Los doce miembros del jurado sopesaron los testimonios y las pericias técnicas recolectadas desde el inicio de la investigación.

El proceso judicial se extendió durante cuatro jornadas consecutivas de debate en los tribunales locales, caracterizadas por una alta carga emotiva y un estricto despliegue de seguridad.

A lo largo del debate, el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica expusieron sus alegatos de apertura y clausura. La condición de miembro de la fuerza policial del imputado agravó las dinámicas institucionales del seguimiento del caso.

Durante las audiencias públicas brindaron su comparecencia alrededor de treinta testigos, un caudal probatorio que resultó clave para que el jurado alcanzara la certeza necesaria para el veredicto. Entre los citados se encontraron peritos forenses, especialistas en criminalística, personal policial que intervino en los procedimientos iniciales, así como allegados y familiares de la víctima.

La defensa de Marín intentó introducir atenuantes y cuestionar la calificación legal propuesta por la parte acusadora a lo largo del litigio. Sin embargo, la consistencia de las pruebas científicas presentadas, sumada a los testimonios que daban cuenta del vínculo y el ensañamiento, desestimó las estrategias de la defensa. La figura del femicidio, que contempla la violencia ejercida por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género, quedó plenamente acreditada para los juzgadores.

Tras la lectura del veredicto de culpabilidad, el procedimiento judicial continuará en los próximos días con la denominada audiencia de cesura. En esta instancia técnica, las partes debatirán ante el juez profesional la imposición de la pena correspondiente, que dada la calificación del delito prevé la prisión perpetua. NA

La autopsia de Nancy Godoy, la docente de 52 años encontrada muerta en Corrientes, determinó que sufrió una “muerte extremadamente violenta” y presentaba múltiples lesiones punzocortantes. En el marco de la investigación permanecen cinco personas detenidas, tres de ellas acusadas de femicidio.

El examen forense estableció que algunas de las heridas presentaban signos de haber sido provocadas cuando la víctima todavía estaba con vida. Las lesiones fueron identificadas en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cara, el cuello, el abdomen y las extremidades.

Los resultados fueron comunicados a la familia durante una videoconferencia de la que participaron el decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, y la fiscal María Andrea González, desde la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.

Uno de los elementos destacados de la necropsia fue la presencia de lesiones en un antebrazo compatibles con maniobras de lucha o defensa, un hallazgo relevante para la reconstrucción del ataque.

Asimismo, el informe señaló que la cantidad y las características de las heridas permiten inferir la utilización de varias armas. Esa conclusión deberá ser analizada junto con el resto de las pruebas reunidas para establecer cómo se produjo el crimen y determinar las responsabilidades de los acusados.

El examen también identificó mutilaciones y daños posteriores provocados por la acción de animales de la zona. La distinción entre las lesiones ocasionadas durante el ataque y las alteraciones posteriores del cuerpo forma parte de los resultados del estudio.

Los hallazgos forenses aportan nuevos elementos a una causa que tiene cinco detenidos. Mientras tres de ellos enfrentan una acusación por femicidio, la información suministrada no precisa qué delitos se les atribuyen a las otras dos personas.

En una jornada marcada por el dolor y la indignación, trabajadores de la educación llevaron adelante un "semaforazo" en 9 de Julio y San Martín. La medida, que contó con una alta adhesión, surgió de manera espontánea tras conocerse el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, una docente que perdió la vida en circunstancias vinculadas a su labor profesional en Corrientes. 

La convocatoria, que tuvo replicas en diversos puntos del país, buscó visibilizar la precariedad en la que muchos educadores desempeñan sus tareas diarias, especialmente en establecimientos rurales o con infraestructura deficiente.

Estela Sinópoli, secretaria general de Suteba Tandil, detalló a El Eco los motivos de la movilización y explicó que la decisión de salir a la calle fue tomada tras un plenario nacional de la Ctera. 

"A partir de la aparición del cuerpo de nuestra compañera, se tomó la definición de llamar a una medida de fuerza. Hoy hemos decidido volver a sacar las aulas a la calle para decirle a nuestras familias y a la sociedad que tenemos derecho a trabajar de manera segura", sostuvo durante la manifestación, mientras el flujo de docentes que se sumaban a la protesta crecía constantemente.

La referente hizo hincapié en la responsabilidad del Estado frente a la seguridad de los trabajadores. "No puede ser que porque vayas a trabajar a una escuela rural, en condiciones absolutamente deplorables, pagues con tu vida el riesgo de cumplir con tus funciones", sentenció Sinópoli. 

La exigencia central de la jornada fue clara y se expresó en cada uno de los carteles que mostraron en el semaforazo: el pedido de justicia por Nancy Godoy, a quien calificó no solo como una víctima de femicidio, sino como una trabajadora que fue abandonada por las condiciones en las que debía ejercer su profesión.

El reclamo también apuntó a la necesidad de abrir la paritaria nacional, un espacio que, según explicaron los manifestantes, no debe limitarse únicamente a la discusión salarial. "En la paritaria discutimos nuestras condiciones de trabajo. Este es un hecho que nos tiene que llamar a la reflexión a nivel nacional, a las comunidades educativas y a la sociedad en su conjunto. No podemos seguir dejando la vida cada vez que vamos a trabajar en condiciones absolutamente deplorables", enfatizó la dirigente ante los presentes.

