El Instituto Agrotecnológico de Tandil fue el escenario de la quinta edición de Tecno Bio 360, un evento enfocado en las últimas tecnologías aplicadas al agro y la producción con biológicos. La jornada, que tuvo lugar el pasado miércoles, contó con la participación activa de diversas entidades locales y regionales, con especial presencia del Municipio de Tandil a través de las direcciones de Asuntos Agropecuarios, Ambiente y Salud.

La organización del evento estuvo a cargo de la Asociación de Pulverizadores de Tandil, junto con la unidad integrada del INTA Balcarce y la articulación municipal, lo que le otorgó un carácter aún más significativo dentro del sector agroindustrial de la región.

Uno de los momentos destacados fue la realización de un curso presencial dirigido a aplicadores terrestres de fitosanitarios, una capacitación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario en conjunto con las áreas municipales de Agropecuarios, Salud y Ambiente. La formación tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa local, especialmente la Ordenanza N° 17.404 y su Decreto Reglamentario 1800/22, que regulan el uso y aplicación de fitosanitarios en el ámbito del partido de Tandil.

El curso, que incluyó tanto contenidos teóricos como prácticos, estuvo dirigido a operarios de maquinarias de pulverización y brindó la oportunidad de obtener el carnet habilitante correspondiente. Esta certificación es un requisito fundamental para quienes realizan tareas de pulverización en el ámbito rural.

Matías Posse, director de Asuntos Agropecuarios del Municipio, destacó la importancia de estas instancias formativas. “Es fundamental seguir fortaleciendo estos espacios de capacitación, porque permiten no solo cumplir con la normativa vigente, sino también promover prácticas responsables y seguras en el uso de fitosanitarios”, declaró. “La articulación entre el Municipio, la Provincia y los distintos actores del sector es clave para garantizar una producción sustentable y el cuidado de la salud de la comunidad”, añadió.

La capacitación contó con una convocatoria cercana a las 100 personas, quienes, una vez finalizado el curso, podrán continuar con el proceso para obtener el carnet municipal de pulverización. Para ello, deberán completar los trámites correspondientes en el Hospital Municipal de Tandil, donde se gestiona la libreta sanitaria necesaria para su habilitación.

En el marco de la apertura de la quinta edición de Tecno Bio, un evento que se ha consolidado como un espacio regional para el diálogo entre la ciencia, la tecnología y la producción, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, brindó un discurso centrado en la defensa del sistema científico-tecnológico nacional. Ante un auditorio compuesto por autoridades académicas, representantes del sector privado, organismos de investigación y productores, el funcionario remarcó que no existe posibilidad de desarrollo económico sin una apuesta decidida por el conocimiento.

El encuentro, que transitó su quinto año, logró reunir a una diversidad de actores que componen el entramado productivo y educativo de la región. Durante su intervención, Rodríguez destacó la presencia de empresas, colegios profesionales, asociaciones de aplicadores y cámaras del sector, junto a representantes de la educación secundaria y las máximas autoridades de dos universidades nacionales -Unicen y Mar del Plata- y del INTA. Para el ministro, esta síntesis entre el sector público y el privado es la clave para abordar los desafíos que impone el vertiginoso ritmo del cambio tecnológico actual.

Rodríguez enfatizó que el Ministerio de Desarrollo Agrario no solo tiene la tarea de diseñar políticas y normativas para el sector agropecuario y agroalimentario, sino también la responsabilidad de desarrollar ciencia y tecnología. En este sentido, señaló que ámbitos como Tecno Bio permiten conocer de primera mano las proyecciones y la mirada prospectiva necesaria para entender cómo se producirá en el futuro cercano. "Es difícil hoy predecir cómo se va a producir en el sector agropecuario y agroalimentario dentro de diez años", admitió el funcionario, poniendo como ejemplo el impacto de los drones en la actividad.

"En el último año la productividad de los drones se duplicó. Por capacidad, por cantidad y por velocidad, tuvo un incremento del 100 por ciento en un año. Fíjense si no estamos hablando de un tremendo cambio tecnológico con muchísimas consecuencias", graficó el ministro para ilustrar la velocidad de las transformaciones en el campo.

Para el titular de la cartera agraria boaerense, el avance tecnológico no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar un desarrollo integral que mejore las condiciones de vida de toda la población. En su alocución, planteó interrogantes sobre cómo estas nuevas herramientas pueden fortalecer el arraigo en cada localidad y generar nuevas oportunidades de trabajo para los habitantes de la provincia. Según su visión, la respuesta reside en generar espacios de diálogo que permitan pensar las consecuencias y características de cada innovación.

Rodríguez fue categórico al vincular la eficiencia del campo con el soporte científico que lo sustenta. "Atrás de la competitividad del sector agropecuario está la ciencia y la tecnología. Si el sector agroalimentario es competitivo, es porque tiene un pilar tecnológico que es fundamental", sostuvo. 

Asimismo, desmitificó la idea de que la tecnología es algo que se adopta de forma espontánea o externa: "La tecnología no es que se adopta como maná que cae del cielo. Se necesita el conocimiento específico, la posibilidad de la adaptación y el conocimiento de la realidad concreta de cada uno de los lugares para poder mejorarla", remarcó.

Uno de los puntos más álgidos del discurso fue la mención al contexto nacional de recortes presupuestarios. En sintonía con las preocupaciones expresadas previamente por autoridades universitarias, el ministro lamentó que el sistema científico-tecnológico esté siendo atacado. "En momentos donde se ataca, donde se desfinancian los distintos organismos y las distintas instituciones de ciencia y de tecnología, nosotros desde la Provincia seguimos sosteniendo nuestra mirada de que necesitamos más ciencia y tecnología", afirmó con firmeza.

El funcionario argumentó que la inversión en este rubro es una condición necesaria para los países que se encuentran en estadios intermedios de desarrollo. Para Rodríguez, la ciencia no se construye de manera aislada, sino a través del diálogo constante entre el sector público y el privado, y mediante encuentros que permitan fortalecer el desarrollo regional. En este sentido, puso en valor la capacidad de la región para generar conocimiento propio y mostrarlo al mundo como un primer paso hacia el fortalecimiento económico.

Al cierre de su intervención, el ministro felicitó a los organizadores por alcanzar la quinta edición del evento, recordando que, si bien la primera suele ser la más difícil, mantener la continuidad y sumar nuevos actores es el verdadero reto. Para el Gobierno provincial, que Tecno Bio se haya consolidado en esta región de la provincia de Buenos Aires es una muestra de la enorme capacidad de los profesionales y productores locales.

Finalmente, Rodríguez reiteró el compromiso del Ministerio de Desarrollo Agrario para seguir impulsando políticas que vinculen la investigación con la producción real. "Estamos convencidos de que mostrar es también un paso, el primer paso que hay que dar para fortalecer el desarrollo regional", concluyó, dejando inaugurada una jornada clave para el futuro del agro en la zona.

El Municipio de Tandil oficializó mediante el Decreto Nº 423/2026 la suspensión temporal y precautelar del artículo 8 de la Ordenanza Municipal Nº 17.404, luego de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el marco de una causa por presunta inconstitucionalidad de normativas vinculadas al uso de agroquímicos. La medida, notificada a la comuna el 7 de enero pasado, tuvo carácter transitorio y alcanzó únicamente a ese artículo específico, mientras el máximo tribunal provincial continuaba analizando el fondo del planteo judicial.

El decreto, fechado el 4 de febrero y firmado por el intendente interino Juan Pablo Frolik junto al secretario de Gobierno Miguel Lunghi, dispuso comunicar formalmente la suspensión a las distintas áreas municipales con injerencia en la aplicación de la ordenanza, al Honorable Concejo Deliberante y a entidades profesionales vinculadas al sector agropecuario, además de ordenar su difusión pública.

