El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza que busca declarar la emergencia del servicio de transporte público de pasajeros en el partido de Tandil. La medida, que planteó un plazo de vigencia de 12 meses, apunta a dotar al Ejecutivo de herramientas para enfrentar la crisis que atraviesa el sector, marcada por la eliminación de los subsidios y el incremento de los costos operativos.

La propuesta legislativa surge en un contexto complejo para las seis líneas que operan en la ciudad y que aún aguardan definiciones sobre una serie de plantes. Según los fundamentos del proyecto, el sistema de transporte local se encuentra en una situación de “estado crítico” derivada del “sostenido” aumento en los insumos básicos como combustibles, repuestos y seguros, sumado al impacto de los acuerdos salariales del sector.

Entre los considerandos, señala que el transporte público de pasajeros constituye un “servicio público esencial” para garantizar el “derecho a la movilidad, el acceso al trabajo, la educación, la salud, el comercio y demás actividades cotidianas de la comunidad”.

La propuesta se enceuntra en análisis y se suma a los ejes de discusión que ocupan actualmente la agenda de la Comisión de Transporte que preside Luján Fiego. Por un lado, el pedido que elevó la Cámara de Transporte para definir un esquema de emergencia que reduzca frecuencias en una estrategia que implique el menor impacto posible a los usuarios.

Por otro, el pedido de aumento de emergencia impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector y, finalmente, la definición de una nueva metodología para las futuras actualizaciones tarifarias, dado que la ordenanza que aplicó ajustes para la primera parte del año tuvo su última escala en mayo.

El impacto de las políticas nacionales

Entre los argumentos que sustentan el proyecto, repasaron el rol del Estado nacional en el financiamiento del sistema. El texto subrayó que la eliminación del denominado “Fondo Compensador del Interior” por parte del Gobierno nacional despojó a los municipios de recursos que anteriormente asistían financieramente a las empresas prestatarias.

En simultáneo, plantearon que el Estado nacional “continúa percibiendo el impuesto a los combustibles líquidos” contemplados en la Ley 23.966 y normativa complementaria, tributo cuya recaudación se encuentra “vinculada al sostenimiento de políticas de infraestructura y compensación del transporte público”.

Asimismo, los autores de la iniciativa calificaron como “insuficiente” el régimen transitorio de subsidios puesto en marcha por el Gobierno bonaerense. En este sentido, el bloque opositor remarcó que la falta de políticas nacionales de fomento obligó a diversos municipios de la provincia de Buenos Aires a recurrir a la declaración de emergencia como recurso para “preservar” la continuidad de la prestación y proteger las fuentes laborales vinculadas al sector.

También expone la “preocupación institucional” ante la “falta de políticas nacionales” en materia de financiamiento del transporte público.

Los artículos

En su artículo primero, la propuesta de Fuerza Patria declara la emergencia del servicio público de transporte urbano de pasajeros en el partido de Tandil por el plazo de 12 meses contados a partir de la promulgación, y establece que el Departamento Ejecutivo podrá prorrogarla “ad referéndum” del Concejo Deliberante “en caso de mantenerse las condiciones que llevaron a su declaración inicial”.

En el siguiente punto, indica que la declaración de emergencia tendrá por objeto “garantizar la continuidad, regularidad, accesibilidad y sostenibilidad del servicio público de transporte urbano de pasajeros preservando el interés público comprometido y el acceso de los vecinos al sistema de movilidad urbana”.

A través del artículo tercero del proyecto de ordenanza, faculta al Departamento Ejecutivo, durante el período de emergencia, a adoptar “medidas extraordinarias, transitorias y excepcionales” tendientes a asegurar la prestación del servicio”.

Y enumera ente las posibilidades de acción la “readecuación y/o modificación de frecuencias y horarios de manera temporal interviniendo en el pliego de bases y condiciones del transporte público; la instrumentación de “mecanismos excepcionales de compensación económica, reasignación de partidas y asistencia financiera destinados a garantizar la continuidad del servicio” o la implementación de “medidas de reorganización operativa y administrativa” orientadas a la eficiencia y sostenibilidad del sistema.

En tanto, las facultades otorgadas “deberán ejercerse respetando los principios de razonabilidad, publicidad, transparencia, continuidad del servicio y protección de los derechos de los usuarios”, señala el artículo cuarto.

Luego, agrega que las decisiones y medidas adoptadas en el marco de las facultades enumeradas en el artículo tercero “deberán previamente trabajarse en la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros”.

Entonces, el artículo sexto, crea la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros, que estará integrada por un representante del Departamento Ejecutivo; un representante de cada bloque político del Concejo Deliberante; representantes de las empresas prestatarias; y representantes de trabajadores del sector”. El espacio tendrá “carácter consultivo y de seguimiento” de las medidas adoptadas durante la emergencia.

El artículo séptimo establece que el Ejecutivo “deberá remitir al Concejo, mientras dure la declaración de emergencia, de forma bimestral, un informe detallado”.

El documento deberá contemplar datos respecto de la situación económica y financiera del sistema; la evolución de costos operativos; las medidas adoptadas en el marco de la emergencia; las modificaciones de recorridos, frecuencias y horarios implementadas; y los recursos provinciales y nacionales gestionados y/o recibidos.

Finalmente, el último artículo, autoriza al Ejecutivo “a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias” para el cumplimiento de la ordenanza propuesta.

Más considerandos

El proyecto de ordenanza incorpora entre los considerandos que el “aumento permanente” de combustibles, repuestos, seguros, mantenimiento de unidades y costos salariales torna “imprescindible” la adopción de “medidas extraordinarias” que permitan sostener el funcionamiento del sistema.

Además, apunta a que resulta “deber indelegable” del Estado municipal garantizar “condiciones mínimas de continuidad, regularidad y universalidad en la prestación del servicio” y justifica que la declaración de emergencia permitirá adoptar mecanismos “excepcionales, ágiles y transitorios” tendientes a preservar la prestación del servicio, proteger las fuentes laborales vinculadas al sector y evitar una afectación mayor a los usuarios del sistema.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza que busca reforzar el apoyo municipal a los clubes de barrio de Tandil y las localidades rurales. El eje central de la iniciativa es incorporar lo recaudado por multas del sistema de estacionamiento medido al financiamiento de los subsidios, que actualmente se sostienen con fondos de la tasa de publicidad y propaganda.

La iniciativa tiene como objetivo central modificar la ordenanza 12.130 para ampliar el presupuesto destinado a los clubes de barrio y el alcance de estos beneficios hacia las instituciones que integran el fútbol agrario y otras entidades de las localidades rurales del partido.

Además del aumento presupuestario, propone modificar el esquema de distribución de los subsidios para favorecer a las instituciones con menor infraestructura. A través de un sistema de módulos vinculados al salario básico municipal, se busca reducir la brecha entre los clubes más grandes y los más chicos.

“Los clubes más grandes pasarían de recibir tres módulos a cuatro, mientras que los más chicos, que hoy reciben medio módulo, pasarán a recibir un módulo y medio. Es decir, un aumento del 150 por ciento”, detalló el concejal Rogelio Iparraguirre.

La propuesta legislativa establece en su primer artículo una modificación sobre el radio de acción del subsidio. De aprobarse, el subsidio municipal será para la promoción de los clubes de barrio cuyas sedes sociales o campos deportivos tengan asiento tanto en la zona urbana de la ciudad de Tandil como en las localidades rurales del partido. 

Otro de los puntos del proyecto es la reestructuración de los montos percibidos por las instituciones. El texto original establece que el subsidio se otorgue de forma mensual y se calcule a través de módulos vinculados al escalafón municipal. 

Según el esquema propuesto, las instituciones se dividirán en cinco niveles: la categoría A pasará de tres a cuatro módulos; la categoría B, de dos a tres módulos; la categoría C, de uno a dos módulos; mientras que las categorías D y E recibirán un módulo y medio (en lugar de medio módulo) cada una.

Para garantizar la actualización de estos montos frente a la inflación, el proyecto define que cada módulo será equivalente a un sueldo básico de la categoría uno del régimen de 30 horas semanales del personal de la comuna. De esta manera, cualquier incremento en la paritaria municipal se trasladará de forma automática al presupuesto que reciben los clubes, evitando el desfasaje económico de las partidas asignadas.

Respecto a la procedencia de los fondos, la normativa busca dar previsibilidad al sistema de fomento deportivo y amplía la fuente de financiamiento. El artículo tercero del proyecto estipula un cambio en el artículo 12 de la ordenanza original y establece la afectación de lo recaudado en concepto de derecho por publicidad y propaganda e incorpora las multas al sistema de estacionamiento ordenado en el partido de Tandil. “En caso de que dicho monto sea insuficiente se completará con recursos de libre disponibilidad, y en el caso de que sobren recursos del mencionado derecho para hacer frente a los subsidios, el excedente será de libre disponibilidad”, indica.

El proyecto también contempla la situación administrativa de las entidades que no cuentan con sus papeles al día. Para ello, se propone incorporar un artículo que otorga a los clubes un plazo de dos años para cumplimentar la documentación requerida por la normativa original. 

Asimismo, se prevé la posibilidad de solicitar, por única vez, una prórroga de un año adicional. Para acceder a esta extensión, las autoridades del club deberán presentar una nota explicando las causales del retraso y el estado actual del trámite.

