El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación por medio del cual le exige al Ejecutivo que informe sobre el funcionamiento y rendimiento del Fondo de Ayuda Solidario (FAS) durante 2023 con miras a tener precisiones que permitan evaluar una posible modificación y que se ajuste a la demanda actual. 

La concejal Noelia Domenighini, impulsora de la iniciativa, aseguró que “hay ciertos pedidos que no se encuadran dentro de la normativa”, que “sigue siendo muy valiosa, pero hoy está desvirtuada”.

“No sabemos para dónde va el dinero que no se destina a ese fondo”, alertó y reclamó que “debemos discutir y hacer las modificaciones”, para lo cual requieren una serie de datos que reflejó en el texto propuesto por la bancada.

Planteó que resulta clave “tener presente cuál es la realidad para poder legislar" y dijo que, pese a los ajustes que la ordenanza 9.495 “Dr. Daniel Ramón Grasso” sufrió a lo largo del tiempo, “es momento de revisarla nuevamente”.

En detalle, en el proyecto de comunicación solicita al Departamento Ejecutivo que a través del área que corresponda brinde precisiones de las sumas de dinero que ingresaron en concepto de FAS durante 2023, las que egresaron ese mismo año, indicando el tipo de patología a la cual se asignaron los recursos y cuáles fueron los criterios adoptados para encuadrar los pedidos de “prácticas de alta complejidad” que prevé la Ordenanza y que fueran elevados al Concejo para su tratamiento.

También pretende conocer en qué oportunidades procedieron “a instar recuperos y/o repetición de los fondos erogados en concepto de FAS conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la ordenanza 9.495 y sus modificatorias” y, en caso afirmativo, cuál fue el resultado.

A más requerimientos, cita “a qué se deben las demoras en los pagos de FAS aprobados por la Comisión de Desarrollo Social y Salud que conducen al nuevo tratamiento en dicha comisión de otro pedido por los mismos pacientes y del mismo tratamiento/aparatología/medicación”, qué propuestas de incorporación de aparatología comunicó el Departamento Ejecutivo al Concejo durante 2023 y qué tipo de patologías son cubiertas.

“Es necesario saber cómo es el manejo del fondo”

Domenighini indicó que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Salud, desde diciembre pasado “nos hemos visto en la obligación de tratar pedidos del Fondo de Ayuda Solidaria que no encuadran en la letra de la ordenanza, referida especialmente a la atención de patologías que implican prácticas de alta complejidad y que no puedan ser derivadas a un efector público dentro del país”.

Adelantó que se conformará una comisión de trabajo para poder discutir y hacer modificaciones sobre la ordenanza, para lo cual “es necesario saber cómo es el manejo del fondo: los ingresos, los egresos y los motivos por los cuales se solicita”.

El Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) fue creado por ordenanza hace más de tres décadas y se convirtió en un recurso “eficaz y eficiente” para garantizar el derecho a la salud de tandilenses con mayores dificultades económicas, sin posibilidad de proveerse una prepaga u obra social, que han atravesado graves problemas de salud y urgentes intervenciones médicas.

“El principio de solidaridad del fondo siempre destaca particularmente su valor humano en la posibilidad de ayuda al otro, sin esperar nada a cambio ni por obtención de interés sobre el mismo”, aseguró Domenighini, que además agregó que “todos los tandilenses colaboramos a través del pago de la factura de la Usina o por la prestación del servicio del peaje a que el objetivo por el cual fue creado pueda concretarse”.

Por último, la concejal de Unión por la Patria precisó que el objetivo del proyecto de comunicación no sólo es tomar conocimiento de información que es pública, sino también “tener datos certeros para poder modificar la ordenanza y que en definitiva pueda receptar lo que pasa o si no tiene ese sentido, no lo consideremos”.

Los argumentos

Entre los argumentos, el proyecto de ordenanza cita que el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) fue creado por ordenanza hace más de tres décadas y que el principio de solidaridad “destaca particularmente su valor humano en la posibilidad de ayuda al otro, sin esperar nada a cambio ni por obtención de interés sobre el mismo, así cada uno de los tandilenses colaboramos a través del pago de la factura de la Usina o por la prestación del servicio del peaje a que el objetivo por el cual fue creado pueda concretarse”.

Y agrega que la ordenanza originaria fue modificada en reiteradas ocasiones a los fines de actualizar su sentido y objetivo, teniendo especialmente presente en estas diversas oportunidades las disímiles situaciones macroeconómicas que atravesó el país.

En tanto, fija que “la actualidad no dista de aquella última modificación, siendo crítica no sólo la situación económica que nos encontramos atravesando los argentinos, situación de público y notorio conocimiento, que conlleva en especial a una saturación del sistema público de salud por la imposibilidad de abonar una prepaga/obra social en la comunidad en general”.

En otro de los puntos señala que “sin perjuicio de la crisis actual que se encuentra atravesando el Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil (SISP)”, que requerirá de una “inmediata y eficaz política pública de salud para que ello pueda abordarse y sostenerse a futuro, brindando una salud de calidad a los tandilenses”.

Este escenario “no ha sido indiferente al FAS, razón por la cual, los concejales que integramos la Comisión de Desarrollo Social y Salud nos hemos visto en la obligación en el tratamiento de pedidos del Fondo de Ayuda Solidario que no encuadran en la letra de la ordenanza referida especialmente a la atención de patologías que implican prácticas de alta complejidad y que no puedan ser derivadas a un efector público dentro del país, tales como lentes bifocales, tratamientos y medicación oncológica, gastos de traslados de pacientes enfermos a otras localidades, distintos tipos de medicación o drogas que por ley deben ser provistas por la Provincia y la Nación”, todo ello “sin perjuicio de la demora acontecida por un segundo tratamiento del mismo pedido de FAS que lleva en más de una ocasión a triplicar las sumas de dinero afectadas producto de las demoras y el altísimo índice de inflación”.

La estructura impositiva de la Argentina está compuesta por impuestos, tasas y contribuciones, y con los impuestos “se grava una manifestación de capacidad contributiva que no precisa ser acompañada de una contraprestación específica por parte del Estado”. Es decir que se aplica según el patrimonio o ganancia de una persona o una empresa, sin que ello implique el acceso a un bien o a un servicio.

En el caso de las tasas y las contribuciones, “la obligación de pago se origina en la prestación estatal de un bien, obra o servicio que beneficia de manera concreta al contribuyente”. Por ejemplo, el pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). 

Los tandilenses pagan mensualmente diferentes contribuciones municipales atadas a distintas facturas de servicios y cada año la comuna aumenta las tasas para hacer frente a un nuevo ejercicio. Para el corriente año, la suba alcanzó el 90 por ciento.

 La recaudación de ciertos tributos conforman los fondos afectados, una categoría de recursos que percibe el Municipio con la particularidad de que tienen establecido con anterioridad -por normativa local, provincial o nacional- un uso o destino específico. En contrapartida, otra parte de la recaudación tributaria va a parar a fondos de libre disponibilidad del tesoro municipal. En paralelo, más de la mitad del presupuesto municipal se compone de recursos provinciales y el resto son recursos propios. 

A nivel local, el gobierno lunghista siempre fue reacio a suprimir o rebajar tributos. Sin embargo, en casi 20 años de gestión se han creado numerosas tasas para financiar áreas o servicios. Algunos fondos puntuales sirven para efectuar inversiones específicas que al momento de su creación se consideraron como prioridades para ser financiadas con aportes adicionales de la comunidad, las que el Estado local debe respetar. En sintonía, una eventual reasignación de partidas de fondos afectados debe pasar por el Concejo Deliberante para su tratamiento y aprobación.

