Antonio Gustavo Gómez es fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, y la semana pasada visitó Tandil para ofrecer un taller sobre Delitos Ambientales y Acceso a la Justicia, con el respaldo que le otorga una dilatada trayectoria en derecho penal ambiental. 

La actividad se celebró en el centro cultural La Compañía y formó parte de las acciones que el funcionario judicial lleva adelante en todo el país, con el objeto de fomentar una conciencia crítica en la ciudadanía para que ejerza sus derechos. Hasta aquí llegó invitado por el ingeniero Claudio Lowy y la investigadora de la Unicen, Graciela Canziani, referentes del Nodo Tandil de la Fundación Bios Argentina. 

Con 14 provincias recorridas en lo que va del año, Gómez visitó también otras ciudades cercanas como Rauch y Benito Juárez para “sembrar” en los ciudadanos la certeza de que pueden transformase ellos mismos en actores sociales y judiciales capaces de torcer el destino de un pueblo. Así, en diálogo con El Eco de Tandil el fiscal repasó que, a su criterio, a través de esta labor pedagógica es fundamental que la gente se reconozca como víctima de un delito ambiental, además de dar a conocer los principios básicos de este tipo de hechos y enseñar cómo hacer una denuncia de estas características.

En este sentido, explicó que un delito ambiental es todo hecho de contaminación al medio ambiente por encima de los niveles permitidos por la ley. En Argentina rige la Ley 24.051, que establece límites máximos de tolerancia para la contaminación y considera toda la gama de posibilidades y de actividades que pueden contaminar y, en esas proporciones, si uno las supera, comete un delito ambiental. La normativa, entonces, entiende al delito ambiental como un delito de peligro abstracto y no se necesita probar daño. 

Ordenanza agroquímicos 

El pasado 31 de agosto entró en plena vigencia la ordenanza municipal que regula la aplicación de fitosanitarios en el Partido de Tandil, que fue sancionada en diciembre del año pasado por el Concejo Deliberante. Dicha normativa generó fuertes controversias y, de hecho, se realizó una reunión abierta previa a su tratamiento en el recinto y el proyecto se votó con –innecesaria- custodia policial en las afueras del Municipio. 

El encono se generó porque algunas organizaciones vecinales consideran que la ordenanza resulta muy permisiva y nociva para la ciudadanía. En esta línea, vale recordar que el encuadre propuesto fijó la prohibición de fumigar a 60 metros para la planta urbana y localidades rurales, y 150 metros para escuelas, establecimientos alimenticios y centros de salud. El amortiguamiento, en tanto, se delimitó entre los 300 y 500 metros, dependiendo el sector. Una cautelar anterior que ya perdió vigencia, firmada por el juez Blanc impedía, en tanto, efectuar  aplicaciones a menos de 500 metros. 

Al respecto, Gómez expuso que este tipo de normativas de alguna forma “legitiman” la contaminación y no dimensionan los verdaderos daños que estas prácticas producen. “Soy crítico de esas ordenanzas porque tiene una visión antropocentrista, y diría hasta egoísta,  porque construyen muros imaginarios donde adentro no debe contaminar y afuera se hace lo que quieran;  la casa común es lo que tenemos que cuidar y estos marcos consienten de alguna manera los delitos ambientales fuera de esa muralla”, explicó. 

De acuerdo a su óptica, las multas previstas en las ordenanzas de esta índole constituyen una entidad inferior a la gravedad del problema porque contaminar con agrotóxicos es un delito y declaró categóricamente que se opone a este tipo de regulaciones porque “dejan a parte de la sociedad afuera, dejan a la pachamama afuera, no podemos manejarnos de esa manera; es un delito y hay que tenerlo claro”. 

La acción penal 

En esta línea, su principio rector es que la acción penal ambiental es la mejor herramienta disponible para enfrentar estos eventos, que afectan a un sinnúmero de ciudadanos en todo el país. De esta manera, sostuvo que “el delito ambiental es silente, no es explícito por eso a veces es complicado explicarle a la gente que es víctima de esto y, si bien hay diagnósticos  de la problemática,  no se utilizan las herramientas que existen”.

Como se trata de hechos muchas veces solapados y siempre infradenunciados, son muy pocas las ocasiones en las que una institución, organización o vecinos encaran algún litigio judicial sobre el tema. En este marco, subrayó que “no he visto en Tandil causas penales, excepto alguna acción aislada, entonces no sé si pensar que no hay contaminación o que hay mucha impunidad”.  

Para ilustrar la problemática graficó que, el hecho de que se arroje un contaminante al agua, por ejemplo, ya es suficiente para configurar el hecho ilícito. En tanto, el marco punitivo vigente hace responsable de los delitos ambientales no al que comete el delito en los hechos sino, por caso, al directorio de una empresa. 

Para sintetizarlo, detalló que en Tucumán quedaron procesados por delitos de contaminación ambiental los directores de muchas empresas, entre ellas, la compañía La Alumbrera, una empresa minera que ya se retiró de Catamarca, pero que hizo una inversión de unos seis mil millones de dólares y provocó estragos en la población. 

