La Dirección de Bromatología y Zoonosis, dependiente del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) del Municipio de Tandil, emitió una advertencia a la población ante la detección de maniobras fraudulentas relacionadas con la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos.

Desde el organismo señalaron que en redes sociales y otros canales de difusión circulan publicaciones que ofrecen gestionar el trámite de manera particular a cambio de sumas de dinero que superan los valores establecidos por los circuitos oficiales. Según indicaron, algunas personas ya abonaron estos servicios sin recibir posteriormente la capacitación obligatoria ni el carnet habilitante correspondiente.

Frente a esta situación, las autoridades recomendaron extremar los recaudos al momento de iniciar el trámite y verificar que la institución o persona que ofrece la capacitación cuente con la autorización correspondiente. Además, advirtieron sobre propuestas que prometen la entrega del carnet mediante un pago directo, sin cumplir con las instancias obligatorias de formación y evaluación.

De acuerdo con la información oficial, las publicaciones engañosas suelen presentarse como ofertas de empleo para establecimientos del sector alimenticio y contienen números de contacto a través de los cuales se ofrece gestionar el carnet de forma particular, cobrando valores superiores a los oficiales.

El Carnet de Manipulador de Alimentos es una certificación oficial que solo puede ser emitida por entidades capacitadoras habilitadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. En Tandil, una de esas instituciones autorizadas es la propia Dirección de Bromatología y Zoonosis, que brinda cursos presenciales de lunes a viernes entre las 13 y las 16 horas.

La capacitación está destinada a todas las personas que intervienen en alguna etapa de la cadena alimentaria, ya sea en la elaboración, almacenamiento, transporte, comercialización o expendio de alimentos. Quienes completan y aprueban el curso obtienen un carnet con validez nacional y una vigencia de tres años.

Desde el área recordaron además que el Ministerio de Desarrollo Agrario también habilita a otras entidades capacitadoras en distintos puntos de la provincia y organiza periódicamente jornadas de formación y operativos especiales.

Por último, la Dirección de Bromatología y Zoonosis informó que ya se encuentra recopilando documentación y pruebas sobre estos hechos con el objetivo de realizar una presentación ante la Justicia, para que se investiguen las posibles responsabilidades derivadas de estas maniobras.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Bromatología y Zoonosis (avenida Colón 1112) de lunes a viernes de 7 a 13 horas, como así también comunicarse al teléfono 249 4432079, por WhatsApp al 249 4486032 o vía correo electrónico a bromatologiatandil@gmail.com.

Un cabo de la Policía Federal fue echado de la fuerza acusado de estafar a cuatro de sus compañeros, luego de ofrecer a la venta cubiertas de vehículos y no entregarlas a los compradores, pese a que pagaron el valor de las mismas.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue oficializada mediante la Orden del Día Interna (ODI) número 93 de la PFA, en la que se remarcó que se dispuso la cesantía de C.A.F. (según sus iniciales) por esta infracción.

Esta sanción disciplinaria grave implica la expulsión o separación definitiva del cabo de la institución y se determina mediante un sumario administrativo previo, que provoca la pérdida del estado policial y de los derechos esenciales.

Todo comenzó cuando el ahora expolicía ofreció la venta de cubiertas para vehículos por medio de su WhatsApp, lo que generó que varios de sus compañeros se mostraran interesados en adquirirlas.

En ese sentido, los sargentos D.A.C y V.J.N.H. y los cabos M.E.D y S.M.P., esta última una mujer, realizaron transferencias de dinero a través de Mercado Pago y de cuentas bancarias a nombre del estafador por un total de 250 mil pesos.

Sin embargo, el vendedor nunca hizo entrega de las cubiertas que ofrecía, pese a que ya tenía el dinero en su poder.

Antes las denuncias de sus cuatro compañeros y en un hecho que tomó repercusión dentro de la Policía Federal, las máximas autoridades de la  fuerza dispusieron su cesantía “por haber violado las funciones de inherentes a su estado policial al desplegar una conducta inapropiada, generando con ello desprestigio institucional”. (NA).