Durante la charla con este Multimedios, se debatió sobre el incremento de la violencia en el ámbito educativo. Según los testimonios recogidos en la esquina de 9 de Julio y San Martín, la escuela funciona como una caja de resonancia de la violencia social que atraviesa al país. 

Los docentes señalaron que, en el último año, la preocupación por la integridad física de quienes integran las instituciones ha crecido de manera alarmante, exigiendo que los gobiernos municipales, provinciales y nacionales tomen medidas urgentes.

Sinópoli fue contundente al respecto: "Estamos exigiéndole a quienes conducen los destinos de la vida civil que empiecen a tomar registro de estas situaciones y a hacerse responsables. Nosotros no podemos seguir dejando la vida y poniéndole el cuerpo en juego cada vez que entramos en una institución educativa. Cuando las condiciones de trabajo no están dadas, corremos severos riesgos. El cuerpo de las compañeras es el que está puesto en juego en cada jornada escolar".

El "semaforazo" permitió que los docentes trasladaran sus aulas al centro de la ciudad, buscando que la comunidad tandilense tomara conciencia de la gravedad de la situación. "Hoy trajimos las aulas a esta esquina para que toda la comunidad se entere de que tenemos una trabajadora que no pudo abrir su escuela, una compañera que ya no va a volver", expresó Sinópoli. 

La consigna "Ni una docente menos" resonó con fuerza, uniendo el pedido de justicia por el femicidio con la demanda de dignidad laboral.Finalmente, la jornada concluyó con un compromiso de lucha sostenido por los trabajadores, quienes aseguraron que no permitirán que sus nombres se sumen a la lista de víctimas. 

"No queremos seguir teniendo cada vez más nombres en los carteles. Queremos seguridad para nuestros trabajos y condiciones dignas para enseñar y aprender. Justicia por Nancy Godoy y derechos laborales para todas y todos los trabajadores de la educación", concluyó la referente, reafirmando la voluntad de continuar con los reclamos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre, en reclamo de justicia por Nancy Estela Godoy, la maestra de 52 años que fue encontrada sin vida en una zona rural de Corrientes. La medida estará acompañada por una jornada nacional de duelo y distintas expresiones públicas para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido.

La convocatoria fue difundida por Suteba Tandil mediante un comunicado en el que la central expresó su “profundo dolor e indignación” por el desenlace de la búsqueda. Además de acompañar a la familia y a la comunidad educativa, la organización manifestó su respaldo a Suteco, el sindicato docente correntino que venía reclamando respuestas sobre el paradero de Godoy.

La docente se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. Su última comunicación conocida con la familia había sido el 7 de octubre, desde el establecimiento rural donde trabajaba. Tenía previsto regresar a su casa el viernes 9, pero no lo hizo. La denuncia por desaparición fue formalizada por sus familiares el 15 de octubre. 

Su cuerpo fue hallado este miércoles durante un operativo de búsqueda en un sector de bañados de la estancia El Curupí. Se trata de una zona de vegetación densa y acceso complejo, que dificulta los desplazamientos por medios convencionales y obliga a recorrer algunos sectores a caballo. El hallazgo abrió una nueva etapa en la investigación para establecer las circunstancias de la muerte. 

La causa se investiga bajo la hipótesis de un posible femicidio y hay cinco personas detenidas. La Fiscalía dispuso declaraciones testimoniales, secuestros de elementos, análisis de comunicaciones y pericias genéticas, entre otras medidas. Las actuaciones continúan para reconstruir los últimos movimientos de Godoy y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Frente a este escenario, la junta ejecutiva de Ctera exigió una investigación “exhaustiva, transparente y sin demoras”, que permita conocer toda la verdad. El reclamo sindical también apunta a que se determinen las responsabilidades vinculadas con las condiciones en las que la docente desarrollaba su trabajo.

En ese sentido, la entidad interpeló tanto al Gobierno de Corrientes como al Gobierno nacional por la precariedad, el aislamiento y la desprotección que, según denunció, atravesaba Godoy en el ejercicio de su tarea. El planteo incorpora al reclamo de justicia la discusión sobre la seguridad y los recursos disponibles para quienes sostienen establecimientos educativos rurales.

“Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección”, sostuvo la central. A su vez, remarcó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio.

La preocupación por el caso había motivado acciones gremiales antes del hallazgo. El 18 de octubre, Suteco se había declarado en estado de alerta y movilización y había pedido que se reforzara la búsqueda con más recursos humanos y técnicos. También había reclamado información permanente para la familia y una mayor coordinación institucional. En aquella convocatoria, el sindicato señaló que Godoy trabajaba en una escuela rural de personal único. 

Para este jueves, Ctera llamó a sus organizaciones de base a desarrollar movilizaciones, radios abiertas, conferencias de prensa, actos y otras acciones públicas. La convocatoria se extendió a las comunidades educativas y a las organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos, a las que invitó a acompañar el pedido de esclarecimiento.

La central aclaró que se mantendrán las actividades previamente programadas por sus entidades de base, como asambleas, congresos, elecciones y otras instancias de organización sindical. Esos encuentros se desarrollarán en el marco del reclamo por Godoy.

El documento difundido por Suteba Tandil concluyó con las consignas “¡Justicia por Nancy Estela Godoy!” y “¡Ni una docente menos!”, que acompañarán la jornada nacional de duelo y protesta.

