El Gobierno de Javier Milei enfrentó este jueves una nueva jornada de protestas con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones sociales y políticas frente al Congreso de la Nación. La movilización estuvo atravesada por los reclamos de financiamiento para las universidades públicas, una disputa judicial por la aplicación de la legislación vigente y una serie de incidentes que alteraron el desarrollo de la convocatoria.

La protesta también coincidió con una jornada de actividad parlamentaria en la que el oficialismo logró evitar el tratamiento del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados, mientras distintos sectores reclamaban la derogación del decreto de desregulación económica.

La principal demanda de la comunidad universitaria fue el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada pese al veto presidencial. Las universidades sostienen que la norma resulta fundamental para garantizar su funcionamiento, actualizar los salarios de docentes y no docentes y recomponer el valor de las becas estudiantiles.

En las últimas horas, la Justicia dispuso la suspensión provisoria de las multas de 100.000 pesos diarios que pesaban sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la actualización de salarios y becas.

Sin embargo, la decisión no resolvió la controversia de fondo. Mientras el Gobierno mantiene sus objeciones presupuestarias a la aplicación plena de la ley, las autoridades universitarias insisten en que debe cumplirse una norma que superó todas las instancias legislativas.

Desde las 13, miles de manifestantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Congreso, donde confluyeron columnas de estudiantes, agrupaciones universitarias, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos políticos.

Durante las primeras horas, la movilización se desarrolló sin mayores inconvenientes. Sin embargo, pasadas las 14 se registraron incidentes cuando un grupo de personas se acercó al vallado de seguridad instalado por Gendarmería Nacional sobre la avenida Entre Ríos.

Según los reportes de la jornada, algunos de los involucrados comenzaron a arrojar piedras hacia los efectivos e intentaron derribar las vallas metálicas. Previamente, un grupo de jubilados autoconvocados había intentado alejarlos del sector para evitar enfrentamientos.

De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, los disturbios dejaron un saldo provisorio de cinco policías heridos y una persona detenida.

Los episodios de violencia modificaron el desarrollo de una convocatoria que hasta ese momento había transcurrido sin incidentes de consideración.

A la tensión se sumaron las condiciones climáticas. Pasadas las 15 comenzó a llover en las inmediaciones del Congreso, mientras continuaban los discursos desde el escenario principal. La combinación de la lluvia y los enfrentamientos provocó que parte de los manifestantes comenzara a retirarse antes de lo previsto.

Más allá de los incidentes, el eje central de la movilización estuvo puesto en la situación presupuestaria de las universidades nacionales y en las consecuencias que, según sus autoridades, genera la falta de actualización de los recursos.

Antes de los enfrentamientos, representantes de la Federación Universitaria y del Consejo Interuniversitario Nacional habían leído un documento consensuado en el que advirtieron sobre el deterioro del sistema de educación superior.

En el texto señalaron que el desfinanciamiento universitario está dando inicio a un proceso de deterioro que podría afectar el desarrollo del país y las oportunidades de las próximas generaciones.

“Estamos hipotecando nuestro futuro”, expresaron los representantes universitarios, quienes también remarcaron la necesidad de respetar las decisiones del Congreso.

“También marchamos en defensa de la democracia, porque en democracia, la ley se cumple”, sostuvieron en uno de los pasajes del documento.

La comunidad universitaria volvió a reclamar una recomposición salarial para docentes y no docentes, mejoras en las becas y recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas.

La quinta Marcha Federal Universitaria también se convirtió en un espacio de confluencia de diferentes sectores que cuestionan las políticas del Gobierno nacional.

A los estudiantes y trabajadores universitarios se sumaron organizaciones sindicales, movimientos sociales, agrupaciones políticas y jubilados, que expresaron sus propios reclamos contra las medidas económicas del Ejecutivo.

Entre las consignas que se observaron durante la jornada aparecieron mensajes como “Milei, cumplí la ley”, impulsado por el Frente Sindical Universitario, y “La patria no se vende”.

También hubo banderas referidas a la situación de los jubilados y a la defensa de la soberanía nacional, mientras se escucharon cánticos críticos hacia el Presidente.

En paralelo, distintas organizaciones reclamaron la derogación del DNU 70/2023, una iniciativa que finalmente no logró avanzar en su tratamiento parlamentario durante la jornada.

De esta manera, la quinta Marcha Federal Universitaria volvió a colocar el financiamiento de la educación pública en el centro de la discusión nacional, en un escenario marcado por la confrontación entre el Gobierno, el Congreso y las instituciones universitarias.

Aunque los incidentes frente al Congreso y la lluvia alteraron el desarrollo de la convocatoria, los organizadores ratificaron su reclamo para que el Poder Ejecutivo cumpla con la legislación vigente y garantice los recursos necesarios para el sostenimiento de las universidades públicas.

El rector de la Universidad Nacional den Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), Marcelo Aba, advirtió sobre el deterioro del financiamiento universitario y las dificultades que atraviesan las instituciones públicas para sostener sus actividades. En diálogo con Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, defendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y convocó a la comunidad a participar de la movilización prevista en Tandil.

Aba sostuvo que la discusión presupuestaria excede una cuestión administrativa y compromete el futuro de la educación superior, la investigación científica y la producción de conocimiento en el país.

El rector de la Unicen señaló que las universidades atraviesan una pérdida de capacidad operativa debido al retraso de sus partidas presupuestarias. Según explicó, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó elevar los fondos previstos de 7 billones a 11 billones de pesos, una actualización que, indicó, toma como referencia el presupuesto de 2023 ajustado por inflación. 

“No es un número caprichoso, es simplemente aplicar lo que era el presupuesto anterior ajustado por el IPC”, afirmó Aba.

La falta de recursos condiciona el funcionamiento cotidiano de las instituciones y pone en riesgo la continuidad de actividades esenciales, como la enseñanza, la investigación y el trabajo de las distintas sedes universitarias.

