El jueves pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni, anticipó que el gobierno de Javier Milei buscará derogar la actual ley de Alquileres. 

“Entendemos que le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que le hace daño a la gente será subsanado y corregido”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, que ratificó la postura de La Libertad Avanza en promover “siempre la libertad de las partes en contratos privados”.

“Seguramente haya novedades respecto a eso”, adelantó Adorni.

El Eco habló con Juan Arrizabalaga, referente de Tandil dentro de la Federación de Inquilinos Nacionales, quien aseguró que ante el escenario expuesto, la única herramienta que tienen los arrendatarios “es organizarse, porque si el Estado va a estar del lado de quien va a imponer las condiciones, el sector inmobiliario no lo va a querer cumplir”.

- ¿Cómo ven desde la Federación lo que adelantó el vocero presidencial sobre la derogación de la ley de Alquileres?

- La declaración del vocero presidencial concuerda con lo que ya había dicho el presidente Javier Milei, y el rumor es que podría ser parte de un decreto en donde entraría la derogación de varias leyes y la regulación en general de distintas materias, una de ellas es la de Alquileres. 

Para nosotros la discusión es la difícil situación que hay hoy de acceso a la vivienda, y particularmente a los alquileres, ante lo cual la ley es una contención para hacerle frente a la crisis. Quitarla o desregularla, es decir permitir contratos más cortos y ajustes por encima de lo que venía pautando la ley de alquileres; y dolarizarlo, va a potenciar fenomenalmente la crisis de alquiler.

Es un modelo inhumano, porque la gente no puede vivir con contratos cortos y dolarizados, o más caros de lo que ya están. 

- ¿Qué podría pasar si se anula la ley?

- Ellos hablan de un eufemismo del acuerdo entre partes que pactarían los tiempos: plazo del contrato, precio, tipo de ajuste y de moneda, lo cual no es un pacto sino una imposición. Y eso bajo el discurso de que mejora la oferta. 

Si hay veinte o cincuenta departamentos, pero a vos no te alcanza para pagarlo; no es una mejora de la oferta sino de la rentabilidad de los rentistas. Vamos a una situación donde el objetivo, que es de alguna manera la utopía de lo que nosotros llamamos "la casta inmobiliaria" es borrar la frontera entre el alquiler habitacional y el alquiler temporario turístico, que son contratos cortos y dolarizados. Así se logra una rentabilidad a corto plazo e imponer las condiciones de ajuste. 

Esto va a llevar a una crisis habitacional que no vemos desde hace décadas en Argentina. Si ahora estamos difíciles, esto es una locura. Es un alerta y es de enorme gravedad. 

Claramente están viendo la forma de pasar por encima el código civil y comercial, y las normas en Argentina, para imponer una dolarización. No solo se viene una crisis habitacional fenomenal, sino que el objetivo es sacarle los pocos dólares que tienen ahorrados algunos inquilinos asalariados o de clase media para traspasarlo al sector privado. Y por lo tanto es una transferencia de ingresos. 

Es un saqueo, no tiene mucha vuelta. Quienes hacemos una crítica a esto, al principio parecía que estábamos arando en el desierto, pero de a poco las cosas de vieron.

Y en esto va a suceder lo mismo: quienes venimos luchando por los alquileres sabemos que no estamos en el mejor de los mundos por el acceso a la vivienda, pero una regulación en esa lógica en la que no hay ningún derecho; y donde la vivienda no es un derecho; va a generar una crisis fenomenal.

Y al final, hay que asumir los costos de esa crisis porque después nadie se quiere hacer cargo.

- ¿Qué consultas están teniendo en la Federación?

- De todo tipo. Desde que se anunció la derogación de la ley, si bien no hay nada firme, miles de inquilinos no están pudiendo firmar contratos porque están esperando.

La otra es que no se cumple porque el Estado no defiende la ley, y al no haber gobierno no se cumplen las condiciones, y después hay ofertas en dólares, contratos de seis meses -que es lo que se viene y es el objetivo del Gobierno también, como lo dijo abiertamente. Nadie que haya votado a Milei no sabe lo que dijo sobre los alquileres. La propuesta del sector inmobiliario y de distintas cámaras que financiaron la campaña es que haya contratos cortos y precios liberados, o dolarizados.