Fuentes del caso informaron que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la máxima pena al considerar que el detenido es autor de femicidio y lesbicidio. La misma sentencia requirió la querella que representa a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+).

La abogada Luciana Sánchez, patrocinante legal de Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del hecho, y los letrados de Pamela Cobbas y Roxana Castro, también pidieron la imposición de la perpetua por los delitos de alevosía, ensañamiento y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, femicidio y lesbicidio.

Además, la defensa del acusado expondrá sus alegatos el miércoles 11 de noviembre desde las 9, mientras que el 18 será la jornada de la sentencia y Barrientos tendrá la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras.

A Barrientos se lo acusa por haber quemado vivas a las cuatro damnificadas durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024.

Inmediatamente, las víctimas comenzaron a sufrir quemaduras graves y el atacante golpeó a una de ellas; luego acudieron al sector de las duchas para mitigar las lesiones, pero Barrientos las prendió fuego una vez más y agredió a Andrea.

Pamela, Mercedes y Andrea fallecieron con el paso de los días, a la vez que Sofía, de 49 años en ese momento, recibió el alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.

Según las partes y distintos testimonios, el supuesto autor de los crímenes hostigaba de forma sistemática a las mujeres y las calificaba de “tortas”.

Sofía no prestó declaración en el juicio por recomendación de sus médicos. NA

Marcela Adriana Gilbert, una mujer de 53 años que había sido rociada con nafta y prendida fuego por su expareja, murió como consecuencia de las lesiones sufridas. Tras el deceso, la Justicia recaratuló la causa de tentativa de homicidio a homicidio agravado (femicidio).

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Mitre 2031, en la ciudad de Baradero. Personal policial acudió al lugar el viernes tras recibir un llamado al 911 por un incendio y encontró a la víctima con quemaduras en el torso y en las extremidades superiores e inferiores.

Según el relato de la mujer ante los efectivos, su expareja ingresó a la vivienda tras romper la puerta de acceso, la roció con nafta, le prendió fuego y luego escapó a pie. La víctima fue trasladada a un hospital local y, debido a la gravedad de las heridas, los profesionales habían dispuesto su derivación a un centro de mayor complejidad.

El acusado, identificado por sus iniciales como P.R.A.W., de 27 años, permanece aprehendido. La investigación es llevada adelante por la UFI N.º 8 de Baradero, que integra el Departamento Judicial San Nicolás, con la intervención del fiscal Hernán Granda. La instructora de la fiscalía, Dora Karina Marino, confirmó la recaratulación del expediente tras el fallecimiento de la mujer.

En la vivienda trabajaron efectivos de la Policía Científica y Bomberos para realizar las pericias correspondientes. Los investigadores, que establecieron la existencia de denuncias previas por violencia de género, continúan con la recepción de declaraciones testimoniales y el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir las circunstancias del ataque.

El juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, dictó este sábado la prisión preventiva sin plazo de dos imputados por el presunto femicidio de Nancy Godoy, la docente de 52 años que permanece desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes.

Gustavo Briend, el abogado de la familia de Nancy, confirmó que Vallejos hizo lugar al pedido de la querella y el fiscal Javier Mosquera.

En este sentido, señaló que se trata de Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval, dos peones rurales acusados por el delito de femicidio, cuya única pena en expectativa es prisión perpetua.

Ireneo era el capataz de la estancia “El Curupí”, donde se encontraba la escuela rural a la que asistía la mujer, y se lo ubica en las horas previas a la desaparición en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la institución educativa.

Se destacó que Zarza solía pernoctar en dicha tapera y que cuando bebía whisky se tornaba agresivo, dato alarmante para las autoridades a cargo de la pesquisa.

La búsqueda y los rastrillajes para dar con el paradero continúan en la zona del paraje El Malezal, donde la maestra fue vista por última vez.

Los otros imputados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio y Nahuel Rojas, también acusado por femicidio.

De la investigación también surge que Leguizamón podría haber facilitado el crimen y su situación comienza a complicarse luego del resultado del allanamiento en su domicilio, donde secuestraron “elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación”.

“Es todo provisorio”, aclaró Briend sobre el extravío de Nancy, al tiempo que el viernes mencionó: “Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado”. NA

La Justicia de Corrientes avanzó este viernes en la investigación por la desaparición de Nancy Godoy, con la realización de las audiencias de imputación contra los cinco detenidos en la causa. Durante la jornada, se formalizaron las acusaciones y se dispuso la prisión preventiva sin plazo para todos los involucrados, mientras continúa la búsqueda de la docente.

Las audiencias se desarrollaron en la Fiscalía de Esquina, donde la primera en comparecer fue Rosa Leguizamón, imputada por el delito de homicidio simple.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por la agencia Noticias Argentinas, posteriormente fue el turno de Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas, quienes fueron acusados como coautores del delito de femicidio.

Por su parte, Ezequiel Bordón, quien había sido el primer detenido en el marco de la investigación, fue imputado por falso testimonio.

En paralelo al avance de las actuaciones judiciales, Nancy Godoy continúa desaparecida, por lo que las autoridades mantienen las tareas de búsqueda para intentar esclarecer lo ocurrido.

El abogado de la familia de la docente, Gustavo Briend, se pronunció luego de la primera audiencia y manifestó su desacuerdo con la calificación legal aplicada a Leguizamón.