Desde el Ejecutivo comunal se aclaró que la suspensión judicial tuvo carácter precautelar y que el resto del articulado de la ordenanza permaneció vigente sin modificaciones. Asimismo, se indicó que, en forma subsidiaria, continuó siendo aplicable la normativa provincial existente en la materia hasta tanto la Suprema Corte bonaerense se expidiera de manera definitiva.

El texto del decreto también señaló que el Municipio debía desplegar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la decisión judicial, en línea con lo dispuesto por el máximo tribunal provincial.

En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica intervino en el proceso administrativo y recomendó la publicidad de la medida, lo que derivó en la emisión del decreto correspondiente. Además, se dispuso que tomaran conocimiento formal distintas dependencias municipales, entre ellas las secretarías de Servicios Públicos, Desarrollo Productivo e Innovación y Protección Ciudadana.

La decisión judicial se inscribió en un proceso que analiza la constitucionalidad de ordenanzas vinculadas al uso de agroquímicos tanto en Tandil como en el partido vecino de Rauch, lo que generó repercusiones en el ámbito productivo, ambiental y político local.

Tal como había informado oportunamente El Eco de Tandil, la Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió el 30 de diciembre suspender preventivamente la aplicación del artículo 8 de la ordenanza que regula los agroquímicos en Tandil, en el marco de una causa iniciada por vecinos que cuestionaron la constitucionalidad de esas normativas por su impacto ambiental.

La medida cautelar tuvo carácter transitorio y buscó preservar el ambiente mientras el tribunal reunía información suficiente para analizar en profundidad los planteos. Según se indicó, la Corte consideró que en el estado del expediente se carecía de elementos relevantes para evaluar plenamente la constitucionalidad de las ordenanzas y la pertinencia de las medidas solicitadas.

En concreto, la suspensión alcanzó al artículo que establecía distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, especialmente en zonas cercanas a cursos de agua y áreas sensibles. También se dispuso una medida similar sobre una ordenanza del municipio de Rauch, dado que ambos distritos integran la cuenca del arroyo Chapaleofú, área señalada como potencialmente afectada por estas prácticas.

Los demandantes sostuvieron que las normativas permitían criterios de protección ambiental considerados regresivos o insuficientes, con posibles riesgos para el recurso hídrico y la salud de la población. En ese sentido, la Suprema Corte puso el foco en el principio precautorio ambiental y en la necesidad de evaluar adecuadamente los efectos de las fumigaciones en zonas cercanas a cursos de agua y espacios recreativos.

Además, el tribunal ordenó a ambos municipios remitir antecedentes administrativos, estudios técnicos y evaluaciones ambientales vinculadas a las ordenanzas cuestionadas, con el objetivo de contar con elementos suficientes antes de emitir un pronunciamiento definitivo.

La oficialización de la suspensión mediante el decreto municipal implicó adecuar la normativa local a la decisión judicial y asegurar su cumplimiento institucional. No obstante, desde el Municipio se remarcó que la ordenanza 17.404 continuó vigente en todos sus demás artículos, lo que mantuvo el esquema regulatorio general sobre la actividad mientras se definía la cuestión de fondo.

El tema de los agroquímicos y su regulación ha sido históricamente objeto de debate en Tandil, tanto por la relevancia de la actividad agropecuaria en la región como por la preocupación de sectores sociales y ambientales respecto de sus posibles impactos.

En ese contexto, el proceso judicial abierto ante la Suprema Corte bonaerense dejó planteado un escenario aún sin resolución definitiva, en el que convivieron la aplicación parcial de la normativa local, la vigencia de la legislación provincial y la expectativa por el fallo final del máximo tribunal.

Mientras tanto, la decisión administrativa adoptada por el Municipio buscó dar cumplimiento formal a la resolución judicial, garantizar su difusión y ordenar la actuación de las áreas involucradas, en un tema que continuó generando atención en la agenda pública local.

El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, volvió a reclamar el tratamiento de una ley provincial que establezca reglas claras para el uso de productos fitosanitarios. Su posicionamiento ocurrió tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires de suspender de manera preventiva las ordenanzas municipales que regulaban estas prácticas en los partidos de Tandil y Rauch.

De acuerdo a lo expresado por el legislador, la cuestión había sido abordada por su espacio político hace unos cuatro años, cuando impulsaron una iniciativa para ordenar el marco normativo. En ese contexto, Bugallo recordó que la normativa vigente no fija límites específicos. “La ley actual no estipula distancias”, sostuvo. Además indicó que, en función del principio de que “todo lo que no está prohibido, está permitido”, las aplicaciones pueden realizarse sin restricciones determinadas.

No obstante, el diputado señaló que la falta de una regulación provincial con parámetros definidos llevó a que numerosos municipios avanzaran con normativas propias. “Bajo presión social, cada uno mete una ordenanza”, expresó, al advertir que esas disposiciones locales avanzan sobre atribuciones que corresponden a la Legislatura bonaerense.

Desde su perspectiva, estas medidas municipales suelen justificarse en razones de “seguridad sanitaria”, pero terminan legislando sobre una temática de competencia provincial. “No le compete a los municipios”, sostuvo Bugallo, remarcando la ausencia de criterios homogéneos en el territorio bonaerense.

El legislador también puso en duda el rol de la Justicia en este tipo de definiciones y citó el antecedente de Pergamino, donde un fallo judicial estableció una distancia de 1.095 metros para las aplicaciones, una decisión que, según afirmó, “genera un desorden tremendo a nivel territorial”.

En ese marco, Bugallo reiteró que su espacio cuenta con un resumen del proyecto presentado anteriormente, con ejes centrales y lineamientos sobre los puntos que debería contemplar una futura ley provincial de fitosanitarios. Asimismo, adelantó que volverá a insistir con la iniciativa, que perdió estado parlamentario.

“La verdad que sí es necesaria una ley”, insistió el diputado al señalar que sin una norma general “cada municipio hace lo que quiere” y que, en muchos casos, predominan posturas ideológicas por sobre criterios técnicos o científicos.

“Hoy muchos hablan de glifosato, de Monsanto”, planteó Bugallo, al cuestionar ese enfoque y aclarar que la empresa ya no opera en la Argentina y que ese herbicida no es el único insumo utilizado en la producción agrícola.

Por último, el legislador sostuvo que los productos, cuando son aplicados de manera adecuada, no provocan los daños que se les atribuyen. “El glifosato es banda verde y está habilitado por el Senasa”, afirmó. “El problema no es el producto en sí, sino si se utiliza de manera incorrecta, sin receta agronómica ni supervisión profesional”, remarcó.

Bugallo explicó que el debate en torno a los fitosanitarios se encuentra principalmente ligado a la sanidad vegetal y que, en múltiples ocasiones, se mezclan esos conceptos con la salud humana.

La resolución de la Suprema Corte se dio en el marco de una causa de inconstitucionalidad vinculada al impacto ambiental en la cuenca del arroyo Chapaleofú. En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica sostuvo que afirmar que un producto “contamina, envenena o mata” es similar a considerar que un medicamento es dañino por naturaleza, y subrayó que el eje debe estar puesto en el uso responsable.

Finalmente, remarcó que las aplicaciones deben realizarse con receta agronómica, con el aval de un ingeniero agrónomo y utilizando productos autorizados por los organismos competentes.

Tras la recomendación del procurador Julio Conte Grand, la Suprema Corte de Justicia ordenó suspender de manera preventiva el artículo 8 de la ordenanza que regula la aplicación de fitosanitarios en Tandil -y su análoga de Rauch-, y en particular la distancia con respecto a establecimientos educativos y cauces hídricos. Fue a raíz de una solicitud de la organización vecinal Defensores Ambientales del Chapaleofú, quienes advirtieron por análisis que registraron presencia de 4D, Glifosato y Atrazina en el agua de las cuencas de arroyos que comparten ambos partidos. 

Por el tema fue consultado Juan Maciá Cantarelli, secretario de Legal y Técnica del Municipio, quien dio a conocer la mirada de las autoridades comunales sobre la situación. Indicó que al momento no fueron notificados de manera oficial –aparentemente por un error administrativo en la Justicia-, pero señaló que eso se producirá en febrero, y en todo caso deberán atenerse a lo resuelto por el máximo organismo judicial bonaerense.

