La renovación de autoridades municipales del 10 de diciembre pasado trajo consigo recambios en el gabinete local. Entre otros nuevos funcionarios, Javier López asumió al frente de la Secretaría de Legal y Técnica, un área clave de la gestión, con intervención transversal en el conjunto de la estructura comunal.

En una entrevista a fondo con El Eco de Tandil, el abogado –criado en Villa Italia y formado en la UBA- repasó algunos de los principales temas a los que se encuentra abocado. Desde la compleja situación en Villa del Lago –a la espera de la decisión de la Justicia, llevan concretadas 14 permutas y aseguró que no se verá afectada la declaración de Zona de Interés Ambiental-, las sanciones al propietario del predio del Ex Policlínico –que se comprometió en 90 días a comenzar a definir qué va a pasar con el lugar-, los avances en las gestiones para que Tandil cuente con una Secretaría o Juzgado Federal luego de haber mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, y el adelanto de la llegada de Ricardo Gil Lavedra a la ciudad.

“Los funcionarios públicos debemos a darle respuestas a la gente, sobre todo al ciudadano porque somos gobiernos de cercanía. Nosotros caminamos la calle en Tandil, vivimos en Tandil, tenemos muchísima gente conocida en Tandil, entonces debemos darle respuestas a la gente y respuestas que tienen que ser concretas”, compartió sobre la impronta que comenzó a imprimirle a la Secretaría.

En su primera experiencia en la gestión pública, López se había desempeñado como síndico de la Usina. Al finalizar su función volvió a dedicarse de lleno a su estudio, hasta que recibió el ofrecimiento para hacerse cargo del área de Legal y Técnica.

“Lo más importante es la satisfacción de poder hacer por la ciudadanía. Estoy en un desafío mucho mayor y lo primero en lo que pienso es en mis viejos, en mi familia, en mi hija, en mi compañera de vida y en todo lo que pueda hacer desde el lugar de la Secretaría de Legal y Técnica, en hacer por la ciudadanía, en acompañar el proyecto de Miguel y de todo el equipo de gobierno”, expresó.

- Comentabas antes de empezar la nota de avances con respecto a la posibilidad de crear una dependencia de la Justicia Federal en la ciudad. ¿Cómo fueron esas gestiones y en qué estado están?

-Desde que entré a la Secretaría, Julio Elichiribehety me dio la posibilidad de que podamos llevar adelante distintos proyectos en los cuales pudiéramos obtener mejores cosas para Tandil.  Uno de ellos fue un proyecto antiguo del año 2018, la creación de una Secretaría o un Juzgado Federal en Tandil.

La ciudad tiene una Defensoría Oficial Federal y tiene una Fiscalía Federal, y los Juzgados Federales están radicados en Azul. Se hicieron gestiones y en el mes de febrero, junto al jefe de Gabinete tuvimos una entrevista en el Ministerio de Justicia de la Nación a cargo del doctor Cúneo Libarona. 

Nos entrevistó un asesor del Ministro, de mucha confianza de él. Le contamos nuestro proyecto y se comprometió a que podamos trabajar con el tema y que le lleváramos un proyecto ya más avanzado. Seguramente en esa oportunidad el Ministro de Justicia podría recibir al Intendente.

-¿Qué permitiría la creación de la Secretaría o el Juzgado Federal en la ciudad? 

-Por un lado la inmediatez de que el funcionario que tiene que resolver las cuestiones esté en Tandil. Eso para la Justicia es muy importante. Por otro, entendemos que esto también le daría a Tandil un mayor protagonismo en materia judicial.

Y también el hecho de ir consolidando un poco esta idea que en algún momento estuvo en Tandil muy presente, de la creación de un Departamento Judicial. Si bien la Justicia Federal se rige por otro carril distinto al de la Justicia ordinaria y Provincial, entendemos que todas estas cuestiones de ir consolidando instituciones judiciales en Tandil implican también fortalecer esta idea. 

Que el día de mañana el crecimiento de Tandil sea acompañado con la creación o el nombramiento de Tandil como Departamento Judicial en la Provincia de Buenos Aires.

-Son gestiones de mucho tiempo ¿No?

-Sí, entiendo que son gestiones que llevan tiempo, pero creo que el crecimiento de Tandil que la ciudad ha mostrado en los últimos 20 años, y sobre todo aceleradamente en los últimos 10 años hace que estos tiempos puedan acelerarse. 

Hoy, por ejemplo, la creación del edificio en Uriburu 750 para tener todas las dependencias judiciales en un mismo lugar, creo que es una señal también de que es un momento en donde Tandil debería luchar y unir esfuerzos entre, por ejemplo, la asociación de magistrados, la asociación de abogados de la ciudad, y poder luchar por este sueño que en algún momento fue que Tandil se constituya como Departamento Judicial. Si todos unimos esfuerzos, vamos a poder lograrlo.

Consultado sobre Villa del Lago, López comenzó brindando un panorama general de la situación, desde la declaración del lugar como Zona Especial de Interés Ambiental y la posterior judicialización del conflicto. 

Cabe recordar, tras la presentación de un particular la Justicia declaró inconstitucional la normativa, y la Comuna interpuso un Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley , la cual está en tratamiento desde diciembre. En paralelo a una nueva resolución judicial, desde el Municipio continúan avanzando con las permutas de lotes, de las cuales llevan 14 concretada y otras 26 en proceso.

-¿Cómo es la situación actual con respecto a Villa del Lago luego de la última presentación ante la Justicia?

-Estamos esperando el resultado, pero lo que hay que entender es que la sentencia hoy no está firme. Con lo cual la Corte puede, de hecho debería revisar lo decidido por la Cámara, que eso es lo que pide el Municipio.

Lo que decida la Corte no se traslada automáticamente a otros procesos porque no es un proceso de incidencia colectiva. Es un planteo individual el que está planteado, de hecho, en relación a un único lote, a una parcela, que lo pide un particular. 

-¿Y eso no sienta precedente para los otros lotes? ¿Cada propietario tendría que hacer su propia presentación?

-Exacto. Y si el Municipio resultara con una resolución adversa, que creo que no debería pasar al menos en todo, tendría la posibilidad de ir a la Corte de Nación, si hay alguna afectación de alguna cuestión de implicancia federal. 