El proyecto de ordenanza presentado por Rogelio Iparraguirre para crear el Certificado de Aptitud Urbanística continúa en revisión por parte del Ejecutivo municipal. En diálogo con El Eco, el concejal recordó la importancia de esta iniciativa como una herramienta para abordar una realidad preocupante en Tandil: el crecimiento de las estafas inmobiliarias que utilizan de manera ilegal la figura jurídica del condominio.

“En principio está el compromiso del Ejecutivo, y va a haber una devolución del proyecto de ordenanza. Entiendo que incluso con una propuesta mejorada, así que bienvenido sea, es la idea. Lo que no debemos permitirnos es no hacer nada, frente a un problema que todos estamos detectando”, expresó Iparraguirre.

La problemática, según explicó el edil, radica en el abuso de la figura del condominio, un modo de propiedad compartida previsto en el Código Civil de la Nación. Sostuvo que en Tandil se registran casos de usos ilegales de dicha herramienta, especialmente en la Zona Protegida, donde se comercializan lotes a precios llamativamente económicos ocultando información crucial a los compradores. Los particulares realizan importantes desembolsos económicos y luego descubren que no pueden escriturar sus parcelas individuales, ya que el condominio representa una propiedad indivisa.

El concejal detalló los tiempos legislativos y la urgencia de la situación actual: "Hace alrededor de tres meses que presentamos el proyecto y hace dos meses y medio fue al Ejecutivo. Porque si hay una opinión que nos parece importante recabar cuando trabajamos en el Concejo Deliberante, es la de quienes después van a tener que ejecutar esta herramienta." Asimismo, alertó sobre la vigencia del conflicto al revelar que “desde que presenté el proyecto a esta parte, me llegaron de primera mano cuatro estafados nuevos en lugares distintos. Esto está pasando en Tandil.”

El proyecto busca dotar al Municipio y a los ciudadanos de un instrumento de control preventivo,  el Certificado de Aptitud Urbanística. "Exige una declaración jurada de los comitentes, es decir, que aquellos que ofrecen y vuelcan este terrenos a la venta en el mercado. Y por supuesto establece todo un sistema de multas.", detalló Rogelio Iparraguirre sobre el funcionamiento técnico de la propuesta.

El concejal aclaró que el certificado funcionará como una suerte de documento de identidad para cada lote en comercialización, permitiendo que cualquier potencial comprador consulte si el vendedor cuenta con la habilitación correspondiente antes de realizar una transacción.  

“Es una herramienta para proteger a los tandilenses, no es que va a evitar la estafa, el estafador no deja de estafar porque sea ilegal el acto de la estafa”, explicó.

Para que la medida sea verdaderamente efectiva, Rogelio Iparraguirre remarcó que se requiere un rol activo por parte de la administración local. "No reemplaza a los controles que debe hacer el Ejecutivo municipal. Al contrario, solo funciona este aporte y sirve si es complementado por un eficiente y efectivo control del Municipio, que debe ejercer fuertemente su autoridad.", sostuvo el concejal.

En ese sentido, el edil fue crítico con el desempeño reciente de las áreas de control del gobierno local. "Esa es precisamente una de las cosas que nosotros creemos que ha flaqueado de un tiempo esta parte, particularmente en lo que hace a la administración del territorio, para que esto no sea tierra de nadie, donde cada uno haga lo que quiere. Hay que ejercer autoridad, control efectivo, eficiente. Y proyectos como este son el complemento de ese control efectivo.", sentenció.

Finalmente, el concejal destacó que la propuesta contempla una campaña de difusión para que la ciudadanía conozca la existencia de este requerimiento y evite caer en engaños. A su vez, se mostró optimista respecto al acompañamiento político en el Concejo Deliberante, asegurando que existe un consenso tácito entre los distintos bloques sobre la necesidad de intervenir de forma urgente para frenar las estafas inmobiliarias.

