Un grupo de vecinos de Tandil y Rauch pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por la inconstitucionalidad de las ordenanzas que regulan las fumigaciones y la aplicación de agroquímicos. A la espera del fallo del máximo organismo judicial bonaerense, el Procurador General –Julio Conte Grand-, emitió un dictamen de recomendación para la suspensión de dichas normativas.

El Eco de Tandil dialogó con Joaquín Benavídez, integrante y abogado del grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú, quien compartió detalles de la solicitud a la Justicia, de los agroquímicos detectados en análisis de agua, y del futuro de la acción judicial en curso. Entre otros aspectos, hizo mención a que análisis de agua realizados junto a universidades nacionales detectaron la presencia de 4D, Glifosato y Atrazina en la cuenca hídrica compartida por las localidades.

“Estamos esperando la declaración por parte de la Corte, y vamos a presentar un escrito para reiterar la urgencia. Entendemos que la situación es realmente muy grave. Porque la temporada estival coincide con las campañas de fumigaciones, señaló el abogado.

El grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú está integrado por vecinos tanto de Tandil como de María Ignacia, Gardey y Rauch. Se conformaron recientemente motivados por la preocupación en torno a las fumigaciones que afectan al conjunto de la zona. “Tandil y Rauch están conectados por una cuenca hidrológica, y las fumigaciones en Tandil repercuten en Rauch. Emprendimos este trabajo con el enfoque de la cuenca porque consideramos que la problemática alcanza a todos los habitantes de la cuenca”, expresó. La presentación ante la Suprema Corte fue la primera acción del grupo, pero también llevan a cabo charlas en escuelas y otras propuestas.

“En la Corte presentamos una acción originaria de inconstitucionalidad, que es una vía procesal contemplada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de que de que el máximo Tribunal de Justicia bonaerense revise las ordenanzas tanto de Tandil como de Rauch. Que revise los criterios porque entendemos que a partir de toda la prueba que se ha venido realizando gracias al trabajo de las organizaciones y de la universidad pública, entendemos que esos criterios son ostensiblemente insuficientes para garantizar la salud y el ambiente sano tanto de la comunidad de Vela, como de Gardey, de Tandil y de Rauch”, precisó Benavídez.

El grupo pidió en concreto la inconstitucionalidad de la ordenanza N° 850/12 –de Rauch-, y la de la N° 17.404/21, de Tandil. Cabe recordar, la normativa local fue aprobada en el marco de una importante resistencia ciudadana y la irrupción de vecinos manifestantes al Concejo Deliberante.

El abogado del grupo vecinal Defensores Ambientales del Chapaleofú indicó que previo a la resolución de la Suprema Corte, “el Procurador emite un dictamen cuando están en juego los derechos de las infancias”, en referencia a lo emitido por Conte Grand.

A su vez Benavídez hizo referencia a estudios de la calidad del agua que realizaron en articulación con centros de investigación tanto de la Unicen como de la Universidad Nacional de La Plata, los cuales incorporaron a lo presentado ante la Suprema Corte, para que conste como argumento de la solicitud.

“Los resultados son lapidarios, y por eso me parece que el procurador Conte Grand emite un dictamen de esta naturaleza”, sostuvo el abogado. Consultado por lo que los análisis arrojaron en cuanto a los compuestos detectados en el agua, indicó que hubo “4D, Atrazina y Glifosato, que son los más conocidos. Pero hubo muchos. En una muestra que se tomó en Rauch se llegó a detectar Endosulfán, un contaminante orgánico persistente prohibido por el Convenio de Estocolmo y que es extremadamente peligroso”.

A la espera de lo que dictamine la Suprema Corte, desde el grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú abrieron una cuenta en la red social Instagram a partir de la cual difunden sus actividades. “El Chapaleofú no es recurso hídrico de recreación: es sujeto vivo de derechos, es cuerpo y refugio de memorias colectivas. Protegerlo de los agrotóxicos no es solo defender nuestros cuerpos-territorios: también es un acto de justicia ambiental y social para las generaciones presentes y futuras”, marcaron en su primera publicación.

Con fecha del último 20 de noviembre, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense emitió una recomendación al máximo organismo judicial de la Provincia con respecto a la solicitud elevada por el grupo vecinal.

“Lo expuesto lleva a la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia disponga la suspensión de las ordenanzas cuestionadas, dejando expresamente aclarado que ello no aparejará un vacío legal, ya que se encuentran plenamente vigentes en el orden provincial tanto la Ley N° 10699, como así el decreto 499/91. No obstante, es dable señalar en esta oportunidad procesal la necesidad de que las normas antes citadas sean actualizadas”, marca la recomendación.

El texto presenta el pedido de los Defensores Ambientales del Chapaleofú, y en particular aquel por la determinación cautelar de “distancias terrestres de seguridad ambiental requeridas respecto a todos los centros poblados, centros de salud, escuelas rurales, y pozos de extracción de agua dentro del ámbito de aplicación de las respectivas ordenanzas”. 

Ante la solicitud –y la prueba presentada por los vecinos-, el Procurador advirtió “que ambas ordenanzas aquí cuestionadas prima facie no se corresponden con los estándares de protección ambiental que emanan de las normas de origen nacional y provincial, interfiriendo a las mismas. En el sentido expuesto, esta Procuración General reitera que toda norma que reglamente un derecho de carácter ambiental, puede brindar mayor grado de protección, más no empeorar la mencionada protección, tal como parece presentarse en el caso de autos”. Además, insta al Ejecutivo Provincial a que lleve adelante el control estricto del cumplimiento de los parámetros indicados en cada una de las normativas vigentes.

“Tal como se adelantara, esta Procuración General solicita que la Suprema Corte de Justicia inste a los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la urgente necesidad de la elaboración y sanción de normas a través de las cuales se actualice el uso y manipulación racional y sostenible de los plaguicidas, con los debidos registros, clasificadores y sistemas de controles, audiencias e información ante la situación planteada que exige contar con una legislación inmediata de base que preserve y garantice los indiscutibles derechos que se ponen en juego”, expone el texto de la Procuración.

Agrega además que “alcance de los derechos y garantías cuestionados excede a la responsabilidad de los municipios demandados, por lo que entiendo que sería aconsejable se cite a la Provincia de Buenos Aires a los fines de ejercer los derechos que hacen a la competencia antes señalada y con especial relevancia en la cuestión de fondo puesta en consideración por vecinos de los municipios bonaerenses de Rauch y Tandil. Por lo expuesto, considero que, con las pautas expuestas, podría hacerse lugar a la medida cautelar solicitada”.

En un dictamen emitido el pasado 20 de noviembre, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), Julio Conte Grand, recomendó suspender las ordenanzas municipales que habilitan la aplicación de agroquímicos a escasos metros de viviendas, escuelas, pozos de extracción de agua y cursos hídricos en los partidos de Tandil y Rauch, incluyendo las localidades de Gardey y Vela.

La presentación del Procurador se enmarca en una acción originaria de inconstitucionalidad impulsada por vecinos y vecinas de la Cuenca del Chapaleofú, quienes reclamaron ante el Máximo Tribunal bonaerense la protección del derecho a un ambiente sano. El dictamen reconoce la legitimidad de estas comunidades para promover la causa de manera colectiva, al considerar que el ambiente constituye un bien indivisible compartido por toda la población.

Conte Grand aconsejó suspender las Ordenanzas Nº 850/12 y 17.404/21, que actualmente permiten fumigaciones con agrotóxicos muy próximas a áreas habitadas y establecimientos educativos y sanitarios. Según el dictamen, estas normativas locales podrían vulnerar estándares ambientales de orden nacional y provincial.

Entre sus consideraciones, el Procurador señaló que “ambas ordenanzas aquí cuestionadas prima facie no se corresponden con los estándares de protección ambiental que emanan de las normas de origen nacional y provincial, interfiriendo a las mismas”. Asimismo, advirtió “una posible vulneración al estándar ambiental establecido por el ‘bloque de legalidad ambiental’ (art. 41 CN y art. 4 Ley N° 25.675) y al mejor derecho previamente reconocido (conf. arts. 24, 26 y 29 CADH)”.

El dictamen sostiene, además, que “los Municipios de Rauch y Tandil, en ningún caso pueden autorizar la aplicación de agroquímicos, sin exigir, al menos, los recaudos de ‘seguridad ambiental’ que permiten las normas provinciales y nacionales de la materia”.

Conte Grand consideró que la Suprema Corte podría hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas por los vecinos, al remarcar que el caso involucra la protección del interés superior de niñas y niños, quienes requieren “protecciones especiales y reforzadas”.

Por último, el Procurador sugirió citar a la Provincia de Buenos Aires al proceso judicial, dada la complejidad del caso. Asimismo, enfatizó la necesidad de actualizar las normativas locales para adecuarlas a los estándares ambientales vigentes.