Otro de los ejes de la entrevista fue la Ley de Financiamiento Universitario. Marcelo Aba recordó que la norma fue vetada por el Poder Ejecutivo y que posteriormente el Congreso insistió con su aprobación. Sin embargo, señaló que persiste el conflicto en torno a su aplicación, lo que derivó en una disputa judicial.

“Cuando planteamos que marchamos por la universidad, también lo hacemos por la democracia. Hay una ley que el Poder Ejecutivo no cumple, mientras que el Congreso y la Justicia han marcado una dirección distinta”, sostuvo.

En ese contexto, el rector de la Unicen consideró que el presupuesto de 2027 debería contemplar, como mínimo, los recursos establecidos por la ley para evitar un mayor deterioro del sistema universitario.

Aba explicó que, si bien la Unicen mantiene sus niveles de matrícula, observa una mayor presencia de estudiantes de la región y una disminución relativa de quienes llegan desde otras localidades. Según planteó, las dificultades económicas afectan la posibilidad de trasladarse, alquilar y sostener los gastos que implica estudiar lejos del hogar.

La situación económica también repercute en las oportunidades de acceso y permanencia en la universidad, un escenario que el rector vinculó con la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los costos cotidianos.

Consultado sobre los cuestionamientos a las universidades públicas, el rector de la Unicen rechazó que existan denuncias formales contra la institución y señaló que la institución está sujeta a distintos mecanismos de control. “En estos tres años hemos recibido ataques, pero nunca denuncias formales. Estamos siendo auditados por la Auditoría General de la Nación, por auditorías internas y por controles propios, además de contar con una página de transparencia”, aseguró.

El rector también cuestionó lo que consideró diferencias en el tratamiento público de las universidades frente a otros ámbitos del Estado en materia de administración de fondos.

A pesar de las dificultades presupuestarias, Aba remarcó que la universidad mantiene su actividad académica y científica, con congresos, proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos. Entre ellos mencionó los simuladores del Pladema utilizados en Vaca Muerta. No obstante, advirtió que la planificación para 2027 se realiza con cautela ante la incertidumbre sobre los recursos disponibles.

“Estamos tratando de ser lo más cautelosos posible, no asumiendo compromisos que no podamos afrontar”, expresó. También señaló que las restricciones generan tensiones internas al momento de distribuir los recursos entre las distintas necesidades de la institución.

En paralelo, indicó que la Unicen trabaja en la actualización de su oferta académica, con iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial y al desarrollo de carreras más cortas. Sin embargo, consideró que la incertidumbre financiera resta tiempo y capacidad para avanzar en esos cambios.

En el tramo final de la entrevista, Marcelo Aba convocó a la comunidad a participar de la movilización prevista en Tandil para reclamar por el financiamiento universitario y la aplicación de la ley.

“La universidad es un ámbito neutral que pretende recibir a toda la sociedad. Ojalá podamos ser el foco para concentrar el sentir de quienes ven que su situación no mejora”, manifestó.

La convocatoria busca visibilizar las dificultades que atraviesa el sistema público de educación superior y defender su papel en la formación profesional, la investigación y el desarrollo nacional.

Aba concluyó que la universidad pública continúa siendo una herramienta de progreso social, pero advirtió que “su capacidad de enseñar, investigar e innovar depende de contar con un financiamiento que permita sostener sus funciones”.

El juez Martín Cormick dio lugar a la apelación del Gobierno nacional contra el fallo que avaló la Ley de Financiamiento Universitario, aunque sostuvo el cumplimiento de la cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la normativa.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 concedió el pedido de las autoridades, y ahora será la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que definirá si se confirma o revoca la resolución de primera instancia.

Sin embargo, en el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas Cormick decidió que “se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”, la cual ordenó al Gobierno a otorgar partidas a las universidades para su funcionamiento, recomponer el salario de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.

El Ministerio de Capital Humano, había rechazado la decisión del juez por considerar que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el orden fiscal.

Entre los puntos cuestionados, el Gobierno dijo que cumplir con la ley “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que no se identificó una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.

De acuerdo con el escrito, las autoridades consideran que la Ley de Financiamiento Universitario se financiará “mediante reasignaciones” de presupuesto, que alcanzaría al 90,30 por ciento “de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.

En esa línea, remarcaron que la Ley 24.629 debe ser interpretada “armónicamente” junto con las leyes 24.156 y 27.798 que establecen normas para autorizar y ejecutar el gasto público. NA

Un centenar de alumnos realizaron una sentada en el interior del establecimiento, reclamaron, además, el aumento de la Beca Progresar y convocaron a una movilización hacia las inmediaciones del Palacio, situado en la calle Pizzurno 935, “para acompañar la medida”.

Asimismo, informaron que no se pensaban irse del edificio hasta que los recibiera el secretario de Educación, Carlos Torrendel.

La Agencia Noticias Argentinas dialogó con Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras se encontraba dentro del Palacio.

Manifestó que esta iniciativa comenzó con una sentada frente al edificio y derivó en el ingreso “en busca de respuestas”.

“Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir. Llamamos también a toda la sociedad argentina, a toda la gente que vive en Capital, en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, a que se pueda acercar, a que nos pueda acompañar en este reclamo que es de todos y de cada uno de nosotros”, sostuvo.

Y agregó: “Porque lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, a poder elegir una carrera universitaria, a poder salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo”.

Este hecho se produjo a una semana de la 5° Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes y no-docentes, para el próximo 15 de octubre, con una movilización hacia el Congreso que se fusiona con el reclamo por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció. Tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia”, concluyó Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, quien también se encontraba dentro del Palacio. NA

El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.

De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.

Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.

El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.

Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.

Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.

Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23 por ciento del PBI nominal proyectado. NA

El juez en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, intimó al gobierno Nacional a que en un plazo de cinco días dé cumplimiento total a la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial se centra específicamente en los artículos 5 y 6, los cuales establecen la recomposición de los salarios docentes y no docentes, además de la actualización de las becas estudiantiles.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, quien celebró la decisión judicial en el marco de la causa iniciada para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa.