Y por otro lado, si la sentencia le resultara desfavorable, también cabría la posibilidad de que el actor pudiera ir a la Corte de Nación. Los tiempos de la Corte de la Provincia no son iguales para todos los procesos. A veces se tarda entre un año o dos años en resolver, pero no quiero aventurarme porque la sentencia puede salir en un tiempo menor o en un tiempo mayor. 

Después en el frente judicial de todo el universo de personas que entienden que tienen derechos legítimos sobre algún terreno en Villa del Lago, judicializado hay muy poco. Creo que son tres o cuatro procesos más de la misma naturaleza en los que se interpuesto una acción declarativa de certeza. O sea, se pidió que la Justicia se pronuncie sobre una determinada cuestión. En este caso es si las ordenanzas son constitucionales o no. 

Lo que hay que destacar acá es que tampoco ninguno tiene sentencia firme. Es decir, están en el camino que marca la Justicia de todos los pasos necesarios para llegar a obtener un pronunciamiento firme.

-¿Está en juego la declaración del lugar como Zona Especial de Interés Ambiental?

-Eso no está en juego. Es decir, la Declaración de Zona Especial de Interés Ambiental que ha sido convalidada por la Provincia, no está en juego y entiendo que es algo que el Municipio ha ejercido de manera responsable y de manera legal.

Lo que el fallo de Mar del Plata cuestionó de alguna manera es la facultad del Municipio de dictar una ordenanza que, a entender de la Cámara, podía tener un sesgo expropiatorio. 

Y en este sentido, lo que el Municipio plantea es que la ordenanza no es expropiatoria, sino que le permite al Municipio iniciar un mecanismo de permuta, de adquisición de esos lotes y o de expropiación de esos lotes ubicados dentro de la Zona de Interés Ambiental. 

Pero para hacer la expropiación el Municipio debería instar un mecanismo de expropiación a través del dictado de una norma provincial que lo permita. El Municipio no dice que va a expropiar, sino que es una de las alternativas. No se avanzó en ninguna y sí en permutas.

-Durante los últimos días, el predio del Ex Policlínico volvió a estar en la agenda pública a raíz de manifestaciones de vecinos con respecto a la inseguridad. ¿Cómo es la situación hoy y cuál es la tarea que lleva adelante el Municipio?

-El Municipio lo primer que hizo es activar el procedimiento que correspondía a través de las denuncias de vecinos. Se constató y verificó que había pastizales altos, que había basura que se había acumulado en el lugar.

Nosotros empezamos a interactuar con Inspección y evaluamos las distintas acciones que podíamos tener, y entendimos que lo primero que había que resolver de inmediato era el tema del mantenimiento del lugar.

Pero hay una cuestión más importante que también tiene que ver con las necesidades de los vecinos, es decir, qué va a pasar con ese lugar.

-¿Y le cabe alguna sanción al propietario? 

- Hay una ordenanza que establece que el Municipio puede ejecutar una multa por el predio, eso está para todos los predios que están en esta situación.

Pero nosotros entendíamos que tenía que haber un doble abordaje. Es decir, qué va a pasar con el lugar aparte de los costos del mantenimiento. Nos preocupa por sobre todo qué va a pasar con el lugar, qué destino va a tener ese predio, esa manzana que en algún momento supo ser un lugar muy importante para toda Villa Italia y para la comunidad especialmente de la familia ferroviaria. 

Ahora hay un grupo de médicos que está trabajando en un proyecto muy importante para un centro médico, no en todo el lugar, sino en algunos de los lotes. En una reunión con uno de los miembros de ese equipo médico me contó de su proyecto. Están muy entusiasmados, con muchas ganas de llevarlo adelante, y también obviamente ellos están preocupados por la situación de los restantes lotes.

-No es el único predio privado con pastos altos por el que hay reclamos. ¿Cuesta generar la intimación o lograr que los propietarios intervengan sobre el predio?

-Sí, cuesta. No todos los casos son iguales, hay predios en los cuales el propietario es una sociedad y esa sociedad no tiene los representantes legales en Tandil, o no son ubicables. Hay predios que pueden haber pertenecido a personas que hoy están fallecidas y que no se pueden ubicar a sus herederos. 

Entonces esos predios a veces tienen este peligro, por un lado, de las cuestiones que afectan la salubridad del lugar o pueden afectar, digamos, cuestiones de higiene en el barrio. También pueden generar focos de inseguridad porque pueden ser lugares donde se ponga, se lo utilicen con alguna finalidad no lícita.

-¿Pero se le cobra al propietario del predio del Ex Policlínico por las tareas de limpieza del lugar?

-Sí, tiene que pagar. Nosotros tuvimos una reunión con el propietario y la abogada. Fue el viernes 5 de abril. Estuvieron en la Secretaría de Legales y ellos se comprometieron a abonar. Y a su vez, también, dentro de un plazo de 90 días hábiles administrativos, a empezar a interactuar con el Municipio en ver qué va a pasar con ese lugar.

El fallo conocido recientemente contra la ordenanza que intenta resolver el problema de Villa del Lago sumó nuevas voces sobre la temática. En este sentido se expresó la Asamblea por la Preservación de las Sierras, un actor social que desde hace más de una década brega por la protección del patrimonio natural serrano.

A través de un comunicado, el espacio ciudadano consideró que "el ordenamiento territorial es competencia de municipio y provincia, y eso no significa menoscabo a la certeza de ningún particular sobre sus bienes”. 

En rigor, el Tribunal de Alzada marplatense al que reclamó un propietario del loteo, declaró inconstitucional la utilidad pública del macizo serrano conocido como Villa del Lago, un instrumento votado por unanimidad por el Concejo Deliberante en junio de 2020 para limitar las construcciones en las sierras. Al ponerse en crisis el dominio de los lotes en litigio, hubo actores que se inclinaron por iniciar acciones judiciales para impedir que el Ejecutivo avanzara sobre los terrenos. 