Dentro del principal esquema recaudador local se contabilizan 28 tasas y derechos municipales como, por ejemplo: Tasa Complementaria de Protección Ciudadana; Tasa Unificada de Actividad Económica; el Fondo de Ayuda Solidaria; Impuesto Automotor; Tasa de Habilitación de Industria y Comercio; Tasa por Inspección de Antenas; Tasa de Red Vial; Servicios Sanitarios; Marcas y Señales; SUMO (recauda por usar el espacio público); derechos de propaganda; derechos de uso del espacio público; derecho de cementerio; derecho de construcción; servicios de patentes, entre otros. 

Fondos afectados

Así, dentro de las partidas afectadas más significativas que recauda el Ejecutivo se encuentra la establecida en la ordenanza 2.505, vinculada a la Usina Popular y Municipal de Tandil, que sirve para solventar obras de alumbrado público. En el presupuesto 2023 se calculó un total de 105 millones de pesos provenientes de esta tasa.

Asimismo, el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) se cobra con la factura de la Usina –al menos hasta ahora- y fue pensado para cubrir la atención médica de complejidad a personas que no tienen cobertura social. Para este año, se contempló un monto de 67 millones. 

El Fondo Especial de Obras Sanitarias se constituye con aportes de la Tasa de Servicios y se destina a realizar obras de agua y cloacas, con un estimado de 30 millones de pesos, una cifra irrisoria para los números que se manejan en materia de infraestructura sanitaria. 

Un tributo que en su momento generó polémica y se considera una sobretasa, es la Tasa Complementaria de Protección Ciudadana, que fue creada en 2016 para financiar inversiones en el área de seguridad periurbana. De acuerdo con el presupuesto vigente, se prevé recaudar 775.441.713 de pesos del tributo que las arcas municipales perciben a través de la Tasa de Red Vial.  

Por otra parte, el Fondo de Inversión Vial está destinado a financiar obras de pavimento, repavimentación y cordón cuneta, y se compone de fondos provenientes del Estado nacional y provincial, y de los aportes fijados en el presupuesto municipal. El Fondo de Financiamiento Educativo, por otro lado, se constituye con recursos transferidos por la Nación a la Provincia, y posteriormente al Municipio, para realizar inversiones en el sistema de educación pública. Este año tiene una partida de 758 millones de pesos. 

En tanto, el Fondo Solidario Provincial reúne recursos provenientes de retenciones agropecuarias, que el Estado nacional distribuye a los municipios para realizar diversas obras de infraestructura. 

Y puede mencionarse también la Tasa de Conservación y Mejorado de la Red Vial Municipal, que es un recurso tributario importante para los municipios del interior y se emplea para el mantenimiento de caminos rurales. Se estima una recaudación total de 407.854.139 de pesos para el año en curso. 

Cuestionamientos 

Cabe destacar que por cada uno de estos gravámenes los contribuyentes tandilenses en su conjunto aportan millones de pesos por medio del pago de tasas, derechos, contribuciones y otros tributos establecidos a tal fin. 

No obstante, a lo largo del tiempo y al realizarse el análisis de la rendición de cuentas municipales, se evidenciaron diversas situaciones vinculadas a los fondos afectados que permiten lecturas varias. En tal sentido, la oposición suele cuestionar que existen fondos con saldos sin ejecutar; fondos con mayores recursos a los aprobados en el presupuesto; planes anuales de inversión informados, y demás. 

Además, un denominador común es que la población, en su mayoría, desconoce lo que paga con cada impuesto comunal y el destino de cada tributo. Por ejemplo, hay herramientas cuya existencia no está ampliamente difundida, como el FAS, y por ello año a año se subejecuta la partida, que termina direccionándose a obras de infraestructura y compra de aparatología. 

El Ejecutivo tiene que empezar a debatir la obtención de fuentes de financiamiento alternativas para la Ordenanza 9.495 que creó el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) a instancias del Dr. Daniel Ramón Grasso –que se recauda de la factura de la Usina- y el tema preocupa por estos días a las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). En tanto, en las siguientes semanas, los funcionarios de las áreas correspondientes se reunirán para obtener precisiones y estudiar los detalles. 

Según se conoce, la información bajó al SISP desde el área de Legales y la Jefatura de Gabinete comunal, y el Gobierno deberá buscar próximamente una alternativa de financiamiento y un reordenamiento tributario local. 

“El FAS tiene a esta altura de 2023 cerca de 40 millones comprometidos de pago, usados en cirugías, tratamientos de alta complejidad y todo lo que soluciona este fondo, pero estamos en jaque ahora porque depende de la boleta de luz y se tiene que sacar el impuesto. Lamentablemente hay que correr el financiamiento del impuesto de la boleta de luz a otra tasa o servicio”, sostuvo Matías Tringler, titular del Sistema Integrado de Salud Pública en contacto con este Diario. 

Eliminación de tributos 

La imposibilidad de que el FAS se solvente con recursos obtenidos de la factura de luz radica inicialmente en una normativa de mediados de 2018 que establecía en la provincia de Buenos Aires la eliminación de los tributos municipales de las boletas de energía eléctrica. La entonces gobernadora María Eugenia Vidal decidió prorrogar la puesta en vigencia de la norma  hasta enero de 2019, tras las quejas de los intendentes, preocupados por la merma considerable en la recaudación. No obstante, la medida nunca se implementó y las tasas se siguieron cobrando en todas partes. 

La mencionada resolución del Organismo de Control de Energí­a Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba) prohibí­a a los jefes comunales cobrar tasas municipales en las boletas de servicio eléctrico y la demora en su aplicación, en ese momento, fue tomada a partir de la recepción de presentaciones de distribuidores municipales y de municipios, solicitando que "se considere el otorgamiento de un plazo para la efectiva implementación de los alcances de la citada resolución”. 

Al parecer, ahora el Municipio tendría que avanzar en esta línea, pero desde la Presidencia del Sistema de Salud indicaron que van a proyectar la forma de resolverlo.

Cobrabilidad de la factura 

El mayor escollo es que la factura del servicio eléctrico es la que tiene mayores niveles de cobrabilidad y en otros servicios o tasas el índice no resultaría tan eficiente. En tal sentido, Tringler refirió que “nada tiene más cobrabilidad que la boleta de luz y estamos preocupados  con lo que pase, porque es uno de los mejores servicios del Municipio y el sistema”.

En tanto, el médico observó que actualmente los ingresos están garantizados -en mayo gotearon 17 millones de pesos al FAS- y si bien no estima que este año vayan a existir inconvenientes con lo presupuestado en el fondo especial, auguró que el año que viene el escenario podría modificarse ostensiblemente. 

“Para este año creemos que vamos a llegar bien. Si bien se presupuesta una partida, con los aumentos en la tarifa de electricidad este monto suele excederse y crece. Pero si no sabemos a dónde va a ir a parar la recaudación esto se complica, aunque vamos a tener el FAS más allá de lo que pase”, ponderó.

Asimismo, el funcionario señaló que dicho fondo afectado para cuestiones críticas de salud “hace la diferencia” con otros municipios que dependen del sistema provincial de derivaciones para resolver casos graves o atender pacientes con diversas patologías. 