Denuncias locales 

El 1 de julio pasado, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata condenó al Municipio de Tandil a que, en el plazo de 15 días desde la notificación, ponga a disposición la información pública ambiental respecto de la calidad del servicio público de agua de red, solicitada por Graciela Canziani y Claudio Lowy. 

fue la primera vez que dicha Corte diagrama una sentencia basándose en el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental que entró en vigencia en abril del 2021 para toda Latinoamérica y el Caribe y al cuál Argentina suscribe. 

Con el pedido de acceso a la información pública, los vecinos de esta ciudad buscaron conocer puntualmente características físicas, químicas, sustancias inorgánicas, características microbiológicas y contaminantes orgánicos del agua de red local, con copia de los análisis de calidad del servicio de red, de acuerdo a lo indicado por el Código Alimentario Argentino, desde el año 2000 hasta el 2021.

Un ida y vuelta de respuestas insatisfactorias y apelaciones se desató desde entonces hasta que se conoció finalmente la sentencia concluyente a favor de Lowy y Canziani, a quienes la comuna antes había negado la información.  

“Cuando solicitaron el informe a la Municipalidad de la calidad del agua, dijo que no los tenía, los negó y se tuvo que hacer un juicio. Tengo muchos años de carrera judicial y no había visto algo así; Lowy ganó y la comuna presentó los informes que antes dijo que no tenía, la verdad es me llama muchísimo la atención”, ponderó el fiscal.

Además, en 2020, un grupo de vecinos de La Porteña presentó un recurso de amparo para impedir las fumigaciones cerca de la escuela de la zona y lograron que el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, Francisco Blanc, prohibiera fumigar desde el aire con agroquímicos a una distancia menor a dos mil metros y, en forma terrestre a una distancia menor a 500 metros. 

Al respecto, Gómez ahondó que “un juez puede ordenar una cautelar que limite este accionar y, si se perfecciona la técnica, un ciudadano puede  constituirse como querellante, lo que le permitirá apelar el fallo si no está de acuerdo”. 

Hacer para cambiar 

Como Rosa Parks, la legendaria activista por los derechos civiles estadounidense que en 1955 se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús y desencadenó un exitoso boicot masivo en protesta por su detención y procesamiento, el fiscal Gómez cree que  las pequeñas acciones vecinales y el empoderamiento de la población son el germen para modificar incluso aquello que parece inalcanzable. En este caso, un modelo productivo extractivista, que vincula el rinde económico al uso de sustancias tóxicas y al cual, ante la imposibilidad de desterrar, se elige regular para reducir el daño. 

En este punto, aludió al procesamiento de dueños de ingenios azucareros de Tucumán que arrojaban litros de vinaza al cauce del Río Medinas y contaminaba toda la cuenca hídrica de la región, y las consecuencias legales de la denuncia que se realizó en su momento para impedir este accionar por parte de las empresas. 

“Cambiar el modelo productivo es posible, incluso desde Tandil. Cuidado con sostener que esto no se puede cambiar, hacer una ordenanza de ese tipo es darle legitimidad. En otro orden, por ejemplo, el fracking es un delito, no por eso hay que aceptarlo y regular. Hay modelos mejores, sustentables y agroecológicos, con buenos rindes económicos, sin agrotóxicos. En el mismo Tandil tienen la respuesta para cambiar el paradigma productivo”, reflexionó. 

Por su parte, ratificó que “tenemos los insumos para no dejarnos adormecer con las excusas que nos dan, porque la acción penal de ciudadanos hartos puede cambiar un modelo productivo, que no tiene por qué perjudicar la salud de las personas para ganar más dinero”.

Así, Gómez espera generar un efecto transformador con la certeza de que antes de que el último árbol sea talado, el último río envenenado y el último animal esté muerto, las personas se den cuenta de que no pueden comerse el dinero. 

A través de una conferencia de prensa que brindaron en el Comité de la UCR de Benito Juárez, los concejales de Juntos por el Cambio denunciaron que el Ejecutivo pulverizó las calles céntricas con agrotóxicos.

Tras enviar muestras a analizar a un laboratorio de Mar del Plata lograron determinar que el agroquímico que se había aplicado era glifosato y que la concentración utilizada era “18 veces más grande que la normal”.

De esta manera, las autoridades juarenses violaron la ordenanza que había sido aprobada semanas atrás que prohíbe la aplicación de agroquímicos en un centro urbano.

“Para que se pueda aplicar Glifosato en la zona periurbana, de chacras, los alrededores, y en la zona que se denominó de amortiguamiento, tiene que haber en el momento dos ingenieros agrónomos: el que hizo la receta y el municipal“, explicó Juan Camio, presidente del bloque, y lamentó que ” se aplicó en una gran cantidad de calles de Benito Juárez, plazas y en la puerta de los vecinos”.

Asimismo, señaló que no solo hubo un incumplimiento de la ordenanza municipal sino también de la ley provincial, la cual establece que para cualquier tipo de aplicación tiene que haber una receta agronómica que “nosotros no sabemos si está”.

“Esperamos que nos conteste el Ejecutivo para ver si efectivamente existe, si hay algún ingeniero agrónomo que la firmó, dónde se compraron los productos y si están las facturas”, declaró y reclamó: “Hay un montón de interrogantes que esperamos que el Departamento Ejecutivo nos responda“.

Finalmente, destacó que “estamos todo el tiempo hablando de las aplicaciones del sector agrícola y ahora nos encontramos con que están fumigadas las veredas y las plazas del distrito, lo cual es una situación grave”.

