediante la modalidad condominio en Zona Protegida.

Por el tema, El Eco dialogó con el director de Obras Privadas del Municipio, Manuel Aguerre, y con la arquitecta Sandra Banda Noriega, coordinadora del grupo de inspectores, que a la fecha son nueve en total.

Desde la Dirección señalaron la necesidad de incorporar inspectores, "para acompañar el Plan de Desarrollo (PDT) con mas inspección". Luego de recibir consultas por parte de damnificados y sumado a los casos de estafas por venta de condominios que tomaron estado público, el Ejecutivo resolvió incorporar seis nuevos agentes y tres móviles destinados a estos inspectores.

La cuadrilla de inspectores –cuatro arquitectos y dos técnicos- está coordinado por la arquitecta Sandra Banda Noriega. En grupos de dos, y divididos en 22 zonas, recorren diariamente la ciudad. Lo hacen para detectar irregularidades en obras en marchas, verificar la existencia de planos y permisos o atender denuncias que pueden recepcionar de otras áreas municipales.

Desde el primero de septiembre llevan labradas 51 actas de infracción que terminaron en los Juzgados de Faltas locales, desde donde se generaron las respectivas causas. Los jueces, en una primera instancia, ratificaron la medida de "paralización inmediata" que les fue ordenada en las Actas de Infracción.

De ese total, desde Obras Privadas estimaron que unos 15 podrían tratarse de condominios: los detectaron tanto en las recorridas como en relevamientos que realizaron en ofrecimientos que circulan por redes sociales. Son solo los registrados en las inspecciones desde el 1 de septiembre y en el listado no figura, por ejemplo, el condominio de Lanza del Vasto e Israel sobre el que el Juzgado de Faltas N°2 ordenó demoler viviendas.

De esos aproximados 15 loteos, será la Justicia quien determinará si constituyeron estafas, pero un primer dato que surge del relevamiento es preocupante: todos están ubicados en Zona Natural Protegida Sierras de Tandil.

Los funcionarios señalaron que en gran parte de los loteos posiblemente irregulares detectados también  pudieron verificarse construcciones avanzadas. En algunos casos, trazados de calles y hasta tendidos eléctricos. Se han infraccionado tres, cuatro y hasta seis viviendas dentro de un mismo lote, según sostuvieron.

Desde Obras Privadas indicaron que si bien las consultas de posibles compradores solían presentarse ante Catastro, en el último tiempo, luego de que resonantes casos tomaron estado público, aumentó el número de vecinos que se acercan a la Dirección para recibir asesoramiento.

Pero en cuanto a las infracciones, aclararon, se notifica al dueño dominial del macizo, no del supuesto lote en particular: en los planos catastrales figura un solo terreno que por su ubicación en Zona Protegida no puede subdivirse.

“Los compradores de un condominio no van a poder obtener un permiso para poder construir su casa. Esto no esta permitido por el PDT actual. En la mayoría de las zonas en las que encontramos esos probables condominios se puede construir una solo vivienda por parcela”, explicaron.

Al momento, agregaron, no recibieron denuncias por intentos nuevos de estafas: los casos que infraccionaron y que ya están en manos de la Justicia corresponden a relevamientos propios.

“Cuando surjan nuevas detecciones o denuncias, actuaremos. Hace poco tiempo se sancionó la Ordenanza (de condominios) que es una herramienta mas con la que contamos y la vamos a aplicar”, concluyeron.

La llegada del CyberMonday, que se desarrollará del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, pondrá nuevamente en circulación promociones y facilidades de pago para comprar por internet. Antes de concretar una operación, conviene revisar tanto las condiciones de la oferta como la identidad de quien vende.

Las recomendaciones de Juan Cruz Eguibegui, responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic) de Tandil, apuntan a reducir los riesgos de estafas y contar con documentación para reclamar si surgen problemas. Ingresar desde el portal oficial del evento, consultar la reputación del comercio y guardar una captura de la promoción son algunos de los recaudos que señaló el funcionario en sus intervenciones sobre el tema.

Revisar al vendedor y las condiciones

Uno de los primeros pasos consiste en comprobar quién está detrás de la publicación. Las calificaciones y experiencias de otros compradores aportan información para evaluar al vendedor antes de efectuar un pago.

También es necesario verificar que el producto esté disponible y conocer la fecha prevista de entrega. Cuando esa información no aparece con claridad, la recomendación de la oficina es consultar al comercio antes de avanzar.

Conservar una captura de la oferta permite dejar constancia del precio y de las condiciones anunciadas, un respaldo útil si después aparecen diferencias con lo contratado. A ello debe sumarse el ticket o la factura, necesarios para acreditar la operación y gestionar reclamos o garantías. Tal como informó El Eco, Eguibegui destacó esos recaudos entre los consejos centrales para las compras durante el CyberMonday.

Proteger las claves y controlar el costo

En las recomendaciones difundidas este año, la Omic también puso el foco en utilizar conexiones privadas y revisar el CUIT y el domicilio de la empresa. Son comprobaciones que ayudan a identificar al proveedor antes de entregar información personal o bancaria.

Otro aspecto que debe observarse es el costo del envío y el plazo que tendrá el comercio para cumplir con la entrega. Esos datos forman parte de las condiciones que el comprador necesita conocer antes de confirmar la operación.