En esta línea, no dejó de lado que “para llevar a  un infartado a un centro de alta complejidad algunos distritos recurren al sistema de derivaciones y nosotros hacemos dos cuadras a la Clínica del Corazón, eso es gracias al FAS y no lo podemos perder. Estamos preocupados”. 

Subejecución de fondos 

En numerosas oportunidades, en el Concejo y otros espacios se ha debatido el direccionamiento de los fondos que se recaudan a través de la Tasa de Salud para solventar el FAS, una ordenanza creada por el fallecido médico Daniel Grasso en la década del 90. En rigor, se trata de un fondo especial que tiene como destino exclusivo financiar económicamente la atención de personas con patologías que impliquen prácticas de alta complejidad, que no pudieran ser derivadas a un efector público dentro del país, cuyos destinatarios no poseyeran obra social alguna y de uso exclusivo para ciudadanos tandilenses pacientes del Hospital Municipal “Ramón Santamarina” .

Para ello se incorporó un concepto adicional en la factura de luz que es pagado por el conjunto de los tandilenses y que representa el 3,5 por ciento de la misma. Pese a que lleva varios años en vigencia, no toda la población -inclusive los médicos- conoce esta herramienta y la escasa difusión ha sido cuestionada en varias ocasiones por la oposición y otros actores. 

Como la recaudación del fondo está atada a las tarifas eléctricas, con el contundente aumento del servicio que se registró a partir de 2016, el tributo empezó a crecer exponencialmente y a ser superavitario. En consecuencia, todos los años quedan fondos subejecutados que finalmente son aplicados a obras de infraestructura vinculadas al sector sanitario. 

Asimismo, el oficialismo introdujo una modificación hace dos años para crear dentro de la misma ordenanza el fondo de aparatología, destinado a la compra de insumos. Por su parte, el bloque del Frente de Todos ha marcado que los recursos no se pueden gastar de antemano en aparatología porque están orientados, sobre todo, a ayudar a los pacientes sin cobertura.

El cirujano cardiovascular Marcelo Brizio realizó la semana pasada una operación en la Clínica Chacabuco con un componente inusual en materia de cirugías por el tipo de prótesis que se usó, un injerto TAA Stent. De hecho, fue la primera intervención de estas características en Argentina y los insumos se adquirieron con recursos provenientes del FAS (Fondo de Ayuda Solidaria) del Municipio.

Se trató, en concreto, de una cirugía en un paciente de alto riesgo que había presentado una ruptura particular de la aorta que no es infrecuente; aneurisma disecante de aorta torácica. En diálogo con el programa “Informadísimas” (ECO TV y 104.1 Tandil FM), el profesional explicó que dicha patología significa que la aorta, por sufrir un ataque de hipertensión, puede llegar a romperse y entonces se debe sellar por dentro con una prótesis especialmente indicada.

La intervención, que duró cerca de dos horas y media, fue dirigida por Brizio y el también cirujano cardiovascular Alejandro Cuacci, colaborador de MicroPort, la firma extranjera que fabricó la prótesis, además del equipo que forma parte del laboratorio de Hemodinamia de la Clínica.

El paciente llegó derivado desde el Hospital Santamarina, centro en el cual se le propinaron todos los cuidados previos y una vez concluida la operación, se recuperó satisfactoriamente en la Unidad Coronaria de la Chacabuco, de donde egresó el domingo.

La alta complejidad al alcance de todos 

Al tratarse de un insumo dolarizado y de gran valor económico, la compra de la prótesis se costeó con dinero del FAS. Vale reseñar que este fondo se recauda a través de las tasas municipales y está destinado a personas sin cobertura social que deben practicarse  tratamientos de alta complejidad o cirugías.

En torno a esta cuestión, Brizio compartió que hubo una “excelente”  predisposición de la Dirección Médica del Hospital y de la Clínica para que las gestiones se desarrollaran con facilidad y en el tiempo justo.

Sobre la intervención, sintetizó que “antes normalmente se abría el pecho y se cambiaba la porción de tejido a través de una endoprótesis. La prótesis ahora se coloca a través de la arteria femoral, a la altura de la ingle. Esta en particular es como un ‘árbol’ con sus ramas, entonces podemos cubrir la lesión y mantener la circulación de todas las arterias, esto la hace más segura. Pero la colocación es a través de una incisión de 5 cm en la ingle y se despliega bajo los controles radiológicos en el equipo de hemodinamia”.

Además, contó que debieron justificar ante los proveedores de China el uso de la mencionada prótesis y señaló que “esta cirugía es relativamente convencional pero debimos recibir el asesoramiento empresa que provee los insumos porque este elemento es bastante nuevo y es la primera vez que se coloca en la Argentina”.

Humildad y profesionalismo 

Con humildad, el especialista indicó que estuvieron “muy nerviosos” en la reunión con los empresarios “porque queríamos que quedara claro que teníamos la indicación  adecuada y la capacidad para utilizar la prótesis. El proveedor tiene interés en vender el producto, pero más en que sea bien utilizado y resulte exitoso”.

“Antes del procedimiento tuvimos que hacer una reunión por Zoom con los proveedores en China y presentamos el caso. Tuvimos que expresar la voluntad de colocar el injerto, y evaluaron si era un paciente apto y si era el momento apropiado. Hubo un intercambio de opiniones pero finalmente pudimos hacerlo y con mucho éxito”, se explayó el cirujano.

Por último, sin acusar recibo de la magnitud de la hazaña ejecutada, Brizio simplemente consideró que con el tiempo “a lo mejor irá decantando y nos vamos a dar cuenta de que es un hito y es algo importante”.

Mientras se avanza en la instancia de elaboración de propuestas hacia el interior de los bloques que integran el Concejo Deliberante, la postura sobre qué destino tendrá el excedente de recursos afectados al Fondo de Ayuda Solidaria generó el primer punto en discusión entre oficialismo y oposición.

En medio de la discusión de la herramienta, que se logra a través de un tributo incorporado a la factura de luz y que se calcula a partir del consumo de cada abonado al servicio, ante la necesidad de ajustarla a la demanda actual, el bloque de concejales del Frente de Todos salió a manifestar su postura en relación a uno de los principales criterios a resolver.

Así, rechazó de plano la idea de destinar el 50 por ciento de los recursos recaudados a obras de infraestructura dado que no respeta el principio de solidaridad que le dio espíritu a la ordenanza.

Sin embargo, el concejal de Juntos por el Cambio y presidente de la Comisión de Salud, Luciano Grasso, salió a aclarar que no se trata de una propuesta formal ni actual del oficialismo, por lo que ratificó que se mantendrán las conversaciones en el ámbito creado semanas atrás para lograr un texto consensuado entre todos los actores.

En diálogo con El Eco de Tandil, el exdirector de Salud Mental de la Nación hizo un repaso sobre las consultad que se llevan adelante con vistas al próximo encuentro que se celebrará la primera semana de abril y trazó algunos aspectos que podrían llevar a un acuerdo.

Así, sugirió que la fórmula de consenso podría encuadrarse en el resguardo del objeto original del FAS, que durante el año “no se pueda tocar para otra cosa que no sea para tratamientos de alta complejidad” y, en el caso que se subejecuten los fondos, “poder autorizarlo para determinadas cosas, que es lo que hay que poner en discusión”.

“No es una propuesta actual”

La necesidad de abordar los lineamientos de la ordenanza tiene, como antecedente más cercano, un proyecto de ordenanza que oportunamente impulsó el concejal mandato cumplido Facundo Llano. En su tratamiento en comisión, se definió su envío al Ejecutivo para realizar las consultas correspondientes y, en respuesta, se remitió un informe con las devoluciones ante los distintos planteos.

