El próximo 15 de mayo se llevarán a cabo las elecciones para definir la nueva conducción del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. En esta oportunidad, la contienda electoral estará protagonizada por dos listas con propuestas para reemplazar en el cargo al frente de la comisión directiva que actualmente ocupa María Fernanda Giménez. Los profesionales elegirán representantes para el consejo directivo, el tribunal de disciplina y los cargos departamentales ante la caja de la abogacía.

En una entrevista con el ciclo Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el abogado Gastón Argeri abordó la actualidad del sistema judicial y los desafíos institucionales que enfrenta la región.

Con la mirada puesta en las próximas elecciones, el profesional destacó la necesidad de avanzar en una justicia más ágil y cercana a los ciudadanos de las 11 localidades que integran la jurisdicción.

En ese sentido, Argeri hizo especial hincapié en una de las problemáticas para el ejercicio profesional y para la sociedad en general: la falta de nombramientos en cargos en organismos judiciales. Según explicó, la existencia de vacancias impide que los procesos avancen con la rapidez necesaria.

Entre los desafíos mencionó que “todavía falta nombrar algunos” cargos y alertó sobre la necesidad de crear órganos judiciales. “Lo importante es tener todas las dependencias judiciales y los jueces y funcionarios trabajando para la gente”, enfatizó.

A más datos, el abogado expuso el caso del Tribunal Oral Criminal, que actualmente funciona con un solo juez titular cuando, por normativa, debería contar con tres. Esta carencia obliga a recurrir a la figura de los jueces subrogantes, lo que genera una sobrecarga de tareas en el sistema.

“Eso provoca que los juicios sean más lentos; tenemos jueces subrogando, pero eso quita tiempo a su trabajo”, alertó.

Para Argeri, esta situación también tiene un impacto en la comunidad. “En el Departamento Judicial faltan cubrir vacantes y en Tandil también”, insistió y remarcó la importancia de poder trabajar en ese sentido.

En este sentido, recordó que durante su gestión como presidente del Colegio trabajó en proyectos de infraestructura, como el edificio judicial que se construye en la intersección de las calles Uriburu y Alem, una obra que busca centralizar y mejorar la atención en la ciudad.

En cuanto al plano institucional, el próximo viernes 15 se llevarán a cabo las elecciones para renovar autoridades en el Colegio de Abogados de Azul. Argeri, que fue el primer tandilense en encabezar la comisión directiva de la institución, resaltó la importancia de la participación democrática. En esta oportunidad, se presentaron dos listas para conducir los destinos del departamento judicial.

El exdirigente, que integra la lista que encabeza Elda Beatriz Donatelli, invitó a todos los abogados matriculados a acercarse a votar a la sede de Chacabuco 744. “Es importante que participen activamente para seguir democratizando las instituciones. En Tandil se ha abierto mucho esa posibilidad de participar”, resaltó, a la vez que puso en valor la apertura a los 11 distritos que integran el departamento judicial.

“La idea es volver a un colegio que beneficio, no sólo a los matriculados, sino a la sociedad en general”, remató.

En una entrevista con el ciclo televisivo Plataforma Magazine (EcoTV y 104.1 Tandil FM), el abogado Gastón Argeri abordó una problemática que se repite en los tribunales de familia: el quiebre de los vínculos y la dificultad de establecer acuerdos sostenibles.

El letrado remarcó que “el litigio suele tener un costo a largo plazo” que resulta “destructivo” para todos los integrantes del grupo familiar. En ese sentido, sostuvo que “hay que priorizar” su bienestar, pero aclaró que para arribar a un acuerdo es necesario que ambas partes cedan y entiendan que en estas discusiones “nadie gana”, especialmente cuando lo que se debate es el ejercicio de la “responsabilidad parental”.

Entonces, como primer aspecto, Argeri apuntó a la importancia de no trasladar los conflictos de los adultos a los hijos. Según explicó, en muchas ocasiones los progenitores intentan que los menores asistan a terapia psicológica para abordar problemas que, en realidad, pertenecen a los padres. “Un nene de cuatro años no tiene problemas, los que tienen problemas son los adultos”, sentenció.