Así, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dispuso “la inconstitucionalidad de la ordenanza 16.897 en cuanto declara la utilidad pública y sujeción a expropiación del inmueble catastralmente identificado como Circ. I, Sección E, Chacra 150, Manzana 150z, Parcela 2 de la localidad del Tandil” y ponderó que, invocando fines de naturaleza medioambiental, la Municipalidad diagramó mediante las mencionadas ordenanzas un mecanismo regulatorio que procura, en definitiva, la supresión del derecho de dominio del titular del lote. 

Posteriormente, la comuna afirmó que apelará la resolución judicial para defender las normativas vigentes y sus alcances.

Cumplir las leyes 

Al respecto, desde la Asamblea señalaron que el problema de Villa del Lago viene de larga data y observaron que pueden transitarse diferentes caminos para gestionar el conflicto, de modo de preservar los intereses de la ciudad. 

Más allá de la apelación del Municipio al fallo mencionado, volvieron a proponer acciones habilitadas en el marco legal existente, en particular la Ley 8912 (Art 101 y 103) y el Plan de Desarrollo Territorial (PDT). De este modo, básicamente el posicionamiento de la Asamblea se ajusta a la premisa de cumplir con las leyes existentes y, en consecuencia, esgrimieron que es necesario que el Ejecutivo inscriba la restricción a la construcción en todos los terrenos serranos, incluidos los de Villa del Lago “donde no hay agua ni posibilidades de tratamiento adecuado de efluentes”, encuadrándose en la Ley 8912. 

“Anotar la restricción a la construcción en todos los terrenos serranos, incluidos los de Villa del Lago donde no hay agua ni posibilidades de tratamiento adecuado de efluentes (DL 8912 Art. 101-103). Para respetar el ordenamiento y cuidar la ciudad no es imprescindible comprar los terrenos, sino hacer cumplir la ley vigente respecto a regulación y uso del suelo", expusieron. 

Un loteo complicado

Asimismo, en contacto con este medio, los vecinos recuperaron la memoria histórica del mencionado espacio público, y sostuvieron que “en la década del 60 aprovechando la cuantiosa inversión pública en la construcción del Dique algunos particulares lotearon y comenzaron a vender en cuotas terrenos de una sierra aledaña. No contaban con agua, eso quedó prontamente en evidencia e hizo que los compradores dejaran de pagar las cuotas, quebrando la firma Tandil Inversora S.A.”.

En concreto, lo que en su momento el Legislativo aprobó fue la declaración de utilidad pública de 600 parcelas que había subdividido la firma Inversora Tandil SA a mediados de la década del 60. Quedaron fuera de esta medida otros 72 lotes en los que se detectó una ocupación efectiva, con construcciones y obras, en tanto un terreno pertenece al Gobierno provincial. 

Con esta herramienta, el Departamento Ejecutivo comenzó el camino de negociación para incorporar esas tierras al patrimonio municipal. La ordenanza 16.897 prevé, como mecanismos, la compra, permuta, donación y expropiación de esas 600 parcelas, de las cuales 555 están en manos del síndico de la quiebra de la empresa.

Siguiendo la cronología, en 1977 se aprobó -con modificaciones- la norma territorial que rige en toda la provincia hasta el presente. Este encuadre legal  establece que no se puede construir en aquellos terrenos que no disponen de agua y posibilidades de tratamiento seguro de efluentes, y obliga además a que las autoridades consignen esta restricción en catastro, y es extensiva para todo terreno donde no exista un plano aprobado. 

Según explicaron desde el espacio vecinal, en Villa del Lago esto es aplicable para todo menos para lo construido o aprobado hasta el momento en que se publicó la Ley 8912/77.  A la par, cuestionaron: “Desde entonces asistimos a décadas de abandono, quedando sólo las primeras casas terminadas en Villa del Lago. En todas esas décadas, ¿la enorme deuda de impuestos quién la pagó?". 

No obstante, al profundizar más en la problemática enfatizaron que "desde hace alrededor de 10 años se empezaron a suceder incendios, alambrados y construcciones ilegales, y la gestión municipal hizo caso omiso a las múltiples denuncias públicas”.

En este marco, recordaron que se publicaron fotos con casas en construcción con dos piletas de lona armadas con agua para la tarea constructiva, situación que puso de manifiesto la falta de agua de pozo, pero la Usina llevó la luz y el Municipio provee agua con camiones. En esta línea, reflexionaron que “en pocos años se vieron una sucesión de tomas de terrenos VIP y construcción clandestina. Las denuncias siguieron y la falta de respuestas públicas adecuadas también".

En tanto, reiteraron que la comuna debe aplicar la legislación  vigente y el PDT aprobado en 2005 por el mismo Municipio -refrendado por la Provincia en 2007-, donde dice que debe evitarse el avance urbano sobre las sierras. 

Finalmente, exhortaron a las autoridades a “dejar de otorgar excepciones, de permitir loteos indebidos y de aprobar planos fraudulentos. Para respetar el ordenamiento y cuidar la ciudad no es imprescindible comprar los terrenos sino hacer cumplir la ley vigente, y eso lo pueden hacer ya". 

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dio un giro inesperado e hizo lugar al recurso presentado por Hugo César Inza, en el marco de una causa contra el Municipio sobre pretensión declarativa de certeza por la permuta de lotes en Villa del Lago. 

En rigor, la acción declarativa de certeza es aquella que tiene por finalidad eliminar un estado real de falta de certeza o de inseguridad que amenace la condición jurídica del actor y justifique la necesidad de una inmediata aclaración, ya que este estado de incertidumbre le provoca un perjuicio o lesión actual que justifica el pronunciamiento judicial sobre la cuestión planteada.

Al ponerse en crisis el dominio de los lotes en litigio, hubo actores que se inclinaron por iniciar acciones judiciales para impedir que el Ejecutivo avanzara sobre los terrenos. De este modo, el Tribunal de Alzada conformado por los jueces  Elio Horacio Riccitelli, Diego Fernando Ucin y Roberto Daniel Mora, falló de manera unánime a favor del denunciante y decidió revocar la sentencia apelada en todos sus términos. 