Planteó que la suspensión del mencionado artículo retrotraería el marco normativo al del 1988, y que “siempre es peor un vacío legal”. Además, indicó que tomará contacto con las autoridades de Rauch, y que se encuentra reuniendo la información requerida por la Suprema Corte. También, que la ordenanza cuestionada fue resultado de un exhaustivo trabajo legislativo y ciudadano, votada por el conjunto de los bloques.

“Siempre es peor un vacío legal. Porque en el vacío legal es donde se producen las irregularidades, o las cuestiones que no deseamos. Y al no estar normadas no se puede aplicar una sanción que eventualmente podría disponer la norma”, expresó.

-La Suprema Corte de Justicia resolvió la suspensión preventiva del artículo de la ordenanza de aplicación de agroquímicos que marca la distancia para realizar esas aplicaciones en establecimientos y cauces de agua. ¿Cómo es la situación con respecto a esto? ¿El Municipio fue notificado?

-Juan Maciá Cantarelli: No. Consultamos el expediente de la causa que se inició en un juzgado contencioso administrativo de La Plata y después pasó a la Suprema Corte, y advertimos que la última resolución, del 30 de diciembre, fue notificada únicamente al domicilio electrónico de la Municipalidad de Rauch. No vimos nuestro domicilio cargado, por ende no nos llegó. Y nos enteramos por los medios.

-Era un tema que desde Legales venían siguiendo…

-Sí, a título informativo. Porque más tarde o más temprano nos van a correr traslado de la demanda y sí vamos a tener que dar otro tipo de intervención. Eso va a ser en febrero, salvo que se habilite durante la feria. Y esta notificación implica que tenemos que acompañar información y documentación de todo el recorrido que hizo la ordenanza, la 17.404 en el 2020, cuando arrancó.

-Por eso están reuniendo la documentación…

- Ya pedí el expediente al Concejo Deliberante, y lo estuvimos analizando. Independientemente de cumplir con la medida precautoria, que es recurrible, apelable, nosotros la tenemos que cumplir.

En ese cumplimiento es donde nosotros advertimos que hay una manera de ir hacia el pasado. Porque la Corte nos está diciendo que cumplamos una ley del año 1988 y un decreto de 1991, que solo circunscribe a aplicaciones aéreas de parte de empresas. En el ’91, entiendo que no existía el desarrollo que hay hoy de la aplicación de fitosanitarios. Entendemos que la Corte, al ordenar ir a aquella normativa, está dejando afuera los cursos de agua, los pozos…

-¿Sin regularizar?

-Totalmente. La ordenanza vino en su momento a regularizar cuestiones que no habían sido pensadas en el ’88 o el ’91. En la legislación nacional y provincial no se habla mucho de distancias. Solo el decreto del año 1991 habla de dos mil metros, pero circunscripto únicamente a las aplicaciones aéreas. O sea, los aplicadores podrían pasar con un mosquito por arriba del curso de agua hoy, porque la Corte nos llevó al ‘88.

-¿Quiere decir que desde el Municipio consideran peor que haya un vacío legal?

-Siempre es peor un vacío legal. Porque en el vacío legal es donde se producen las irregularidades, o las cuestiones que no deseamos. Y al no estar normadas no se puede aplicar una sanción que eventualmente podría disponer la norma.

-En el caso de que se haga efectiva la suspensión, ¿correría la distancia de 2 mil metros para aplicaciones aéreas, pero con un mosquito podrían ser menos de 50 metros?

-Es que no está normado. Volvemos un vacío. Y eso es lo riesgoso. Por eso está buenísimo que la Corte haya pedido los antecedentes legislativos de cada uno de los Concejos Deliberantes, porque esto necesariamente va a traer luz a la cuestión necesariamente.

-La Corte ordena suspender un artículo, pero pide mayor información sobre los antecedentes de la sanción de la ordenanza local.

-La Corte pide información, los antecedentes, y en qué se basaron para sancionar la ordenanza. Entonces, ahí es donde advierto que la ordenanza tiene muchísimos aspectos positivos en cuanto camino legislativo y la labor parlamentaria. 

Fue sancionada por 19 de 20 concejales, y no hubo 20 porque por lo que me cuentan, hubo manifestaciones y un concejal se levantó para hacer determinada cuestión en cuanto a la seguridad del recinto. O sea, hubiesen sido 20 de 20. 

Fue con un consenso de todos los espacios políticos, sumados a que hubo una participación activa de varios sectores de la sociedad, tanto del lado del campo, como de colectivos sociales de, si se quiere, preservación del medio ambiente. Fueron escuchadas todas las voces.

Fue una ordenanza que su elaboración llevó alrededor de dos años. Se trabajó intensamente, se mejoró y superaron los vacíos de la legislación provincial. Tiene muchísimas cosas positivas. Hoy volvemos con la resolución de la Corte a generar un vacío.

-Cuando sean notificados, ¿Cómo sigue todo?

-Internamente tenemos que cursar las distintas notificaciones de la medida precautelar a las autoridades de aplicación, a Asuntos Agropecuarios, a las Cámaras Empresarias, al Colegio de Ingenieros, a los aplicadores. La ordenanza generó varias mesas de diálogo y de seguimiento a la misma, en esa composición hay que comunicar a todos.

-Pero una vez que resuelve la Corte ¿el artículo queda suspendido en el momento?

-Sí, porque ordena a título cautelar la suspensión de lo previsto en el artículo, debiendo los municipios desplegar las debidas acciones para el cumplimiento de esta decisión.

Agua con fitosanitarios

-Esto tiene su origen en un análisis de agua que arrojó presencia de fitosanitarios en el Balneario de Rauch y en el cauce de arroyos que comparte con Tandil. ¿Qué mirada tienen sobre eso? ¿Hay algún tipo de acción a tomar?

-Me voy a poner en contacto con las autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Rauch para trabajar en conjunto esta demanda que nos involucra a los dos.

Por haber sido director de Obras Sanitarias, conozco que nosotros los análisis que se hacen en nuestros pozos de agua. Con un protocolo que tenemos, avalado por la Autoridad del Agua con un laboratorio prestigioso de Mar del Plata, con cadena de custodia. Después, los análisis que se hacen sobre los cursos de agua, los desconozco. No era antes mi ámbito de funciones y hoy tampoco desde la Secretaría de Legal y Técnica. Cuando reunamos todos los elementos podemos hacer otra nota y contar qué vemos desde lo jurídico y normativo.

La Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia de Buenos Aires (Capba), entidad que representa a las empresas aeroaplicadoras, pilotos, operadores y profesionales del sector agroaéreo en todo el territorio bonaerense, manifestó su profunda preocupación por las publicaciones vinculadas a la cuenca del arroyo Chapaleofú y por la reciente medida cautelar dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

A través de un documento publicado este lunes, la entidad señaló que en las últimas semanas se había informado ampliamente sobre la cautelar dispuesta a fines de diciembre de 2025 e inicios de enero de 2026, que suspendió provisoriamente la aplicación de artículos claves de las ordenanzas municipales de Tandil y Rauch: la Ordenanza Nº 17.404/2021 del Partido de Tandil, vigente desde agosto de 2022, y la Ordenanza Nº 850/12 del Partido de Rauch.

La medida judicial, impulsada por la ONG Defensores Ambientales de la Cuenca del Chapaleofú y respaldada por el dictamen del procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, se fundó en los principios preventivo y precautorio en materia ambiental, en la protección del recurso hídrico como bien de interés público colectivo y en la presunta incompatibilidad de las distancias establecidas en dichas ordenanzas con la normativa provincial vigente, la Ley 10.699 y su Decreto Reglamentario 499/91.

