El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial reclamó agravar la acusación en la causa que investiga una millonaria retención indebida de aportes, en la cual ya se encuentran procesados el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. La medida busca revertir la decisión del juez Diego Amarante de excluir un componente central de la investigación.

En su apelación, el fiscal advirtió que hubo un recorte de la acusación original al dejar fuera el denominado “subconcepto 551” del impuesto 353, el cual está vinculado a los ingresos por patrocinio oficial de los torneos. Según Navas Rial, este punto no es accesorio sino una “parte inescindible” de la maniobra investigada, ya que concentra los montos más significativos de la presunta evasión.

La causa gira en torno a retenciones y percepciones no depositadas al sistema de seguridad social, calculadas en aproximadamente 19.000 millones de pesos. En este esquema, la AFA y la Liga Profesional actuaban como agentes obligados a retener ciertos porcentajes de ingresos para destinarlos a aportes y contribuciones de clubes, futbolistas y personal. El fiscal solicitó, además, elevar el monto de los embargos, que actualmente se fijaron en 350 millones de pesos para los principales directivos.

“El recurso se basa en la alteración de la plataforma fáctica que integra los hechos imputados”, advirtió Navas Rial.

Para el representante del Ministerio Público, los fondos provenientes de la publicidad de los torneos nunca integraron el patrimonio disponible del agente, sino que pertenecen a terceros desde el momento en que se generan. Por ello, consideró que la exclusión de estos montos representa una “reducción artificial del suceso fáctico” que limita la posibilidad de reconstruir integralmente los hechos.

La resolución final quedará en manos de la sala A de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Estos magistrados ya ratificaron previamente la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, además de rechazar esta semana un planteo de las defensas que buscaba declarar la inexistencia de delito.

Además del presidente y el tesorero, la causa involucra a otros tres procesados: el actual secretario general Cristian Malaspina y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. En su fallo inicial, el juez Amarante sostuvo que se encuentra verificada la intervención culpable de los imputados, dado que contaban con facultades de administración para incidir en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género comprende todas las causas iniciadas por delitos consignados en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG) del Ministerio Público y todos los hechos de femicidios.

Para elaborar los datos relativos a femicidios, se analizaron todos los procesos penales iniciados en el año 2025 en la provincia de Buenos Aires, en los que se investigaron muertes violentas de mujeres y mujeres trans/travestis, hayan o no recibido la calificación jurídica de femicidio del artículo 80 inciso 11 del Código Penal. Luego, se examinó exhaustivamente cada causa a fin de determinar la existencia indicadores de violencia de género en el hecho.

Con relación al Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, los datos oficiales muestran que durante el 2025 se iniciaron un total de 146.046 procesos penales de violencia familiar y/o de género (incluyendo los procesos penales iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y en el Fuero Criminal y Correccional). Ello representa el 14,1% del total de procesos penales iniciados durante el transcurso del año (1.035.350, datos provisorios).

Los departamentos judiciales con mayor número de procesos penales fueron San Martín (23.483) y Lomas de Zamora (19.304), en tanto Necochea (1.006) y Pergamino (1.829) fueron los que registraron un menor número de procesos penales asignados al REVIFAG iniciados durante el 2025.

Asimismo, se pudo advertir que del total de las víctimas registradas (147.902), el 73,9% fueron de sexo femenino; mientras que en el 88% de las causas donde se consignaron víctimas femeninas, los imputados/sindicados eran de sexo masculino.

Por otra parte, con relación a los delitos denunciados en el marco de estos procesos penales, se advierte que el 27,7% se corresponde con “Amenazas”, el 24,5% con “Lesiones”, el 12,3% con “Desobediencia”; luego le siguen, en menor porcentaje, los delitos de “Abuso sexual” (7,8%), “Daño” (5,5%), entre otros de menor incidencia.

Por su parte, del análisis de los casos de femicidios, surge que durante el  2025 se iniciaron 74 procesos penales por muertes de mujeres producto de la violencia de género, con un total de 78 víctimas fallecidas, de las cuales una era una mujer trans/travesti.

Se ha podido acreditar que el principal móvil de las muertes violentas de mujeres es la violencia de género. En efecto, las 78 víctimas de femicidio representan el 60,5% de la totalidad de víctimas femeninas de homicidios consumados en la provincia. En este sentido, la tasa anual de víctimas de femicidios para la Provincia en 2025 es de 0,88 cada 100.000 mujeres.

En cuanto a las características de los hechos de femicidios, surge que la mayor cantidad de casos del 2025 ocurrieron en el mes de enero, que el 85,9% ocurrieron en una vivienda y que el principal medio utilizado fue la fuerza física (35,9%) seguido de arma de fuego (23,1%).

Se observa también que, más del 90% de las víctimas conocía a su agresor, en el 64% de estos casos existía un vínculo de pareja, ex pareja o noviazgo.

Con relación a las víctimas, se destaca que el 55,1% tenían entre 18 y 40 años. El 15,4% de las víctimas (12) había realizado denuncias penales previas contra el agresor, de las cuales en 9 casos el vínculo era íntimo y en 3 familiar. A su vez se relevó que al menos 83 hijos e hijas fueron víctimas indirectas del femicidio de sus madres. En 37 casos son mayores de edad y en 46 menores de 18 años.

Respecto a los imputados/sindicados, el 58,0% tenían al momento del hecho entre 18 y 40 años. En 13 casos los agresores se suicidaron inmediatamente luego de cometer el femicidio.

Finalmente se relevaron otros homicidios dolosos ocurridos en contextos de violencia por razones de género. Se identificaron 10 hechos con víctima masculina, ocurridos principalmente en una vivienda (50%) y perpetrados con armas de fuego y arma blanca (40% cada una).

Durante los últimos 11 años (periodo 2015- 2025), en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1000 mujeres asesinadas producto de la violencia de género (1.010 víctimas).

En esta línea, los datos oficiales que emergen del informe revisten relevancia en la medida que transparentan la magnitud y características de estos gravísimos delitos que preocupan a toda la sociedad y sus instituciones, como objetivo estratégico de política criminal del Ministerio Público.

Por otra parte, permite acercar a la sociedad la problemática de la violencia familiar y de género que impacta en el ámbito penal, a través de datos cuantitativos que posibiliten el acceso a la información, así como la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

En los 146.046 procesos penales obrantes en el REVIFAG, se registraron 147.902 víctimas: 109.280 mujeres o niñas (73,9%), 36.671 hombres o niños (24,8%), y 1.951 sin dato consignado (1,3%).

