Días pasados, la Federación Universitaria Argentina y legisladores opositores, denunciaron públicamente ajustes en el presupuesto asignado a las universidades nacionales, pero el rector de la Universidad Nacional del Centro, Roberto Tassara, desmintió estas versiones y las trató como “declaraciones políticas”.

La entidad, presidida por el concejal tandilense de Juntos por el Cambio, Bernardo Weber, expuso que la ampliación presupuestaria puesta en discusión en las últimas semanas en el Congreso nacional implicaba un ajuste para el sistema universitario, porque la suma  -48 mil millones de pesos-  sólo contempla los aumentos que corresponden a las cláusulas gatillo firmadas por el gobierno anterior, que el actual gobierno difirió en el tiempo, y no contiene ninguna actualización de gastos de funcionamiento.

Ante esto, Tassara fue categórico y explicó que las universidades funcionan con una prórroga del presupuesto de los valores originales del 2019. “Lo primero que hay que saber es que hay un Presupuesto 2019 prorrogado como indica la Constitución,  porque no sancionó el de 2020. En enero de este año iniciamos el ciclo con fondos iguales a los de 2019”.

Cuando esto ocurre, es necesario que durante el año se hagan refuerzos de partidas para cubrir todas las actualizaciones que surjan. “Si estamos con un presupuesto de enero de 2019 no incluye los aumentos salariales de las paritarias docentes y no docentes, entonces estaríamos totalmente desfinanciados. Si no nos dieran fondos adicionales para cubrir todas esas demandas no llegaríamos ni a septiembre”, detalló.

La mala memoria 

En este sentido, desglosó que el Congreso vota globalmente una partida para hacer frente a estos ajustes paritarios y lo que se devengue de costos de funcionamiento.

“La FUA tiene mala memoria, como siempre cuando gobierna un signo contrario al suyo. Es lamentable que hagan esto. El gobierno anterior tenía 6 meses de  atraso para abonar las cuotas, ahora hubo un recupero de esos meses en los pagos y los fondos llegan puntualmente”, expuso la autoridad educativa.

Además, ratificó que “es imposible comparar un presupuesto 2019 con uno 2020 porque no existe como tal. Recién al 31 de diciembre se va a poder saber cuáles son los fondos otorgados a las universidades, si lo hacemos ahora es comparar peras con manzanas”.

Por último, transmitió tranquilidad a la comunidad educativa de la casa de estudios regional y aseguró que no habrá ningún tipo de problema en torno al goteo de dinero necesario para garantizar el funcionamiento  del sistema.

“Viene más dinero ahora que en 2019, y por si fuera poco, quiero recordar que la gestión anterior desactivó el Programa de Infraestructura Universitaria, que este gobierno reflotó, y que le otorgó a la Unicen 170 millones de pesos para obras edilicias”, concluyó Tassara.

“La universidad pública sigue en pie” 

Por su parte, la concejal del Frente de Todos, Daiana Esnaola, estudiante también de la Unicen, se expidió al respecto y se plegó a los dichos del rector.

“Hubo un cambio de gobierno, negociación de la deuda, apareció la pandemia que cambió el eje de las prioridades y no se pudo avanzar con la agenda política como estaba planificada, se prorrogó el presupuesto de 2019, pero decir que los fondos previstos no alcanzan para garantizar el funcionamiento es un disparate”, sentenció la joven.

“La preocupación sobre este posicionamiento es que sale en este momento de incertidumbre, donde la atención está enfocada en preservar la salud, y que salgan después de cuatro años de silencio ante los atropellos a la educación pública, preocupa”, sostuvo.

Esnaola refrendó que se trata de una “jugada política”  y que, en los cuatro años anteriores, hubo severos cortes y desfinanciamiento de diferentes estructuras y programas, como las becas Progresar, que brindan recursos económicos a jóvenes estudiantes, cuyo universo de beneficiarios fue drásticamente reducido en 2018.

“Ahora se sigue incrementando el número de becas y se actualizan los montos, lo que dicen poco tiene que ver con la realidad. La universidad pública sigue en pie”, acotó la legisladora.

El pasado martes, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado para su tratamiento, el proyecto de ley que amplía las partidas presupuestarias por un monto estimado en casi 1,9 billón de pesos, para solventar el pago de planes sociales, productivos y laborales destinados a paliar la crisis económica como consecuencia del coronavirus.

La iniciativa impulsada desde el Gobierno nacional fue aprobada por 228 legisladores del Frente de Todos, del interbloque Federal y Unidad para el Desarrollo, el Movimiento Popular y un sector de Juntos por el Cambio, mientras que por la negativa se pronunciaron 9 legisladores (siete de Juntos por el Cambio y dos del Frente de Izquierda).

