En medio de la intensa ola polar que mantiene temperaturas bajo cero en gran parte de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional volvió a poner como prioridad el tratamiento del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría. Por instrucción del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició gestiones en el Senado para reunir los votos necesarios que permitan convertir en ley la iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Tras asumir su cargo, Santilli mantuvo una reunión con los jefes de bloques aliados a La Libertad Avanza junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para analizar el escenario legislativo. El proyecto contempla cambios que dejarían sin los descuentos actuales en la tarifa de gas a unos 1.240.000 hogares de 94 municipios bonaerenses.

"Tengo confianza en que se va a convertir en ley", aseguró Santilli al término del encuentro, aunque reconoció implícitamente que el oficialismo todavía no tiene garantizados los votos en la Cámara alta. "En Diputados los votos estuvieron", remarcó el funcionario al ser consultado sobre las posibilidades de avanzar con la iniciativa.

Por su parte, Bullrich sostuvo que el Gobierno continuará negociando con los distintos bloques. "Vamos a empezar a ver cuántos votos tenemos y ver si podemos sacarla porque para el Gobierno es prioritaria", afirmó.

Uno de los puntos centrales de la negociación pasa por los senadores que responden a los gobernadores del Norte Grande. Ese grupo de legisladores reclama la creación de una "zona cálida", con beneficios para afrontar el elevado consumo eléctrico durante el verano. Aunque esa propuesta no fue incorporada al proyecto, buscan obtener un compromiso del Ejecutivo antes de acompañar la iniciativa.

Cómo cambiarían los subsidios al gas

Actualmente, los usuarios incluidos en el régimen de Zona Fría reciben descuentos del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. El proyecto oficial modifica ese esquema y establece que la bonificación solo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes que conforman la tarifa residencial.

Los otros dos componentes, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el costo del transporte del gas, dejarán de contar con subsidios. Como consecuencia, las facturas aumentarían incluso en las provincias patagónicas, donde se estiman incrementos cercanos al 25%.

En el caso de los municipios bonaerenses que quedarían excluidos del régimen, el descuento se aplicaría únicamente sobre el PIST, que representa aproximadamente entre un cuarto y un tercio del valor total de la factura. De esa manera, la rebaja efectiva rondaría apenas el 15% del monto final, antes de impuestos y otros cargos.

Crecen los reclamos en la provincia

La iniciativa también generó un fuerte rechazo entre gobernadores e intendentes. Además de las críticas de los mandatarios provinciales Axel Kicillof, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, en distintos municipios bonaerenses se impulsan campañas para rechazar la medida.

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y organizaciones como la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa promovieron recolecciones de firmas en ciudades como Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Bragado y La Costa, entre otras.

También expresaron su preocupación intendentes de distritos como Tres Arroyos, Villa Gesell, Castelli, Coronel Suárez, Saladillo, Olavarría, Bahía Blanca y Pehuajó, que atraviesan jornadas con temperaturas extremadamente bajas.

Este jueves, de hecho, varias localidades bonaerenses registraron algunas de las marcas térmicas más bajas del país. Coronel Suárez alcanzó los -4,8°C, Bolívar -4,5°C, Las Flores -3,3°C, Azul -2,2°C, Trenque Lauquen -1,6°C, La Plata -1,1°C, Junín -0,9°C, mientras que Benito Juárez y 9 de Julio registraron -0,4°C, reforzando los cuestionamientos al proyecto en medio de una de las semanas más frías del año.

El presidente Javier Milei pidió este miércoles acelerar en el Senado la sanción definitiva del proyecto que reduce el alcance del régimen de Zona Fría, una iniciativa que, de convertirse en ley, eliminará los subsidios al consumo de gas para usuarios de 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El planteo fue realizado durante una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza, encabezada por el mandatario en la Casa Rosada, de la que también participó el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a otros funcionarios del Gobierno nacional.

La decisión forma parte de la estrategia del Ejecutivo para reactivar su agenda parlamentaria tras las últimas semanas marcadas por la crisis política derivada del escándalo que involucró al exvocero presidencial Manuel Adorni. Además del proyecto sobre Zona Fría, el oficialismo busca impulsar la eliminación de las PASO, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros proyectos considerados prioritarios.

Un ahorro fiscal y un mayor costo para los usuarios

Según el Gobierno, la reducción del régimen de Zona Fría permitiría un ahorro cercano a 250.000 millones de pesos para el Estado nacional. Sin embargo, la medida implicaría un fuerte incremento en las facturas de gas de aproximadamente 1.240.000 hogares, que pasarían a pagar entre un 30% y un 50% más por el servicio al perder los descuentos vigentes.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada el pasado 20 de mayo, y el oficialismo considera que existen condiciones para conseguir su aprobación definitiva en el Senado.

De prosperar el proyecto, quedará sin efecto la ampliación del régimen realizada en 2021, que había incorporado a decenas de municipios bonaerenses al esquema de descuentos sobre las tarifas de gas natural.

Nueva mesa política

La reunión se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y marcó la puesta en funcionamiento de una nueva mesa política del Gobierno. Además de Milei y Santilli, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem.

Durante el encuentro, Karina Milei también pidió dar prioridad al tratamiento del proyecto sobre Zona Fría y avanzar con modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, en una señal de mayor participación en la coordinación de la estrategia parlamentaria del oficialismo.