En 2018, el Sistema Integrado de Salud Pública elevó su propuesta en la que incorporó la idea de destinar hasta el 50 por ciento de los recursos afectados al FAS para obras de infraestructura en materia sanitaria.

Grasso aclaró que “está descartado, no es una propuesta actual del Ejecutivo”, aunque reconoció que es un punto que deberá someterse a discusión.

En línea con las premisas expuestas por la oposición, agregó que “también estamos analizando mejoras en cuanto a los procedimientos y en la capacitación de los trabajadores de salud en términos generales”. De todos modos, uno de esos puntos es el excedente y para eso se evalúan distintas opciones.

El Frente para Todos “hace una propuesta de financiar con el excedente el Primer Nivel de Atención, que son los centros de salud”. Por eso, cuando llegue el momento de discutir este punto “lo analizaremos pero soy más de la idea de pensar no tanto en porcentajes sino en resguardar la utilización durante el año solamente para el objeto principal del FAS, la cobertura de tratamientos de alto costo, y el excedente poder utilizarlo a través de un pedido y autorización del Concejo Deliberante”, que en el último tiempo se realizó mediante la vía de excepción para invertir ese dinero en obras en salud.

“Poder llegar a un texto en consenso tiene que ver con dar un salto cualitativo en este sentido y dejar de lado las excepciones”, resaltó el concejal.

Etapas de avance del trabajo

Y ratificó la idea inicial, de mantener la discusión abierta en función de las diversas propuestas con miras a elaborar un nuevo proyecto de ordenanza que responda a las demandas actuales.

En esta instancia, y de acuerdo a los lineamientos planteados por la comisión, los distintos bloques se encuentran abocados a la elaboración de sus sugerencias en cuanto al objeto de la normativa, los destinatarios, el alcance de la cobertura de los tratamientos de alto costo, entre otros ejes.

En ese proceso, los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio mantienen diálogo con profesionales de la salud y concejales mandato cumplido ante la necesidad de enriquecer el debate y ampliar las miradas, e incluso con beneficiarios de la herramienta.

Asimismo, la expectativa también a punta a definir concretamente si existe alguna prestación o tratamiento que cumpla con los requisitos incluidos en la normativa (ser de alto costo, que no se realice en el sistema público y que el paciente no tenga obra social o no la cubra) y que no logra acceder.

En efecto, Grasso adelantó que existe una “incipiente idea” en estudio para incorporar tratamientos vinculados a la salud bucal.

En la actualidad, y sin definiciones frente al hospital odontológico proyectado por el intendente Miguel Lunghi, el sistema público ofrece tratamiento que, en determinados casos, incluye la extracción de la pieza dental.

“Estamos analizando alguna línea de salud bucal” dentro del FAS, deslizó Grasso sobre la posibilidad de pensar acciones de este tipo que permitan ampliar las prestaciones y abordar el debate sobre qué hacer con el excedente de recursos.

Surgió el primer desacuerdo con el oficialismo en medio del debate iniciado para reformular la ordenanza del Fondo de Ayuda Solidaria. La herramienta, que se logra a través de un tributo incorporado a la factura de luz y que se calcula a partir del consumo de cada abonado al servicio, se puso en discusión ante la necesidad de ajustarla a la demanda actual en el marco de una comisión conformada semanas atrás en el Concejo Deliberante.

En ese sentido, el bloque de concejales del Frente de Todos salió a manifestar su postura en relación a uno de los principales criterios que contempla la propuesta que impulsa el oficialismo y rechazó de plano la idea de destinar el 50 por ciento de los recursos recaudados a obras de infraestructura dado que no respeta el principio de solidaridad que le dio espíritu a la ordenanza.

Abiertos a mantener el diálogo para alcanzar el mejor proyecto, la oposición busca evitar que se imponga un doble tributo con un mismo destino, en referencia a la Tasa de Salud y al porcentaje que se cobra a través de la boleta que reparte la Usina.

Y en contraposición, sugiere que el excedente, que el año pasado fue de 16 millones, sea invertido en el sistema de Atención Primaria de la Salud para su fortalecimiento y desarrollo de programas, dado que “creemos que no cumple la función básicamente por la falta de recursos”, alertó el concejal Rogelio Iparraguirre sobre la sugerencia que se plantea en línea con la premisa con la que fue creado el FAS.

En pleno proceso de elaboración de propuestas, se pautó como próximo encuentro el 27 de marzo para exponer los avances.

Los argumentos en contra

Entre las razones, la bancada presidida por el concejal Rogelio Iparraguirre hizo un repaso por los recursos económicos que acumuló el Fondo de Ayuda Solidaria en los últimos años, que evidencian un “notorio incremento” en la recaudación “pero que ha sido subejecutada, es decir, sin utilización para los fines previstos en la ordenanza impulsada en 1994 por el doctor Daniel Grasso”.

Y explicó que los aumentos de tarifas generados en el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal superaron el mil por ciento, circunstancia que se vio directamente reflejada en el FAS, “incrementando significativamente su recaudación en la misma proporción”.

Así, precisó que en 2015, el dinero ingresado a través de este concepto adicional en la factura fue de 3.777.622 pesos y que en 2019 fue de 25.345.257 pesos.

En virtud de esto, “ahora el Gobierno municipal pretende destinar el 50 por ciento de lo recaudado en el FAS a obras de infraestructura, desvirtuando claramente el espíritu que motivó a impulsar la norma en cuestión”.

Desde el bloque se alertó que, en caso de permitir que se avance en esta línea, “estaríamos incurriendo en una doble imposición al conjunto de los contribuyentes”.

Por un lado, “la Tasa de Salud que pagan nuestros vecinos todos los meses y que prevé, justamente, el financiamiento de la infraestructura del Sistema Integrado de Salud Pública, entre otras cosas”. Y, por otro lado, el FAS, que “también paga mensualmente el conjunto de vecinos con su boleta de luz. Ambas tendrán el mismo fin”.

El FAS

En otro párrafo, el bloque de concejales del Frente de Todos describió que el Fondo de Ayuda Solidario (FAS) es una ordenanza creada por el Daniel Grasso en 1993. Se trata de un fondo especial que tiene como destino exclusivo solventar económicamente la atención de patologías que impliquen prácticas de alta complejidad que no pudieran ser derivadas a un efector público dentro del país, cuyos destinatarios no poseyeran obra social alguna y de uso exclusivo para ciudadanos tandilenses pacientes del Hospital Municipal.

Para ello se incorporó un concepto adicional en la factura de luz que es pagado por el conjunto de los tandilenses y que representa el 3,5 por ciento.

Actualmente se cubren prácticas quirúrgicas, prótesis, órtesis, tratamientos farmacológicos y otros estudios que no son considerados de alta complejidad pero que resultan de un costo imposible de absorber por los pacientes.

La ordenanza vigente prevé también la utilización de hasta un 15 por ciento de los fondos recaudados para adquisición de aparatología específica que permita mejorar la atención en el Hospital Municipal “Ramón Santamarina”.

“Vemos como positivo que la aplicación del FAS se haya extendido para solventar prácticas no estrictamente de alta complejidad -pero sí de alto costo- para dar respuesta a las demandas de los vecinos de Tandil”, resaltaron.