En materia de seguridad bancaria, la indicación es concreta: no compartir la clave de homebanking ni el token con ninguna persona. La oficina aconseja, además, controlar los resúmenes de las tarjetas y los movimientos bancarios para advertir consumos que el titular no reconoce.

Los antecedentes locales

La necesidad de extremar los cuidados también se vincula con modalidades de engaño que continúan registrándose en la ciudad. Como informó este medio en septiembre, la oficina local advirtió sobre maniobras dirigidas a quienes venden productos en redes sociales.

En esos casos, los delincuentes simulan haber transferido un monto superior al acordado y exigen que se les devuelva la diferencia. La presión busca que la víctima envíe dinero sin comprobar si realmente recibió un pago.

La recomendación es frenar la operación y verificar personalmente los movimientos de la cuenta. Si persisten las dudas, corresponde consultar con el banco mediante sus canales oficiales y evitar actuar únicamente sobre la base de un comprobante enviado por un desconocido.

Asesoramiento para los consumidores

Ante dudas sobre una compra o inconvenientes con un proveedor, los vecinos pueden solicitar orientación en la Omic, ubicada en Chacabuco 383, planta baja del Palacio Municipal.

La atención se brinda de lunes a viernes de 8 a 14. También están disponibles el teléfono gratuito 0800-333-0477 y el correo omic@tandil.gov.ar. El área asesora y acompaña a los consumidores ante consultas, denuncias y reclamos relacionados con bienes y servicios.

La Obra Social de Petroleros (OSPe), que cuenta con delegación y un importante número de afiliados en Tandil, advirtió por intentos de estafa a través de llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp. La entidad aconsejó no compartir datos para evitar fraudes.

OSPe apuntó a maniobras fraudulentas en las que personas ajenas se hacen pasar por empleados de la obra social o de organismos de salud para obtener datos personales, claves fiscales o intentar gestionar traspasos de obra social con información falsa.

“En los últimos días detectamos intentos de estafa a afiliados de OSPe a través de llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp. En estos contactos, se hacen pasar por OSPe o por supuestos entes regulatorios para informarte sobre cambios en tu credencial o gestión de tu cobertura. Es una maniobra fraudulenta”, indicaron a través de correo electrónico.

En tanto, alertaron que los delincuentes buscan obtener datos personales para traspasar al afiliado a otra entidad de salud, poniendo en riesgo su cobertura.

En ese sentido, informaron que OSPe nunca pide claves, códigos ni datos sensibles por teléfono o WhatsApp; que no se necita validar información porque ya forma parte del perfil de cada usuario y que no realiza cambios de cobertura sin el consentimiento formal del afiliado.

En caso de recibir algún tipo de llamado o mensaje para solicitar información mencionando a OSPe, recomendaron no brindar datos personales, cortar la comunicación y reportar el caso de inmediato a los canales oficiales de la obra social.

Ante cualquier duda, comunicarse con la línea gratuita de atención 0800 444 6773 o dirigirse a la delegación más cercana.

En el último tiempo se instaló en la agenda pública de Tandil una problemática preocupante: la proliferación de estafas por la venta de lotes bajo la figura de condominios en Zona Protegida. Se trata de una modalidad para la que la ley vigente no permite la subdivisión de los terrenos, por lo que los compradores no pueden luego acceder a su título de propiedad. 

Pero atrás de cada operación irregular hay historias, y un vecino estafado mediante la compra de un lote bajo la modalidad condominio dialogó con El Eco y contó la suya: vio el terreno por Marketplace, y hasta firmó el boleto en una inmobiliaria céntrica con certificación de escribano. 

Todo parecía en regla, pero una vez concretada la compra, y por otros casos que se hicieron públicos, comenzó a desconfiar. Consultó al Municipio y confirmó su sospecha: le mostraron un mapa de Tandil y le dijeron que el lugar forma parte de la Zona Protegida, y que no se puede subdividir. 

“Lo cuento para que a otro no le pase”, dijo el vecino, que prefirió no dar a conocer su nombre. Su caso es uno de tantos por los que el Concejo Deliberante aprobó recientemente un proyecto presentado por el concejal Rogelio Iparraguirre, que estableció que los vendedores deben contar con un Certificado de Aptitud Urbanística para que los compradores tengan información concreta de qué puede hacerse y qué no en cada lugar.

El caso vuelve a poner la lupa sobre la efectividad de los controles municipales. Si bien desde la Comuna informaron que sumaron agentes para relevar este tipo de posibles operaciones, lo cierto es que el lote en cuestión continúa siendo ofrecido a la venta por internet. 

Si bien el tema tomó relevancia en los últimos meses, no se trata de algo nuevo. Los loteos irregulares bajo la modalidad de condominio en Zona Protegida vienen siendo denunciadas desde hace tiempo por la Asamblea por la Preservación de las Sierra: uno de los lugares señalados fue el de unos terrenos ubicados a metros de la avenida Juan B. Justo, en la zona de La Elena. Un lote de ese lugar fue el que compró el vecino que contó su historia.