A partir de este miércoles, las tarifas de gas en todo el país registrarán un aumento promedio del 3 por ciento, según informaron fuentes de la Secretaría de Energía. Por su parte, el servicio de electricidad tendrá un ajuste del 1,5 por ciento en la región del AMBA, mientras que en el resto del territorio nacional la variación dependerá de cada empresa distribuidora.

El Gobierno dispuso además la prórroga del 25 por ciento extra de bonificación para el gas durante el mes de julio. Asimismo, se incrementó el beneficio adicional en la tarifa eléctrica, que pasó del 11,97 por ciento al 16,59 por ciento.

“De modo que los usuarios más vulnerables estén protegidos en estos meses de alto consumo debido al frío”.

Desde la Secretaría de Energía precisaron que el ajuste en la tarifa de gas se ubica por encima de la inflación proyectada, la cual se estima por debajo del 2 por ciento, mientras que el incremento aplicado a la electricidad se posiciona por debajo de dicho índice.

Las subas se aplicarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo. Ese dato sirve como referencia para distintos mecanismos de actualización previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.

En el caso de los alquileres, los contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres continuarán ajustándose según el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central, por lo que en julio registrarán un incremento anual del 31,54%. En tanto, los contratos que actualizan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aplicarán subas de acuerdo con el período pactado: 8,1% para ajustes trimestrales, 11% para los cuatrimestrales y 16,7% para los semestrales.

En materia de transporte público, los usuarios de la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 4,1% desde el 1° de julio. El boleto mínimo de colectivo pasará a costar $1.057,25, mientras que el tramo de 3 a 6 kilómetros tendrá un valor de $1.189,39; el de 6 a 12 kilómetros costará $1.321,55 y los recorridos de 12 a 27 kilómetros ascenderán a $1.585,89.

El ajuste responde al esquema de actualización que combina la inflación con un adicional de dos puntos porcentuales. El Gobierno nacional sostuvo que la medida busca garantizar la continuidad y calidad del servicio. Además, continuará vigente el descuento del 55% para beneficiarios de la tarifa social, jubilados, pensionados y otros grupos alcanzados por prestaciones de Anses.

Por su parte, las empresas de medicina prepaga ya comenzaron a informar a sus afiliados los nuevos valores que regirán en julio. Al menos cinco compañías aplicarán incrementos cercanos al 2,9%, porcentaje que supera la inflación de referencia y que llega tras la desregulación del sector acordada entre las empresas y el Gobierno nacional.

En cuanto a la energía eléctrica, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán una suba promedio del 1,5% en las facturas que se abonarán durante julio. En el interior bonaerense, donde operan otras distribuidoras y cooperativas, los cargos fijos aumentarán entre 5% y 8%, mientras que el cargo variable se incrementará 2%, según la empresa prestadora.

Finalmente, las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un contexto de mayor demanda por las bajas temperaturas propias del invierno.

Con estos ajustes, julio volverá a estar marcado por una serie de incrementos en servicios y gastos habituales que tendrán impacto directo sobre el presupuesto de las familias.

Un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires busca frenar la aprobación de los cambios al régimen de Zona Fría, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación pero que se encuentra trabada en el Senado por falta de consenso. La medida impactaría directamente en las facturas de electricidad de una porción significativa de habitantes bonaerenses.

En este contexto, los jefes comunales están uniendo acciones para intentar que la ley no avance. Ariel Succurro, intendente de Salliqueló, un distrito con alrededor de 10.000 habitantes, manifestó su preocupación por las consecuencias de la normativa:

“Queremos generar conciencia, recolectar firmas y tener reuniones con senadores nacionales del peronismo para poner un freno a la intención del Gobierno nacional, que en nuestro caso perjudicaría a unas 4.500 familias”.

El funcionario municipal expresó su malestar ante la postura de los legisladores que apoyaron el proyecto. Al respecto, señaló que le dio mucha vergüenza y tristeza que los diputados nacionales de La Libertad Avanza, del PRO y del radicalismo hayan respaldado los cambios al régimen que impulsa el Gobierno nacional. No obstante, se mostró optimista sobre el tratamiento en la Cámara alta.

Succurro recordó el proceso histórico para la obtención del beneficio y enfatizó:

“Siendo un hombre del interior, estamos cansados de ser ciudadanos de tercera”.

El intendente rememoró el trabajo realizado durante años junto a diputados del PJ para corregir lo que consideraban una injusticia, logrando que Salliqueló y otros distritos fueran incorporados al régimen de Zona Fría al igual que localidades pampeanas con temperaturas similares.

Finalmente, el jefe comunal cuestionó la política económica del Ejecutivo nacional:

“Les sacan recursos a jubilados y discapacitados, pero a las grandes empresas transnacionales las liberan de impuestos. Eso pinta lo que este Gobierno siente sobre la gente: a los más ricos del mundo sacarle impuestos y a los más vulnerables del país sacarles sus derechos”.

La Secretaría de Energía dispuso un nuevo incremento en el porcentaje del precio del gas propano por redes que se traslada a los cuadros tarifarios, en una medida que profundiza el esquema de reducción de subsidios y acercamiento de las tarifas a los costos reales de abastecimiento.

La decisión fue oficializada este miércoles a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, que establece que el valor reconocido en las tarifas pasará del 40 al 60 por ciento del denominado Precio de Paridad de Exportación (PPE).

La medida alcanza a las localidades abastecidas mediante gas propano indiluido por redes, un sistema utilizado principalmente en poblaciones que no cuentan con conexión a la red de gas natural. En la provincia de Buenos Aires, el impacto se sentirá especialmente en pequeños pueblos del interior que dependen de este mecanismo de suministro energético.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que la actualización forma parte de una “readecuación progresiva” de los precios, con el objetivo de reducir las diferencias entre las tarifas abonadas por los usuarios y los costos efectivos del servicio.