La información del sexo de las víctimas con relación al de las personas imputadas/sindicadas, calculado sobre el total de datos disponibles sin tener en cuenta los casos sin registrar (el dato se pudo cotejar en el 82,4% de los casos). Se observa que, en las causas donde se consignan víctimas femeninas, la mayoría de las personas imputadas/sindicadas son de sexo masculino (88,0%); mientras que cuando la víctima consignada es un hombre o niño, las personas imputadas/sindicadas son de sexo masculino en el 42,4% de los casos y femenino en el 57,6%.

En los 146.046 procesos penales de violencia familiar y/o de género se han registrado un total de 137.241 personas imputadas/sindicadas. De estas, 35.386 son de sexo femenino, 100.824 masculinos y en 1.031 casos no se registró el dato.

Respecto a la cantidad de víctimas de femicidio por mes de ocurrido el hecho, se observa que el mes de mayor concentración fue el mes de enero con 13 hechos (16,7%), seguido por julio con 9 hechos, y agosto y diciembre con 8 hechos en cada caso. Por otra parte, surge que el promedio provincial es de entre 6 a 7 víctimas de femicidio por mes, equivalente a una víctima cada 4 días.

Contexto femicida refiere a escenarios y modalidades comisivas específicas de este delito. Su clasificación busca ampliar la caracterización y descripción de los hechos, independientemente de la relación vincular o no vincular entre víctima y victimario.

Los Íntimos comprenden aquellos casos que se dan en el ámbito de vínculos sexo afectivos de cualquier tipo (actuales o pasados) entre víctimas y los contextos se basan en las propuestas realizadas en el Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).

Por contexto Familiar se hace referencia al ámbito familiar en cualquier grado de parentesco entre las víctimas y victimarios que no esté incluido en el Íntimo.

Los femicidios Sexuales pueden darse en cualquier ámbito y pueden ser cometidos por personas del entorno de las víctimas o desconocidos. Incluyen ataques sexuales directos o simbólicos y representan características específicas de ejecución, procedimiento y circunstancias que dejan rastros en la escena del hecho y el cuerpo de la víctima.

Por su parte, los Travesticidios/Transfemicidios comprenden las muertes de mujeres travestis y trans y se encuentran asociados a asesinatos por discriminación o a crímenes de odio. Si bien comparten con los otros contextos el determinante de género, su especificidad se centra en las condiciones estructurales y sistemáticas de vulnerabilidad, marginalidad y violencia de esta población, las cuales suelen operar como condicionante en su transcurso vital.

Los femicidios en contexto de criminalidad organizada ocurren en el marco de organizaciones criminales o de bandas organizadas de menor envergadura dedicadas a acciones ilícitas (narcocriminalidad/ narcomenudeo, la trata de personas, tráficos variados, etc.). Estos homicidios suelen emerger de la utilización de las mujeres como mercancías, como producto de venganza entre bandas o como respuesta a su desviación en relación al comportamiento esperado de acuerdo al status de género en la organización. Pueden incluir acciones como captación, traslado, privación de libertad, suministro de estupefacientes, secuestro y/o abuso sexual, además puede tratarse de casos en los cuales el descarte del cuerpo de la víctima impide su hallazgo.

Por último, la categoría Otro abarca todos los demás supuestos en los que un hombre mata a una mujer mediando violencia de género no incluidos en los contextos precedentes. Por ejemplo, cuando una mujer es asesinada por un vecino, un colega de trabajo o una persona completamente desconocida sin vínculos previos. Los casos en los cuales no se pudo aún determinar el contexto del hecho, se categorizan como Indeterminado.

En cuanto a los datos referidos al medio empleado para consumar los femicidios analizados y la modalidad de muerte de la víctima, se refiere a las diferentes formas de utilización del medio empleado para la comisión del hecho. Cabe aclarar que en algunos casos pudo existir más de un procedimiento homicida, pero para el relevamiento se tuvo en cuenta el mecanismo principal que incidió en la muerte de las víctimas.

De los 78 hechos de femicidio, el 85,9% tuvo lugar en una vivienda. Por su parte, los hechos que tuvieron lugar en el espacio público representan un 7,7% para el año en análisis. 

El fiscal Ricardo Sáenz destacó este lunes que la investigación por la muerte de Alberto Nisman “se va perfilando un poco” para dar con los autores intelectuales del hecho, aunque consideró que “los autores materiales nunca se van a encontrar”.

Sáenz destacó la labor de su colega que trabaja en la causa, Eduardo Taiano, a quien calificó como “un gran profesional y amigo”.

“El entrecruzamiento de llamados de los agentes de inteligencia está dando buenos resultados, algunos declararon en la causa. Se decretó el llamado a indagatoria a (la ex fiscal de la causa) Viviana Fein. Yo creo que hubo irregularidades en la investigación que se parecen a encubrimiento”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y agregó: “Creo que los autores materiales no se van a encontrar nunca porque se ensució la escena del crimen y no se van a encontrar huellas”.

De todos modos, Sáenz dijo que la investigación siempre se perfiló hacia “quién ordenó esto, quién ayudó a llevarlo a cabo”. 

“Tenemos a una persona con procesamiento firme por participación necesaria, que fue quien entregó el arma (por Diego Lagomarsino)”, agregó.

El fiscal señaló que “es compleja la investigación, con miles de entrecruzamientos telefónicos", pero remarcó que "se va perfilando un poco”.

Y comentó lo que se conoció en las últimas horas por publicaciones periodísticas, acerca de que “la ex procuradora Alejandra Gils Carbó había dicho que nunca había tenido contacto con el Poder Ejecutivo y se descubrió que hubo varias llamadas con Presidencia y el Ministerio de Justicia”.

La Ley de Inocencia Fiscal comenzó a regir este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ahora, los contribuyentes cuentan con un nuevo marco para la declaración y regularización de ahorros no bancarizados y para la determinación de responsabilidades ante presuntas infracciones tributarias.

La norma, sancionada el 26 de diciembre, establece cambios relevantes en los montos mínimos para sancionar penalmente la evasión, introduce la declaración jurada simplificada y crea un sistema de presunciones favorables para quienes cumplen con sus obligaciones. Su objetivo es facilitar la relación entre los ciudadanos y el Estado y brindar mayor seguridad jurídica.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que aún resta la reglamentación del Poder Ejecutivo y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En particular, el Ejecutivo podrá fijar condiciones adicionales para acceder a la declaración jurada simplificada, hoy prevista para quienes tengan ingresos de hasta $1.000 millones, patrimonio de hasta $10.000 millones y no sean grandes contribuyentes en los últimos períodos fiscales.

También ARCA deberá definir cómo funcionará el sistema: si pondrá a disposición información de ingresos, gastos y deducciones, si el contribuyente podrá editar esos datos o solo aceptarlos, entre otros aspectos operativos.

Domínguez señaló además que resta conocer qué hará la Unidad de Información Financiera (UIF) con los umbrales para controles reforzados sobre depósitos en efectivo, hoy fijados en 40 salarios mínimos vitales. En este punto, recordó que la Argentina debe cumplir con las directrices del GAFI en materia de lavado de activos.

