El Gobierno nacional oficializó este lunes la declaración de secreto militar para las operaciones contractuales destinadas a la adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La medida fue establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial, el cual autoriza al Ministerio de Defensa a gestionar el procedimiento exceptuándolo de las disposiciones habituales sobre publicidad y difusión.

La norma, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti, abarca las adquisiciones identificadas en un expediente específico de dicha cartera. No obstante, el texto oficial no detalla qué materiales o equipos serán adquiridos ni especifica el alcance total de las operaciones.

Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de compra cuyo contenido debe permanecer restringido a personas autorizadas. La justificación oficial sostiene que la divulgación de información sobre la naturaleza, características y finalidad del equipamiento podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.

La normativa se ampara en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además del marco regulatorio vigente sobre el secreto militar, que contempla bajo esta figura las negociaciones y trámites vinculados a la adquisición de material. El segundo artículo del decreto faculta a la Subsecretaría de Gestión Administrativa para adoptar los actos necesarios para implementar esta medida.

Esta decisión se suma a los antecedentes recientes vinculados al programa de incorporación de los 24 aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca. En agosto, mediante el Decreto 735/2026, el Gobierno ya había ampliado el régimen de secreto militar para proteger información sobre el mantenimiento y reparación de componentes de dichas aeronaves, incluyendo motores, armamento y repuestos.

Al igual que sucede en otras ciudades del país, en Tandil también hay incertidumbre por el futuro de la delegación local de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA): desde la entidad plantearon que la oficina –que cuenta con un personal de 27 trabajadores entre militares y civiles- podría ser una sobre las que se proyecta su cierre. El número de trabajadores llega a 31 contando a los de Azul y Olavarría.

“Hay incertidumbre por la continuidad de la oficina. Ya hay una propuesta de que de casi 30 delegaciones van a quedar 13 que serían cabeceras, y Tandil está afuera. Quedaríamos  27 empleados entre civiles y militares sin trabajo”, expresó Rubén Chía, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la obra social.

La crisis en la obra social no es nueva, y los reclamos de trabajadores y afiliados se remontan por lo menos a dos años atrás e incluso más. El gobierno nacional anunció la disolución de Iosfa y su conversión en OSFA, un proceso que se formalizó a partir del pasado 1 de octubre. Sin embargo, todavía está pendiente el pago de la deuda de la obra social, estimada en unos 200 mil millones de pesos.

Las problemáticas más preocupantes son aquellas vinculadas al corte en las prestaciones, pero en el último tiempo se sumaron reclamos vinculados a la continuidad laboral de los trabajadores de la entidad.

La delegación Tandil cuenta con una cápita de alrededor de 3500 afiliados de la ciudad, entre miembros de Fuerzas Armadas y sus familias. Además, la oficina tiene jurisdicción sobre los 1500 afiliados de Azul y los 970 de Olavarría.

Recientemente, una vecina afiliada dialogó con El Eco y dio cuenta en primera persona del reclamo: hace dos años que espera por una prótesis de rodilla. Además, días atrás se confirmó el corte de la obra social en farmacias locales, aunque fue repuesto.

La vecina dio cuenta también de otros casos: afiliados que deben trasladarse a Mar del Plata u otras delegaciones para someterse a intervenciones complejas de salud.

“Estamos esperando que se reactive porque la realidad es que tenemos los reclamos de los afiliados. Cuando vienen acá es porque ya tienen el problema de salud. Nosotros le damos las indicaciones, le decimos lo que tienen que hacer para ser atendidos. Y no pueden ser atendidos porque no hay atención, está todo cortado”, sostuvo Chía. El delegado precisó que el corte de las prestaciones se remonta a un año y medio atrás.

Frente a la falta de respuesta de la obra social ante casos extremos, planteó el delegado, los afiliados deben iniciar amparos para acceder a prioridades de pago. Contó que si bien dichos amparos solían pagarse en tiempo y forma, a la fecha se realiza con demoras de hasta dos meses.