La concejal del MID, Natalia Chacón, presentó un pedido de informes dirigido a la Dirección de Bromatología por medio del cual busca obtener explicaciones sobre la decisión del Gobierno comunal de no realizar tareas de fumigación frente a la invasión de mosquitos que se registró en la ciudad y precisiones sobre la presencia de las especies que transmiten las encefalomielitis equinas.

La edil desarrollista planteó que independientemente de las “molestias que generen la proliferación de mosquitos, debemos saber si el no fumigar puede traer aparejados problemas con otras enfermedades que transmiten los mosquitos, por ejemplo, alguna de las variantes de las encefalomielitis equinas, que ya hace meses y hasta ahora están generando problemas en algunos puntos del país”.

Asimismo, enfatizó que “durante muchos años Tandil ha fumigado contra mosquitos en plazas, parques y demás espacios públicos” y que si bien se desestimó el accionar por razones ambientales, entre otras, “lo que ahora queremos saber, detalladamente, son los motivos por lo que no se realizó fumigación”, más aún “si tenemos en cuenta que, en la actualidad, existen productos biológicos que son más amigables con el ecosistema”.

Para finalizar, deseó que “la respuesta llegue lo más rápido posible para que en base a eso podamos proponer alguna herramienta que le permita al Ejecutivo poder controlar de mejor manera la población de mosquitos y todo lo que eso pueda acarrear en términos sanitarios”.

Proyecto de comunicación, en detalle

Según el texto del proyecto de comunicación al que accedió El Eco de Tandil, el artículo primero expresa que el Concejo Deliberante solicita a la Dirección de Bromatología que “especifique los motivos por los cuales desestimó la fumigación de mosquitos en el partido de Tandil” y agrega en el siguiente punto “si existe riesgo sanitario ante la existencia de las especies de mosquitos portadoras de algunas de las variantes de encefalomielitis equinas y si, en caso de que esto sea afirmativo, dispondrá la fumigación para disminuir el riesgo de esta enfermedad”, indica en el artículo segundo.

En tanto, en el artículo tercero pide al área dependiente del Sistema Integrado de Salud Público que indique “si se han realizado fumigaciones tras las solicitudes formales de actores privados contra mosquitos” durante este año. 

Los argumentos

El proyecto parte de la Ley Nacional 27.233 “Declaración interés nacional a la sanidad de animales y vegetales”, de la disposición 363/2023 “Medidas sanitarias inmediatas, extraordinarias, excepcionales y de contención ante brotes de Encefalomielitis Equinas” del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la resolución 1219/2023 “Declaración de estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional” del mismo organismo nacional.

Y entre los argumentos cita que la normativa nacional declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna”, mientras que la disposición orienta las medidas sanitarias inmediatas, extraordinarias, excepcionales y de contención ante brotes de encefalomielitis equina (EE).

En tanto, plantea que la resolución “declara el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la República Argentina por el brote” de esa enfermedad y apunta que la ordenanza 18.337 “grava el servicio de desinfección de mosquitos”.

En otro de los considerandos se enfoca en que la encefalomielitis equina, una “enfermedad neurológica producida por un alphavirus que se transmite a través de picaduras de mosquitos” y que los estudios “indican que el principal agente de trasmisión sería el aedes albifasciatus, pero también existen indicios de que otras especies de mosquitos, como culex ocossa o aedes serratus, podrían transmitir y mantener el virus”.

“Estos virus afectan a varios vertebrados, entre ellos, los equinos y las personas que son hospedadoras terminales, y son transmitidos por vectores, principalmente mosquitos, durante las épocas estivales”, explica y señala que “si bien se dispuso la vacunación obligatoria para los equinos, este virus se transmite desde aves y pequeños roedores que posteriormente son picados por algunas de las especies de mosquitos mencionadas anteriormente y finalmente contagian el virus a humanos y/o equinos”.

Por otro lado, indica que “los cambios ecológicos que facilitaron la propagación del vector se espera que se mantengan mientras dure la temporada estival” y que la zona centro del país es la más afectada, mientras que la provincia de Buenos Aires es la que “cuenta con mayor cantidad de casos positivos (827) en equinos al 15 de febrero”.

Y para finalizar resalta que “la fumigación es una herramienta eficaz y eficiente para controlar la población de mosquitos” y que actualmente existen “insecticidas biológicos que son inocuos para la salud humana”.

Luego de que el Comité de Seguimiento –entidad que nuclea a referentes de distintos sectores técnicos especializados y que monitorea la situación con respecto al dengue en la ciudad-, asegurara que el mosquito que proliferó recientemente no es el transmisor del dengue, desde la comuna aclararon que no no fumigarán y explicaron los motivos.

Desde la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la comuna indicaron que, ante la alta presencia de mosquitos en Tandil y diferentes localidades del país, no es recomendable la fumigación.

Bidones en la plaza contaminando las infancias. Así se titula la publicación en la que la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil denunció que en la plaza de Fulton utilizan envases de agroquímicos como cestos de basura. El texto, acompañado de una serie de fotografías, generó repercusión y hasta el reclamo a las dependencias municipales correspondientes.

De parte de las autoridades de la Escuela Primaria 44 afirmaron que retirarán los envases, que se encuentran trabajando en la forestación del lugar, y que el agua de la zona resulta apta a partir de análisis anuales que realizan.

Por su parte vecinos del paraje transmitieron que los envases se encuentran allí desde el año 2019. “Es todo un tema con los herbicidas, nos están fumigando. Fumigan a la noche cuando no anda mucha gente. Es más, ahora hay unos árboles frutales que pusieron este año y ya se están secando. Fumigan al lado del pueblo, de la escuela, del jardín, y nadie hace nada”, lamentó una vecina en diálogo con El Eco de Tandil.

“Decenas de bidones de agrotóxicos son empleados como tarros de basura en la plaza de Fulton, frente al jardín de infantes N.º 914. Los envases fueron cortados y sujetados con alambre a postes cercanos a las hamacas, pasamanos y otros juegos infantiles. Incluyendo algunos debajo de parrillas”, transmitieron desde el perfil de Instagram de la Junta Vecinal.

En las imágenes publicadas por la organización ciudadana puede observarse cómo fueron dispuestos los bidones, cortados sobre uno de sus extremos para que estos funcionen a modo de tapa. Los mismos se encuentras atados sobre postes o colocados bajo zonas donde puede encenderse fuego para cocinar. 

En los cestos se lee claramente la inscripción “No reutilizar este envase”. En ese sentido, desde la Junta Vecinal señalaron que “debido a su potencial contaminante, los envases de agrotóxicos son categorizados como residuos peligrosos, y su reutilización está prohibida por legislaciones nacionales, provinciales y locales”.

Ante tal situación, consideraron desde la entidad, “es inaceptable que sean empleados en el único espacio recreativo, donde niños y niñas pasan la tarde jugando”. Además, brindaron un marco general sobre los residuos de agroquímicos a nivel nacional, al transmitir que “en Argentina se desechan 20 millones de bidones al año -15 toneladas- y solo un 10% recibe el tratamiento adecuado que ´minimiza´ su impacto -triple lavado, perforación y traslado a un centro de acopio-“. Por lo tanto, remarcaron, “de ninguna manera debemos permitir la utilización de estos residuos peligrosos como meros envases plásticos. Y, mucho menos en espacios públicos”.

La publicación generó repercusión y un grupo de usuarios manifestó su preocupación por el tema. “El problema no es sola la contaminación de los espacios en donde se colocan, sino que las personas que manipulan esos recipientes también se ponen en riesgo”, planteó una usuaria. “Buen día, soy docente y en la escuela de San Antonio –cerca de Fulton- usaban los bidones como tachos de basura. El desconocimiento sobre el tema es grave”, sostuvo otro. 

“Exigimos al Estado local que se haga responsable y actúe aplicando las normativas correspondientes, por las infancias y por un ambiente saludable ¡Paren de fumigar!”, concluyó el posteo.

La Escuela Primaria trabaja en el retiro de los bidones

La Escuela Primaria 44 conforma junto a la Escuela Secundaria Técnica 6 Anexo 3061 y el Jardín 914 la concentración de las instituciones educativas del paraje. Consultadas por El Eco de Tandil, las autoridades transmitieron que trabajan en el retiro de los bidones, así como en la forestación del lugar.

“Los vamos a sacar, obviamente, porque el proyecto de la escuela es el cuidado del medio ambiente y estamos trabajando en eso”, expresó la directora del establecimiento primario

La directiva sumó además que luego de poner la plaza en condiciones, se encuentran forestando y llevando a cabo acciones en torno a la separación y tratamiento de residuos. A la fecha, afirmó, ya establecieron contacto con una persona que retirará los envases para desecharlos en un lugar adecuado.

A su vez, la directora se refirió a otro apartado de la publicación de la Junta Vecinal, en la que se hacía mención a un estudio realizado por la Unicen en el año 2020 en el que se determinó la presencia de restos de agroquímicos en el agua y el suelo de parte del paraje.