El martes por la mañana, el Municipio -a través de la Dirección  de Medioambiente y la Dirección de Asuntos Agropecuarios- tomó intervención de oficio y desarrolló una inspección en la localidad de Gardey, luego de conocida la denuncia de vecinos sobre la supuesta utilización de herbicidas en los alrededores de la pileta ubicada en la plaza principal de la localidad. La denuncia fue radicada por Javier Cobrana ante la Defensoría del Pueblo de Tandil, dependencia que inmediatamente tomó cartas en el asunto.

A partir del relevamiento concretado en el lugar, las autoridades comunales informaron que “se encontraron indicios que hacen presumir la posible utilización de herbicida en el sitio”, por lo que se dispuso de inmediato el inicio de un procedimiento administrativo que llevará adelante la Secretaría Legal y Técnica de la comuna. Este procedimiento tiene como objetivo determinar las responsabilidades correspondientes por el suceso y establecer las acciones a tomar. Una vez que  el informe o las actas que se hayan labrado en relación al tema lleguen al área legal, deberán evaluar si corresponde hacer un sumario, un presumario o un procedimiento disciplinario abreviado según las constancias y lo que diga el informe en cuestión.

“No va a haber más glifosato en Gardey”

En comunicación telefónica con El Eco de Tandil, el titular de la Dirección de Asuntos Agropecuarios, Ignacio Diribarne, relató que se acercó a Gardey junto a su par de Medioambiente, Héctor Creparula, para observar las condiciones del lugar.

“Existió una denuncia formal, que es lo que siempre pedimos a los vecinos. Visitamos la pileta y al mirar hay signos evidentes de que pudo haber una aplicación de herbicidas, entonces se decidió la apertura de un procedimiento”, sintetizó el funcionario, quien agregó que a partir de ahora deberán determinarse las responsabilidades internas a través de la investigación administrativa.

Además, Diribarne expuso que casi la totalidad de los agroquímicos se inactivan con el cloro, elemento que está presente en el agua de la pileta, y aclaró que el riesgo para quienes interactúan ahí en este momento “está reducido  a la mínima expresión”.

“Parecería que necesitamos golpearnos para aprender. No va a haber más glifosato en Gardey”, afirmó, categórico.

Los reclamos anteriores 

La problemática de las fumigaciones ilegales en el pueblo es de larga data. El procedimiento administrativo iniciado se circunscribe a la última denuncia por lo sucedido en la pileta, y no contempla la denuncia anterior (con fecha del 19 de noviembre) sobre uso de herbicidas en la senda aeróbica, instancia por la que la Defensoría también pidió informes a la Jefatura de Gabinete.

En una reunión celebrada en julio pasado, el delegado de Gardey,  Edgardo Zubigaray, se había comprometido ante autoridades y vecinos a no permitir más aplicaciones de herbicidas en el trazado urbano. Este encuentro sobrevino luego de las reiteradas quejas de los ciudadanos acerca de las aplicaciones de agrotóxicos sobre terrenos pertenecientes al ejido urbano –contrario a lo que dispone la ordenanza vigente-, y el uso de estos pesticidas usados para desmalezar en espacios públicos como plazas, jardines y escuelas por parte del Estado municipal.

Por otra parte, en ese momento también se solicitaron respuestas en cuanto al tratamiento, circulación, estacionamiento y acopio de insumos agrotóxicos y equipos fumigadores (mosquitos). Además, se pidió que las autoridades competentes se encarguen de efectuar un relevamiento sanitario de la población.

Veneno en la piel 

Según el denunciante, se constató que ese usó glifosato concentrado. “No es el glifosato común al 48 por ciento, es más concentrado, viene en bidones color verde oscuro, es más fuerte, controla más malezas”, sostuvo.

Los vecinos autoconvocados bajo el lema  “Paren de fumigarnos”, quienes impulsado una serie de reclamos en torno al uso de agroquímicos en la localidad, expresaron en las redes sociales su postura a raíz de este episodio.

“Lamentamos informar a la comunidad de Gardey este procedimiento tan poco amigable con la Salud Pública. La pileta municipal fue fumigada con herbicida todo su perímetro. Esto es gravísimo”, manifestaron. Desde la agrupación se mostraron especialmente preocupados porque se supone que personal de la Delegación fue quien aplicó la sustancia.

En el texto, señalaron que el veneno se reabsorbe por la piel y que contamina no sólo por contacto, sino también por evaporación. “El veneno hasta que muestra su acción (pasto quemado) es invisible durante 3 o 4 días aproximadamente, o sea que es posible que una vez aplicado durante este periodo los visitantes de la pileta se estuvieran contaminando al pisarlo. Los síntomas de contaminación muchas veces no son instantáneos y muestran su daño a largo plazo”, detallaron.

“Esta gravísima acción fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo y deseamos que la Justicia llegue a los responsables”, finalizaron.

Luego de la denuncia realizada por vecinos de Gardey por presuntas fumigaciones alrededor de una pileta pública situada en la plaza principal de la localidad, ayer, el Municipio se realizó una inspección en el lugar y de acuerdo a lo afirmado por uno de los denunciantes, Javier Cobrana, “constataron que era herbicida, glifosato concentrado”.