Excelente noticia del ámbito judicial en el marco de la causa que llevamos adelante por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento. El juez que entiende en la causa intimó hoy al Estado Nacional a dar cumplimiento total a la medida cautelar que, como lo dice el escrito, se encuentra plenamente vigente y no cumplida.

El funcionario universitario detalló que la resolución judicial establece un plazo de cinco días para que el Estado Nacional regularice la situación, bajo apercibimiento de aplicar astreintes. Estas multas diarias de carácter progresivo fueron solicitadas por el Consejo Interuniversitario Nacional como una herramienta para presionar por el cumplimiento de la orden judicial.

Al respecto, Franco Bartolacci enfatizó que el sector universitario mantiene su postura con responsabilidad y firmeza.

Seguimos con mucha responsabilidad, respetando todos los pasos del proceso judicial, también con mucha firmeza, hasta que se cumpla la ley, que es lo que corresponde. Hoy tenemos esta buena noticia para compartirles.

Luego de la convocatoria lanzada meses atrás, el Municipio de Tandil dio a conocer los 18 proyectos seleccionados para recibir el Fondo de Financiamiento a Proyectos Culturales 2026, una iniciativa que este año alcanzó su cuarta edición.

La propuesta despertó un importante interés dentro de la comunidad artística local: se presentaron 131 proyectos pertenecientes a artistas, grupos, gestores y espacios culturales del Partido de Tandil.

Finalmente, fueron elegidas iniciativas correspondientes a artes audiovisuales, artes escénicas, artesanías, artes visuales, espacios culturales, letras, música, patrimonio cultural y producciones vinculadas a publicaciones, diseño, radio, televisión y sitios de Internet con contenido cultural.

En Artes Audiovisuales fueron seleccionados “Las paredes hablan. Mapping e historia local sobre nuestros patrimonios”, de María Cecilia Christensen, y “El Queso Gigante de San Lorenzo”, de Facundo Simos.

En Artes Escénicas, resultaron elegidos “Fortalecer las raíces: acceso a la cultura para las infancias de Azucena”, presentado por Vilma Carina Villegas, y “10ma. Llamada de Candombes. Encuentro Regional de Candombes en Tandil”, de María Belén Álvarez.

Dentro de Artesanías, fue seleccionado “Las Liebres”, de Salomé González, mientras que en Artes Visuales recibirán el financiamiento “Las piedras aún sueñan con sus latidos: retratos de mujeres que lucharon en Tandil”, de Martina Cabrera, y “Reminiscencias”, de Rodrigo Achaval.

Entre los espacios culturales registrados bajo la Ordenanza Nº 16.703, fueron escogidos “Proyecto Nueve 90”, presentado por la Cooperativa Cultural de Trabajo Nueve 90 a través de su síndica Julieta Rabitti, y “Piano Bar”, de Corina Andrea Alexander, responsable del Espacio Cultural Arte y Parte.

En el rubro Letras, los seleccionados fueron el poemario “Territorios poéticos”, de María Luján Groh, y el “Primer Festival de Poesía en Tandil”, presentado por Magdalena Heer.

La categoría Música reunió tres propuestas elegidas: “De la idea al Disco”, de Luis Martín Castelli; “La Bandurria - Grabación y difusión en establecimientos educativos locales”, de Gastón Dubini; y “Valentina Palacio”, presentado por Valentina Palacio Pagliaro.

En Patrimonio Cultural, fueron seleccionados “Centro cultural integral Carpe Diem”, de Cristian Rodicio, y “Las voces de quienes vieron la Piedra Movediza”, de Cristian Segura.

Finalmente, dentro de Publicaciones, diseño, radio, televisión y sitios de Internet con contenido cultural, recibirán el apoyo “Atrapa tu historia”, de Rodrigo Podestá, y “Desconocidas”, de Yahira Gasca.

Cada uno de los 18 proyectos seleccionados recibirá un Apoyo Económico Extraordinario de $750.000, mediante un único pago. De esta manera, el Fondo distribuirá en esta edición un total de $13,5 millones entre las iniciativas elegidas.

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación destacaron la participación alcanzada por la convocatoria y felicitaron a los responsables de los proyectos seleccionados. El programa apunta a acompañar la creación y producción artística, favorecer la circulación de las propuestas y fortalecer el entramado cultural tandilense.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gardey se sumará este jueves 10 de septiembre al sirenazo nacional convocado para reclamar por las demoras en el envío de fondos destinados al sostenimiento de los cuerpos de bomberos voluntarios del país.

La situación no es nueva para la institución de la localidad rural. En febrero, El Eco de Tandil dialogó con su jefe, Jorge Kelly, quien por entonces advertía sobre la demora en la llegada de recursos nacionales y las dificultades que eso generaba para afrontar diferentes gastos del cuartel.

Más de seis meses después, el reclamo continúa vigente. Según explicó Kelly en una nueva comunicación con este medio, el cuartel todavía espera el remanente correspondiente al período anterior y durante 2026 tampoco recibió los fondos nacionales previstos para este año.

“Es todo lo mismo”, resumió el jefe del cuartel al describir la situación. Según recordó, cuando se produjo la primera demora en el pago, la institución atravesó además un cambio de comisión directiva que obligó a actualizar documentación ante Personería Jurídica y realizar nuevamente trámites necesarios para obtener el certificado operativo que habilita el acceso a los subsidios.

Sin embargo, Kelly aclaró que el inconveniente no alcanza solamente a los cuarteles que tuvieron demoras administrativas. De acuerdo con la información que manejan desde el sector, numerosas instituciones que contaban con toda la documentación presentada tampoco recibieron los recursos.

“Hay cuarteles que estaban bien con sus papeles, con todo presentado al día, y tampoco lo han cobrado”, sostuvo. Y estimó que hasta el momento habría recibido los fondos alrededor del 40 o 50 por ciento de los cuarteles del país.

En el caso de Gardey, continúa pendiente el remanente sobre el cual Kelly ya había advertido en febrero. “Se dice que lo iban a pagar, pero no se vio un peso”, señaló. A eso se suma que “este año no se recibió nada todavía”, pese a que, según explicó, los recursos correspondientes a 2026 ya deberían haber comenzado a llegar.