La decisión final sobre esta prórroga quedará en manos de la autoridad de aplicación, previa consulta con la Secretaría de Asuntos Legales del Municipio. “El incumplimiento de los plazos de lo solicitado en el presente apartado conllevará a la suspensión del subsidio no pudiendo los clubes efectuar reclamos respecto de los meses no percibidos hasta la regularización de su situación”, aclara el texto propuesto.

Finalmente, indica que, mientras las instituciones avanzan en la regularización de sus requisitos, el Departamento Ejecutivo será el encargado de instrumentar los procedimientos necesarios para asegurar que el espíritu de la ordenanza se cumpla y los fondos lleguen efectivamente a las bases del deporte social tandilense.

“Los clubes son un espacio fundamental para el desarrollo integral; un chico en el club es un chico menos en la calle o encerrado en su cuarto: muchas veces pensamos que están seguros por el solo hecho que están en casa, pero están solos frente a las pantallas. El club es el lugar para sacarlos de ese aislamiento y que vuelvan a integrarse en comunidad”, finalizó Iparraguirre.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó en el Concejo Deliberante de Tandil un proyecto de ordenanza que busca modificar la normativa vigente y reforzar el sistema de apoyo económico a los clubes de barrio de la ciudad y a instituciones deportivas de las localidades rurales del distrito.

La propuesta plantea cambios a la normativa 12.130 e incorpora una modificación central en la forma de financiamiento. Según indicaron, lo recaudado por las multas del Sistema de Estacionamiento Ordenado pasarían al financiamiento de los subsidios, que actualmente se sostienen con fondos de la tasa de publicidad y propaganda.

Desde el espacio impulsor de la iniciativa, el presidente del bloque, el concejal Rogelio Iparraguirre, sostuvo que la medida implicaría un incremento significativo en los recursos destinados a los clubes. “Este cambio significa llevar a poco más del doble el financiamiento del Municipio a los clubes de la ciudad”, manifestó. Según precisó, el fondo actual ronda los 125 millones de pesos, cifra que podría ampliarse de manera considerable con la incorporación de la nueva fuente de ingresos.

Otro de los puntos del proyecto apunta a modificar la distribución de los subsidios, con el objetivo de reducir las desigualdades entre instituciones de distinto tamaño e infraestructura. El esquema propuesto establece módulos vinculados al salario básico municipal, lo que permitiría ajustar los aportes según las necesidades de cada club.

“Los clubes más grandes pasarían de recibir tres módulos a cuatro, mientras que los más chicos, que hoy reciben medio módulo, pasarán a recibir un módulo y medio. Es decir, un aumento del 150%”, señaló Iparraguirre.

La iniciativa también prevé ampliar el alcance del sistema de subsidios a entidades que hasta ahora no estaban contempladas. En esa línea, el concejal Federico Martínez destacó la inclusión de organizaciones vinculadas al fútbol rural. “Con esta ordenanza vamos a incluir, entre otros, a los clubes del fútbol agrario, por el enorme trabajo que realizan en nuestra comunidad”, aseguró.

Para facilitar la incorporación de estas instituciones, el proyecto contempla la creación de un período de adecuación de hasta dos años —con posibilidad de prórroga— destinado a aquellas entidades que aún no cuenten con toda la documentación requerida. Durante ese plazo, podrían acceder a los aportes mientras regularizan su situación administrativa.

De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, “esta medida permitiría sumar de manera inmediata a una decena de clubes rurales y de barrio”.

En el cierre del planteo, desde Fuerza Patria remarcaron el rol social de estas instituciones en la vida comunitaria. “Los clubes son un espacio fundamental para el desarrollo integral, un chico en el club es un chico menos en la calle o encerrado en su cuarto: muchas veces pensamos que están seguros por el solo hecho de que están en casa, pero están solos frente a las pantallas. El club es el lugar para sacarlos de ese aislamiento y que vuelvan a integrarse en comunidad”, concluyó Iparraguirre.

El bloque de concejales de Fuerza Patria formalizó la presentación de un pedido de informes al Departamento Ejecutivo respecto al plan de infraestructura hídrica para el partido. La iniciativa, encabezada por Federico Martínez, surgió como respuesta a la preocupación de los vecinos de distintas zonas que sufrieron las consecuencias de las últimas precipitaciones.

El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo información detallada sobre las obras de desagües pluviales realizadas durante 2024 y 2025. Según se detalla, el presupuesto municipal de 2024 asignó más de 72 millones de pesos a la construcción y mantenimiento de desagües pluviales. Para 2025, ese monto se incrementó hasta superar los 208 millones, mientras que para 2026 se proyecta una inversión superior a los 1.300 millones de pesos en el sistema hidráulico del barrio Arco Iris.

Según detalló el edil en diálogo con el ciclo La Mañana (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), la problemática no solo afecta a los barrios que presentan dificultades, sino que se extendió a sectores del centro y zonas de reciente desarrollo.

“Nos preocupa por lo que pasa en la ciudad y lo que viene pasando en todo el territorio bonaerense”, alertó el concejal, que citó los casos de Olavarría, Azul y  entre otros distritos de la región.

“Alarmados por la situación” 

Martínez recordó que hace dos años presentaron un proyecto de similares características, el cual fue contestado por el Ejecutivo municipal sin que se tradujera en situaciones claras en la realidad de los barrios.  “Lo que no vemos son cambios”, alertó e insistió que “se siguen inundando los mismo lugares y otros en los que no sucedía”, aunque reconoció que el factor climático es un “elemento exógeno incontrolable”, apuntó a la necesidad de abordar el tema con urgencia.

Asimismo, fundamentó que Tandil transita por el tercer año consecutivo con promedios de lluvia por encima de la media histórica. En lo que va del año, según los informes consultados, “los registros alcanzaron casi los 800 milímetros”, una cifra que iguala prácticamente el promedio anual de la ciudad.

Ante este panorama, Martínez enfatizó la necesidad de obtener información precisa sobre las obras pluviales y desagües realizados durante el ejercicio actual y los proyectados para el año próximo, considerando que muchos de estos trabajos cuentan con partidas presupuestarias ya aprobadas por el cuerpo legislativo.

“Estamos alarmados por la situación”, enfatizó y demandó información sobre los proyectos presupuestados por el Gobierno comunal.

En ese sentido, uno de los puntos centrales del reclamo radica en la ejecución de una inversión de 1.300 millones de pesos que fue votada el año pasado y que, según dijo, “todavía no se puso en marcha”.

Sumó como argumento el crecimiento de la ciudad “hacia arriba”, en referencia a las construcciones de edificios en altura, pero advirtió que no ocurrió lo mismo con la infraestructura subterránea necesaria para absorber el impacto de las tormentas, tales como cloacas y sistemas de escurrimiento pluvial.

Las zonas críticas

El concejal de Fuerza Patria trazó un mapa detallado de los sectores donde el agua ingresa en las viviendas o genera anegamientos que interrumpen la circulación. Mencionó situaciones recurrentes en la intersección de Américo Reynoso y la Ruta Nacional 226, en el barrio Arco Iris y en la zona de Darregueira y Nigro, en Villa Aguirre.

Asimismo, destacó que el microcentro no quedó exento de estas complicaciones, mencionando específicamente las esquinas de Pinto y 9 de Julio como puntos críticos durante la última lluvia registrada el martes pasado.

En sectores como el barrio Las Ranas, el problema adquiere una dimensión sanitaria. Martínez relató que, cada vez que llueve con intensidad, los sistemas de drenaje fallan de tal manera que comienza a verterse efluentes cloacales en la vía pública. “Es un problema que no se solucionó y que no requiere de la intervención de la Provincia o la Nación, sino que es un trabajo propio de la ciudad y del Municipio”, sentenció el concejal.

En el barrio Palermo, sobre la calle Actis, los reclamos también se multiplicaron. Martínez indicó que, a pesar que se realizaron algunas tareas de limpieza de desagües hace dos años, “sigue pasando lo mismo”.

El edil señaló que “tampoco sabemos qué es lo que sucede debajo de la ciudad y los problemas que tiene”, pero remarcó que “no creció de la misma manera en infraestructura”.

La “escorrentía del agua en las calles de tierra” también fue señalada como un factor de “caos”. Martínez explicó que el agua arrastra el material hacia otros sectores, destruyendo las calzadas y dificultando el acceso a los hogares.

Jurisdicción y presupuesto

El concejal se refirió al pedido que el Municipio elevó a la Provincia para el dragado del arroyo Langueyú y ratificó que desde Fuerza Patria acompañan todas las gestiones que impliquen obras hidráulicas para la ciudad, independientemente de quién sea el responsable de la ejecución. “Todas las obras pluviales y desagües las vamos a acompañar”, enfatizó Martínez.

No obstante, aclaró que la limpieza y el mantenimiento del arroyo son fundamentales para prevenir desbordes que afecten a toda la cuenca urbana, aunque no representa la solución definitiva para los problemas puntuales de cada barrio.

El edil insistió en que el planteo no busca ser una “crítica política”, sino una herramienta para que los concejales, puedan dar respuestas. “Es una situación notable y desesperante que le ocurre a los vecinos constantemente”, justificó y defendió la herramienta legislativa.