“Hablan de algunas cosas como el agua, pero nosotros desde la escuela hacemos el análisis con Bromatología y nos da apto, lo hacemos todos los años, es obligación que lo hagamos”, concluyó.

Ayer por la mañana, tal como habían anunciado, un numeroso grupo de vecinos se manifestó en el Municipio contra la regulación del uso de los agroquímicos y su posible aprobación. 

Si bien el tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante se suspendió tras haber recibido el pedido de Audiencia Pública, esa instancia no fue conseguida y desde el deliberativo ofrecieron una propuesta intermedia. 

El presidente del HCD, Juan Pablo Frolik, en consentimiento con los distintos bloques, invitó a la comunidad a participar en la reunión de la Subcomisión de Trabajo, Producción y Medioambiente el lunes a las 17 en el Teatro del Fuerte, como espacio ampliado para debatir.

Para eso, los que quieran ser oradores tienen tiempo de anotarse hasta ese mismo día entre las 8 y las 13 en el Teatro, mientras que los oyentes no requieren de inscripción. 

Formalmente, desde el Concejo indicaron que la convocatoria “es abierta y pública a las personas que deseen manifestar su opinión sobre el tema de referencia, ya sea de forma particular o en representación de alguna organización”.

Posteriormente a este dictamen, los ediles pasaron a un cuarto intermedio para retomar la sesión con el orden del día, hasta que la situación se calme en el recinto. Mientras, en los mismos pasillos, los manifestantes se reunieron en asamblea, disconformes con la respuesta de los concejales. 

Acercándose nuevamente a Frolik, solicitaron hacer valer las legislaciones vigentes que avalan el derecho a Audiencia Pública, además volvieron a presentar un manifiesto de la comunidad médica local, presentado en agosto del año pasado y no considerado en el proyecto de ordenanza.

En el recinto del HCD

Alrededor de las 9.30 las personas comenzaron a nuclearse primero en la explanada municipal, donde expusieron una intervención de cómo las fumigaciones afectan a las personas, y luego ingresaron al edificio, hasta el recinto del Concejo Deliberante. 

Varios de ellos lograron acomodarse en la sala con sus carteles y voces en alto, colocando en varias de las bancas botellas con agua que sale de las canillas de las escuelas rurales y plantines de huerta afectados por un herbicida hormonal. 

Además, repitieron la representación artística en la que “la Parca”, un aplicador y un ángel, recorrieron los pasillos entre los ediles, donde yacían víctimas de la contaminación del aire, el agua y la tierra. 

Entre las voces, aseguraron que la mayoría de los afectados son los niños, y recordaron el informe que emitió la Sociedad Argentina de Pediatría confirmando las consecuencias en su desarrollo, malformaciones y diferentes tipos de cánceres.

Asimismo, lamentaron que no se haya tenido en cuenta el informe realizado por una institución pública y de reconocimiento como la Unicen, donde la investigación confirmó la presencia de 16 agroquímicos en las aguas y tierra de las escuelas rurales del partido, entre otra gran cantidad de evidencia científica.

Aval al debate público y de participación social

Al momento en que se interrumpió la sesión, el primero en salir fue el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, que enseguida expuso la postura de sus colegas partidarios en relación a la Regulación del uso de Agroquímicos. 

En primer término, garantizó su respaldo y apoyo para que se cumpla con la ley de acceso a una Audiencia Pública, ya que aseveró que es un derecho y cualquiera tema que tenga amplio alcance social y comunitario lo vale.

Por otro lado, desde el bloque plantearon que hace más de dos años se trabaja en la confección de una nueva Ordenanza que regulase “con más eficacia” las aplicaciones de productos agroquímicos en el distrito de Tandil, mencionando finalmente la elaboración de un proyecto “que contempla, ante todo, el cuidado y resguardo de la salud humana”.

Sin embargo, admitieron que aún restan cuestiones por resolver y que fueron solicitadas desde el Frente de Todos, como por ejemplo la especificación de la Autoridad de aplicación por parte del Municipio de Tandil.

Asimismo, destacaron que fueron ellos quienes fijaron una zona de exclusión (no se puede aplicar ningún agroquímico) de 150 metros y una zona de amortiguamiento (sólo se aplica productos banda verde) de 850 metros. 

“El oficialismo representado en Juntos por el Cambio, que cuenta con la mayoría en el Concejo Deliberante, proponen una zona de exclusión de 60 metros y un amortiguamiento de 440 metros (con productos banda Verde y azul). Nuestro Bloque ve esta decisión como contraria al espíritu regulatorio de la Ordenanza”, advirtieron.

En relación al pedido de Audiencia Pública cursada por las organizaciones y vecinos manifestantes, reiteraron de manera oficial que desde el Bloque del Frente de Todos aceptan y acompañan el pedido “porque toda instancia que tiende a ampliar la participación social en el marco de las instituciones de la democracia es asumido como saludable y necesaria”.

Juzgar la comunidad por la salud de sus niños

Un sector de la comunidad médica local consideró importante insistir con un manifiesto que presentaron el año pasado, porque al conocer los 36 artículos que comprende la regulación que pretendían aprobar entendieron que sus advertencias sobre la salud no habían sido tenidas en cuenta.

Allí apuntaron sobre esos estudios realizados por docentes, investigadores y alumnos de la Universidad del Centro que han demostrado la presencia de al menos 16 ingredientes activos agroquímicos plaguicidas en suelo y agua de distintas instituciones educativas rurales del partido de Tandil.

“Dichas sustancias tienen comprobado potencial de desencadenar efectos nocivos para la salud, luego de la exposición a las mismas ya sea por exposición ambiental (a través de agua, suelo o aire contaminados), hogareña (plásticos y productos de higiene o limpieza), alimentaria o laboral”, afirmaron. 

Desde su perspectiva y conocimiento, indicaron que en los últimos años se ha incrementado la incidencia de alteraciones en el sistema reproductor, cánceres hormonodependientes, enfermedades neurológicas y metabólicas. 

Asimismo, avalaron el aumento del número de nacimientos prematuros y retardo de crecimiento intrauterino, sobre todo en lugares expuestos a altos niveles de contaminación ambiental.

Entre otras especificidades, pronunciaron que como profesionales de la salud especialistas en Pediatría y Endocrinología Infantil, asisten a un número creciente de pacientes de edades comprendidas entre O y 18 años, provenientes de distintas zonas del partido de Tandil y ciudades vecinas, con diversas patologías similares a las arriba mencionadas que dijeron, muestran relación con factores ambientales. 

De hecho, aseguraron que hace décadas se ha comprobado el efecto estrógenomimético de pesticidas, BPA, parabenos y fitoestrógenos, así como su potencial carcinogénico (tumores horrnonodependientes). 

“Este incremento nos obliga a manifestar nuestra preocupación y encender la alarma sobre los potenciales daños a los cuales está expuesta nuestra comunidad, sobre todo en etapas de la vida altamente vulnerables, como el período intrauterino y la infancia, los cuales podrían manifestarse en los mencionados períodos o en etapas posteriores, incluso en próximas generaciones”, exclamaron.

Para finalizar, compartieron una reflexión que dice que “la salud de una buena sociedad puede ser juzgada por la salud de sus niños”, lo que consideraron que supone la identificación precoz de riesgos prevenibles y la traducción “inmediata” de estos conocimientos en intervenciones eficaces como políticas de protección comunitaria.

El Honorable Concejo Deliberante convocó a una reunión abierta y pública de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente para tratar el proyecto de Ordenanza: “Regulación de aplicaciones de agroquímicos en el Partido de Tandil”.

Se llevará a cabo el próximo lunes 29 de noviembre a las 17 en el Teatro Municipal del Fuerte.

La convocatoria es abierta y pública a las personas que deseen manifestar su opinión sobre el tema de referencia, ya sea de forma particular o en representación de alguna organización.

En caso de representar a una organización, se ruega inscribir a un único orador, en función de garantizarles a todas las personas que se inscriban para la asamblea la posibilidad de exponer sus opiniones.

Podrán registrarse el mismo lunes entre las 8 y las 13 en la secretaría de este cuerpo legislativo o de 15.30 a 17 en el mismo teatro.

Luego de un año y medio de trabajo, el Concejo Deliberante debatirá el nuevo proyecto de ordenanza sobre aplicación de fitosanitarios en el Partido de Tandil, un tema que ha desatado varias controversias a lo largo del tiempo.

Según trascendió, los ediles lo tratarían en la sesión de este jueves o en la del 9 de diciembre a más tardar, previa emisión del dictamen y los pasos correspondientes dentro de la labor parlamentaria. Esto se debe a que el 10 de diciembre se producirá el recambio de autoridades y algunos de los concejales implicados de cerca en la confección del texto legislativo, como Ariel Risso, del Frente de Todos, dejarán sus bancas y la idea es que el proyecto pueda ser tratado sobre tablas, discutido y votado con la conformación actual del cuerpo Deliberativo. 