La institución PAMI avanzó durante mayo con nuevos controles sobre las cuentas digitales de sus afiliados y confirmó que quienes no cumplan un requisito clave podrían tener restricciones para realizar trámites online. La medida forma parte de una actualización del sistema de validación de identidad impulsada por la obra social para reforzar la seguridad y evitar estafas virtuales.

La decisión aparece en un contexto marcado por el crecimiento de intentos de fraude digital, robo de cuentas y estafas virtuales. Ante este escenario, la obra social pide a los jubilados validar su identidad en la plataforma Mi PAMI para continuar operando con normalidad y garantizar la protección de sus datos personales.

Asimismo, se informó sobre los formatos vigentes de la credencial y la importancia de cumplir con este paso obligatorio para seguir utilizando los servicios de la entidad. La seguridad de los afiliados es la prioridad central de esta nueva disposición administrativa que busca mitigar los riesgos en el entorno digital.

Una de las transformaciones más silenciosas que está generando la inteligencia artificial no ocurre en laboratorios tecnológicos, sino en escenas cotidianas como un pedido de comida, un reclamo en una plataforma digital o un siniestro denunciado ante una aseguradora. Lo que a primera vista puede parecer una viveza menor, desde el punto de vista jurídico, puede configurar una figura clásica del derecho penal: la estafa.

En plataformas de entrega de comida, comienza a observarse una modalidad concreta donde el usuario recibe el pedido, toma una fotografía y la altera mediante herramientas de inteligencia artificial. Con imágenes de hamburguesas mordidas o sándwiches incompletos, se formula un reclamo para obtener un reintegro indebido o crédito en la cuenta. Esta conducta reúne los elementos típicos del fraude: el ardid en la construcción de una situación falsa, el error inducido en la empresa y el perjuicio económico resultante.

La tecnología no crea el delito, pero potencia el engaño y le otorga una apariencia de credibilidad. Sin embargo, introduce un elemento clave: la trazabilidad digital. Las imágenes modificadas no son neutras y contienen metadatos o rastros de edición que, analizados pericialmente, permiten advertir que no corresponden a una fotografía auténtica. El mismo instrumento que facilita el engaño puede convertirse en la principal prueba en contra de quien lo utiliza.

Este fenómeno se replica en sectores sensibles como la industria de los seguros, donde la validación remota de siniestros es frecuente. La presentación de imágenes alteradas para exagerar daños en automotores o simular roturas en el hogar constituye una maniobra penalmente relevante, incluso en grado de tentativa si la aseguradora detecta el engaño antes de pagar. Por ello, las compañías están estructurando protocolos de preservación de prueba digital y análisis técnico para identificar patrones de riesgo.

Un aspecto central de esta problemática es que muchos usuarios, especialmente adolescentes, no dimensionan el alcance jurídico de estas prácticas. En Argentina, la imputabilidad penal comienza a los 16 años, pero la Ley 27.801 estableció un nuevo Régimen Penal Juvenil aplicable a personas desde los 14 años. Publicada el nueve de marzo de 2026, su vigencia operará en septiembre, lo que implica que conductas percibidas como travesuras digitales podrían derivar en una intervención penal a edades más tempranas.

El incremento de casos de estafas virtuales vinculadas al sistema de cobro de peajes Telepase ha generado preocupación entre los usuarios. Según diversas denuncias, delincuentes utilizan correos electrónicos y sitios web apócrifos para obtener datos personales e información bancaria, registrando consumos por viajes que nunca se realizaron.

En diálogo con Infobae en Vivo, la gerenta comercial de la empresa concesionaria Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), Roberta Ramos Oromí, explicó que se trata de una modalidad de fraude digital donde terceros maliciosos suplantan la identidad de la marca. "Hacen páginas falsas porque si uno se da cuenta no es el sitio oficial, siempre tienen como una letrita cambiada o en vez de ser .ar son .uk", detalló la funcionaria.