La cuota alimentaria

Asimismo, el especialista dedicó un tramo importante de la entrevista a explicar la naturaleza de la cuota alimentaria, la cual definió no como un beneficio para el adulto que la percibe, sino como un derecho del hijo y una obligación del progenitor no conviviente. “La mujer o el hombre que está reclamando la cuota lo hace para su hijo y no para ella o él”, resaltó.

En cuanto a la acreditación de ingresos cuando el progenitor trabaja de manera informal o posee una jornada registrada parcialmente, Argeri describió maniobras frecuentes, como el blanqueo de solo media jornada laboral.

Ante esto, el abogado sugirió que, “si alguien dice que trabaja cuatro horas por la mañana, pero afirma que no puede cuidar a los hijos a la tarde, se empieza a acreditar que su realidad laboral es otra”.dvirtió que, “más allá del porcentaje” de la cuota alimentaria, es fundamental establecer un “piso mínimo” en dinero para asegurar la subsistencia de los menores ante cualquier eventualidad laboral del alimentante.

“Las cuotas no se fijan en sumas de dinero porque se devalúa; se fija en porcentajes, pero no menor a determinada cantidad de dinero”, explicó y agregó que “deber cuota alimentaria no es un buen negocio porque la tasa es alta”.

Argeri también se refirió a la situación de aquellos padres que tienen hijos con diferentes parejas. “Eso impacta mucho en la cuota alimentaria que va a corresponder a cada hogar”, alertó.

En estos casos, aclaró que el porcentaje de embargo o asignación puede verse modificado para intentar cubrir las necesidades de todos los hogares, aunque aclaró que en materia alimentaria no rigen los mismos límites que en las deudas comerciales.

“En cuota alimentaria no hay un límite estricto del 20 por ciento; se puede embargar hasta el 60 o 70 por ciento del sueldo si es necesario para cubrir la responsabilidad parental”, explicó y enfatizó que cada caso debe analizarse de forma particular. “Es importante tener en claro que no existe un manual”, remarcó y citó casos en los que podría generar un abordaje diferencial.

Medidas y obstrucción de vínculos

Para los casos donde el incumplimiento de la cuota alimentaria se vuelve sistemático, Argeri relató que desde su estudio impulsaron peticiones para prohibir la salida del país, suspender licencias de conducir y hasta impedir el ingreso a clubes, torneos de fútbol o fiestas masivas de fin de año. “Hemos logrado prohibir que un padre entre a las fiestas de Navidad o Año Nuevo porque la entrada tiene un costo”, ejemplificó.

Otro eje de la charla fue la obstrucción de vínculos, una situación donde uno de los progenitores impide que el otro mantenga contacto con los hijos. El abogado mencionó que, ante estas situaciones, la Justicia puede llegar a determinar el cambio de cuidado personal.

Finalmente, destacó que el cuidado compartido de los hijos es una tendencia creciente, pero aclaró que esto no exime del pago de alimentos. “Si ambos tienen el mismo ingreso, ninguno paga”, dijo, pero aclaró que resulta necesario determinar “quién paga los gastos”. Sin embargo, si existe una disparidad entre los ingresos de los padres, “el otro paga cuota alimentaria”.

Argeri recomendó a los ciudadanos asesorarse legalmente de manera temprana para evitar que los conflictos escalen y terminen dañando de forma irreversible el tejido familiar.

El profesional atiende junto a su equipo en su estudio ubicado en 4 de Abril 552, además de mantener una presencia activa en redes sociales para difundir estos derechos fundamentales.

El auge de la construcción y las remodelaciones en la ciudad generó un incremento en las consultas legales vinculadas a incumplimientos contractuales y fallas estructurales. En diálogo con el ciclo Plataforma Magazine (EcoTV y 104.1 Tandil FM), el abogado Gastón Argeri analizó la relación entre propietarios, profesionales y empresas constructoras y apuntó que la prevención y el resguardo de la prueba resultan clave ante eventuales conflictos.

El especialista explicó que, “cuando uno contrata un servicio, tiene que estar confeccionado un acuerdo”, aunque reconoció que en la práctica cotidiana muchas veces se prescinde de estos documentos formales.

En esos casos, destacó que los presupuestos solicitados previamente a distintos prestadores se transforman en un “primer indicio” documental. Según indicó, una vez que empiezan las tareas, la relación suele transitar por canales informales como correos electrónicos o mensajes de WhatsApp.