Ayer por la mañana, la Dirección de Medioambiente y la de Asuntos Agropecuarios local tomaron intervención de oficio ante la advertencia del vecino que envió informalmente su reclamo a un funcionario el domingo por la tarde, donde además anticipaba que iba a realizar la denuncia formal en la Defensoría del Pueblo de Tandil.

Desde el Municipio hicieron una inspección en el lugar, y se iniciaron las actuaciones pertinentes, para intentar determinar si efectivamente se usó algún herbicida ahí y si fue así, se iniciará un sumario al presunto responsable y las actuaciones pertinentes para deslindar las responsabilidades del caso.

Javier Cobrana, uno de los vecinos que motorizaron el reclamo, contó que ayer por la tarde recibió un llamado del director de Asuntos Agrarios del Municipio, Ignacio Diribarne, para informarle que por la mañana se acercaron a la plaza de Gardey para inspeccionar si realmente se había utilizado herbicida alrededor de la pileta.

En ese sentido, Cobrana confirmó que “contestaron que era herbicida, que es glifosato concentrado. No es el glifosato común al 48 por ciento, es más concentrado, viene en bidones color verde oscuro, es más fuerte, controla más malezas”.

“Me queda la duda desde aquella reunión que se hizo en junio del año pasado (cuando los vecinos denunciaron el uso de herbicidas al lado del jardín de infantes), que el delegado se comprometió a no usar más herbicida en ningún lugar público, ni en plazas, ni en la senda, ni en el cerco del jardín ni en ningún lado, pero pasó el tiempo y lo volvió a hacer”, cuestionó.

Y añadió que “el tema es saber quién trae el producto, a qué agronomía y qué receta agronómica tiene. Entonces es ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’ porque si le pedís a un productor que tenga receta agronómica cuando va a aplicar un producto, el Municipio en este caso también la debería tener”.

“Lo que hicieron fue gravísimo”

Cobrana graficó que en la plaza de Gardey hay dos piletas públicas cercadas, una para adultos y otra para niños.

“Fumigaron alrededor de la vereda de la pileta. Yo fui el domingo a llevar a mi hija y me encontré con que estaba todo fumigado, no importa el ancho, da lo mismo porque están echando herbicida igual, pero es más de medio metro. Es una locura, es algo que no es posible de entender, creo que cualquiera por sentido común no fumigaría ahí porque andan chicos”, manifestó.

Y sostuvo que “no estoy fumigando una alcantarilla para que la vean, un cartel o un terreno, que también se tendría que analizar, pero lo que hicieron fue gravísimo. Lo importante es ver de dónde baja la orden, si el delegado cuando se comprometió a no usar más herbicidas juntó a toda su gente y le dio la orden de usar otras herramientas para cortar el pasto. Pero evidentemente no lo hizo, siguió aplicándolo”.

“Lo del domingo lo vi yo ahora, pero eso está aplicado hace más de 15 días. El único día que no hay pileta es el lunes, es decir que lo aplicaron y al otro día había chicos ahí pisando, por más que digan que el cloro inactiva al glifosato, lo cual es correcto, pero el piso donde andan los chicos descalzos no. Y que se tiran a tomar mate, a comer galletitas, a jugar”, señaló.

“Esto es envenenar a la gente”

Y sentenció que “son unos animales, desde el delegado hasta arriba, porque a los municipales les dicen que tienen que fumigar y lo tienen que hacer sí o sí, los presionan porque es su laburo”.

“A la primera persona que le mandé las fotos y el video es a Diribarne, y le dije que iba a presentar la denuncia a la Defensoría. Esto es un hartazgo, pasó los límites de todo. Esto no es reírse de la gente, es envenenar a la gente”, lanzó indignado.

En ese sentido, expuso que “yo lo que quiero es que el delegado entienda que si dijo que no iba a fumigar más que no lo haga, pero ahora parece que dejó pegada a otra persona. Se va a querer lavar las manos. El hilo se corta abajo”.

“Lo más lindo es que ese empleado se va a comer un sumario, va a tener lío, y nos enfrentan a los vecinos con los propios vecinos. El delegado no tiene códigos, y el único que me llamó del Municipio fue Diribarne porque yo lo llamé antes, y me llamó para darme el informe de lo que había pasado. Me dijo que van a hacer un sumario, pasa que Defensoría está poniendo un poco más de presión, para que se resuelva esto”, sostuvo.

Recordó además que “antes de que se hiciera la reunión, en junio, fumigaban el cerco del jardín como ahora hicieron con la pileta. Somos un grupo de vecinos que estamos en desacuerdo con la aplicación en Gardey, no en el campo. No pueden aplicar en la ciudad, no pueden ser tan cínicos, ¿tan jodido podés ser como persona de aplicar herbicidas cuando te comprometiste delante de los vecinos a no hacerlo?”.

“Esa pileta se llena todos los días de gente, todos los chicos de Gardey que no tienen pileta van, y también otros que van igual para compartir con otros. Pero yo a mi nena ahora no la mando más”, afirmó.

En Gardey parecen no tener paz. Luego de haberse plantado contra las fumigaciones ilegales, los vecinos de la localidad siguen sufriendo el embate de la aplicación de herbicidas en los espacios públicos.