Si bien los ediles no quisieron aún exponer públicamente el borrador del texto, que fue confeccionado por la Comisión de Trabajo, Producción y Medioambiente, presidida por la legisladora de Juntos por el Cambio Maridé Condino, lo cierto es que parece que la normativa no dejará conforme por completo a ninguno de los sectores en pugna; a las organizaciones ambientalistas y a los productores agropecuarios. 

A los primeros, porque consideran que el texto normativo sigue avalando las fumigaciones indiscriminadas -incluso acorta distancias- y no propone una nueva mirada direccionada hacia el cuidado de la salud y la tierra. 

En la vereda de enfrente, el sector del agro, en algunos casos, manifestó cierta reserva ante la costosa nueva tecnología que deberán incorporar gradualmente para desarrollar las tareas de fumigación y otros requerimientos que consideraron muy exhaustivos. 

Un largo recorrido

Luego de varios meses de trabajo, los bloques políticos lograron un consenso y acordaron un articulado de 36 puntos denominado "Regulación de aplicaciones de agroquímicos en el Partido de Tandil" para reemplazar a la Ordenanza Municipal 12.316 que quedó desactualizada y perimida. 

La iniciativa -a la que accedió este Diario- remarca que se llevaron a cabo una serie de encuentros que comenzaron el 22 de junio de 2020 con distintos actores involucrados en la temática para reunir información al respecto.

Así, pasaron por la mesa de diálogo científicos, vecinos de localidades rurales, la Mesa Agropecuaria: representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del Círculo de Ingenieros Agrónomos, Aapresid y Aeroaplicadores; integrantes de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil, Fitoaplicadores del Partido de Tandil, endocrinólogos, dirigentes ruralistas, exconcejales y la Cámara Empresaria, además de participaciones en jornadas técnicas sobre aplicaciones. 

No obstante esto, desde la junta vecinal expusieron que solamente algunos referentes como Claudio Lowy y Garciela Canziani, que además son profesionales del tema, fueron convocados para hablar sobre la problemática y que no se abrió el juego a la construcción colectiva con el resto de los ciudadanos del espacio. En tanto, asentaron su preocupación ante la eventual sanción de la ordenanza y se declararon en alerta.  

Generalidades del proyecto 

La propuesta justifica que "es necesario definir límites claros de aplicación de agroquímicos y arbitrar los medios necesarios para que el control sea efectivo, no sólo por parte de las autoridades sino también de la comunidad".

"La nueva normativa establece un objeto y un ámbito de aplicación claro, para regular las acciones relativas al manejo responsable de los productos fitosanitarios; se modifica y amplía la zona de exclusión y la zona de amortiguamiento de la aplicación de los productos fitosanitarios; y en ese sentido se modifican sobre distintos espacios que comprenden las urbanizaciones especiales, las banquinas de rutas, los cursos de aguas, los campos deportivos, la circunscripción 1, las zonas A y B de los Centro de servicios rurales de 1ra categoría y los de 2da categoría (establecimientos educativos rurales, centros de salud y los establecimientos elaboradores de productos alimenticios)", puntualiza el proyecto.

Con respecto a los establecimientos educativos rurales se establece que al momento de la aplicación debe haber 150 metros de exclusión y hasta 500 metros de amortiguamiento, se fija la obligación de tener una barrera forestal, de acordar con las instituciones el horario de aplicación y como premisa fundamental que la escuela esté vacía. 

Además, se realizó una aclaración en lo que respecta a las escuelas agropecuarias con producción agrícola, porque utilizan la aplicación de productos fitosanitarios con fines educativos y de experimentación. Por otra parte, se prohíbe la siembra en banquinas de todas las rutas nacionales y provinciales del Partido; y se agregó la necesidad de trasladar los envases de fitosanitarios vacíos al Centro de Acopio Transitorio según Ley 27.279.

Se agregó también a la ordenanza una reglamentación sobre urbanizaciones especiales o nuevas zonas urbanas, banquinas y campos deportivos; la carga de agua del mosquito; apiarios con su determinado registro y cuidados específicos; la obligación de tener VTV de la maquinaria; la responsabilidad del ingeniero agrónomo; la responsabilidad compartida de la aplicación entre quien o quienes que hayan ordenado la aplicación en lote y el titular de la empresa que haya realizado la aplicación; la obligatoriedad de tener un certificado de aptitud física; el registro de operarios; la obligatoriedad de instalar en las maquinarias tecnología de aplicación selectiva y de georreferenciación de la trayectoria del equipo; la creación de una comisión de seguimiento; un artículo específico para realizar denuncias a quien esté incumpliendo la presente ordenanza y la aplicación de onerosas multas económicas. 

Un artículo que generó suspicacias entre las entidades ambientalistas establece que quedan fuera del alcance de la ordenanza las actividades relacionadas con el control de plagas, cuando la aplicación sea efectuada por un organismo municipal, provincial o nacional, autorizado a tal efecto o agentes privados que cuenten con previa autorización municipal. De esta forma, creen que se va a poder seguir utilizando biocidas en la planta urbana blandiendo la carta del control de plagas. 

Zonas de exclusión y amortiguamiento 

El apartado dedicado a las zonas de exclusión y de amortiguamiento define que son las superficies delimitadas que, por su ubicación, requieren de un tratamiento especial para garantizar la protección de la salud de la población y el cuidado del medioambiente. Bajo esta lógica, se determina que la zona de exclusión es aquella en donde no se autoriza la aplicación de ningún tipo de productos agroquímico a partir de la línea municipal del lote productivo. Sólo se permiten aquellos de tipo biológicos, línea jardín perihogareña o domisanitarios.

Asimismo, se delimita como zona de amortiguamiento a aquella donde sólo se podrán aplicar productos agroquímicos banda verde o azul (Clase III y Clase IV), excluyendo productos de mayor volatilidad y únicamente con equipos terrestres, bajo las pautas ambientales y tecnológicas adecuadas, respetando las Buenas Prácticas Agropecuarias  indicadas por el Senasa, el INTA y el Ministerio de Producción de la Provincia. Se inicia a partir de la línea final de la zona de exclusión.

Las aplicaciones en esta zona deberán ser informadas por los responsables a la Autoridad de Aplicación, con 24 horas de anticipación, mediante la presentación de plano escrito con la ubicación del lote a tratar y la copia de la correspondiente receta agronómica.

Como zonas de exclusión quedan fijadas la planta urbana de acuerdo a la clasificación del plano 4 del PDT; las zonas A y B de los Centros de Servicios Rurales de 1ra. Categoría; María Ignacia  y Gardey; y las zonas de servicios rurales de 2da. categoría: Azucena, Fulton, De la Canal, Iraola, La Pastora y Desvío Aguirre. El radio excluido abarca 60 metros de las zonas especificadas anteriormente, menor al que se usa en la actualidad que, según la ley provincial, es de 150 metros. La zona de amortiguamiento va hasta los 500 metros. 

Además, se prohíbe la aplicación terrestre de productos agroquímicos en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud y establecimientos elaboradores de productos alimenticios; una distancia con la que ya se venía trabajando. Por otro lado, la zona de amortiguamiento de los servicios educativos rurales se establece desde el límite de los 150 metros de exclusión hasta los 500 metros. 

Para delinear una comparativa, la cautelar del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, a cargo del juez Julio Blanc, prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos a menos de 2000 metros de lugares habitados y a 500 metros de forma terrestre. La medida fue prorrogada  sin plazo en mayo de este año, pero no se ejerce ningún control por parte del Estado local. 

Fumigaciones aéreas y cursos de agua 

Por otro lado, el texto dictamina que se podrán realizar aplicaciones aéreas a partir de los 2000 metros desde el límite urbano o de edificaciones habitadas urbanas o rurales, establecimientos escolares, centros de salud y establecimientos elaboradores de productos alimenticios.

Las aplicaciones de agroquímicos con equipos terrestres autopropulsados o de arrastre y equipos aéreos deberán dejar una distancia libre de aplicación (zona de exclusión) de 50 metros desde el margen de los cursos de agua principales, entiéndase lagunas, ríos, arroyos y estaciones de bombeo. En todos los casos se tomará en cuenta desde la vera de cualquiera de estos cursos de agua.

Aplicadores y sanciones 

Siguiendo el articulado, la novedad del texto legislativo es que se exigirán controles médicos anuales a los aplicadores para monitorear su estado de salud y elaborar estadísticas al respecto. Esta iniciativa parte de un convenio que se va a firmar entre el Sistema Integrado de Salud Pública y la Asociación de Aplicadores  de Fitosanitarios, pero el proyecto establecerá la obligatoriedad de los controles más allá del acuerdo de colaboración mutua entre ambos actores. 

También será preciso que quienes desempeñan estas tareas y las empresas vinculadas al agro realicen todos los años capacitaciones sobre el tema para mantenerse actualizados, y seguirá siendo condición excluyente el uso de la receta agronómica que rige por ley provincial desde 1998, a cargo de un ingeniero agrónomo que certifique la práctica y el producto que se utilizará en la misma. 