Y celebraron la decisión del oficialismo para que “se allane la necesidad de rediscutir el FAS, puesto que desde nuestro espacio político hace años que hemos presentado proyectos de modificación sin encontrar eco en la mayoría oficialista”, por lo que consideraron necesario que se revea la normativa, modificada en más de una oportunidad, para que “el uso que se le está dando esté ajustado a la norma, pero entendemos que es un engaño al contribuyente”.

La propuesta de la bancada

Atento a este esquema es que desde el bloque de concejales del Frente de Todos propusieron sus modificaciones, “siempre bajo la premisa del respeto al espíritu solidario con el que, tal su nombre lo indica, fue pensado el FAS”.

En concreto, elevarán un escrito durante el próximo encuentro de la comisión con los siguientes lineamientos:

Incorporar instrumentos claros y precisos que promuevan el acceso a la información de vecinos, haciendo campañas para difundir la existencia de la herramienta.

Incorporar un esquema de capacitación obligatoria acerca del alcance de la herramienta a todos los profesionales médicos y administrativos del SISP así como de su correcto y eficiente uso.

Considerar al universo de monotributistas de la escala menor, cuyas obras sociales no cubren (en la mayoría de los casos) prestaciones de alta complejidad y tratamientos medicamentosos.

Destinar los excedentes del Fondo (habiendo garantizado la total cobertura del universo alcanzado) al primer nivel de atención de la salud, reforzando los Centros de Atención Primaria, financiando mejoras en políticas y programas de prevención.

Por último, expusieron que “reiteramos nuestra adhesión contundente al espíritu solidario e innovador con el que el doctor Daniel Grasso creó esta ordenanza y entendemos que toda modificación que se promueva debe seguir este mismo camino: el de dar respuesta a través de la solidaridad del conjunto de los vecinos a las necesidades de quienes más lo necesitan”, ratificaron los concejales de la bancada.

“La salud es un derecho para todos los vecinos, la información también”, concluyeron.

Desde el arco opositor celebraron la iniciativa de analizar actualizaciones al FAS. La concejal del Frente de Todos, Silvia Nosei, fue precisa en destacar la “herramienta maravillosa” que permitió atender “un montón de circunstancias especialmente cuando personas sin obra social deben hacerse un tratamiento de alta complejidad, cirugías o colocarse prótesis”.

Reconoció que el paso de los años obligó a generar excepciones para la utilización de los fondos remanentes y que resulta necesario “ajustar” el texto a la realidad actual.

Para la discusión, los concejales que integran la bancada pretenden que se garantice el acceso a la ordenanza y que “no haya una sola persona que, por falta de información, no sea atendida cuando es merecedora de la herramienta”.

Además de propiciar reuniones con el equipo de salud del espacio político para definir la propuesta, Nosei adelantó que harán especial hincapié en la importancia de generar espacios de capacitación para los profesionales médicos y administrativos, y de difusión para que se cumpla con esta premisa y así evitar “ese largo peregrinar que muchas veces se da”.

Desde esta perspectiva se insistirá para que “se priorice lo humano” a lo largo del abordaje que se inicia.

Preservar la herramienta

La concejal del bloque Integrar, Nilda Fernández, celebró la convocatoria a discutir la herramienta ante la necesidad de incorporar “algunas modificaciones” dado que “no estábamos respetando” el texto vigente.

La referencia alude a los pedidos de autorización que pasaron por el Concejo para que el Ejecutivo haga uso de los recursos subejecutados con miras a la realización de proyectos en materia sanitaria.

En esa línea, advirtió que la tarea demandará “un tiempo” y deseó que las propuestas que presente la oposición sean tenidas en cuenta, se alcance un consenso y que el texto actualizado se apruebe por unanimidad. “No tiene por qué haber diferencias en estas cuestiones básicas que son para mejorar la calidad de vida de la gente”, sostuvo.

Más allá de los años que tiene la ordenanza, reconoció que el FAS es una herramienta “muy importante” por medio de la cual se permitió brindar respuesta a los vecinos ante necesidades concretas. “Hay que cuidarla mucho”, enfatizó.

En ese sentido, observó el incremento de la recaudación pero también de la demanda, que en los últimos dos años se triplicó, de acuerdo a los números expuestos durante la reunión del jueves por directivos del Sistema de Salud.

“Si bien es cierto que el ingreso es muy importante, también lo es el egreso porque la mayoría de los insumos o prácticas están dolarizadas”, alertó la edil.

En cuanto a la discusión que se viene, aseguró que la postura es mantener este instrumento, que podría incorporar la posibilidad de adquisición de aparatología como alternativa de uso de los fondos.

De todos modos, Fernández ratificó que la premisa es que se mantenga la modalidad establecida ante cada trámite llegue al Concejo Deliberante como órgano de contralor.

En respuesta a una demanda de la oposición que en reiteradas oportunidades ganó espacio en el recinto, este jueves se dio un paso concreto en el camino por actualizar la ordenanza del Fondo de Ayuda Solidaria (FAS), al quedar conformada la comisión que estudiará la reforma del texto ante la necesidad de actualizar su contenido y mantener la vigencia de una “herramienta fundamental” creada en 1992 para la cobertura de prácticas en salud de alto costo.

El encuentro se celebró en el despacho de la presidencia del Concejo Deliberante y contó con la presencia de concejales de todos los bloques, además del presidente y vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública Gastón Morando y Matías Tringler respectivamente.

Estuvieron presentes los ediles Luciano Grasso, que coordinará la tarea que se llevará a cabo, Juana Echezarreta, Andrés Mestralet (Juntos por el Cambio), Silvia Nosei, Guadalupe Gárriz (Frente de Todos) y Nilda Fernández (Integrar).

En ese marco, se expusieron los argumentos que sustentan la decisión de concretar una revisión de la normativa del FAS, que se logra a través de un tributo incorporado a la factura de luz y que se calcula a partir del consumo de cada abonado al servicio.

La principal demanda es que en los últimos años el instrumento recaudó cifras millonarias que se subejecutaron y que luego se desafectaron para distintos fines.

Bajo esa premisa, se planteó un esquema de trabajo que avanzará con el desarrollo de propuestas hacia el interior de cada bancada, que serán puestas en discusión con miras a alcanzar un texto mejorado de la ordenanza que responda a las demandas actuales.

Las razones

“Nos parece una buena oportunidad para que, a través de esta mesa, intentemos lograr un nuevo texto de la ordenanza que sea consensuado entre todos los bloques del Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo”, que atienda la realidad local actual y que perdure en el tiempo, resumió el concejal del bloque Juntos por el Cambio, Luciano Grasso.

En diálogo con El Eco Multimedios, reconoció que después de tantos años de vigencia la ordenanza requiere una revisión sobre la base de mantenerla para garantizar el espíritu principal por el cual fue creada. “Que aquellas personas que presenten un problema de salud pueda contar con los recursos para la práctica correspondiente”, y en ese punto hay consenso entre los actores que intervienen en la discusión, que deberán considerar también el modo en que se organiza el sistema sanitario local, el modelo de atención y el rol del Estado, que resultan “totalmente distintas” a la de 1992.

A ese esquema se suma también la condición superavitaria del FAS, que se convirtió en una constante en los últimos años pese a que, en términos generales, “todas las personas que han requerido la ayuda de este fondo la han obtenido”.

“Tenemos una recaudación muy importante, y más allá que todos los casos se han cubierto, queda un resto de dinero”, analizó Grasso.