Javier Cobrana fue quien se acercó ayer a la sede de la Defensoría del Pueblo para ampliar una denuncia radicada el 19 de noviembre de 2019, y manifestar que se aplicaron herbicidas -presumiblemente glifosato- en los bordes de la pileta comunitaria que se encuentra en la plaza principal de Gardey. Además, informó que la misma práctica se registró en la senda aeróbica y solicitó el cese de estas acciones nocivas para las personas y el medioambiente.

En julio pasado, los vecinos autoconvocados bajo el lema “Paren de fumigarnos” habían realizado una reunión informativa para abordar el tema de las fumigaciones ilegales en el pueblo. El encuentro contó con la participación del director de Medioambiente Municipal, Héctor Creparula; el delegado de Gardey, Edgardo Zubigaray; el director de Asuntos Agropecuarios del Municipio, Ignacio Diribarne; las titulares de la Defensoría del Pueblo, Paula Lafourcade y Mercedes Argeri; representantes de la Cooperativa Agrícola de Gardey y del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires, entre otros.

En esa instancia, se trataron diversos ejes que preocupan sobremanera a los residentes de la localidad. Por un lado, las fumigaciones con agrotóxicos sobre terrenos pertenecientes al trazado urbano –contrario a lo que dispone la ordenanza vigente-, y la aplicación de estos pesticidas usados para desmalezar en espacios públicos como plazas, jardines y escuelas por parte del Estado municipal.

Por otra parte, en ese momento también se solicitaron respuestas en cuanto al tratamiento, circulación, estacionamiento y acopio de insumos agrotóxicos y equipos fumigadores (mosquitos). Además, se pidió que las autoridades competentes se encarguen de efectuar un relevamiento sanitario de la población.

Todo sigue igual (o peor) 

Meses después de esta iniciativa, que en principio resultó alentadora, los residentes se volvieron a encontrar con un panorama desolador. El domingo, Javier acudió con su hija al espejo de agua y notó que el borde de pasto de la pileta estaba completamente quemado a causa de algún producto agrotóxico. Su experiencia en el rubro le permite reconocer fácilmente estas prácticas e inmediatamente efectuó un registro de imágenes y de video para documentar sus dichos.

En diálogo telefónico con este Diario, Cobrana manifestó que “el delegado se comprometió a no usar herbicidas en los lugares públicos  y lo sigue haciendo, en la senda aplican el herbicida y a los diez minutos anda gente caminando, tienen que entender que no se puede hacer eso. Queremos saber quién es el que imparte la orden, para que se tomen los recaudos y sanciones correspondientes”.

El hombre expresó su férrea voluntad de ir hasta las últimas consecuencias para lograr establecer responsabilidades y frenar las fumigaciones en el territorio. “Se nota que el delegado no vive en Gardey, y no tiene hijos acá, ni nada. No les importa; actuar de esta forma es que no te importe nada. Saben que hacen mal a la salud, que no los usen más entonces, por favor”, clamó.

Fumigaciones a la orden del día 

Además, refirió que hace un tiempo vio a los empleados municipales con las mochilas de fumigación y al consultar con una autoridad municipal, la explicación que dieron fue que “estaban matando hormigas”.

“Es igual, son insecticidas peligrosos, después van los chicos a jugar, se tiran en el pasto, la gente toma mate y está todo contaminado”, indicó.

Javier señaló que arrojar de esa forma los agrotóxicos, además de ser una irresponsabilidad, también es una manera de hacer el trabajo con el menor esfuerzo posible, ya que es posible cortar el pasto para mantener en condiciones y no es necesario “quemarlo” usando algún producto de estas características. “Lo hacen porque es más fácil. Todo está quemado y la gente  anda por ahí, es un peligro”, expuso.

La intervención de la Defensoría 

Por su parte, la Defensora del Pueblo Paula Lafourcade, le contó a El Eco de Tandil que en el marco de la  la reunión que tuvo lugar  el 19 de julio, los vecinos denunciaron la presencia de aplicadores dentro de la ciudad y también fumigaciones de un campo aledaño al ejido urbano en violación a la ordenanza. Por este asunto se le dio intervención a la Dirección de Medioambiente y se confeccionaron las infracciones  correspondientes.

“Por otro lado, tuvimos conversaciones con dicha área y con Claudio Fuentes (director de Servicios municipal), sobre la posibilidad de colocar cartelería indicativa en todas las entradas de las localidades, con la prohibición de ingresar con equipos aplicadores dentro de la ciudad, idea que fue bien recibida por ambos directores”, reseñó la letrada.

Las acciones no quedaron ahí y la Defensoría también pidió informes a la Jefatura de Gabinete por la denuncia de presencia de herbicidas en la senda peatonal, pero siguen esperando respuestas. El reiteratorio fue presentado con fecha del 3/01/2020 y este lunes se elaboró uno nuevo tras la nueva denuncia, que será presentado mañana ante la falta de pronunciación del Municipio al respecto.

Preocupación 

Asimismo, a raíz de la denuncia efectuada recientemente por Cobrana, el organismo solicitará otro informe a la Secretaría de Gobierno por lo expuesto sobre las aplicaciones realizadas en el pasto que rodea la pileta de la plaza principal y la senda aeróbica para que den las debidas explicaciones.