Otra de las novedades que obtuvo el consenso unánime  fue la creación de un Comité de Seguimiento conformado por Ejecutivo, el Legislativo, el INTA, la Dirección de Fiscalización Vegetal de la Provincia, el Senasa, la Defensoría del Pueblo y la Jefatura Distrital de Educación, para controlar el funcionamiento de la ordenanza y plantear los cambios que se consideren necesarios a medida que pasa el tiempo. 

La autoridad de aplicación encargada de hacer cumplir la ley será designada por decreto municipal  y seguramente abarcará más de un área comunal.  La unidad de aplicación para las sanciones será el sueldo municipal de treinta (30) horas, categoría 4, escalafón administrativo. 

Cualquier infracción, según su gravedad, podrá ser penada con una multa que va de los 5 a los 30 sueldos. En el caso de primera reincidencia se duplicarán los montos de las sanciones. 

Un grupo de vecinos de la ciudad de Tandil firmó un petitorio que acercaron ayer al mediodía al Municipio, dirigido al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, a fin de solicitar convocatoria a una Audiencia Pública como instancia de participación ciudadana, a efectos de emitir públicamente su opinión respecto de la regulación del uso de los agroquímicos, que se trataría este jueves en el recinto para su aprobación. 

La intención de los 30 ciudadanos que rubricaron el documento, es que todas las voces afectadas por esta resolución tenga la oportunidad de ser escuchadas. 

Se sabe que la elaboración de la normativa lleva más de dos años y el proyecto final se ha mantenido a resguardo, con develaciones de pequeños avances, hasta último momento. 

Al conocer el detalle de cada uno de sus 36 artículos, advirtieron que fueron ignorados tanto el anteproyecto presentado por Banca 21, como los aportes realizados en los escasos encuentros individuales convocados por la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente a estas personas.

“No convocar a una audiencia pública para tratar el proyecto de ordenanza en cuestión contradice el Principio de Congruencia establecido en el Artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675”, aseveró la investigadora y especialista en estudios sociales agrarios, Virginia Toledo López, en voz de los convocados.

Dicha ley plantea que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

“Afectará de manera negativa”

El trabajo de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable, y otros actores que se han ido sumando, viene siendo sostenido en la ciudad, incluso se intensificó con el pasar del tiempo y ante la falta de respuestas. 

Así fue que ante la inminente aprobación de una ordenanza que aseveraron afectará de manera negativa y altamente significativa al ambiente y las personas, decidieron con urgencia apelar a la Audiencia Pública, instancia que desde un primer momento plantearon como necesaria.

Vale decir que en el documento entregado ayer no solamente indicaron que el plexo normativo internacional, nacional, provincial y local es abundante y consistente con respecto a esta petición, sino que detallaron cada una. 

Así, por ejemplo y entre otras tantas, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información la Participación Pública y el Acceso la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado Acuerdo de Escazú, recientemente aprobado.

En la nota dirigida a Frolik recordaron que múltiples trabajos, publicados en la literatura científica, señalan que la aplicación terrestre y aérea de agroquímicos plaguicidas es una actividad que genera fuertes impactos ambientales, así como riesgos y daños a la salud. 

Entre muchos otros documentos, esto fue confirmado y referenciado en el Anteproyecto de Ordenanza presentado en 2019 en Banca 21 por la Dra. Graciela Canziani para la “Regulación de la Aplicación de los Agroquímicos Plaguicidas en el Partido de Tandil”, en el “Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil”, de la Unicen, y en el Informe de la Sociedad Argentina de Pediatría “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”, publicado en junio del corriente.

Consulta parcial

A lo largo de estos dos años de trabajo,la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, realizó una secuencia de entrevistas y consultas con distintos sectores involucrados, directa o indirectamente, con las aplicaciones, sin embargo los vecinos advirtieron que esto se realizó de manera parcial y fundamentalmente no fueron públicas, quebrantando nuevamente las normas”. 

 “No fueron consultadas todas las personas afectadas”, aseguró Toledo López, refiriéndose particularmente a los inquietas por los efectos de las derivas en aire, agua, suelo y alimentos, ni el personal de salud, que puede dar cuenta de los riesgos y daños que genera la aplicación de los agroquímicos plaguicidas, ni a autores del informe de la Sociedad Argentina de Pediatría o bien a integrantes de la comunidad científica que investiga la contaminación ambiental. 

“No hubo convocatoria a consultas abiertas a las que pudiera presentarse toda persona que se considere afectada en su salud y/o en sus actividades productivas”, lamentó.

Por otro lado, tampoco tuvieron acceso al texto del anteproyecto hasta hace pocos días atrás, cuando fue dado a conocer oficiosamente a través de medios de comunicación local. 

Advirtieron, entonces, que en su contenido fueron ignorados tanto el anteproyecto presentado por Banca 21, como los aportes realizados en los escasos encuentros individuales convocados por la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente a estas personas.

“Si no es ahora, ¿cuándo?”

“No convocar a una audiencia pública para tratar el proyecto de ordenanza en cuestión contradice el Principio de Congruencia establecido en el Artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675”, insistieron los firmantes de la nota entregada al HCD.

En este sentido, explicaron que la elaboración, aprobación y reglamentación de esta ordenanza que regulará la aplicación de agroquímicos plaguicidas en el Partido de Tandil es una actividad y un proceso que “afectará de manera negativa y altamente significativa al ambiente”. 

Por este motivo, respaldaron que toda la normativa referenciada es consistente con la necesidad del llamado a audiencia pública para legitimar el proceso de su elaboración.

“Si la elaboración de una ordenanza de tamaña significación para el cuidado de la salud humana y ambiental no es motivo de una Audiencia Pública, ¿cuáles temas lo serían?”, cuestionaron, esperando que la respuesta a la petición sea favorable, y antes del tratamiento en recinto.

“Estamos en una nube de agrotóxicos” fue la desesperante exclamación con que los integrantes de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil pusieron en conocimiento de la situación que observan en el partido. 

Tal como relataron, diversos emprendimientos productivos y huertas de la ciudad han sido afectados por derivas de productos agroquímicos tóxicos y así también se registraron fumigaciones linderas a los pueblos rurales del partido, incluso en horarios nocturnos.

En algunos casos, los daños afectaron tanto al emprendimiento familiar y autogestivo de venta de plantines, como a la misma huerta de autoconsumo que abastece de alimentos a la familia. Desde su concepción, esto no solamente resulta de gravedad sino que deja entrever, “una vez más”, la complejidad que envuelve a la problemática por el uso de pesticidas y “la fragilidad a la que se exponen las víctimas, que quedan en situación de gran vulnerabilidad y desamparo”.

Uno de los eventos más destacables tomó conocimiento público hace unas semanas y sucedió en la Huerta de Elama, en Los Álamos 2224 de esta ciudad. Un emprendimiento familiar donde Marta y Carolina, madre e hija, desde hace nueve años producen semillas y plantines de manera agroecológica, reconocidas también por una trayectoria de servicios educativos y de intercambio de saberes asociados a la agroecología y a la permacultura.

Fue en julio, cuando al comenzar las siembras de las variedades de primavera-verano notaron anormalidades en el crecimiento de los almácigos. Como le contaron y mostraron a El Eco de Tandil, las semillas brotan y crecen, pero se frustran luego del segundo par de hojas, deformándose por completo y deteniendo su crecimiento. 

A la deriva

Marta y Carolina decidieron hacer nuevas pruebas, con otras semillas e incluso con variedades no estacionales. La dinámica se repitió en todos los casos, luego de los cotiledones, los brotes se retuercen y no prosperan. 

Ante la incertidumbre y preocupación, consultaron con el ingeniero agrónomo Cecilio Tuculet, quien les confirmó que se advertían efectos de un herbicida hormonal volátil (24D o similar), advirtiendo que en las gramíneas no surtía efecto, sí en las variedades de hoja ancha, que es para lo que fue diseñado. 

Hasta la fecha perdieron más de 6 mil almácigos y plantines, que eran el sustento familiar para este periodo. 

Las creadoras de Elama hicieron, entonces, una presentación solicitando la intervención de la Dirección de Medioambiente del Municipio de Tandil  y lograron abrir un expediente (21-06309-00), pero les respondieron que no podían tomar denuncias sin un destinatario. 

A las vecinas les resulta imposible averiguar quién es el responsable del uso de dicho herbicida, incluso a pesar de estar vigente la medida cautelar ordenada por el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Juzgado en lo Civil y Comercial 2 de Tandil. Expte. 50942) y que la Ordenanza Municipal 12.316 en el artículo 10 establezca la obligatoriedad de presentación de recetas agronómicas para las fumigaciones en la zona complementaria, ya que en el Sistema Digital de Recetas del Ministerio de Desarrollo Agrario consta que “no se ve receta alguna”, en el “Círculo de 500 metros en torno a la ubicación de la huerta” del 1 de enero de 2021 a la fecha (Expte: 21 06309 00). 