Según argumentó el organismo, el valor actualmente reconocido en los cuadros tarifarios continúa ubicándose por debajo del precio de referencia del mercado, una situación que, sostienen, genera distorsiones económicas y un elevado costo fiscal para el Estado nacional.

Por ese motivo, se instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a incorporar en las tarifas un valor equivalente al 60 por ciento del precio calculado bajo el mecanismo establecido por la Resolución 36/2015.

Un esquema de aumentos graduales

La actualización se inscribe dentro de un cronograma de incrementos progresivos definido por el Gobierno nacional. En marzo de 2024 se había establecido que el precio del propano por redes representara el 25 por ciento del valor de referencia.

Posteriormente, en junio de 2025, ese porcentaje fue elevado al 40 por ciento y ahora volvió a incrementarse hasta alcanzar el 60 por ciento, consolidando el proceso de reducción de subsidios que impulsa la administración nacional.

La nueva disposición entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser aplicada por el Enargas en los cuadros tarifarios correspondientes a las localidades alcanzadas.

Si bien la resolución implica una nueva presión sobre el costo del servicio para los usuarios, el impacto concreto en las facturas dependerá de la conformación final de cada cuadro tarifario y de las características de consumo de cada localidad.

Más de 5.700 tandilenses expresaron su respaldo a la continuidad de la ciudad dentro del régimen de Zona Fría a través de una campaña de firmas que, en apenas cuatro días, se transformó en una verdadera expresión colectiva de la comunidad.

La iniciativa logró reunir adhesiones de vecinos, instituciones, clubes deportivos, comerciantes y habitantes de las localidades rurales, reflejando una preocupación compartida que trascendió pertenencias políticas, ideológicas y sectoriales.

Todas las firmas fueron digitalizadas y remitidas a la presidenta del Honorable Senado de la Nación, Victoria Villarruel, con el objetivo de que los legisladores nacionales conozcan de primera mano la posición de la comunidad tandilense frente a la posibilidad de modificar el régimen vigente.

Las firmas fueron acompañadas por una nota del intendente Miguel Lunghi y enviadas además a los presidentes de los 14 bloques políticos que integran la Cámara Alta: Convicción Federal, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Frente Cívico por Santiago, Frente PRO, Independencia, Justicia Social Federal, Justicialista, La Libertad Avanza, La Neuquinidad, Movere Santa Cruz, Primero los Salteños, Provincias Unidas y UCR.

De esta manera, el planteo fue puesto a consideración de la totalidad de las representaciones políticas con presencia en el Senado de la Nación.

La decisión de remitir la documentación a todos los bloques respondió al mismo criterio que caracterizó la campaña: la defensa de la continuidad de Tandil en el régimen de Zona Fría como una causa de la comunidad, por encima de cualquier diferencia partidaria.

La campaña fue coordinada por el Municipio de Tandil y contó con una amplia participación de instituciones de toda la ciudad. Se sumaron los clubes que integran la Liga Tandilense de Fútbol, el Centro Náutico del Fuerte, el Club Uncas, comercios, entidades intermedias y vecinos de distintos barrios y localidades rurales, especialmente María Ignacia-Vela y Gardey.

Esas instituciones solicitaron voluntariamente planillas para colaborar con la recolección de firmas y acercar la propuesta a sus comunidades.

La magnitud de la respuesta permitió reflejar una preocupación concreta que atraviesa a amplios sectores de la comunidad por el impacto que tendría la pérdida de este beneficio en la economía cotidiana de miles de hogares, comercios, clubes e instituciones.

Lunghi destacó el acompañamiento de la comunidad

El intendente Miguel Lunghi valoró especialmente el compromiso demostrado por los tandilenses durante la campaña.

“Quiero agradecer profundamente a cada vecino, a cada institución, a cada club y a cada entidad que se sumó. Lo que vimos durante estos días fue una ciudad unida detrás de una preocupación legítima. Hay temas que trascienden las diferencias políticas y esta es una de esas situaciones”, sostuvo.

Además, agregó: “Lo más importante de esta campaña no es la cantidad de firmas. Lo trascendental es que miles de tandilenses decidieron involucrarse para defender algo que consideran importante para su vida cotidiana. Nadie moviliza a tantas personas en tan pocos días si no existe una preocupación real detrás”.

Asimismo, remarcó que la iniciativa tuvo un carácter estrictamente institucional.

“Esta no fue una campaña contra nadie. No juntamos firmas contra un gobierno, contra un partido político ni contra dirigentes. Fue una campaña a favor de Tandil. Como intendente tengo la responsabilidad de defender los intereses de nuestra comunidad y de expresar la preocupación de los vecinos cuando una medida puede afectar a miles de familias”, afirmó.

El planteo elevado al Senado

En la nota remitida a la presidenta del Senado y a los distintos bloques legislativos, Lunghi destacó que el régimen de Zona Fría reconoce las condiciones climáticas particulares de ciudades como Tandil y se traduce en un beneficio concreto para hogares, comercios, instituciones deportivas y sociales, así como para distintos sectores productivos de la ciudad.

En la presentación también advirtió que una eventual exclusión de Tandil del régimen implicaría un retroceso en términos de equidad territorial y tendría un fuerte impacto en la economía de miles de familias que utilizan el gas natural como principal medio de calefacción durante los meses de invierno.