Ante pronósticos que indican un invierno lluvioso, el tema cobró especial relevancia e incluso llevó al Municipio a gestionar ante la administración bonaerense un pedido de dragado del arroyo Langueyú.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo de Tandil detalle obras, ejecución presupuestaria y planificación ante los recurrentes problemas de escurrimiento en la ciudad.

“Hay una preocupación creciente de los vecinos porque cada vez que llueve, incluso con precipitaciones que no son excepcionales, la ciudad vuelve a mostrar las mismas dificultades”, advirtió el concejal de Fuerza Patria, Federico Martínez, al fundamentar la iniciativa presentada en el Honorable Concejo Deliberante.

“Vecinos de zonas como Darragueira, Barrio Arco Iris y Barrio Las Ranas vienen planteando hace tiempo la necesidad de respuestas concretas. No pueden seguir conviviendo con anegamientos cada vez que llueve”, agregó el edil, poniendo el foco en algunos de los sectores más afectados.

El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo información detallada sobre las obras de desagües pluviales realizadas durante 2024 y 2025, en un contexto de crecientes problemas de anegamiento en distintos barrios.

“No estamos discutiendo solo números presupuestarios, sino la eficacia de las políticas públicas. Queremos entender qué se hizo con los recursos asignados y por qué no se están viendo resultados concretos”, agregó Martínez.

Según se detalla en el proyecto, el presupuesto municipal de 2024 asignó más de 72 millones de pesos a la construcción y mantenimiento de desagües pluviales. Para 2025, ese monto se incrementó significativamente hasta superar los 208 millones, mientras que para 2026 se proyecta una inversión superior a los 1.300 millones de pesos en el sistema hidráulico del barrio Arco Iris, considerado estratégico para el ordenamiento hídrico local.

Sin embargo, desde el bloque señalan que estos recursos no se traducen en mejoras visibles para los vecinos, especialmente en sectores del norte de la ciudad, donde se concentran los mayores problemas de infraestructura y vulnerabilidad ante eventos climáticos.

“Las zonas más afectadas suelen coincidir con sectores que arrastran déficits históricos de infraestructura. Si no hay una intervención sostenida, el problema se agrava y la desigualdad también”, remarcó el edil.

En ese marco, el proyecto solicita precisiones sobre las obras ejecutadas, los criterios técnicos utilizados para su priorización y el grado de avance de los trabajos previstos en el barrio Arco Iris. También pide información sobre las zonas más afectadas por las lluvias, la existencia de un plan de contingencia ante precipitaciones intensas y el nivel de ejecución presupuestaria de los fondos asignados.

Además, se requiere conocer qué empresas o cooperativas estuvieron a cargo de las obras, bajo qué modalidades de contratación fueron adjudicadas y si existen estudios hidráulicos que respalden las decisiones adoptadas.

“Tandil necesita un plan serio y a largo plazo en materia de desagües pluviales. No alcanza con intervenciones aisladas. Hace falta previsión, mantenimiento y transparencia en la ejecución de los recursos públicos”, concluyó Martínez.

El presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, expuso una mirada crítica sobre la situación que atraviesa el sistema de salud pública de Tandil, al sostener que la problemática actual no responde a un hecho aislado ni a una coyuntura reciente, sino a una serie de decisiones estructurales que modificaron el funcionamiento del sistema y que, según indicó, no fueron adecuadamente gestionadas a nivel local.

En ese marco, el edil vinculó el escenario actual con los cambios impulsados a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, que derivaron en la desarticulación del esquema que centralizaba y facilitaba el cobro de prestaciones a obras sociales y prepagas a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Según planteó, la eliminación de ese sistema generó un modelo descentralizado en el que cada hospital municipal debe gestionar por su cuenta el recupero de costos, negociando individualmente con entidades que cuentan con mayor capacidad financiera y operativa. En ese contexto, describió un escenario “desigual” en el que los efectores públicos locales quedan en desventaja frente a grandes prestadores nacionales.

A esa situación se suma, de acuerdo a su análisis, un incremento sostenido de la demanda en el sistema público. El edil explicó que este crecimiento no solo responde a personas sin cobertura médica, sino también a usuarios que, aun teniendo obra social o prepaga, optan por el hospital público ante demoras, incumplimientos o deficiencias en la atención.

Este doble fenómeno —mayor demanda y dificultades para cobrar las prestaciones— genera, según indicó, una distorsión concreta: el sistema público atiende, pero no logra recuperar los costos en tiempo y forma. Esa brecha, advirtió, termina siendo cubierta con recursos municipales, es decir, con el aporte de los contribuyentes.

En ese sentido, remarcó que la deuda acumulada de obras sociales y prepagas con el sistema de salud pública de Tandil asciende a unos 3.600 millones de pesos, una cifra que calificó como determinante para entender la tensión financiera actual.

Frente a este panorama, el concejal cuestionó el rol del Municipio al considerar que no alcanza con exponer el problema. En su planteo, subrayó que la gestión debe rendir cuentas sobre las acciones concretas implementadas para enfrentar la situación, incluyendo detalles sobre estrategias de cobro, volumen de deuda reclamada, procesos judiciales iniciados y resultados obtenidos.

En esa línea, también puso el foco en decisiones que, a su criterio, no se tomaron a tiempo. Entre ellas, mencionó la posibilidad de adherir al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) de la provincia de Buenos Aires, una herramienta que permite centralizar el recupero, mejorar la escala de negociación y optimizar los niveles de facturación.

Iparraguirre señaló que esta alternativa fue planteada en reiteradas oportunidades e incluso abordada en instancias de diálogo con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, pero que finalmente no se concretó. Según sostuvo, la decisión de continuar con un esquema de gestión individual derivó en un sistema más “artesanal”, con mayores costos administrativos y menor capacidad de respuesta.

En paralelo, advirtió que este modelo termina generando un efecto indirecto: el sistema público actúa como sostén financiero de obras sociales y prepagas, al brindar prestaciones que no son compensadas en tiempo oportuno, lo que profundiza el desequilibrio presupuestario.

A partir de este escenario, el bloque de Fuerza Patria presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante con el objetivo de acceder a información detallada y promover mayores niveles de transparencia en la gestión.

Por último, el edil planteó la necesidad de avanzar en una revisión más amplia del modelo sanitario local. En ese sentido, propuso explorar esquemas de regionalización por servicios en el Hospital Ramón Santamarina y destacó experiencias previas, como la reconversión del ex Dispensario en un centro regional para la atención de enfermedades crónicas, que permitió ampliar significativamente la capacidad de respuesta del sistema.

Desde su perspectiva, el desafío no se limita a diagnosticar la situación, sino a implementar medidas concretas que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema, mejorar su eficiencia y resguardar los recursos públicos en un contexto cada vez más exigente.

El concejal de Fuerza Patria, Federico Martínez, abordó los temas  en el desayuno de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, dos ejes centrales que hoy atraviesan la agenda legislativa local: la protección del patrimonio histórico representado en las calles de piedra y la crítica situación de los clubes de barrio. Durante el encuentro, el edil subrayó que la discusión sobre el adoquinado no debe ser vista como un conflicto, sino como una oportunidad para preservar un valor identitario que ha sido descuidado por años debido a vacíos legales y falta de mantenimiento estatal.

Recordó que la ciudad atraviesa un debate que se intensificó durante el verano, tras la pavimentación de arterias históricas. "El problema se da a partir de que, por muchos años, algunos vacíos legales, normativas o decisiones que se han tomado, y también la falta de gestión en el mantenimiento, han generado que hoy estemos discutiendo cómo vamos a proteger esas calles", explicó el concejal. En ese sentido, remarcó que las calles de adoquines estaban protegidas por una ordenanza de 1995 que luego fue derogada, lo que permitió que, ante el reclamo de los vecinos por el mal estado del suelo, se optara por el hormigón en lugar de la restauración, perdiendo así parte del patrimonio histórico local.

Respecto al trabajo legislativo actual, el representante municipal informó que se están coordinando reuniones conjuntas entre las comisiones de Cultura y de Obras Públicas para unificar los proyectos presentados por los distintos bloques. "Creo que hay un acuerdo, estamos todos pensando más o menos lo mismo", afirmó Federico Martínez, quien destacó que tanto su bloque como el de Alternativa Tandil y el oficialismo buscan establecer un marco normativo. Sin embargo, la propuesta de Fuerza Patria hace hincapié en la creación de una comisión técnica especializada que defina qué calles deben conservarse bajo criterios profesionales y no meramente políticos.

Para el miembro, es fundamental que esta mesa de trabajo incorpore a instituciones como el Colegio de Arquitectos y especialistas en patrimonio. "No somos los concejales nosotros los que tenemos que decir muchas cosas, sino aquellos que han estudiado y se han preparado", sostuvo. Además, advirtió sobre la urgencia de tomar una decisión administrativa que paralice cualquier intervención sobre el empedrado hasta que se emita un dictamen definitivo, evitando así que el avance del asfalto siga eliminando el rastro de los antiguos picapedreros en la ciudad.