“El 12 de octubre visitamos Elama junto con profesionales del INTA y Municipio. Entre las presentes había investigadores de las ciencias exactas, agronómicas y de las ciencias sociales, junto a quienes constatamos los daños y perjuicios sufridos por el emprendimiento ante la deriva de un agroquímico biocida”, señalaron desde la Junta.

En esa oportunidad, recorrieron la huerta y el invernáculo donde producen para la venta, y constataron las “deformaciones típicas de las generadas por herbicidas inhibidores del crecimiento como el 24D”. 

“Las instituciones presentes se comprometieron verbalmente a realizar las pruebas químicas pertinentes para verificarlo, más aún aguardamos la toma de las muestras”, aseveraron. 

Derecho a un ambiente sano

A raíz de lo sucedido se desprendió una serie de interrogantes que los vecinos enumeraron para reflexionar: “¿Cómo llegó el herbicida hasta ahí? ¿Hasta dónde llegarán los daños? ¿Quién es responsable? ¿Cómo salimos de esto?”. 

Entre otros daños verificables distinguieron los de tipo ecológico, los económicos y al proyecto de vida, a los que se suman los potenciales riesgos a la salud. “Consideramos que son graves e irreversibles”, dijeron.

Frente a todo ello, consideraron importante señalar que la pirámide jurídica pone en su fundamento a los derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y en este sentido rescatar el especial resguardo a los derechos de los más vulnerables, en especial niñas, niños, trabajadores y mujeres, y el derecho a un ambiente sano.

Además, subrayaron que la Ley general del Ambiente 25.675 establece algunos principios de la política ambiental para todo el territorio nacional, entre los cuales destacaron el de prevención, que obliga a que los problemas ambientales se atienden en forma prioritaria e integrada. 

Asimismo el principio precautorio, según el cual cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, y los de progresividad y de integración, referidos a que los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones ambientales, tendientes a asegurar el cumplimiento progresivo de los principios enunciados. 

“Recordamos las competencias del Estado municipal y la responsabilidad de garantizar el cuidado del ambiente y la salud”, apuntaron desde el grupo y demandaron la intervención de todos los niveles del Estado para garantizar los derechos fundamentales, especialmente atendiendo a los sectores más vulnerables y a las generaciones futuras y “se establezcan medidas protectoras pertinentes para dar respuestas eficaces frente a esta problemática que aqueja a la comunidad”.

El caso del vivero del MTE

Por otro lado y ante la misma situación, desde la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presentaron una nota frente a las autoridades de la Dirección de Medioambiente, con copia a la Coordinación de Agroecología de la Secretaría de Desarrollo Productivo, denunciando la presencia de un herbicida hormonal que dañó gran parte de la producción del vivero que llevan adelante en Primera Junta 570.“Nos preocupa la presencia de este herbicida, no sólo porque daña nuestra fuente de trabajo e ingresos, sino porque es una amenaza directa a la salud publica de los vecinos”, indicaron.Esta situación se suma a los hechos ocurridos en Elama y a las múltiples denuncias de la Junta Vecinal frente a la contaminación en escuelas rurales.“Necesitamos un Tandil libre de agrotóxicos, con producción agroecológica y sustentable para la ciudad”, enfatizaron desde la organización social, advirtiendo que se seguirán organizando y peleando, para que se esclarezca esta situación.Finalmente, aclararon que la producción afectada fue descartada y actualmente tienen a la venta plantines totalmente sanos, producidos en los espacios que no llegaron a tener la deriva de este herbicida, que son los ubicados en La Movediza, Villa Gaucho y Villa Aguirre..

En representación de varios vecinos del Partido de Tandil, desde la Junta por un Ambiente Saludable se movilizaron para que el gobernador bonaerense Axe Kicillof se haga eco de su necesidad: “paren de fumigarnos”. 

Sin ánimos de atacar, sino de poder poner en conocimiento de la problemática que aqueja a los tandilenses y buscar una solución al respecto, por medio de una carta buscaron expresar el agobio sienten ante la exposición constante a las fumigaciones con agrotóxicos en sus espacios de vida. 

Según compartieron con El Eco de Tandil, allí explicaron que esto sucede pese a que en este Partido se encuentra vigente una medida cautelar lograda a partir de la demanda iniciada ante la evidencia de la fumigación al límite de la escuela de La Porteña, barrio donde ayer el mandatario presnetó el Plan de Desarrollo Rural para la provincia.

El juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, Francisco Blanc, prorrogó el viernes 28 de mayo el decreto que prohíbe fumigar desde el aire con agroquímicos a una distancia menor a dos mil metros y, en forma terrestre a una distancia menor a 500 metros. En ambos casos de lugares habitados, establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios, campo de bombeo o batería de pozos y cursos de agua.

La medida había sido tomada el 19 de octubre de 2020 por seis meses instando simultáneamente al Municipio de Tandil a que en el plazo de 60 días corridos conforme  una mesa de diálogo intersectorial para el manejo y disposición racional y responsable de agroquímicos, incluyendo su acopio y puntos de venta.

Cabe recordar que en diciembre el Municipio realizó una presentación ante dicha cautelar planteando que “se excede en las atribuciones” y argumentando que la resolución judicial avanza sobre los conceptos de la ordenanza, que rige para todo el partido.

Pedido de protección a la salud

“Dicha mesa no se conformó”, aseveraron desde la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable respecto de la propuesta de diálogo, y denunciaron que tampoco han sido parte del proceso de discusión de la ordenanza para la regulación de aplicaciones que llevaron adelante a través de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente.

“Nuestro pedido de protección a la salud, con base en los principios de prevención y precaución ambiental, continúa sin ser atendido”, lamentaron.

En este sentido, los vecinos además criticaron que el proceso de discusión del borrador de ordenanza para la regulación de los agrotóxicos en Tandil se llevó a cabo a puertas cerradas, “sectorizando la comunicación” y sin construir un proceso participativo que favorezca a un diálogo democrático por parte de los concejales.

Oportunamente, desde la organización vecinal han juntado y presentado 46.000 firmas que acompañan el pedido por distancias de dos mil metros con base en el proyecto de ordenanza presentado en 2019 desde la Banca 21 por Graciela Canziani, de la Unicen.

Por otro lado, haciendo uso de la herramienta de acceso a la información pública ambiental, solicitaron contar con el borrador de ordenanza que presentó el concejal Ariel Risso sobre el cual está trabajando la Comisión, pero no han obtenido respuesta favorable hasta el momento.

Sin plazo

Ante la falta de acatamiento, la Defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, se presentó en el expediente denunciando el incumplimiento del Municipio a la demanda judicial y solicitando al juez lo intime a cumplir con ese mandato.

El juez Blanc ordenó, entonces, al ente municipal a informar el estado de dicho trámite. En la misma resolución el magistrado se declaró incompetente, ordenando la remisión del expediente a la Justicia en lo Contencioso Administrativa de Azul, decisión que desde la Junta apelarán por considerar “errónea”, ya que la demanda promovida es contra quienes arrojan agrotóxicos y no contra el ente municipal.

Como vecinos de Tandil aseguraron que saludan la extensión de una medida cautelar en resguardo de la salud de los niños y de toda la comunidad, e instaron al Municipio a velar por “su más estricto cumplimiento”.

La nueva resolución judicial no le pone plazo a la medida, por lo que podría interpretarse que es por tiempo indefinido o al menos hasta que se dicte una nueva ordenanza que proteja la salud de los habitantes del partido.

“¿Por qué en Tandil no se cumple la medida cautelar que dictaminó el Juez Blanc para protegernos de las constantes fumigaciones? ¿Por qué no se prioriza el cuidado de la salud, de nuestro entorno y la protección de las generaciones futuras?”, cuestionaron en un comunicados los vecinos que velan por un ambiente saludable para la ciudad y sus habitantes.

Con un borrador de proyecto de ordenanza sobre el cual trabaja la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante, anticiparon que podrían estar ante la etapa final para lograr una nueva reglamentación de aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil.

Más allá de calificar como “valioso” al trabajo de elaboración del bosquejo realizado por el concejal Ariel Risso, el coordinador de la ONG Bios Argentina Nodo Tandil y uno de los que presentó el anteproyecto para modificar dicha ordenanza en 2019, Claudio Lowy, consideró necesario realizar algunas reflexiones acerca de la próxima legislación.

Vale recordar que el edil del Frente de Todos explicó que la nueva norma se enfocaría principalmente en un control eficiente del cumplimiento de la misma, apoyándose básicamente sobre lo resuelto desde Provincia en cuanto a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y priorizar el uso de productos catalogados como “Banda verde”, sin precisar los metros de restricción para las fumigaciones.