Frente esta situación, el Ejecutivo buscó el modo de hacer eso de ese remanente mediante pedidos de autorización al Concejo Deliberante para realizar inversiones en materia de salud, que exceden a lo que establece el texto original de la ordenanza.

Para ello se aprobó hace unos años una modificación que habilita la compra de aparatología en hasta un 15 por ciento de lo recaudado anualmente, en la medida en que redunde en un ahorro para el FAS.

“Es necesario que tengamos en cuenta todas estas cuestiones, que hagamos un análisis amplio entre todos los sectores que considere las demandas, el objeto, y los beneficiarios para consensuar un nuevo texto”, resumió.

Desde esa base se iniciará la discusión. En este primer encuentro, las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública presentaron estadísticas que permiten analizar las prácticas y los problemas prevalentes en los pacientes que hicieron uso del FAS para observar la demanda.

En tanto, se abrirá el debate a la opinión de expertos y profesionales de la salud para enriquecer la normativa y lograr una versión superadora bajo un nuevo enfoque.

Diagnóstico y próximos pasos

La exposición de las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública derivó en la elaboración de un diagnóstico sobre el compartimiento que mostró el FAS en los últimos cinco años (2015 – 2019) en relación a ingresos, egresos y demanda.

Allí se observó una variación en los tipos de atención, que pasó a tratamientos de radioterapia por problemas oncológicos y que en el último tiempo evidenció una tendencia hacia la provisión de insumos traumatológicos.

Con ese análisis como base, acordaron que cada bloque elaborará sus propias propuestas de modificación en los ejes planteados: rediscutir el objeto manteniendo su espíritu principal, el alcance del financiamiento de las prácticas, la metodología para su asignación y el rol del Concejo Deliberante en el proceso.

Luego se avanzará en la redacción de una propuesta de una nueva ordenanza del FAS al que se prevé llegar mediante el consenso de todas las partes.

Grasso se mostró entusiasmado con el desafío en marcha, en un proceso que será ejemplo del “sano ejercicio de la búsqueda de acuerdos en las diferencias” con la premisa de mejorar esta herramienta “tan importante”.

En vísperas al Día de la Mujer, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión del Municipio de Tandil a la Ley Micaela, que establece la obligatoriedad de la capacitación en género a las personas que integran los tres poderes del Estado. La iniciativa la presentó el justicialista Facundo Llano, con apoyo del Bloque Integrar, quien consiguió que la UCR Cambiemos accediera al tratamiento sobre tablas y, tras algunas modificaciones, el acompañamiento de todo el cuerpo.

Desde la barra, un grupo de mujeres aplaudió las intervenciones de un debate que derivó en las diferentes miradas sobre las políticas de género a nivel local y celebró el nuevo paso que dio el Deliberativo en pos de erradicar la violencia machista.

En cuanto a la discusión, mientras desde la oposición reclamaron más acciones para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la implementación de las Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva, el oficialismo defendió la creación de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual y la apertura de la Casa de Abrigo Martha Pelloni.

Será obligatorio

La normativa sancionada ayer establece “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en el ámbito público municipal, en todas sus funciones y jerarquías, referido a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Municipio de Tandil”.

Además, determinó que la autoridad de aplicación será la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, que deberá establecer convenios y articular el trabajo  con el Instituto Nacional de las Mujeres, en función a las certificaciones de calidad de las capacitaciones que se elaboren e implementen.

La formación comenzará dentro del año de entrada en vigencia de la ordenanza y se difundirá el avance en cada área, con el porcentaje de las personas que cumplieron con la disposición.

Por otra parte, se prevén sanciones disciplinarias para las personas que se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas, y se invita a entidades intermedias a establecer, propiciar e impulsar en sus asociados, las referidas capacitaciones en género y violencia contra las mujeres.

El oficialismo y Unidad Ciudadana dieron luz verde a las obras con recursos del FAS

En el primer tramo de la sesión, el oficialismo y Unidad Ciudadana aprobaron la imputación del saldo del ejercicio 2018 del Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) a obras en el Hospital Santamarina. El justicialista Facundo Llano e Integrar no acompañaron y reiteraron los cuestionamientos al uso de recursos afectados para fines distintos a los que establecen las tasas impuestas a los contribuyentes.

De este modo, el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) utilizará 1,7 millones de pesos para la obra de los ascensores (monto que será devuelto al FAS); 1,6 millones para el Arco en C; ejecutará un plan de siniestralidad y reducción de focos de incendio; 246 mil pesos se usarán para puertas de emergencia y rampas; 250 mil pesos para el traslado de la morgue al subsuelo; avanzarán con el recambio de aberturas; otros 630 mil pesos para aberturas de la sala tercera y otros 850 mil para las de la sala cuarta; 950 mil para reparación y colocación de postigos; obras en el laboratorio; 80 mil pesos para la salida de emergencia en la sala de preparación; otros 260 mil para la sala de extracción y recepción; 412 mil para la sala de espera independiente; 60 mil para detectores de humo y luces de emergencia; 350 mil pesos para el recambio de los pisos del pasillo del quirófano; 1,3 millones de pesos para techos y aleros en el área de infectología; 2,5 millones para reformar el buffet; 3,2 millones para construir baños públicos y 730 mil pesos para reformas en el Hospital Larreta de María Ignacia.

“Manotean la plata del FAS”

El concejal Facundo Llano rechazó el uso de los 15,4 millones de pesos que no se ejecutaron en 2018 para obras del Hospital y recordó que en el artículo 23 del presupuesto “optaron por desafectar esos fondos”.

Al argumentar su voto negativo, sostuvo que si el fondo afectado tiene 15,4 millones de pesos al término del ejercicio 2018 se explica porque “faltó gestión para la ejecución, publicidad, andamiaje administrativo, alcance de los beneficiarios, herramientas de distribución para sostener los derechos de las personas alcanzadas por ese fondo”.

El concejal justicialista, que hace dos años presentó un proyecto para modificar la ordenanza del FAS, apuntó que la subejecución amerita que el Ejecutivo, el Legislativo y el Sistema Integrado de Salud (SISP) estudien la herramienta y la reformen para mejorarla.

Por otra parte, reparó en que se está cobrando un impuesto del 3,5 por ciento a los usuarios del servicio de energía eléctrica para el FAS y por lo tanto, si hay recursos subejecutados, se debería achicar la carga tributaria o sostener políticamente la herramienta a partir de mejorar la ordenanza en cuanto al destino de esos fondos.

“De lo contrario, estamos engañando a quien contribuye a un fondo afectado a un fin específico, cobrándole a fines recaudatorios y usándolos para otra cosa”, dijo y aclaró que coincide con la conveniencia de realizar las obras en el Hospital, pero “no hacen a la legitimidad respecto a los fondos utilizados”.

El justicialista hizo hincapié en la “legalidad”, teniendo en cuenta que el impuesto se cobra para un fin pero luego se utiliza para otros. “Manotean la plata del FAS”, dijo e insistió en avanzar con la reforma de la ordenanza que lo creó.

Por otra parte, apeló a ser cautelosos con los impuestos que van atados a los servicios, que crecieron exponencialmente a partir de los tarifazos.

Desde Integrar, Mauricio D’Alessandro citó el caso de una niña que padece cáncer y debe afrontar una operación en el Garrahan, pero no cuenta con medios para pagar el alojamiento. Consideró que para esas situaciones se deberían utilizar los recursos del FAS.

Además, apoyó la visión de Facundo Llano y destacó la importancia de gastar el dinero recaudado por las tasas en la finalidad para la que se creó el impuesto.