Las consultas tienen que ver con que la gente no va a poder pagar el alquiler o que no va a haber renovación de contrato; o que van a haber contratos muy cortos. O la oferta en dólares, que es lo que la ley pretendía impedir. 

Ya sabemos que hay inquilinos que no están pudiendo pagar el segundo mes de alquiler porque los pisos son muy altos; y hay miles con el contrato vencido porque no consiguen alquilar porque los rentistas están esperando que se derogue la ley para imponer contratos cortos y con precios más caros. 

- Un inquilino que alquiló hace poco con la nueva ley, ¿se puede quedar tranquilo?

- Los inquilinos en Argentina no se pueden quedar tranquilos nunca. Los contratos deben cumplirse de la forma en la que se fijaron: sea con la ley de 2020 de tres años y ajuste anual, o con la reforma de 3 años de ajuste semestral por índice Casa Propia. 

Lo que vamos a tener que hacer es ver cómo nos organizamos, porque si el Estado va a estar del lado de quien va a imponer las condiciones, el sector inmobiliario no lo va a querer cumplir.

Lo que venía sucediendo con la evolución anual de los precios del mercado en Argentina era que estaba entre 250 y 280 por ciento. Hoy la inflación está en 160 por ciento (antes de la última devaluación); y el índice del contrato de alquiler está en 120.

Ahora, el objetivo sería dejar todo en manos del mercado. Incluso la posibilidad de que lo cobren en moneda extranjera aunque el inquilino no tenga; o si no tendría que ir al dólar blue y pagar dos veces más para poder pagar un alquiler en dólares. Eso se viene con Milei. Y el que avisa no traiciona.

- ¿El inquilino tiene alguna herramienta hoy, a la hora de negociar?

- No, si el mercado te atropella y el Estado es cómplice, la única herramienta que tiene el inquilino es organizarse. Van a sacar la ley de Alquileres para imponer la ley de la Selva. Y ante eso, solo existe la organización y la solidaridad. No va a haber otra herramienta. Creo que no es un debate ideológico ni político: es aprender a defender tu bolsillo y tu hogar. 

Si te liberan los precios de los alquileres, del transporte y la comida, el famoso ajuste no lo está pagando la casta sino el inquilino. La gente tiene que recuperar la conciencia de aprender a defender los intereses, porque lo que van a hacer no tiene nada que ver con defender el bolsillo del laburante de a pie -que es el que paga alquileres- sino el de los especuladores.

El inquilino, mientras tanto, va a tener que dejar hasta lo que no tiene para pagar el alquiler; o se va a tener que mudar a la casa de otros; o van a empezar las tomas de tierras.

- ¿Cuál es el próximo paso como Federación?

- En las ciudades grandes se están generando equipos legales, porque no se trata solo de asesorar sino también de defender considerando que se puede venir una ola de desalojos. Tengamos en cuenta que hoy en Tandil se ofertan departamentos por 500 o 600 mil pesos de inicio de contrato; y 300 mil pesos un monoambiente de 35 metros cuadrados. La situación es muy compleja porque además están pidiendo actualizaciones de valores por fuera de lo que dicen los contratos firmados; y para quien empiece un contrato bajo las nuevas condiciones va a ser muy difícil que lo pueda sostener durante los meses que le siguen.

Esto no tiene que ver con achicar el gasto. Son medidas a favor de la casta inmobiliaria, y en contra de los trabajadores, que son 10 millones de inquilinos en Argentina.

- ¿Esto se puede hacer por DNU, sin pasar por el Congreso?

- Yo les diría a los defensores de la república, que si un presidente puede sacar un DNU porque lo votaron y llevarse puestas diez leyes, evidentemente no estaríamos hablando de la república sino de otra cosa. La diferencia es que ascienden por elecciones, pero el formato de gobierno se parece mucho más a otra cosa que a una democracia. 

Lo que pasa es que durante cuatro años, el sector inmobiliario y la derecha perdieron en el Congreso y en la opinión pública el debate sobre reformar la ley. Evidentemente pueden volver a perder; y por eso tienen la intención de derogar algunas leyes mediante decreto, a favor del sector empresarial. 