La modalidad, conocida como phishing, consiste en la sustracción gradual de datos y dinero a través de plataformas que imitan a la perfección a las originales. Ante esta situación, desde la empresa realizan campañas de concientización para evitar que los ciudadanos compartan información confidencial.

"Lo que les decimos nosotros, tanto desde AUSA como del resto de las autopistas, es que por favor no den datos personales, no metan información confidencial, no usen datos bancarios en sitios que realmente no los tengan registrados", remarcó Roberta Ramos Oromí.

Asimismo, la gerenta comercial indicó que, ante cualquier reclamo, la firma realiza la denuncia correspondiente ante la Policía de Ciberseguridad. En caso de dudas, se recomienda a los usuarios ingresar únicamente al sitio oficial de Telepase para verificar deudas o contactar a los centros de atención al cliente.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también emitió una serie de recomendaciones. Los delincuentes suelen hacerse pasar por empresas de cobro o incluso por Vialidad Nacional para solicitar claves de homebanking bajo amenazas de multas falsas o bloqueos del servicio. El objetivo final es realizar transferencias o débitos no autorizados.

Finalmente, las autoridades recordaron que ninguna de las prestatarias oficiales solicitará datos sensibles a través de mensajes, redes sociales o llamadas telefónicas, por lo que instan a la población a mantenerse alerta ante estas maniobras delictivas.

La problemática de las estafas virtuales ha escalado de forma preocupante en el último tiempo, afectando a ciudadanos de todos los rangos etarios sin distinción. En su reciente participación en el programa Plataforma Magazine (Eco TV y Tandil FM 104.1), la defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, abordó esta temática con el objetivo de brindar herramientas de prevención y acción ante delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal.

Lafourcade subrayó que la estafa es un engaño donde una persona promete un beneficio imposible de cumplir para obtener un rédito económico. "Hemos recibido muchísimas consultas y hay que entender que aquí ya no hay un vínculo entre una empresa y un consumidor, sino que es un delito", precisó. En este sentido, destacó que los estafadores demuestran una gran inteligencia para cambiar las modalidades permanentemente, adaptándose a la agenda pública, como ocurre actualmente con los turnos para la vacunación antigripal o supuestas comunicaciones del Ministerio de Salud.

Uno de los puntos de mayor vulnerabilidad se encuentra en las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Lafourcade advirtió sobre los mensajes de urgencia provenientes de supuestos familiares que solicitan dinero o transferencias en moneda extranjera. Asimismo, puso el foco en las compras digitales realizadas a través de enlaces que imitan sitios oficiales. "Si ese sitio no tiene políticas de devolución o el link es dudoso, seguramente es un sitio falso", advirtió, instando a los vecinos a no proporcionar datos ante publicaciones en plataformas como Facebook o Instagram que redirigen automáticamente a un chat de WhatsApp.

Durante la entrevista, se profundizó en una de las maniobras más frecuentes y dañinas: el uso de los DEBIN (Débito Inmediato). Lafourcade aclaró una confusión común que suele ser la trampa para las víctimas. "Con el DEBIN yo estoy enviando dinero desde mi cuenta, no recibiéndolo", explicó. Esta herramienta, utilizada por delincuentes, permite vaciar cuentas bancarias en solo cinco minutos si el usuario autoriza la operación bajo engaño.

La recomendación ante estos casos es tajante y consiste en jamás proporcionar claves, pines ni códigos de seguridad, ya que ninguna entidad bancaria ni organismo oficial los solicitará por teléfono o correo electrónico. "No hay que ingresar a enlaces desconocidos ni redireccionarse a páginas que pidan datos de homebanking", enfatizó la titular de la Defensoría del Pueblo. Además, mencionó que se han detectado estafas vinculadas a la compra de entradas para espectáculos y turnos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), donde los sitios fraudulentos suelen aparecer en los primeros resultados de búsqueda.