Así, la Cámara dispuso “la inconstitucionalidad de la ordenanza 16.897 en cuanto declara la utilidad pública y sujeción a expropiación del inmueble catastralmente identificado como Circ. I, Sección E, Chacra 150, Manzana 150z, Parcela 2 de la localidad del Tandil, y de las limitaciones al dominio contenidas en las ordenanzas 16.951 y 17.390, en tanto entroncadas en lo dispuesto por la ordenanza 16.897 estatuyan restricciones que importen la ablación de cualquiera de los componentes esenciales del derecho de propiedad sobre el mentado fundo”. 

Además la Justicia ponderó que, invocando fines de naturaleza medioambiental, la Municipalidad diagramó mediante las mencionadas ordenanzas un mecanismo regulatorio que procura, en definitiva, la supresión del derecho de dominio de Inza. 

Los fundamentos 

En el fallo, la Cámara detalla que la estructura normativa configurada por las ordenanzas 16.951 y 17.390 termina de “agravar la ya patentizada situación de incertidumbre del actor pues se lo coloca en la indeseada disyuntiva de aceptar alguna de las propuestas de negocio (compraventa - permuta) que le ofrezca el Municipio y/o tolerar la sujeción a expropiación de su bien por quien carece de atribuciones constitucionales y legales para ello”. 

En la sentencia, apoyada en jurisprudencia del propio organismo, se esgrime que este escenario se produce con el agravante de que las limitaciones urbanísticas posteriores a la sanción de la ordenanza que declara la utilidad pública “vacían prácticamente de contenido económico el bien”, y valora que "aunque apuntalado en fines loables como resulta ser la tutela del ambiente, lejos de generar certeza ha colocado al actor en una situación de indeterminación y zozobra en cuanto al alcance actual”. 

A la par, el razonamiento seguido por el juez Riccitelli ante tales premisas, indican que “la expropiación podrá ser dispuesta tanto por el Estado Nacional como por una provincia -aunque en este último caso solo podrá tener por objeto bienes situados en la respectiva jurisdicción-, siendo competente para efectuar la calificación de utilidad pública y ordenar aquella el órgano que, dentro de cada una de las respectivas esferas del esquema gubernativo federal, se encuentre habilitado constitucionalmente para sancionar leyes”. 

Vale aclarar que, si bien la expropiación solamente puede ser dispuesta por ley nacional o provincial, los sujetos activos de la expropiación no serán únicamente la Nación o las provincias, desde que la ley puede atribuir ese carácter a los municipios, entidades autárquicas, empresas nacionales o provinciales, o concesionarios de obras y servicios públicos, entre otros. Empero, en todos estos casos, siempre será necesaria la previa sanción de una ley del Congreso o de la Legislatura provincial que califique la utilidad pública. 

“No puedo pasar por alto que el actor articuló su pretensión proyectando una situación de incertidumbre acerca del alcance o contenido de las ordenanzas cuestionadas, procurando superar el estado de perplejidad que le genera ver sometido el inmueble de su propiedad a un marco regulatorio compuesto por múltiples normas que, luego de calificar de utilidad pública la adquisición del dominio de ese bien por la comuna, lo sujetan a expropiación desconociendo -según afirmara en su demanda- que los municipios carecen de competencia para obrar de tal modo”, abunda el magistrado en sus fundamentos. 

En consecuencia, formó convicción en cuanto a que la ordenanza 16.897 “no podría equipararse a una ley declarativa de utilidad pública en el sentido propio de la manda contenida en los textos constitucionales nacional y provincial”. 

Las normativas municipales 

En junio de 2020, el Concejo Deliberante dio el primer paso para la preservación de buena parte del faldeo serrano de Villa del Lago, con la declaración de utilidad pública de 600 parcelas que había subdividido la firma Inversora Tandil SA a mediados de la década del 60. Quedaron fuera de esta medida otros 72 lotes en los que se detectó una ocupación efectiva, con construcciones y obras, en tanto un terreno pertenece al Gobierno de la  Provincia.

Con esta herramienta, el Departamento Ejecutivo comenzó el camino de negociación para incorporar esas tierras al patrimonio municipal. La ordenanza 16.897 prevé, como mecanismos, la compra, permuta, donación y expropiación de esas 600 parcelas, de las cuales 555 están en manos del síndico de la quiebra de la empresa.

Posteriormente, a través de la ordenanza 17.390, se estableció también una Zona Especial de Interés Ambiental (ZEIA), de acuerdo a las categorías del Plan de Ordenamiento Territorial, tendiente a resguardar ese sector serrano, donde no hay factibilidad técnica de extender servicios ni alentar el desarrollo urbano.

En sintonía, en diciembre de 2022 se puso en funciones el Comité de Gestión de Permutas, que tiene a su cargo la tarea de efectivizar el intercambio de tierras del faldeo serrano declaradas de utilidad pública, cuyos propietarios hayan acreditado titularidad, por lotes municipales. El proceso se encuadró a partir de un esquema que estableció un criterio común de tasación, al otorgar un puntaje a cada terreno de acuerdo a una serie de indicadores.

Siguiendo lo que prescribe la norma sancionada hace un mes por el cuerpo Legislativo, que declaró de utilidad pública parte de las 600 parcelas del loteo que realizó Tandil Inversora SA entre 1967 y 196 en la zona denominada Villa del Lago, autoridades municipales se reunieron el último viernes para conversar sobre los avances hasta el momento, que incluyen un proceso de paralización de obras que estaban en marcha con distinto grado de avance y la notificación sobre lo dispuesto en la ordenanza a las partes interesadas.

Participaron del encuentro el secretario de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Viviendas, Luciano Lafosse; la subsecretaria del área, María Riestra; la directora de Desarrollo Urbano, Victoria Deguer; el secretario Legal y Técnico, Andrés Curcio; el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik; y los representantes de los tres bloques legislativos, Mario Civalleri, Cristian Cisneros, Marina Santos, Rogelio Iparraguirre y Andrés Dorta.

El Eco de Tandil dialogó con el titular del área Legal y Técnica, Andrés Curcio, quien explicó que  la normativa prevé que cada 90 días el Departamento Ejecutivo informe al Concejo sobre los avances, pero que decidieron compartir la información recabada  durante este primer periodo para progresar de manera más fluida hacia el objetivo final.