“Nos preocupa que el Municipio continúe con estas prácticas pese a la reunión que se llevó en julio con los vecinos, donde se habían comprometido a no efectuarlas más”, consideraron desde la Defensoría.

En torno a la problemática en cuestión, desde la dependencia se llevaron a cabo otras reuniones con vecinos en los meses de diciembre y enero, y una reunión con la docente e investigadora de la Unicen, Graciela Canziani, quien acompañó con una copia del proyecto presentado en la Banca 21 del Concejo Deliberante el año pasado, para regular la aplicación de agroquímicos  ante una normativa local permisiva.

La Defensoría se mostró a favor de esta iniciativa y expresó que “es necesario endurecer la normativa local respecto a las fumigaciones, en especial las sanciones, porque es necesario que se fomente la agroecología como práctica sustentable desde el Estado”.

En Gardey parecen no tener paz. Luego de haberse plantado contra las fumigaciones ilegales, los vecinos de la localidad siguen sufriendo el embate de la aplicación de herbicidas en los espacios públicos.

Javier Cobrana fue quien se acercó esta mañana a la sede de la Defensoría del Pueblo para ampliar una denuncia radicada el 19 de noviembre de 2019 y manifestar que se aplicaron herbicidas -presumiblemente glifosato- en los bordes de la pileta comunitaria que se encuentra en la plaza principal de Gardey. Además, informó que la misma práctica se registró en la senda aeróbica y solicitó el cese de estas acciones nocivas para las personas y el medioambiente.

En julio pasado, los vecinos autoconvocados bajo el lema “Paren de fumigarnos” habían realizado una reunión informativa para abordar el tema de las fumigaciones ilegales en el pueblo. El encuentro contó con la participación del director de Medioambiente Municipal, Héctor Creparula; el delegado de Gardey, Edgardo Zubigaray; el director de Asuntos Agropecuarios del Municipio, Ignacio Diribarne; las titulares de la Defensoría del Pueblo, Paula Lafourcade y Mercedes Argeri; representantes de la Cooperativa Agrícola de Gardey y del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires, entre otros.

En esa instancia, se trataron diversos ejes que preocupaban sobremanera a los residentes de la localidad. Por un lado, las fumigaciones con agrotóxicos sobre terrenos pertenecientes al trazado urbano –contrario a lo que dispone la ordenanza vigente-, y la aplicación de estos pesticidas usados para desmalezar en espacios públicos como plazas, jardines y escuelas por parte del Estado municipal.

Por otra parte, en ese momento también se solicitaron respuestas en cuanto al tratamiento, circulación, estacionamiento y acopio de insumos agrotóxicos y equipos fumigadores (mosquitos). Además, se pidió que las autoridades competentes se encarguen de efectuar un relevamiento sanitario de la población.

Todo sigue igual (o peor) 

Meses después de esta iniciativa, que en principio resultó alentadora, los residentes se volvieron a encontrar con un panorama desolador. El domingo, Javier acudió con su hija al espejo de agua y notó que el borde de pasto de la pileta estaba completamente quemado a causa de algún producto agrotóxico. Su experiencia en el rubro le permite reconocer fácilmente estas prácticas e inmediatamente efectuó un registro de imágenes y de video para documentar sus dichos.

En diálogo telefónico con este Diario, Cobrana manifestó que “el delegado se comprometió a no usar herbicidas en los lugares públicos  y lo sigue haciendo, en la senda aplican el herbicida y a los diez minutos anda gente caminando, tienen que entender que no se puede hacer eso. Queremos saber quién es el que imparte la orden, para que se tomen los recaudos y sanciones correspondientes”.

El hombre expresó su férrea voluntad de ir hasta las últimas consecuencias para lograr establecer responsabilidades y frenar estas prácticas en el territorio. “Se nota que el delegado no vive en Gardey y no tiene hijos acá, ni nada. No les importa; actuar de esta forma es que no te importe nada. Saben que hacen mal a la salud, entonces que no los usen más, por favor”, clamó.

Vecinos de Gardey se reunieron con autoridades para frenar las fumigaciones ilegales

La intervención de la Defensoría 

Por su parte, la Defensora del Pueblo Paula Lafourcade, le contó a El Eco de Tandil que, en el marco de la reunión que tuvo lugar el 19 de julio, los vecinos denunciaron la presencia de aplicadores dentro de la ciudad y fumigaciones de un campo aledaño al ejido urbano en violación a la ordenanza. Por este asunto se le dio intervención a la Dirección de Medioambiente y  se confeccionaron las infracciones  correspondientes.

“Por otro lado, tuvimos conversaciones con dicha área y con Claudio Fuentes (director de Servicios) sobre la posibilidad de colocar cartelería indicativa en todas las entradas de las localidades, con la prohibición de ingresar con equipos aplicadores dentro de la ciudad, idea que fue bien recibida por ambos directores”, reseñó la letrada.

Las acciones no quedaron ahí y la Defensoría pidió informes a la Jefatura de Gabinete por la denuncia de presencia de herbicidas en la senda peatonal, pero siguen esperando respuestas. El reiteratorio fue presentado con fecha del 3/01/2020 y este lunes se elaboró uno nuevo tras la reciente denuncia, que será presentado mañana ante la falta de pronunciación del Municipio al respecto.