Kelly reconoció que históricamente podían registrarse algunas demoras en el desembolso de subsidios nacionales y provinciales, pero sostuvo que habitualmente se producían “dentro de algo lógico”. Actualmente, en cambio, aseguró que son numerosos los cuarteles que continúan esperando.

La falta de esos recursos repercute directamente sobre los gastos cotidianos de una institución que debe estar preparada permanentemente para responder ante emergencias. Entre las principales necesidades, Kelly enumeró la compra de indumentaria para los bomberos, combustible, reparaciones, seguros y el mantenimiento de los cinco vehículos con los que cuenta el cuartel.

Uno de los puntos que más preocupa es precisamente el equipamiento de protección personal. “La ropa que tenemos es ropa que nos han ido regalando otras instituciones desde el día que abrimos. No pudimos comprar todavía nuestra indumentaria nueva”, contó.

Los equipos utilizados para combatir incendios tienen una vida útil determinada y su renovación constituye, ante todo, una cuestión de seguridad para los propios bomberos. Kelly indicó que la indumentaria tiene una vida útil estimada de diez años y señaló que comprar equipamiento nuevo será una de las prioridades cuando puedan disponer de los recursos.

Mientras tanto, el cuartel continúa sosteniéndose con el acompañamiento de la comunidad. La ampliación de los vestuarios, una de las obras que estaba pendiente cuando El Eco dialogó con Kelly en febrero, se encuentra actualmente próxima a finalizar, aunque el avance fue posible a partir de rifas, iniciativas propias, aportes del Presupuesto Participativo y la colaboración de vecinos.

“Siempre tenés el vecino que se acerca, te da una mano con la albañilería, otro que te dice ‘qué precisás’. Vamos llevándolo adelante”, destacó Kelly.

En este contexto, Gardey participará de la protesta impulsada a nivel nacional y canalizada en la región a través de la federación que nuclea a los cuarteles. La convocatoria es para el jueves 10 de septiembre a las 10 de la mañana y contempla la participación tanto de instituciones que ya recibieron los fondos como de aquellas que todavía los esperan.

En Gardey, la manifestación será simbólica. Los bomberos realizarán un toque de la sirena del cuartel y harán sonar las sirenas de los móviles ubicados frente al portón de la institución. También se sumarán cuarteles de otras localidades de la región.

“Entre todos vamos a hacer algo. No sé si va a dar algún efecto, pero es para que se sepa que todo el país está en lo mismo, está en el mismo reclamo”, concluyó Kelly.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo programa destinado a impulsar el crédito hipotecario en la Argentina, con una inversión de 2 billones de pesos y el objetivo de que entre 17.000 y 18.000 familias puedan acceder a financiamiento para la compra de una vivienda.

La medida se implementará a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que extenderá el plazo de sus depósitos a plazo fijo y los licitará entre bancos. El objetivo es que las entidades financieras cuenten con fondos de mayor plazo para acelerar la originación de créditos hipotecarios.

“Venimos a tratar de dar una mano con el Ministerio de Capital Humano para resolver este problema desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene como función hacer plazos fijos en bancos”, explicó Caputo durante una conferencia de prensa.

Según detalló el ministro, los depósitos serán licitados por plazos de entre uno y cinco años, mediante un mecanismo transparente en el que los bancos deberán competir respetando tasas mínimas y máximas.

Para las colocaciones a un año, el FGS establecerá una tasa mínima de UVA más 2,5%, mientras que para las de cinco años será de UVA más 4,5%. A su vez, los bancos deberán garantizar que los créditos hipotecarios otorgados con esos fondos no superen una tasa de UVA más 7,5%.

La primera licitación se realizará la próxima semana y será por 200.000 millones de pesos. A partir de sus resultados se determinará el ritmo de las siguientes convocatorias, en función de la velocidad con la que las entidades financieras logren otorgar los nuevos créditos.

Las subastas se canalizarán a través de un sistema del Banco Central, que tendrá el rol de agente organizador y supervisará que los fondos sean destinados efectivamente a préstamos hipotecarios dentro de los plazos establecidos.

Caputo destacó que el crédito hipotecario en la Argentina todavía representa una proporción muy reducida de la economía. “El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa dos puntos de producto”, señaló.

Como referencia, mencionó que en Chile representa aproximadamente el 27% del producto, mientras que en Estados Unidos llegó a alcanzar el 75%. En ese sentido, consideró que existe un amplio margen para expandir el mercado hipotecario argentino.

El programa contempla un monto máximo de 150.000 UVA por crédito, equivalente aproximadamente a 200.000 dólares. De acuerdo con los cálculos presentados por el ministro, el promedio actual de los créditos hipotecarios ronda los 114 millones de pesos, por lo que el monto previsto permitiría alcanzar a unas 17.000 o 18.000 familias.

Durante su exposición, Caputo presentó un ejemplo para explicar el alcance de la iniciativa. Una propiedad valuada en 106.667 dólares, financiada en un 75%, implicaría un crédito de unos 80.000 dólares.

Con una tasa de UVA más 7% y un plazo de 25 años, la cuota mensual sería de aproximadamente 865.098 pesos, un valor que el ministro comparó con el costo de un alquiler.

Para acceder a ese financiamiento, la cuota no podría superar el 25% de los ingresos familiares. Por ese motivo, el ingreso neto necesario sería de alrededor de 3.460.391 pesos, frente a un ingreso promedio neto estimado actualmente en 1.800.000 pesos.

En la práctica, esto implica que para acceder a un crédito de esas características sería necesario, en muchos casos, combinar los ingresos de una pareja.

El Gobierno apuesta a que la ampliación de los fondos disponibles a largo plazo permita a los bancos incrementar la cantidad de créditos hipotecarios otorgados y, de esa manera, contribuir a la recuperación del mercado inmobiliario y al acceso a la vivienda.