El vecino buscaba un lote por dos motivos, a modo de inversión y para contar con un espacio verde propio. Había visto otras opciones en diferentes zonas, hasta que dio en Marketplace con un terreno de poco más de 500 metros cuadrados en la zona de La Elena y se decidió a ir a conocerlo.

Escribió al número que figuraba en el sitio y concretó una visita. En el lugar lo esperaba un vendedor quien le informó de la modalidad de la venta: el valor total del terreno –sin gas y sin agua- era de alrededor de 20 mil dólares con una parte a pagar en cuotas. Si bien otras ofertas se encontraban en precios similares –incluso con acceso a servicios- la posibilidad de financiamiento terminó de definir al vecino. El único servicio con el que cuenta la zona es con luz, y algunos lotes ya cuentan con postes y medidores.

La transacción se hizo en una inmobiliaria céntrica. “No te da a dudar. Me dieron el sobrecito, todo, ¿Qué me iba a imaginar?”, contó. 

En paralelo a la compra y por publicaciones en diarios y portales empezaron a conocerse casos de estafas por ventas bajo la modalidad condominio: el más resonante fue el de calle Israel, donde luego de un pedido de informe de Fuerza Patria la Justicia de Faltas ordenó demoler casas, y otro también en la zona de La Helena, donde hubo un vecino agredido.

Entonces el vecino empezó a sospechar. Escribió un correo electrónico al área municipal de Catastro: “Me contestaron que era un loteo irregular y que no se podía subdividir”, relató.

Al enterarse de los pormenores de la situación en la que estaba envuelto, el vecino fue en persona a Obras Públicas. “En mesa de entradas me mostraron un plano enorme que tiene la zonificación, pero no te dan mucha información”, sostuvo.

A su vez se dirigió también a la inmobiliaria. “Esta persona me dijo como que a él no lo querían en el Municipio y que por eso le ponían trabas, y que la mitad de Tandil no está declarado, y que esto era un proceso que a la larga iba a salir. Las cosas irregulares no me gustan así que le pedí la seña”, señaló.

Con el paso del tiempo, el vecino tomó contacto con otros compradores. Algunos de ellos ya contaban con postes de luz habilitados por la Usina, e incluso habían comenzado a construir.

Sin embargo, a través del diálogo con ellos conoció que la situación variaba en cada caso. “Yo había firmado por cuotas, pero algunos otros pagaban otros montos, porque hay gente muy necesitada. Cualquier cosa le venía bien”, marcó en referencia al vendedor.

El caso del vecino no llegó a instancia judicial, y pese a las demoras, le fue devuelto lo que había pagado a modo de seña. Sin embargo, relató su historia con el ánimo de informar y prevenir a otros posibles compradores. Mientras tanto, en sitios en línea se siguen ofreciendo terrenos del mismo loteo, aunque ahora el valor es de 15 mil dólares. “Lote en oportunidad”, dice la publicación al alcance de todos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a poner el foco sobre una modalidad de estafa que busca engañar a contribuyentes mediante correos electrónicos falsos que aparentan haber sido enviados por el organismo. Según informaron, los mensajes pueden informar sobre supuestas deudas impositivas, fiscalizaciones o problemas con la situación fiscal de la persona. El objetivo es generar preocupación y conseguir que la víctima ingrese a un enlace incluido en el correo.

Desde el organismo remarcaron que estos mensajes son falsos y que los contribuyentes no deben abrir los links incluidos ni proporcionar información personal. Una de las principales claves para detectar el engaño es conocer cuáles son los canales que realmente utiliza la entidad. El dato central es que ARCA nunca solicita pagos, datos personales ni claves mediante correo electrónico. Tampoco utiliza mails para informar sobre situaciones judiciales o exigir la cancelación inmediata de una deuda.

La única vía oficial utilizada para notificar a los contribuyentes sobre su situación fiscal es el Domicilio Fiscal Electrónico, al que se accede con CUIT o CUIL y Clave Fiscal desde el sitio oficial de ARCA. Un correo del organismo puede avisar que existe una nueva comunicación disponible, pero el contenido de la notificación debe consultarse dentro del Domicilio Fiscal Electrónico.

También hay otra señal que permite detectar posibles estafas: las comunicaciones actuales que se presentan como enviadas por la AFIP deben despertar sospechas. El organismo fue disuelto mediante el Decreto 953/2024 y reemplazado por ARCA. Además, es importante revisar cuidadosamente la dirección del remitente, desconfiar de mensajes que generan urgencia para realizar un pago y evitar abrir enlaces recibidos en comunicaciones dudosas.

Ante la recepción de un supuesto mensaje del organismo, la recomendación es no responder, no hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos. Si existe alguna duda sobre una deuda o notificación, lo indicado es ingresar directamente al sitio oficial y revisar el Domicilio Fiscal Electrónico. ARCA también aclaró que no solicita pagos ni información personal mediante WhatsApp, redes sociales o llamadas telefónicas.