“A veces no se firman contratos, sino que empieza un intercambio por otros canales”, resaltó el profesional, que hizo especial hincapié en la necesidad de exigir comprobantes de pago ya que advirtió que es un error frecuente de los propietarios considerar que el historial de una conversación de chat equivale a un recibo al mencionar los días de entrega de dinero.

“Eso no es un recibo”, enfatizó y recomendó mantener un orden de toda la documentación, incluyendo facturas de materiales y comprobantes de servicios profesionales, ya que estos elementos serán determinantes ante un posible litigio por deficiencias o abandono de obra.

Entrega de la obra y plazos

En su exposición, Argeri reconoció que uno de los temas que genera “muchas consultas” está relacionado a la entrega de la obra en virtud de la posible aparición de defectos o desperfectos que no son visibles de manera inmediata.

Ejemplificó situaciones comunes como filtraciones de humedad, instalaciones sanitarias con pendientes invertidas, techos mal ejecutados o el uso de materiales de baja calidad que comprometen la estructura de la vivienda.

En este sentido, precisó que el Código Civil y Comercial de la Nación establece plazos diferenciados para las responsabilidades legales. “No puede pasar mucho tiempo para el reclamo porque, si los plazos vencen, se pierde el derecho a exigir la reparación o indemnización”, advirtió el letrado, que precisó que el propietario cuenta con un año para reclamar ante el constructor y tres años en el caso de la responsabilidad civil del arquitecto o director de obra.

A modo de ejemplo, mencionó un proceso actual donde un perito oficial determinó que las deficiencias de una propiedad son tan severas que resulta más costoso repararlas que demoler y reconstruir.

Asimismo, expuso el concepto de los “vicios ocultos”, aquellos defectos que no pueden detectarse al momento de la recepción de la obra, pero que aparecen con el uso o el paso del tiempo, como rajaduras estructurales o problemas de aislación térmica que se manifiestan en invierno.

Argeri aclaró que “existe un derecho de 10 años para reclamar por estos vicios”, aunque una vez que el desperfecto se hace visible, el damnificado “tiene un año desde que aparece” para iniciar la acción legal.

“Tandil es una ciudad que está construyendo en gran magnitud”, planteó para luego agregar que “tiene que haber una responsabilidad de quienes brindan ese servicio y que uno sepa que puede reclamar si no está bien hecho el trabajo”.

Controles

En cuanto al marco regulatorio local, Argeri recordó que cualquier reforma u obra nueva debe contar con la habilitación correspondiente de la Municipalidad. En estos casos, señaló, “debería presentar todos los papeles avisando que estás haciendo una reforma edilicia”.

Advirtió que las inspecciones municipales pueden ocurrir en cualquier momento para que el propietario presente los planos correspondientes”.

Finalmente, el doctor Argeri recomendó a los vecinos que, ante la sospecha de un incumplimiento o falla técnica, realicen una consulta legal ya que la rapidez en la respuesta y el acopio de pruebas son, según su visión, las herramientas efectivas para evitar que el tema escale.

El abogado Gastón Argeri, representante de la familia de Iván González, el joven de 21 años fallecido en el choque del 20 de julio pasado sobre la Ruta 226, pidió que el fiscal avance con la imputación por homicidio simple con dolo eventual contra Ignacio Clemente (33), una figura que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión según el artículo 79 del Código Penal argentino.

“El estudio está representando a la familia de Iván González como particular damnificado y creemos que ya está todo probado”, sostuvo Argeri ayer en el living de El Eco Multimedios al evaluar el estado de la investigación. 

Hasta aquí, en materia judicial, avanzó la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) con la recolección de las pruebas y la familia reclama la imputación y la citación a declaración indagatoria conforme el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.

“El fiscal hizo un trabajo intensivo, nosotros lo acompañamos ofreciendo pruebas, pero creo que ya se logró recopilar toda la prueba necesaria después de cuatro meses, que acredita la responsabilidad exclusiva de esta persona, de Ignacio Clemente, en cuanto al trágico momento que transita la familia de Iván González y propiamente Iván González, que falleció esa madrugada del 20 de julio”, afirmó Argeri.

Y agregó: “Creo que el fiscal está en la situación perfecta, con toda la documentación y la prueba, para poder imputar a Clemente”.