Uno de los puntos críticos señalados por Martínez es la pérdida del conocimiento técnico necesario para mantener las calles de granito. Según el municipio debe apostar por la formación de una cuadrilla capacitada en el oficio del picapedrero y colocador, una labor que forma parte del patrimonio inmaterial de Tandil. "Hoy hay muy pocas personas que tienen el oficio de la colocación del granituyo. Necesitamos una cuadrilla que pueda reparar esas calles porque, en realidad, cuando uno pasaba por Sarmiento o 4 de Abril, a veces era intransitable, pero eso tiene que ver con el no mantenimiento", argumentó.

Defendió la viabilidad económica de esta postura, asegurando que resulta mucho más económico mantener las calles de adoquines existentes que levantarlas para asfaltarlas por completo. No obstante, reconoció que la falta de inversión sostenida durante décadas ha llevado a que muchas arterias presenten un estado de deterioro que afecta la transpirabilidad y la seguridad de los vehículos. Por ello, la propuesta legislativa incluye aumentar la cuadrilla municipal y preparar al personal de obras públicas para ejecutar un plan de restauración por etapas.

En este contexto, Martínez también hizo un llamado a la reflexión sobre la planificación urbana integral, mencionando que Tandil cuenta con más de 4000 calles de tierra que aún esperan por infraestructura básica. Para el referente, la preservación del casco histórico y el desarrollo de la periferia deben ir de la mano de una enseñanza del patrimonio en el sistema educativo. "Si nosotros tenemos una articulación con programas educativos de patrimonio, seguramente va a ser mucho más difícil que la gente diga 'saquemos el granituyo'", reflexionó, apuntando a que la ciudadanía debe ser la que ponga límites a las decisiones que afectan la identidad local.

Finalmente, recordó un episodio del pasado legislativo local donde, por unanimidad y sin debate profundo, se derogaron protecciones patrimoniales. "Necesitamos que los concejales sean conscientes de lo que están votando", sentenció, haciendo referencia a la importancia de que los representantes legislativos estudien minuciosamente cada articulado para evitar errores que luego, con "el diario del lunes", resultan costosos para la historia de la ciudad.

Otro de los ejes centrales de la labor de Federico  se desarrolla en la Comisión de Deportes, donde trabaja junto a Rogelio Iparraguirre en una reforma de la ordenanza de clubes. El objetivo principal es ampliar el alcance de los subsidios municipales para incluir a instituciones que hoy quedan fuera por cuestiones burocráticas o falta de personería jurídica actualizada. El foco está puesto especialmente en el fútbol agrario, una actividad que el concejal calificó como un pilar de la identidad y la contención social en las zonas rurales y periféricas.

 Detalló que, de los 12 clubes que integran el fútbol agrario en Tandil, solo cuatro reciben actualmente asistencia económica del municipio. "El fútbol agrario le da tanto a Tandil en términos de identidad y patrimonio inmaterial; vemos 300 o 400 personas todos los domingos, desde el abuelo hasta el nieto", destacó. La intención es flexibilizar los requisitos normativos para que estas entidades, que a menudo enfrentan dificultades para mantener sus papeles al día, puedan acceder a los beneficios de la ordenanza de clubes y continuar con su labor comunitaria.

La preocupación del bloque de Fuerza Patria radica en el impacto que la crisis económica tiene sobre las familias y su capacidad de acceder al deporte. Con cuotas sociales que en algunos casos rondan los 40,000 pesos,  advirtió que para una familia con varios hijos se vuelve "verdaderamente imposible" sostener la práctica deportiva. "Los clubes lo saben y contemplan esas situaciones, pero necesitan apoyo para pagar profesores y mantener las instalaciones. Un chico dentro de un club es un chico menos en la calle", enfatizó 

Lamentó la falta de acompañamiento del ejecutivo municipal en proyectos ya aprobados, como la ordenanza para el fomento del boxeo en barrios vulnerables. "Fue votada por unanimidad y lo último que sé es que se repartieron dos pares de venda y un guantín", criticó. Para Federico Martínez, el deporte social es la herramienta más eficaz contra el consumo de drogas y la delincuencia juvenil, por lo que instó a la Municipalidad de Tandil a tomar un rol más activo en el fortalecimiento de las instituciones intermedias, que son las que verdaderamente conocen la realidad de cada barrio.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la segunda prórroga de las ordenanzas 18.721 y 18.988, una decisión que prolongó por seis meses el régimen destinado a la regularización construcciones en el partido. La iniciativa se fundamentó principalmente en los resultados concretos del programa, que mostraron un crecimiento del 21 por ciento en las estadísticas de ampliaciones y un aumento significativo en la base tributaria municipal. El consenso alcanzado para la prórroga abrió a su vez el debate sobre la continuidad o no de la medida.

La concejal de la UCR, María Haydeé Condino, destacó el éxito del programa desde su implementación original. "Las ordenanzas han sido muy exitosas, ha crecido la cantidad de carpetas presentadas, la cantidad de metros cuadrados declarados, y esto hace que la base para el tributo se amplíe, lo cual es bueno para la Municipalidad. Pero también es muy bueno y es lo que nosotros destacamos, para que aquellas personas que no tienen en sus viviendas o en sus emprendimientos un final de obra puedan tenerlo", puntualizó la edil.

El pedido de extensión, solicitado originalmente por el Departamento Ejecutivo, se sustentó en datos duros que reflejaron un cambio de tendencia a partir de la primera sanción del régimen. Según la información oficial, durante el año 2024 se presentaron 842 nuevas carpetas de obra, pero tras el lanzamiento del programa de regularización, el número saltó a 1065 trámites iniciados. Este movimiento representó un incremento del 26 por ciento en la gestión de nuevos proyectos, lo que equivale a más de 75 mil metros cuadrados construidos.

El fenómeno también se manifestó con fuerza en el rubro de las reformas y ampliaciones de viviendas ya existentes. En este segmento, las estadísticas pasaron de 152 trámites en 2024 a 182 durante el primer tramo de 2025, consolidando una suba del 21 por ciento.

Uno de los motores principales de esta respuesta ciudadana fue el incentivo económico. El régimen propuso una reducción de costos del orden del 33 por ciento para quienes decidieran ponerse al día con sus planos. En términos técnicos, los propietarios pasaron de tributar el 1,5 por ciento del valor del metro cuadrado a pagar tan solo el 0,5 por ciento, una diferencia sustancial que facilitó la decisión de muchas familias de formalizar sus propiedades.

"Esto sirve para familias que han hecho habitaciones nuevas, que han ampliado sus casas, que han hecho un quincho, que han hecho un garage, que han techado algo. Esto sirve para poder hacer el plano y terminar el plano de una vivienda unifamiliar. También sirve para aquellas personas que en sus domicilios han hecho un local o han ampliado un local y le han hecho un depósito", destacó Condino.

Asimismo, la edil puso el foco en dos sectores clave para la economía local: el turismo y el comercio. "Es para familias, para pequeños comercios, para industrias pequeñas y en el caso del turismo también sirve. Nosotros queremos que se profundice esto, para aquellas personas que quieran declarar e incorporar metros cuadrados construidos en las habilitaciones que hoy están al alcance, como son por ejemplo los alojamientos extra-hoteleros, para tener un final de obra y tener una habilitación", amplió la concejal oficialista.

Si bien agregó que otros usos clave son las habilitaciones comerciales, aclaró que “para evitar malos entendidos este beneficio no es para aquellas cosas que están por fuera del PDT. No es para excepciones. Tampoco es un beneficio para las multas, no es un beneficio para un convenio urbanístico, es un beneficio para los derechos de construcción", sentenció.

A pesar del acompañamiento unánime en la votación, el bloque de Fuerza Patria introdujo matices de cara al debate futuro. La discusión se centra en si este tipo de regímenes deben ser excepcionales o si el éxito de los mismos amerita una reforma estructural en la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Desde la oposición advirtieron sobre los riesgos de encadenar prórrogas de manera indefinida.

El concejal Severiano Mon fue el encargado de expresar la postura de su bloque, enfatizando la necesidad de una evaluación técnica rigurosa una vez que concluya este nuevo plazo de 180 días.

"En un primer momento este tipo de planes en general son siempre temporarios. De acuerdo a diversas situaciones pueden darse estos períodos de ventana y a eso apunta la herramienta, a buscar la regularización de metros cuadrados en un tiempo de ventana. Lo que sí planteamos nosotros es que al momento de que finalice este plazo de seis meses, hay que evaluar. No estaríamos de acuerdo en una prórroga automática, sino en poder ver si finalmente modificamos las alícuotas de la ordenanza fiscal impositiva", manifestó Mon durante el debate legislativo.

El edil opositor concluyó señalando que el próximo semestre será clave para determinar si la iniciativa cumplió con su ciclo o si debe integrarse al esquema tributario ordinario de la ciudad. "Hay que trabajar fuertemente en la difusión de este programa y evaluar en tal caso a los seis meses si fue exitoso", cerró Mon, dejando abierta la puerta a una discusión más profunda sobre la presión fiscal en el sector de la construcción y la necesidad de otorgar beneficios equitativos a otros actores de la economía tandilense que hoy reclaman medidas de alivio similares.