Para aquellos casos donde el engaño ya se ha producido, o ante un consumo por error, existe el botón de arrepentimiento. Esta herramienta, que cobró relevancia durante la pandemia, otorga al consumidor un plazo de diez días corridos para deshacer una operación, como puede ser la solicitud de un préstamo que el estafador gestionó a nombre de la víctima. "Es fundamental comunicarse con el banco de inmediato para detener el crédito o realizar un stop debit", explicó Lafourcade.

En el caso de las tarjetas de crédito, los usuarios cuentan con un período de 30 días desde la recepción del resumen para desconocer consumos no realizados. Sin embargo, la funcionaria insistió en que la rapidez es crucial, donde las primeras 24 o 48 horas son centrales para lograr rastrear el dinero antes de que se pierda el rastro en la red de transferencias.

Ante la consumación de una estafa, la Defensoría del Pueblo recomienda realizar la denuncia penal de forma inmediata. Los ciudadanos pueden acudir a la comisaría más cercana a su domicilio o utilizar los canales electrónicos del Ministerio Público Fiscal. Lafourcade insistió en la importancia de sacar capturas de pantalla de las conversaciones, de los enlaces sospechosos y de cualquier comprobante de transferencia, ya que estos elementos constituyen pruebas vitales para la fiscalía especializada en delitos cibernéticos.

Finalmente, se recordó que la oficina de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Maipú 253, y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en Chacabuco 383, están disponibles para orientar a los damnificados. "Cualquiera puede ser víctima de una estafa. Por eso hay que estar muy atentos y no quedarse solo en la queja, sino realizar la denuncia respectiva para que estos delincuentes no actúen con impunidad", concluyó.

Una pareja fue detenida en la provincia de Salta acusada de estafar a decenas de personas con promesas de trabajo en el sector minero y de la investigación se desprende que crearon varias empresas sin registración formal, a la vez que les solicitaban dinero a los postulantes para supuestos trámites.

La Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó ayer por la mañana dos domicilios donde se logró detener a un hombre y una mujer, en el marco de una investigación por estafas vinculadas a contrataciones laborales en el sector minero, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La investigación se inició el pasado 27 de febrero con una denuncia y tras el conocimiento de la causa se sumaron otras 31 presentaciones de personas que manifestaron haber sido contactadas bajo la promesa de incorporarse a puestos de trabajo vinculados con proyectos mineros.

El comunicado del Ministerio Público Fiscal de Salta destaca que la mujer se presentaba como profesional del área técnica, utilizando títulos que no pudo acreditar, y ofrecía participación en obras vinculadas a empresas del sector.

En las siguientes semanas se recabó información que permitió descubrir que, la ahora detenida, “promovía la creación de distintas estructuras comerciales”, entre ellas se identificaron Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, todas utilizadas para convocar personal, emitir documentación vinculada a procesos de contratación y sostener la apariencia de una operatoria empresarial vinculada a proyectos mineros.

Los investigadores detectaron que, a través de estas empresas, se convocaba a profesionales y trabajadores -entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios- “con la promesa de futuras contrataciones en obras que estarían vinculadas con compañías del sector”.

La estafa estaba vinculada a la solicitud de dinero para “distintos conceptos vinculados al supuesto proceso de contratación, como trámites administrativos o estudios preocupacionales”. Se supo que los pagos eran realizados mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, lo que habría tenido como finalidad dificultar la trazabilidad del dinero.

Asimismo, se detectó la utilización de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group S.R.L. para difundir las convocatorias laborales y sostener la apariencia de legitimidad de los proyectos.

Un dato no menor para la pesquisa es que muchos de los denunciantes renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos.

También se constató que varias de las sociedades mencionadas carecían de registración formal o no contaban con publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva.

Los investigadores establecieron además que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras jurisdicciones del país.