"Interpretamos que fue un femicidio, pero la Fiscalía la acusó de homicidio simple", sostuvo el letrado ante los medios de comunicación.

Si bien reconoció que se trata de una acusación provisional, consideró que existen elementos para encuadrar el hecho dentro de la figura de femicidio.

"Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado", agregó.

La investigación continuará con los cinco acusados bajo prisión preventiva, mientras la Justicia busca determinar las circunstancias de la desaparición y las posibles responsabilidades de cada uno de los involucrados.

La Sala III del Tribunal de Casación Penal Bonaerense confirmó las condenas de la familia implicada en el femicidio de Alejandra Abbondanza, la mujer brutalmente asesinada el 16 de septiembre de 2022 en el partido de Campana.

Según la resolución, rechazaron el recurso interpuesto por la defensa de Agustín Chiminelli, el vecino de la víctima condenado a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual y femicidio.

El 24 de octubre de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana dictó 17 años de prisión contra Liliana Esther Sánchez -madre del asesino- por considerarla partícipe de los abusos y por encubrimiento del femicidio, mientras que Carlos Rubén Chiminelli -padre de Agustín- fue sentenciado a 18 años por los mismos delitos, sumado a la tenencia ilegal de un arma de fuego.

Sin embargo, Casación hizo lugar parcialmente a los planteos presentados por los abogados de ambos implicados y dictó la absolución en orden al “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante para la víctima por su duración y circunstancias de realización y agravado por haber sido cometido por dos o más personas” y al “encubrimiento agravado”.

Además, absolvió al hombre por la privación ilegítima de la libertad y dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 277 inciso 4 del Código Penal.

Antes de conocer el veredicto, el principal acusado dio sus últimas palabras: “Quiero manifestar el dolor que tengo. Estuvo mal lo que hice. Quiero pedir perdón a la familia de Alejandra. Sé que es algo difícil, perdonar algo tan feo que pasó, pero estoy muy arrepentido de lo que hice, fue algo horrible”.

El brutal asesinato de Abbondanza ocurrió el 16 de septiembre de 2022 cuando salió a pasear a su perro. Aquella tarde fue vista por última vez por su hija adolescente cerca de las 17:30 y recién se supo de ella horas después cuando una cámara de seguridad registró a la mujer ingresando a la casa de su vecino Chiminelli, lugar del que nunca salió.

Dicha cámara captó horas después al sujeto saliendo de su casa con bolsas y con el perro de la víctima, y la Policía, al revisar los tachos de basura de la zona, encontró ropa ensangrentada de la víctima, por lo que se procedió a la detención de Chiminelli, junto al arresto de sus progenitores. NA

Un nuevo femicidio conmocionó a la localidad de Valeria del Mar, en el partido bonaerense de Pinamar, donde una mujer de 37 años fue asesinada en su vivienda durante la tarde del sábado. La víctima fue identificada como Aldana Novik Rojas, madre de dos hijos, mientras que el principal acusado es su pareja, Cristina Navarro, de 45 años, quien fue detenido al día siguiente del crimen.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en Betbeder al 400, donde los vecinos comenzaron a escuchar gritos y llantos alrededor de las 15. Preocupados por la situación, dieron aviso al servicio de emergencias 911, lo que motivó la intervención de efectivos de la Policía Bonaerense.

Al ingresar al domicilio, los uniformados encontraron el cuerpo de la mujer, que presentaba graves lesiones en la cabeza y heridas provocadas por un arma blanca. Los peritos que trabajaron en la escena secuestraron una cuchilla con manchas de sangre, que podría haber sido utilizada durante el ataque.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por El Mensajero de la Costa, el acusado habría golpeado violentamente a la víctima en el rostro, provocándole una fractura de cráneo, y posteriormente la habría atacado con un arma blanca. Las lesiones sufridas le ocasionaron la muerte.

Luego del crimen, Navarro abandonó la vivienda y permaneció prófugo durante varias horas. Durante ese período, se habría comunicado telefónicamente con su madre y con un amigo, a quienes les manifestó lo sucedido.

“Me mandé una cagada”, habría expresado durante una de esas conversaciones, según trascendió de la investigación.

El rastreo de las comunicaciones permitió a los investigadores avanzar en la búsqueda del sospechoso, quien finalmente fue localizado y detenido el domingo en un descampado cercano al lugar del asesinato.

Al momento de ser encontrado, presentaba heridas cortantes en los brazos, el cuello y el abdomen, que presuntamente se había provocado a sí mismo luego del ataque. Por ese motivo, fue trasladado al Hospital de Pinamar, donde recibió asistencia médica.

Una vez atendido, quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura que contempla la pena de prisión perpetua.

Uno de los aspectos más estremecedores del caso es que, al momento del asesinato, una hija menor de edad del acusado, que presenta una discapacidad, se encontraba en una habitación contigua al sector donde ocurrió el ataque.

Según la información conocida, la niña no es hija de Novik Rojas y quedó bajo la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, que deberá evaluar su situación familiar y garantizar las medidas de resguardo correspondientes.

Por su parte, uno de los hijos de la víctima se encontraba realizando actividades fuera de la vivienda cuando ocurrió el crimen.

La causa quedó en manos del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción interviniente, con participación del Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.