Como referente de la Federación de Inquilinos Nacional, el concejal por el Frente de Todos Juan Arrizabalaga, participó ayer en La Plata de la reunión de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires en la que se discutió sobre el proyecto de ley para que los inquilinos no paguen la comisión inmobiliaria al comenzar un contrato de alquiler. 

El concejal informó al respecto que “la actividad fue por un proyecto que impulsa el senador “Paco” Durañona. Nosotros desde la Federación de Inquilinos apoyamos, y tiene que ver con que los inquilinos ya no paguen la comisión inmobiliaria. Es una demanda que hace mucho tiempo tenemos. Porque no somos los que contratamos a los profesionales sino son los propietarios, pero se nos cobra de más y de manera irregular algo que no nos corresponde”

El proyecto contempla que el costo sea absorbido por los propietarios, con un porcentaje del 4 por ciento sobre el primer año de contrato. Al respecto Arrizabalaga agregó que “en principio lo importante es que no lo absorban los inquilinos porque no corresponde” Y precisó información sobre la legislación vigente en torno al tema, al plantear que “de hecho, la ley actual está mal redactada. Sería 1 o 2 por ciento de cada parte, pudiendo una de las partes asumir el total, y ese “una de las partes” que nadie dice quién es, las inmobiliarias nos lo cobran a los inquilinos para no tener problemas con los propietarios” 

El referente de los inquilinos indicó que se trata de un reclamo histórico del sector, al decir que “es una injusticia total y un absurdo. Hace años que venimos peleando, tiene que cambiar tarde o temprano, por una cuestión de criterio y de justicia” A su vez agregó que “no hay que tenerle miedo al mercado, porque hoy está absolutamente desbocado, los precios están por las nubes y eso es problema de la no regulación”

Sobre la comisión inmobiliaria en concreto, destacó que “es el costo más alto hoy, es mayor al mes de ingreso y al mes de depósito por lo tanto es el impedimento mayor para alquilar”. Según el concejal, esto se suma a un conjunto de inequidades entre las partes implicadas. “Hay un uso de normas que no existen, que son discriminatorias, injustas e irregulares, y que son el cotidiano del mercado inmobiliario. Las tenemos que empezar a cambiar una por una”, planteó. En este sentido agregó que “hay una especie de tácita complicidad que nos desfavorece y genera más inflación y más costo de vida de forma artificial para los inquilinos. Si a eso le sumamos que no te alquilen porque tenés hijos, porque te faltan algunos recibos de sueldo, o que cobren un sellado que no corresponde, se conforma un conjunto de aspectos artificiales e injustos que hacen que los inquilinos no lleguen ni siquiera a firmar el contrato de alquiler” A su vez remarcó que "los precios de los inicios de los contratos son más caros porque nosotros pagamos la comisión. Si tuviera que pagarlo el propietario la cosa sería distinta”.

“Es una decisión política”

Para Arrizabalaga, la posible aplicación del proyecto de ley “es una decisión política, no es macroeconómica. Es una decisión de cambiar una injusticia, que es de jurisdicción provincial. No tiene que ver con la Ley de Alquileres sino con la Ley de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires”.  

Sobre su perspectiva con respecto a la factibilidad de que finalmente se apruebe, señaló que “todavía estamos a la espera de que avance la discusión, pero más allá de la espera vamos a avanzar seguramente en la Cámara de Diputados, en seguir discutiéndolo en la agenda pública y en que haya un apoyo concreto del Gobierno provincial porque esto no depende de la pandemia, ni de la guerra en Ucrania, ni de la inflación ni del dólar, depende de la decisión política de terminar con esta injusticia” 

Sobre la ley en cuestión informó que en otras partes del país ya fue implementada. “Ya se ha logrado en CABA, en Río Negro y en La Pampa, así que queremos impulsarla para la provincia de Buenos Aires porque es el mayor mercado de alquileres de Argentina y sería un logro muy concreto y muy importante para aliviar el bolsillo de millones de inquilinos bonaerenses”, indicó. 

En relación al posible impacto que pueda tener en la localidad esta medida, Arrizabalaga afirmó que “son miles y miles de inquilinos que tendrían un costo menos para iniciar un contrato”. 