El Fondo de Financiamiento a Proyectos Culturales 2026 cerró su convocatoria con un total de 131 proyectos presentados, una cifra que, según destacaron desde el Municipio de Tandil, refleja la intensa actividad y el compromiso del sector cultural de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, se desarrolla por cuarto año consecutivo y tiene como objetivo brindar apoyo económico a artistas, colectivos, espacios y gestores culturales para el desarrollo de proyectos originales.

Tras el cierre de la inscripción, un jurado será el encargado de evaluar las propuestas y seleccionar 20 proyectos culturales, que deberán estar enmarcados en alguna de las disciplinas contempladas por el programa: Artes Escénicas, Música, Audiovisuales, Artes Visuales, Letras, Artesanías, Medios y Diseño, Patrimonio y Espacios Culturales.

Cada una de las iniciativas elegidas recibirá un financiamiento de 750.000 pesos para su concreción.

Durante el proceso de evaluación se tendrán en cuenta distintos criterios, entre ellos el impacto en la comunidad, la identidad local, la articulación con otros actores, la paridad de género y la sustentabilidad de cada propuesta.

Desde la organización informaron que los resultados de la convocatoria serán anunciados a partir del 7 de septiembre, cuando se darán a conocer los 20 proyectos que accederán al financiamiento municipal.

El Municipio de Tandil abrió una nueva convocatoria del Fondo de Financiamiento a Proyectos Culturales 2026, un programa que se desarrolla por cuarto año consecutivo con el objetivo de acompañar económicamente a artistas, grupos artísticos, gestores y espacios culturales de la ciudad.

En esta edición, se otorgarán $750.000 a cada uno de los 20 proyectos culturales originales que resulten seleccionados. Las propuestas podrán corresponder a distintas disciplinas, entre ellas artes escénicas, música, audiovisuales, artes visuales, letras, artesanías, medios y diseño, patrimonio y espacios culturales.

El programa busca promover iniciativas artísticas y potenciar las diferentes disciplinas en sus etapas de creación y producción, además de fortalecer la circulación de los proyectos dentro del entramado cultural local.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio y se realiza de manera online a través del formulario disponible en www.cultura.tandil.gov.ar, donde también pueden consultarse las bases y condiciones de la convocatoria.

De acuerdo con el cronograma establecido, los resultados de la selección se darán a conocer a partir del 7 de septiembre.

Por cuarto año consecutivo, el Municipio de Tandil abrió la convocatoria al Fondo de Financiamiento a Proyectos Culturales, una herramienta destinada a fortalecer y visibilizar las distintas expresiones artísticas locales mediante la entrega de apoyos económicos a iniciativas del Partido.

En esta edición, se seleccionarán 20 proyectos culturales, que recibirán un total de 15 millones de pesos. Cada propuesta elegida accederá a un Apoyo Económico Extraordinario de $750.000, otorgado en un único pago para acompañar su proceso de creación, producción y difusión.

La convocatoria está dirigida a artistas, grupos artísticos, gestores culturales y espacios culturales registrados, con el objetivo de promover las iniciativas locales y potenciar las diferentes disciplinas artísticas en sus distintas etapas de desarrollo.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 19 de junio hasta el 31 de julio de 2026 y deberán realizarse exclusivamente a través del formulario online disponible en el sitio web de la Subsecretaría de Cultura y Educación. Los resultados se darán a conocer a partir del 7 de septiembre.

Los proyectos podrán presentarse en diversas disciplinas, entre ellas música, artes audiovisuales y multimedia, artes visuales, artes escénicas, artesanías, letras, publicaciones y medios con contenido cultural, patrimonio cultural y espacios culturales. Desde la organización se informó que se seleccionarán al menos dos proyectos por cada disciplina, aunque algunas categorías podrían quedar vacantes si las propuestas no alcanzan los requisitos establecidos.

Podrán participar personas mayores de 18 años, argentinas o extranjeras, que acrediten una residencia permanente en Tandil de más de dos años. Cada participante o grupo artístico podrá presentar una única propuesta, debiendo designar un responsable que complete la inscripción y gestione la documentación requerida.

Entre las condiciones establecidas, los postulantes deberán detallar el destino de los fondos solicitados y presentar un plan de utilización del aporte económico. Asimismo, los proyectos seleccionados tendrán un plazo de hasta 90 días para desarrollar la iniciativa y deberán presentar un registro del proceso creativo, junto con una rendición económica y un informe final de actividades.

La evaluación estará a cargo de jurados especializados designados por la Subsecretaría de Cultura y Educación, quienes confeccionarán un orden de mérito por disciplina. Los resultados serán publicados por los canales oficiales del Municipio y tendrán carácter definitivo.

Con esta nueva edición del Fondo de Financiamiento a Proyectos Culturales, el Municipio busca continuar fortaleciendo el ecosistema cultural local, brindando herramientas concretas para que artistas y gestores puedan llevar adelante sus propuestas y ampliar su alcance dentro de la comunidad.

El Gobierno nacional informó este jueves que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario impulsado por el Ejecutivo en la causa relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario y resolvió suspender una medida cautelar vigente hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia.

La decisión judicial fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que la presentación se realizó en el expediente “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”, iniciado tras cuestionamientos vinculados con la aplicación de la Ley N° 27.775.

Según indicó la cartera nacional, el planteo estuvo dirigido contra la resolución dictada el pasado 31 de marzo por la Sala III de la Cámara y fue acompañado por un pedido de efecto suspensivo, que finalmente fue aceptado por el tribunal.

De esta manera, la cautelar quedará suspendida hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie de manera definitiva sobre el caso.

El Ejecutivo recordó además que la Ley de Financiamiento Universitario había sido promulgada mediante el Decreto 759/25, aunque su implementación quedó paralizada bajo el argumento de que el Congreso no estableció las fuentes específicas de financiamiento necesarias para solventarla.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la puesta en marcha de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”, uno de los principales lineamientos económicos de la administración encabezada por Javier Milei.