“Nos preocupa que el Municipio continúe con estas prácticas pese a la reunión que se llevó en julio con los vecinos, donde se habían comprometido a no efectuarlas más. Es necesario endurecer la normativa local respecto a las fumigaciones,” consideraron desde la entidad.

Los bordes de pasto de la pileta quedaron quemados por el uso del herbicida.

A través de un comunicado, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) apoyaron la denuncia de vecinos de La Porteña por la fumigación con glifosato a pocos metros de la Escuela 33.

“Desde el MTE rama rural, expresamos nuestro apoyo a la comunidad del barrio La Porteña ante los hechos denunciados y de conocimiento público, que describen la aplicación de agroquímicos (Glifosato) a un metro de distancia de la Escuela 33, vulnerando el derecho a la salud de la población y a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano (Artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina)”, expresaron.

En segundo lugar, manifestaron que “exigimos al Municipio de la ciudad de Tandil, que tome acciones concretas e inmediatas, en cumplimiento de su responsabilidad de garantizar la salud de nuestra población”.

Por último, hicieron público que “apoyamos y creemos necesario de manera urgente el tratamiento y aprobación en el Concejo Deliberante del anteproyecto de ordenanza presentado por la doctora Graciela Canziani y su grupo de estudio, el 15 de agosto del 2019, entendiendo que la ordenanza vigente no cumple ni garantiza el derecho a la salud y a un ambiente sano, y que es imprescindible avanzar hacia la prohibición total del uso de agroquímicos y a un modelo de producción agroecológica”.

Luego de las repercusiones generadas por la denuncia que realizaron vecinos de La Porteña a raíz de presuntas fumigaciones a tan sólo un metro de la Escuela 33, ayer por la tarde se llevó a cabo una reunión en la Sociedad Rural de la cual participaron productores, aplicadores, comerciantes, autoridades municipales y provinciales.

También participó del encuentro la defensora del Pueblo Paula Lafourcade. Por el Municipio estuvieron presentes el director de Medio Ambiente Héctor Creparula y el director de Asuntos Agrarios Ignacio Diribarne. A su vez, formó parte del encuentro la funcionaria del área de Fiscalización Vegetal de Provincia Analía Alonso.

El tema que se trató fue el marco regulatorio de pulverizaciones terrestres y aéreas. Se reunieron los actores involucrados en la práctica de pulverización de fitosanitarios con el fin de interiorizarse del estado de situación en el partido de Tandil y las posibles consecuencias ante acciones irregulares tanto desde lo normativo local como provincial.

La vicepresidenta del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil, Natali Lázaro, explicó que la reunión se gestó a partir de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), el Círculo de Ingenieros Agrónomos  de INTA e instituciones que nuclean productores y asesores, que invitaron al Municipio y  a Fiscalización Vegetal para tratar el tema de las aplicaciones, y el control de plagas en la producción.

Por su lado, Héctor Creparula señaló que “dentro de la ordenanza esta la capacitación que se hace todos los años a lo que tiene que ver con los aplicadores, y en este caso invitados por el Círculo para contar un poco más de la ordenanza, abrirla un poco más a productores, a ingenieros y a quien le interese saber del tema”.

La denuncia

“Entiendo que la denuncia genera más inquietudes en los círculos productivos pero ésta es una práctica que hacemos todos los años o incluso hasta dos veces por año, para generar conocimiento de la ordenanza en todos los aplicadores”, sostuvo.

Y respecto a la denuncia en sí, afirmó que “las distintas áreas del Municipio actuaron, el expediente tiene distintas aristas, trabajan distintas área, no cuenta una nota toda la historia”.

Por su lado,  Diribarne aseguró que “la gimnasia de la denuncia y la respuesta son los primeros pasos que damos y creo que día a día vamos a ir mejorando. La mediatización no nos ha ayudado, por eso ahora optamos con manejarnos de forma directa con el expediente”.

“La sociedad somos todos”

Natali Lázzaro afirmó que para hacer una denuncia “primero hay que contar con información, todo lo que es producción agropecuaria y agrícola ganadera hay profesionales que intervienen, entonces en este caso es bueno ante determinados conflictos asesorarse con quien corresponde y también pedirle a los medios que ante un conflicto también recurran a los profesionales”.

“Tenemos el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil, está el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia que recién se formó, y está trabajando activamente en esto, entonces debemos hacernos de información para los medios, para nosotros, para la sociedad en sí. Un poco esta reunión lo que intenta es unir las partes que trabajan sobre ese sistema productivo en relación a los fitosanitarios”, expuso.

Y señaló que  “los fitosanitarios no son la única parte de injerencia que tiene un profesional, sino que son muchas la practicas agrícolas en las que trabajamos y lo que se intenta es bajar en este uso de fitosanitarios no solamente por la salud, por el ambiente y los mismos recursos naturales, es todo conocimiento continuo, son ciclos biológicos y todo va cambiando, entonces a veces se acomoda algo de un lado y se desacomoda en otro”.

“Atrás de cada productor tiene que haber un profesional matriculado, nosotros estamos trabajando hace 8 años, 10 años, que la ordenanza está vigente sino también con el sistema productivo en sí, la sociedad somos todos así que a todos nos interesa”, argumentó.