Desde la Capba se indicó que la Cámara reconoció y respetó plenamente el marco legal y judicial vigente, así como la importancia prioritaria de proteger la salud pública, el ambiente y los recursos hídricos, especialmente en una cuenca compartida como la del Chapaleofú, que abastecía zonas pobladas, balnearios municipales y usos recreativos y turísticos en los partidos de Tandil y Rauch.

Problemática

No obstante, la entidad subrayó que las ordenanzas suspendidas habían sido el fruto de procesos extensos, participativos y de consenso que involucraron a todo el arco productivo regional, incluyendo productores agropecuarios, arrendatarios, contratistas de servicios, ingenieros agrónomos, asesores técnicos, la Sociedad Rural de Tandil, la Sociedad Rural de Rauch, entidades agropecuarias locales, cámaras sectoriales, ambientalistas, concejales, expertos científicos y autoridades municipales. Según la Cámara, el objetivo común de esos procesos había sido equilibrar una producción agropecuaria moderna, responsable y sostenible con la efectiva protección de las zonas sensibles.

En la declaración se advirtió que el pedido de la ONG Defensores Ambientales de la Cuenca del Chapaleofú implicaba la imposición de distancias precautorias de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y de 2.000 metros para las aéreas. Según diversas evaluaciones técnicas realizadas por el sector productivo, esa exigencia deja fuera de la explotación agropecuaria convencional aproximadamente un 20% o más de la superficie productiva en las zonas afectadas de la cuenca.

De acuerdo con la Capba, ese escenario genera un impacto severo sobre miles de hectáreas, con consecuencias directas en la productividad, el empleo rural, las cadenas comerciales y de servicios asociadas y la seguridad alimentaria regional. La entidad recordó que, mientras se resuelve el fondo de la cuestión y los municipios presentaban los antecedentes técnicos requeridos por la Corte en un plazo de diez días, rige directamente la normativa provincial, que establece el marco regulatorio para las aplicaciones fitosanitarias tanto terrestres como aéreas, incluyendo habilitaciones obligatorias, capacitación permanente, intervención de profesionales agrónomos y la utilización de recetas agronómicas.

La Cámara remarcó además que la actividad aeroaplicadora en la provincia de Buenos Aires se desarrolla bajo estrictos estándares de Buenas Prácticas Agrícolas, con el empleo de tecnología de punta como GPS diferencial, boquillas antidrift, monitoreo satelital, registros digitales georreferenciados y auditorías permanentes, lo que, según afirmó, implicaba un compromiso real y demostrable en la minimización de riesgos ambientales y sanitarios.

Asimismo, sostuvo que sus asociados operan con plena conciencia de la responsabilidad que implicaba trabajar sobre cultivos extensivos y que contribuían de forma decisiva a la producción de alimentos segura, sostenible y eficiente en toda la provincia, incluida la región de la cuenca del Chapaleofú.

Consecuencias

En ese marco, la Capba indicó que contaba con el apoyo de las principales entidades del arco productivo regional y provincial, incluyendo instituciones que integraban la cadena agroindustrial bonaerense, las cuales compartían la preocupación por las consecuencias económicas y productivas de medidas que restringieran severamente la actividad sin un sustento técnico-científico consolidado.

Finalmente, la Cámara informó que se había puesto a disposición de las autoridades judiciales, provinciales y municipales, así como de todas las organizaciones involucradas, para aportar información técnica especializada, estudios científicos actualizados, datos operativos, experiencias prácticas y testimonios de campo que contribuyeran a un análisis objetivo y basado en evidencia. 

En ese sentido, reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible de la actividad agroaérea, en armonía con las comunidades y con el cuidado responsable del medio ambiente, y expresó su confianza en que la resolución definitiva del caso se fundaría en evidencia científica sólida y criterios técnicos razonables y proporcionales que permitieran compatibilizar la producción agropecuaria con la protección efectiva de los recursos naturales.

En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó la suspensión preventiva de las ordenanzas que regulan la aplicación de fitosanitarios en Tandil y Rauch. La medida se adoptó al advertir posibles riesgos ambientales y cuestionamientos de constitucionalidad vinculados con la cuenca del arroyo Chapaleofú.

El fallo, de carácter cautelar, pone el foco en el posible impacto ambiental que podría generar el uso de fitosanitarios sobre esa cuenca hídrica. En ese marco, los jueces consideraron necesaria una evaluación más profunda antes de avanzar con restricciones de mayor alcance, aunque destacaron el riesgo potencial de contaminación del recurso.

En este contexto, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza cuestionó la situación y afirmó que “una vez más, el vacío legal que existe en la provincia respecto a la aplicación de los fitosanitarios pone trabas a la producción en territorio bonaerense”. Además, sostuvo que “la decisión generó perdidas millonarias, con el argumento de las distancias permitidas, las cuales varían considerablemente de un municipio a otro”.

“Frente a este escenario, en septiembre de 2024, presenté un proyecto de ley para regular la aplicación de fitonsanitarios, pero lamentablemente sigue esperando por su tratamiento en comisión. No es la justicia quien debe definir los parámetros de aplicación, es un tema que debe ser abordado en la Legislatura, dando un debate serio y sin prejuicios”, remarcó Vaccareza.

A través del proyecto, la legisladora busca unificar criterios para la aplicación de fitosanitarios en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. “El conflicto inicial radica en que cada municipio tiene una ordenanza propia, lo que hace que se provoquen puntos críticos en los límites de las distintas dependencias”, explicó.

En esa línea, la diputada señaló que la Provincia cuenta con una normativa vigente desde 1998 que intenta regular la aplicación de estos productos. Sin embargo, consideró que, tras más de dos décadas y con los avances tecnológicos y la modernización de la maquinaria, la gestión encabezada por Axel Kicillof debería debería ponerse “a tono” y aprobar una norma que regule la actividad.

“Lo ideal es que como bonaerenses podamos aprobar una ley integral, que unifique los criterios del uso de agroquímicos", declaró. "Por eso, el proyecto que presenté contempla todos los puntos de vista, y fue escrito en colaboración con la Cámara de Ingenieros Agrónomos, veterinarios, la Sociedad Rural, Coninagro, el INTA, y otros sectores que hacen uso de fitosanitarios”, enfatizó.

La iniciativa impulsada por Vaccarezza propone establecer por ley un conjunto de buenas prácticas para la utilización de productos fitosanitarios. En ese sentido, la diputada remarcó que contar con una norma específica resulta una “necesidad imperiosa” de los municipios agropecuarios y la provincia de Buenos Aires. Finalmente, subrayó que el objetivo central del proyecto es implementar “buenas prácticas agrícolas” en todo el territorio bonaerense.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió ordenar la suspensión preventiva de la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el partido de Tandil, en el marco de una causa que también involucra a la Municipalidad de Rauch y que cuestiona la constitucionalidad de ambas normativas por su impacto ambiental sobre la Cuenca del arroyo Chapaleofú.

La decisión fue adoptada como medida cautelar, hasta tanto el máximo tribunal bonaerense cuente con información suficiente para analizar de manera acabada los planteos formulados por los vecinos y vecinas demandantes. En ese sentido, la Corte advirtió que, en el estado actual del proceso, “se carece de información relevante para analizar acabadamente el andamiaje del planteo”, tanto en lo referido a la constitucionalidad de las ordenanzas como a la procedencia del remedio preventivo solicitado.

En lo concreto, el fallo dispuso suspender provisoriamente la aplicación del artículo 8 de la ordenanza 17.404/21 de Tandil, que establece las distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, y del artículo 18 de la ordenanza 850/12 de Rauch, hasta tanto se sustancien los requerimientos de información ordenados por el Tribunal y se dicte una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión. La Corte también instruyó a ambos municipios a desplegar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida.