Los investigadores buscan reconstruir las circunstancias del asesinato, establecer la secuencia de los hechos y determinar si existían antecedentes de situaciones violentas dentro de la pareja.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, no se habían registrado denuncias previas por violencia de género vinculadas con los involucrados.

Mientras continúa la investigación judicial, el asesinato de Aldana Novik Rojas provocó una profunda conmoción en Valeria del Mar y volvió a poner en primer plano la problemática de la violencia de género y sus consecuencias sobre las víctimas y sus familias.

Un brutal femicidio sacudió a los vecinos de Valeria del Mar, en el partido de Pinamar, tras el hallazgo del cuerpo de Aldana Novik Rojas, de 37 años y madre de dos hijos. Por el hecho, se encuentra detenido su pareja, Cristina Navarro, de 45 años, quien está acusado de homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género y por el vínculo.

La alerta se activó el sábado a las 15 horas, cuando vecinos de la calle Betbeder al 400 reportaron gritos y llantos provenientes del domicilio de la víctima. Al ingresar a la propiedad, efectivos policiales encontraron el cuerpo de la mujer con un corte profundo provocado por un arma blanca. Según informó El Mensajero de la Costa, los peritos secuestraron en la escena una cuchilla con manchas hemáticas que habría sido utilizada para cometer el asesinato.

La investigación, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción, y con la intervención del Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli, indica que Navarro habría golpeado a la víctima en el rostro, fracturándole el cráneo, antes de provocarle cortes mortales.

Tras el ataque, el agresor se comunicó telefónicamente con su madre y un amigo. En esa conversación, el sospechoso admitió el hecho: “Me mandé una cagada”.

Esa comunicación permitió que la Policía Bonaerense rastreara su ubicación y lo detuviera en un descampado cercano. El hombre presentaba heridas autoinfligidas en brazos, cuello y abdomen, por lo que fue atendido en el Hospital de Pinamar. Según trascendió, no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja.

Al momento del ataque, una hija menor de edad de Navarro se encontraba en una habitación contigua, mientras que el hijo de la víctima estaba fuera de la casa. La menor quedó bajo la tutela del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos mientras avanza la causa judicial.

Los padres de Micaela García, la joven abusada y asesinada en 2017 en Entre Ríos, afrontan momentos decisivos en la causa a pocos días del comienzo de un nuevo juicio por el femicidio de su hija y Néstor, su papá, relata el dolor y la expectativa que atraviesa: “Desde hace días que no duermo”.

El jueves 29, en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Entre Ríos, inicia el debate oral contra Néstor Pavón, quien en primera instancia había sido hallado culpable del delito de encubrimiento y condenado a 5 años de cárcel, pero que ahora será sometido a un nuevo juicio acusado de ser coautor del crimen.

“He revivido un poco todo estos días. Estamos preparando los argumentos para tratar de convencer al tribunal de que Pavón participó de la violación y el femicidio de mi hija”, comenzó el relato con la agencia Noticias Argentinas.

“Hace varias noches que no estoy pudiendo dormir de corrido y creo que va a seguir así de acá hasta que termine el juicio. Con Andrea, la mamá de Mica, estamos permanentemente con este caso en la cabeza”, manifestó con dolor.

Al ser consultado sobre qué piensa del tiempo que se tomó la Justicia para determinar el nuevo juicio, expresó: “Si bien la Corte Suprema tardó, la demora mayor se produjo en la Justicia de Entre Ríos, ahí está el gran problema”.

“Presentábamos apelaciones y las rechazaban, pero es llamativo que el pedido de libertad condicional de Pavón lo resolvieron muy rápido y hasta le aceptaron una camioneta como fianza cuando no es habitual. Parecía que con nosotros siempre había una traba”, expuso.

En este mismo camino, la querella había solicitado la prisión preventiva de Pavón al sostener que una persona que es sospechada de cometer un femicidio no puede esperar el juicio en su casa, sin embargo, fue rechazado: “Nos dijeron que era porque los motivos no se ajustaban a lo que establece la ley, que es que haya peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación”.

Es curiosa esta determinación porque Pavón no vive en Entre Ríos, sino en la provincia de Santiago del Estero, un ejemplo claro de que antes del debate puede existir algún tipo de peligro procesal, lo que hubiese trabado el caso, una vez más.

Aunque no se aceptó la preventiva, sí se estableció que 20 días antes del inicio de las audiencias Pavón debió erradicarse en Gualeguay: “En teoría ya debería haber ocurrido el traslado porque falta poco para el juicio”.

Un nuevo juicio, las mismas expectativas

“Tenemos esperanza de que se resuelva la pena y que la Justicia de la provincia dé una muestra de que los entrerrianos podemos confiar, porque hoy eso no sucede”, manifestó Néstor.

Sobre lo que espera para este debate, ratificó: “De nuestra parte haremos todo el esfuerzo que haya que hacer para que Mica tenga la justicia que merece”.

“No podemos permitir y aceptar que un violador y un femicida esté conviviendo con el resto de la sociedad. Se lo debemos a ella”, exteriorizó.

Ley Micaela

La Ley Nacional N° 27.499 fue promulgada el 10 de enero de 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Aun así, la ley está lejos de ejecutarse y así lo expuso Néstor: “Se está implementando muy poco, el Poder Ejecutivo y el Legislativo no están haciendo capacitaciones”.