Para reducir los riesgos, el organismo recomienda no compartir la Clave Fiscal, utilizar contraseñas seguras y modificarlas periódicamente, evitar conexiones a redes WiFi públicas y desactivar conexiones automáticas como Bluetooth o NFC cuando no sean necesarias. Los intentos de phishing pueden denunciarse reenviando el mensaje completo a phishing@arca.gob.ar, canal habilitado para reportar este tipo de maniobras.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Tandil advirtió sobre la continuidad de una modalidad de estafa virtual que se utiliza desde hace aproximadamente una década y que, pese a ser ampliamente conocida, continúa registrando víctimas a partir de publicaciones realizadas en redes sociales para la venta de distintos productos.

Se trata de una versión digital del conocido “cuento del tío”, en la que los estafadores se contactan con personas que publican algún objeto para la venta, simulan estar interesados en comprarlo y, mediante el engaño, la presión o la manipulación, consiguen que sea el propio vendedor quien termine transfiriendo dinero a cuentas de terceros.

Una de las maniobras más frecuentes comienza cuando el supuesto comprador asegura haber realizado una transferencia o enviado una seña. Poco después vuelve a comunicarse afirmando que, por error, transfirió una suma superior a la acordada y solicita que le “devuelvan” la diferencia.

En ese momento, los delincuentes suelen generar una situación de urgencia, preocupación o presión para lograr que la persona actúe rápidamente y realice la supuesta devolución sin comprobar previamente si el dinero efectivamente ingresó en su cuenta.

Desde la OMIC señalaron que muchas de estas maniobras se sostienen en situaciones que, observadas con detenimiento, deberían generar desconfianza. Por eso remarcaron la importancia de no dar automáticamente por cierto lo que afirma una persona desconocida, aun cuando su relato parezca convincente o esté acompañado por un supuesto comprobante de transferencia.

“Que alguien diga que transfirió dinero o envíe un comprobante no significa que los fondos estén acreditados. Antes de realizar cualquier devolución hay que ingresar personalmente a la cuenta, comprobar el movimiento y tener la certeza de que el dinero efectivamente fue recibido”, remarcaron desde el organismo.

Asimismo, señalaron que la prevención de estas estafas requiere una actitud responsable de los propios usuarios. Si bien quienes llevan adelante las maniobras recurren deliberadamente al engaño y son responsables del delito, el uso de cuentas bancarias y billeteras virtuales también exige prestar atención, desconfiar ante situaciones inusuales y verificar la información antes de autorizar una transferencia.

En ese sentido, explicaron que no resulta conveniente delegar completamente en bancos o billeteras virtuales la posibilidad de detectar una situación de este tipo, especialmente cuando la operación termina concretándose a partir de una transferencia realizada y autorizada por el propio titular.

También destacaron que estas estafas no afectan exclusivamente a adultos mayores o a personas con poca familiaridad con la tecnología. Entre las consultas recibidas aparecen víctimas de diferentes edades, niveles educativos y actividades profesionales, lo que demuestra que cualquier persona puede quedar expuesta cuando actúa apresuradamente o sin realizar las verificaciones necesarias.

Por ese motivo, insistieron en que no se debe transferir o devolver dinero simplemente porque un desconocido lo solicita, porque muestra un comprobante o porque genera una situación de urgencia. Ante cualquiera de estas circunstancias, la recomendación es detener la operación, verificar personalmente la información y, si persisten las dudas, consultar con la entidad financiera a través de sus canales oficiales.

La oficina municipal observó además que las estafas virtuales suelen registrar períodos de mayor actividad durante los primeros días de cada mes, especialmente entre el 1° y el 10, coincidiendo con distintas fechas de cobro de haberes. Por esa razón recomendaron extremar las precauciones durante ese período, sin dejar de mantenerlas durante el resto del mes.

Finalmente, remarcaron que las herramientas digitales permiten realizar operaciones de manera cada vez más rápida y sencilla, pero esa facilidad también requiere asumir un rol activo en el cuidado del dinero propio. Detenerse unos minutos, comprobar lo ocurrido y recién después actuar puede evitar una estafa.

Ante dudas o consultas, los vecinos pueden acercarse a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ubicada en Chacabuco 383, planta baja, de lunes a viernes de 8 a 14, comunicarse al 0800-333-0477 o escribir a omic@tandil.gov.ar.

La Usina Popular y Municipal de Tandil alertó a la comunidad sobre nuevos intentos de estafa en los que delincuentes se hacen pasar por personal de la empresa para contactar a usuarios mediante llamadas telefónicas y WhatsApp.

Según informó la empresa, los estafadores utilizan como argumento supuestos cortes de energía programados, deudas, beneficios, descuentos, incrementos en los consumos o montos facturados y otros trámites vinculados con el servicio eléctrico. A partir de estas comunicaciones, buscan obtener datos personales, códigos de verificación o inducir a las víctimas a ingresar en enlaces que pueden permitirles acceder a cuentas e información sensible almacenada en los teléfonos celulares.

La modalidad incluye maniobras destinadas a generar preocupación o una sensación de urgencia. Durante el contacto, los delincuentes pueden solicitar que la persona informe un código recibido por SMS o WhatsApp, ingrese a un enlace o realice determinadas acciones desde su dispositivo.

La empresa recordó que los códigos de verificación son personales y confidenciales y que compartirlos puede permitir que terceros tomen el control de cuentas, como WhatsApp, para luego hacerse pasar por la víctima e intentar estafar a sus familiares, amigos y contactos. Asimismo, advirtió que el ingreso a enlaces fraudulentos puede exponer datos personales, contraseñas, información bancaria y otros datos almacenados en el dispositivo.

