Más de 5.700 tandilenses expresaron su respaldo a la continuidad de la ciudad dentro del régimen de Zona Fría a través de una campaña de firmas que, en apenas cuatro días, se transformó en una verdadera expresión colectiva de la comunidad.

La iniciativa logró reunir adhesiones de vecinos, instituciones, clubes deportivos, comerciantes y habitantes de las localidades rurales, reflejando una preocupación compartida que trascendió pertenencias políticas, ideológicas y sectoriales.

Todas las firmas fueron digitalizadas y remitidas a la presidenta del Honorable Senado de la Nación, Victoria Villarruel, con el objetivo de que los legisladores nacionales conozcan de primera mano la posición de la comunidad tandilense frente a la posibilidad de modificar el régimen vigente.

Las firmas fueron acompañadas por una nota del intendente Miguel Lunghi y enviadas además a los presidentes de los 14 bloques políticos que integran la Cámara Alta: Convicción Federal, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Frente Cívico por Santiago, Frente PRO, Independencia, Justicia Social Federal, Justicialista, La Libertad Avanza, La Neuquinidad, Movere Santa Cruz, Primero los Salteños, Provincias Unidas y UCR.

De esta manera, el planteo fue puesto a consideración de la totalidad de las representaciones políticas con presencia en el Senado de la Nación.

La decisión de remitir la documentación a todos los bloques respondió al mismo criterio que caracterizó la campaña: la defensa de la continuidad de Tandil en el régimen de Zona Fría como una causa de la comunidad, por encima de cualquier diferencia partidaria.

La campaña fue coordinada por el Municipio de Tandil y contó con una amplia participación de instituciones de toda la ciudad. Se sumaron los clubes que integran la Liga Tandilense de Fútbol, el Centro Náutico del Fuerte, el Club Uncas, comercios, entidades intermedias y vecinos de distintos barrios y localidades rurales, especialmente María Ignacia-Vela y Gardey.

Esas instituciones solicitaron voluntariamente planillas para colaborar con la recolección de firmas y acercar la propuesta a sus comunidades.

La magnitud de la respuesta permitió reflejar una preocupación concreta que atraviesa a amplios sectores de la comunidad por el impacto que tendría la pérdida de este beneficio en la economía cotidiana de miles de hogares, comercios, clubes e instituciones.

Lunghi destacó el acompañamiento de la comunidad

El intendente Miguel Lunghi valoró especialmente el compromiso demostrado por los tandilenses durante la campaña.

“Quiero agradecer profundamente a cada vecino, a cada institución, a cada club y a cada entidad que se sumó. Lo que vimos durante estos días fue una ciudad unida detrás de una preocupación legítima. Hay temas que trascienden las diferencias políticas y esta es una de esas situaciones”, sostuvo.

Además, agregó: “Lo más importante de esta campaña no es la cantidad de firmas. Lo trascendental es que miles de tandilenses decidieron involucrarse para defender algo que consideran importante para su vida cotidiana. Nadie moviliza a tantas personas en tan pocos días si no existe una preocupación real detrás”.

Asimismo, remarcó que la iniciativa tuvo un carácter estrictamente institucional.

“Esta no fue una campaña contra nadie. No juntamos firmas contra un gobierno, contra un partido político ni contra dirigentes. Fue una campaña a favor de Tandil. Como intendente tengo la responsabilidad de defender los intereses de nuestra comunidad y de expresar la preocupación de los vecinos cuando una medida puede afectar a miles de familias”, afirmó.

El planteo elevado al Senado

En la nota remitida a la presidenta del Senado y a los distintos bloques legislativos, Lunghi destacó que el régimen de Zona Fría reconoce las condiciones climáticas particulares de ciudades como Tandil y se traduce en un beneficio concreto para hogares, comercios, instituciones deportivas y sociales, así como para distintos sectores productivos de la ciudad.

En la presentación también advirtió que una eventual exclusión de Tandil del régimen implicaría un retroceso en términos de equidad territorial y tendría un fuerte impacto en la economía de miles de familias que utilizan el gas natural como principal medio de calefacción durante los meses de invierno.

“Buscamos equidad geográfica. Ante las mismas temperaturas, los mismos beneficios. No estamos pidiendo un beneficio nuevo ni defendiendo privilegios. Estamos defendiendo un derecho que Tandil ya tiene y que reconoce una realidad climática objetiva”, expresó.

Asimismo, recordó que el Municipio viene trabajando sobre esta temática desde hace años y participó activamente en las instancias que precedieron a la sanción de la ley vigente.

Finalmente, consideró que sería importante que los legisladores nacionales puedan conocer personalmente la realidad local.

“Hay discusiones que se entienden mejor caminando una ciudad que leyendo un expediente. Tandil es una ciudad hermosa, pero el frío se siente de verdad. Los invitamos a que vengan, seguro después de una noche en Tandil van a entender perfectamente por qué somos Zona Fría”, concluyó.

Las más de 5.700 firmas reunidas en apenas 72 horas constituyen una clara manifestación del interés de la comunidad por defender la continuidad de una política que considera fundamental para garantizar condiciones de mayor equidad frente a las particularidades climáticas de la ciudad.

El Municipio de Tandil confirmó que un grupo de clubes e instituciones de la ciudad se sumaron a la campaña de recolección de firmas para acompañar el reclamo ante el Senado de la Nación contra la posible eliminación de Tandil del régimen de Zona Fría.

Se trata de los clubes Ferro, Gimnasia y Esgrima y Defensa, además de la Sociedad de Fomento Unión y Progreso. Estos espacios se incorporaron a los puntos dispuestos por el Municipio desde este viernes, donde los vecinos podrán firmar las planillas que serán elevadas el próximo martes al Senado de la Nación.

A través de esta iniciativa, se busca sumar el respaldo de vecinos y vecinas para defender un beneficio que representa un alivio importante en el costo del servicio de gas para miles de familias tandilenses, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

Desde el Municipio señalaron que la campaña apunta a facilitar la participación ciudadana y remarcaron la importancia de sostener una política que reconoce las particularidades climáticas de ciudades como Tandil.

Además, desde el gobierno comunal recordaron que la condición de Zona Fría representa un derecho adquirido para miles de familias tandilenses y advirtieron que una eventual eliminación tendría un fuerte impacto no solo en la economía de los hogares, sino también en comercios, instituciones, escuelas, hospitales y sectores productivos de la ciudad.

Los puntos habilitados para firmar son los siguientes:

Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) con ayuda de sus aliados buscarán este miércoles aprobar el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de zona fría y elimina el fondo compensador eléctrico, entre otros puntos, lo que impactaría de lleno en las tarifas de gas y luz que pagan los usuarios.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo a principio de mes y tuvo un tratamiento exprés, ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto. En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para este miércoles, donde también están en agenda el acuerdo sobre Patentes y la Ley de Hojarasca.