Frente al escenario presentado, en las últimas horas se concretaron los allanamientos donde se logró la detención de la pareja y se secuestró documentación, sumado a elementos de interés para la causa.

Para impedir que las empresas fantasmas continúen generando estafas, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la inmovilización de ocho cuentas bancarias. (NA).

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires, advirtió a sus afiliados por nuevas modalidades de estafa telefónica o por correo electrónico. La entidad subrayó que nunca se solicitan datos personales, por lo que, si eso ocurriera, la comunicación no es oficial y se trata de un fraude.

"Atención afiliados y afiliadas, si no es oficial no es IOMA. Siguen llamando a afiliados/as con el nombre de la obra social para difundir información falsa y engañar”, expresaron desde la entidad a través de un comunicado que se compartió en sus redes sociales y canales de difusión.

Además, indicaron que se han detectado denuncias por llamados, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales que redireccionan a WhatsApp en los que se piden datos personales o bancarios. "IOMA no hace sorteos ni pide datos por correo. Si te piden información no confíes. Si la dirección web no termina en '.gob.ar' no es oficial", manifestaron desde la obra social bonaerense. También se registraron engaños por medio de modalidades como sorteos, rifas, ofertas de medicamentos gratuitos y falsas solicitudes para la renovación de la credencial digital.

"Es importante estar alertas ante ofertas y requerimientos no oficiales que tienen la intención de estafar y vaciar cuentas bancarias. Ante cualquier duda o situación sospechosa, comunicarse de inmediato con la obra social", precisaron.

Finalmente, desde IOMA subrayaron que las gestiones únicamente deben realizarse a través de la aplicación IOMA Digital, la página web oficial o en las Delegaciones correspondientes. El teléfono para ser atendido por los operadores de la prestadora es 0810-999-4662.

En las últimas horas, la Usina Popular y Municipal de Tandil emitió una alerta dirigida a sus usuarios tras detectar nuevos intentos de estafas protagonizados por personas que se hacen pasar por personal de la empresa.

Según informaron desde la empresa, los estafadores se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, en los que mencionan supuestas deudas, promociones o descuentos para jubilados, cortes de suministro programados u otros trámites administrativos. A partir de esos contactos, solicitan datos personales que luego pueden ser utilizados con fines fraudulentos.

Desde la Usina recomendaron extremar las precauciones y no brindar información personal a desconocidos, así como tampoco aceptar códigos ni enlaces enviados por WhatsApp o mensajes de texto. 

Ante cualquier duda, se aconseja comunicarse directamente con la Usina de Tandil a través de sus canales oficiales. Los mismos son:

A partir de consultas y advertencias realizadas por profesionales matriculados, el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (Cpciba) alertó sobre la aparición de una nueva modalidad de estafa virtual que se propaga a través de WhatsApp y utiliza herramientas legítimas de la propia aplicación para engañar a los usuarios.

Según explicaron desde la entidad, la maniobra se apoya en el uso indebido de la función “Dispositivos vinculados”. A través de técnicas de ingeniería social, los estafadores envían mensajes con enlaces falsos que simulan ser contenidos compartidos, notificaciones de seguridad o procesos de verificación, logrando que la víctima autorice, sin advertirlo, la vinculación de un dispositivo externo a su cuenta.

Una vez habilitado ese acceso, el delincuente puede visualizar conversaciones, contactos y archivos, e incluso enviar mensajes en nombre del usuario sin que la persona afectada pierda el control de su cuenta ni reciba alertas claras. En la práctica, el procedimiento funciona como una clonación del servicio de mensajería, permitiendo el acceso a información sensible intercambiada a través de WhatsApp.

Desde el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas bonaerense remarcaron que no se trata de una falla técnica de la aplicación, sino de un engaño que se basa en la confianza del usuario y en el desconocimiento de esta funcionalidad. Asimismo, señalaron que la maniobra puede detectarse ingresando a la sección “Dispositivos vinculados”, desde donde es posible cerrar la sesión activa y revocar el acceso del tercero de manera inmediata.