El especialista subrayó que las normas antilavado no se modificaron y que optar por el régimen simplificado de Ganancias no implica, por sí solo, certeza sobre el origen de fondos: los bancos deberán seguir realizando análisis de riesgo.

Uno de los ejes centrales de la norma es la actualización de los montos del Régimen Penal Tributario. El límite para considerar un hecho como evasión simple se elevó a $100 millones, mientras que para la evasión agravada se fijó en $1.000 millones. También se incrementaron los mínimos para multas y sanciones administrativas, con valores que van de $6 millones a $67,5 millones, según el caso.

La declaración jurada simplificada está destinada a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones, siempre que no califiquen como grandes contribuyentes. Quienes adhieran y acepten la declaración propuesta por la agencia, abonando el importe en término, obtendrán efecto liberatorio del pago.

La ley establece una presunción de exactitud favorable al contribuyente, salvo que ARCA detecte discrepancias significativas, como diferencias superiores al 15% o montos mayores a $100 millones en impuestos o $7 millones en aportes y contribuciones, o el uso de facturación apócrifa.

Otra modificación relevante es la reducción de los plazos de prescripción: para contribuyentes inscriptos y cumplidores, baja de cinco a tres años; para no inscriptos se mantiene en diez. Además, se prevé una actualización automática anual de todos los montos a partir de 2027, según la variación de la UVA.

La normativa también dispone que no habrá denuncia penal si el contribuyente cancela el total evadido y los intereses antes de que se formule la denuncia. Si la acción penal ya se inició, se extinguirá si se paga el monto adeudado, intereses y un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles de notificada la imputación.

Finalmente, la ley invita a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir con regímenes simplificados propios, con el objetivo de unificar criterios de fiscalización en todo el país.

El platense Eduardo Kovalivker, uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina, apareció este viernes en los tribunales de Comodoro Py. El empresario, retirado de la gestión y dedicado a la escritura, se presentó en la fiscalía federal a cargo de Franco Picardi para entregar su celular y cumplir con la orden de requisa que pesaba sobre él.

Llegó acompañado por su defensor, Martín Magram, que también representa a sus hijos Jonathan y Emanuel, actuales directivos de la compañía. Debió esperar unos minutos en el pasillo hasta que su abogado lo autorizó a ingresar y estuvo dentro poco más de una hora. Al salir, se mostró confiado en que la investigación judicial ordene lo que definió como un “escándalo mediático” y sostuvo que la empresa “está en orden”.

Según su entorno, no se había presentado antes porque sufrió un episodio de presión alta. Sus hijos ya figuraban en el expediente: Jonathan y Emanuel entregaron sus dispositivos, aunque sin las claves de acceso. Esa negativa abrió un nuevo frente en la pesquisa, porque la Justicia todavía no logró acceder al contenido de los teléfonos. La empresa israelí Cellebrite, proveedora del sistema UFED utilizado en causas judiciales, informó al Ministerio Público que no dispone de la tecnología para abrir el Samsung de última generación de Emanuel, y tampoco fue posible desbloquear el iPhone de Jonathan.

Mientras tanto, la Datip (Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico del Ministerio Público) consiguió bajar información de uno de los teléfonos de Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, donde detectó mensajes borrados. Otro aparato estaba dañado y resultó inaccesible. El único que aportó su clave fue Daniel María Garbellini, también desplazado de la agencia tras la revelación de los audios.

En paralelo, los investigadores accedieron al celular de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber facilitado que Jonathan Kovalivker eludiera un operativo policial en su casa. Ese episodio derivó en nuevos allanamientos en el barrio privado.

La presentación de Eduardo en Comodoro Py coincidió con otra serie de allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, tanto en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como en la sede de Suizo Argentina. Desde el lunes, el magistrado dispuso además el bloqueo de las cajas de seguridad del empresario, sus hijos y los exfuncionarios investigados.

En uno de los tramos de las grabaciones que dispararon la causa, atribuidas a Spagnuolo, se describe el supuesto rol de la droguería en la recaudación de retornos: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono’”.

La investigación sigue bajo secreto de sumario. Pero la escena de este viernes, con el patriarca del clan presentándose en tribunales y la Justicia detrás de teléfonos bloqueados, mostró con crudeza que la trama de los Kovalivker aún tiene varios capítulos por delante.

El gobierno municipal trabaja en una petición para ser admitido en la causa en la que se investiga el caso del inspector de tránsito golpeado durante el pasado lunes 25 de agosto. De acuerdo a lo que informaron desde la Secretaría de Legal y Técnica, el pedido busca que la Comuna participe aportando elementos de prueba y colaborar con el proceso.

“Estamos trabajando en una petición para poder ser admitidos en la causa. Que la Municipalidad pueda ser admitida en la causa también para poder aportar elementos de prueba y colaborar con la investigación. El hecho de que la Municipalidad pueda participar no implica que nosotros de alguna manera no confiemos en lo que la Justicia haga, al contrario, nosotros lo que estamos haciendo es solamente dar un mensaje de respaldo al trabajador que sufrió este lamentable hecho”, expresó Javier López, a cargo de la mencionada Secretaría, en diálogo con El Eco Multimedios. Por su parte, el inspector agredido amplió su denuncia durante la jornada del jueves 28. Realizó una declaración testimonial ante el fiscal Damián Borean.

Cabe recordar, fue el pasado lunes 25 –en su jornada de franco-, cuando un inspector de tránsito que se desempeña como  personal de la Dirección de Control Urbano Vehicular, sufrió una golpiza en la zona de Machado al 200. Primero fue de parte de una persona en solitario, pero al intentar escapar fue interceptado en el pasaje Balcarce por otros dos individuos que se sumaron al ataque provocándole lesiones de gravedad.

De acuerdo a lo declarado por la víctima ante la Unidad Funcional de Instrucción 12, surge que al menos uno de los atacantes habría reconocido a este como agente de Control Urbano Vehicular. Por ese motivo, una de las líneas de investigación es la de que el ataque haya sido motivado por una represalia por un operativo en el que el inspector habría participado.

El pasado martes 26 de agosto, la directora de Asuntos Legales de la Comuna, María Emilia Díaz Esteve, se presentó en la Mesa de Entradas de la Unidad Funcional de Instrucción 12, a cargo del mencionado Borean. En el lugar fue informada que la causa 4015-25 se encuentra en etapa de sumario, razón por la cual la Fiscalía actuante aún no ha recibido las actuaciones

De acuerdo a lo que le transmitió Díaz Esteve –contó López-, la Fiscalía a cargo “ya está trabajando arduamente en tratar de poder lograr un avance con la investigación, como lo hace en todos los casos”. El secretario agregó que la intención del Municipio al realizar la presentación es la de “acompañar al agente sobre todo por la situación que vivió, sobre todo porque entendemos que este tipo de hechos no pueden seguir ocurriendo en la ciudad de Tandil”.