El edil se refirió a la “situación crítica de los alquileres en la ciudad”, y agregó que “los inquilinos están en crisis no sólo por lo que cuesta un alquiler, sino por no poder afrontar, no poder empezar un contrato de alquiler. Porque los precios hoy no tienen referencia, son una locura, están totalmente desbocados, y además se le suman costos adicionales y criterios artificiales o discriminatorios”

Consultado sobre la noticia que se conoció recientemente sobre la cesión por parte de la Provincia del predio de Sans Souci para un desarrollo urbanístico, el concejal afirmó que “es algo muy importante. Hablé con Rogelio (Iparraguirre), estábamos los dos en La Plata antes de que entre al despacho del Gobernador. Si se da, por las dimensiones que tiene puede ser algo histórico en Tandil en lo que es generación de suelo y oportunidad habitacional”.

Debido a la crisis económica que profundizó la pandemia, teniendo en cuenta que muchos sectores no han podido volver a funcionar y otros tantos vieron afectada su actividad, la situación se complejizó para los inquilinos, que solicitan que se extienda el plazo que impide el desalojo, asegura la prórroga de contratos y aplaza aumentos en los alquileres.

Según la encuesta que realiza de manera mensual la Federación de Inquilinos Nacional, en agosto un tercio de las personas que alquilan tienen problemas para pagar los gastos de vivienda.

Al respecto, Juan Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos e integrante de la Red de Inquilinos de Tandil, manifestó que en realidad la coyuntura de los arrendatarios ya es conocida porque “está a la vista que muchos sectores vieron comprometidos sus ingresos”.

“A los inquilinos los afecta concretamente porque hay que seguir sustentando el alquiler, que es uno de los gastos fijos más grandes, además de todos los otros egresos”, señaló el edil en diálogo con El Eco Multimedios.

Argumentó que el valor que se abona mensualmente representa un importante porcentaje de los ingresos y que, si los salarios se vieron comprometidos en el marco de la pandemia por el coronavirus, ese porcentaje es aún más grande.

“Entonces los números de las encuestas expresan eso que más o menos se ve. A mí lo que me parece importante siempre es traer lo nacional a lo local”, manifestó. En ese sentido, hizo referencia al debate que se generó tiempo atrás por la cantidad de personas que alquilan en Tandil y expresó que “estamos todos de acuerdo en que por lo menos hay 15 mil contratos de alquiler y que ha crecido muchísimo”.

Crisis de vivienda en Tandil

Sostuvo Arrizabalaga que la ciudad ha tenido un gran desarrollo urbano pero que desde el 2015 se ha registrado una crisis de la vivienda, marcado por dos factores: por el estancamiento del mercado inmobiliario y por la dificultad de acceso al techo.

“Hay un estancamiento del mercado en lo que hace al intercambio de bienes inmuebles. Se terminó el Procrear a tasas subsidiadas y hubo un pequeño auge con la uva, pero yo lo caracterizo como una estafa”, clamó.

En tanto agregó que tener acceso a un techo es un derecho humano fundamental y explicó que eso se ha complejizado en el último tiempo porque los precios y los ingresos no se condicen: “Funcionan como una L en la que la línea vertical son los valores del suelo y la horizontal los ingresos. Y ese ángulo es cada vez mayor”.

Bajo su punto de vista lo importante ahora es exponer las distintas visiones que tiene cada sector para poder aunar criterios y ver cómo tiene que hacer Tandil para resolver el problema del desarrollo urbano y de vivienda.

Por otra parte, destacó también los programas nacionales como el relanzamiento del Procrear, la Ley de Alquileres y el Plan Nacional de Suelo Urbano: “Son buenas señales de por dónde tenemos que trabajar a nivel local”.

Extensión del DNU

El decreto de necesidad y urgencia 320/20 establece, en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541, la prohibición de desalojos en todo el territorio nacional, la prórroga de contratos y el congelamiento de los precios hasta el 30 de septiembre.

No obstante, desde la Federación de Inquilinos solicitaron que se aplique una extensión del DNU teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria aún continúa.

“El desarrollo y la continuidad de la pandemia afecta al contexto económico y eso genera un efecto en los ingresos. Y probablemente la activación económica no esté para diciembre. Por eso desde la Federación pedimos una prórroga en el decreto, porque la situación no se va a reacomodar ya”, expuso Arrizabalaga.