Por mayoría –el proyecto no fue acompañado por Acción Tandilense/La Libertad Avanza-, el Concejo Deliberante se pronunció en repudio al “inminente cierre de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, y alertó por el “impacto negativo que dicha medida generará en el acceso y resguardo de los derechos laborales de los vecinos y vecinas de Tandil”.

Cabe recordar, en los últimos días trabajadores alertaron por el posible cierre de la oficina local de Trabajo. En el caso de concretarse la medida, no solo más de 30 tandilenses perderían el empleo, sino que correrían peligro las políticas públicas que acompañan a Pymes y a trabajadores.

Por tal motivo la comisión de Labor Parlamentaria –junto con la comisión de Trabajo y Producción, presidida por Marcos Nicolini-, elevó la iniciativa para plantear el repudio ante la posibilidad de que se lleve a cabo el cierre. Personal de la oficina local y referentes de ATE Tandil concurrieron al recinto con carteles en los que manifestaron “No al cierre de la Agencia Territorial Tandil”.

El debate se centró entre Fuerza Patria y Acción Tandilense/La Libertad Avanza. Como parte del primer bloque, Rogelio Iparraguirre planteó consideró que “si dejamos pasar esto por altos, sin más estaríamos cometiendo un error. No es el cierre de una oficina más, es el cierre de una agencia del Estado nacional que tiene que ver ni más ni menos que con el entramado productivo y el trabajo en un momento de crisis y recesión”. Al respecto, amplió marcando que según datos oficiales se registró el cierre de más de 22 mil Pymes.

Pero además, Iparraguirre hizo referencia al concejal Gonzalo Santamarina, y su paso como director de la Oficina Regional de Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri en la presidencia. “Nos contaba las bondades de estas agencias territoriales. Si hay una persona que puede decir lo que significa el cierre de la agencia territorial es quien fue el jefe de esto y nos encontramos con un silencio absoluto de su parte”, expresó el concejal.

Quien contestó de parte de Acción Tandilense/La Libertad Avanza fue el jefe de bloque, Federico Sánchez Chopa, quien sostuvo que al momento no existe información oficial sobre el posible cierre de la oficina. 

“Cada noticia es como que nosotros somos los culpables de absolutamente todos los males que tiene la Argentina”, indicó el concejal, quien agregó que se manifestarán al momento de que exista información oficial. “Mientras tanto, son titulares, y bien que hemos discutido acá sobre titulares en algunos medios”, subrayó.

 “Llegado el caso, obviamente que escucharemos a todos y daremos la batalla que tengamos que dar siempre pensando en el mismo concepto, que lamentablemente en una Argentina de crisis tenemos que buscar las mejores herramientas para tratar de sacar lo máximo posible”, concluyó.

Al cumplirse cinco décadas del 24 de marzo de 1976, la sesión del Concejo Deliberante en la que se declaró al 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia” estuvo marcada por el debate entre los bloques.

El proyecto se aprobó por mayoría,  durante la sesión especial que se llevó a cabo a partir de las 9:30 del jueves 26. Pese a la tradición, el encuentro se realizó sin la habitual presencia de los organismos de Derechos Humanos de la ciudad. Además de la denominación del año 2026, el texto aprobado sugiere al Ejecutivo que la documentación oficial de la administración pública municipal cuente con una leyenda alusiva a la fecha.

La iniciativa surgió en la comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad que preside Noelia Domenighini, del bloque Fuerza Patria. Salvo el bloque de Acción Tandilense/La Libertad Avanza, el resto dieron el visto bueno al proyecto, que resultó aprobado por mayoría. Sobre el final del debate, el concejal Federico Sánchez Chopa sugirió que la declaración del 2026 como año de la Memoria agregue la palabra “completa”. Sin embargo, esa propuesta no surgió en los encuentros previos de la comisión de Labor Parlamentaria.

“No se trata solamente de un repuesto del pasado, sino de un compromiso que tenemos con el presente, el futuro y la democracia en nuestro país”, expresó Domenighini. “La dictadura no fue solamente un gobierno de facto. Fue la instauración de un sistema de terrorismo de Estado que desplegó un plan sistemático de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Un aparato represivo que buscó disciplinar a la sociedad, destruir la organización social y eliminar toda forma de pensamiento crítica”, sumó la concejal.

El cruce más intenso del debate sobre la iniciativa se produjo entre los bloques de Fuerza Patria y el de Acción Tandilense – La Libertada Avanza. Como referente de esta última fuerza –la única que no acompañó la propuesta-, Gonzalo Santamarina tomó la palabra y condenó el accionar de la última dictadura pero centró su posición en el concepto de “memoria completa”.

Señaló que “los argentinos veníamos bien” pero que “en el 2003, lamentablemente todo cambió. El proyecto político de Néstor Kirchner resolvió parcializar la memoria, la verdad y la justicia. Resolvió hacerlo parte de una ficción y no de todos los argentinos. La memoria, la justicia y la verdad se parcializaron, se ideologizaron, se sesgó en un relato que no se merecían los argentinos”, según planteó.

Haciendo mención a crímenes políticos perpetrados con anterioridad a 1976, consideró que la declaración del 2026 como año de la Memoria, Verdad y Justicia “es una consigna que no está incorporando a todos los argentinos. Es una consigna incompleta, es una consigna que no condujo a la pacificación nacional y que nos tiene enfrentados”.

Por su parte el concejal Rogelio Iparraguirre (Fuerza Patria), también se anotó en la lista de oradores, y haciendo mención al “Nunca Más” sostuvo que “tomar esa consigna del conjunto de los argentinos para banalizarla en función de la búsqueda de un determinado rédito electoral, es una canallada que no debemos dejar pasar”.

Recordó que durante la última elección, el espacio de La Libertad Avanza hizo campaña con el slogan “Kirchnerismo Nunca Más”, lo que consideró que fue “intentar correr el límite moral que como sociedad supimos construir hasta acá”.

Sin hacer mención específica a Santamarina, señaló que es un capital de Tandil que existan diferencias pero no “grieta”, y expresó que “tal vez haya que explicarlo incluso a aquellos que no provienen del de la ciudad y que tal vez no entienden que Tandil no va a aceptar esos absolutos excluyentes que permiten correr el valor moral, histórico y político que supimos construir”.

Sobre el debate acerca de “memoria completa”, manifestó que aquellos que “ocupan los resortes del Estado Nacional, podrían abocarse a contarla completa, y si algo falta es saber dónde están los miles de desaparecidos por los que familiares de víctimas llevan 43 años peleando en paz. ¿Dónde están sus hijos?”, cuestionó.

Marcos Nicolini (Hechos-Alternativa Tandil), tomó la palabra para trazar un recorrido histórico de los golpes de Estado durante el siglo XX en Argentina. Con marcadas críticas al que comenzó en 1976, el concejal destacó en particular el proceso en el cual, a partir de 1983, se juzgaron a gran parte de los jerarcas militares y hasta referentes de organizaciones políticas armadas.

“El presidente Raúl Alfonsín cumplió su palabra. La consolidación de la democracia es su legado. La justicia de manera totalmente independiente hizo su parte y la Argentina fue reconocida internacionalmente”, destacó Nicolini.

“Me cuesta mucho creer que no podamos todos juntos unánimemente levantar la mano y la voz en defensa de nuestra democracia. Simplemente eso”, sumó por su parte Juan Salceda, de la UCR. “Ninguna diferencia que podamos tener entre partidos políticos nos va a apartar de luchar por la memoria, la verdad y la justicia. No nos va a privar de decir nunca más ni de ponernos todos al frente de defender nuestro sistema democrático, las instituciones de la democracia y la República”, subrayó.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para manifestar su preocupación ante el posible cierre de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Según informaron, la iniciativa surge a partir de información de público conocimiento que da cuenta de una reestructuración administrativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional, que implicaría el cierre de esta dependencia para la región.

En ese marco, el presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, advirtió: “El cierre de esta oficina no es un dato menor: implica dejar a 35 familias sin ingresos, y retirar al Estado de un lugar estratégico para acompañar a trabajadores, pymes y sectores vulnerables”.

El texto de la iniciativa destaca que la Agencia Territorial Tandil cumplió “históricamente un rol central en la implementación de políticas públicas vinculadas al empleo, la formación profesional y la intermediación laboral”, además de brindar asistencia tanto a trabajadores como a empresas y organizaciones de la economía social.

Iparraguirre también fue crítico con el silencio de sectores políticos locales frente a la medida: “Me sorprende la pasividad del representante de La Libertad Avanza en Tandil, más aun teniendo en cuenta que durante el macrismo fue jefe de la delegación regional del Ministerio de Trabajo y tenía a su cargo esta Agencia Territorial, de la que destacaba permanentemente sus bondades”.

“Hoy su propio Gobierno la cierra y no solo no tiene nada para hacer -cosa a la que ya nos tiene acostumbrados-, sino que tampoco tiene nada para decir”, remató.

Más detalles

El proyecto advierte que la medida afectaría no solo a Tandil sino también a localidades de la región que dependen de esta sede para realizar trámites, capacitaciones y gestiones vinculadas al mundo laboral.

Entre los puntos más críticos menciona la pérdida de capacidad estatal para intervenir en conflictos laborales, promover la registración del empleo y sostener políticas activas de inserción laboral, especialmente dirigidas a jóvenes, personas desocupadas y trabajadores informales.