“En algunas ciudades se hace muy poco, pero también es una realidad que las coparticipaciones a las provincias no se mandan como corresponde, por lo tanto, no hay dinero, entonces lo primero que se recorta son este tipo de cosas”, señaló.

“En 2023 hacíamos entre seis y siete talleres por semana, hoy estamos en dos por mes. Eso demuestra que, si bien notamos que hay interés, la prioridad pasa por otro lado hoy”, narró.

Néstor sostiene que “el Gobierno actual descree en la temática” pero que “hay personas que pasaron por los talleres y cambiaron su mirada y, aunque todavía son parte del Estado, ya resuelven de manera diferente”. (NA).

La Policía de Córdoba continúa con los rastrillajes para dar con Pablo Ezequiel Gómez, acusado de asesinar a su pareja Camila Abigail Iglesias, cuyos restos fueron hallados dentro de una heladera en la casa del presunto femicida, en la localidad de Cruz del Eje.

En un principio había trascendido que Gómez, de 37 años, dejó una carta en la que supuestamente anunciaba que se iba a suicidar, aunque no se halló el cadáver, mientras que luego se emitió un alerta por pedido de captura en La Rioja, ya que en esa provincia había trabajado tiempo atrás y podría tener recursos como para esconderse.

En las últimas horas, la fuerza provincial realizó una serie de operativos de rastrillajes en busca del sospechoso, que estaría oculto dentro de los límites de la ciudad, sobre todo en una zona rural bastante amplia y de difícil acceso, hasta donde intentaban llegar los uniformados.

Denuncias de una ex pareja y una detención

Gómez había sido denunciado por una expareja por violencia familiar dos veces, una en 2013 y otra en 2019, en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Cruz del Eje.

Asimismo, estaba imputado en dos causas penales radicadas en 2018 y 2025 por “lesiones agravadas por violencia de género” y permaneció un tiempo detenido, según informó Clarín.com.

A su vez, por esas últimas dos denuncias se había iniciado un proceso de juicio abreviado, aunque las fuentes no precisaron cuál fue la resolución.

Iglesias, de 24 años, había sido vista por última vez el pasado 2 de octubre y la familia denunció días después la desaparición, ya que no le cerraba el comentario que había hecho Gómez.

“El lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé adónde, le escribo y no me responde. Por favor, si hablás con ella decile que me conteste o que vuelva acá”, había escrito el femicida al Instagram de Romina, la hermana de Camila, quien luego intentó contactarse con ella, pero su mensaje nunca le llegó.

A partir de la denuncia, intervino en el hecho la fiscal de Instrucción de Fuero Múltiple de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles, quien ordenó allanamientos, sobre todo uno en la casa de Gómez, situada en el barrio Los Altos de Cruz del Eje, donde finalmente se hallaron los restos de la joven ocultos en la heladera, envueltos en una bolsa y cubiertos con cal hidratada.

“Era muy celoso e inseguro, no quería que nadie fuera a la casa de ellos, no quería ni que Camila viera a sus propios hijos”, le contó Romina a El Doce TV.

A su vez, las fuentes indicaron que la víctima -que era madre de dos hijos fruto de una relación anterior- no había realizado ninguna denuncia contra Gómez y que sólo constan las que había realizado la exmujer del acusado.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la familia de Gómez contó que el hombre dejó una carta en la que comentó que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de matarse.

Sin embargo, esa hipótesis parece perder fuerza, ya que para los policías el sospechoso sigue con vida, pero no se entrega porque no quiere volver a quedar preso. (NA).

En audiencia imputativa desarrollada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la fiscal Bertolotti le atribuyó los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio calificado por ser la víctima mujer y haber mediado violencia de género en calidad de autor y en grado consumado.

La jueza de primera instancia Luciana Vallarella tuvo por formalizada la imputación y dispuso, tras lo solicitado por la Fiscalía, la prisión preventiva efectiva.

La Fiscalía le atribuyó el hecho ocurrido el sábado en horas de la mañana, luego de que el imputado contactara a la víctima para mantener un encuentro con fines sexuales a cambio de dinero en su departamento en la calle Juan José Paso al 6200 en Rosario.

Al lugar Aragón llegó tras ser trasladada por un chofer de una aplicación y, una vez en el interior del departamento, Schiffo le comentó que no tenía para pagarle el servicio, por lo que la víctima le expresó su deseo de retirarse del lugar, algo que el acusado le impidió.

En el inmueble la abusó, ocasionándole lesiones, y luego la mató asfixiándola con sus manos. Luego la envolvió en una frazada y escondió el cuerpo en la cocina de la vivienda, lugar donde fue hallado horas después por la Policía.

“El hecho se enmarca en un contexto de violencia de género, en el marco de la actividad que la víctima, sin que existiera entre ambos una relación sentimental o de pareja. En este contexto, el episodio se produjo luego de que la víctima manifestara su deseo de retirarse por no contar el imputado con dinero para pagarle desplegándose posteriormente una conducta intimidatoria y violenta hacia ella”, expuso la fiscal.

En la audiencia, se remarcó que la conducta atribuida “se encuentra vinculada con el ejercicio de violencia, intimidación y control sobre una mujer en razón de su género, particularmente frente al ejercicio de su autonomía corporal y su decisión de no acceder a determinadas prácticas”.