En principio, hay un compromiso del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR y MID), de Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo de aportar legisladores para dar con el quórum. Luego, en tanto, se abrirá un interrogante sobre su aprobación. Desde el oficialismo confían en tener los votos para que el proyecto se apruebe de manera general y pase al Senado. Pero después podría sufrir algún rechazo en particular, cuando se discutan los artículos polémicos.

De hecho, en las últimas horas el gobernador de Córdoba Martín Llaryora, dijo que “es una locura” sacar esa provincia del beneficio de zona fría y alertó que la medida “será un golpe durísimo al bolsillo de los cordobeses”. Se trata de unos 680.000 hogares de 13 departamentos de ese territorio.

"Defendemos a Córdoba y a cada familia que necesita este acompañamiento para atravesar el invierno. El Régimen de Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial y equidad tarifaria", expresó. Además, detalló que más de la mitad de los cordobeses serían afectados por la medida, que podría implicar aumentos en el costo del gas de entre el 42% y el 100%, con especial incidencia durante los meses de invierno.

También el Gobierno de San Luis advirtió sobre el fuerte impacto económico que podría generar la modificación (hasta 40 mil pesos por factura de aumento, sin impuestos) y le envió una nota formal a diputados y senadores nacionales que representan a esa provincia para expresar la preocupación.

Cabe recordar que el Gobierno de Axel Kicillof anunció que irá a la Justicia si se avanza con ese proyecto de ley que, además, elimina el fondo compensador que ayuda a las cooperativas eléctricas del interior.

El proyecto de la administración libertaria propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía al municipio de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Como informó Agencia DIB, en la actualidad son 1.200.000 de hogares bonaerenses de 95 municipios que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el 20% del total de hogares del territorio. Pero también hay otros 680.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

Más allá del rol de la UCR mendocina (el gobernador Alfredo Cornejo es cercano a Javier Milei), habrá que ver qué hacen los habituales aliados del Gobierno, como son las provincias de San Juan, San Luis y Santa Cruz, ya que tienen el desafío de no chocar con la gestión libertaria, pero a su vez defender a sus usuarios. A eso se suma si los representantes del PRO de los distritos afectados votan con el Gobierno o toman distancia.

La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados tuvieron un triunfo esperado al obtener el dictamen de mayoría del proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de zona fría, sobre los subsidios al gas en distintas provincias y que de aprobarse impactará en la suba de la tarifa en más de 80 municipios bonaerenses.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo a principio de mes y tuvo un tratamiento exprés, ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto. En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para el miércoles 20, donde también están en agenda el acuerdo sobre Patentes y la Ley de Hojarasca.

El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda se llevó a cabo durante varias horas y con la presencia de Carmen Tettamanti, secretaria de Energía. Allí se justificó la necesidad de recortar el beneficio se amplió en 2021 (requiere unos subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones al año) y pasó de 800.000 hogares a unos 4 millones. En ese momento quedaron bajo este paragua municipios de varias provincias del país y más de 80 del territorio bonaerense.

El dictamen de mayoría consiguió 46 firmas en total, correspondientes a LLA, la UCR, el Pro, el MID, pero también representantes de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan y Catamarca. Por su parte, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo con 31 firmas. Y también fue con un despacho de minoría Provincias Unidas, con 4 firmas.

En el debate, la diputada nacional Jimena López, sostuvo que “el manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que estos constituyen un derecho fundamental para la ciudadanía”, y alertó sobre el impacto directo que estos cambios tendrán en la economía cotidiana de las familias bonaerenses. “Las tarifas de los servicios monopólicos operados por empresas privadas deben ser justas y razonables”, cerró.

Más allá del dictamen de mayoría, como viene informando Agencia DIB, será clave en el reciento el voto de diputados de provincias que hace cinco años se sumaron al beneficio que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios.

El proyecto de la administración libertaria propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía al municipio de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Como informó Agencia DIB, más allá de unos 800.000 hogares que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires, también hay otros 600.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Azul; Balcarce; Baradero; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Cañuelas; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Colón; Coronel Rosales; Coronel Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Las Heras; Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte; General Rodríguez; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Marcos Paz; Mercedes; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Puan; Ramallo; Rauch; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; San Nicolás; San Pedro; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Trenque Lauquen; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata (General Pueyrredon), una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, y Bahía Blanca. Y completan la lista las costeras Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.

Los concejales del bloque de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de resolución para solicitar información oficial al Gobierno Nacional sobre la continuidad de los subsidios para la compra de garrafas y la implementación del nuevo esquema denominado Subsidio Energético Focalizado (SEF). Hay incertidumbre por el acceso al gas envasado.

Según advierten los ediles, el programa atraviesa un proceso de desactualización en los montos otorgados frente a los aumentos significativos en el precio del gas envasado. Esta falta de ajuste proporcional impacta directamente en el bolsillo de los beneficiarios, profundizando las desigualdades en sectores vulnerables.

Esta política pública nacional es la que permite a miles de familias sin conexión a la red de gas natural, así como a entidades de bien público, acceder a garrafas mediante un subsidio estatal.

El nuevo esquema SEF: más dudas que certezas

El eje del conflicto radica en la posible implementación de un nuevo sistema llamado Subsidio Energético Focalizado (SEF), que reemplazaría al Programa HOGAR a partir de este año.

A pesar de que el cambio ya ha trascendido, los concejales denuncian que no existe información oficial clara sobre puntos clave para la tranquilidad de los vecinos. Entre las incógnitas que resalta el proyecto se encuentran:

• Los criterios de acceso y el universo de beneficiarios.• La modalidad de implementación y los mecanismos de inscripción.• Los montos que se contemplarán para la asistencia.

Ante esta falta de previsibilidad, el proyecto de resolución solicita formalmente al Poder Ejecutivo Nacional —a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Capital Humano— que brinde respuestas concretas sobre ciertos puntos fundamentales.

Se busca aclarar si efectivamente se realizará la sustitución de programas, cuáles serán los mecanismos de transición para no dejar a los actuales beneficiarios sin asistencia y cuál es la fecha exacta prevista para el inicio del nuevo esquema.

El objetivo final es garantizar que el Estado asegure la continuidad de las políticas que permiten el acceso básico a la energía, considerado un derecho fundamental para la salud y la vivienda digna.

La concejala del oficialismo Maridé Condino expuso la preocupación de su bloque por el tema de referencia del proyecto y “ahora también se suma a la posibilidad de modificación de la ley de zona fría que contempla eliminar al partido de Tandil del beneficio en la tarifa del gas”.