Ante una comunicación de estas características, desde la Usina de Tandil recomiendan no brindar datos personales, bancarios ni contraseñas; no informar códigos recibidos por SMS o WhatsApp; no hacer clic en enlaces enviados durante una llamada o desde números desconocidos; y no instalar aplicaciones ni realizar operaciones en el teléfono por indicación de quien se comunica.

La empresa aconseja cortar la comunicación y verificar cualquier información directamente a través de sus canales oficiales.

Desde la empresa remarcaron que, si una persona recibe un contacto en el que se anuncia un corte, una deuda, un aumento en el consumo o en la facturación y, al mismo tiempo, se le solicita un código o que ingrese a un enlace, debe interrumpir la comunicación, ya que podría tratarse de un intento de estafa.

El fraude digital en Argentina atraviesa una etapa de sofisticación creciente. A través del uso de inteligencia artificial, los estafadores logran imitar con precisión la voz y la imagen de referentes del ámbito político, económico y periodístico para dotar de legitimidad a propuestas de inversión inexistentes.

Estos mensajes circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería, presentándose a menudo como fragmentos de entrevistas o anuncios televisivos. El objetivo es convencer a las víctimas de realizar transferencias de dinero bajo la promesa de multiplicar su capital en pocos días.

Julio López, especialista en ciberseguridad, analizó este fenómeno y advirtió sobre la dificultad de identificar los engaños.

“El problema es cuando no podamos detectar que la voz está robotizada o adulterada”

explicó el especialista en Infobae en Vivo.

Según López, el método no distingue niveles educativos ni edades. El experto relató casos donde personas instruidas fueron víctimas de estos fraudes al confundir los videos falsos con contenidos auténticos.

“Un amigo mío vio un reportaje falso con Marcos Galperín y puso 30 mil dólares en esa plataforma”, señaló.

El especialista destacó que los delincuentes apelan a emociones como el miedo o la ansiedad económica.

“La estafa arranca por miedo o por deseos y ansias, y esos son movilizantes que están en el estómago, no en la cabeza”, sostuvo López. 

Además, advirtió que la falta de consecuencias legales y la demora de las plataformas digitales para eliminar los contenidos reportados facilitan la impunidad de los estafadores.

Ante este escenario, la recomendación principal es desconfiar de cualquier promesa de ganancias extraordinarias y reportar los contenidos sospechosos en las redes sociales.

“Si te dicen que vas a triplicar en dólares en un mes, ni Warren Buffett hace eso”, concluyó el especialista.

La Municipalidad de Concordia tomó la determinación de apartar de su cargo a un agente municipal luego de que una investigación administrativa confirmara una serie de irregularidades en su desempeño laboral. El trabajador, identificado como Gustavo Gutiérrez, acumuló más de 50 inasistencias injustificadas en un periodo inferior a dos meses.

El caso tomó relevancia cuando se descubrió que, en los horarios en los que debía cumplir funciones en la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, el empleado se encontraba atendiendo clientes en una peluquería de su propiedad. El local comercial está ubicado sobre la calle Santa María de Oro, entre las calles Entre Ríos y San Luis, en pleno centro de la ciudad.

Según consta en el expediente, el agente no solo faltaba a su puesto, sino que admitía ante sus propios clientes que en ese momento debería estar cumpliendo tareas para el municipio. Gustavo Gutiérrez contaba con antecedentes en la administración pública, ya que anteriormente se había desempeñado como asesor de la concejal Claudia Villalba en el Concejo Deliberante local.

La pesquisa fue llevada adelante por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, la cual detectó el patrón de ausencias entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025. Tras la apertura del sumario administrativo, el Departamento Ejecutivo aplicó la sanción de cesantía, amparándose en la Ordenanza de Escalafón Municipal N.º 11.275/49.

Desde la gestión municipal señalaron que esta medida se enmarca en un plan de acciones destinado a fortalecer los controles internos y garantizar el uso responsable de los recursos públicos. Las autoridades enfatizaron que no habrá tolerancia ante incumplimientos que afecten el funcionamiento del Estado y el dinero de los contribuyentes.

Tras solicitar informes al gobierno municipal sobre construcciones en zona protegida, Rogelio Iparraguirre retomó su reclamo para que el Ejecutivo responda sobre el proyecto que presentó hace cuatro meses para profundizar los controles sobre las estafas mediante ventas inmobiliarias bajo la modalidad de condominios. “A esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado”, marcó.

"Nosotros presentamos un proyecto ordenanza el 4 de marzo, que entre otras cosas establece la obligatoriedad de la generación del Certificado de Aptitud Urbanística, que es lo que le va a permitir a cualquier comprador pedírselo al desarrollador. Es como el DNI habilitante del lote, para saber que hasta que no le muestren eso, no tiene que comprar. Es para cuidar y darle seguridad jurídica a los compradores y a su vez es una herramienta de control frente al acto ilegal de quien quiere este cometer estas estafas", señaló Iparraguirre.