Se supo que el implicado había sido exonerado de las fuerzas de seguridad en 2021 luego de ser juzgado en una causa por narcotráfico. NA

Restos humanos fueron hallados dentro de una heladera en una vivienda de la provincia de Córdoba y la Justicia presume que se trata de Camila Belén Iglesias, una joven de 24 años que estaba desaparecida, y ahora buscan a su pareja Pablo Ezequiel Gómez.

La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje confirmó que, en un allanamiento en la vivienda del barrio Los Altos de esa ciudad, se halló una heladera en cuyo interior había restos humanos cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada.

De manera inmediata, la heladera con los restos fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba a los fines de realizar las pericias correspondientes, encontrándose pendiente la identificación de los restos y la determinación de la causa de muerte.

A la espera de los resultados, los investigadores sospechan que el hecho estaría relacionado con la desaparición de Camila Belén Iglesias, de 24 años, quien convivía con su pareja Pablo Ezequiel Gómez, destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

La pesquisa se inició tras la denuncia de la hermana de Camila, realizada el 15 de octubre de 2026, quien manifestó que mantuvo su último contacto con ella el día 2 del mismo mes.

Las dudas se incrementaron cuando, una semana después, recibió mensajes de Gómez, quien le informó que había discutido con la joven y que esta se había retirado del domicilio, desconociendo desde entonces su paradero.

De las averiguaciones practicadas surgieron antecedentes de conflictos y situaciones de violencia en la pareja. Asimismo, familiares de Gómez manifestaron que este les habría expresado que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida. NA

 El resultado preliminar de la autopsia realizada a Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años asesinada presuntamente por un expolicía en la ciudad de Rosario, indicó que la víctima falleció como consecuencia de una asfixia.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la práctica de la necropsia, cuyas primeras conclusiones no detectaron otros signos de violencia.

Eliel S., el único detenido que se encuentra a disposición de la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, afrontará la audiencia imputativa en los próximos días, según consignaron medios locales.

El caso inició el sábado cuando los padres de la mujer denunciaron que no tenían noticias de su paradero, por lo que se inició un operativo de búsqueda que concluyó en las últimas horas con la confirmación del brutal crimen.

Según detallaron las autoridades, la declaración de un remisero fue clave debido a que informó que llevó a Bárbara hasta una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, lugar al que regresó minutos después cuando la propia joven le pidió que volviera a buscarla, pero al no recibir respuestas se retiró.

De este modo, la Policía se acercó hasta la vivienda y, con autorización de la dueña, ingresó al inmueble, logrando dar con el principal acusado, de 37 años.

La víctima fue encontrada sin vida, envuelta en una frazada dentro de una valija, y se estima que llevaba varias horas allí dentro.

El implicado había sido exonerado de las fuerzas de seguridad en 2021 luego de ser juzgado en una causa por narcotráfico.

Conforme a la información del matutino rosarino, el supuesto agresor y la damnificada se habrían contactado días antes para mantener una cita íntima en la vivienda donde Bárbara fue hallada muerta. NA

Alejandro Sofía, acusado por el femicidio de Mili Aixa Dana en el partido bonaerense de Tigre, fue detenido este jueves luego de permanecer prófugo desde el hallazgo del cuerpo de la joven de 20 años.

La víctima fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre en su vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján, y el médico de Policía certificó su fallecimiento.

Según informaron fuentes policiales, personal de la DDI San Isidro y de la SubDDI Tigre avanzó con distintas tareas investigativas y estableció que la joven había sufrido episodios de violencia de género por parte de su expareja.

Sofía había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa. Posteriormente recuperó la libertad y, tras la muerte de la joven, volvió a quedar bajo investigación.

A partir de peritajes, testimonios, diligencias de campo y la intervención del médico de Policía, los investigadores reunieron elementos que llevaron a señalar al hombre como presunto autor material del crimen.

Además, durante la investigación se estableció que Sofía habría enviado mensajes a un amigo, Lautaro Isaías Paiz, de 24 años, en los que manifestó que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida.

De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, los investigadores también analizan la hipótesis de que el escenario donde fue encontrada Aixa haya sido montado para intentar ocultar la autoría del crimen.

Mientras avanzaba la investigación, se desplegó un operativo para localizar al acusado. Finalmente, efectivos de la DDI lograron detenerlo este jueves en una zona descampada de Tigre.

La causa quedó en manos de la UFI de Género de Tigre, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el femicidio.

Incidentes durante la detención

Tras la captura de Sofía se produjeron momentos de tensión e incidentes en inmediaciones de la vivienda de su abuela, donde familiares, amigos, allegados y vecinos se concentraron luego de conocerse la detención.

De acuerdo con la información difundida, varias personas arrojaron piedras contra la propiedad e intentaron agredir al acusado cuando era trasladado esposado por efectivos policiales hacia un patrullero.

También se registraron destrozos en la vivienda, principalmente en las ventanas, que fueron atacadas con cascotes y ladrillos.

En medio de los incidentes, un vecino cuestionó la actuación de las autoridades y sostuvo ante la prensa: “La Policía es la principal asesina de Aixa”, en referencia a que el acusado había recuperado previamente

Lo que inicialmente parecía ser una muerte vinculada al delicado estado de salud de una mujer con cáncer avanzado terminó convertido en una investigación por femicidio. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Moreno y la pareja de la víctima fue detenida como principal acusado.