Y recordó que ese reconocimiento como zona fría a partir del año 2021 fue producto de un arduo trabajo de asociaciones de consumidores, el Departamento Ejecutivo a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, este Concejo Deliberante, diputados tandilenses y la Defensoría del Pueblo.

“Ese estatus es un reconocimiento de la diferencia climática de nuestro país y está basado en criterios objetivos y técnicos. Es necesario reconocer que las zonas frías parten de desigualdades en el uso del servicio”, enfatizó.

Y cerró reflexionando: “Todo aquello que el gobierno nacional recorta y ajusta para que le den los números de la macroeconomía termina siendo un gasto superior para el Presupuesto Municipal. Si para que cierren los números la estrategia es dejar de pagar las obligaciones, estamos en un gravísimo problema que a mediano plazo va a repercutir en la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas de Tandil”.

Diputados del oficialismo comenzarán este miércoles 15 de mayo el debate en comisiones del proyecto que busca redefinir el Régimen de Zonas Frías, el cual otorga beneficios en las tarifas de gas. Los legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) iniciarán la discusión en un plenario de comisiones para tratar la iniciativa que pretende modificar los descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas a los usuarios de zonas con temperaturas extremas.

Según la propuesta impulsada por el Gobierno nacional, el beneficio automático quedaría reservado exclusivamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Por el contrario, el resto de las zonas que fueron incorporadas en 2021 deberán acreditar condiciones de vulnerabilidad para poder acceder a los descuentos en la tarifa diferenciada. El proyecto cuestiona la Ley 27.637, que permitió el ingreso de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja al sistema de subsidios.

Esta normativa vigente alcanza a más de 3,1 millones de hogares, una cobertura que quedaría sin efecto si prospera la propuesta del presidente Javier Milei. Desde el oficialismo alegaron que “la extensión territorial desnaturalizó el carácter focalizado del sistema, al incorporar zonas sin condiciones climáticas equivalentes, lo que derivó en un incremento significativo del universo de beneficiarios, del costo fiscal del régimen y de la magnitud de los subsidios cruzados entre jurisdicciones”.

En este sentido, la bancada oficialista explicó que la redefinición del régimen busca “garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”. 

Otro de los cambios centrales establece que el subsidio se calculará solo sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa, además de que la compensación se pagará directamente a los proveedores.

La reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, está citada para las 15 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es obtener dictamen este mismo miércoles para llevar el tema al recinto en una sesión especial prevista para el próximo 20 de mayo, aunque el resultado dependerá del acompañamiento de los bloques dialoguistas.

El Gobierno nacional oficializó este lunes una bonificación extraordinaria del 25 por ciento sobre las tarifas de gas para el mes de mayo. La medida, formalizada a través de la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Energía, busca amortiguar el impacto de la suba internacional de los precios de la energía en los usuarios de menores ingresos.

La disposición alcanza a 4.780.000 usuarios y se enmarca en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a fines de 2025. Según lo establecido, quienes ya reciben asistencia estatal contarán en mayo con un 25 por ciento adicional de bonificación, que se suma al 50 por ciento general vigente, elevando el beneficio total al 75 por ciento de forma excepcional.

En los considerandos de la norma publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo argumentó que el contexto energético internacional se encuentra afectado por “crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas”, lo que incrementó la volatilidad de los precios. Se señaló además que, si bien el país cuenta con producción propia, las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) vinculan el costo local con las variaciones externas.

La bonificación adicional se aplicará exclusivamente durante mayo de 2026 y alcanzará tanto a usuarios residenciales como a entidades sin fines de lucro, entre las que se encuentran clubes de barrio y organizaciones de bien público. Por otro lado, el Gobierno nacional mantiene sin cambios la trayectoria de reducción de subsidios para la electricidad, que terminará siendo del cero por ciento en diciembre de este año.

Respecto al rumbo de la política energética, el comunicado oficial detalló: “El Gobierno nacional continúa avanzando hacia una política de subsidios energéticos más simple, transparente y sostenible, que concentra los recursos en quienes realmente los necesitan, ordena la relación entre tarifas y costos y brinda mayor previsibilidad sobre el impacto de las facturas de luz y gas a lo largo del año”.

El Gobierno nacional autorizó un nuevo incremento en las tarifas de gas que comenzará a regir desde este 1° de mayo en todo el país, en el marco del proceso de actualización del sistema energético impulsado por la gestión de Javier Milei. La medida fue oficializada a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas en el Boletín Oficial.

Los aumentos impactarán tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en el interior bonaerense y otras regiones, con diferencias según categoría de usuario y nivel de consumo. En términos generales, la suba rondará el 4% respecto de abril, aunque en algunas zonas del interior el incremento será levemente superior.

En el caso del AMBA, los nuevos valores fijan para la mayoría de los usuarios residenciales un cargo por consumo cercano a $281,33 por metro cúbico, mientras que en los segmentos de mayor demanda podrá trepar hasta los $426,68 en la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a los cargos fijos, los usuarios de menor consumo (categoría R1) abonarán alrededor de $3.976 en Capital y $4.591 en la provincia, mientras que en las categorías más altas (R4) los valores superarán ampliamente esos montos, con facturas que podrán escalar a cifras significativamente más elevadas según el uso.

Para el interior de la provincia de Buenos Aires, donde opera Camuzzi Gas Pampeana, el impacto será algo mayor. Allí, el aumento promedio también rondará el 4,3%, aunque el cargo variable registrará subas más pronunciadas, cercanas al 10% en algunos segmentos.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la actualización forma parte de una política de recomposición gradual de tarifas, con el objetivo de acercarlas a los costos reales del sistema y reducir subsidios.

El nuevo esquema incorporará además componentes como el Precio Anual Uniforme (PAU), la Revisión Quinquenal Tarifaria (2025-2030) y ajustes por diferencias acumuladas, en el marco de una reestructuración más amplia del sector energético.

De esta manera, el aumento de mayo se suma a una serie de actualizaciones previstas para los próximos años, en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar con un esquema de tarifas más alineado con los costos de producción y distribución del gas.

Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno nacional oficializó el nuevo esquema de asistencia para los usuarios de gas licuado de petróleo (GLP). A través de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, dependiente del Ministerio de Economía, se estableció que el beneficio será retroactivo al primero de abril para quienes se encuentren inscriptos en el nuevo registro oficial.

La medida dispone una asistencia económica de 9.593 pesos por cada unidad de diez kilos. Según la normativa, el sistema funcionará mediante la devolución del dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables, facilitando el acceso al recurso de manera directa a los beneficiarios.