“Buscamos equidad geográfica. Ante las mismas temperaturas, los mismos beneficios. No estamos pidiendo un beneficio nuevo ni defendiendo privilegios. Estamos defendiendo un derecho que Tandil ya tiene y que reconoce una realidad climática objetiva”, expresó.

Asimismo, recordó que el Municipio viene trabajando sobre esta temática desde hace años y participó activamente en las instancias que precedieron a la sanción de la ley vigente.

Finalmente, consideró que sería importante que los legisladores nacionales puedan conocer personalmente la realidad local.

“Hay discusiones que se entienden mejor caminando una ciudad que leyendo un expediente. Tandil es una ciudad hermosa, pero el frío se siente de verdad. Los invitamos a que vengan, seguro después de una noche en Tandil van a entender perfectamente por qué somos Zona Fría”, concluyó.

Las más de 5.700 firmas reunidas en apenas 72 horas constituyen una clara manifestación del interés de la comunidad por defender la continuidad de una política que considera fundamental para garantizar condiciones de mayor equidad frente a las particularidades climáticas de la ciudad.

El Municipio de Tandil confirmó que un grupo de clubes e instituciones de la ciudad se sumaron a la campaña de recolección de firmas para acompañar el reclamo ante el Senado de la Nación contra la posible eliminación de Tandil del régimen de Zona Fría.

Se trata de los clubes Ferro, Gimnasia y Esgrima y Defensa, además de la Sociedad de Fomento Unión y Progreso. Estos espacios se incorporaron a los puntos dispuestos por el Municipio desde este viernes, donde los vecinos podrán firmar las planillas que serán elevadas el próximo martes al Senado de la Nación.

A través de esta iniciativa, se busca sumar el respaldo de vecinos y vecinas para defender un beneficio que representa un alivio importante en el costo del servicio de gas para miles de familias tandilenses, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

Desde el Municipio señalaron que la campaña apunta a facilitar la participación ciudadana y remarcaron la importancia de sostener una política que reconoce las particularidades climáticas de ciudades como Tandil.

Además, desde el gobierno comunal recordaron que la condición de Zona Fría representa un derecho adquirido para miles de familias tandilenses y advirtieron que una eventual eliminación tendría un fuerte impacto no solo en la economía de los hogares, sino también en comercios, instituciones, escuelas, hospitales y sectores productivos de la ciudad.

Los puntos habilitados para firmar son los siguientes:

Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) con ayuda de sus aliados buscarán este miércoles aprobar el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de zona fría y elimina el fondo compensador eléctrico, entre otros puntos, lo que impactaría de lleno en las tarifas de gas y luz que pagan los usuarios.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo a principio de mes y tuvo un tratamiento exprés, ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto. En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para este miércoles, donde también están en agenda el acuerdo sobre Patentes y la Ley de Hojarasca.

En principio, hay un compromiso del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR y MID), de Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo de aportar legisladores para dar con el quórum. Luego, en tanto, se abrirá un interrogante sobre su aprobación. Desde el oficialismo confían en tener los votos para que el proyecto se apruebe de manera general y pase al Senado. Pero después podría sufrir algún rechazo en particular, cuando se discutan los artículos polémicos.

De hecho, en las últimas horas el gobernador de Córdoba Martín Llaryora, dijo que “es una locura” sacar esa provincia del beneficio de zona fría y alertó que la medida “será un golpe durísimo al bolsillo de los cordobeses”. Se trata de unos 680.000 hogares de 13 departamentos de ese territorio.

"Defendemos a Córdoba y a cada familia que necesita este acompañamiento para atravesar el invierno. El Régimen de Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial y equidad tarifaria", expresó. Además, detalló que más de la mitad de los cordobeses serían afectados por la medida, que podría implicar aumentos en el costo del gas de entre el 42% y el 100%, con especial incidencia durante los meses de invierno.

También el Gobierno de San Luis advirtió sobre el fuerte impacto económico que podría generar la modificación (hasta 40 mil pesos por factura de aumento, sin impuestos) y le envió una nota formal a diputados y senadores nacionales que representan a esa provincia para expresar la preocupación.

Cabe recordar que el Gobierno de Axel Kicillof anunció que irá a la Justicia si se avanza con ese proyecto de ley que, además, elimina el fondo compensador que ayuda a las cooperativas eléctricas del interior.

El proyecto de la administración libertaria propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía al municipio de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Como informó Agencia DIB, en la actualidad son 1.200.000 de hogares bonaerenses de 95 municipios que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el 20% del total de hogares del territorio. Pero también hay otros 680.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

Más allá del rol de la UCR mendocina (el gobernador Alfredo Cornejo es cercano a Javier Milei), habrá que ver qué hacen los habituales aliados del Gobierno, como son las provincias de San Juan, San Luis y Santa Cruz, ya que tienen el desafío de no chocar con la gestión libertaria, pero a su vez defender a sus usuarios. A eso se suma si los representantes del PRO de los distritos afectados votan con el Gobierno o toman distancia.

La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados tuvieron un triunfo esperado al obtener el dictamen de mayoría del proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de zona fría, sobre los subsidios al gas en distintas provincias y que de aprobarse impactará en la suba de la tarifa en más de 80 municipios bonaerenses.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo a principio de mes y tuvo un tratamiento exprés, ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto. En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para el miércoles 20, donde también están en agenda el acuerdo sobre Patentes y la Ley de Hojarasca.