Ante esto, la Federación Universitaria Argentina (FUA) presidida por el concejal tandilense de Juntos por el Cambio, Bernardo Weber, expuso que la ampliación presupuestaria puesta en discusión implica un ajuste para el sistema universitario.

En comunicación con El Eco Multimedios, Weber indicó que “los fondos previstos no alcanzan para garantizar el funcionamiento de las universidades, no contemplan la inflación de estos periodos, ni se prevén aumentos salariales en lo que resta del año”.

El proyecto de ampliación presupuestaria presentado en el Congreso, otorga fondos a las universidades por 48 mil millones de pesos, lo que significaría un ajuste de 8 mil millones de pesos. Según explicaron desde la entidad estudiantil, esa suma sólo contempla los aumentos que corresponden a las cláusulas gatillo firmadas por el gobierno anterior, y que el actual gobierno difirió en el tiempo y no contiene ninguna actualización de gastos de funcionamiento.

Presupuestos devaluados 

Además, resaltaron que las casas de estudios están funcionando con gastos calculados en septiembre del 2018 porque debido a la pandemia se prorrogó el presupuesto 2019, sin que el presupuesto de 2020 contemple la inflación acumulada superior al 50 por ciento registrada el año pasado y estimaron que  las partidas actuales han perdido en promedio el 80  por ciento del poder adquisitivo. Vale reseñar que desde el 16 de marzo todas las universidades están cerradas -lo que modificó cierto esquema de gastos- y debieron adaptar su funcionamiento a la modalidad virtual.

“Desde marzo veníamos adelantando que esto iba a pasar por funcionar con un presupuesto atrasado. Hicimos pedidos de informes desde el movimiento estudiantil y el sistema universitario en general, pero finalmente tuvo media sanción  la  ampliación presupuestaria”, detalló el joven referente estudiantil.

También destacó que la federación logró un consenso y un posicionamiento fuerte con diversos sectores, incluso algunos más allegados al oficialismo. No obstante, afirmó que se llevaron una “mala” sorpresa porque otras organizaciones hicieron silencio frente al planteo. “El reclamo nos trasciende y trasciende el partido político, tenemos que defender las universidad y el desarrollo científico y tecnológico”, opinó Weber.

Plan de infraestructura 

Por otro lado, a mediados de julio, el presidente Alberto Fernández anunció el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que demandará una inversión de más de 9.600 millones de pesos, contará con el financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y generará 3.500 empleos directos y 10.000 indirectos.

El plan contempla la realización de 63 obras en 47 casas de altos estudios y beneficiará a más de un millón y medio de estudiantes. La Universidad Nacional del Centro fue alcanzada por la iniciativa y recibirá 168 millones de pesos para ampliar y refaccionar las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, ubicada en la sede de Olavarría.

En esa oportunidad, el rector de la Unicen, Roberto Tassara, expresó su alegría por la posibilidad de avanzar en el mejoramiento edilicio de la universidad y aseguró que se trata de una obra “esperada” e     “indispensable”.

Las autoridades de la casa de altos estudios valoraron el relanzamiento del plan –que se interrumpió a finales de 2017-, por medio del cual se concretaron importantes proyectos como la Biblioteca Central y las residencias universitarias en el Campus, entre otros proyectos.

“Se discontinuó a finales de 2017 y pudimos terminar con lo justo, pero habíamos quedamos huérfanos de la posibilidad de construir porque el presupuesto no prevé montos para obras. Reconocer la recuperación de ese programa me parece trascendental”, refirió la autoridad educativa.

Los diferentes Centros de Estudiantes y la Federación Universitaria de la Unicen convocaron este martes por la mañana a una conferencia de prensa en la sede del Rectorado a fin de visibilizar los inconvenientes que advierten con el Programa de Accesibilidad Socio Educativo (PASE), coordinado por el Sistema Único de Movilidad Ordenada (SUMO).

El inicio de los problemas se remonta a febrero de este año, cuando los diferentes movimientos estudiantiles de la Universidad Nacional del Centro advirtieron que los alumnos e ingresantes a las carreras que dicta la casa de estudios –que en su mayoría deben trasladarse al Campus-, tenían que abonar el boleto plano en lugar de gozar del beneficio promulgado por el PASE, que les permite pagar sólo la mitad del valor total del pasaje.

Tras elevar cartas a los diferentes poderes municipales y lograr que el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Centro  se pronunciara a favor de su demanda, los estudiantes se reunieron con autoridades comunales en mayo. En el encuentro llevado a cabo en la sede del Rectorado, del cual participaron el vicerrector de la Unicen, Marcelo Abba; los representantes estudiantiles nucleados en la Federación Universitaria; el secretario de Gobierno, Oscar Teruggi; el jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety; y el presidente de la Comisión de Transporte del Legislativo, José Luis Labaroni, les explicaron cómo funcionaba el Sistema de Transporte Público de la ciudad y cómo lo hacía el PASE.