En cuanto a la cobertura, se determinó que durante el periodo comprendido entre el primero de abril y el 30 de septiembre de cada año, el subsidio cubrirá el consumo de dos garrafas mensuales. Para el resto de los meses, la asistencia económica alcanzará a una sola unidad por hogar.

Este nuevo marco, denominado Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), reemplaza al anterior Programa Hogar. La reglamentación fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 1/2026. Para acceder al beneficio, los interesados deben completar sus datos en el sitio web oficial del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Según el texto oficial, la inscripción habilitará al usuario registrado para generar una transacción de compra de la garrafa con una asistencia que se instrumentará en forma de reintegro. El Banco de la Nación Argentina es la entidad encargada de poner a disposición las herramientas digitales para el pago.

Finalmente, la normativa establece que el monto del subsidio podrá ser actualizado por la subsecretaría en función del precio del butano y los costos asociados. Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aportará la información de ingresos de los hogares para evaluar cada solicitud de incorporación al régimen. (NA)

El Gobierno nacional modificó los períodos establecidos para realizar los ajustes estacionales en el precio del gas que se traslada a las facturas de los usuarios. A partir de esta medida, el año se dividirá en dos tramos: un ciclo invernal que abarcará desde el 1° de mayo hasta el 30 de septiembre, y un ciclo estival que se extenderá desde el 1° de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente.

El nuevo esquema sustituye la división anterior, que contemplaba los períodos de abril a septiembre y de octubre a marzo. El objetivo de este cambio será ajustar el precio que se reconoce en los cuadros tarifarios al comportamiento real del consumo de gas en el país, según se indicó en los considerandos de la normativa.

La medida se oficializó este miércoles a través de la Resolución 60/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Según la normativa, el sistema previo perdió vigencia ante la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU). La resolución explicó que “la estacionalidad regulatoria deja de responder a variaciones estacionales del precio del gas y pasa a reflejar principalmente la dinámica de la demanda del sistema gasífero”.

Dicha demanda, según el documento, presentó “incrementos significativos a partir del mes de mayo”. En este sentido, la Secretaría de Energía determinó que los ajustes serán estacionales una vez transcurrido el período de transición.

Además, la norma aclaró que se entenderá que las empresas distribuidoras aceptaron esta modificación en sus licencias con “la primera presentación, ante el Ente Regulador, de la solicitud de traslado del precio de gas a los cuadros tarifarios”.

El inicio de 2026 llegará con subas en las tarifas de luz, gas, agua y cloacas, a partir de resoluciones oficiales que anticipan ajustes de entre 2,5% y 4% en promedio para los usuarios residenciales. Estos incrementos aún no contemplan la eliminación de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno nacional, una medida que podría llevar las subas, especialmente en el gas, a porcentajes de dos dígitos.

Según fuentes oficiales, el ajuste en las facturas de energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, zonas bajo concesión de Edenor y Edesur, será de 2,5% en promedio. En el resto del país, la actualización del precio mayorista de la electricidad alcanzará el 3,2%, mientras que cada jurisdicción provincial o municipal definirá el monto final que pagarán los usuarios por el servicio de distribución.

El Gobierno confirmó además que el esquema de segmentación tarifaria vigente hasta 2025 será reemplazado por una nueva clasificación en solo dos categorías de usuarios residenciales. Los bloques de consumo subsidiado variarán según la estación del año y estos cambios comenzarán a regir a partir del 2 de enero de 2026. Este nuevo modelo podría modificar sensiblemente la composición de las boletas y el acceso a los beneficios estatales.

En cuanto al gas natural por redes, el incremento anunciado se ubicará entre 2% y 3%. Sin embargo, la principal incógnita es el impacto de la quita de subsidios, ya que la actualización llevará el precio mayorista del gas a 3,79 dólares por millón de BTU, frente a los 2,95 dólares actuales para Metrogas. Este ajuste podría generar subas superiores al 10% en determinadas regiones y categorías de consumo.

La política de actualización tarifaria mensual indexada por inflación se mantendrá al menos hasta abril de 2030, con el objetivo de que las empresas del sector conserven el valor real de sus ingresos y puedan sostener inversiones. Además, el Ejecutivo prevé que durante el primer trimestre de 2026 los entes reguladores del gas y la electricidad se fusionen en un único organismo con directorio y control parlamentario, para unificar la regulación y la supervisión del sector energético.

El servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires también registrará subas relevantes. La resolución 53 del Ente Regulador de Agua y Saneamientos establece que, en reemplazo del ajuste mensual del 1% aplicado durante 2025, las tarifas de AySA podrán incrementarse hasta 4% por mes entre enero y abril de 2026.

El retraso acumulado en las tarifas de la empresa equivale a 21,05%, producto de aumentos no aplicados durante el año anterior, lo que provocó una caída de ingresos estimada en 95.000 millones de pesos, compensada mediante la postergación de gastos e inversiones.

De acuerdo con la nueva escala tarifaria, la factura promedio de AySA antes de impuestos se ubicará en 30.489 pesos para los usuarios del valor zonal “alto”, en 27.689 pesos para el valor “medio” y en 22.248 pesos para el valor “bajo”. Las tarifas continuarán aumentando un 4% mensual durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que implicará un incremento acumulado del 17% en ese período.

A pesar de que se esperaba una audiencia pública en 2025 para definir un criterio uniforme de actualización de tarifas, el proceso no se concretó y la discusión sobre el mecanismo definitivo quedó pendiente. El Gobierno sostiene que estas subas buscan asegurar la sustentabilidad económica de los servicios públicos, reducir el déficit fiscal y avanzar con la desregulación de los mercados, en un escenario donde la transición hacia nuevos modelos regulatorios y la potencial privatización de empresas estatales como AySA aparecen como los principales desafíos para el año entrante.

Pese a que este año atravesó la incertidumbre electoral, 2025 cerrará con la inflación anual más baja desde 2017. El acumulado de enero a noviembre de este año es del 27,9%, y a la espera de los datos de diciembre una serie de aumentos que llegarán en el inicio del año le meterán presión a los datos oficiales del Indec.

Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres tendrán un aumento en torno al 36,39% en enero, una suba más moderada que los últimos meses, aunque sigue siendo significativa para los inquilinos. Así, por ejemplo, si desde enero de 2025 una familia viene pagando $700.000 al mes por su vivienda, el nuevo monto mensual será ahora de $954.730 para el período anual que va desde enero de 2026 hasta diciembre de ese año.