En el caso de Tandil el artículo 8º de la mencionada ordenanza dice: “Las aplicaciones de agroquímicos con equipos terrestres autopropulsados o de arrastre y equipos aéreos deberán dejar una distancia libre de aplicación (zona de exclusión) de 50 metros desde el margen de los cursos de agua principales, entiéndase lagunas, ríos, arroyos y estaciones de bombeo. En todos los casos se tomará en cuenta desde la vera de cualquiera de estos cursos de agua". También hace mención a: “Cursos de agua secundarios: son los denominados como afluentes menores, manantiales, acuíferos menores, arroyos menores (con un ancho menor a 2 metros), arroyos temporales, tendrán una zona de exclusión de 20 metros contando desde sus márgenes” y a “de los pozos de agua: la distancia de exclusión será de 50 metros cuando se trate de los pozos de agua pertenecientes a la Dirección de Obras Sanitarias del Municipio de Tandil”.

Sigue vigente

A pesar de la decisión judicial, el Municipio de Tandil mantiene vigente el artículo N°8 de la ordenanza 17.404/21.

Según señalaron fuentes del Ejecutivo a El Eco de Tandil, hasta el momento, no llegó la notificación de la resolución de la Suprema Corte.

Por dicho motivo es que no hubo ninguna acción concreta por parte del gobierno local a partir de lo que el máximo organismo judicial bonaerense resolvió.

Demanda

La causa fue iniciada por un grupo de vecinos y vecinas de Tandil y Rauch, quienes promovieron una demanda originaria de inconstitucionalidad al considerar que las ordenanzas cuestionadas habilitan criterios de protección regresivos, irrazonables e incongruentes, permitiendo el uso de agroquímicos peligrosos en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental y sanitario. En particular, señalaron el riesgo que estas prácticas representan para la Cuenca del Chapaleofú, a la que solicitaron se reconozca como un bien colectivo de interés público.

En los considerandos, la Suprema Corte puso el foco en el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, así como en la necesidad de adoptar decisiones judiciales acordes a los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental. En ese marco, destacó que los límites previstos para la aplicación aérea de agroquímicos en ambas ordenanzas “prima facie se apartan de las pautas que la Provincia ha fijado” en su normativa general, lo que refuerza la necesidad de una evaluación más profunda.

Contexto estacional

La resolución también tuvo en cuenta el contexto estacional, ya que la temporada de verano implica un incremento natural de la concurrencia de vecinos, turistas y visitantes a los balnearios municipales ubicados sobre la cuenca, lo que —según indicó el Tribunal— agrava los riesgos derivados de eventuales fumigaciones en zonas cercanas a cursos de agua y áreas recreativas.

Como parte de la medida para mejor proveer, la Corte ordenó librar oficio a los intendentes de Tandil y Rauch para que, en un plazo de diez días, remitan copias digitales de todos los antecedentes administrativos y actuaciones que dieron origen a las ordenanzas impugnadas, incluyendo estudios técnicos, evaluaciones de impacto ambiental y procesos de participación ciudadana, si los hubiera.

El fallo se enmarca en una línea de análisis que ya había sido anticipada por el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, quien en noviembre pasado dictaminó a favor de hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas. En su opinión, recomendó adoptar la solución más adecuada en resguardo del interés superior comprometido, especialmente ante la posible afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Hasta tanto la Suprema Corte se expida de manera definitiva sobre la pretensión de inconstitucionalidad, el Tribunal dejó establecido que, en lo referido al uso aéreo de agroquímicos, será aplicable de manera interina el régimen previsto en la ley provincial 10.699 y su decreto reglamentario 499/91, que fija los parámetros generales en la materia.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió ordenar la suspensión preventiva de la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el partido de Tandil, en el marco de una causa que también involucra a la Municipalidad de Rauch y que cuestiona la constitucionalidad de ambas normativas por su impacto ambiental sobre la Cuenca del arroyo Chapaleofú.

La decisión fue adoptada como medida cautelar, hasta tanto el máximo tribunal bonaerense cuente con información suficiente para analizar de manera acabada los planteos formulados por los vecinos y vecinas demandantes. En ese sentido, la Corte advirtió que, en el estado actual del proceso, “se carece de información relevante para analizar acabadamente el andamiaje del planteo”, tanto en lo referido a la constitucionalidad de las ordenanzas como a la procedencia del remedio preventivo solicitado.

En lo concreto, el fallo dispuso suspender provisoriamente la aplicación del artículo 8 de la ordenanza 17.404/21 de Tandil, que establece las distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, y del artículo 18 de la ordenanza 850/12 de Rauch, hasta tanto se sustancien los requerimientos de información ordenados por el Tribunal y se dicte una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión. La Corte también instruyó a ambos municipios a desplegar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida.

En el caso de Tandil el artículo 8º de la mencionada ordenanza dice: “Las aplicaciones de agroquímicos con equipos terrestres autopropulsados o de arrastre y equipos aéreos deberán dejar una distancia libre de aplicación (zona de exclusión) de 50 metros desde el margen de los cursos de agua principales, entiéndase lagunas, ríos, arroyos y estaciones de bombeo. En todos los casos se tomará en cuenta desde la vera de cualquiera de estos cursos de agua". También hace mención a: “Cursos de agua secundarios: son los denominados como afluentes menores, manantiales, acuíferos menores, arroyos menores (con un ancho menor a 2 metros), arroyos temporales, tendrán una zona de exclusión de 20 metros contando desde sus márgenes” y a “de los pozos de agua: la distancia de exclusión será de 50 metros cuando se trate de los pozos de agua pertenecientes a la Dirección de Obras Sanitarias del Municipio de Tandil”.

Demanda

La causa fue iniciada por un grupo de vecinos y vecinas de Tandil y Rauch, quienes promovieron una demanda originaria de inconstitucionalidad al considerar que las ordenanzas cuestionadas habilitan criterios de protección regresivos, irrazonables e incongruentes, permitiendo el uso de agroquímicos peligrosos en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental y sanitario. En particular, señalaron el riesgo que estas prácticas representan para la Cuenca del Chapaleofú, a la que solicitaron se reconozca como un bien colectivo de interés público.

En los considerandos, la Suprema Corte puso el foco en el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, así como en la necesidad de adoptar decisiones judiciales acordes a los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental. En ese marco, destacó que los límites previstos para la aplicación aérea de agroquímicos en ambas ordenanzas “prima facie se apartan de las pautas que la Provincia ha fijado” en su normativa general, lo que refuerza la necesidad de una evaluación más profunda.

Contexto estacional

La resolución también tuvo en cuenta el contexto estacional, ya que la temporada de verano implica un incremento natural de la concurrencia de vecinos, turistas y visitantes a los balnearios municipales ubicados sobre la cuenca, lo que —según indicó el Tribunal— agrava los riesgos derivados de eventuales fumigaciones en zonas cercanas a cursos de agua y áreas recreativas.

Como parte de la medida para mejor proveer, la Corte ordenó librar oficio a los intendentes de Tandil y Rauch para que, en un plazo de diez días, remitan copias digitales de todos los antecedentes administrativos y actuaciones que dieron origen a las ordenanzas impugnadas, incluyendo estudios técnicos, evaluaciones de impacto ambiental y procesos de participación ciudadana, si los hubiera.

En diálogo con este medio, desde el Municipio de Tandil advirtieron que ellos no habían sido notificados a la fecha del fallo de la Suprema Corte.

El fallo se enmarca en una línea de análisis que ya había sido anticipada por el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, quien en noviembre pasado dictaminó a favor de hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas. En su opinión, recomendó adoptar la solución más adecuada en resguardo del interés superior comprometido, especialmente ante la posible afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Hasta tanto la Suprema Corte se expida de manera definitiva sobre la pretensión de inconstitucionalidad, el Tribunal dejó establecido que, en lo referido al uso aéreo de agroquímicos, será aplicable de manera interina el régimen previsto en la ley provincial 10.699 y su decreto reglamentario 499/91, que fija los parámetros generales en la materia.

El Senasa simplificó los requisitos para la autorización de productos fitosanitarios en el país. La medida, que está contemplada en la Resolución N° 843/2025 y fue publicada en el Boletín Oficial, también fija para el 5 de enero de 2026 la entrada en vigencia de la Resolución 458/2025 que establece los requisitos para la autorización de productos fitosanitarios en Argentina.