López informó además que fue la directora de Asuntos Legales la que mantuvo una reunión con el agente atacado y su abogado particular durante el pasado jueves 28 de agosto. Señaló que es de la Justicia Penal quien tiene a su cargo la investigación del caso “para determinar quiénes son los autores, los responsables de este hecho lamentable”. También siguiendo con lo que Díaz Esteve le transmitió a López –sostuvo este-, el agente se encuentra en estado de shock, y con secuelas de la golpiza.

“Este tipo de hechos merecen la sanción penal que corresponda”, afirmó el secretario, haciendo mención a la gravedad del caso. Sobre el abordaje del Municipio con respecto al hecho, sostuvo que se lleva a cabo en “un doble sentido”. Al respecto, amplió, por un lado, nuestras áreas municipales están trabajando desde la Secretaría de Protección Ciudadana y a través de la Dirección de Asuntos Legales, en tratar de contener y asistir al trabajador que a su vez se ve impedido de cumplir con sus tareas y y está pasando una situación triste, lamentable para él. Lo que estamos tratando es de brindarle toda la contención humana posible para que a él no le falte lo necesario para poder sobrellevar esta triste y lamentable situación”.

Por su parte, el inspector agredido amplió su denuncia durante la jornada del jueves 28. Realizó una declaración testimonial ante el fiscal a cargo.

A un mes y medio del operativo que despejó las banquinas de la Ruta Nacional 226 de puestos de venta ambulante y vehículos, la Fiscalía Federal con sede en Tandil declaró la inexistencia de delitos de índole federal, y -sin desconocer la problemática de la traza urbana de la ruta-, consideró que los hechos registrados fueron infracciones a la Ley de Tránsito. Por tal motivo desestimó la denuncia presentada por la Defensora del Pueblo Paula Lafourcade, e instó al Municipio y a otros organismos de gobierno a intervenir para generar una “solución integral” en el materia vial en el lugar.

“Declarar la inexistencia de delito en las presentes actuaciones, en razón de no configurarse ninguno de los tipos penales previstos en el Código Penal, particularmente el artículo 181 y 194 del mismo y, en consecuencia, desestimar la denuncia que originó el caso”, señala el texto firmado por el fiscal subrogante Marcos Silvagni.

La resolución de la Fiscalía resuelve poner en conocimiento a la denunciante -la mencionada Lafourcade, así como también remitir copia a la Municipalidad, a Gendarmería Nacional, al Ministerio de Seguridad provincial y a la empresa Corredores Viales.

Cabe recordar, fue la defensora del pueblo de Tandil quien elevó la denuncia a la Justicia Federal. Lo hizo luego de recibir un reclamo de la Cámara Empresaria y quejas de vecinos de la ciudad por la presencia de puestos de venta ambulante, así como también camiones y acoplados estacionados de manera irregular y constante sobre la banquina de la Ruta 226. A raíz de dicha denuncia, la Fiscalía ordenó a Gendarmería el accionar en la zona.

El operativo de “Despeje total” -así lo denominaron los efectivos presentes-, se llevó a cabo el pasado 1 de julio y estuvo a cargo del Escuadrón de Seguridad Vial de Balcarce de la mencionada fuerza. Los “paperos” fueron intimados a retirarse, así como se labraron infracciones a vehículos estacionados de manera irregular. Desde entonces, no se registró el retorno de los vendedores, e Inspección Municipal labró más de 30 notificaciones para las que se evalúa la modalidad de sanción.

En ese marco, la Fiscalía Federal emitió la resolución en base a los resultados que arrojó el operativo de julio.  Consideró que no existió delito de índole federal y que “la situación constatada, en cambio, revela un uso no autorizado y transitorio de la zona de camino, cuya eventual reprochabilidad corresponde exclusivamente al ámbito de las infracciones administrativas, sin proyección penal alguna”.

El texto del fiscal Silvagni traza un repaso por la causa desde la denuncia de Lafourcade al presente, y menciona denuncias previa de la Defensoría a Vialidad Nacional por el mismo tema. En cuanto a las medidas instructorias pedidas por Fiscalía, la resolución hace referencia a que requirió las actuaciones a la fecha tanto a Vialidad Nacional como a la empresa Corredores Viales y al Municipio.

La Municipalidad -señala-, remitió la actuación labrada por Bromatología en el 2023, donde se constató la presencia de 8 puestos de venta ambulante sin la habilitación ni inscripción sanitaria correspondiente. La Comuna también entregó la presentación efectuada en la audiencia pública a la que asistió para solicitar que se incluyan obras en el nuevo pliego de licitación.

Sobre el operativo del 1 de julio pasado, el texto de Fiscalía indica que se identificó a dos personas que tenían puestos de venta ambulante, y se labraron infracciones a los titulares de dos remolques o acoplados que no se encontraban presentes en el momento. Una inspección posterior de Gendarmería determinó que ya no se registraban puestos de venta, pero sí presencia de maquinarias agrícolas en el bulevar ubicado entre la ruta y las colectoras.

La hipótesis inicial de investigación fue por la presunta afectación de la circulación en la 226, de acuerdo al delito previsto en el artículo 194 del Código Penal de la Nación. El mismo exige una obstrucción efectiva del tránsito y -explica el texto firmado por el fiscal- “la mera presencia de personas o estructuras en zonas aledañas, sin afectar la calzada ni la circulación fluida de los vehículos, no alcanza para configurar el supuesto penal previsto”. Al respecto, aclara de acuerdo a las pruebas recabadas, que ni los puestos ni los vehículos concretaron dicha interrupción.

“Tampoco se ha configurado en autos la figura penal de usurpación prevista en el artículo 181 del Código Penal, conforme fuera señalada en la denuncia que originó la presente investigación, por cuanto las conductas verificadas —instalación de puestos de venta ambulante y permanencia de vehículos o estructuras sobre la zona de camino— no se corresponden con una acción típica de despojo”, indica la resolución judicial.

Sin constatar la interrupción de la ruta -revela la resolución judicial-, lo registrado tras el operativo fueron situaciones enmarcadas en “un uso no autorizado y transitorio de la zona de camino, cuya eventual reprochabilidad corresponde exclusivamente al ámbito de las infracciones administrativas, sin proyección penal alguna”.

Tal fue el motivo principal para establecer la desestimación de la denuncia “por inexistencia de delito” en materia penal y de jurisprudencia federal. Sin embargo, agrega el texto, “efectivamente sí se ha constatado la comisión de distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito”.