En tanto, los contratos celebrados del 30 de diciembre de 2023 en adelante se rigen por el "Mega DNU" 70/23 de Javier Milei, que permitió acordar libremente entre las partes tanto la frecuencia como el índice. Lo más común pasó a ser el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec cada 3 o 4 meses, aunque las partes también pueden pactar actualizaciones por ICL, CCP y otras fórmulas.

Los que tengan una actualización trimestral por IPC sufrirán subas en torno al 7,4%. Es decir que un alquiler de $700.000 pasará a $752.263 para enero, febrero y marzo. Para los acuerdos de índole cuatrimestral evidenciarán subas del 9,7%. Un inmueble con contrato por $700.000 pasará a costar $767.900.

Los aranceles de las prepagas tendrían un nuevo ajuste para enero de 2026, para ubicarse en torno del 2,5% a nivel nacional tomando en cuenta la evolución de los precios media por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, acumularía una suba anual del 25,6%. El alza también aplica a los copagos.

Las empresas justifican estos incrementos en el aumento sostenido de los costos del sistema de salud, que incluye salarios del personal médico, insumos, medicamentos y gastos operativos.

El Ministerio de Transporte bonaerense actualizará desde mediados de enero la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que pasará a costar $97.057,65 con IVA incluido, un 21,8% más que la que se pagaba desde febrero.

El monto se estableció según lo dispuesto mediante la Resolución 369/2025 publicada en el Boletín Oficial. Corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base. Las motos tendrán un valor de $38.801,03, mientras que vehículos de más de 2500 kilos pagarán $174.604,64.

El Gobierno nacional volvió a mover una de las variables clave del esquema tarifario. A través de una resolución oficial, la Secretaría de Energía dispuso una actualización en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente central en la conformación de las facturas que pagan usuarios residenciales y comerciales. El ajuste comenzará a regir para los consumos realizados desde enero de 2026.

La medida quedó formalizada mediante la resolución 605/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece un incremento del 0,53% respecto del valor vigente. Si bien el aumento se aplica sobre el gas mayorista -el precio que abonan las distribuidoras antes de sumar transporte, distribución, impuestos y cargos adicionales-, su impacto llega de manera directa al monto final que pagan los usuarios.

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de enero, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento que oscilará entre 3 y 4,5%, según el servicio y la operadora.

Desde enero, el Gobierno implementará un nuevo esquema de subsidios para los usuarios en las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en todo el país. El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios y una pérdida de bonificaciones generalizada.

Estos cambios, oficializados este viernes en el Boletín Oficial, no impactarán en lo inmediato en la mayoría de los hogares, aunque se estima que sí lo hagan a lo largo del año.

Desde ahora no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos) como era en la actualidad, sino que solo existirán dos categorías de usuarios que serán quienes recibirán subsidios y quienes no. Además, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

El Ministerio de Economía busca otorgar la ayuda a quienes la necesitan y cuando sea necesario. El ahorro sería, según indicaron, de unos 1.000 millones de dólares. Esto se reflejará para los usuarios como un nuevo aumento en las boletas que se evidenciará en el transcurso de 2026.

Para determinar quiénes ingresan en uno u otro segmento se aplicará un filtro central. Tendrán un subsidio aquellos hogares con ingresos totales -a partir de la sumatorio de los haberes de todos los adultos que integren esa familia- inferiores a tres canastas básicas totales (CBT) tipo 2 del Indec, que hoy rondan los $3,64 millones mensuales. Hasta ahora eran $3,5 millones. Seguirán estando vigentes los criterios de exclusión actuales como ser titular de más de un inmueble o de aeronaves o embarcaciones de lujo, poseer vehículos de poca antigüedad y haber comprado moneda extranjera, entre otros.

Las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migradas automáticamente, con la posibilidad de actualizar su información. En tanto, quienes utilicen gas propano indiluido por redes o garrafas de GLP de 10 kilos, y aún no estén registrados, tendrán la que hacerlo a través del sitio oficial.

En electricidad, quienes califiquen recibirán una bonificación base del 50% sobre un bloque de 300 kWh por mes en los períodos de mayor demanda (invierno y verano) y de 150 kWh en meses templados (primavera y otoño). 

Para el gas natural por redes, el subsidio estatal cubrirá la mitad del precio solo entre abril y septiembre, sin bonificación para el resto del año. El bloque subsidiado de gas natural se definirá según la región, manteniendo los criterios de necesidades estacionales vigentes.

En el caso de los usuarios de garrafas y gas propano, se prevé un subsidio directo transferido a través de billeteras virtuales. Los que ya perciben el Programa Hogar serán migrados automáticamente al nuevo régimen y mantendrán la protección estatal, con reglas más claras y uniformes.

Los usuarios residenciales actualmente pagan, en promedio, el 55% del costo de la electricidad y el gas. Con el nuevo esquema, en 2026 la cobertura pasará al 76% en electricidad y al 79% en gas.

El Gobierno bonaerense actualizó los cuadros tarifarios eléctricos que regirán en el territorio con los consumos de octubre, camino similar que siguió el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) con los valores de Camuzzi Gas Pampeana. De esta manera, los usuarios verán impactados esto en las facturas de noviembre y diciembre.

Con respecto a la luz, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó la Resolución Nº 1042 que actualiza los cuadros de octubre e introduce una nueva actualización a regir desde noviembre, en línea con los precios mayoristas definidos a nivel nacional y el esquema de reducción gradual de bonificaciones.

La resolución alcanza a EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, así como a las áreas de referencia Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur. Para octubre, se incorporan los Precios de Referencia de la Potencia y el Precio Estabilizado de la Energía del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) fijados por la Secretaría de Energía de la Nación, el componente de transporte y la disminución mensual de bonificaciones.

Desde noviembre, en tanto, se aplica una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto de Generación Local (SGL), del Agregado Tarifario (AT) y del Cargo Transición Tarifaria (CTT).

Los nuevos cuadros comprenden a usuarios residenciales, no residenciales hasta 10 kW y entre 10 y 300 kW, alumbrado público hasta 10 kW, organismos públicos de salud y educación, grandes demandas, clubes de barrio y pueblo, y la categoría sin subsidio del Estado nacional. Para el caso de Edelap (aunque la suba es similar en todos los prestadores) el cargo fijo para el Tramo 1 pasó a $3960,47, es decir un ajuste de 1,7%.

Paralelamente, el Enargas aprobó nuevos cuadros tarifarios para la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana S.A., que regirán a partir del 1° de noviembre, en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y la actualización mensual prevista en las Reglas Básicas de la Licencia (RBL).

La medida que aprueba los valores correspondientes a la nueva cuota de la RQT, incorpora los nuevos precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) definidos por la Secretaría de Energía, y el recargo que pagan los usuarios de todo el país para financiar el régimen de tarifas diferenciales conocido como Zona Fría.