Por último, desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron el compromiso oficial con “el derecho de enseñar y aprender”, aunque remarcaron que ese objetivo debe sostenerse dentro de un esquema de “sostenibilidad fiscal” y de utilización “eficiente” de los recursos estatales.

La novedad judicial se conoció además en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes. La movilización, impulsada por rectores, gremios docentes y centros de estudiantes, buscará volver a poner en agenda el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y cuestionar la decisión del Gobierno de trasladar el conflicto al plano judicial.

Investigadores del sistema científico y representantes sindicales convocaron a una jornada de lucha a nivel nacional que tendrá su réplica en Tandil este jueves, con una concentración prevista para las 16 30 horas en la intersección de Pinto y Rodríguez.

La actividad incluirá una volanteada y una reunión abierta, en un contexto que, según describieron, atraviesa una situación “muy complicada” para el sector de ciencia y tecnología. Ignacio Simoi, investigador asistente del Conicet, advirtió que los salarios del sector vienen perdiendo poder adquisitivo de manera sostenida. “Ya registramos una pérdida de más del 40% en los últimos dos años”, afirmó.

A ese panorama se suma la falta de financiamiento para proyectos de investigación, lo que impacta directamente en el trabajo cotidiano. “No hay fondos para realizar investigaciones, lo que dificulta muchísimo la tarea del día a día”, explicó.

Por su parte, Emilse Bartoli, secretaria de formación de ATE, señaló que la situación se enmarca en un proceso más amplio de ajuste sobre el Estado. “Desde que asumió este gobierno no hemos tenido tregua: hubo recortes, cierres de organismos y degradación de ministerios a secretarías”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la estrategia del sector ha sido articular con otros espacios sindicales para fortalecer las medidas de visibilización. En la actividad de este jueves participarán también gremios universitarios, como los docentes y no docentes, junto a la mesa intersindical local.

Uno de los puntos que remarcaron los referentes es el bajo nivel de acompañamiento social a estos reclamos. “El deterioro del sistema científico no afecta solo a los trabajadores, sino a toda la sociedad”, subrayaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de generar mayor conciencia sobre el impacto de estas políticas.

Además, advirtieron que el problema no se limita al Conicet, sino que alcanza a múltiples organismos del sistema científico y tecnológico. En ese marco, mencionaron conflictos en áreas del Ministerio de Salud y posibles despidos en el Servicio Meteorológico Nacional.

“No se puede pensar la ciencia y la tecnología sin financiamiento estatal. Eso no sucede en ningún país del mundo”, enfatizaron.

Finalmente, alertaron sobre las consecuencias a mediano y largo plazo. La fuga de profesionales altamente calificados hacia el sector privado o el exterior. “Estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos que después va a ser muy difícil recuperar”, concluyeron, al advertir sobre el riesgo de un Estado “desfinanciado, desarticulado y desprofesionalizado”.

En medio de la preocupación a nivel nacional por las demoras en el envío de fondos a los cuerpos de Bomberos Voluntarios, el jefe de cuartel de Gardey, Jorge Kelly, confirmó en diálogo con este medio que la institución local también se encuentra a la espera del remanente correspondiente al año pasado.

Según explicó, los cuarteles perciben aportes tanto provinciales como nacionales. “Hace aproximadamente un mes se terminó de recibir la segunda cuota de los fondos a nivel provincial”, indicó. Sin embargo, la situación es diferente con los fondos nacionales: “A nivel nacional, que es el más fuerte, se recibió el año pasado una de esas partes y quedó pendiente la mitad”, afirmó.

Kelly detalló que, mientras la Provincia entrega el subsidio en dos cuotas, la Nación lo venía haciendo en una cuota y un remanente a fin de año. Este remanente es el que aún no ha sido abonado. “Se pensaba cobrar en diciembre, enero. Y todavía no se ha cobrado nada de eso”, aseguró.

Asimismo, explicó que esos aportes surgen de un porcentaje de las primas de seguros: “Se saca un porcentaje, es un cinco por ciento de las primas de los seguros que sacan las diferentes instituciones y esto se reparte entre todos los cuarteles de voluntarios del país”. Además, aclaró que el remanente se genera cuando las entidades no presentan correctamente la documentación requerida: “Ese remanente que queda, que no cobran esas instituciones, se reparte entre todos los cuarteles del país”.

El reclamo que llegó a la Legislatura se centra en la Ley 25.054, sancionada en 1998, que regula el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de todo el país y dispone la ayuda económica necesaria para el equipamiento y la formación del personal, con el objetivo de brindar el servicio en forma gratuita a toda la población.

Si bien para todo el año 2025 estaba previsto un presupuesto de 52.300 millones de pesos, se asignaron 40.163 millones de pesos en febrero y posteriormente no hubo más pagos. En tanto, para 2026 el Gobierno preveía giros de fondos por casi 129 mil millones de pesos, y hasta el momento, envió casi 120 mil millones de pesos.

Para este año, está previsto un subsidio nacional de 93 millones de pesos por institución. No obstante, la falta del remanente 2025 genera complicaciones en el funcionamiento cotidiano y en proyectos en marcha.

“Nosotros estamos en la construcción de los vestuarios”, señaló Kelly. La obra cuenta con una parte financiada por el presupuesto participativo municipal, pero el resto dependía de esos fondos. “Se estaba esperando ese remanente y estamos medio parados con eso ahora”, reconoció.

Actualmente, la ampliación tiene levantadas las paredes y colocado el techo, y restan las terminaciones: revoques, instalación de accesorios, inodoros y duchas. De confirmarse el nuevo subsidio, parte de esos 93 millones se destinará a finalizar la obra. “Vamos a dedicar la parte que corresponde”, adelantó.

En cuanto a la situación general, Kelly aseguró que no se trata de un caso aislado: “Estamos todos más o menos parecidos. Uno habla con otros cuarteles y están todos en la misma situación”.

Mientras tanto, el cuartel sostiene su actividad con el aporte de la comunidad. “Los vecinos colaboran mucho, tenemos un montón de socios en el pueblo que pagan una cuota mensual o anual”, destacó. También reciben donaciones y descuentos de comercios locales: “La mayoría de la gente, al decir que sos bombero voluntario, algún descuento o alguna participación te hace”.