En ese aspecto hace mención a que las autoridades de aplicación de tal normativa son los organismos nacionales, provinciales y municipales, así como también a que las funciones de prevención y control en rutas nacionales se encuentran a cargo de Gendarmería Nacional y Agencia de Seguridad Vial.

“Por su parte, al Municipio de Tandil también le corresponden funciones en materia de prevención, colaboración y denuncia ante la constatación de situaciones que afecten la seguridad del tránsito en dicho corredor vial. Tal intervención municipal —si bien limitada en cuanto a la potestad de sanción directa sobre rutas nacionales— se inserta dentro del sistema de cooperación interjurisdiccional previsto en la Ley Nacional de Tránsito y su adhesión provincial, en tanto las autoridades locales deben articular mecanismos de control y canalización de infracciones detectadas, formulando las denuncias y reportes correspondientes a los organismos competentes, como así también colaborando en la gestión de medidas preventivas inmediatas cuando las circunstancias lo exijan”, precisa la resolución.

Por tal motivo, considera, “la actuación administrativa, contravencional o sancionatoria que corresponda frente a las infracciones constatadas deberá canalizarse por las vías administrativas pertinentes; esto es, ante la autoridad de aplicación competente en cada caso concreto, no correspondiendo la intervención de esta Sede Fiscal sobre este aspecto en razón de la inexistencia de ilicitud penal”.

La Fiscalía Federal con sede en Tandil señala además que de acuerdo a lo recabado, existen con prolongación en el tiempo recurrentes situaciones de infracción a la Ley de Tránsito que inciden en la seguridad vial, en particular en las rotondas.

“En este marco, se estima indispensable que se propicie la búsqueda de una solución integral al conflicto, mediante la acción coordinada y mancomunada de todos los actores con competencia en la materia, tanto los organismos encargados de la prevención y control del tránsito como el propio Municipio de Tandil. Tal coordinación debe orientarse a preservar en condiciones de seguridad no sólo la calzada principal y las vías de emergencia (banquinas), sino también la totalidad de la infraestructura que integra la red vial nacional, incluyendo las vías colectoras y el espacio verde central (bulevard). Este último, conforme lo ha destacado la autoridad competente, reviste importancia vital para la seguridad vial por su función en el escurrimiento de aguas pluviales, dado que en él se emplazan los sistemas de desagüe destinados a tal fin”, concluye la resolución de Fiscalía.

El gobierno municipal de Tandil apuesta a un “abordaje integral” para hacer frente a la problemática de la venta ambulante y la ocupación con acoplados y camiones de la banquina de la Ruta Nacional 226.

En diálogo con El Eco de Tandil, el secretario de Legal y Técnica –Javier López-, compartió la mirada de la Comuna con respecto a la temática. Dio cuenta de las diferentes órbitas de jurisdicción en la zona del conflicto, y contó que mantuvieron un encuentro con referentes de Senasa, Policía Vial y Corredores Viales a partir del cual elaborarán un plan de acciones de cara al futuro.

Cabe recordar, la situación en torno a la Ruta 226 volvió a tomar estado público en los últimos días a raíz de una serie de acontecimientos. El primero, el anuncio del gobierno nacional de abrir un pliego de licitación para la concesión de la ruta, en el cual no se prevén obras de infraestructura para la traza urbana local. El segundo la presentación del propio Municipio a la audiencia pública para solicitar dichas obras. El tercero el pedido de intervención de la Cámara Empresaria ante la Defensoría del Pueblo para que el organismo tome cartas en el asunto ante las autoridades de Nación. El cuarto, la formalización de la denuncia ante la Justicia Federal de la propia defensora Paula Lafourcade.

El quinto, el operativo dispuesto por la Justicia Federal para registrar las posibles comisiones de delitos a la vera de la Ruta Nacional 226. Dicha acción se concretó con personal de Gendarmería Vial, Policía y la colaboración del Municipio. El fiscal a cargo –Marcos Silvagni-, brindó una entrevista a El Eco de Tandil y precisó detalles de una causa en curso. Para conocer la mirada de la Comuna al respecto fue consultado López.

Un abordaje integral

El secretario de Legal y Técnica señaló en primer término que “en el marco de la investigación, vamos a estar a disposición entera de lo que disponga Fiscalía”. Al respecto, agregó que “entendemos que Fiscalía va a realizar acciones durante todo este periodo de tiempo, y nosotros estamos a entera disposición de lo que el fiscal resuelva”.

A su vez, López dio cuenta de la necesidad de realizar un “abordaje integral”, ante la  “complejidad” de la problemática. Por tal motivo, argumentó a partir de las distintas jurisdicciones que intervienen en el control de la Ruta y las banquinas.

“Todo lo que tiene que ver con las infracciones de tránsito que se cometen en el marco de una ruta nacional, que no lleguen a ser delito federal, y que son contravenciones a la Ley Nacional de Tránsito y o a la Ley Provincial, y corresponde que sean juzgadas por los juzgados administrativos de faltas provinciales. Que en este caso, actualmente, la Policía Vial, todas las infracciones que labra las está remitiendo al juzgado que tiene hoy sede en Azul”, indicó.

Por otro lado “una infracción por comercialización de productos que no está permitida en ese lugar porque sería una suerte de venta ambulante o porque esos productos no tienen la seguridad, la trazabilidad necesaria”, mencionó sobre aquellos hechos que por la infracción al Código Alimentario requerirían de una intervención de Senasa.

El funcionario sumó que a nivel local, “como Municipio tendríamos también la potestad, si hay una infracción a una ordenanza local como podría ser la comercialización de venta ambulante, podríamos juzgar eventualmente, el Juzgado de Faltas Municipales podría juzgar lo que tiene que ver con infracción a una ordenanza local en materia de cuestiones de salud”, sostuvo López.

En ese marco, la continuidad del seguimiento del tema de parte del Municipio será –de acuerdo a lo informado por López-, entablar comunicación con Fiscalía “para ver el resultado en concreto de lo que ha sido el operativo reciente y ponernos a disposición de la Justicia Federal. Y por otro lado, como consecuencia de la reunión que mantuvimos con Senasa, Policía Vial y Corredores Viales, trazar un plan de acciones de trabajo para lo que viene en lo inmediato”, concluyó.

El operativo de “despeje total” de los puestos de venta ambulante y camiones y acoplados estacionados sobre la banquina de la Ruta 226 se realizó el pasado jueves 3 a partir del pedido de la Fiscalía Federal con sede en la ciudad, tras la denuncia radicada por la defensora del Pueblo Paula Lafourcade.