En esa línea, Iparraguirre remarcó: “Es elocuente, por no decir patético, que en un contexto de feroz ajuste económico, que están pagando los trabajadores con despidos, cierres de comercios y de fábricas, el Gobierno decida avanzar sobre un organismo que justamente trabaja en la formación y la inserción laboral. Va exactamente en sentido contrario a lo que necesita nuestro entramado productivo”.

La Agencia también fue, según se detalla la resolución, un espacio de “articulación con instituciones educativas, sindicatos, cámaras empresarias y organizaciones sociales, contribuyendo al desarrollo productivo de la región”.

Por esto es que el proyecto solicita formalmente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que reconsidere la medida y garantice la continuidad de la presencia territorial del organismo en Tandil, así como la preservación de los puestos de trabajo.

“Vamos a insistir en que se revierta esta decisión: defender esta oficina es defender derechos, oportunidades y el desarrollo de Tandil y la región”, concluyó Iparraguirre.

La preservación de las calles de adoquines ocupó gran parte del debate público local en las últimas semanas. Mientras el Municipio avanza con la obra de pavimentación de Sarmiento al 1100 -donde se levantó el adoquinado-, en la comisión de Obras Públicas y Urbanización y en la de Cultura y Educación del Concejo Deliberante se debaten tres proyectos al respecto: uno de la UCR, uno de Fuerza Patria y uno de Hechos/Alternativa Tandil.

Las propuestas presentan coincidencias y diferencias, pero de acuerdo a la información a la que pudo acceder El Eco de Tandil, las fuerzas políticas no descartan que se pueda alcanzar una iniciativa de consenso.

Existen dos aspectos centrales sobre los que los concejales discuten: la primera, las calles a proteger. En ese sentido, con la postura de incorporar otras miradas y sugerencias el oficialismo propone circunscribir las calles patrimoniales al casco histórico, la avenida Colón y la avenida principal de María Ignacia, mientras que Hechos plantea la posibilidad de resguardar la totalidad de las arterias de granitullo y una de adoquines.

Por su parte Fuerza Patria introdujo el segundo punto de análisis, la posibilidad de que no sea solo el Concejo quien defina las calles a proteger, sino una comisión integrada por especialistas, a partir de un estudio y evaluación e la situación actual.

Desde Acción Tandilense/La Libertad Avanza no elevaron proyecto, en vistas de que la discusión principal ya se encuentra contemplado por las mencionadas iniciativas, pero forman parte del debate en el marco de la comisión de Obras Públicas.

Cabe recordar, actualmente es el anexo 5 del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) el que establece los bienes patrimoniales preservados. En cuanto a las calles, las únicas protegidas son aquellas que rodean a la Plaza Independencia, por lo que los diferentes proyectos presentados plantean la modificación de dicha ordenanza e incorporar nuevas arterias.

Además, se encuentra vigente otra ordenanza 18455 –propuesta en 2024 por el concejal Federico Martínez, de Fuerza Patria-, la cual marca que los adoquines retirados de espacios públicos deben reutilizarse en otros espacios públicos –priorizando el paraje Cerro Leones-, agregando señalizaciones y descripciones históricas.

En ese sentido, desde el gobierno municipal informaron de la intención de reubicar los adoquines retirados de calle Sarmiento en el parque ecológico anunciado para el Dique Viejo, el Paseo de las Flores y los Pájaros y otros sitios. También evalúan que la ordenanza pueda contemplar que los mismos se destinen a escuelas públicas.

El proyecto presentado por el bloque UCR se denomina “Declaración como patrimonio de calles con adoquines o granitullo”. Desde el oficialismo transmitieron que analizaron la situación -junto al Ejecutivo- contemplando dos aspectos: los reclamos vecinales por los estados del adoquinado, y a su vez su posible preservación sin “perpetuar el problema” generado por la dificultad y alto costo del mantenimiento.

“Resultaría conveniente resguardar aquellas cuadras de mayor trascendencia, valorando la historia, los cimientos donde se construyó la ciudad, sin dejar de acompañar el crecimiento”, indica la propuesta oficial. La misma marca que las calles que se incorporarán al registro de protección deberán contar con una serie de criterios técnicos: valor histórico verificable, integridad material significativa del empedrado original, informe técnico favorable, compatibilidad funcional con tránsito regulado, potencial estratégico en la configuración del paisaje urbano, factibilidad presupuestaria para su mantenimiento sostenido en el tiempo.

A su vez, imposibilita que el régimen de protección incorpore calles que “no reúnan condiciones estructurales mínimas que permitan su adecuada conservación”, “presenten un grado de deterioro tal que implique la pérdida sustancial de su material original y “resulte incompatible con la dinámica urbana actual, en función de su jerarquía vial, intensidad de tránsito o necesidad estratégica de conectividad”.

En concreto, la UCR propone catalogar como protegidas las calles Chacabuco entre Maipú y Av. España; Fuerte Independencia entre Maipú y Belgrano; Yrigoyen entre Pinto y Av. España; Gral. Rodríguez entre Maipú y Av. España; 9 de Julio entre Maipú y Av. España; Maipú entre Chacabuco y 9 de Julio; Belgrano entre Chacabuco y 9 de Julio; Pinto entre Chacabuco y 9 de Julio; San Martin entre Chacabuco y 9 de Julio; Sarmiento entre Chacabuco y 9 de Julio; Mitre entre Chacabuco y 9 de Julio; Av. Colón (ambos sentidos) entre Av. España/Av. Marconi y Av. Del Valle y la Av. Tandil (ambos sentidos) entre Gral. Rodríguez y Rivadavia de María Ignacia Vela.

Por su parte, el proyecto de Hechos propone incorporar otras arterias al régimen de protección: Arana, Pellegrini, Montevideo, y Las Heras entre Gral. Paz y 4 de Abril; Uriburu entre Av. Colón y 4 de Abril ; Garibaldi entre Yrigoyen y 4 de Abril; Mitre entre 14 de Julio y Av. Santamarina; Sarmiento, San Martín, Pinto, y Gral. Belgrano entre 14 de Julio y Av. Santamarina; Maipú entre 14 de Julio y Alem; 25 de Mayo entre 14 de Julio y 9 de Julio; Constitución entre Chacabuco y 9 de Julio; 4 de Abril entre Machado y Av. Marconi; Av. Colón entre Av. Del Valle y Av. Marconi/Av. España; Av. Santamarina entre Av. Marconi/Av. España y Gral. Belgrano; Gral. Paz entre Av. Del Valle y Gral. Belgrano; Alem entre Pellegrini y 25 de Mayo; 9 de Julio y Gral. Rodríguez entre Las Heras y Av. Avellaneda; Yrigoyen entre Las Heras y Pinto; Fuerte Independencia entre Gral. Belgrano y Av. Avellaneda; Chacabuco y 14 de Julio entre Av. España y Constitución; 4 de Abril entre Mitre y Sarmiento.

Desde el bloque que lidera Marcos Nicolini plantearon que la iniciativa que elaboraron busca volver a proteger la totalidad de las calles de granitullo de la ciudad, retomando la ordenanza vigente hasta la sanción del PDT e incorporando la cuadra adoquinada de 4 de Abril entre Sarmiento y Mitre.

El proyecto de Fuerza Patria introduce en el debate la posibilidad de que no sea solo el Legislativo el que defina las calles a proteger, sino una comisión conformada especialmente con ese propósito.

En concreto, la iniciativa del peronismo propone crear la Comisión de Asesoramiento para la Protección de Calles con valor Histórico Patrimonial, la cual estaría integrada por representantes del Colegio de Arquitectos, del de Ingenieros, la Unicen, así como también el gobierno comunal y el Concejo Deliberante.

“Hasta tanto la comisión creada por esta ordenanza no dictamine las Calles con Valor Histórico Patrimonial no se podrán realizar obras que afecten los ambientes con características fundacionales de valor patrimonial”, indica la propuesta de Fuerza Patria.

El proyecto sugiere además que la Secretaría de Obras Públicas –como autoridad de aplicación-, también realice un relevamiento de las calles adoquinadas para evaluar y proponer.

Por otra parte, desde Fuerza Patria propusieron que dicha autoridad de aplicación sea quien contemple las capacitaciones del personal municipal para llevar a cabo las tareas de reparación necesarias de las arterias de adoquines y granitullo.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza destinado a establecer condiciones obligatorias de información y transparencia en las operaciones de venta de inmuebles comercializados bajo la figura de condominio en Tandil.

La propuesta surge tras detectarse operaciones inmobiliarias en sectores donde el Plan de Desarrollo Territorial no admite la subdivisión parcelaria. En esos lugares, sin embargo, se promocionan y venden “cuotas partes indivisas” que, en la práctica, terminan funcionando como loteos sin autorización. La iniciativa no busca modificar la figura civil del condominio contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que apunta a establecer requisitos de transparencia urbanística obligatoria al momento de promocionar y vender este tipo de inmuebles dentro del ejido urbano y rural del distrito.