Si se toma como referencia la categoría R1, la suba del gas es del 4% mensual. En octubre un usuario de ese grupo tenía un cargo fijo de $3210,44 y ahora pasará a $3.341,16. A esto se le suma otro 4% de aumento en el cargo variable que sube de 178,31 a 185,53 pesos por metro cúbico de consumo.

El Concejo Deliberante de Tandil ratificó el pasado jueves su pedido al Gobierno nacional para que se mantenga la plena vigencia de la Ley de Ampliación de Zona Fría (Ley 27.637), en respuesta al intento de derogación previsto en el proyecto de Presupuesto 2026. 

La resolución fue aprobada por 17 votos  contra 3. Sin embargo, la bancada de Acción Tandilense-LLA, representada por Luján Fiego y Federico Sánchez Chopa, presentó un dictamen de minoría que rechaza el beneficio indiscriminado, exigiendo que los subsidios se concentren exclusivamente en los sectores que realmente los necesitan.

"El subsidio generalizado no es correcto"

Este lunes, en diálogo con El Eco Multimedios, el concejal Federico Sánchez Chopa fue enfático al explicar la postura libertaria, centrando su crítica en el mecanismo de financiación y aplicación de la Ley. Si bien el bloque entiende que "los subsidios son necesarios" y por eso los solicitan, consideran que los beneficios generalizados no son correctos.

El edil cuestionó la moralidad y la economía del sistema que aplica un descuento del 30% a todos los usuarios, independientemente de su situación económica. "Somos un montón los ciudadanos de Tandil que no tenemos la dificultad de poder abonar entre 20 y 30 mil pesos más de factura de gas, que sería el descuento que estaríamos teniendo", señaló.

Asimismo, calificó el mecanismo actual como un "arma de doble filo" , recordando que el sistema es autofinanciado a través de un Fondo Fiduciario del Gas, que se afronta con un sobrecargo de entre el 6% al 7,5% en la factura que pagan todos los usuarios, incluyendo empresas y comercios.

En ese sentido, Sánchez Chopa detalló el impacto social de este sobrecargo, señalando que afecta a también a “el kiosco, la pyme, la farmacia, el dentista o la industria, por poner ejemplos”, con un costo adicional se ve automáticamente reflejado en el producto o el servicio que el comerciante o la empresa ofrece al público. Por lo tanto, opinó que el dinero que cubre el descuento general del 30% está siendo pagado indirectamente por los negocios locales.

El concejal mostró su sorpresa ante la votación mayoritaria del Concejo: “Nos llama poderosamente la atención que a 17 concejales no les tiemble el pulso al momento de levantar la mano pidiendo apoyando este reclamo”, señalando que la medida parece apuntar a "vivir de la plata ajena o quedarse contentos y calentitos en la casa y pagando menos el gas cuando realmente no tenés la necesidad de hacerlo", sentenció.

El dictamen de minoría que presentó la LLA solicitó que el Gobierno nacional solamente mantenga el subsidio del 50% para los sectores más vulnerables y que se elimine el descuento general del 30% que impacta sobre todas las viviendas.

Sánchez Chopa informó que el bloque está trabajando con la Secretaría de Energía de Nación en un nuevo modelo de subsidios. El objetivo es mejorar el mecanismo de subsidios a través de la segmentación basada en el nivel de ingresos y el nivel de consumo del usuario, tal como se está implementando con el consumo de luz.

Actualmente, la ley ya otorga el 50% de descuento a sectores vulnerables específicos (beneficiarios de AUH o asignación por embarazo, veteranos de Malvinas, jubilados de la mínima que cobren hasta cuatro salarios mínimos vitales y móviles, o monotributistas de categoría más baja). Para afinar la identificación de quién necesita realmente la ayuda, Sánchez Chopa mencionó que se debe cruzar mucha información. Esto incluye el análisis de recibos de sueldo, niveles de consumo y hasta el consumo de tarjeta de crédito, con el fin de que la ayuda llegue a la gente que la necesita.

El edil concluyó que se debe hacer un esfuerzo entre todos los que pueden pagar, para ayudar al vecino que lo necesita, buscando e identificando a quienes realmente requieren del subsidio.

El diputado nacional Rogelio Iparraguirre cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de Javier Milei de intentar derogar la Ley 27.637, que amplió el régimen de Zonas Frías y benefició a más de 90 municipios bonaerenses, entre ellos Tandil.

“Eliminar las Zonas Frías es condenar a millones de familias a pagar tarifas impagables en pleno invierno. Se trata de una medida profundamente injusta, que desconoce la realidad de nuestro territorio y atenta directamente contra el poder adquisitivo de miles de tandilenses”, advirtió Iparraguirre.

El artículo 72 del proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso plantea eliminar el beneficio que reduce entre un 30 y un 50 por ciento las facturas de gas en regiones de clima frío. El legislador recordó que Tandil, junto a otras 90 localidades de la Provincia de Buenos Aires, sería una de las más perjudicadas. “En ciudades como la nuestra, donde los inviernos son largos y muy fríos, el gas no es un lujo sino una necesidad básica”, señaló.

Además, subrayó que el régimen no implica un costo fiscal adicional para el Estado. “La propia ley establece que el beneficio se financia a través del Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas, es decir, lo solventamos entre todos los argentinos con un mecanismo transparente. Decir que hay que eliminarlo para ahorrar es lisa y llanamente mentira”, enfatizó.

”La Cámara de Diputados hizo lo que debía: defender la salud y educación de todos los argentinos”, aseguró Iparraguirre respecto al acompañamiento del financiamiento para universidades y Hospital Garrahan.

El diputado nacional Rogelio Iparraguirre valoró la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar los vetos presidenciales y sostener las leyes de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, que ahora deberán ser tratadas en el Senado.

“El miércoles fuimos una gran mayoría de diputados los que rechazamos los vetos al aumento de financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría”, destacó el legislador tandilense.

La norma que protege al Hospital Garrahan obtuvo 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención, mientras que la que garantiza la actualización de gastos universitarios y la recomposición salarial de docentes y no docentes alcanzó 174 votos positivos, contra 67 negativos y dos abstenciones.

Iparraguirre subrayó la importancia de ambas iniciativas: “El acceso a la salud y la educación forma parte de la identidad argentina, de la misma manera que el respeto por los trabajadores universitarios y del Garrahan: por esto es que fuimos muchísimos los diputados que rechazamos la crueldad del Gobierno de Milei, duela a quien le duela”.

Por último, llamó a mantener el compromiso en la próxima instancia legislativa: “Ahora el desafío está en el Senado. Confío en que allí también primará la responsabilidad de garantizar que nuestras universidades y hospitales sigan de pie”.