El fiscal Marcos Silvagni –a cargo de la causa-, brindó una entrevista a El Eco de Tandil en la que precisó detalles de la investigación iniciada y la continuidad del caso. Señaló que la Fiscalía Federal interviene “ante la comisión de un delito, pero la prevención la realiza el Ejecutivo”, y planteó que la presencia de puestos sobre la banquina “sería una infracción a la Ley de Tránsito, no es un delito porque no está interrumpiendo la libre circulación”. A la espera de las actuaciones policiales, adelantó que las tareas de investigación tendrán continuidad.

Cabe recordar, tal como había anunciado, la defensora del pueblo de Tandil Paula Lafourcade formalizó una denuncia ante la Justicia Federal por la ocupación de las banquinas, luego de no recibir respuestas de parte de Vialidad Nacional. En el mismo sentido se habían pronunciado a favor del “despeje” tanto las autoridades municipales como las de la Cámara Empresaria.

Finalmente, el jueves 3 de julio se llevó a cabo un operativo donde efectivos de Gendarmería, la Policía Federal y DDI –con apoyo de áreas municipales-, en el cual estos solicitaron a los vendedores abandonar la banquina de la Ruta. Además registraron camiones y acoplados e infraccionaron a aquellos cuyos propietarios no se hicieron presentes para retirarlos.

- El jueves 3 hubo un operativo sobre la Ruta 226, a partir del cual desalojaron a vendedores ambulantes e infraccionaron camiones y acoplados. La Justicia Federal tomó el caso. ¿En qué está esa causa?

- Es una denuncia que formuló la defensora del pueblo de la ciudad de Tandil, Paula Lafourcade, con motivo de la ocupación indebida del espacio público.

Si bien la denuncia se formalizó por el delito de usurpación, nosotros desde la Fiscalía consideramos que quizás el delito que eventualmente podría cometerse es el de la interrupción en la vía de comunicación, que es el tipo penal que en principio protege la libre circulación de la Ruta Nacional y de ahí la competencia de la Justicia Federal. Como cualquier otra denuncia, se inició, se le dio trámite y convocamos a la Gendarmería Nacional.

La Gendarmería Nacional, por ley, es la encargada de custodiar todo lo que tiene que ver con las rutas nacionales. Si bien la Justicia Federal tiene varias policías para investigar, la Gendarmería es la específica en este caso porque se estaría dando en el tramo de la Ruta 226, que es una ruta nacional.

El propósito fue convocar a la Gendarmería para haga una constatación de los hechos que se denunciaron, y eventualmente con eso ver si ocurría alguna interrupción o alguna ocupación del espacio público que haga la competencia de la Justicia Federal. Esta intervención de la Justicia viene dada no sólo por la ruta sino también por la banquina, pero no más allá de la banquina. Esto es importante señalarlo.

En este caso la Fiscalía interviene frente a la comisión del delito, más no realiza tareas de prevención, las tareas de prevención las realiza todo el Ejecutivo a través de la Policía, o cualquiera de las fuerzas, pero no la Fiscalía.

La Fiscalía toma medidas para evaluar eventualmente y reunir pruebas vinculadas a la existencia o a la comisión de un delito, pero no realiza tareas de prevención. Lo que quiero señalar con esto es que el día jueves el procedimiento tuvo que ver con constatar si el espacio público vinculado a la ruta, no sólo a la ruta sino a la banquina, que es lo que dice la Ley Nacional de Tránsito, estaba siendo ocupado o eso interrumpía la libre circulación.

-¿Con qué se encontraron durante el operativo de ayer?

-Nos encontramos con la realidad social con la que vivimos en Tandil, gente comercializando productos perecederos, papas o cebollas a la vera de la ruta. Ahí seguían ocupando el espacio de la banquina, que pone en riesgo no sólo la seguridad de quien transita por la ruta, sino la del propio comerciante.

Las tareas de investigación van a continuar con el propósito de, una vez que la policía nos informe cuál es el panorama entre las dos rotondas, la de la74 y la 30, ver bien si ahí hubo una ocupación o una interrupción a las vías de comunicación.

-¿Hay personas particulares con causa allá?

-No. Esta investigación se inició el lunes, el día de ayer se dispuso el procedimiento y en función de lo que la policía nos informe a propósito de ese procedimiento y lo que se va a hacer en estos días, la Fiscalía va a evaluar eventualmente si hay alguna comisión de un delito. En principio hasta ahora no.

Todavía no nos llegaron las actuaciones policiales, pero ayer al menos, de las comunicaciones que tuvimos con la policía, no percibimos ni vimos la comisión de un delito al menos ayer.

-¿Más allá de que haya gente vendiendo al costado de la ruta?

-Claro, lo que ocurre es que eso sería una infracción a la Ley de Tránsito, no es un delito porque no está interrumpiendo la libre circulación. Sí que está poniendo en riesgo al que circula y la persona se está poniendo en riesgo a sí misma, pero no es un delito.

No es un delito autónomo distinto de la infracción a la Ley de Tránsito, que prohíbe que cualquier persona se detenga en la banquina a excepción que se trate de una emergencia. La banquina está precisamente pensada para la emergencia y no para detenerse ni tampoco para comercializar mercadería.

- En el caso de que se constate que sea solo una infracción a la Ley de Tránsito, ¿la Fiscalía también actúa en ese sentido?

-No, porque eso es una infracción que tiene la vía administrativa. La Fiscalía solo va a continuar la investigación en la medida en que encuentre la comisión de un delito, que vendría dada por la interrupción de la vía de comunicación.

Como ocurre cuando se da en protestas sociales que ocupan la ruta y hay una interrupción de la vía de comunicación. El artículo 197 del Código Penal es el tutela esta situación, y en ese caso, por tratarse de una ruta nacional, ahí sí, frente a la comisión de un delito, interviene la Fiscalía en la faz penal.

Todo lo otro continúa desde lo administrativo, continúa la multa que eventualmente le pueda formular el área de Habilitaciones. Ahí interviene la faz provincial o local, no la Justicia Federal.

-¿La Justicia Federal interviene también en el caso de los camiones y acoplados estacionados sobre la banquina?

-Se hace una infracción, sí. Eso sí nos ocurrió ayer, hubo acoplados que fueron dejados ahí a la vera de la ruta, no necesariamente en la banquina, pero sí en el bulevar lindante a la colectora. 

Y en ese caso se convoca a la Policía Vial, a Gendarmería y a la Municipalidad a través del área de Inspección y se elaboran las multas correspondientes. Pero siempre vinculado a la Ley Nacional de Tránsito, no al delito penal que es el que le da intervención a la Justicia Federal.

-De parte del Municipio habían transmitido que si bien se hicieron operativos similares en ocasiones anteriores, los vendedores volvieron…

-Claro, es un poco lo que está ocurriendo, tengo entendido que ocurrió en Pilar y en Rosario. Creo que a propósito de las cerealeras, que es una problemática grande que tienen allá, porque tienen largas filas de camiones en la banquina, al costado de la ruta.