El compromiso y el “colapso”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud Alejo Alguacil remarcó que estaba en tratamiento el conjunto de obras que realizarán con el excedente del FAS y colocó en otro plano el debate por la modificación de la ordenanza. En esa línea, destacó que no hubo objeciones de los bloques a las obras establecidas para invertir los más de 15 millones de pesos del FAS.

Al mismo tiempo, reiteró el compromiso de tratar el proyecto de modificación de la herramienta y agregó que se puso a consideración del Ejecutivo la iniciativa del Bloque Justicialista, pero que aún no se lograron los consensos. Además, anticipó que trabaja en una propuesta para crear el Fondo de Infraestructura en Salud, que tomaría recursos de la Ordenanza del FAS, en un intento por zanjar las diferencias que genera la reforma de la norma creada por el doctor Daniel Grasso.

“Nunca fue la intención política retirar de la discusión la reforma del FAS, ya sea por el objeto, el financiamiento o la ampliación”, aseguró Alguacil.

En tanto, Unidad Ciudadana acompañó el uso de los recursos para obras en el Hospital, aunque le marcó al oficialismo que no es novedad que el edificio es centenario y que durante el año pasado el centro asistencial estuvo al borde del “colapso” por problemas con el gas, el agua caliente y los ascensores, entre otros problemas.

Tras las críticas por las falencias que presentan distintos sectores del nosocomio, le otorgó un voto de confianza al Ejecutivo, aunque le recordó al intendente Lunghi –“que además es pediatra”- que podría haber previsto ciertos problemas de infraestructura en los 16 años que lleva al frente de la gestión.

En la primera sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante debatirá la utilización de recursos subejecutados del Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) para ejecutar obras en el Hospital Santamarina. El pedido impulsado por el Departamento Ejecutivo se pondrá a consideración de los legisladores cuando aún no se abrió el debate del proyecto de modificación de la ordenanza que creó el fondo afectado a afrontar tratamientos de alta complejidad para personas que no cuentan con cobertura.

La propuesta para reformular el FAS fue elevada por el Ejecutivo, en noviembre, junto con el Presupuesto 2019. Sin embargo, quedó relegada a partir de las negociaciones que se dieron dentro del oficialismo, en la búsqueda de conseguir la mayoría que le permitiera al intendente Miguel Lunghi contar con la ordenanza madre.

A pesar de que el proyecto de reforma no se trató en comisiones, desde el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) elevaron una solicitud para destinar más de 15 millones de pesos del ejercicio 2018 a obras en el centro asistencial, como puertas de emergencia y rampas, el traslado de la morgue al subsuelo, el recambio de aberturas, la construcción de baños públicos y salas de espera para laboratorio y rayos, además de afrontar los mayores costos del arco en C y del recambio de los ascensores.

Ayer, el vicepresidente del SISP Matías Tringler y la coordinadora de obras del Hospital Marta de Rico mantuvieron una reunión con concejales de las comisiones de Desarrollo Social y Salud, y Economía para responder a las inquietudes de los distintos espacios políticos. Tras el encuentro, se acordó un dictamen de mayoría que hoy se debatirá en el recinto.

Participaron de la mesa de trabajo, los integrantes de la UCR Cambiemos Mario Civalleri, Alejo Alguacil, José Luis Labaroní, Marina Santos, Nora Polich y Marcos Nicolini, el justicialista Facundo Llano, Nilda Fernández por Integrar y Silvia Nosei y Ariel Risso de Unidad Ciudadana.

El destino de fondos del FAS para infraestructura sanitaria se debatirá en medio de los reiterados cuestionamientos de concejales de la oposición por el estado del Hospital. Por caso, las denuncias que generaron las deficiencias de funcionamiento de los ascensores, con demoras en la licitación y en las obras, pero también el estado de otros sectores del centenario edificio.

Cumplir con los compromisos

En diálogo con El Eco Multimedios, la concejal Silvia Nosei, integrante de la Comisión de Salud del Legislativo, explicó que recibieron explicaciones ante las demandas por el estado de algunos sectores del centro asistencial público.

“Si me dicen que van a cumplir con todo en tiempo y en forma, que las licitaciones se van a hacer relativamente rápido, estoy conforme”, dijo con respecto a los resultados de la reunión con autoridades de Salud.

Por otra parte, anticipó que hubo discrepancias sobre un punto del proyecto de ordenanza que dispone la utilización de 1,7 millones de pesos para la obra de los ascensores, recursos que se devolverían al fondo afectado. “No estaba muy claro el artículo. Se pidió que se reformule y que se reescriba”, indicó.

En cuanto a su sensación que le dejó el encuentro con los funcionarios del SISP, reiteró que estarán conformes “si las cosas se hacen y se cumplen” y con respecto a la nómina de las obras, agregó que entre las propuestas figuran “cosas que las hemos detectado como prioridades, como los baños públicos, y el tema de manejo de residuos patogénicos, que también es una problemática muy seria”.

En conclusión, recalcó que “en la medida en que todo eso que se dice se va cumpliendo en los plazos más o menos establecidos, seguiremos acompañando porque no es una cuestión de criticar y nada más”.

De todos modos, reclamó que “las cosas se vayan haciendo” y reparó en que “hay situaciones de infraestructura que son muy desprolijas en cuanto a la ubicación, como el hecho de bajar un ascensor que va para la cocina y que ahí haya un contenedor con residuos, es algo que también se tiene que manejar de otra manera y eso lo hemos visto todos los que circulamos por el Hospital”.

Sin respuestas

Sumado a todo esto, la legisladora subrayó cuestiones vinculadas a los recursos humanos como “falta de médicos”, por lo cual advirtió que “hay otro montón de planteos para hacer con el tema del uso del FAS, como las prótesis que no son enviadas desde la Provincia”.

Nosei señaló que “tenemos un millón de preguntas sin respuestas todavía”, aunque valoró la presencia de las autoridades de Salud en la reunión de comisión ampliada. “Celebro que vengan, que podamos vernos las caras y decirnos, y que una vez que ellos se retiraron con un compromiso cierto y escrito, que nosotros también podamos hacer el control y seguimiento para decir si se cumple o no”, dijo.

Falencias edilicias

La concejal de Unidad Ciudadana visita todas las semanas al Hospital, lo recorre, escucha al personal y recaba información, además de registrar fotos, como así también recibe demandas de trabajadores de la salud con respecto a las falencias que presentan los servicios.

Con respecto a las obras propuestas por el Ejecutivo, coincidió en la necesidad de incorporar de sanitarios. “En un Hospital tan enorme como el nuestro, baños públicos no había más que uno y se requería un traslado guiado para encontrarlo. Aparentemente ahora se van a hacer para que queden cómodos para la gente”, evaluó.

Otro de los ejemplos que mencionó responde a los quirófanos, sector que recorrió durante la semana pasada junto a trabajadores del área y que evidencian problemas en los pisos, los bajo mesadas, la campana extractora para los gases contaminantes, y la salida de emergencia que se encuentra tapada con durlock y ante cualquier inconveniente, deberán romper la división con un hacha para bajar por una escalera que lleva a los balcones de la sala contigua.

“Cuando consulto por los pisos, me dicen que se va a trabajar en ello pero tienen que tener disponible el quirófano del Hospital de Niños y conveniar con la Clínica Chacabuco y el Sanatorio para que los días que no se pueda ingresar al quirófano haya una alternativa para cirugías urgentes, ya que las programadas se podrán correr”, explicó. Al mismo tiempo, hizo hincapié en el rol de la oposición de comprender los argumentos del Ejecutivo, pero exigir que cumpla con los compromisos asumidos.