Asimismo, les explicaron que al ser un año electoral no podían realizar modificaciones pero que sí se comprometían a volver a reunirse luego de los comicios. Al pasar un mes de las elecciones, celebradas el 27 de octubre, y no tener novedades, los jóvenes decidieron retomar el reclamo.

Juan Pablo Fossati, vicepresidente de la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires (FUCPBA) dialogó este martes con El Eco de Tandil y explicó que lo que buscan es llegar a un acuerdo por medio del diálogo.

“Nosotros ya venimos desde inicio de año con este reclamo, cuando nos encontramos con que había estudiantes que ingresaban a la universidad y no podían acceder al programa PASE, como así tampoco los que ya venían cursando desde hacía tiempo y tenían que rendir los exámenes finales. A todos ellos se les estaba cobrando el boleto plano”, comentó Fossati.

Agregó que a raíz de ello comenzaron a realizar algunas gestiones y a presentar diferentes cartas al Poder Legislativo y Ejecutivo de la Municipalidad. Además, efectuaron una colecta de firmas desde el Movimiento Estudiantil, la cual contó con la adhesión de 2.000 estudiantes. “También logramos que nuestro Consejo Superior de la Universidad se expidiera a favor de nuestra declaración por la ampliación del uso y vigencia del sistema PASE, ya que está homologado con el calendario académico de la Provincia, que dicta la Dirección General de Escuela, y no así con el calendario que elabora nuestra facultad, entonces nos quedan semanas en las cuales no gozamos de los beneficios”, clamó el joven.

Reunión con las autoridades

Remarcó el vicepresidente de FUCPBA que tras las acciones que mantuvieron lograron obtener respuestas del Municipio y que en la reunión “tuvimos una discusión que fue bastante positiva porque nos dieron varias respuestas respecto a cómo funciona el transporte público de pasajeros, que realmente muchos no conocemos, los subsidios y demás”.

Añadió que puntualmente les dijeron que “no podía adoptar ningún compromiso de cara al 2020 dado que estaban entrando en un año electoral y en proceso de comicios”, pero que les aseguraron que una vez que pasaran las elecciones se volverían a poner en contacto para llevar a cabo una nueva reunión.

“Entonces nuestra intención el día de hoy, como ya ha pasado un mes y todavía no hemos tenido ningún tipo de comunicación oficial, es volver a poner el tema en agenda”, explicó.

En total son aproximadamente 1200 los adolescentes que ingresan año a año y son otros ocho mil los estudiantes que alberga la sede de Tandil de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. “Un dato importante, y que nosotros remarcamos siempre, es que son muchos alumnos de afuera. Entonces es realmente significativo todo lo que aporta la Universidad a la ciudad”.

Próximos pasos

El objetivo primordial de los estudiantes es volver a poner en agenda el tema del PASE para que efectivamente todos los adolescentes que concurran a la casa de estudios puedan abonar solo la mitad del boleto plano.

“Nosotros ya lo hemos puesto en agenda de las puertas para adentro en nuestras facultades. Pero la idea es que después de esta conferencia se nos convoque, queremos estar en una mesa de diálogo”, declaró Fossati.

Subrayó que es necesario para ellos poder volver a juntarse con las autoridades de la Universidad y del Municipio para poder encontrar algún tipo de solución y mejorar el sistema PASE “para que sea cada vez más inclusivo y para que cada vez más estudiantes puedan ingresar a la Unicen”.

Los diferentes Centros de Estudiantes y la Federación Universitaria de la Unicen convocaron este martes por la mañana a una conferencia de prensa en la sede del Rectorado a fin de visibilizar los inconvenientes que advierten con el Programa de Accesibilidad Socio-Educativo (PASE).

Juan Pablo Fossati, vicepresidente de la Federación Universitaria de la Provincia de Buenos Aires (FUCPBA) dialogó con El Eco de Tandil y contó que el problema comenzó en febrero de este 2019 cuando advirtieron que los adolescentes que concurrían al Campus debían abonar el boleto plano y no obtenían el descuento del 50 por ciento. Tras una serie de reclamos, lograron reunirse con autoridades municipales, quienes les remarcaron que al ser un año electoral era difícil hacer modificaciones pero que se comprometían a evaluarlo luego de las elecciones.

Al pasar ya casi un mes de los comicios, celebrados el 27 de octubre, y al no tener novedades, los estudiantes decidieron reiniciar con el reclamo.