Sobre las razones de la demora, indicó que no hubo una explicación oficial directa al cuartel. “La llegada nuestra es lo que dicen, lo que se escucha… se habló del remanente, pero no se sabe si se va a pagar o no”, expresó el uniformado.

Así, los bomberos voluntarios continúan trabajando con recursos ajustados, a la espera de definiciones sobre fondos que les corresponden por ley y que resultan claves para el sostenimiento y crecimiento de la institución.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le reclamó al ministro de Economía, Luis Caputo, que apruebe de inmediato el pedido de deuda que la Legislatura avaló a la provincia de Buenos Aires por US$3685 millones. “Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande. Rapidito, Toto”, dijo.

Los dichos del mandatario se dieron después que el propio Caputo arrojara un manto de dudas sobre si el Gobierno nacional avalará o no la medida del Ejecutivo bonaerense, que ya fue aprobada por la Legislatura y con apoyo de parte de la oposición.

“Ayer no se aprobó endeudamiento, la ley se llama de Financiamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de (María Eugenia) Vidal. Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande”, lanzó este viernes Kicillof en un acto de entrega de patrulleros en La Plata.

Rodeado de policías y el intendente local, Julio Alak, el gobernador fue más directo y apunto contra Caputo, que minutos antes había puesto en duda el visto bueno de la Rosada: “Rapidito, Toto. Que apruebe todo lo que tiene que aprobar”. Y añadió: “Más lío no nos pueden armar. Nos deben 13000 millones. Que nos lo devuelvan”.

Kicillof recordó que su administración está reclamando ante la Corte Suprema de Justicia el reintegro y la restitución de los fondos que la Nación le quitó a la provincia de Buenos Aires, estimados en casi 13 billones de pesos. La presentación fue en agosto y el máximo tribunal todavía no se expidió, aunque dio algunas señales con otras provincias que deberían preocupar a la administración libertaria.

“No sé ni de qué hablan los libertarios. Que los legisladores libertarios de la provincia de Buenos Aires vayan a pedirle a sus amigos y socios que nos devuelvan la plata que le robaron a la provincia, en vez de hablar acá de qué tenemos que hacer nosotros”, añadió.

“Que Milei nos devuelva lo que nos robó, no a este gobernador sino a los y las bonaerenses, para generar ese presunto falso superávit en base a plata que no le da a los jubilados, que no le da a la provincia, que no hace las obras”, cuestionó el gobernador, quien detalló que los recursos coparticipables cayeron un 8,9% “por el desastre económico que genera Milei con su plan”.

Consultado este viernes sobre si le darán al Gobierno de Kicillof la autorización, Caputo no lo confirmó, pero a su vez dejó un mensaje que genera dudas para la Provincia. “Hay una ley, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene desde 2004, en la que las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, con lo cual técnicamente lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación", señaló al canal A24.

Axel Kicillof deberá seguir esperando: el Senado volvió a postergar hoy el tratamiento de un pedido de endeudamiento que el Gobernador reclamó el lunes que sea aprobado para asegurar el financiamiento de la provincia, luego de que no alcanzar un acuerdo con la oposición pero tampoco con sectores del propio oficialismo.

Se trata del proyecto de ley de endeudamiento “corto” que reflota la cláusula para tomar deuda por hasta US$ 1.045 millones y emitir Letras del Tesoro por el equivalente en pesos a US$ 250 millones, la misma cantidad que se había en el proyecto de presupuesto para este año que finalmente no se aprobó en diciembre pasado.

Los recursos, según el Ejecutivo, se destinarán a cubrir vencimientos previos y a financiar obras de infraestructura. En paralelo, la iniciativa incluye la prórroga de siete emergencias hasta diciembre de 2026 —entre ellas seguridad, sistema penitenciario, infraestructura, vivienda y energía— para agilizar gestiones en distintas áreas.

“Fuimos a buscar la ley para el refinanciamiento y eso no se consiguió. Luego de que el Presupuesto y la Ley Impositiva no se aprobaran el año pasado, presentamos esta ley corta de refinanciación. Necesitamos eso con urgencia para cerrar el año”, había pedido Kicillof el lunes en una conferencia de prensa.

El pedido del Gobernador se había dado luego de una semana de negociaciones con la oposición para tratar de llevar el proyecto al recinto, que se reactivaron en las últimas 48 horas pero sin éxito. Tampoco La Cámpora y el massismo estuvieron de acuerdo en avanzar, lo mismo que había ocurrido hace unos días.

El oficialismo necesitaba 31 votos para aprobar el proyecto, un trámite que necesita mayoría especial. Pero ya antes de la reunión de labor parlamentaria en la que se definió el temario, estaba claro que no había número para avanzar. “ Faltaron 10 manos de la oposición, pero porque el oficialismo no pudo asegurar sus 21 votos ”, dijo a DIB una fuente parlamentaria.

Ahora, intentarán llevar el tema al recinto la semana que viene, en una sesión en paralelo con Diputados, para que el proyecto sea ley en ese momento. Pero no hay aun garantías de que ese plan pueda llevarse a cabo.

En la mesa de negociaciones no solo está el proyecto de endeudamiento, la oposición -y La Campora y el massismo- miran las vacantes en la Corte y en algunos organismos como el directorio del Banco Provincia, entre otros.

Este jueves, tras el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, la Unicen compartió una declaración pública en la que expresó la profunda preocupación de la comunidad educativa “frente a una medida que atenta contra el normal funcionamiento del sistema universitario nacional y sus posibilidades de contribuir fuertemente al desarrollo de la Nación”. 

En ese sentido, la institución enfatiza que esta decisión no solo niega la expresión ampliamente mayoritaria de ambas cámaras del Congreso de Nación "en las que se representa la voluntad del pueblo argentino", sino que también “desconoce la genuina expresión de la sociedad, que se vió reflejada en dos históricas marchas en defensa de la universidad pública, y da la espalda a sus trabajadores y a más de 2 millones de jóvenes que hoy concurren a ella".