El concejal del bloque Fuerza Patria, elevó recientemente un pedido de informe al Ejecutivo municipal con el objetivo de conocer en detalle las actuaciones administrativas frente a construcciones irregulares detectadas en la zona de la calle Israel. Según precisó el edil, se trata de una situación que involucra nueve lotes y seis viviendas ya edificadas por encima de la cota 250, un área donde la normativa del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) establece una subdivisión mínima de 10 hectáreas para vivienda unifamiliar.

Iparraguirre enfatizó que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática recurrente que afecta la seguridad jurídica de los vecinos.  “Desmontaron una manzana entera”, planteó el concejal para marcar que  la obra no pudo haber pasado inadvertido para las autoridades. En el pedido de informe solicitó esclarecer qué medidas se han tomado para frenar las irregularidades que, a su entender, carecen de preexistencia legal respecto a la normativa vigente.

El proyecto para los condominios

El pedido de informe se vincula directamente con la mencionada iniciativa legislativa presentada por su bloque durante marzo. La misma busca dotar al Municipio de Tandil de nuevas herramientas para regular el uso de figuras como el condominio, el fideicomiso o la propiedad horizontal en zonas protegidas. 

El concejal advirtió que, semanalmente, se conocen nuevos casos de desarrolladores que adquieren macizos en áreas restringidas y, mediante la figura del condominio, comercializan lotes a precios tentadores que luego resultan imposibles de escriturar por tratarse de una propiedad indivisible.

“Lo presentamos el 4 de marzo, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Salceda, nos dijo de elevarlo al Ejecutivo, y por supuesto que nos interesa su opinión. Uno siempre está abierto y dispuesto a que la ordenanza sea mejorada si tuviera en que ser mejorada”, contó Iparraguirre. 

"Pero bajó el 6 de marzo, hoy es 26 de junio y duerme en un escritorio. No tuvimos más noticias. Mientras tanto, las estafas continuaron. Entonces a esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado", agregó el concejal.

El concejal insistió con que el problema es ampliamente conocido y que no existe una negación sobre la existencia de las mencionadas maniobras fraudulentas. Por ello, instó a las autoridades a dejar de dilatar la solución, argumentando que cada jornada de inacción legislativa termina beneficiando a los sectores que operan al margen de la ley.

"Cualquier vecino informado sabe que este problema es recurrente, y que hay una avanzada de determinados sectores escrupulosos que están usando esto. Si el problema es conocido y nadie lo niega, ¿por qué frenan la solución? Porque cada día que pasa sin tratar la ordenanza se favorece a los vivos de siempre", concluyó el referente de Fuerza Patria.

La Dirección de Bromatología y Zoonosis, dependiente del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) del Municipio de Tandil, emitió una advertencia a la población ante la detección de maniobras fraudulentas relacionadas con la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos.

Desde el organismo señalaron que en redes sociales y otros canales de difusión circulan publicaciones que ofrecen gestionar el trámite de manera particular a cambio de sumas de dinero que superan los valores establecidos por los circuitos oficiales. Según indicaron, algunas personas ya abonaron estos servicios sin recibir posteriormente la capacitación obligatoria ni el carnet habilitante correspondiente.

Frente a esta situación, las autoridades recomendaron extremar los recaudos al momento de iniciar el trámite y verificar que la institución o persona que ofrece la capacitación cuente con la autorización correspondiente. Además, advirtieron sobre propuestas que prometen la entrega del carnet mediante un pago directo, sin cumplir con las instancias obligatorias de formación y evaluación.

De acuerdo con la información oficial, las publicaciones engañosas suelen presentarse como ofertas de empleo para establecimientos del sector alimenticio y contienen números de contacto a través de los cuales se ofrece gestionar el carnet de forma particular, cobrando valores superiores a los oficiales.

El Carnet de Manipulador de Alimentos es una certificación oficial que solo puede ser emitida por entidades capacitadoras habilitadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. En Tandil, una de esas instituciones autorizadas es la propia Dirección de Bromatología y Zoonosis, que brinda cursos presenciales de lunes a viernes entre las 13 y las 16 horas.

La capacitación está destinada a todas las personas que intervienen en alguna etapa de la cadena alimentaria, ya sea en la elaboración, almacenamiento, transporte, comercialización o expendio de alimentos. Quienes completan y aprueban el curso obtienen un carnet con validez nacional y una vigencia de tres años.

Desde el área recordaron además que el Ministerio de Desarrollo Agrario también habilita a otras entidades capacitadoras en distintos puntos de la provincia y organiza periódicamente jornadas de formación y operativos especiales.

Por último, la Dirección de Bromatología y Zoonosis informó que ya se encuentra recopilando documentación y pruebas sobre estos hechos con el objetivo de realizar una presentación ante la Justicia, para que se investiguen las posibles responsabilidades derivadas de estas maniobras.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Bromatología y Zoonosis (avenida Colón 1112) de lunes a viernes de 7 a 13 horas, como así también comunicarse al teléfono 249 4432079, por WhatsApp al 249 4486032 o vía correo electrónico a bromatologiatandil@gmail.com.

Un cabo de la Policía Federal fue echado de la fuerza acusado de estafar a cuatro de sus compañeros, luego de ofrecer a la venta cubiertas de vehículos y no entregarlas a los compradores, pese a que pagaron el valor de las mismas.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue oficializada mediante la Orden del Día Interna (ODI) número 93 de la PFA, en la que se remarcó que se dispuso la cesantía de C.A.F. (según sus iniciales) por esta infracción.