La víctima fue identificada como Karina Villarruel, de 43 años, cuyo cuerpo fue encontrado junto a la cama de una vivienda ubicada en Italia al 900.

El llamado al 911 fue realizado por Lucas Matías Nittioli, pareja de Villarruel, quien manifestó ante los efectivos que se había despertado y la había encontrado sin vida.

Familiares de la mujer señalaron además que atravesaba una enfermedad oncológica en estado avanzado y que tenía antecedentes de consumo de alcohol y estupefacientes. Esos elementos llevaron inicialmente a considerar la posibilidad de un fallecimiento por causas naturales.

Personal de la Policía Científica y un médico forense trabajaron en la vivienda y, en una primera inspección, no detectaron signos evidentes que permitieran sospechar de una muerte violenta.

El fiscal Martín Borgnia, de la UFI 4 de Moreno, ordenó entonces el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la correspondiente autopsia. La investigación quedó inicialmente caratulada como averiguación de causales de muerte.

Sin embargo, el resultado de la necropsia cambió por completo el rumbo de la causa. Los especialistas establecieron que Villarruel falleció como consecuencia de una insuficiencia respiratoria provocada por asfixia mecánica mediante un mecanismo de compresión externa.

A partir de ese resultado, la Justicia profundizó la investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte y dispuso que Nittioli se presentara en la comisaría.

Allí, un examen médico detectó lesiones similares a rasguños en ambos antebrazos del hombre. De acuerdo con la investigación, esos indicios fueron cotejados con el material genético obtenido debajo de las uñas de Villarruel.

Los investigadores determinaron que las marcas serían compatibles con maniobras defensivas realizadas por la víctima durante la agresión, elemento que resultó clave para avanzar contra su pareja.

Con las pruebas incorporadas al expediente, Nittioli quedó detenido e imputado por homicidio triplemente agravado por el vínculo de pareja, por alevosía y por mediar violencia de género.

En caso de ser encontrado culpable, la calificación legal prevé una pena de prisión perpetua.

El triple femicidio de las primas Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) constituye uno de los capítulos más sádicos que se recuerdan. Las jóvenes, que vivían en el Complejo Habitacional La Tablada, fueron halladas enterradas y descuartizadas en una vivienda ubicada a 33 kilómetros de su hogar, en el partido de Florencio Varela.

La noche del 19 de septiembre de 2025, las tres chicas salieron desde el monoblock 20 con destino a una supuesta fiesta en el Bajo Flores. El último registro de ellas con vida fue captado por las cámaras de seguridad de una estación de servicio YPF, donde a las 21,30 subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con la patente adulterada.

Tras la denuncia de los familiares, el fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Nº2 de La Matanza, inició la búsqueda. El hallazgo de los cuerpos ocurrió en la madrugada del miércoles siguiente, tras un allanamiento en una propiedad de la calle Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Allí, los efectivos de la DDI de La Matanza sorprendieron a dos personas limpiando la escena del crimen con lavandina.

La brutalidad del hecho incluyó la transmisión en vivo de la denominada "faena" a través de Instagram, con el objetivo de amedrentar a quienes traicionaran al entorno narco. En respuesta, el 27 de septiembre de 2025, el colectivo Ni una Menos convocó a una marcha en Plaza de Mayo bajo la consigna "Ninguna víctima es descartable".

A un año de los hechos, la justicia ha logrado identificar a 16 implicados. Recientemente, se hallaron cuatro miembros de la organización que habrían colaborado en la logística y el encubrimiento: Mansur (52), Chieto (36), Olivera (70) y Quispe Gallardo (19). Asimismo, fue detenido un hombre de iniciales DG en el barrio porteño Illia, señalado por su participación directa en el asesinato.

El resto de los acusados incluye a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", quien fue extraditado desde Perú, además de Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42).

Para conmemorar a las víctimas, el barrio realizará un corte simbólico en la rotonda de La Tablada a las 16, seguido de una peregrinación con velas y una suelta de globos a las 21.30, hora exacta en la que fueron vistas por última vez.

El fiscal Raúl Garzón cerró la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 15 años asesinada a fines de mayo en la provincia de Córdoba, y elevó el caso a juicio.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Claudio Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

En tanto, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz serán juzgados por encubrimiento agravado.

“Fue una investigación profunda y de alto contenido científico”, consignó un vocero de la causa ante la consulta de esta agencia.

El fiscal continuará con la investigación de otros hechos que surgieron del expediente principal presuntamente delictivos pero independientes del crimen de Agostina.

Eduardo Medina Allende, defensor de Fassetta, calificó de “papelón” la decisión del fiscal porque faltaban otras medidas de prueba: “Son un montón de cosas que no se van a aclarar nunca”.

En tanto, Fernanda Alaniz, representante legal de Gabriel Vega, padre de la víctima, se mostró disconforme con la elevación a juicio porque, según consideró, restan las detenciones de Viviana Brizuela, madre de Barrelier, y un amigo del principal imputado que es apodado “tele vieja”.

Por su parte, el abogado Carlos Nayi, abogado de los abuelos de Agostina, consignó que “se confirman las hipótesis” que la querella “anticipó” y sostuvo que Barrelier era “el jefe de la banda” y los demás implicados integraban “un equipo de encubridores”.

“Estoy bastante conforme”, expresó el letrado, y agregó que el presunto autor del crimen podría recibir prisión perpetua. NA