“La realidad es que en Tandil al estar todo cortado, los afiliados para hacerse una práctica compleja tienen que ir a Buenos Aires o a Mar de Plata. Acá en Tandil lo único que tiene para atenderse es el Hospital. No tenemos otra”, señaló.

“Esto es una incertidumbre. La realidad es que  no tenemos noticias  que nos bajen para saber qué es lo que va a pasar”, agregó.

El delegado dio cuenta también de otra situación que motivó movilizaciones de ATE a la casa central de OSFA a nivel nacional: el anuncio del cierre de establecimientos hoteleros y farmacias pertenecientes a la obra social.

Tras la medida de fuerza, los contratos de los trabajadores hoteleros se extendieron hasta el próximo 1 de diciembre. Sin embargo la incertidumbre se extiende también a los más de 500 trabajadores afectados. “No sabemos qué va a pasar”, concluyó.

Tras más de seis décadas como el arma principal de las Fuerzas Armadas argentinas, el fusil FAL inició formalmente su proceso de retiro. La incorporación de los primeros 250 fusiles ARAD-5 y ARAD-7, presentada el 29 de septiembre en el Regimiento de Infantería 1 Patricios, marca un cambio fundamental en el equipamiento militar del país.

La transición responde a la necesidad de adaptar el armamento individual a los estándares actuales de combate, priorizando la modularidad, la reducción de peso y la integración de nuevas tecnologías. El proceso de selección concluyó durante 2025 tras una evaluación del Estado Mayor Conjunto, que analizó propuestas de ocho empresas internacionales antes de optar por el sistema israelí.

El Ministerio de Defensa confirmó que los nuevos fusiles, que presentan arquitecturas AR-15 y AR-10, incluyen miras electroópticas de punto rojo MEPRO M-5. Estos equipos reemplazarán tanto al FAL como a los fusiles M-16 utilizados por la Infantería de Marina.

La historia del FAL en Argentina comenzó en 1956, consolidándose con su fabricación nacional en la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu a partir de 1960. A lo largo de los años, el sistema acompañó a diversas generaciones de soldados y fue protagonista en episodios clave, como el conflicto del Atlántico Sur en 1982.

El cronograma de modernización continuará este mes con la capacitación del personal a cargo de la empresa IWI, mientras que la recepción de un segundo lote de armamento está prevista para el primer trimestre de 2027.

Desde hace un tiempo a esta parte se instaló en la agenda pública una preocupante problemática: la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (hoy OSFA, antes Iosfa). La situación involucra recortes en las prestaciones y complicaciones que se replican en todo el país, y de la cual Tandil no es la excepción.

Una vecina afiliada a la obra social dialogó con El Eco y contó su caso, uno de los tantos entre los más de 3500 afiliados con los que OSFA cuenta en la ciudad. Gabriela espera desde hace dos años por una prótesis de rodilla, y al momento no obtuvo respuesta para poder acceder a la práctica.

Pero además, la afiliada dio cuenta de otras preocupantes situaciones: según lo que transmitió, hay militares tandilenses que deben trasladarse a Mar del Plata para realizarse diálisis u otros tratamientos complejos. En los últimos días, también se cortó la cobertura para medicamentos en farmacias locales.

“Hace dos años que estamos sin obra social, esa es la realidad. Y no solamente en Tandil, los militares de Fuerza Aérea y el Ejército de la ciudad, sino también de Azul y Olavarría. El tema es la obra social, pero también el Círculo Médico”, planteó Gabriela, la vecina que relató su situación.

“No puedo caminar, estoy todo el tiempo con dolor. Y entre el hueso y la rodilla no tengo nada, por eso necesito la prótesis”, señaló la afiliada, quien ya cuenta con varias operaciones y problemas derivados de una rotura de meniscos.

Crisis en la obra social militar

Desde que le indicaron la necesidad de operarse, la vecina realizó reclamos y averiguaciones respecto a la posibilidad de contar con cobertura para la práctica. En los últimos días solicitó ser derivada al Hospital Militar Central, pero le transmitieron que la obra social no cuenta actualmente con recursos para hacerlo. 