El presidente del bloque de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, señaló que el objetivo de la propuesta es “proteger a las familias tandilenses que muchas veces, de buena fe, creen que están comprando un lote independiente cuando en realidad adquieren una parte de una parcela, sin posibilidad de subdivisión ni garantía de servicios”. En esa misma línea, indicó que “el proyecto no prohíbe la figura del condominio. Lo que decimos es que el vecino tiene derecho a saber exactamente qué está comprando y cuáles son las limitaciones urbanísticas que pesan sobre ese inmueble”.

La iniciativa establece que, antes de promocionar o comercializar un inmueble bajo el régimen de condominio, el titular deberá presentar ante el Municipio una Declaración Jurada de Información Urbanística Básica. En ese documento deberán detallarse aspectos como la zonificación del terreno, la posibilidad o no de subdividir la parcela, los usos permitidos y la prefactibilidad de acceso a servicios públicos. A partir de esa presentación, la autoridad de aplicación emitirá un Certificado de Situación Urbanística que deberá incorporarse de manera obligatoria a toda publicidad, tanto gráfica como digital, y entregarse al adquirente antes de la firma de cualquier boleto o contrato.

Asimismo, toda publicación deberá incluir de forma explícita la advertencia de que la operación se realiza bajo régimen de condominio y que el inmueble no se encuentra subdividido en lotes individuales según lo establecido por la normativa municipal vigente.

Para Iparraguirre, “cuando no hay información clara, se generan asimetrías que terminan perjudicando al comprador. El Estado municipal tiene poder de policía en materia urbanística justamente para ordenar el uso del suelo y evitar conflictos futuros”.

El proyecto también establece la prohibición de cualquier tipo de publicidad que pueda inducir a pensar que se trata de lotes subdivididos cuando no lo están, o que sugiera una futura subdivisión automática sin la correspondiente autorización administrativa.

En caso de incumplimiento, se prevén sanciones económicas que van desde el 40% hasta el 200% del Salario Mínimo Vital y Móvil, sin descartar otras penalidades previstas en el Código de Faltas Municipal.

“El crecimiento de Tandil tiene que ser ordenado y con reglas claras. No podemos permitir situaciones que después derivan en barrios sin servicios, conflictos entre copropietarios o imposibilidad de escriturar. Esto es dar previsibilidad y seguridad jurídica”, afirmó Iparraguirre.

Además, la ordenanza contempla la puesta en marcha de una campaña de difusión masiva durante el primer año desde su entrada en vigencia, con el objetivo de informar a la comunidad acerca de los alcances de la nueva normativa.

El proyecto será girado a comisión para su tratamiento en el Concejo Deliberante.

Luego de la apertura del 72° período de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el bloque de concejales de Fuerza Patria difundió un comunicado en el que realizó un duro balance de la gestión del intendente Miguel Lunghi, al considerar que “al cierre de su ciclo político deja una ciudad más desigual y desintegrada”.

En el documento, los ediles señalaron que tras 23 años de un mismo gobierno resulta necesario “hacer un balance serio”, no limitado a la coyuntura, sino estructural. “Han transcurrido 23 años sin una sola autocrítica, ni siquiera después del contundente mensaje de las urnas del año pasado”, sostuvieron.

Entre los principales cuestionamientos, mencionaron que, si bien se habló de una ciudad planificada, el suelo “se encareció de manera sostenida” y hoy el acceso a la tierra resulta más complejo para trabajadores y familias jóvenes. También advirtieron que el avance del desarrollo inmobiliario no fue acompañado por políticas públicas fuertes que garantizaran equilibrio y acceso, ni por la planificación y ejecución de obras de infraestructura que hoy consideran críticas, como la aplicación de la planta de efluentes cloacales.

El bloque planteó que existe una “evidente disociación entre crecimiento y desarrollo; entre planificación y ejecución; entre ejecución y control, orden y autoridad”, y vinculó esa situación con el aumento de la demanda social.

“Crece la presión sobre el sistema de salud, aumenta la asistencia alimentaria y se tensiona el presupuesto. Eso habla de una ciudad que necesita dar un salto estructural, no solo sostener la gestión cotidiana”, remarcaron.

Asimismo, cuestionaron que ante los problemas estructurales la explicación haya sido, en reiteradas ocasiones, atribuir responsabilidades a otros niveles del Estado. En ese sentido, sostuvieron que “después de más de dos décadas de gestión, hay que animarse a decir algo con honestidad: una parte importante de los límites que hoy tiene Tandil también están en la propia gestión”.

Para Fuerza Patria, los procesos políticos “tienen ciclos” y cuando las mismas promesas se repiten año tras año sin resolver los problemas de fondo, el esquema muestra “signos de agotamiento”.

En el tramo final del comunicado, los concejales afirmaron que Tandil necesita ordenar su crecimiento, anticiparse a los problemas y contar con reglas claras, control efectivo y autoridad para que las decisiones se cumplan. “Cuando el crecimiento no se ordena, el desorden lo terminan pagando los vecinos”, advirtieron.

Finalmente, plantearon que nadie tiene “el monopolio de las soluciones” y que, si hace falta ayuda, debe existir “la grandeza de pedirla y la humildad de dejarse acompañar”. Según expresaron, lo que está en juego es que la ciudad vuelva a ofrecer “previsibilidad, orden y la tranquilidad de saber que tiene un rumbo claro”.

El concejal Federico Martínez presentó un proyecto que busca declarar patrimonio y proteger a las calles de adoquines de la ciudad. En concreto, la iniciativa propone crear una comisión especializada que tenga a su cargo un relevamiento que determine las calles a resguardara, y la formación de personal municipal en la reparación de granitullo.

En relación con el espíritu de la propuesta, Martínez remarcó: "Entendemos que la piedra, que el trabajo de los picapedreros y las calles adoquinadas constituyen parte de la identidad del tandilense y que no la podemos perder. Una vez que eso se remueve, se pierde para siempre. Entonces, la propuesta que estamos haciendo nosotros es armar un marco normativo para que las calles que tienen valor histórico sean declaradas como patrimonio y que sean intocables, pero a partir de una comisión de personas, de profesionales, de instituciones que puedan identificar, relevar, e indicar cuáles son esas calles que vamos a proteger y conservar".

La presentación se dio en un clima de debate originado a partir de los trabajos de remoción de adoquines en la calle Sarmiento, a la altura de la Plaza del Tanque. Aquella intervención municipal, que reemplazó el histórico material, despertó críticas de organizaciones civiles como la Asamblea de la Estación, la de Barrios de Piedra y Punto Verde, quienes denunciaron un daño irreversible a la fisonomía urbana y solicitaron la Banca XXI para elevar su propio proyecto al respecto. Además, el bloque Alternativa Tandil también dio a conocer una iniciativa propia.

“La idea en los proyectos de ordenanza que uno trabaja es que puedan intervenir diferentes voces para que salgan de la mejor manera”, planteó Martínez.

Por los adoquines

El proyecto de Fuerza Patria surgió para saldar lo que el concejal Martínez describió como un "vacío legal normativo". Según el edil, durante mucho tiempo no existió una línea política clara sobre el manejo de las calles de granito. En concreto, la propuesta busca que la determinación de qué arterias deben ser protegidas no dependa de un funcionario de turno, sino de un consenso técnico y ciudadano.

Para lograr este objetivo, el texto plantea la creación de una comisión asesora compuesta por profesionales de distintas áreas, representantes de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) y de colegios profesionales. Este organismo tendría la tarea de realizar un relevamiento exhaustivo de la planta urbana para dictaminar qué calles conservan un valor fundacional y cuáles deben ser mantenidas bajo procedimientos de recuperación específicos, evitando su sustitución definitiva por asfalto u otros materiales modernos.

Asimismo, el proyecto designa a la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas como el ente de aplicación de la futura ordenanza. La intención es que esta secretaría trabaje en coordinación con la comisión asesora para garantizar que las obras necesarias en la vía pública respeten el patrimonio.

Martínez destacó que este modelo de gestión participativa se inspiró en normativas similares aplicadas con éxito en otras ciudades bonaerenses, tomando como referencia directa el régimen para el cuidado del patrimonio votado en La Plata.

Pasado, presente y futuro

Uno de los puntos más complejos que abordó la iniciativa es el equilibrio entre la preservación del pasado y las exigencias de una ciudad moderna. Con destacado crecimiento poblacional y del parque automotor, el tránsito en las arterias que comunican con el centro representa un desafío cotidiano. A respecto, Martínez reconoció que muchas calles adoquinadas no fueron proyectadas para el peso y la dinámica del transporte actual, lo que requiere una mirada integral del problema.

En este sentido, el concejal subrayó que la movilidad y la dinámica urbana no deben ser excluyentes de la conservación. El proyecto contempla que el mantenimiento de las calles históricas sea realizado por personal capacitado en el arte de la piedra. Por ello, la ordenanza incluye un programa de capacitación para operarios municipales, con el objetivo de ampliar las cuadrillas formadas para tal fin.

Martínez sostuvo que el trabajo de los antiguos picapedreros no es solo un relato de los libros de historia local, sino una realidad palpable que los vecinos transitan a diario. Al declarar estas calles como patrimonio, se busca honrar el esfuerzo de generaciones de inmigrantes y trabajadores que forjaron los cimientos de Tandil, asegurando que el progreso no signifique borrar las huellas de su origen.