Esta sanción disciplinaria grave implica la expulsión o separación definitiva del cabo de la institución y se determina mediante un sumario administrativo previo, que provoca la pérdida del estado policial y de los derechos esenciales.

Todo comenzó cuando el ahora expolicía ofreció la venta de cubiertas para vehículos por medio de su WhatsApp, lo que generó que varios de sus compañeros se mostraran interesados en adquirirlas.

En ese sentido, los sargentos D.A.C y V.J.N.H. y los cabos M.E.D y S.M.P., esta última una mujer, realizaron transferencias de dinero a través de Mercado Pago y de cuentas bancarias a nombre del estafador por un total de 250 mil pesos.

Sin embargo, el vendedor nunca hizo entrega de las cubiertas que ofrecía, pese a que ya tenía el dinero en su poder.

Antes las denuncias de sus cuatro compañeros y en un hecho que tomó repercusión dentro de la Policía Federal, las máximas autoridades de la  fuerza dispusieron su cesantía “por haber violado las funciones de inherentes a su estado policial al desplegar una conducta inapropiada, generando con ello desprestigio institucional”. (NA).

El proyecto de ordenanza presentado por Rogelio Iparraguirre para crear el Certificado de Aptitud Urbanística continúa en revisión por parte del Ejecutivo municipal. En diálogo con El Eco, el concejal recordó la importancia de esta iniciativa como una herramienta para abordar una realidad preocupante en Tandil: el crecimiento de las estafas inmobiliarias que utilizan de manera ilegal la figura jurídica del condominio.

“En principio está el compromiso del Ejecutivo, y va a haber una devolución del proyecto de ordenanza. Entiendo que incluso con una propuesta mejorada, así que bienvenido sea, es la idea. Lo que no debemos permitirnos es no hacer nada, frente a un problema que todos estamos detectando”, expresó Iparraguirre.

La problemática, según explicó el edil, radica en el abuso de la figura del condominio, un modo de propiedad compartida previsto en el Código Civil de la Nación. Sostuvo que en Tandil se registran casos de usos ilegales de dicha herramienta, especialmente en la Zona Protegida, donde se comercializan lotes a precios llamativamente económicos ocultando información crucial a los compradores. Los particulares realizan importantes desembolsos económicos y luego descubren que no pueden escriturar sus parcelas individuales, ya que el condominio representa una propiedad indivisa.

El concejal detalló los tiempos legislativos y la urgencia de la situación actual: "Hace alrededor de tres meses que presentamos el proyecto y hace dos meses y medio fue al Ejecutivo. Porque si hay una opinión que nos parece importante recabar cuando trabajamos en el Concejo Deliberante, es la de quienes después van a tener que ejecutar esta herramienta." Asimismo, alertó sobre la vigencia del conflicto al revelar que “desde que presenté el proyecto a esta parte, me llegaron de primera mano cuatro estafados nuevos en lugares distintos. Esto está pasando en Tandil.”

El proyecto busca dotar al Municipio y a los ciudadanos de un instrumento de control preventivo,  el Certificado de Aptitud Urbanística. "Exige una declaración jurada de los comitentes, es decir, que aquellos que ofrecen y vuelcan este terrenos a la venta en el mercado. Y por supuesto establece todo un sistema de multas.", detalló Rogelio Iparraguirre sobre el funcionamiento técnico de la propuesta.

El concejal aclaró que el certificado funcionará como una suerte de documento de identidad para cada lote en comercialización, permitiendo que cualquier potencial comprador consulte si el vendedor cuenta con la habilitación correspondiente antes de realizar una transacción.  

“Es una herramienta para proteger a los tandilenses, no es que va a evitar la estafa, el estafador no deja de estafar porque sea ilegal el acto de la estafa”, explicó.

Para que la medida sea verdaderamente efectiva, Rogelio Iparraguirre remarcó que se requiere un rol activo por parte de la administración local. "No reemplaza a los controles que debe hacer el Ejecutivo municipal. Al contrario, solo funciona este aporte y sirve si es complementado por un eficiente y efectivo control del Municipio, que debe ejercer fuertemente su autoridad.", sostuvo el concejal.

En ese sentido, el edil fue crítico con el desempeño reciente de las áreas de control del gobierno local. "Esa es precisamente una de las cosas que nosotros creemos que ha flaqueado de un tiempo esta parte, particularmente en lo que hace a la administración del territorio, para que esto no sea tierra de nadie, donde cada uno haga lo que quiere. Hay que ejercer autoridad, control efectivo, eficiente. Y proyectos como este son el complemento de ese control efectivo.", sentenció.

Finalmente, el concejal destacó que la propuesta contempla una campaña de difusión para que la ciudadanía conozca la existencia de este requerimiento y evite caer en engaños. A su vez, se mostró optimista respecto al acompañamiento político en el Concejo Deliberante, asegurando que existe un consenso tácito entre los distintos bloques sobre la necesidad de intervenir de forma urgente para frenar las estafas inmobiliarias.