En ese marco se dio cumplimiento a la primera obligación: notificar a los poseedores de buena fe de los inmuebles que no están sujetos a la operatoria de compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal, del plazo de 180 días para regularizar la situación parcelaria.

“Se recibieron a diferentes vecinos con inquietudes en distintas situaciones en cuanto al derecho sobre la tierra. Algunos con título de propiedad, otros con escritura en trámite, boleto de compraventa, y con juicio o sucesión en trámite. Se han acercado todos con buena voluntad para ver en qué estado se encuentran”, detalló. Esta información servirá para relevar la cantidad efectiva de propietarios que están en condiciones  de normalizar su situación o de quedar sujetos a la utilidad pública.

La división del macizo 

De acuerdo al desglose del texto normativo, el predio en cuestión, la Chacra 150, fue subdividida en 673 lotes, de los cuales 600 son baldíos, uno es de dominio provincial y de los 72 restantes, 48 están construidos, 15 se encuentran en proceso de obra y 9 ocupados, algunos con estructuras metálicas tipo containers.

Así, de las 673 parcelas, la firma Tandil Inversora SA figura como titular de dominio de 555, aunque hay algunas personas que acreditan propiedad con boleto de compraventa, y 118 están a nombre de particulares privados que lograron escriturar. De los 72 terrenos que no fueron alcanzados por la figura de utilidad pública, 50 no tienen abierto un expediente en el Municipio y 22 iniciaron el trámite, algunos con el plano convalidado, otros sin convalidar y otros presentaron incorporaciones.

Con respecto a la empresa que tiene la titularidad de la mayor parte de las tierras, Curcio afirmó que ningún particular se presentó por esos lotes hasta el momento y están analizando si se va a hacer una presentación en el concurso de quiebra, si se contactará a un síndico o cómo se va a proceder para destrabar esa parte.

Además, el funcionario remarcó que el Estado provincial y municipal son acreedores de una deuda muy importante en concepto de impuestos y tasas, lo que seguramente gravitará en el proceso de negociación que se abre por delante con quienes reclaman derechos sobre esas tierras sujetas a expropiación.

El freno a las obras 

Consultado sobre la posible aparición de nuevas edificaciones en el caso de que correspondan a lotes con documentación y planos presentados que no hayan alcanzado a iniciar las obras, aclaró que “las que tengan un plano presentado y nada construido están dentro del anexo que se declaró de utilidad pública. Hay que ver  cada caso en particular, porque la presentación de un plano no da derecho absoluto, hay tiempo establecido para presentar la documentación, los indicadores urbanísticos”.

Y explicó que las que quedaron excluidas de la ordenanza por tener algún tipo de construcción presentan diferentes matices: hay planos presentados, documentación incompleta o nula. Cabe destacar que en noviembre pasado un decreto del intendente Miguel Lunghi frenó las construcciones y desde entonces no es posible levantar nuevas edificaciones o intervenir las ya existentes.

No obstante, se detectaron ciertas irregularidades en las inspecciones periódicas y se labraron infracciones. Con estas medidas, se paralizaron las tareas y las actuaciones y actas se elevaron al Juzgado de Faltas.

“Hoy no sería factible que se loteara y construyera en las sierras. Por el PDT y la Ley de Paisaje Protegido es impensada una subdivisión como la que se hizo en ese momento. La realidad es que no se permite subdividir ni construir, pero hay una subdivisión preexistente que los dueños o herederos comenzaron a regularizar de algún modo a lo largo de los años. Con esta herramienta jurídica lo que se hace es frenar que se siga avanzando sobre el cerro”, concluyó.

Durante el fin de semana, la Secretaría de Planeamiento Urbano Ambiental, Obras y Viviendas y la Dirección General de Inspección y Habilitaciones del Municipio, realizaron controles en la zona de Villa del Lago e infraccionaron a los propietarios de lotes donde se detectaron obras en construcción.

Actualmente, la construcción en la zona está suspendida por un decreto municipal y en la sesión del 25 de junio del Honorable Concejo Deliberante se aprobó una ordenanza que declara de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de la comuna, de un importante porcentaje de los inmuebles correspondientes a la Chacra 150 de la Circunscripción I, Sección E del Partido de Tandil.

En esa normativa sólo se exceptúan de la declaración a 75 lotes en los que ya existían construcciones, por lo que se encuentran en situación de ocupación efectiva.

La nueva legislación también exhorta al Departamento Ejecutivo para que se suspendan los permisos de obra nueva y las incorporaciones de obras existentes, en las parcelas cuya adquisición de dominio se declaró de utilidad pública, hasta tanto se obtenga la propiedad del área en cuestión.

Asimismo establece que los titulares de los inmuebles que no fueron declarados de utilidad pública en esa ordenanza, deberán completar los trámites tendientes a regularizar la situación parcelaria de los mismos.

El Secretario de Planeamiento Urbano Ambiental, Obras y Viviendas, Luciano Lafosse, explicó que “el sábado se realizaron inspecciones y se infraccionaron los casos en los que detectamos construcciones que se estaban realizando, que por supuesto se paralizaron y las actuaciones y actas se elevaron al Juzgado de Faltas”. Además, confirmó que los controles continuarán de forma permanente

El debate por la construcción en la zona de Villa del Lago volvió a resurgir y las críticas en torno a la polémica afloraron nuevamente, luego de que la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras compartiera un comunicado cargando contra el Municipio.

Bajo el título “¿Quién gobierna en Villa del Lago?”, desde la agrupación arremetieron contra el Ejecutivo por, según ellos, no controlar las construcciones ni los tendidos eléctricos que se están instalando.

“Más construcciones, más torres de luz, más alambrados, más carteles de venta. En Villa del Lago lo que parece suspendido es el Estado presente haciendo cumplir lo que aprueba y pregona”, señalaron en la misiva.

Advirtieron que de nada sirve aprobar ordenanzas para que queden simplemente en papeles mientras se deja que se avance sobre las sierras. “Se nota el apuro por ocupar, mientras el Gobierno calma a la opinión pública con ordenanzas de suspensión de construcciones”, agregaron.