“Está claro que no vamos a cambiar el sistema productivo que actualmente tenemos en el país, la provincia y en nuestro distrito, porque hay una legislación que lo permite y porque hay organismos de control que así lo avalan, caso Senasa o de INTA”, había señalado Risso en conversación con El Eco de Tandil.

Relación glisfosato-cáncer

A raíz de la nota publicada en este Diario, el ingeniero forestal y máster en Desarrollo Humano Sostenible, recordó que la ordenanza vigente no impide emplear agroquímicos plaguicidas en el área urbana, sino que según su artículo 2, avala el uso de aquellos clasificados como Clase III Banda Azul y Clase IV Banda Verde.

“Por ejemplo, permite la aplicación en espacios verdes públicos y privados de formulados de glifosato, comprobadamente cancerígeno según el Instituto de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, y también reconocido así por Instituto Nacional del Cáncer dependiente del Ministerio de Salud de la Nación; sin dejar de mencionar las múltiples condenas multimillonarias a Bayer-Monsanto en los EE.UU.”, expresó.

Cabe destacar que, como informó El Eco de Tandil, en un hecho histórico recientemente el Estado argentino reconoció la relación entre el glisfosato y el cáncer.

“El uso de agroquímicos puede provocar cáncer en seres humanos” admitió en abril del año pasado el Instituto Nacional del Cáncer (INC), reafirmando el concepto establecido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta información llegó justamente a manos de Claudio Lowy y Marcos Filardi, quien como abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, integrante de la Cátedra libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) Nutrición en la UBA y del Museo del Hambre, entre otros destacados, fue quien accedió al documento en abril del 2019 luego de realizar una solicitud de acceso a la información pública ante la que fuera secretaria de Gobierno de Salud.

No es cambiar el sistema productivo

Por otro lado, Lowy aclaró que el anteproyecto de ordenanza presentado por Banca 21 en agosto de 2019 junto a Graciela Canziani tampoco propone cambiar el sistema productivo en el partido de Tandil, sino “apenas” alejar las aplicaciones terrestres de agroquímicos a dos mil metros de los lugares donde la gente desarrolla su vida, y prohibir las aplicaciones aéreas como ocurre, por ejemplo, en el partido de Cañuelas desde el año 2010.

“El argumento de las BPA es echarle la culpa de los daños que están generando los agroquímicos biocidas a quien aplica el producto en el campo, preferentemente al trabajador rural”, manifestó.

Consideró que así, “invisibiliza” las responsabilidades de las corporaciones empresarias que se benefician con la venta de los plaguicidas, de los ingenieros agrónomos que los recetan, de los Colegios de Ingenieros Agrónomos que los legitiman, del Senasa que registra los productos para su uso a pesar de sus toxicidades y derivas incontrolables, y de las autoridades de aplicación a nivel nacional, provincial y municipal.

Sin política pública no hay control

Finalmente, el referente de Bios destacó que la normativa provincial sólo establece dos mil metros libres de fumigaciones aéreas, sin especificar distancias libres del uso terrestre. A pesar de ello, indicó que muchos partidos de la provincia de Buenos Aires regularon las aplicaciones de plaguicidas con medidas “protectivas” tanto para los usos terrestres como aéreos. “Es claramente una competencia de los gobiernos locales”, enfatizó.

En otro sentido, negó que sea cierto que los agroquímicos clasificados toxicológicamente como Banda Verde no sean prácticamente nocivos para la vida en general. “Si fuera así no se aplicarían”, refutó y agregó que “son biocidas por definición”.

Por otro lado, informó que esa clasificación sólo evalúa la toxicidad letal aguda, es decir, si mata en el corto plazo pero no si enferma. “Por ejemplo, la Atrazina, con formulados Clase IV Banda Verde, es un reconocido disruptor endócrino de máximo nivel, que genera daños al sistema inmunológico, que tanto necesitamos todos cuidar mucho, sobre todo en estas épocas de pandemia virósica”, comparó.

Por último, referenció que la Sociedad Rural de Tandil reconoció que se realizan 30 mil aplicaciones de plaguicidas por año en el partido, lo cual a su parecer resulta “imposible” para que los registros y controles que propone la nueva ordenanza puedan ser realizados sólo por un ingeniero agrónomo, “por más buena voluntad que tenga”.

“Como bien dice el Concejal Risso, no hay políticas públicas si no hay control adecuado”, determinó al concluir.

Luego de varios meses de intenso trabajo, con más de 30 reuniones escuchando a los diferentes sectores involucrados directa e indirectamente con el tema, la Comisión de Trabajo, Producción y Medioambiente ya cuenta con un borrador sobre el cuál avanzar para configurar un nuevo proyecto de ordenanza de Aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil.

El documento fue presentado a sus colegas por el concejal por el Frente de Todos, Ariel Risso, quien precisó que en primer término resultó clave definir hacia dónde encaminarse y el enfoque la discusión. Allí consensuaron que no apuntarían a cambiar el sistema productivo, sino que harán hincapié en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) con respecto a las aplicaciones y reforzarán lo que refiere al control de su cumplimiento.

Asintió que la demanda social para tratar esta regulación es notable y que la normativa vigente “es muy permisiva”, porque básicamente dice que solamente se impide de aplicar en área urbana. De todas maneras, no especificó los metros que asignarán a la limitación de las aplicaciones, ya que como otros aspectos, se irán puliendo con el avance del trabajo conjunto.

De todas maneras, anticipó que irán en línea con lo que establece Provincia, además de incorporar lo que refiere a “amortiguamiento”, que en la actual ordenanza “quedó obsoleto”.  El edil aseguró que no faltaría tanto para que el proyecto tome forma y busque la aprobación. “Estamos en etapa definitoria”, dijo.

Sin control no hay política pública

Risso en primer término señaló que han conversado y escuchado a prácticamente todos los sectores vinculados de alguna manera a la cuestión de las fumigaciones, desde las agrupaciones ambientalistas como la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable, la gente de Bios Argentina nodo Tandil, aplicadores, ingenieros agrónomos, apicultores y hasta a educadores y médicos endocrinólogos.

Sostuvo que se han mantenido bastante más de 30 reuniones como para saber dónde están parados y entender lo que irían a discutir como concejales, además de comprender las necesidades de cada uno de los actores.

“Está claro que no vamos a cambiar el sistema productivo que actualmente tenemos en el país, la provincia y en nuestro distrito, porque hay una legislación que lo permite y porque hay organismos de control que así lo avalan, caso Senasa o de INTA”, explicó.

Definir esto resultó clave para centrarse en lo que apuntarían desde la Comisión, así, reveló que lo que discutirán y a lo que tratarán de darle un marco de control mayor es a las aplicaciones basadas en las BPA. Reconoció que esto surge a partir de la demanda de vecinos que denunciaron que se estaban haciendo mal las cosas y planteó que “si no se controla no se puede llevar a cabo ninguna política pública.

“Lo primero es el control porque como Bloque nos paramos en que la situación del Municipio en cuestión de medioambiente es muy pobre”, sostuvo el concejal del Frente de Todos, refiriendo a que si bien existe una dependencia específica con un titular, no tiene competencia para habilitar o controlar este tipo de acciones, ni cuenta con personal para eso.

A conciencia de la situación compleja que se atraviesa, Risso aseguró que no pedirán una gran ampliación ni toma de gente, pero sí poder contar con un ingeniero agrónomo para que sea la autoridad de aplicación, con auxiliares como para poder garantizar la eficacia de ese control.

Metros y barreras naturales

Por otro lado, indicó que en el borrador que presentó está “bastante aggiornado”. “Hoy lo que dice la ordenanza vigente para la aplicación de agroquímicos es muy permisivo, porque no permite aplicar en el casco urbano o a menos 150 metros de escuelas rurales”, dijo y explicó ciertas particularidades que se dan por ejemplo con la entrada a Cerro Leones que es un línea de circunscripción, donde para la derecha en este caso empieza el campo y ya mismo se puede fumigar. “No está prohibido”, destacó.

Entonces, en este nuevo proyecto lo que se plantea son algunos metros de exclusión, aunque dijo que recién podrán especificar cuántos cuando salga por consenso. Aseguró que la propuesta es muy superadora y se referirá al ejido urbano de Tandil, las localidades rurales y los establecimientos educativos, entre otros. Además, anticipó que incorporarán lo que refiere a barreras naturales, que son básicamente árboles de un determinado crecimiento para que sirvan de reparo o muro forestal ante los productos.

Por lo tanto, repasó que más allá de los metros de exclusión, que adelantó no tendrá grandes modificaciones sino que irá en lína con lo que propone la ordenanza provincial, también reforzarán lo que consideran “amortiguamiento”, que en la regulación vigente “quedó obsoleto”, y ahora permitiría el uso de un agroquímico de menor toxicidad conocido como de banca verde. “Prácticamente no es nocivo para la vida en general”, respaldó.

Así como mencionó la sintonía con Provincia para la cuestión de la distancia de exclusión, también se amoldarán a esta legislación para enfocarse en el manual de BPA, apelando a los beneficios impositivos para los productores que la cumplan.