El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda se llevó a cabo durante varias horas y con la presencia de Carmen Tettamanti, secretaria de Energía. Allí se justificó la necesidad de recortar el beneficio se amplió en 2021 (requiere unos subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones al año) y pasó de 800.000 hogares a unos 4 millones. En ese momento quedaron bajo este paragua municipios de varias provincias del país y más de 80 del territorio bonaerense.

El dictamen de mayoría consiguió 46 firmas en total, correspondientes a LLA, la UCR, el Pro, el MID, pero también representantes de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan y Catamarca. Por su parte, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo con 31 firmas. Y también fue con un despacho de minoría Provincias Unidas, con 4 firmas.

En el debate, la diputada nacional Jimena López, sostuvo que “el manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que estos constituyen un derecho fundamental para la ciudadanía”, y alertó sobre el impacto directo que estos cambios tendrán en la economía cotidiana de las familias bonaerenses. “Las tarifas de los servicios monopólicos operados por empresas privadas deben ser justas y razonables”, cerró.

Más allá del dictamen de mayoría, como viene informando Agencia DIB, será clave en el reciento el voto de diputados de provincias que hace cinco años se sumaron al beneficio que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios.

El proyecto de la administración libertaria propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía al municipio de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Como informó Agencia DIB, más allá de unos 800.000 hogares que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires, también hay otros 600.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Azul; Balcarce; Baradero; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Cañuelas; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Colón; Coronel Rosales; Coronel Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Las Heras; Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte; General Rodríguez; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Marcos Paz; Mercedes; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Puan; Ramallo; Rauch; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; San Nicolás; San Pedro; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Trenque Lauquen; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata (General Pueyrredon), una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, y Bahía Blanca. Y completan la lista las costeras Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.

Los concejales del bloque de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de resolución para solicitar información oficial al Gobierno Nacional sobre la continuidad de los subsidios para la compra de garrafas y la implementación del nuevo esquema denominado Subsidio Energético Focalizado (SEF). Hay incertidumbre por el acceso al gas envasado.

Según advierten los ediles, el programa atraviesa un proceso de desactualización en los montos otorgados frente a los aumentos significativos en el precio del gas envasado. Esta falta de ajuste proporcional impacta directamente en el bolsillo de los beneficiarios, profundizando las desigualdades en sectores vulnerables.

Esta política pública nacional es la que permite a miles de familias sin conexión a la red de gas natural, así como a entidades de bien público, acceder a garrafas mediante un subsidio estatal.

El nuevo esquema SEF: más dudas que certezas

El eje del conflicto radica en la posible implementación de un nuevo sistema llamado Subsidio Energético Focalizado (SEF), que reemplazaría al Programa HOGAR a partir de este año.

A pesar de que el cambio ya ha trascendido, los concejales denuncian que no existe información oficial clara sobre puntos clave para la tranquilidad de los vecinos. Entre las incógnitas que resalta el proyecto se encuentran:

• Los criterios de acceso y el universo de beneficiarios.• La modalidad de implementación y los mecanismos de inscripción.• Los montos que se contemplarán para la asistencia.

Ante esta falta de previsibilidad, el proyecto de resolución solicita formalmente al Poder Ejecutivo Nacional —a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Capital Humano— que brinde respuestas concretas sobre ciertos puntos fundamentales.

Se busca aclarar si efectivamente se realizará la sustitución de programas, cuáles serán los mecanismos de transición para no dejar a los actuales beneficiarios sin asistencia y cuál es la fecha exacta prevista para el inicio del nuevo esquema.

El objetivo final es garantizar que el Estado asegure la continuidad de las políticas que permiten el acceso básico a la energía, considerado un derecho fundamental para la salud y la vivienda digna.

La concejala del oficialismo Maridé Condino expuso la preocupación de su bloque por el tema de referencia del proyecto y “ahora también se suma a la posibilidad de modificación de la ley de zona fría que contempla eliminar al partido de Tandil del beneficio en la tarifa del gas”.

Y recordó que ese reconocimiento como zona fría a partir del año 2021 fue producto de un arduo trabajo de asociaciones de consumidores, el Departamento Ejecutivo a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, este Concejo Deliberante, diputados tandilenses y la Defensoría del Pueblo.

“Ese estatus es un reconocimiento de la diferencia climática de nuestro país y está basado en criterios objetivos y técnicos. Es necesario reconocer que las zonas frías parten de desigualdades en el uso del servicio”, enfatizó.

Y cerró reflexionando: “Todo aquello que el gobierno nacional recorta y ajusta para que le den los números de la macroeconomía termina siendo un gasto superior para el Presupuesto Municipal. Si para que cierren los números la estrategia es dejar de pagar las obligaciones, estamos en un gravísimo problema que a mediano plazo va a repercutir en la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas de Tandil”.

Diputados del oficialismo comenzarán este miércoles 15 de mayo el debate en comisiones del proyecto que busca redefinir el Régimen de Zonas Frías, el cual otorga beneficios en las tarifas de gas. Los legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) iniciarán la discusión en un plenario de comisiones para tratar la iniciativa que pretende modificar los descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas a los usuarios de zonas con temperaturas extremas.

Según la propuesta impulsada por el Gobierno nacional, el beneficio automático quedaría reservado exclusivamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Por el contrario, el resto de las zonas que fueron incorporadas en 2021 deberán acreditar condiciones de vulnerabilidad para poder acceder a los descuentos en la tarifa diferenciada. El proyecto cuestiona la Ley 27.637, que permitió el ingreso de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja al sistema de subsidios.