A lo largo de estos últimos dos años, precisó, la cobertura en general fue intermitente: “Había momentos en los que había obra social, y que el Círculo Médico te cubría, pero no cubría el Sanatorio. Ahora me enteré que ya no hay deuda con el Sanatorio, pero que el Círculo Médico no quiere arreglar”, señaló.

La vecina consideró que la crisis en la obra social militar se remonta a cuando gestiones nacionales anteriores agruparon las coberturas de cada fuerza. Hasta ese momento, sostuvo, “era una muy buena obra social”.

Pero desde entonces, la situación empeoró. A nivel local se llevaron a cabo manifestaciones de trabajadores de la oficina de la obra social en la ciudad advirtiendo por el “vaciamiento” de la cobertura. La problemática se replicó en diferentes localidades y provincias, y el caso tomó estado público.

En ese marco el gobierno nacional anunció la división de Iosfa y la creación de OSFA. Pero todavía se define su puesta en marcha, con una problemática central: la deuda que la obra social mantiene con prestadores y que asciende a 200 mil millones de pesos.

En los últimos días, Nación anunció que OSFA comenzaría a cancelar dicha deuda. Sin embargo, en la oficina local hay sospecha. De hecho, también recientemente se confirmó el corte de la cobertura en farmacias a nivel local, que se sumó a otras medidas similares en diferentes ciudades.

El pasado miércoles 30 de septiembre se sumó un capítulo al tema. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), llevó a cabo una toma de la sede nacional de OSFA. Fue en el marco de un reclamo para exigir la continuidad laboral de trabajadores de la entidad. La medida de fuerza tuvo un resultado positivo: las autoridades de la obra social extendieron los contratos del conjunto de las fuentes laborales hasta el 5 de febrero próximo.

La toma se realizó tras el anuncio de despidos, pero también del cierre de 13 hoteles y dos recreos ubicados en ciudades como Mar del Plata, Córdoba y Bariloche que pertenecían a OSFA. Luego de la manifestación, también se anunció la continuidad laboral de los trabajadores de las entidades turísticas. Los contratos del personal afectado se extendieron por 60 días.

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno ante el Congreso nacional plantea un escenario de ajuste para el sector educativo, al tiempo que prioriza el despliegue de infraestructura militar y logística en el sur del país. Según el documento, la función Educación y Cultura contará con 11,20 billones de pesos, lo que implica una caída real cercana al 2,2 por ciento frente a una inflación estimada del 30 por ciento.

La situación genera especial preocupación en el ámbito universitario. El proyecto asigna 7,35 billones de pesos para las universidades nacionales, una cifra que se ubica 3,65 billones de pesos por debajo de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento del sistema. Ante este escenario, los gremios han convocado a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, mientras que la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció un cronograma de paros escalonados.

“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no”, afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

Por su parte, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió sobre las consecuencias de esta medida:

“Si el Congreso aprueba el Presupuesto en las condiciones planteadas por el Ejecutivo, todas las funciones y programas que brindan las universidades se van a ver afectados”.

En contrapartida, el ministro de Defensa, Carlos Presti, detalló que el Ejecutivo destinará 350 millones de dólares entre 2026 y 2027 para obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia y la Base Antártica Conjunta Petrel. El plan incluye la construcción de un muelle de 585 metros y capacidad logística para operaciones conjuntas de las fuerzas armadas. Asimismo, el Gobierno solicitó autorización para tomar deuda por hasta 3.500 millones de dólares destinados a la compra de tres submarinos y dos fragatas multimisión.

El exintendente de San Miguel y exministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, impulsó una iniciativa para crear una Policía Militar destinada al conurbano, como parte de un plan integral para federalizar los 24 municipios de esa región. El proyecto busca trasladar las principales competencias de estos distritos a la órbita nacional, eliminando la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Según el dirigente, la nueva fuerza dependería directamente del Gobierno nacional, sin subordinación al gobernador ni a los intendentes. Su labor se centraría en investigaciones complejas, inteligencia criminal, narcotráfico y operativos tácticos. Al respecto, el exfuncionario señaló:

“Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”.