Entienden que la extensión del DNU es clave porque aún el futuro es incierto y demandará mucho tiempo la reactivación económica. Por tal motivo, como solo resta poco más de un mes para que finalice el plazo fijado el 29 de marzo, cuando se sancionó, creen que una prolongación podría dar oxígeno a sectores que están muy golpeados.

El decreto de necesidad y urgencia 320/20 establece, en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541, la prohibición de desalojos en todo el territorio nacional, la prórroga de contratos y el congelamiento de los precios hasta el 30 de septiembre.

No obstante, desde la Federación de Inquilinos solicitaron que se aplique una extensión del DNU teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria aún continúa.

“El desarrollo y la continuidad de la pandemia afecta al contexto económico y eso genera un efecto en los ingresos. Y probablemente la activación económica no esté para diciembre. Por eso desde la Federación pedimos una prórroga en el decreto, porque la situación no se va a reacomodar ya”, expuso Juan Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos e integrante de la Red de Inquilinos de Tandil, en diálogo con El Eco Multimedios.

Entienden así desde la Red local que la extensión del DNU es clave porque aún el futuro es incierto y demandará mucho tiempo la reactivación económica. Por tal motivo, como solo resta poco más de un mes para que finalice el plazo fijado el 29 de marzo, cuando se sancionó, creen que una prolongación podría dar oxígeno a sectores que están muy golpeados.

Durante la jornada del sábado, la ministra de Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, mantuvo una reunión online con la Federación de Inquilinos Nacional, en donde escuchó propuestas orientadas a llevar tranquilidad a los nueve millones de inquilinos del país.

Del encuentro participó el concejal y referente del tema Juan Arrizabalaga, y reveló que las organizaciones pidieron cuatro puntos primordiales. Solicitaron que se apruebe la Ley de Alquileres Nacional que ya tiene media sanción en la cámara de Diputados, que se prorrogue el Decreto 320 al menos por dos años, que se garantice un organismo para hacer cumplir el derecho que otorga el decreto sobre alquileres y, finalmente, que el Estado asista ante la deuda que los inquilinos estan acumulando en este tiempo de aislamiento (sin tener la posibilidad de trabajar).

De acuerdo a lo mencionado por el referente tandilense, la ministra Bielsa expresó que va a analizar las medidas y que dará una respuesta en los próximos días.

“Entendemos y acompañamos la decisión que se tomó en respecto el aislamiento, pero a la vez creemos que es fundamental la asistencia del Estado para pagar las deudas que se generan a partir de esta situación. La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, esto generó presión social y conflicto con inmobiliarias y propietarios. No va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a recuperar en tan poco tiempo”, sostuvo Arrizabalaga.

Medida por medida

– Desendeudamiento:  hay que subsidiar a la economía informal para garantizar una vivienda. Con esto se inyectaría dinero en la economía, se resolvería el problema social de la vivienda, el conflicto con los propietarios e inmobiliarias, y se evitarían desalojos y mudanzas (no habría circulación de millones de inquilinos) en un marco de crisis sanitaria.

– Ley de Alquileres: apenas el Senado pueda sesionar, se harían modificaciones pertinentes a la Ley, en el contexto de pandemia.

– Extensión del Decreto 320: una vez levantado el decreto de aislamiento social, muchas inmobiliarias intentarán desalojos de inquilinos e inquilinas (lo hicieron ya en contexto de pandemia), por lo que es fundamental garantizar el techo de los que se endeudaron por no poder trabajar. Muchas inmobiliarias señalan que van a aumentar los precios luego de septiembre, lo que hará imposible el pago de deudas contraídas, y la recuperación del salario, con el agravante de quedarse sin techo o situaciones judiciales.

– Organismo de control: debe existir un organismo del Estado Nacional que articule con las provincias el cumplimiento del Decreto, ya que los inquilinos hoy no tienen un punto de referencia para realizar denuncias, incumplimientos, o para acceder a información oficial.

En pos de continuar con la visibilización del problema por el que atraviesan, donde muchos debieron dejar de pagar otras cuentas para abonar las altas cuotas de los créditos, el grupo de Hipotecados UVA Tandil Autoconvocados se reunió con el presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz.