El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez puso en alerta a la población por un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de eliminar el régimen de Zona Fría que aplica descuentos sobre la tarifa de gas a usuarios que habitan en ciudades donde se han comprobado temperaturas bajas, como en el caso de Tandil, Azul, Olavarría, Mar del Plata y muchas más lejanas. El dirigente tandilense, quien ya tuvo un primera abordaje del proyecto de Presupuesto 2026 que este lunes ingresó a la Cámara de Diputados, se manifestó en contra de la decisión de eliminar la normativa que impulsó y promovió tras años de lucha por parte de la comunidad local.

“A partir del artículo 72 del proyecto de presupuesto el Gobierno libertario propone eliminar totalmente cualquier descuento para los hogares que consumen gas por red en las Zonas Frías, que incluye a Tandil, Mar del Plata, Necochea, Olavarría y a muchas ciudades más”, dijo “Topo” Rodríguez y agregó que “los fundamentos no están expuestos, pero esto viene a ratificar que el intento del Estado libertario por eliminar los descuentos al gas ha estado siempre presente”.

El director del Instituto Consenso Federal advirtió que “en esta oportunidad el paso que se ha dado es realmente riesgoso para los descuentos, porque por primera vez se incluye en un proyecto de ley”. Del mismo modo, aclaró que “lo que elimina de cuajo es la ampliación de la Zona Fría, que es lo que se aprobó en junio de 2021 por la Ley 27.637, que incluye a buena parte del sur de la provincia de Buenos Aires y a otras ciudades en otras provincias”.

“Topo” Rodríguez repasó que “cuando en su momento se aprobó la extensión del beneficio para nuestra zona, se hizo sobre la base cierta de que efectivamente son zonas frías y que el descuento se paga con el aporte de los propios usuarios. Evidentemente aquí hay un avance muy fuerte del Gobierno de Milei que intenta ahora de manera decisiva eliminarlo y lo pone en serio riesgo a ese descuento”.

Ahora, con una ley

Si bien el actual Gobierno nacional había intentado recortar beneficios a usuarios de gas por Zona Fría, hasta ahora lo había hecho por decreto que no prosperaron por inconstitucionales.

“La única forma de cambiar la Ley de Zona Fría es con otra ley. Este proyecto de presupuesto en su artículo 72 propone cambiar la ley, en particular, derogar el artículo que extendió el descuento para Tandil”, señaló sobre el cambio de estrategia de Nación y manifestó que “ahora queda una alternativa que es que los diputados y senadores no le voten ese artículo a Milei”, pero destacó que para que eso ocurra “también es importante que la ciudadanía se manifieste en octubre eligiendo diputados nacionales”.

En ese sentido, expresó que “quizás mi opinión es minoritaria en Tandil porque en Tandil un 62 por ciento de los electores votaron a Milei, entonces quiero ser muy respetuoso pero deseo que Milei pierda la elección y que los diputados opositores a Milei ocupen las bancas del Congreso de la Nación y rechacen esta aberración. Pero reitero, quizá yo tenga un pensamiento minoritario porque el 62 por ciento de los tandilenses votaron a Milei en noviembre de 2023”.

Si bien el proyecto de Presupuesto ya tiene estado parlamentario, el exdiputado nacional explicó que el Congreso no está obligado a tratarlo con la actual conformación ni con la que resultará de las elecciones, con el recambio del próximo 10 diciembre.  En tanto, será el Gobierno el que decida cuándo lo pone a consideración.

“Puede ocurrir lo que vino sucediendo en los dos últimos años, que el Gobierno para hacer más sencillo y ocultar el ajuste, directamente decida no tratarlo. Si no se tratara, quedará vigente”, dijo e insistió en que “uno tiene que estar preparado para la eventualidad de que sí se trate, que sería lo normal, para que la mayoría de los diputados y de los senadores rechace el artículo 72 del proyecto de ley de presupuesto que le quita a Tandil y a buena parte de la provincia de Buenos Aires legítimos descuentos por Zona Fría para los usuarios residenciales de gas”.

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“Es regresivo, negativo y dañino

para la sociedad argentina”

Consultado por una primera opinión sobre el Presupuesto 2026, Alejandro “Topo” Rodríguez reconoció que “tengo una posición radicalmente distinta a todo lo que se está diciendo en las últimas horas. Creo que es un presupuesto regresivo, negativo y dañino para la sociedad argentina” y apuntó que “aumenta el ajuste: el superávit fiscal de 2025 está previsto el 1,6 por ciento del PBI y para 2026 está previsto el 2,2 por ciento del PBI. Y ese ajuste se va a hacer sobre las partidas más sensibles de la economía, no sobre los gastos vinculados a los intereses de la deuda u otros objetos que no tienen que ver con lo social”.

En segundo término, el director del Instituto Consenso Federal manifestó que “el Gobierno anuncia, como si fuese una gran noticia, que va a aumentar el 5 por ciento las jubilaciones. Lo que el Gobierno no dice es que solo en 2024 redujo la ejecución del gasto jubilatorio en 15 por ciento. En términos reales, sólo en 2024, sin contar lo que va transcurrido de 2025, redujo el gasto jubilatorio en 15 por ciento. Que ahora anuncie que en 2026 las jubilaciones van a aumentar un 5 por ciento es una pésima noticia que reafirma que el ajuste sigue recayendo sobre la espalda de los más débiles y de los que menos ganan en la Argentina”.

Por otra parte, evaluó que “Milei, con el presupuesto que ha presentado, confiesa que no tiene capacidad de generar ingreso de dólares a la Argentina, porque en 2025 el déficit comercial proyectado es de 2.447 millones de dólares y para 2026 lo va a más que duplicar, con un déficit comercial previsto de 5.751 millones de dólares”.

Sobre el indicador acerca de la deferencia entre las divisas que ingresan y las que salen del país, reflejó que evidencia que “en 2026 van a salir muchos más dólares de los que van a ingresar, en una situación que empeora de manera gravísima el déficit comercial ya vigente durante este año”.

En vísperas a otra movilización federal de las casas de altos estudio, “Topo” calificó como “una de las grandes mentiras del presidente Milei el supuesto aumento al presupuesto universitario y al de educación en general”.

En ese aspecto, amplió que “el anuncio del Gobierno nacional es que hay un aumento del 8 por ciento en educación y que le asigna a las universidades nacionales 4,6 billones de pesos, pero las universidades para funcionar normalmente van a necesitar unos 7 billones 250 mil millones. Si lo que el presidente Milei anuncia como gran noticia, como gran logro, es que va a haber 4,6 billones para las universidades hay que decirle que hay que casi duplicar ese presupuesto. Así que para las universidades nacionales hay muy malas noticias en el Presupuesto 2026”.