“Deberían hacerse cargo éticamente y pecuniariamente de los perjuicios ambientales y económicos que genera construir donde no hay agua, donde no hay posibilidades de tratar adecuadamente los efluentes y donde mantener calles y los servicios que las requieren en condiciones es muchísimo más caro que en las zonas apropiadas para el crecimiento urbano. Como ciudad perdemos sierras y ganamos problemas. Hace años denunciamos el avance y lejos de evitarlo los gobernantes les llevan la luz y permiten que construyan. El resto de los ciudadanos nos recibimos de giles. Gobernantes: ¡Ni una casa más en las sierras!”, culmina la encendida proclama.

La aclaración del Municipio 

Consultado por El Eco de Tandil, el subsecretario de Coordinación del gobierno, Juan Martín Pissani, desmintió estas versiones y afirmó que desde noviembre no se registraron cambios en el lugar. Dio cuenta de que las inspecciones se realizan con regularidad, la última efectuada la semana pasada, en la que ninguna maniobra prohibida fue identificada.

“No hay construcciones nuevas, hubo una cuestión con el cimiento de una obra ya detectada antes, que podría dar lugar a un delito penal. Tendido u obra eléctrica nueva no hay nada”, aclaró.

Lo llamativo del asunto es que hay inmobiliarias y particulares que siguen ofreciendo terrenos en Villa del Lago, cuando hay un decreto que suspende el inicio de nuevas edificaciones y cuando, además, eventualmente el área podría declararse de utilidad pública.

En este sentido, explicó que la compraventa no está restringida y que “cualquier dueño de un terreno ahí puede venderlo, siempre y cuando tenga los papeles. El tema es que si sale la ordenanza  puede quedar sujeto a expropiación o compra”.

“Es un riesgo que estarán asumiendo. Hay que ver los papeles llegado el caso de que se apruebe la ordenanza y el Municipio se tenga que sentar con todas las personas que aleguen tener algún derecho. Se verá que documentación poseen”, especificó.

Pissani expuso que se encuentran trabajando en el proyecto presentado a fines del año pasado y que elaboraron un informe actualizado solicitado por el cuerpo Legislativo para adjuntar a la documentación. “Con la pandemia, la atención y la prestación de servicios se derivaron a otras cuestiones en el marco de la cuestión sanitaria, pero de a poco vamos retomando los temas”, cerró.

El freno a la construcción 

De este modo, a través de una ordenanza, pretende declarar de utilidad pública la adquisición de los terrenos del área mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal. Quedan excluidas aquellas que a la fecha tengan planos y permisos de obra debidamente aprobados por las áreas competentes. La propuesta está siendo analizada por las áreas pertinentes y en la próxima semana habría una reunión con el Concejo para tratar el tema. Mientras tanto, a comienzos de mayo se prorrogó por otros seis meses la suspensión de los permisos de obra nueva en el lugar, en base al decreto firmado por el intendente Lunghi  el 7 de noviembre pasado para impedir que se siguiera interviniendo sobre el macizo.

Vale reseñar que en el sector hay más de 250 parcelas, cuya superficie construida no supera el 10 por ciento, pero que ha generado problemas por la provisión de servicios y por algunos incumplimientos con las normativas existentes en torno a los parámetros de edificabilidad. Esto encendió la alarma de diferentes agrupaciones ambientalistas preocupadas por la proliferación de obras “irregulares” en el sector y sus consecuencias  en el entorno.

Ayer se realizó una nueva reunión en el marco del tratamiento del proyecto de ordenanza para frenar la ocupación de Villa del Lago, sobre una subdivisión que realizó la firma Tandil Inversora SA hace décadas. Tras el encuentro, el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Mario Civalleri, resaltó que con la propuesta elevada por el intendente Miguel Lunghi se podrán preservar 620 parcelas y que quedarían afuera otras 50, entre construcciones y lotes con planos aprobados.

En la planta alta de la Municipalidad, se reunieron el presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik, concejales que integran las comisiones de Obras Públicas y de Economía, el subsecretario de Coordinación de Proyectos Juan Martín Pissani, y los secretarios de Legales Andrés Curcio y de Desarrollo Urbano Luciano Lafosse.

“Si bien hay una mirada compartida en la cuestión de fondo”, el objetivo de la reunión fue “ajustar algunos detalles de redacción porque es una ordenanza que requiere ser muy precisa”, detalló el jefe de la bancada oficialista en diálogo con este Diario.

En el primer encuentro para debatir el proyecto de ordenanza, que se realizó el último miércoles, hubo acuerdo de los distintos bloques políticos en varias cuestiones, que fueron ratificadas ayer.

“Primero, que la ordenanza de declaración de interés público no alcance a aquellas parcelas que están habitadas y que tampoco alcance a aquellas parcelas cuyos propietarios tienen planos aprobados, con o sin inicio de obra”, enumeró Civalleri.

En ese aspecto, confirmó un dato que no obra en el expediente: del total de las 675 parcelas, las viviendas construidas y los lotes con planos aprobados suman 50.

“Todas las demás, independientemente de cuál sea el estado o el status de su dominio, sí van a ser alcanzadas por la declaración de interés público”, aclaró y adelantó que se va a identificar cada parcela por su denominación catastral para que no haya errores, al tiempo que ratificó que “de los 675 lotes, la ordenanza alcanzará entre 600 y 625”.

En poder de la Justicia

Mario Civalleri alegó que esta medida “controlaría la construcción en todo ese faldeo que obviamente es necesario preservar, pero también es verdad que de esos 675 lotes, aproximadamente alrededor de unos 500 todavía están en poder de la quiebra. Según la información con la cual contamos, son lotes que no tienen un titular, una persona que los haya comprado, son lotes que nunca fueron vendidos”.

Consideró a esa situación como una ventaja, teniendo en cuenta que “hace más acotado el tema de la negociación mano a mano, porque estamos hablando de ciento y pico lotes y en muchos casos son propietarios de más de uno. Con lo cual, el universo de negociación, posiblemente se achique considerablemente”.

En tanto, indicó que “los que están en manos de la Justicia se deberán negociar con el síndico de la quiebra, quien tendrá como responsabilidad resarcir a los acreedores. Es muy probable que esos acreedores sean justamente el Estado provincial, ARBA, habrá que verlo, pero el primer paso es la ordenanza”.