María Luisa Schwab, una de las referentes de la agrupación en nuestra ciudad, señaló en diálogo con El Eco Multimedios que continúan trabajando y conversando con los representantes de los diferentes partidos políticos. Además, contó que desde el colectivo nacional de Autoconvocados se lanzó una campaña invitando a cada candidato a apoyar la “eliminación del UVA”, propuesta que procura que se reestructuren estos créditos, que se dejen de indexar por la inflación y, sobre todo, “que se le ponga un tope al aumento del capital, además de la cuota”.

A través de diversos medios, el grupo comenzó a difundir la campaña con los hashtag #YoVoto y #ElimiaciónUVA: “Cómo no tenemos financiamiento, es fundamental y necesario viralizarla por todas las redes sociales que estén a nuestro alcance. Queremos lograr el compromiso de todos los candidatos a nivel Local, Provincial y Nacional. También el acompañamiento de figuras de la cultura, periodistas, deportistas, y demás”, comunicaron.

Desde la creación de este grupo de autoconvocados se han realizado diferentes medidas para hacer pública la situación por la que están atravesando diferentes familias, como mateadas o manifestaciones en plazas. Sin embargo, desde Hipotecados UVA no advierten que se hayan obtenido grandes avances. “En medidas concretas, que podamos ver reflejadas en las cuotas, aún no hemos visto ninguna mejora. Lo que ya sabemos, y que se ha hecho público por parte del presidente, por ahora es un anuncio, que es muy mezquino porque no abarca la totalidad de los tomadores de créditos y es por un corto tiempo”, exclamó Schwab.

Por su parte, Fernando Pérez, otro del los integrantes del colectivo, coincidió con lo que dijo María Luisa sosteniendo que “hay una realidad que es la mezquindad respecto al trato de los Hipotecados UVA”, y agregó que “a nosotros, en 15 meses, porque eso es lo escrito, el Gobierno nos da aproximadamente 100 pesos por mes de apoyo en una cuota, por ejemplo, de 30 mil”.

Si bien por el momento no hay ninguna intimación en Tandil, como sí la hubo en otras provincias, muchas familias “están complicadas”. “Cuando nos hemos juntado a conversar, todo el mundo te cuenta las restricciones que está haciendo en su vida diaria para poder llegar a pagar la cuota”, sostuvo Schwab.

Además, aseguró que muchos lo que hacen es generar otras deudas, ya que dejan de pagar otros impuestos, por ejemplo. “No es tan fácil pasar a ser moroso en la cuota de tu casa, porque como son cuotas altas en general, demorarte significa que al mes siguiente vas a estar mucho más comprometido”, completó.

Reunión con Muñoz

Respecto a la reunión que mantuvieron con Gervasio Muñoz, el presidente de la Federación de Inquilinos, la referente del grupo de Tandil informó que “seguimos trabajando con esto de visibilizar y comprometer cada vez a más cantidad de referentes políticos” y añadió que “vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo”.

Al respecto, Muñoz expuso que “esto sintetiza bastante bien los últimos años de la Argentina”, aludiendo que se dijo que la inflación iba a ser baja, que se podía comprar una casa a través de un banco y que la dolarización de la vivienda no era un problema. “Pero la realidad es que estas tres situaciones terminaron explotando. Nosotros planteamos esto desde un primer momento. El crédito UVA está copiado de Chile, durante la dictadura de Pinochet, y ahí también fracaso. Pero aún así el macrismo lo tomó como una solución habitacional”, añadió.

Asimismo, exclamó que las consecuencias se están observando hoy debido a que las cuotas “no se terminan de pagar nunca” y que mientras antes un hipotecado alquilaba una vivienda, “hoy en realidad le alquila al banco”.

Soluciones desde la Federación

En consecuencia, explicó Muñoz que lo que se plantea desde la Federación de Inquilinos es que se dicte una Ley Nacional de alquileres, se termine con la vivienda como un negocio especulativo y que sea tomada al igual que la salud o la educación, ya que son derechos y por lo tanto el Estado debe garantizarlos “pero no a través de los bancos, no en una situación en la que no hay ningún tipo de regularización, y tampoco donde se cotice en una moneda extranjera, ya que somos el únicos país donde funciona así”.

“Sin una ley que regule el precio de los alquileres y sin que se desdolarice la propiedad es imposible obtener un acceso a la vivienda”, finalizó.