El Gobierno nacional informó que, durante el mes de agosto, se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero.

En mayo, a partir de la recategorización por geolocalización realizada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se había excluido del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago.

"Sin embargo, 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio", informó la Secretaría de Energía, en un comunicado.

A partir del uso de herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y procedió a retirar el beneficio que está destinado a usuarios de menores ingresos.

La Secretaría señaló que continuará avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para "extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente".

"Se reafirma el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, llegando únicamente a quienes realmente los requieren", concluyó.

El Gobierno nacional volvió a aumentar el cargo en la factura de gas para financiar el régimen de Zona Fría, suba que se verá trasladada a los costos que pagan los usuarios residenciales y las empresas por este servicio.

A través de la Resolución 1253/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial y con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, la gestión del presidente Javier Milei dispuso aumentar del 6,6% al 6,8% la alícuota del "recargo" (impuesto) que pagan todos los usuarios sobre los consumos de gas natural y que financian a los que tienen subsidios por el régimen de Zona Fría.

Este ajuste que ya había sufrido un cambio en julio, en concreto, es sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico de 9300 kilocalorías que entra al sistema de ductos en la Argentina. De acuerdo con el texto oficial, el nuevo porcentaje se aplicará tanto al consumo regular como al autoconsumo de las empresas del sector.

Mientras tanto, la nueva resolución faculta al Enargas, que está bajo la órbita de la Secretaría de Energía, a “ajustar los procedimientos para su facturación”. “Las disposiciones de la presente resolución serán de aplicación para los consumos realizados a partir del día en que sean publicados en el Boletín Oficial los procedimientos especiales para la facturación del recargo establecido, medida por parte del Enargas”, dispusieron también desde el Gobierno.

El incremento apunta a reforzar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que cubre parte del costo del servicio en aquellas zonas geográficas que por sus condiciones climáticas requieren mayores niveles de calefacción. El recargo es trasladado a todos los consumidores del país, sin distinción de categoría o ubicación, a través de los cuadros tarifarios vigentes.

El Fondo Fiduciario se creó en 2002 mediante la ley 25.565 y sus posteriores cambios con el objetivo de subsidiar el consumo residencial de gas en zonas frías. Su financiamiento proviene de este recargo sobre el precio del gas en el PIST, que las empresas distribuidoras y comercializadoras trasladan a los usuarios en la facturación mensual.

Qué es la zona fríaEn mayo de este año, el Gobierno nacional actualizó los criterios para acceder a los cuadros tarifarios diferenciales del gas natural por red dentro del Régimen de Zona Fría Ampliada (Ley 27.637).

Hasta el momento, los beneficiarios del régimen que percibían menos de cuatro salarios mínimos y tenían más de un medidor a su nombre accedían al 50% de descuento en cada uno de ellos. Con el cambio normativo, eso se limita: los 137.842 usuarios detectados en esa situación solo podrán mantener el beneficio completo en uno de sus suministros. Para los medidores restantes, se aplicará la bonificación general del 30%, prevista por la ley.

La ley de Zona Fría Ampliada es una extensión del régimen original creado en 2002 para asistir a provincias con climas extremos, como las del sur argentino, donde el consumo de gas es alto y esencial. Tandil, está dentro del régimen.

Sin embargo, en 2021 el Gobierno de Alberto Fernández amplió el alcance del régimen a zonas clasificadas como cálidas y templadas-cálidas -según la norma IRAM 11603:2012- incluyendo gran parte del territorio bonaerense, Rosario, Córdoba y San Luis, entre otros.

Ahora el Gobierno de Javier Milei evalúa eliminar por decreto la ampliación del régimen de zona fríaque se realizó en 2021. Eso impactaría encarecería el gas en 77 distritos bonaerenses. 

Durante los meses más fríos del año, es común que el consumo energético en los hogares aumente considerablemente, especialmente por el uso de calefacción. Sin embargo, existen formas eficientes de conservar el calor en casa sin depender exclusivamente de estufas, caloventores, sistemas a gas o salamandras, lo que no solo ayuda a reducir el impacto ambiental sino también el gasto en las boletas de luz y gas.

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cerca del 40 por ciento de las pérdidas de calor en una vivienda ocurren a través de puertas y ventanas mal selladas, mientras que otro porcentaje importante se filtra por techos, pisos y muros. Por eso, pequeñas intervenciones en el hogar pueden generar grandes diferencias.

En sintonía, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) recomienda utilizar de forma racional los sistemas de calefacción, promoviendo prácticas de eficiencia energética y ventilación segura. Tomando las sugerencias de las entidades, replicamos algunas de las pequeñas, pero significativas, acciones que se pueden poner en práctica.

Sellá puertas y ventanas: una de las formas más simples y efectivas de conservar el calor es asegurarse de que no haya filtraciones de aire frío. Colocar burletes de gomaespuma u otro material apto en los bordes de puertas y ventanas ayuda a evitar corrientes de aire, mejorando el aislamiento térmico. También se pueden usar cortinas gruesas que lleguen hasta el suelo y se cierren bien por la noche.

Aprovechá el sol durante el día: el calor solar es gratuito y abundante, incluso en invierno. Abrir las cortinas durante el día, especialmente aquellas que dan al norte, permite que el sol caliente naturalmente los ambientes. Al caer la tarde, es importante cerrarlas para conservar ese calor acumulado. Este aprovechamiento pasivo de la energía solar puede elevar algunos grados la temperatura interior sin usar artefactos eléctricos o a gas.

Usá alfombras y tapices: los pisos fríos absorben una gran cantidad de calor del ambiente. Colocar alfombras, especialmente en habitaciones con cerámica o cemento, permite mantener el calor en los espacios más utilizados. Además, los tapices o revestimientos en las paredes también pueden actuar como aislantes térmicos.

Optimizá el uso de la calefacción: no se trata de no usarla, sino de hacerlo con conciencia. Mantené los ambientes cerrados, calefaccioná solo las habitaciones en uso y regulá los termostatos a una temperatura moderada (20°C es lo recomendado por Enargas). Un grado de más puede significar hasta un siete por ciento más de consumo energético.

Revisá y ventilá de forma segura: aunque en invierno dé fiaca abrir las ventanas, es necesario ventilar todos los días al menos 10 minutos para renovar el aire y evitar la concentración de monóxido de carbono, especialmente si usas calefacción a gas. También es importante chequear que los artefactos estén en buen estado y con las ventilaciones obligatorias libres de obstrucciones.