El nuevo esquema reglamentario simplifica y digitaliza los procedimientos administrativos, incorpora declaraciones juradas en distintas etapas y establece mecanismos más ágiles para la evaluación y autorización de productos, con el objetivo de incrementar la oferta de soluciones para el control de adversidades en los cultivos.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, estas actualizaciones alcanzan tanto a los productos de síntesis química como a los bioinsumos, promoviendo prácticas de producción en línea con las estrategias de innovación y sostenibilidad del sector agropecuario nacional.

Con esta medida, “el Senasa optimiza el marco regulatorio aplicable a los fitosanitarios, alineando sus disposiciones con estándares internacionales de calidad y seguridad”.

El Senasa realizó una actualización integral de su normativa para productos fitosanitarios con cambios claves para agilizar el acceso a estos insumos, modernizar los procedimientos técnicos y garantizar mayor seguridad para los cultivos y las personas.

La Resolución 458/2025 del Senasa, publicada en el Boletín Oficial elimina la burocracia innecesaria y la reemplaza por un sistema más ágil basado en declaraciones juradas para quienes elaboran, importan o comercializan fitosanitarios. Además, se incorporan criterios internacionales como el Sistema Globalmente Armonizado (SGA/GHS) para mejorar su clasificación y etiquetado.

La nueva reglamentación también habilita el ingreso de productos con antecedentes aprobados en países con normativas similares, y permite su uso experimental en el país bajo condiciones controladas. A su vez, se actualizan criterios de evaluación científica y se facilita la adopción de tecnologías más eficientes.

Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con la nueva norma se establece un único registro para productos fitosanitarios, que incluye activos y formulados, con menos trámites. De esta manera, los productos se van a poder registrar más rápido.

Asimismo, indicó que las personas humanas o jurídicas y/o establecimientos que deseen iniciar actividades en la cadena lo harán mediante una declaración jurada, sin necesidad de fiscalización previa y sin necesidad luego de renovar el registro. “La importación se simplifica: si el producto viene de países con normativa convergente y ya tiene antecedentes en Argentina, el ingreso es automático. Si no tiene antecedentes, podrá registrarse por dos años con una DDJJ mientras se completan los ensayos de eficacia agronómica y residuos”, señaló.  

En el marco del cumplimiento de la ordenanza municipal de fitosanitarios, el Municipio de Tandil llevó adelante una jornada de plantación de árboles en torno a la Escuela N°33 de La Porteña, con el objetivo de conformar una cortina forestal que proteja el predio escolar.La actividad fue impulsada desde la Mesa de Seguimiento de la Ordenanza de Fitosanitarios, con la participación activa de las áreas de Ambiente, Espacios Verdes, Desarrollo Productivo, y la Dirección de Asuntos Agropecuarios, junto a la comunidad educativa y la empresa Ceres Tolvas, que acompaña el proyecto con aportes y participación activa.La colocación de la cortina forestal responde a lo establecido en la ordenanza, que contempla la necesidad de generar barreras naturales en escuelas rurales ubicadas a menos de 500 metros de zonas donde se realicen aplicaciones de productos fitosanitarios.Estas barreras tienen como fin amortiguar posibles derivaciones y generar entornos más seguros para las comunidades educativas.

Plan integral"Este tipo de acciones ya comenzaron a implementarse en otras zonas del partido, como La Pastora, y forman parte de un plan integral que continuamos desarrollando en distintas localidades rurales del distrito", explicó Matías Posse, Director de Asuntos Agropecuarios del Municipio."En cada caso, analizamos las necesidades particulares y trabajamos de forma articulada entre las áreas municipales, las escuelas y los actores de la comunidad. Nuestro objetivo es garantizar entornos saludables, generar conciencia ambiental y cumplir con lo que establece la ordenanza, siempre desde una mirada preventiva y de trabajo conjunto", agregó.Desde la Mesa de Escuelas Rurales también se acompaña este tipo de iniciativas con actividades de concientización, charlas en las escuelas y un seguimiento permanente, en un trabajo articulado entre el Estado, las instituciones educativas y actores del sector privado.En esta ocasión, las áreas de Asuntos Agropecuarios y Espacios Verdes coordinaron la plantación de los ejemplares, que fueron adquiridos con fondos donados por la empresa Ceres Tolvas, como parte de su compromiso ambiental."Reafirmando nuestro compromiso social y ambiental con la comunidad, en esta ocasión acompañamos el proyecto de forestación en escuelas rurales, que tiene como objetivo la creación de cortinas forestales en el predio", expresó Leonardo Petruchi, Gerente de Marketing de Ceres Tolvas."Durante 2024 llevamos adelante cursos y charlas abiertas dirigidas a operarios de maquinaria y personas involucradas en actividades de tambo y ganadería. También realizamos donaciones adicionales de árboles, fortaleciendo así nuestro aporte al cuidado del entorno. Estamos comprometidos y queremos ser participantes activos en la comunidad donde nos desarrollamos como empresa", agregó.Con esta acción, el Municipio de Tandil continúa profundizando políticas públicas orientadas al cuidado ambiental y la protección de la salud comunitaria, especialmente en ámbitos educativos rurales, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible.

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, y la ingeniera agrónoma María Josefina Wynne, presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires, Región Sudeste, renovaron el convenio  marco de colaboración que mantienen desde 2021 con el objetivo de fortalecer las políticas de control y fiscalización del uso de fitosanitarios. El presente acuerdo tiene una duración de 24 meses y permite continuar avanzando en la implementación de la Ordenanza Municipal N° 17.404, que regula el manejo responsable de productos químicos de uso agropecuario.

Este convenio tiene como principal objetivo que los profesionales del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales colaboren con el Municipio en las tareas de inspección relacionadas con la aplicación de productos químicos en el control de adversidades y la fertilización agrícola y forestal. A través del acuerdo, la comuna solicitará al Colegio que convoque a sus profesionales matriculados en Tandil para llevar adelante las tareas de fiscalización de la mencionada ordenanza.

El Municipio, por su parte, se compromete a otorgar a los profesionales las herramientas necesarias para realizar su labor, así como también brindarles el acompañamiento del personal municipal, en caso de ser necesario.

El director de Ambiente, Nicolás González, detalló que “la firma del convenio con el Colegio de ingenieros agrónomos nos permite tener la seguridad de que cuando existe algún problema, alguna deriva señalada por una denuncia, podremos contar con profesionales idóneos para hacer ese peritaje. Eso nos garantiza que estamos trabajando con una institución imparcial y fiable, que cuenta con profesionales matriculados. De esta manera creemos que estamos dando un paso importante en el trabajo que se viene haciendo en función de garantizar el cumplimiento de la ordenanza y el cuidado del ambiente”.

Respaldo institucional y colaboración continua

Luego de la firma del convenio, la secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, Marcela Petrantonio, destacó la importancia de esta colaboración para avanzar en la implementación de la normativa que regula el uso de productos agroquímicos. Además, resaltó el trabajo articulado con las instituciones locales para fortalecer las políticas públicas y seguir consolidando el modelo de gestión asociada impulsado por el intendente Lunghi.

Por su parte, el Director de Asuntos Agropecuarios del Municipio, Matías Posse, explicó que ya se venían realizando acciones conjuntas con el Colegio. “Ahora, con este convenio, formalizamos nuevas acciones para el análisis de casos y la incorporación de ingenieros agrónomos para desarrollar estas actividades”, precisó.

Además, Posse anticipó que están trabajando en fortalecer la relación con el Colegio y en explorar otras líneas de acción vinculadas con la actividad agropecuaria.

En este sentido, destacó que se están analizando otras áreas de colaboración. “Por ejemplo una diplomatura en viticultura que se ofrecerá en la Facultad de Agronomía de Balcarce, que abre nuevas posibilidades para el desarrollo del cultivo de la vid en Tandil, importante en cadena vitivinícola, un sector en pleno desarrollo”, explicó.