Entiendo que es una cuestión social, quizás, y no tanto criminal como para abordar desde la investigación penal. La Fiscalía, como dije al principio, interviene frente a la comisión de un delito. Obviamente lo que hace es cesar o evitar que se vuelva a cometer, pero no es la Fiscalía la que tiene la función de prevenir que esto no vuelva a ocurrir.

-¿Fue inmediata la respuesta de la Gendarmería al pedido de la Fiscalía?

-Sí, desde ya. La Gendarmería, y participó en el procedimiento de Policía Federal y también personal de la DDI y de la Municipalidad a través de las distintas áreas. Participó tanto Bromatología, como Inspección y Tránsito. En colaboración, para que sea todo ordenado.

La idea, entiendo yo, de la participación del área del Ejecutivo tiene que ver con esto, con desalentar que esto vuelva a ocurrir.

-¿Cómo continúa este proceso?

-Vamos a constatar qué es lo que eventualmente puede haber en la comisión de un delito y a partir de ahí veremos cómo prosigue la investigación. La denuncia nos da cuenta de la ocupación y distintas situaciones que se están dando al borde o al lateral de toda la trama de la ruta, con lo que tenemos que individualizar cuál es la ocupación y en qué medida. Son un montón los pasos que hay que hacer previo a la instrucción.

El sorteo de la primera denuncia contra Javier Milei por el “Criptogate” derivó la causa al despacho de la jueza María Servini y al fiscal Eduardo Taiano. Sin embargo, un dato significativo emerge en este contexto: Federico Taiano, hijo del fiscal, desempeña un rol dentro del gobierno de Javier Milei, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso judicial.

Federico Taiano fue nombrado en agosto de 2024 como jefe de la “Unidad Bienes Decomisados”, un área creada especialmente para él y que depende directamente del ministro del Interior, Guillermo Francos. Antes de asumir este cargo, trabajó con Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires, cuando este ocupaba el Ministerio de Seguridad durante la gestión de María Eugenia Vidal. Actualmente, Ritondo es presidente del PRO y lidera su bloque en la Cámara de Diputados.

El avance de la investigación sobre la presunta estafa con criptomonedas involucra a funcionarios y allegados al oficialismo. La designación del fiscal Taiano en la causa cobra relevancia no solo por la posición de su hijo en el Gobierno, sino también por la decisión del Senado de rechazar la creación de una comisión investigadora. Con este escenario, el esclarecimiento del “Criptogate” queda exclusivamente en manos de una fiscalía con fuertes vínculos dentro del oficialismo.

A pesar de esto, el fiscal imputó al presidente Milei por su presunta participación en la promoción de la criptomoneda $LIBRA. No obstante, las relaciones entre el fiscal y el Ejecutivo siembran dudas sobre la objetividad del proceso.

El abogado penalista Marcos García se refirió a la situación: “El fiscal Taiano debe excusarse de seguir interviniendo en la causa, tal como lo establece el Código Penal de la Nación en su artículo 64, inciso 2. Si no lo hace, la jueza Servini, con pleno conocimiento de sus vínculos con el Gobierno, tiene la obligación de removerlo según el artículo 65, inciso 2. De lo contrario, ambos podrían ser sometidos a un proceso de juicio político en el Senado”.

A una década de la muerte del fiscal Alberto Nisman, sus hijas Iara (25) y Kala (18) decidieron hablar juntas por primera vez.

En una entrevista realizada por Diego Leuco en ZuluTV, las jóvenes recordaron el fatídico 18 de enero de 2015, cuando la noticia de la muerte de su padre cambió sus vidas para siempre.

Por entonces, Iara tenía 15 años y había viajado junto a su papá por su cumpleaños. Sin embargo, las vacaciones se interrumpieron abruptamente cuando Nisman decidió regresar a Buenos Aires por la urgencia de presentar la denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Antes de irnos al próximo destino, él se larga a llorar y me dice que nos volvemos a Buenos Aires juntos porque tenía que presentar la denuncia. Me dio explicaciones, pero en ese momento no entendí mucho”, recordó Iara, quien hoy es arquitecta.

Por su parte, Kala, de tan solo 8 años en ese entonces, compartió su memoria de esa noche: “Estábamos en París con mi mamá y mi hermana. Me desperté y vi a mamá e Iara llorando. Era todo muy confuso”.

Ambas jóvenes coinciden en que su papá fue asesinado: “Nunca en nuestra familia nadie dudó de que haya sido un asesinato”, aseguraron.

Aunque en los primeros años después del hecho Kala soñaba con estudiar abogacía para investigar la verdad, con el tiempo, gracias al apoyo de su madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado, decidió enfocarse en recordar a su papá desde otro lugar: “Mi mamá me enseñó a no darle importancia a lo que pasó, sino a recordarlo con fotos y las cosas que guardo de él”.

Iara, por su parte, expresó: “Yo sé lo que necesito saber. Todo lo demás es seguir con el dolor y la angustia. Creo que lo que papá hubiese querido es que sigamos adelante con nuestras vidas”.

Tanto Iara como Kala definieron a su padre como un héroe, destacando la importancia de su trabajo en la causa AMIA: “Lo que él investigó, hoy se está probando”.

Añadió que la labor de su padre fue crucial para que Argentina no quedara alineada con países o intereses que contradecían los valores democráticos del país: “Dio su vida por algo que creía justo. Eso a mí me reconforta mucho”.

Kala también reflexionó sobre el impacto del legado de su padre: “Con el tiempo entendí lo importante que fue su rol, sobre todo al ver cuánto lo apoya la gente. Eso me hace admirarlo aún más”.

Ambas hermanas recordaron la “marcha de los paraguas”, realizada a un mes de la muerte de Nisman. Para Iara, la marcha fue un momento de emociones encontradas: “Por un lado, fue lindo recibir tanto apoyo. Pero también fue muy abrumador. Sentía claustrofobia entre tanta gente y la lluvia, aunque fue un día muy emocionante”.

Desde la Fiscalía Federal de Tandil informaron a la ciudadanía en general que desde el 13 de noviembre próximo el organismo comenzará a funcionar en una nueva sede, ubicada en la calle Las Heras 874.

La dependencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación muda sus instalaciones desde San Lorenzo 206 -a donde funcionó desde su inauguración en el año 2013-, tras la búsqueda de un nuevo inmueble dispuesta administrativamente por la Procuración General de la Nación en diciembre de 2022. La locación de la nueva sede fue aprobada mediante la Resolución ADM 230/2024, del 19 de agosto de 2024. 

A partir de entonces se realizaron diversas obras de reacondicionamiento del lugar, destinadas tanto al personal de la Fiscalía como para el público y las partes que concurran en el marco de los procesos que se desarrollan. Se informa, por último, que los datos de contacto de la Fiscalía continuarán siendo los mismos, el teléfono 0249 443-0729, y el correo electrónico fisfedtnd@mpf.gov.ar.

El fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, sostuvo que el robo de cables se registra principalmente en las dos ciudades más grandes de la jurisdicción, Tandil y Olavarría, por la cantidad de habitantes y el volumen de desarrollo económico que tiene cada una, pero alertó que se trata de una problemática que es común a otros distritos de la provincia y del país.

Bajo ese enfoque, y puntualizando la experiencia local, ratificó a El Eco Multimedios que hay una reunión prevista con las autoridades municipales para abordar un tema que ganó espacio en la agenda pública en las últimas semanas. La preocupación del Municipio, y de la Usina Popular, se basa en el incremento en los casos –en promedio, dos día- y en el perjuicio económico y en las dificultades para la prestación del servicio que genera. 

En diálogo con el ciclo radial “La Mañana de El Eco” (104.1 Tandil FM), el funcionario judicial trazó los lineamientos del trabajo de la Justicia y dijo, para llevar tranquilidad, que “estamos trabajando en el tema”.

Frente a este escenario, remarcó que en las dependencias judiciales hay cerca de medio centenar de expedientes vinculados al robo de cables desde que comenzó el año. Son todos casos individuales que se investigan de manera particular. De todos modos, no descartó que “si hay una sumatoria, un modus operandi y varias personas actuando, puede transformarse en una asociación ilícita”.

“Hay que tener en cuenta que hay un lineamiento y una forma de investigar estos temas, puede tardar un poco más o un poco menos, pero con garantías constitucionales debidas se puede investigar y alcanzar buenos resultados”, sentenció el fiscal general.

Un tema que preocupa

En primer término, el funcionario indicó que, en lo que va del año, hay más de 50 causas vinculadas al delito de robo de cables según lo informado por los fiscales con asiento en la ciudad, la mayoría de las cuales se encuentra en trámite.

“Es una temática que le preocupa a todos, a los vecinos, a la Usina, a las autoridades policiales y a nosotros también”, subrayó.

En detalle, informó que la policía desarrolla las correspondientes investigaciones a instancias de lo requerido por los fiscales y que algunas se encuentran “muy avanzadas”.

En ese sentido, y si bien evitó adelantar información sobre otros expedientes que se encuentran en proceso, mencionó el reciente allanamiento en una vivienda de Pizzorno al 600 en el cual la policía secuestró más de 300 kilos de cables de tendido telefónico que se encontraban en posesión de una persona, además tres millones de pesos argentinos y dos mil dólares.

Lineamientos 

Por otro lado, el fiscal general apuntó que las causas “no se solucionan de a una, sino a través de medidas en conjunto” que bajan de la dependencia que dirige hacia las unidades de fiscalía, “y esa es, por ley, nuestra función”.

Asimismo, reconoció que “nunca tuvimos una reunión específica con las autoridades municipales sobre este tema”, aunque tomó la preocupación que llegan desde distintos ámbitos frente a la problemática. “Tomamos medidas y se bajaron determinadas líneas”, por lo que “hay investigaciones en curso y algunas tuvieron resultado”, insistió.

De todos modos, planteó que todo ese sistema demanda su tiempo y que, en última instancia, “lo veremos a través de resultados específicos que tengan con aprehendidos, detenidos o condenas futuras”, completó.

En cuanto a los tiempos en los procesos, Sobrino aclaró que no existe un sistema para estimar el desarrollo de las investigaciones y explicó que depende muchas veces de las diligencias que se lleven adelante, que se encuentren elementos permitan definir “un hilo conductor” para llegar a quienes están detrás del delito, de peritajes o del Código Procesal Penal.

Además, son los jueces los que otorgan las medidas solicitadas por los fiscales a partir del material probatorio reunido para que los procedimientos tengan resultados positivos.

-¿Qué tipo de delito es?

-Entiendo que es un robo. El hurto es cuando no hay daño ni violencia a las personas. Un robo es cuando hay un daño. En este caso, tuvieron que cortar (cable), entonces hay robo.

-Si hay una posible derivación de la causa de la justicia ordinaria a la federal, considerando si se interrumpe un servicio público, ¿cómo se procede?

-Hay distintas posibilidades de la derivación de la competencia. Una es por el ámbito donde se desarrolla. Entonces, si es dentro de un ámbito federal, como la Base Aérea, por ejemplo, interviene la Justicia federal. Si se prueba que la característica es la interrupción de las comunicaciones podría derivarse.

-¿Puede llegar a agravar la pena?

-No, porque el Código Penal es el mismo para la competencia federal y provincial. Los mínimos y máximos que tendrá por el delito correspondiente serán los mismos para la competencia federal como provincial.

“Garantías individuales”

En otro pasaje de la entrevista, el fiscal general opinó que “elevaría las penas de muchísimos delitos”, pero que es algo que “nos excede y que tiene que ver con el Código Penal”.

Si bien reconoció que es una visión “mucho más dura”, no es simple implementar una modificación “porque tiene que tener una integralidad y coordinación de todo”.

Sobre los casos con sospechosos que son aprehendidos y liberados después, Sobrino explicó que en un delito, la policía procede a la aprehensión de una persona sospechada por un determinado delito. La ley marca que si se determina que la conducta es delictiva, “el fiscal tiene que indagarlo por determinado delito” y puede pedir también la detención. “El gran problema que tenemos es que algunos delitos son detenibles y otros excarcelables, entonces un juez ordena la detención, el defensor va a presentar una excarcelación y el juez en cinco días tiene que resolver la excarcelación”, planteó.

“Nos tenemos que poner de acuerdo hasta dónde llegan las garantías individuales y eso está en un Código prefijado. Existe el principio de legalidad que nos asegura a todos los ciudadanos, es una garantía constitucional, que la ley tiene que ser previa al hecho del proceso. No podemos aplicar una ley posterior, más grave, aunque nos guste”, concluyó el fiscal general.

Este Congreso Internacional se llevó a cabo el 23 de abril, de 9 a 17, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el salón del Yacht Club Puerto Madero y fue organizado por la División de Capacitación y Desarrollo de Recursos de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, a cargo del Comisario General Carlos Gabriel Rojas.

El evento fue gratuito y abierto a todo público, y tuvo como objetivo concientizar y generar las herramientas para evitar las estafas y cibercrímenes actuales.

El Fiscal General del Departamento Judicial de Azul, Alejandro Sobrino,  estuvo acompañado por el fiscal Lucas Moyano el cual fue uno de los expositores en dicho Congreso Internacional de Delitos Asistidos Tecnológicamente, y también lo acompañaron el doctor Facundo Sánchez de la localidad de Olavarría y  Martín Dupuy, auxiliar letrado de la Fiscalía General de Azul.