La institución PAMI avanzó durante mayo con nuevos controles sobre las cuentas digitales de sus afiliados y confirmó que quienes no cumplan un requisito clave podrían tener restricciones para realizar trámites online. La medida forma parte de una actualización del sistema de validación de identidad impulsada por la obra social para reforzar la seguridad y evitar estafas virtuales.

La decisión aparece en un contexto marcado por el crecimiento de intentos de fraude digital, robo de cuentas y estafas virtuales. Ante este escenario, la obra social pide a los jubilados validar su identidad en la plataforma Mi PAMI para continuar operando con normalidad y garantizar la protección de sus datos personales.

Asimismo, se informó sobre los formatos vigentes de la credencial y la importancia de cumplir con este paso obligatorio para seguir utilizando los servicios de la entidad. La seguridad de los afiliados es la prioridad central de esta nueva disposición administrativa que busca mitigar los riesgos en el entorno digital.

Una de las transformaciones más silenciosas que está generando la inteligencia artificial no ocurre en laboratorios tecnológicos, sino en escenas cotidianas como un pedido de comida, un reclamo en una plataforma digital o un siniestro denunciado ante una aseguradora. Lo que a primera vista puede parecer una viveza menor, desde el punto de vista jurídico, puede configurar una figura clásica del derecho penal: la estafa.

En plataformas de entrega de comida, comienza a observarse una modalidad concreta donde el usuario recibe el pedido, toma una fotografía y la altera mediante herramientas de inteligencia artificial. Con imágenes de hamburguesas mordidas o sándwiches incompletos, se formula un reclamo para obtener un reintegro indebido o crédito en la cuenta. Esta conducta reúne los elementos típicos del fraude: el ardid en la construcción de una situación falsa, el error inducido en la empresa y el perjuicio económico resultante.

La tecnología no crea el delito, pero potencia el engaño y le otorga una apariencia de credibilidad. Sin embargo, introduce un elemento clave: la trazabilidad digital. Las imágenes modificadas no son neutras y contienen metadatos o rastros de edición que, analizados pericialmente, permiten advertir que no corresponden a una fotografía auténtica. El mismo instrumento que facilita el engaño puede convertirse en la principal prueba en contra de quien lo utiliza.

Este fenómeno se replica en sectores sensibles como la industria de los seguros, donde la validación remota de siniestros es frecuente. La presentación de imágenes alteradas para exagerar daños en automotores o simular roturas en el hogar constituye una maniobra penalmente relevante, incluso en grado de tentativa si la aseguradora detecta el engaño antes de pagar. Por ello, las compañías están estructurando protocolos de preservación de prueba digital y análisis técnico para identificar patrones de riesgo.

Un aspecto central de esta problemática es que muchos usuarios, especialmente adolescentes, no dimensionan el alcance jurídico de estas prácticas. En Argentina, la imputabilidad penal comienza a los 16 años, pero la Ley 27.801 estableció un nuevo Régimen Penal Juvenil aplicable a personas desde los 14 años. Publicada el nueve de marzo de 2026, su vigencia operará en septiembre, lo que implica que conductas percibidas como travesuras digitales podrían derivar en una intervención penal a edades más tempranas.

El incremento de casos de estafas virtuales vinculadas al sistema de cobro de peajes Telepase ha generado preocupación entre los usuarios. Según diversas denuncias, delincuentes utilizan correos electrónicos y sitios web apócrifos para obtener datos personales e información bancaria, registrando consumos por viajes que nunca se realizaron.

En diálogo con Infobae en Vivo, la gerenta comercial de la empresa concesionaria Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), Roberta Ramos Oromí, explicó que se trata de una modalidad de fraude digital donde terceros maliciosos suplantan la identidad de la marca. "Hacen páginas falsas porque si uno se da cuenta no es el sitio oficial, siempre tienen como una letrita cambiada o en vez de ser .ar son .uk", detalló la funcionaria.

La modalidad, conocida como phishing, consiste en la sustracción gradual de datos y dinero a través de plataformas que imitan a la perfección a las originales. Ante esta situación, desde la empresa realizan campañas de concientización para evitar que los ciudadanos compartan información confidencial.

"Lo que les decimos nosotros, tanto desde AUSA como del resto de las autopistas, es que por favor no den datos personales, no metan información confidencial, no usen datos bancarios en sitios que realmente no los tengan registrados", remarcó Roberta Ramos Oromí.

Asimismo, la gerenta comercial indicó que, ante cualquier reclamo, la firma realiza la denuncia correspondiente ante la Policía de Ciberseguridad. En caso de dudas, se recomienda a los usuarios ingresar únicamente al sitio oficial de Telepase para verificar deudas o contactar a los centros de atención al cliente.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también emitió una serie de recomendaciones. Los delincuentes suelen hacerse pasar por empresas de cobro o incluso por Vialidad Nacional para solicitar claves de homebanking bajo amenazas de multas falsas o bloqueos del servicio. El objetivo final es realizar transferencias o débitos no autorizados.

Finalmente, las autoridades recordaron que ninguna de las prestatarias oficiales solicitará datos sensibles a través de mensajes, redes sociales o llamadas telefónicas, por lo que instan a la población a mantenerse alerta ante estas maniobras delictivas.