El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires recomienda a la comunidad adptar las siguientes medidas de prevención:

“Para prevenir este tipo de estafas, seguiremos difundiendo alertas, destacando la importancia del rol de nuestros matriculados y matriculadas y de los usuarios de servicios digitales en la detección temprana de ciber amenazas”, concluyeron desde el organismo provincial.

El Black Friday 2025 es un evento se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, consolidándose como una nueva oportunidad para comprar con importantes descuentos. También se presentará como una alternativa para realizar compras anticipadas con miras a la navidad.

Pero, al mismo tiempo, el Black Friday además es la época favorita de los ladrones digitales. Lucas Moyano, especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital y autor del libro “Ciberdelitos: Como investigar en Entornos Digitales”, señaló que esto ocurre “no porque sean más inteligentes, sino porque vos estás más apurado”.

“Los ciberdelincuentes ya no improvisan; clonan las páginas de tus tiendas favoritas con una perfección que asusta. El logo, el color, el tono de urgencia todo está diseñado para que, en un segundo de euforia por la oferta, les entregues tu cuenta bancaria, los datos de tu tarjeta o hagas una transferencia”, expresó.

En estas situaciones, el problema “es de lógica simple”. Moyano explicó que "cuanto más rápido quieres aprovechar la "mega oferta", más fácil es que te roben tus datos" ya que “esta maniobra se basa en manipular tu cabeza, no tu computadora”.

El ataque se llama "Ingeniería Social" y se aprovecha de la urgencia y el cansancio.

1 - La falsa identidad (el clon): Crean webs idénticas a las tiendas grandes o envían correos clonados. Piden iniciar sesión o pagar allí. Las claves y datos bancarios son robados en ese instante.

2 - Generar pánico (la alerta urgente): Llegan correos falsos de “alerta”, como “Oferta Flash”, “Oferta relampago” o "Hay un problema con tu envío". Buscan que el nerviosismo haga actuar sin pensar.

3 - Aprovechar el estrés: Envían mensajes de "última horas" o actuar de inmediato para no perder la oferta. La lógica baja la guardia y hace que la persona caiga en ofertas que no lo lograrían si estuviera tranquilo.

“En un contexto donde los estafadores son rápidos y los reguladores lentos, la única defensa eficaz es la tuya”, señaló Moyano. A continuación, compartió una serie de reglas esenciales antes de comprar:

- Averiguar si el sitio web participa oficialmente del Black Friday.

- Al momento de entrar en sitios web, verificar que sean los links oficiales.

- Desconfiar del precio loco: Si ofrecen un producto muy por debajo de su valor real, desconfiar. Un mismo producto, comparado con otras ofertas a un precio muy por debajo, tiene que encender la alarma de estafa.

- No hacer click automático: nunca ingresar claves o tarjetas en un enlace que llegó por mail, SMS o WhatsApp. Ante una oferta, abrir tú el navegador y escribir la dirección web de la tienda oficial a mano.

- Revisar la dirección web: Antes de pagar, mirar arriba, en la barra de direcciones. Debe decir https:// (la 's' es de seguro) y el nombre de la empresa debe estar escrito perfectamente. Un error de una letra es la trampa.

- Nunca brindar datos por urgencia: Los bancos o las tiendas serias nunca te pedirán tus claves, contraseñas o PIN por mail, mensaje o teléfono para "restablecer" o “verificar”.

Lucas Moyano indicó que la regla es simple. “En la era de la prisa digital, la calma es tu mejor defensa. No permitas que el apuro de una oferta te cueste el dolor de cabeza”, concluyó.

En los últimos días, comenzó a circular una nueva modalidad de estafa virtual que apunta a jubilados con supuestos beneficios en combustibles. En redes sociales se compartió un supuesto aviso de las empresas YPF y Shell que ofrecía descuentos del 30% o 35% en combustibles para los jubilados. Sin embargo, personas que casi fueron víctimas del engaño denunciaron que se trata de una estafa que busca obtener datos personales de los usuarios.