Esta normativa vigente alcanza a más de 3,1 millones de hogares, una cobertura que quedaría sin efecto si prospera la propuesta del presidente Javier Milei. Desde el oficialismo alegaron que “la extensión territorial desnaturalizó el carácter focalizado del sistema, al incorporar zonas sin condiciones climáticas equivalentes, lo que derivó en un incremento significativo del universo de beneficiarios, del costo fiscal del régimen y de la magnitud de los subsidios cruzados entre jurisdicciones”.

En este sentido, la bancada oficialista explicó que la redefinición del régimen busca “garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”. 

Otro de los cambios centrales establece que el subsidio se calculará solo sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa, además de que la compensación se pagará directamente a los proveedores.

La reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, está citada para las 15 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es obtener dictamen este mismo miércoles para llevar el tema al recinto en una sesión especial prevista para el próximo 20 de mayo, aunque el resultado dependerá del acompañamiento de los bloques dialoguistas.

El Gobierno nacional oficializó este lunes una bonificación extraordinaria del 25 por ciento sobre las tarifas de gas para el mes de mayo. La medida, formalizada a través de la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Energía, busca amortiguar el impacto de la suba internacional de los precios de la energía en los usuarios de menores ingresos.

La disposición alcanza a 4.780.000 usuarios y se enmarca en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a fines de 2025. Según lo establecido, quienes ya reciben asistencia estatal contarán en mayo con un 25 por ciento adicional de bonificación, que se suma al 50 por ciento general vigente, elevando el beneficio total al 75 por ciento de forma excepcional.

En los considerandos de la norma publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo argumentó que el contexto energético internacional se encuentra afectado por “crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas”, lo que incrementó la volatilidad de los precios. Se señaló además que, si bien el país cuenta con producción propia, las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) vinculan el costo local con las variaciones externas.

La bonificación adicional se aplicará exclusivamente durante mayo de 2026 y alcanzará tanto a usuarios residenciales como a entidades sin fines de lucro, entre las que se encuentran clubes de barrio y organizaciones de bien público. Por otro lado, el Gobierno nacional mantiene sin cambios la trayectoria de reducción de subsidios para la electricidad, que terminará siendo del cero por ciento en diciembre de este año.

Respecto al rumbo de la política energética, el comunicado oficial detalló: “El Gobierno nacional continúa avanzando hacia una política de subsidios energéticos más simple, transparente y sostenible, que concentra los recursos en quienes realmente los necesitan, ordena la relación entre tarifas y costos y brinda mayor previsibilidad sobre el impacto de las facturas de luz y gas a lo largo del año”.

El Gobierno nacional autorizó un nuevo incremento en las tarifas de gas que comenzará a regir desde este 1° de mayo en todo el país, en el marco del proceso de actualización del sistema energético impulsado por la gestión de Javier Milei. La medida fue oficializada a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas en el Boletín Oficial.

Los aumentos impactarán tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en el interior bonaerense y otras regiones, con diferencias según categoría de usuario y nivel de consumo. En términos generales, la suba rondará el 4% respecto de abril, aunque en algunas zonas del interior el incremento será levemente superior.

En el caso del AMBA, los nuevos valores fijan para la mayoría de los usuarios residenciales un cargo por consumo cercano a $281,33 por metro cúbico, mientras que en los segmentos de mayor demanda podrá trepar hasta los $426,68 en la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a los cargos fijos, los usuarios de menor consumo (categoría R1) abonarán alrededor de $3.976 en Capital y $4.591 en la provincia, mientras que en las categorías más altas (R4) los valores superarán ampliamente esos montos, con facturas que podrán escalar a cifras significativamente más elevadas según el uso.

Para el interior de la provincia de Buenos Aires, donde opera Camuzzi Gas Pampeana, el impacto será algo mayor. Allí, el aumento promedio también rondará el 4,3%, aunque el cargo variable registrará subas más pronunciadas, cercanas al 10% en algunos segmentos.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la actualización forma parte de una política de recomposición gradual de tarifas, con el objetivo de acercarlas a los costos reales del sistema y reducir subsidios.

El nuevo esquema incorporará además componentes como el Precio Anual Uniforme (PAU), la Revisión Quinquenal Tarifaria (2025-2030) y ajustes por diferencias acumuladas, en el marco de una reestructuración más amplia del sector energético.

De esta manera, el aumento de mayo se suma a una serie de actualizaciones previstas para los próximos años, en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar con un esquema de tarifas más alineado con los costos de producción y distribución del gas.

Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno nacional oficializó el nuevo esquema de asistencia para los usuarios de gas licuado de petróleo (GLP). A través de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, dependiente del Ministerio de Economía, se estableció que el beneficio será retroactivo al primero de abril para quienes se encuentren inscriptos en el nuevo registro oficial.

La medida dispone una asistencia económica de 9.593 pesos por cada unidad de diez kilos. Según la normativa, el sistema funcionará mediante la devolución del dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables, facilitando el acceso al recurso de manera directa a los beneficiarios.

En cuanto a la cobertura, se determinó que durante el periodo comprendido entre el primero de abril y el 30 de septiembre de cada año, el subsidio cubrirá el consumo de dos garrafas mensuales. Para el resto de los meses, la asistencia económica alcanzará a una sola unidad por hogar.