Etapa definitoria

Volviendo el foco al rotundo control que proponen, detalló que la intención también es poder empezar a elaborar registros de cuántos aplicadores hay en Tandil, qué mosquitos (máquinas de aplicación) tienen y si cuentan con VTV; así como que haya un listado de dónde se va a aplicar, quién lo va a hacer, en qué horario, a qué lote le toca y qué corresponde aplicar en el mismo.

Asimismo, apuntan a la capacitación permanente para los aplicadores, que de paso destacó el hecho que a raíz de este trabajo comenzaron a agruparse e incluso ya se reconocen como una asociación. “Fue muy positivo para ellos, porque son trabajadores y es importante que tomen conciencia porque tienen una gran responsabilidad”, dijo.

Rescató que el Colegio de ingenieros agrónomos también tiene una mirada “hacia una matriz más ecológica”, percibiendo que hay una idea que van en ese camino.

Finalmente, estimó que no faltaría tanto para contar con esta nueva ordenanza si se considera el tiempo que se la viene trabajando. “Estamos en la etapa definitoria”, aseguró, aunque no es posible aventurar un plazo aún. Mientras, celebró que los demás integrantes de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente lo vieran con buenos ojos, ya que se trata de un borrador “bastante integral” que claramente tendrá ajustes.

A raíz de la nota que se publicó en El Eco Multimedios, sobre el trabajo que se lleva adelante desde el Concejo Deliberante para arribar a una nueva ordenanza que regule la aplicación de fitosanitarios en el partido y el borrador sobre regulación con eje en los controles que presentó el concejal del Frente de Todos, Ariel Risso, el ingeniero Claudio Lowy, coordinador de la ONG ambientalista Bios nodo Tandil, realizó algunas “salvedades”.

En primer lugar, destacó la preocupación manifiesta del concejal Risso sobre las cuestiones ambientales y del desarrollo de la agroecología, sin embargo, luego advirtió que algunas cuestiones recientemente declaradas “no son así”.

En sus declaraciones, el concejal habló de “zonas grises” de competencia para la regulación de las aplicaciones de plaguicidas, a lo que Lowy indicó que las normas municipales son muy claras al respecto, tanto en lo que hacen al ordenamiento territorial como a la protección ambiental, y más allá de lo que indican las de nivel nacional y provincial.

Recordó que la Ley Orgánica de las Municipalidades es muy vieja, del año 58, pero a pesar de eso consideró que el concepto se entiende y repasó algunos incisos donde se prioriza el cuidado y la conservación de la población y los recursos naturales.

Además, referenció la legislación provincial de ordenamiento territorial, donde se asienta el objetivo de asegurar la preservación y mejoramiento del medioambiente, advirtiendo proscripción de acciones degradantes del ambiente. A su vez, allí también se indica que la responsabilidad primaria del ordenamiento territorial recae en el Municipio.

En Tandil hay 30 mil aplicaciones por año

En el planteo que realizó el concejal Risso en conversación con el programa “Cosas que pasan” y replicado en el diario El Eco de Tandil, hizo hincapié en que si los controles fallan, falla todo.

En consonancia, Lowy aseguró que no se trata solamente de quién interviene, sino de qué es lo que hay que controlar. Explicó que desde la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) hablan de las recetas fitosanitarias y el chequeo de eso es “una cosa muy compleja”.

“En Tandil se hacen en promedio 30 mil aplicaciones al año, eso si se toman los 10 meses fuertes, se traduce en cien por día, con fines de semana inclusive”, detalló. “¿Cómo hacen para controlar?”, cuestionó.

Según su propuesta, lo que debería hacerse para lograr la eficacia, es que un inspector verifique que se tenga la receta fitosanitaria, sacar una muestra del tanque, del avión o del mosquito, para protocolizarla y mandarla a laboratorio para ver si ese contenido coincide con lo formulado en el papel. “Sino no tiene sentido”, dijo. “Todas las propuestas de control que están haciendo, no se cumplen”, acusó.

Si bien identificó que aquí hay un dilema importante, para el ambientalista también hay otras cuestiones determinantes a evaluar y tienen que ver con que no se difunden suficientemente los daños que generan esos productos fumigados. “La gente todavía piensa que el glifosato es como agua con sal y eso es responsabilidad del discurso público”, exclamó, advirtiendo que se refiere a los funcionarios y no a los productores.

Fuerte mensaje a autoridades por fumigaciones

Por otro lado, el jueves los concejales y otras autoridades comunales recibieron un fuerte comunicado, en el que se los acusaba de “ecocidas”.

“Quienes nos fumigan con agroquímicos son ecocidas. Quienes lo avalan, también. Hagan cumplir la cautelar vigente”, rezaba el cartel que les llegó a los ediles, que tenía la foto de cada uno de ellos y una mancha de sangre.

Lowy, si bien manifestó coincidencia con el contenido del mensaje, consideró que fue un acto “extremista”. En este sentido, explicó que “ecocidio” hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado.

“Si no controlan, no lo regulan y apelan la medida cautelar del juez Augusto Blanc (que restringió por seis meses en el partido 2000 metros para las aplicaciones aéreas y 500 para las terrestres), no hay otra conclusión posible”, razonó.

Luego de que el intendente Miguel Lunghi fuera interpelado por los miembros de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil cuando fue a visitar la Escuela 33 del paraje La Porteña en el marco del inicio del ciclo lectivo presencial, este jueves los concejales y otras autoridades comunales recibieron un fuerte comunicado en el que se los acusaba de ecocidas.

La problemática que destacan los vecinos es que el Municipio no cumple con la medida cautelar ordenada por el juez Blanc. Además, señalan que los agroquímicos están presentes en el aula y en el suelo de algunos establecimientos educativos rurales.

“Quienes nos fumigan con agroquímicos son ecocidas. Quienes lo avalan, también. Hagan cumplir la cautelar vigente”, rezaba el cartel que les llegó a los ediles, que tenía la foto de cada uno de ellos y una mancha de sangre.

Los vecinos nucleados en la Junta por un Ambiente Saludable se apostaron ayer en la esquina de 9 de Julio y San Martín desde las 18.30 con la intención de que sumar adeptos a una petición que harán al Municipio sobre la confección de la nueva ordenanza de aplicaciones.

“Basta de Fumigarnos” es el lema que asignaron a la bandera que los identificó y llamó la atención de muchos ciudadanos, que se acercaron a ver de qué se trataba, a informarse y profundizar sobre las aristas que rodean a la temática. La mayoría de ellos dejó su estampa en apoyo a la petición y los organizadores mostraron conformidad con tanto respaldo.

La intención, en un principio, había sido realizar la junta de firmas a través de una página de internet, sin embargo revelaron que la concejal Maridée Condino, titular de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente, les advirtió que no sería tenido en cuenta porque podría rubricar gente de otras ciudades.

Con ese motivo, sin quedarse de brazos cruzados, coordinaron la posta en la peatonal del centro de la ciudad y recolectaron voluntades de puño y letra.

Un límite de dos mil metros

Pablo Orcajo, uno de los voceros de la Junta Vecinal, quien vive en Gardey y ha padecido en varias oportunidades las pulverizaciones a escasos metros de su casa, donde vive también su hijo, destacó que la idea es que el trabajo que están realizando desde el HCD se aproxime más al proyecto de ordenanza que presentaron ante Banca XXI Graciela Canziani y Claudio Lowy.

En dicho documento, los científicos plantearon la necesidad de que las fumigaciones se apliquen a dos mil metros de caseríos, pozos de agua, escuelas, arroyos y otros. “Aunque con que se respeten los 1095 metros que evidencian necesarios todos los expertos y estudios al respecto de cómo influyen los agrotóxicos en la salud, estaría bien”, aseveró.

Sin embargo, los vecinos lamentaron que ni siquiera se esté haciendo cumplir la cautelar que prohíbe las pulverizaciones a menos de 500 metros de forma terrestre y mil metros con aviones.

Quienes firmaron las planillas ratifican la solicitud de que la ordenanza que regule el uso de agroquimicos de Tandil se funde en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el Artículo 75 de la Constitución Nacional (Inc. 22), el principio precautorio y el de prevención establecido por Ley General del Ambiente Nro. 25.675, la Ley Nacional de protección integral de niños y niñas Nro. 26.061.

Además, pide que se fije el límite de 2.000 metros de distancia para la aplicación con equipos terrestres respecto de los establecimientos educativos, zonas pobladas, cursos de agua y zonas de protección ambiental, y la prohibición del uso de equipos aéreos, conforme la evidencia científica existente y asimismo según el Anteproyecto de ordenanza presentado el 15 de agosto de 2019 al Honorable Concejo Deliberante. “Solicitamos además un Plan de Registro y Reducción del uso de agroquímicos para todo el Partido e instrumentos de fomento y promoción de la producción agrícola sin agrotóxicos”, finaliza el documento.