El Departamento Ejecutivo elevó, junto con el proyecto de Presupuesto 2019 y las modificaciones a la Ordenanza Fiscal e Impositiva, una propuesta para reformular el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS). La iniciativa pretende cambiar siete artículos e incorporar uno más a la Ordenanza 9495 que impulsó el recordado doctor Daniel Ramón Grasso.

En reiterados debates, legisladores de la oposición habían marcado la necesidad de debatir modificaciones en el fondo afectado, teniendo en cuenta que se encuentra subejecutado y que, en más de un ejercicio fiscal, sus recursos han sido desafectados para afrontar el déficit de las cuentas municipales.

Incluso, en octubre de 2016 el Bloque Justicialista había presentado un proyecto de ordenanza para reformar el FAS, que se derivó para que lo analizara el Departamento Ejecutivo y terminó “cajoneado”. A partir de esa propuesta –que coincide en muchos puntos con la actual-, en reiteradas ocasiones, Facundo Llano reclamó en el recinto que se discutiera el destino de esos recursos que se perciben como un impuesto municipal en la factura de la Usina, teniendo en cuenta que obliga a una contraprestación por parte de la comuna y que buena parte se desafectaba para afrontar gastos corrientes.

También se escucharon reclamos de la concejal de Integrar Nilda Fernández, quien objetó que no podía realizar un seguimiento del flujo de los recursos del FAS, es decir, acceder al dinero que ingresaba en la cuenta especial y lo que se había devengado. Frente a esto, observaba demandas de vecinos que no podían acceder a tratamientos o medicación costosa.

A las frondosas críticas se agregó la incertidumbre por el futuro de la herramienta a partir de la resolución del Oceba (Organismo de Control de la Electricidad de la Provincia de Buenos Aires) que intentó quitar los cargos de la factura de luz, en pleno reclamo por los tarifazos. Finalmente, ante la presión de los intendentes, la Provincia desistió de esa medida, y ahora el Ejecutivo municipal optó por elevar una reforma que le permita dirigir más recursos a equipar con aparatología e infraestructura al Sistema Integrado de Salud Pública, además de transparentar el flujo de fondos a partir de las prestaciones que se concretan con subsidios del FAS.

De acuerdo con el informe oficial, se esperaban recaudar más de 11,5 millones de pesos con las facturas de luz para el FAS, que tiene una altísima cobrabilidad teniendo en cuenta que al usuario que no paga la Usina le corta el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, al 30 de septiembre, cuando aún faltaba un trimestre completo para cerrar este año, esa cifra había sido ampliamente superada y ascendía a 12,8 millones de pesos. Sin dudas, el enorme incremento de las tarifas incidió para superar ampliamente las previsiones oficiales.

Los cambios

En primer lugar, el Ejecutivo promueve que el fondo especial tenga como “destino exclusivo” costear prácticas, estudios y tratamientos de alta complejidad que no puedan ser derivados a un efector público dentro del país; la provisión de órtesis, prótesis e insumos; aparatología e inversiones de infraestructura en el Sistema Integrado de Salud Pública.

La ordenanza original establecía que los recursos del FAS se destinaban a “solventar  económicamente la atención de patologías que impliquen prácticas  de  alta complejidad, y que no puedan ser derivadas a un efector público dentro del país”.

De este modo, se agrega la compra de órtesis, prótesis e insumos -al igual que la iniciativa que había presentado el Bloque Justicialista- y equipamiento e infraestructura para los hospitales, situación que estaba contemplada a través de modificaciones posteriores al proyecto que data del retorno de la democracia.

Por otra parte, la iniciativa define que son “prácticas de alta complejidad aquellas que impliquen un nivel de tecnología o de especialización superiores a los disponibles en los efectores del Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado”. Se trata de un resguardo lógico, ya que antes sólo se contemplaba al Hospital Santamarina porque al momento de sancionar la normativa no existía el Debilio Blanco Villegas.

También reformula el artículo 3 bis de la Ordenanza 9495, que establece como requisitos para acceder al beneficio ser residente del partido de Tandil con un mínimo de dos años; no tener cobertura social de ningún tipo o contar con  certificación de no cobertura de la práctica solicitada luego de la tramitación de las excepciones correspondientes; ser paciente del Sistema Integrado de Salud y tener el aval del profesional hospitalario que intervino.

Más recursos para el Sistema de Salud

Otro de los artículos que busca reformar es el quinto, que permitía utilizar sólo el 15 por ciento de los recursos del FAS para equipar el Hospital. Ahora el Ejecutivo pugna por ampliar ese índice al 50 por ciento del fondo para “cubrir gastos de incorporación de aparatología destinada a la atención de patologías cuyo tratamiento pueda ser realizado en el Sistema Integrado de Salud Pública y/o inversiones de infraestructura (construcciones, refacciones, reparaciones o incorporaciones de tecnologías) en los efectores del sistema”.

En ese mismo artículo, el Ejecutivo se compromete a elevar al Concejo Deliberante “cada propuesta en función de las necesidades y prioridades” para que sea aprobada por ordenanza.

También señala que el porcentaje total que se use para el Sistema de Salud “deberá establecerse de manera tal que garantice” los pedidos de estudios y tratamientos de alta complejidad y de órtesis, prótesis e insumos. Para ello se utilizarán las estadísticas disponibles sobre el comportamiento del fondo especial.

La transparencia y el flujo de los recursos

Por otra parte, el Ejecutivo reforma el artículo 7, vinculado al depósito de los fondos. En principio, mantiene que “la recaudación que realice el Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado en concepto de donaciones y reintegros deberá ser depositada en su cuenta especial creada en el Banco de la Provincia de Buenos Aires dentro de las veinticuatro horas hábiles de percibida”.

En tanto, establece que “la Secretaría de Economía y Administración transferirá cada mes al Ente Descentralizado la recaudación del mes anterior”, cuando la ordenanza original reglaba que “los  concesionarios eléctricos depositarán hasta el día 10 de  cada mes o día hábil posterior, en la cuenta especial, la recaudación del mes anterior”.

Por otra parte, promueve cambios en el artículo 8 que ahora delega en el Sistema Integrado de Salud Pública el manejo de los fondos y la potestad de evaluar y otorgar el beneficio solicitado. “Estos fondos serán destinados a la atención de patologías donde se deberá dar prioridad a los efectores del sector público y, de no ser posible lo antes mencionado, determinándose en qué servicios deberá efectuarse la atención”, agrega.

El artículo 12 señala que “el Departamento Ejecutivo elevará ante el Concejo Deliberante para su convalidación dentro de los 30 días de promulgada la presente ordenanza, un nuevo reglamento de funcionamiento y condiciones necesarias para acceder al Fondo de Ayuda Solidaria”.

Por último, incorpora el artículo 12 bis que crea, en el ámbito del Sistema Integrado de Salud Pública, “un registro de los casos tramitados por este fondo”. Además, en el marco de la ordenanza de transparencia (15931), requiere generar un apartado en la página web del Municipio con información y estadísticas del FAS, sumado al detalle de los ingresos y egresos del mismo.

Otro elemento que agrega es que el área de Salud “arbitrará los medios necesarios para garantizar la difusión del fondo entre los trabajadores de la salud y la ciudadanía en general”.