Este nuevo marco, denominado Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), reemplaza al anterior Programa Hogar. La reglamentación fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 1/2026. Para acceder al beneficio, los interesados deben completar sus datos en el sitio web oficial del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Según el texto oficial, la inscripción habilitará al usuario registrado para generar una transacción de compra de la garrafa con una asistencia que se instrumentará en forma de reintegro. El Banco de la Nación Argentina es la entidad encargada de poner a disposición las herramientas digitales para el pago.

Finalmente, la normativa establece que el monto del subsidio podrá ser actualizado por la subsecretaría en función del precio del butano y los costos asociados. Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aportará la información de ingresos de los hogares para evaluar cada solicitud de incorporación al régimen. (NA)

El Gobierno nacional modificó los períodos establecidos para realizar los ajustes estacionales en el precio del gas que se traslada a las facturas de los usuarios. A partir de esta medida, el año se dividirá en dos tramos: un ciclo invernal que abarcará desde el 1° de mayo hasta el 30 de septiembre, y un ciclo estival que se extenderá desde el 1° de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente.

El nuevo esquema sustituye la división anterior, que contemplaba los períodos de abril a septiembre y de octubre a marzo. El objetivo de este cambio será ajustar el precio que se reconoce en los cuadros tarifarios al comportamiento real del consumo de gas en el país, según se indicó en los considerandos de la normativa.

La medida se oficializó este miércoles a través de la Resolución 60/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Según la normativa, el sistema previo perdió vigencia ante la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU). La resolución explicó que “la estacionalidad regulatoria deja de responder a variaciones estacionales del precio del gas y pasa a reflejar principalmente la dinámica de la demanda del sistema gasífero”.

Dicha demanda, según el documento, presentó “incrementos significativos a partir del mes de mayo”. En este sentido, la Secretaría de Energía determinó que los ajustes serán estacionales una vez transcurrido el período de transición.

Además, la norma aclaró que se entenderá que las empresas distribuidoras aceptaron esta modificación en sus licencias con “la primera presentación, ante el Ente Regulador, de la solicitud de traslado del precio de gas a los cuadros tarifarios”.

El inicio de 2026 llegará con subas en las tarifas de luz, gas, agua y cloacas, a partir de resoluciones oficiales que anticipan ajustes de entre 2,5% y 4% en promedio para los usuarios residenciales. Estos incrementos aún no contemplan la eliminación de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno nacional, una medida que podría llevar las subas, especialmente en el gas, a porcentajes de dos dígitos.

Según fuentes oficiales, el ajuste en las facturas de energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, zonas bajo concesión de Edenor y Edesur, será de 2,5% en promedio. En el resto del país, la actualización del precio mayorista de la electricidad alcanzará el 3,2%, mientras que cada jurisdicción provincial o municipal definirá el monto final que pagarán los usuarios por el servicio de distribución.

El Gobierno confirmó además que el esquema de segmentación tarifaria vigente hasta 2025 será reemplazado por una nueva clasificación en solo dos categorías de usuarios residenciales. Los bloques de consumo subsidiado variarán según la estación del año y estos cambios comenzarán a regir a partir del 2 de enero de 2026. Este nuevo modelo podría modificar sensiblemente la composición de las boletas y el acceso a los beneficios estatales.

En cuanto al gas natural por redes, el incremento anunciado se ubicará entre 2% y 3%. Sin embargo, la principal incógnita es el impacto de la quita de subsidios, ya que la actualización llevará el precio mayorista del gas a 3,79 dólares por millón de BTU, frente a los 2,95 dólares actuales para Metrogas. Este ajuste podría generar subas superiores al 10% en determinadas regiones y categorías de consumo.

La política de actualización tarifaria mensual indexada por inflación se mantendrá al menos hasta abril de 2030, con el objetivo de que las empresas del sector conserven el valor real de sus ingresos y puedan sostener inversiones. Además, el Ejecutivo prevé que durante el primer trimestre de 2026 los entes reguladores del gas y la electricidad se fusionen en un único organismo con directorio y control parlamentario, para unificar la regulación y la supervisión del sector energético.

El servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires también registrará subas relevantes. La resolución 53 del Ente Regulador de Agua y Saneamientos establece que, en reemplazo del ajuste mensual del 1% aplicado durante 2025, las tarifas de AySA podrán incrementarse hasta 4% por mes entre enero y abril de 2026.

El retraso acumulado en las tarifas de la empresa equivale a 21,05%, producto de aumentos no aplicados durante el año anterior, lo que provocó una caída de ingresos estimada en 95.000 millones de pesos, compensada mediante la postergación de gastos e inversiones.

De acuerdo con la nueva escala tarifaria, la factura promedio de AySA antes de impuestos se ubicará en 30.489 pesos para los usuarios del valor zonal “alto”, en 27.689 pesos para el valor “medio” y en 22.248 pesos para el valor “bajo”. Las tarifas continuarán aumentando un 4% mensual durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que implicará un incremento acumulado del 17% en ese período.

A pesar de que se esperaba una audiencia pública en 2025 para definir un criterio uniforme de actualización de tarifas, el proceso no se concretó y la discusión sobre el mecanismo definitivo quedó pendiente. El Gobierno sostiene que estas subas buscan asegurar la sustentabilidad económica de los servicios públicos, reducir el déficit fiscal y avanzar con la desregulación de los mercados, en un escenario donde la transición hacia nuevos modelos regulatorios y la potencial privatización de empresas estatales como AySA aparecen como los principales desafíos para el año entrante.