El planteo detalla que la formación se realizaría en Campo de Mayo, con la participación de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino. Asimismo, se contempla que parte de los integrantes provenga de la actual Policía Bonaerense. De la Torre aclaró que esta institución conviviría con las policías municipales, las cuales mantendrían sus funciones de patrullaje preventivo.

El exintendente cuestionó el actual funcionamiento de la seguridad provincial, argumentando que la Policía Bonaerense duplicó su personal desde 2010 sin que el delito disminuyera. En este sentido, planteó:

“¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano?”.

La propuesta forma parte de una reestructuración mayor que busca modificar el esquema de administración de los 24 distritos ubicados entre la ruta 6 y la Ciudad de Buenos Aires, donde residen entre 13 y 14 millones de personas. El plan contempla la reasignación de fondos, la eliminación de Ingresos Brutos en dichos distritos y la centralización de servicios esenciales bajo administración nacional.

El presidente Javier Milei aprobó el Régimen Administrativo, Patrimonial, Contable y de Control de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), fijando además en un 8% la alícuota correspondiente a las contribuciones patronales. La medida fue formalizada a través del Decreto 986/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La OSFA fue constituida como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa mediante el Decreto 88/2026 del 5 de febrero. Dicha normativa surgió en el marco de la transformación de la Osffeseg y la separación de las coberturas de salud destinadas al personal de Defensa y de Seguridad.

El artículo 14, inciso 2 del Decreto 88/2026 establecía la obligatoriedad de que el Poder Ejecutivo aprobara el régimen administrativo, patrimonial, contable y de control del nuevo organismo, proceso que se cumplimentó con la reciente publicación oficial.

La contribución patronal del 8% se aplicará sobre los haberes efectivamente percibidos por el personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, el personal civil que presta servicios en las fuerzas y el personal civil de la propia OSFA. Asimismo, el Ministerio de Defensa quedó facultado para dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la implementación del régimen. Con esta decisión, el gobierno busca dar respuesta a la seguridad en salud de las fuerzas armadas, como parte de su plan para jerarquizar la fuerza.

La Armada Argentina confirmó este viernes que la Base Aeronaval de Punta Indio continuará abierta, manteniendo presencia militar y civil permanente. La decisión, que busca despejar las preocupaciones generadas por el denominado Plan Dédalo, implica que la instalación será reconvertida en una Estación Aeronaval.

Fuentes oficiales resumieron la postura de la institución al señalar: “La base no se cierra. La Armada no se va de Punta Indio”.

La definición fue comunicada por el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, durante un encuentro en el Edificio Libertad. De la reunión participaron el intendente de Punta Indio, David Angueira, el exjefe comunal Hernán Yzurieta, representantes del personal civil y funcionarios del Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti.

A pesar de la continuidad de la base, la fuerza mantendrá su proyecto de reorganización con un traslado progresivo de medios y personal hacia la Base Aeronaval Comandante Espora. Según las proyecciones de la conducción naval, para enero de 2028 permanecerán en Punta Indio alrededor de 180 militares y más de 150 empleados civiles. En una primera etapa, se prevé el traslado de 23 trabajadores que manifestaron su voluntad de cambiar su destino laboral.

El anuncio se produjo tras una movilización realizada el jueves hacia el Ministerio de Defensa, donde cerca de 400 vecinos y trabajadores reclamaron contra el posible cierre. Durante las negociaciones, el intendente David Angueira destacó el compromiso de Vialidad Provincial para repavimentar la pista de aterrizaje, infraestructura cuyo deterioro había sido señalado por la fuerza como un factor determinante para los cambios.

La Armada Argentina justificó esta reconversión como parte de una estrategia para concentrar recursos de la Aviación Naval más cerca del Mar Argentino, argumentando que la Base Aeronaval Comandante Espora ofrece mejores condiciones operativas. Esta reorganización se vincula con la incorporación de los aviones de patrulla marítima P-3C Orion y nuevas inversiones en tecnología de vigilancia.