En este punto, Argeri aclaró que “imputar significa responsabilizar a una persona de determinado hecho delictivo” y remarcó que “nosotros creemos que la imputación debería ser por un homicidio simple, lo que debería tener una pena de 8 a 25 años” de prisión.

Según explicó, esta semana su equipo solicitó formalmente que el fiscal “tenga eso en cuenta, más allá de que el proceso lo dirige él y que es él quien hace la imputación”.

“Pero nosotros —como particular damnificado— estamos pidiéndole que evalúe esa imputación, porque creemos que hay un dolo eventual”, insistió el abogado.

Para fundamentar el planteo, detalló que “homicidio doloso significa que alguien tuvo la intención de matar. Pero el dolo eventual significa que, por ejemplo, si vos venías en contramano y a más velocidad de la permitida, sabías y presuponías que podía llegar a pasar algo así. Y si sabías y entendías eso, tendrías que haberlo evitado, pero no lo evitaste y asumiste el riesgo de continuar”.

Según Argeri, en el expediente constan particularidades del caso —como la conducción en contramano, el exceso de velocidad y el carné vencido— que, a su criterio, acreditan la responsabilidad penal de Clemente.

“Ahí es donde juega el dolo eventual y por eso es que pedimos esa calificación para alguien que podría haber actuado de otra manera y no lo hizo”, sostuvo.

Pedido de “imputación ejemplar”

El abogado afirmó que, como representante de la familia, están “seguros y confirmamos que realmente la responsabilidad es de esta persona y creemos que se merece una pena ejemplar”.

Y añadió: “Eso es porque la Justicia no solo puede darle un poquito de aire a la familia —un poco de aire porque nadie les devuelve a Iván—, sino que también se piensa en el resto de la sociedad”.

En este punto, el abogado subrayó que el siniestro “no solo tuvo como víctima fatal a Iván; hubo muchas más víctimas acá: hubo personas con mayor riesgo de salud y de vida”.

En ese marco, consideró que “el fiscal puede, con una imputación ejemplar, comunicar a la sociedad que quien actúa de esta manera va a tener una pena acorde a su actuar negligente”.

Y recordó además que, en procesos similares, suele proponerse el homicidio culposo —figura que descarta la intención— pero remarcó que, a juicio de la querella, esa calificación no se corresponde con lo probado.

“Nosotros consideramos que sí, dado todo lo que está acreditado en el proceso judicial: existe prueba, él sabía lo que hacía, sabía cuál era el riesgo e igualmente actuó de esa manera, y por eso creemos que es un homicidio simple con dolo eventual”, reiteró.

Por otra parte, Argeri confió en que la imputación podría concretarse antes de la feria judicial de enero. “Sabemos que el fiscal está trabajando muchísimo en esta causa, así como también en muchas otras, pero creemos que la familia y todas las demás víctimas se merecen que este año esta persona quede imputada y se avance en el proceso penal”, consideró.

Los pasos a seguir

Respecto de los pasos a seguir, el letrado detalló: “(A Clemente) se lo cita (en el marco del artículo ) 308 a declarar —que se puede negar o no— y se lo imputa de tal hecho. Hay que ver qué decide ahí el fiscal porque de eso depende la pena”.

“Siempre te dicen cuáles son los riesgos o no”, explicó Argeri en relación a la posibilidad de que el acusado continúe el proceso en libertad. “Puede haber una preventiva o no, eso dependerá del fiscal a la hora de calificar el hecho y de imputarlo”, añadió.

Vale recordar que la semana pasada, la madre de Iván, Anabella, su padre Mario y sus hermanos Lucas y Uma visitaron el estudio de El Eco Multimedios para reforzar públicamente el pedido de Justicia. “La idea es reclamar al fiscal que lo impute, ya tiene todas las pruebas necesarias”, expresó en ese momento el padre del joven.

Como se ha informado, Iván González murió en la madrugada del 20 de julio en el kilómetro 169 de la Ruta Nacional 226, a la altura de La Blanqueada.

González conducía una camioneta hacia Azul cuando una Ford Ranger guiada por Ignacio Clemente, que circulaba en sentido contrario, invadió el carril y provocó el choque frontal que le costó la vida al estudiante de Ingeniería Industrial de la Unicen.