Pese a que este año atravesó la incertidumbre electoral, 2025 cerrará con la inflación anual más baja desde 2017. El acumulado de enero a noviembre de este año es del 27,9%, y a la espera de los datos de diciembre una serie de aumentos que llegarán en el inicio del año le meterán presión a los datos oficiales del Indec.

Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres tendrán un aumento en torno al 36,39% en enero, una suba más moderada que los últimos meses, aunque sigue siendo significativa para los inquilinos. Así, por ejemplo, si desde enero de 2025 una familia viene pagando $700.000 al mes por su vivienda, el nuevo monto mensual será ahora de $954.730 para el período anual que va desde enero de 2026 hasta diciembre de ese año.

En tanto, los contratos celebrados del 30 de diciembre de 2023 en adelante se rigen por el "Mega DNU" 70/23 de Javier Milei, que permitió acordar libremente entre las partes tanto la frecuencia como el índice. Lo más común pasó a ser el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec cada 3 o 4 meses, aunque las partes también pueden pactar actualizaciones por ICL, CCP y otras fórmulas.

Los que tengan una actualización trimestral por IPC sufrirán subas en torno al 7,4%. Es decir que un alquiler de $700.000 pasará a $752.263 para enero, febrero y marzo. Para los acuerdos de índole cuatrimestral evidenciarán subas del 9,7%. Un inmueble con contrato por $700.000 pasará a costar $767.900.

Los aranceles de las prepagas tendrían un nuevo ajuste para enero de 2026, para ubicarse en torno del 2,5% a nivel nacional tomando en cuenta la evolución de los precios media por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, acumularía una suba anual del 25,6%. El alza también aplica a los copagos.

Las empresas justifican estos incrementos en el aumento sostenido de los costos del sistema de salud, que incluye salarios del personal médico, insumos, medicamentos y gastos operativos.

El Ministerio de Transporte bonaerense actualizará desde mediados de enero la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que pasará a costar $97.057,65 con IVA incluido, un 21,8% más que la que se pagaba desde febrero.

El monto se estableció según lo dispuesto mediante la Resolución 369/2025 publicada en el Boletín Oficial. Corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base. Las motos tendrán un valor de $38.801,03, mientras que vehículos de más de 2500 kilos pagarán $174.604,64.

El Gobierno nacional volvió a mover una de las variables clave del esquema tarifario. A través de una resolución oficial, la Secretaría de Energía dispuso una actualización en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente central en la conformación de las facturas que pagan usuarios residenciales y comerciales. El ajuste comenzará a regir para los consumos realizados desde enero de 2026.

La medida quedó formalizada mediante la resolución 605/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece un incremento del 0,53% respecto del valor vigente. Si bien el aumento se aplica sobre el gas mayorista -el precio que abonan las distribuidoras antes de sumar transporte, distribución, impuestos y cargos adicionales-, su impacto llega de manera directa al monto final que pagan los usuarios.

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de enero, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento que oscilará entre 3 y 4,5%, según el servicio y la operadora.

Desde enero, el Gobierno implementará un nuevo esquema de subsidios para los usuarios en las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en todo el país. El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios y una pérdida de bonificaciones generalizada.

Estos cambios, oficializados este viernes en el Boletín Oficial, no impactarán en lo inmediato en la mayoría de los hogares, aunque se estima que sí lo hagan a lo largo del año.

Desde ahora no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos) como era en la actualidad, sino que solo existirán dos categorías de usuarios que serán quienes recibirán subsidios y quienes no. Además, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

El Ministerio de Economía busca otorgar la ayuda a quienes la necesitan y cuando sea necesario. El ahorro sería, según indicaron, de unos 1.000 millones de dólares. Esto se reflejará para los usuarios como un nuevo aumento en las boletas que se evidenciará en el transcurso de 2026.

Para determinar quiénes ingresan en uno u otro segmento se aplicará un filtro central. Tendrán un subsidio aquellos hogares con ingresos totales -a partir de la sumatorio de los haberes de todos los adultos que integren esa familia- inferiores a tres canastas básicas totales (CBT) tipo 2 del Indec, que hoy rondan los $3,64 millones mensuales. Hasta ahora eran $3,5 millones. Seguirán estando vigentes los criterios de exclusión actuales como ser titular de más de un inmueble o de aeronaves o embarcaciones de lujo, poseer vehículos de poca antigüedad y haber comprado moneda extranjera, entre otros.

Las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migradas automáticamente, con la posibilidad de actualizar su información. En tanto, quienes utilicen gas propano indiluido por redes o garrafas de GLP de 10 kilos, y aún no estén registrados, tendrán la que hacerlo a través del sitio oficial.

En electricidad, quienes califiquen recibirán una bonificación base del 50% sobre un bloque de 300 kWh por mes en los períodos de mayor demanda (invierno y verano) y de 150 kWh en meses templados (primavera y otoño). 

Para el gas natural por redes, el subsidio estatal cubrirá la mitad del precio solo entre abril y septiembre, sin bonificación para el resto del año. El bloque subsidiado de gas natural se definirá según la región, manteniendo los criterios de necesidades estacionales vigentes.

En el caso de los usuarios de garrafas y gas propano, se prevé un subsidio directo transferido a través de billeteras virtuales. Los que ya perciben el Programa Hogar serán migrados automáticamente al nuevo régimen y mantendrán la protección estatal, con reglas más claras y uniformes.

Los usuarios residenciales actualmente pagan, en promedio, el 55% del costo de la electricidad y el gas. Con el nuevo esquema, en 2026 la cobertura pasará al 76% en electricidad y al 79% en gas.