Una ZEIA

En relación a la discusión de la ordenanza, el exsecretario de Obras Públicas destacó que “hubo mucha coincidencia” y explicó que “yo también propuse y también conseguimos rápidamente el consenso, que todos los lotes que van a ser alcanzados por esta norma cambien su condición y se transformen en una Zona Especial de Interés Ambiental (ZEIA)”.

Entonces, argumentó que “la idea es rescatar esos lotes y preservarlos para que no sean construidos, con lo cual van a tener un uso muy limitado, y básicamente es recuperarlos para garantizar el paisaje y el medioambiente”.

En esta etapa, no hay estimaciones sobre el costo que implicaría para el Municipio la adquisición de más de 600 parcelas en Villa del Lago. “Personalmente, creo que son lotes que evidentemente, por algunas averiguaciones informales que hemos hecho, no tienen un alto valor inmobiliario. Básicamente porque es una zona que tiene pendientes, en la mayoría de los casos, y no tiene servicios de ningún tipo y seguramente no los va a tener, tiene piedra, con lo cual no son lotes muy tentadores”, analizó desde el punto de vista inmobiliario.

Y remarcó que “por eso precisamente hace 50 años que existe el loteo y hay un puñado de construcciones y nada más. Si fuera de otra manera, seguramente se hubiera desarrollado. Así que seguramente el valor económico no es alto, pero para eso hay tiempo y obviamente como el 70 por ciento de esos lotes están en manos del síndico que administra la quiebra, más allá del valor inmobiliario, habrá que ver a qué acreedores tiene que hacer frente la quiebra. Por ahí más que el valor inmobiliario, habrá que terminar mirando cuánto vale lo que debe la quiebra”.

En definitiva, auguró que “todas estas cuestiones se van a ir desentrañando en la medida en que se pueda avanzar”.

El repentino movimiento

En la previa al encuentro de la víspera, el presidente del bloque Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, había planteado dudas sobre presuntas irregularidades que llevaron a que esa subdivisión se mantuviera detenido durante décadas y que en los últimos dos años experimentó una ocupación acelerada.

En cuanto a los motivos que podrían haber despertado el interés en esa zona, Mario Civalleri manifestó que sólo tiene versiones que no lograron comprobar. “Lo cierto es que vimos el efecto y el Intendente hace un par de meses firmó un decreto tratando de limitar esa cuestión y envió el proyecto de esta ordenanza que tiene un carácter más definitivo”, defendió.

Esos trascendidos dan cuenta de “operaciones o manejos” que “resucitaron” esta subdivisión, pero no hay nada denuncias ni pruebas fehacientes.

“Desalentamos por distintas vías”

Pese a confirmar el apoyo de su bancada a la iniciativa para preservar las tierras de Villa del Lago, Rogelio Iparraguirre disparó críticas en cuanto a que el Gobierno municipal llega tarde a resolver una situación de décadas, cuando lleva 16 años al frente de la gestión. Como exsecretario de Obras Públicas, Mario Civalleri argumentó que “siempre ha habido medidas, si se quiere indirectas, para de alguna manera desalentar” la construcción en Villa del Lago.

Y agregó que “obviamente una ordenanza que apunta a una declaración de interés público que puede lograr una expropiación es el último eslabón que se entrelaza en una cadena. Lo que hicimos fue desalentar por distintas vías y una de ellas fue no contemplar de ninguna manera la ampliación de servicios”.

Repasó que “asumí la Secretaría de Obras Públicas el 10 de diciembre de 2003 y a los 5 ó 6 meses, por pedido de quien en ese momento era concejal -recientemente fallecida- Cristina Faroppa, ella armó una reunión con vecinos de esa zona y estuve presente en una de esas casas. Pretendían ver qué posición tenía el Gobierno con respecto a la extensión de servicios, y ya en ese momento les planteamos que no teníamos ningún interés en urbanizar esa zona porque no estábamos de acuerdo, más allá de que la continuidad institucional del Estado hacía que debiéramos reconocer la existencia de esos lotes”.

También, manifestó que “no se alentó en ningún momento” el desarrollo urbanístico de ese sector serrano y añadió que “cuando hubo otro predio adyacente al de Villa del Lago que intentó avanzar por la vía de un loteo, nos opusimos fuertemente y fue un tema que tomó mucha relevancia pública”. En síntesis, expuso que “hemos tenido una postura coherente” y ratificó que el momento es ahora porque “obviamente ha habido algunas señales”, por caso “si ese predio se hubiera mantenido, como se mantuvo durante años, con un pequeño puñado de construcciones que no avanzaba mucho más, por ahí no hubiera sido necesario apelar a una posición de fondo, pero ahora se consideró que era oportuno y por eso lo estamos transitando”.

La herencia

En la misma línea, Mario Civalleri señaló que “este Gobierno, más allá de que algunos creen que debería ser más agresivo en sus políticas, es el primero que tiene una política de preservación, de limitar con una zona protegida donde hemos impedido las subdivisiones en loteos urbanos como este que nos está ocupando”.

Y agregó que “en definitiva, nos estamos ocupando de cuestiones que viene heredando Tandil de cuando no había normas, entonces aparecían loteos como este o como el de La Elena que no respondían a ninguna lógica y no tenían marco normativo. Bueno, ahora sí tienen marco normativo porque fue este Gobierno el que lo impulsó”, marcó en referencia al Plan de Desarrollo Territorial (PDT) que limitó las construcciones, densificación y usos del suelo sobre el cordón serrano.

Ayer, en la oficina de presidencia, Juan Pablo Frolik encabezó una reunión para tratar el proyecto de ordenanza que busca declarar de utilidad pública la adquisición de las 675 parcelas de Villa del Lago. En principio, hay acuerdo general para avanzar con la iniciativa que elevó el Departamento Ejecutivo, aunque la oposición planteó modificaciones ya que entiende que la propuesta deja algunos cabos sueltos.

El conductor de la bancada del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, participó del encuentro, donde “retomamos ese tema que había quedado en diciembre planchado” y anticipó que “hay un montón de dudas”.