En la sede del Instituto Arana y en el marco del cumplimiento de la Ordenanza municipal 17.404, se desarrolló el tercer encuentro de capacitación para aplicadores, productores e ingenieros agrónomos del partido de Tandil.

Con más de 100 participantes, el encuentro se destacó por su enfoque en la capacitación continua y la mejora de las prácticas productivas en el partido de Tandil.

Durante el evento, se abordaron diversas temáticas de interés, adaptadas a las demandas del público presente.

Entre las 9 y las 13, el 13 de agosto pasado se realizó el encuentro organizado en conjunto con la Dirección de Asuntos Agropecuarios del Municipio y el INTA, que contó con el apoyo de Ceres Tolvas y CutHill Pulverizaciones Conscientes SA.

Este encuentro promovido entre como vínculo entre lo público/privado demuestra el compromiso del Estado local, de las empresas comercializadoras de agroquímicos y de los prestadores de servicios con la capacitación continua y la mejora de las prácticas en el sector agropecuario.

Estas prácticas son de suma importancia para fomentar y generar estos espacios de formación para acompañar la voluntad de los actores del sector por avanzar en la adopción de nuevas tecnologías y prácticas responsables.

Entre los temas destacados, Ceres Tolvas presentó un innovador sistema de monitoreo en tiempo real que permite una supervisión continua de las condiciones de aplicación a través de sensores y una estación meteorológica que actualiza la información cada tres segundos.

Por su parte, CutHill mostró un sistema con tecnología desarrollada localmente que visualiza la calidad de aplicación de las máquinas pulverizadoras, y permite registrar y tomar decisiones para mejorar la calidad del proceso.

Otra de las innovaciones presentadas fue la propuesta de Puelmapu basado en el uso de drones, que permite construir prescripciones precisas para la pulverización de productos, enfocándose exclusivamente en áreas con malezas, lo cual permite reducir fuertemente el uso de fitosanitarios y reducir el impacto ambiental en la producción.

CampoLimpio, responsable del centro de acopio transitorio de bidones vacíos en Tandil, también participó en el evento y compartió información relevante sobre la legislación provincial y nacional relacionada con el manejo de esos elementos vacíos.

Continúan desarrollándose las capacitaciones para aplicadores de fitosanitarios del Partido de Tandil, y tras una primera edición en el Instituto Arana, el miércoles 10 será el segundo encuentro en las instalaciones de la Escuela Granja.

“Se ha concientizado un montón y se ha avanzado realmente en grandes temas, como por ejemplo, el uso de bidones vacíos. Cómo manipular un bidón vacío, el compromiso de llevarlo hacia un depósito habilitado, que Tandil ya cuenta desde hace más de un año y medio con un depósito habilitado de características modelo en la Provincia, pasó a ser la segunda ciudad que más bidones vacíos acopia en toda la provincia de Buenos Aires y es la ciudad que más recetas agronómicas se emiten de parte de los profesionales, en este caso los ingenieros agrónomos”, expresó Cristian Trevolazavala, director de Asuntos Agrarios del Municipio en diálogo con El Eco Multimedios.

El funcionario brindó detalles de la edición 2024 de la iniciativa de formación que, recordó, integra las obligaciones para aplicadores que forman parte de la normativa vigente, la Ordenanza 17.404 para el “uso responsable de fitosanitarios en el Partido de Tandil”.

De acuerdo a lo que sostuvo Trevolazavala, las capacitaciones se llevan a cabo con frecuencia anual, y durante el 2023 el objetivo principal fue formar a los asistentes en el manejo de los elementos de protección personal así como cuestiones referidas a la salud en general. “Se abordaron temas mucho más prácticos para lo que sería cómo mejorar el uso de todos los fitosanitarios”, señaló.

Sin embargo, para la edición en curso se realizó una encuesta entre el público destinatario para definir nuevas temáticas de formación. Junto a la oficina local del INTA, organizaron la capacitación en tres encuentros. El primero se llevó a cabo 20 días atrás en el Instituto Arana, mientras que hoy será el turno del segundo en la Escuela Granja.

El director de Asuntos Agrarios precisó que al momento fueron más de 85 aplicadores los que participaron del primer encuentro, en el marco de una convocatoria abierta también a ingenieros agrónomos y productores agropecuarios en general.

A su vez agregó que si bien la propuesta ya comenzó, todos los interesados que quieran sumarse pueden hacerlo acercándose a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Productivo ubicadas en el Pasaje Fournier 27.

“La verdad que es muy importante seguir avanzando en este tema de capacitación, más de un tema tan importante como es esto, el manejo y uso responsable de fitosanitarios. Esto va todo en el marco de una ordenanza que está vigente desde hace ya dos años, y que bueno, desde el rubro la verdad que ha sido muy positivo la importancia que se le ha dado al tema”, destacó el funcionario.

Consultado por el avance de la concientización en el tema, Trevolazavala planteó que “a nivel, por lo menos regional, por no hablar de toda la Provincia, creo que Tandil es de los municipios más avanzados que está. No solo por tener su propia ordenanza, sino por todo lo que transitó en su armado y en su aprobación en el Concejo, y  también por la concientización de todos los actores de la misma cadena”.

Al respecto hizo referencia a “las recetas agronómicas, que en los registros provinciales, la verdad que Tandil es de las que más hace. Sorprende ver la cantidad de recetas agronómicas que se manejan en el partido de Tandil”.

Además indicó que los aplicadores cuentan con “la libreta sanitaria personal, yTandil es el único caso que hay, por lo menos en la Provincia, en la cual un aplicador va al Hospital y pide que se le hagan estudios de una vez al año gratuitos, donde tienen unos estudios que están referidos a esta exposición a fitosanitario”, concluyó.

Como parte de las actividades incluidas en la Ordenanza Municipal 17.404, el INTA Agencia Tandil y la Dirección de Asuntos Agropecuarios de la secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales del Municipio de Tandil realizarán la capacitación obligatoria para aplicadores del partido de Tandil.

Esta actividad es abierta a ingenieros agrónomos y productores agropecuarios que quieran participar, ya que intervienen todos en las estrategias a abordar a campo.

Este ciclo de encuentros se realiza con el acompañamiento de las empresas Cuthill - Conciencia en Pulverización y Ceres Tolvas, que tratarán temas técnicos al momento de aplicar.

La actividad se programó en tres encuentros, que comenzarán el 25 de junio y finalizarán el 13 de agosto.

La inscripción se puede hacer completando el formulario en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK6iovvMRYklaRgOrf28b67sBv53uUFR-8MYZLnaIUIp7e1Q/viewform

El primero de ellos se realizarán de 9 a 13 en el Instituto Salesiano Eduardo Arana y en el se tratarán los siguientes temas: los pasos a la hora de pulverizar: los 7 escalones a tener en cuenta; la calidad del agua: ¿Cómo afectan el pH y la dureza la calidad de una aplicación?; corte de caldos: un problema que hoy se visibiliza, pero nos acompaña desde siempre. Orden de carga correcto. Uso de Hydroreader y función de los coadyuvantes: comparativo de opciones y prestaciones.

El segundo será el 10 de julio e incluirá el temario: pastillas: ¿Cuál para qué tratamiento y por qué? ¿Cómo afecta la presión al tamaño de las gotas? ¿Cómo llego con las gotas a un blanco complicado?; viento y deriva: ¿Cómo hacemos para trabajar con viento?; velocidad de trabajo: ¿Cuál es la correcta? ¿Hay una velocidad correcta? ¿Por qué? ¿Si voy más rápido se afecta la calidad del trabajo?; inversión térmica: ¿Se puede predecir? ¿Se puede medir? ¿Qué hacemos ante esta condición climática?; rocío: ¿aplicamos o esperamos? Y cama biológica. Técnica de lavados para replicar en establecimientos.