Una usuaria relató que, tras ver la publicación, recibió una llamada de una persona que se presentó como representante de Shell, quien le solicitó sus datos personales para acceder al supuesto beneficio. “Casi caigo, menos mal que estaba mi hijo y me hizo cortar”, comentó, advirtiendo a otros usuarios sobre el fraude.

Ante la viralización de estos mensajes falsos, las empresas involucradas desmintieron de forma oficial la existencia de cualquier tipo de promoción o descuento especial para jubilados a través de redes sociales. Ambas compañías recordaron que no solicitan información personal ni financiera por teléfono o internet, y que toda comunicación oficial se realiza por canales verificados.

Además, solicitan a la comunidad no brindar datos personales ni bancarios, desconfiar de anuncios con beneficios excesivos y verificar las promociones directamente en las páginas oficiales de las empresas.

La Corte Suprema de Justicia resolvió que la justicia de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, será la encargada de investigar dos nuevas denuncias contra Leonardo Cositorto, el empresario ya condenado por múltiples estafas vinculadas a la firma Generación Zoe.

La decisión del máximo tribunal zanjó un conflicto de competencia entre el Juzgado de Garantías 2 de Moreno y el Juzgado de Control y Faltas de Villa María, Córdoba, que acumula buena parte of las causas por estafa contra Cositorto. La Corte entendió que los hechos denunciados ocurrieron en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez y, por lo tanto, deben ser juzgados en esa jurisdicción.

Las nuevas denuncias fueron presentadas por dos mujeres, identificadas como C.I.C. y B.N.E., quienes relataron que invirtieron dinero en un fideicomiso de Zoe Emporwerment SA, con la promesa de obtener dividendos mediante un “bot inteligente”. Según las denunciantes, si bien inicialmente recibieron algunos pagos, con el tiempo cesaron y Cositorto nunca cumplió con la reprogramación de los mismos, pese a promesas reiteradas.

El juez bonaerense se había declarado incompetente al considerar que los hechos podrían estar vinculados con la supuesta asociación ilícita investigada en Córdoba. Sin embargo, desde Villa María rechazaron esa conexión y resaltaron que los hechos ocurrieron en territorio bonaerense, por lo que devolvieron el expediente.

En consonancia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que los hechos deben ser juzgados por el tribunal donde se cometieron. “Cualquiera que sea el vínculo de conexión que pueda existir entre hechos que se presentan prima facie como independientes, ellos deben ser investigados por los jueces del lugar en que aparecen cometidos”, recordó el fallo.

Cositorto ya acumula varias condenas: en Salta fue sentenciado a 11 años de prisión y en Corrientes a 12, además de causas elevadas a juicio oral en Córdoba y otras en trámite en Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y en el fuero federal por lavado de dinero.

El Municipio informó a la comunidad de Tandil que no está realizando la venta de rifas ni bonos contribución desde ninguna de sus áreas o dependencias. La advertencia surge tras detectarse en los últimos días numerosos intentos de estafas por parte de personas que se hacen pasar por empleados municipales.

Desde el Ejecutivo local se remarcó que estas acciones son completamente falsas y que ningún agente municipal está autorizado a solicitar dinero o datos personales en nombre del Municipio.

Frente a esta situación, se solicita a los vecinos no entregar dinero ni brindar información personal ante este tipo de requerimientos y mantenerse alertas ante cualquier comportamiento sospechoso.

Además, se recuerda que ante cualquier duda o situación irregular, los ciudadanos pueden comunicarse de manera inmediata con la Policía llamando al 101 o utilizar la aplicación "Centinela Tandil", una herramienta oficial para realizar denuncias y alertas de forma rápida y segura.

El Municipio reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y apeló a la colaboración de la comunidad para prevenir estas maniobras delictivas.