Tras su ingreso formal, el expediente comenzó su recorrido por la Comisión de Obras Públicas y se espera que próximamente sea tratado en la Comisión de Cultura y Educación, la cual es presidida por el propio Martínez. El concejal manifestó su expectativa de que el proyecto pueda avanzar mediante el consenso de todos los bloques políticos, integrando también las visiones de las organizaciones sociales que vienen reclamando acciones concretas en defensa de los adoquines.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el funcionamiento del sistema de salud local, que se profundizó al entrar en conocimiento del fallecimiento de un hombre de 80 años en la sala de espera de la guardia del Hospital Ramón Santamarina, luego de permanecer más de tres horas sin recibir atención médica.

El bloque de concejales de Fuerza Patria envió un proyecto de comunicación dirigido al Ejecutivo Municipal, solicitando informes urgentes sobre el funcionamiento del servicio de emergencias del nosocomio local, a raíz del fallecimiento de un adulto mayor ocurrido el pasado sábado 31 de enero en la sala de espera de la guardia. Según pudo conocerse por testimonios de familiares, el vecino de aproximadamente 80 años habría sido atendido luego de una hora y media de espera para su evaluación de triage, donde en la escala de la misma fue clasificado en color verde (por lo que, en teoría, no habría riesgo de vida), y posteriormente permaneció tres horas sin recibir atención médica, hasta que se produjo su fallecimiento en la propia sala de espera, presuntamente como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Este pedido de información se asienta en la necesidad de conocer en detalle el funcionamiento del sistema de guardias del Hospital Municipal Ramón Santamarina, en particular: la cantidad de consultas y atenciones médicas diarias, el promedio de tiempo de espera de los pacientes, el protocolo de triage, su supervisión y los criterios de priorización de pacientes, la cantidad de médicos (y la especialidad de los mismos) que están abocados al servicio de guardia, entre otros puntos.

Asimismo, enfatizaron en la necesidad de contar con información precisa y transparente que permita comprender cómo se definen los niveles de urgencia y cómo se toman las decisiones en la atención inicial de pacientes, con el objetivo de evitar que hechos de esta gravedad vuelvan a repetirse.

En ese marco, la concejal de Fuerza Patria Noelia Domenighini expresó: “Lo que pasó en la guardia del Hospital Santamarina es de una gravedad enorme y necesita respuestas. No estamos hablando de un hecho aislado: hace tiempo venimos viendo problemas en el sistema de salud, y hoy eso se expresa de la manera más dolorosa. Buscamos llevar tranquilidad a la comunidad, dando a conocer cómo funciona el servicio de emergencias, cuáles son los protocolos y qué puede esperar una persona cuando llega a la guardia”.

Desde este bloque señalaron además que este hecho no puede analizarse de manera aislada, sino como consecuencia directa de un sistema de salud local que viene funcionando con serias deficiencias, producto de una gestión municipal agotada que deja expuestos los costos de un crecimiento sin planificación.

Por último, la concejal Cacha Cena agregó: “Tenemos que trabajar por una Tandil que esté a la altura de las necesidades de la gente. Una ciudad que creció mucho, pero sin la planificación necesaria en servicios básicos como la salud. Nuestro compromiso es seguir empujando para que haya un Estado municipal que dé respuestas y cuide a sus vecinos y vecinas”.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de comunicación por medio del cual busca que el Ejecutivo brinde información a partir de los casos de consumo problemático de sustancias y el impacto en los recién nacidos a través de un incremento del denominado Síndrome de Abstinencia Neonatal (SAN) detectado en el Sistema de Salud Pública.

La propuesta, impulsada por la concejal Noelia Domenighini, apunta a obtener información sobre la preocupación en torno a una realidad que impacta en la salud pública local.

En diálogo con El Eco Multimedios, la legisladora comunal contextualizó que la iniciativa surgió como una respuesta a una conversación que mantuvo con una profesional médica y  de una nota periodística que en noviembre pasado publicó este Diario y que encendieron las alarmas.

Si bien reconoció que se trata de una problemática “en aumento” en la ciudad, defendió la necesidad de contar con información “certera” para poder diseñar herramientas legislativas que den respuesta a este escenario.

El proyecto de comunicación presentado hace unos 20 días contiene una extensa serie de preguntas dirigidas al Ejecutivo, centradas fundamentalmente en la elaboración de estadísticas y en el detalle de las intervenciones que se llevan a cabo desde las áreas de Salud y Desarrollo Social.

“El objetivo es generar estadísticas para ver qué situaciones y de cuántos casos estamos hablando en Tandil”, y conocer “qué políticas públicas hoy tenemos en el Municipio”, no solo de las mujeres que “dan a luz a niños con estos padecimientos sino también del consumo problemático”, repasó.

Independientemente del requerimiento, Domenighini aseguró que se trata de una problemática que “tenemos todos a la vuelta de la esquina” y ratificó que “vemos que se está instalando, que va en aumento, pero no la política pública concreta”.

Al exponer los alcances del Síndrome de Abstinencia Neonatal, alertó que “estamos hablando de un recién nacido, de una situación realmente gravísima”, pero también habló de los consumos problemáticos y de la importancia de generar políticas de prevención “más allá del trabajo puntual que se pueda hacer en el territorio”.

Entonces, repasó que la prevención podría incluir una inversión en publicidad y charlas educativas en distintos ámbitos. “Lo que no se ve es como que no está”, sentenció y si bien reconoció el rol de la familia y de las instrucciones educativas, consideró que “el Estado tiene una función muy importante en esto”.

Los argumentos del pedido

El proyecto de comunicación dirigido al Departamento Ejecutivo tiene como objetivo obtener información acerca del consumo problemático y abstinencia neonatal y parte de la “creciente preocupación sanitaria y social” en relación al tema.

Entre los considerandos, plantea que el consumo de sustancias constituye una “problemática a razón de múltiples factores que lamentablemente se encuentra en constante crecimiento en la ciudad” y que requiere de información “precisa y actualizada” a los fines de la creación de políticas públicas “eficaces para su control y abordaje”.

Asimismo, señala que el síndrome de abstinencia neonatal “afecta directamente la salud de recién nacidos, siendo indispensable conocer su incidencia local, abordaje y protocolos a seguir”.

Y define que el Síndrome de Abstinencia Neonatal (SAN) ocurre cuando “un bebé se vuelve dependiente de drogas (opioides, alcohol, etc.) que la madre consumió durante el embarazo, y al nacer, al no recibirlas, experimenta síntomas de abstinencia como llanto excesivo, temblores, vómitos, diarrea, irritabilidad, mala alimentación y problemas para dormir, afectando por ende su sistema nervioso central y su sistema digestivo, requiriendo a menudo hospitalización para manejo y monitoreo”.

Además, argumenta que resulta necesario contar con “datos claros” referidos a infraestructura, recursos humanos, estadísticas, protocolos de actuación y programas vigentes en el Municipio y que la información requerida permitirá evaluar la situación actual e identificar “necesidades críticas y promover políticas públicas preventivas e integrales”.

Los requerimientos

El proyecto de comunicación, en su artículo primero, detalla el pedido de información sobre la “cantidad de personas atendidas por consumo problemático en el sistema de salud público durante 2023, 2024 y 2025” y el número de casos registrados de Síndrome de Abstinencia Neonatal.

Solicita también la “tasa de nacimientos en los cuales se detectó exposición prenatal a sustancias”, la “existencia de registros específicos o bases de datos municipales que sistematicen esta información”, los protocolos vigentes para la “detección temprana, abordaje, tratamiento y seguimiento de mujeres embarazadas con consumo problemático” y los aplicados en neonatología respecto a la atención del SNA.

Los criterios de articulación con el sistema provincial y nacional de salud y otros organismos competentes, los protocolos de intervención y derivación para situaciones de urgencia o riesgo y el detalle de los equipos interdisciplinarios municipales afectados a la problemática forman parte de los requerimientos.

Los siguientes puntos incluidos en el proyecto de comunicación incluyen el pedido de datos sobre los servicios y dispositivos disponibles en Tandil para el abordaje del consumo problemático, los recursos específicos destinados a la atención de embarazadas con consumo problemático y a neonatos con abstinencia y el presupuesto ejecutado en los últimos tres años vinculado a programas de prevención y asistencia.

También busca acceder a información sobre los programas municipales en ejecución vinculados a prevención, tratamiento, reducción de daños y acompañamiento integral, a las acciones realizadas en coordinación con organismos provinciales, nacionales, ONG, hospitales, entre otros y los planes o proyectos previstos para fortalecer el abordaje integral del consumo problemático y la atención del Síndrome de Abstinencia Neonatal.

Para finalizar, pide al Ejecutivo que informe sobre capacitaciones brindadas al personal de salud, educación, desarrollo social y seguridad sobre consumo problemático y abstinencia neonatal, las campañas de prevención realizadas en barrios, instituciones educativas y comunitarias y las acciones específicas destinadas a la detección y acompañamiento de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

El artículo segundo fija que “se requiere que la respuesta se efectué en el plazo que estipula la ordenanza 5.181”, que establece que los pedidos de informes realizados al Departamento Ejecutivo deberán  ser contestados en un plazo no  mayor  de 30 días a partir de la fecha de elevación del mismo y que, en caso de imposibilidad, podrá  solicitar prórroga debidamente fundamentada.