Sin embargo, adelantó que “en términos generales, hay acuerdo de los distintos bloques sobre la iniciativa de declaración de utilidad pública y la expropiación”, y ratificó que “el punto de acuerdo básico sobre el que partimos con la iniciativa que manda el Intendente es que ahí no se puede seguir construyendo. No se debió construir en su momento, pero por lo pronto, para no llorar sobre la leche derramada, no se puede seguir construyendo”.

En este punto, Iparraguirre coincidió con las opiniones de los funcionarios de las direcciones técnicas, teniendo en cuenta que en Villa del Lago “no se cumple con las previsiones de la Ley Provincial 8912 respecto a la infraestructura básica, centralmente el agua. Ahí no hay agua, no hay posibilidades de hacer pozo y no hay posibilidades de llevar agua desde el Estado, es muy difícil o imposible”. Sumado a estas restricciones, citó la regulación del Plan de Ordenamiento Territorial para el cordón serrano.

Si bien la subdivisión de esas tierras en 675 lotes es anterior a la sanción de la Ley 8912, explicó que “hay un artículo que habla de las subdivisiones anteriores” y afirmó que lo argumenta el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica y el análisis de la directora de Desarrollo Urbano Victoria Deguer.

“Viciado de irregularidades”

El concejal del Frente de Todos reiteró que “hay acuerdo general en torno a la iniciativa que eleva el Intendente respeto de que hay que parar el avance de estas construcciones”.

De todos modos, planteó que en los últimos dos años se ha detectado la proliferación de construcciones en ese sector de la ciudad. ”Hemos visto un avance que, si bien aún no pudimos dilucidar la operatoria, todo indica que está viciado de algunas irregularidades, porque ese loteo de Villa del Lago ha tenido un ritmo de ocupación durante 40 años y en los últimos dos años ese ritmo se ha multiplicado por diez”, enfatizó.

Sobre las limitaciones que prevé el proyecto de ordenanza, detalló que “el planteo es quien ya vive ahí, ya está. No se puede ir a desalojarlo o a voltearle la casa”, y como caso testigo del avance de la ocupación en el último tiempo citó la aparición de contenedores destinados a viviendas.

En ese sentido, una de las cuestiones que reclama el Frente de Todos y que logró acordar ayer es que “hay que ser más taxativos en el relevamiento, porque el proyecto de ordenanza que eleva el Ejecutivo habla de declarar de utilidad pública sujeto a expropiación aquellos lotes que no tengan obra con planos debidamente presentados. Un poco la discusión, y esto no está resuelto, fue parte de la charla que tuvimos, es si debiera ser en función de los que tienen planos aprobados o de los que están viviendo. No es lo mismo”.

En ese punto, tampoco disponen de información sobre cuántos propietarios de parcelas tienen planos aprobados y permisos para empezar a construir.

“Otro punto que falta, que tampoco está en el proyecto de ordenanza es qué hacemos con esta tierra. Está claro que es para preservarla ambientalmente y paisajísticamente, ahora, con qué figura. Una opción podría ser declararla una Zona Especial de Interés Ambiental (ZEIA). No está saldado”, destacó el líder de la primera minoría legislativa.

“Hay cabos sueltos”

En síntesis, anticipó que “hay acuerdo general en torno a la intención que está teniendo el Departamento Ejecutivo en relación a lo que es el loteo de Villa del Lago, pero el proyecto no va a salir tal como está redactado”.

En ese sentido, consideró que “hay cabos sueltos”, entonces “la idea es sentarnos a trabajar”. En principio, encontró permeabilidad ante los planteos de su bloque y confirmó que hoy participará de una reunión de los concejales titulares de la Comisión de Obras Públicas, más el presidente del Concejo Deliberante, quienes recibirán a funcionarios del área de Legales y de otras direcciones que se puedan sumar. El objetivo es “ver si podemos echar un poquito más de luz para que la cosa sea más clara, antes de avanzar en la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación”.

La propuesta del Ejecutivo es importante, teniendo en cuenta que busca preservar el medioambiente y el paisaje, pero además deberá construir acuerdos y consensos que avalen una decisión compleja. Por caso, una vez aprobada la ordenanza, deberá elevar un proyecto de expropiación a la Legislatura provincial.

“Tampoco la idea es avanzar con una iniciativa bien intencionada que termine metiendo al Estado municipal, que en definitiva somos todos los tandilenses, en una catarata de juicios. Para preservar ese suelo, me parece que los acuerdos y los consensos son una condición necesaria”, expresó Iparraguirre.

La “preocupación” que emerge

luego de 16 años de gobierno

Al evaluar el proyecto de ordenanza desde una perspectiva política, Rogelio Iparraguirre consideró que el Municipio “llega tarde” con la intervención en Villa del Lago, donde la ocupación creció en el último tiempo. “No me cabe absolutamente ninguna duda, más cuando es un Estado que tiene en su conducción a la misma persona hace 16 años”, advirtió.

En ese sentido, expuso que “yo hago propias las manifestaciones de cada uno de los funcionarios del Departamento Ejecutivo que están vertidas en el expediente, que lo que denotan es una gran preocupación por la preservación ambiental, paisajística, sanitaria, etc., etc., los directores de Vialidad, Obras Sanitarias, Medioambiente, Desarrollo Urbano, todos muy preocupados, pero hace 16 años que gobiernan”.

Iparraguirre evaluó que “se llega más tarde de lo que podría haber sido, no cabe ninguna duda y es un hecho absolutamente fuera de discusión, porque estamos hablando de un gobierno de hace 16 años que está tomando esta iniciativa ahora”.

Si bien ratificó el acompañamiento del Frente de Todos, le pasó factura a la actual gestión. “Qué loco que tengan esta gran preocupación ahora y no la hayan tenido quienes fueron gobierno durante 16 años, pero nosotros no vamos a quedarnos con la crítica de lo que no hicieron en 16 años si nos parece bien lo que se está proponiendo de acá en adelante”, aseguró.

Por último, analizó que “para nosotros esto es un puntapié inicial para empezar a ver otras zonas de Tandil que, bajo el mismo criterio que establecen los funcionarios en este expediente, que no tienen agua corriente, que ponen en riesgo el paisaje, el medioambiente, etc., etc., para avanzar con iniciativas similares en un futuro en otros sectores de la ciudad”.