Ante este escenario, la casa de estudios reiteró su llamado a los legisladores nacionales, instándolos a "conformar las mayorías especiales necesarias para revertir este veto y consolidar las herramientas que permitan sostener un sistema universitario público gratuito, inclusivo y de calidad". La universidad fundamenta su postura en la convicción de que "la educación, la ciencia, el arte y la tecnología generan oportunidades de progreso individual y social, y constituyen un pilar fundamental para el crecimiento y soberanía nacional". 

Finalmente, convocaron a la comunidad en general a sumarse a marchar en defensa de la universidad pública, en el día que el rechazo al veto sea tratado en el Congreso. 

Horas antes de compartir la declaración, la Unicen ya había confirmado su adhesión al plan de lucha nacional propuesto por la Conadu, por lo que este viernes se llevará a cabo un paro total de actividades en todas sus sedes, ubicadas en Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

La Asociación Gremial de Docentes de la Unicen (Adunce) manifestó que resulta fundamental sostener múltiples acciones locales y nacionales de visibilización del conflicto. “Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario pero no puede vetar nuestro derecho a una universidad pública, gratuita y de calidad”, expresaron a través de las redes sociales.

Además del paro de actividades docentes y no docentes, desde el gremio convocan a toda la comunidad a participar de una marcha para evidenciar la situación. La misma se realizará, en coincidencia, el día que el Congreso deba tratar la reversión del decreto presidencial que se prevé que será el 17 o el 24 de septiembre.

“Seguimos peleando por el salario, el presupuesto y las becas. Porque la universidad pública es un derecho del pueblo argentino”, concluyeron desde Adunce.

Este lunes, se dieron a conocer los ganadores del Fondo de Financiamiento a Proyectos Culturales 2025, un programa que brinda apoyo económico a artistas, colectivos y gestores culturales de la ciudad.

Se trata de una herramienta creada por la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil con el propósito de acompañar, impulsar y visibilizar proyectos culturales y artistas de la ciudad.

De las 135 propuestas presentadas, fueron seleccionados 20 proyectos culturales por un total de $12.000.000, garantizando al menos dos beneficiarios por disciplina.

Durante el proceso de selección, se valoró el impacto en la comunidad, identidad local, articulación con otros actores, paridad de género y sustentabilidad.

Luego de un minucioso trabajo de selección por parte del jurado, los resultados fueron los siguientes:

Jurados: Eliana Chiaradía, Luciano Cataldi y Mercedes Guazzelli.

Jurados: Yanina Crescente, Juan Pablo Rojas y Micaela Saconi.

Jurados: María Menegazzo, Mirta Leonardi y Micaela Saconi.

Jurados: Natalia Gabriela Pina, Susana Gimenez y Mercedes Guazzelli.

Jurados: Agustín Maccari, Mercedes Guazzelli y Micaela Saconi

Jurados: Juliana Guaspari, Adriana Marcovecchio y Micaela Saconi.

Jurados: María Gabriela Blanco Griffin, María Gisela Gonzalez y Micaela Saconi.

Jurados: Victoria Bianchi, Carlos Montero y Micaela Saconi.

Jurados: María del Rosario Farinati, José Romero y Mercedes Guazzelli

Esta convocatoria estuvo dirigida a proyectos nuevos, en proceso o en adaptación, a desarrollarse en el ámbito local. Los seleccionados en cada disciplina recibirán un Apoyo Económico Extraordinario, consistente en un pago único de $600.000 (seiscientos mil pesos) por proyecto.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario, que garantiza recursos para el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno Nacional.

El proyecto obtuvo media sanción gracias al impulso del bloque de Unión por la Patria y otras bancadas no oficialistas, y contempla un conjunto de medidas clave: financiamiento garantizado para el funcionamiento de las universidades nacionales, recomposición salarial para docentes y no docentes, actualización bimestral del presupuesto según la inflación, aumento de becas, fortalecimiento del bienestar estudiantil e inversión en ciencia, extensión e infraestructura.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Rogelio Iparraguirre, celebró la aprobación y aseguró que se trata de “una victoria de la comunidad universitaria, de los estudiantes, docentes, investigadores y de todo un país que no quiere resignar su futuro”.

“Hoy no estamos discutiendo asignaciones presupuestarias. Lo que se debate es si la Argentina que conocemos va a seguir existiendo o no. Defender a las universidades es defender el alma de la Argentina, y eso no se negocia”, sostuvo el legislador tandilense desde el recinto.

Durante su intervención, Iparraguirre apuntó contra la política de ajuste del Gobierno Nacional y cuestionó su modelo de país: “Este no es un debate sobre partidas. Es un acto de resistencia frente a los ataques y las agresiones del gobierno de Milei al sistema universitario y científico. ¿Cuál es el verdadero problema que tienen con la universidad pública, con la generación de conocimiento y con la formación crítica?”.

Además, destacó el impacto que tienen las universidades en el interior del país, en referencia al caso de Tandil y la UNICEN: “En ciudades del interior como la mía, Tandil, las universidades no son solo campus rebosantes de estudiantes. Son el corazón de la cultura, de la investigación, del desarrollo local y regional. Sin ellas, no hay arraigo, no hay inversiones, no hay futuro”.

La iniciativa aprobada también establece una recomposición retroactiva del presupuesto 2024, paritarias nacionales obligatorias con salarios por encima de la inflación y mecanismos de auditoría a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), con informes públicos y transparentes.

Iparraguirre cerró su intervención recordando la masiva marcha universitaria de abril y subrayó que el compromiso con la universidad pública trasciende cualquier coyuntura política: “Ese día no solo se movilizaron cientos de miles en ciudades con universidades. También en localidades donde no hay una sola facultad. Porque la universidad pública forma parte del carácter nacional. Y por más que les pese, va a sobrevivir a cualquier gobierno y a cualquier ajuste”.

La iniciativa deberá ser tratada ahora en el Senado para convertirse en ley.