La última jornada, a realizarse el 13 de agosto incluirá presentaciones de Rural Ceres – John Deere (SISTEMA SIA) y Cuthill – Pulverizaciones (Cuthill Box.)

Para consultas y mayor información comunicarse con la Dirección de Asuntos Agropecuarios del Municipio en Pasaje fournier 27 o telefónicamente al 2494671303.

El próximo jueves 16 de mayo se realizará en Tandil el Circuito Responsable de Fitosanitarios, una jornada abierta a toda la comunidad para explicar la forma en la que el sector productivo gestiona la manipulación de estos productos.

Se trata de charlas, experiencias y demostraciones, destinadas a estudiantes, productores, aplicadores y público en general.

La iniciativa surge de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerenses (CEDASABA) entidad donde se encuentran agrupadas y representadas todas empresas distribuidoras de insumos agropecuarios de la Provincia de Buenos Aires y el acompañamiento del Municipio de Tandil, Campo Limpio y Agropack SRL.

Desde la Dirección de Asuntos Agropecuarios del Municipio se resaltó que se trata de un evento en el cual se pretende brindar conocimientos y vínculos entre el campo y la ciudad para comunicar “cómo se trabaja responsablemente sobre los ejes de sostenibilidad en el sector productivo”.  

El evento tiene eje central en fomentar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y brindar información relacionada al uso responsable de los fitosanitarios y su marco regulatorio.

La actividad consiste en un recorrido itinerante, la cual tendrá inicio a las 10:00 en las oficinas de Agropack (Calle 6 N°490, Parque Industrial Tandil), finalizando el recorrido en el CAT Tandil (Centro de Acopio Transitorio modelo de Tandil, ubicado en acceso a la Base Aérea, Parque los Robles).

Estará dividida en 4 postas:

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Asuntos Agropecuarios, en Pasaje Fournier 27 o al teléfono 249 4671303.

En el marco de la Ordenanza 17.404/21 el Municipio de Tandil continúa avanzando con acciones tendientes a impulsar el manejo responsable de las pulverizaciones en el ámbito agropecuario.

Como parte de ese proceso, se trabaja en una nueva iniciativa con el objetivo de cumplir con los artículos que establecen la incorporación de tecnología de georreferenciación y de aplicación selectiva dentro de las denominadas Zonas de Amortiguamiento.

En esta oportunidad a partir de la articulación entre la Dirección Municipal de Asuntos Agropecuarios de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales del Municipio, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la empresa Cuthill Conciencia en Pulverizaciones SA, productores y contratistas, están comenzando a realizar pruebas piloto utilizando tecnología de precisión en lotes ubicados en las zonas de amortiguamiento, dando cumplimiento a unos de los apartados de la normativa municipal.

A través de esta medida se busca optimizar los procesos de pulverización que permitan ir reduciendo el uso de fitosanitarios, minimizando así los impactos ambientales. Asimismo, se está avanzando en la confección de un convenio marco de colaboración entre el Municipio, la empresa Cuthill y la asociación de productores Aapresid para promover el uso de esta tecnología, de desarrollo y producción local, que propone una solución innovadora en materia de aplicaciones rumbo a una agricultura más sostenible.

Las tecnologías mencionadas, todas de desarrollo propio de la empresa local, brindarán un abanico de oportunidades a los productores, asesores y aplicadores en pos de mejorar la calidad de las pulverizaciones, permitiendo contar con información precisa para la toma de decisiones, registrar y monitorear los recorridos realizados al momento de la aplicación y corregir parámetros clave durante la aplicación de acuerdo a las condiciones del entorno.

Desde el equipo técnico de Cuthill aseguran que, en el éxito o fracaso de un tratamiento fitosanitario, la tecnología de procesos es tan importante como la tecnología de insumos. La correcta elección de producto y dosis es un factor fundamental, aunque la calidad de la aplicación constituye el otro 50% del resultado, para lograr aplicaciones cada vez más eficientes, seguras y rentables.

A través del Sistema Integrado de Salud Pública, el Municipio de Tandil empezó a realizar los estudios médicos necesarios para el otorgamiento de la Libreta de Salud específica para aplicadores de fitosanitarios. 

Desde el comienzo de los controles que llevan a cabo durante los sábados en el Hospital Municipal Ramón Santamarina, ya concretaron los análisis de 30 de los casi 120 trabajadores registrados.

Para conocer detalles sobre el tema, El Eco de Tandil consultó al Dr. Tomás Baliña, director de Salud Comunitaria municipal, quien precisó que se trata de una iniciativa en el marco de la ordenanza 17404 que regula en el Partido “todas las acciones relativas al manejo responsable de productos agroquímicos: transporte, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y gestión de envases; cuyo empleo, manipulación y/o tenencia a cualquier título pudiera comprometer la calidad de vida de la población y/o el ambiente”, según señala el texto de la normativa.

Dicha ordenanza, indicó el director, “establece la necesidad de hacer controles de salud periódicos a los aplicadores, por lo que entonces empezamos a implementar ese artículo”.

Baliña sostuvo que el objetivo principal de la medida “es de tratar de cuidar la salud del aplicador y para eso se incluyen varias cuestiones. Algunas más vinculadas con la salud directamente, con el servicio de salud y otras no tanto. Lo que tiene que ver con salud implica capacitaciones en uso adecuado de equipo de protección personal y en primeros auxilios ante una exposición accidental. Eso lo hicimos antes de mitad de año y ahora empezamos con los controles”.

Para los mismos, señaló, se cita a los trabajadores al Hospital Municipal Ramón Santamarina durante los días sábados. En concreto se les practica un control clínico, se les realiza “un interrogatorio muy exhaustivo”, así como un examen físico y se les toman muestras de sangre y orina que se destinan a laboratorio para el respectivo análisis. 

Los trabajadores controlados reciben una libreta sanitaria especial. Se trata de un documento con estudios y prácticas gratuitas  que monitorea  y certifica su estado de salud. La periodicidad de los estudios, recordó Baliña, es anual. Los muestreos permitirán elaborar la hoja de ruta en materia de salud, buscando realizar un seguimiento médico de los operarios a fin de garantizar las condiciones de salud para todos aquellos que desempeñan la tarea de aplicar fitosanitarios en la producción agrícola.

30 de 120 a la fecha

Baliña precisó que existen alrededor de 120 trabajadores registrados que tienen previsto analizar, y ya avanzaron con cerca de 30. Conforman grupos de a 10 que atienden cada sábado, y durante la jornada de ayer realizaron los testeos al tercer contingente completando las 3 decenas de operarios analizados.

Consultado por si las posibles contraindicaciones de la aplicación de este tipo de productos son las que motivan los controles, Baliña expresó que “esa es la motivación inicial. Es un control de salud general con lo cual lo que venimos detectando muchas veces tiene que ver con otros problemas, pero que a veces son problemas de salud que no son adecuadamente detectados a tiempo. En general lo que pasa con los trabajadores adultos jóvenes o no tan jóvenes varones es que tienen poco contacto con los servicios de salud y el caso de que sean trabajadores rurales tienen aún menos. Con lo cual esta es una oportunidad también para detectar algunos otros problemas tengan o no tengan vinculación con la exposición a estos productos”.

A la fecha, precisó que no pueden afirmar haber detectado problemas vinculados con la aplicación de fitosanitarios. “Es muy temprano. Empezamos hace un mes o un poquito menos pero por ahora no hemos encontrado nada que nos llame la atención. Yo no me animaría a decir que no tienen no están teniendo ningún problema porque eso sería como por ejemplo a una persona que es fumadora decirle está todo bien”, sostuvo.

Aclaró además que con respecto a la aplicación “nosotros no vamos a determinar si produce un riesgo o no. Eso lo demuestran otros estudios científicos. Nosotros lo que hacemos es tratar de aportar al cuidado de la salud de estos trabajadores insistiéndoles en el uso adecuado del equipo de protección,  en la atención y la detección lo más temprana posible de problemas de salud en caso de que aparezca”.