Y consideró que  respecto a las reformas en la ordenanza que proponen los vecinos, “ante las irregularidades hay que recurrir a los entes que regulan esos sistemas productivos porque Tandil es agropecuariamente muy fuerte y no podemos tomar decisiones apresuradas a partir de sensaciones, acá lo importante es el conocimiento, informarse y por supuesto que haya un profesional que esté a cargo de eso”.

“Por supuesto que todo es conversable y si lo discutimos los distintos profesionales que estamos trabajando en la cadena se puede llegar a ver que se puede resolver para que sea más seguro, pero no es necesaria la prohibición total, no podemos irnos a los extremos productivos de sí o no, se puede hacer con los cuidados pertinentes, esto es conciencia, seguridad y profesionalismo, a eso tenemos que apuntar”, planteó.

Por su lado, Creparula explicó que denuncias formales tuvieron la de La Porteña y la de Gardey, que se radicó previamente.

“Denuncia formal no tuvimos más, consultas sí, inquietudes, consultas sobre la ordenanza muchas, hay un proyecto presentado por Banca XXI pero eso no nos compete a nosotros”, señaló.

Y agregó que “las cosas van cambiando, la ciudad va creciendo, hay sectores más favorecidos y menos favorecido con la normativa, y eso hay que ir revisándolo constantemente. El ambiente es dinámico así que la realidad es que las cosas van cambiando, no es algo matemático, y eso va generando que cosas que sucedían hace 10 años ahora no se hagan”.

Por su lado, Diribarne dijo que “estamos trabajando junto con la defensora del Pueblo, ella había hecho pedidos de informes por la problemática que nosotros venimos trabajando desde la denuncia de Gardey”.

Por último, aseguró que luego de la nota publicada por El Eco de Tandil el martes, “el expediente avanzó para poder analizarlo pormenorizadamente al otro día, avanzó con cierta mejoría, la formulación de la denuncia cambió todo porque no estaba muy claro lo que estábamos tratando. La denuncia la terminamos interpretando de acuerdo a la mediatización y a no a la realidad”.

Ingeniero agrónomo consideró que hay “una demonización” del glifosato

Por su lado, el ingeniero agrónomo Santiago Guazzelli se refirió al tema en El Eco Multimedios y detalló que el glifosato es “un herbicida que afecta únicamente a vegetales, porque afecta la fotosíntesis, y es un producto sumamente eficiente para ser utilizado, sobre todo en siembra directa y si vamos a la parte toxicológica yo no soy especialista pero cuando hablamos de toxicidad debemos referirnos a la entidad que regula eso en Argentina que es el Senasa, que lo tiene clasificado como un producto que normalmente no presenta peligro, es una banda verde, es un color característico de las cosas que no tienen peligro”.

“Yo creo que hay una demonización del producto. Es una apreciación personal, y no la puedo avalar científicamente porque no soy especialista, solamente me puedo basar en el Senasa que le da la categoría de toxicidad a los diferentes productos”, manifestó.

Y agregó que “no puedo asegurar que el ciento por ciento de los productores hacen las cosas bien. Se debería ver si al lado de la escuela hay una situación distinta respecto a junto al alambre, si al lado del alambre hay plantas vivas y a 150 metros están todas quemadas, ahí hay una diferenciación. Se debería ver claramente la diferenciación y creo que eso es lo que debe haber visto la Municipalidad”.

“Las consecuencias de hacer las cosas bien es que no afecta la salud de las personas ni del ambiente, hay millones de aplicaciones por año y no hay millones de problemas por año. El tema es lograr hacer las cosas bien y que la gente no tenga problemas con las pulverizaciones”, sostuvo.

“La mayoría de los productores hace las cosas bien”

En tanto, afirmó que “quiero llevarle un poco de tranquilidad a la sociedad, que la inmensa mayoría de los productores agropecuarios hace las cosas bien, es consciente, está pensando en el medio ambiente, en la sociedad que lo rodea, y como en todas las actividades hay gente que no, pero tampoco podemos demonizar a toda la actividad porque haya personas que hacen las cosas mal”.

“Yo creo que en el sector se está trabajando fuertemente en reducir el uso de fitosanitarios, desde las entidades de investigación se están ensayando un montón de alternativas productivas, por ahora sin éxito, pero algunas técnicas las vamos incorporando a la producción diaria y de a poco vamos mitigando el efecto”, indicó.

Por otra parte, explicó que “el glifosato es el herbicida principal que permite mantener los campos libres de malezas para poder hacer los cultivos y que tenga éxito. Todas las sustancias son tóxicas, el riesgo que implica el uso correcto de la sustancia es lo que tenemos que medir. Si el glifosato fuera tan nocivo tendríamos que tener toda la población rural argentina enferma, y no es el caso”.

Luego de que los vecinos de La Porteña denunciaran la aplicación de glifosato a tan sólo un metro de la Escuela 33, desde el Municipio y Provincia fueron a inspeccionar el campo y aseguraron que corroboraron que se estaba cumpliendo la distancia de más de 150 metros respecto al establecimiento escolar sin aplicar agroquímicos, tal como lo establece la ordenanza. Sin embargo, los denunciantes expresaron su enojo e indignación por la respuesta oficial y reiteraron su reclamo.

Mediante un comunicado, expusieron que “debido a la respuesta del Municipio y de Fiscalización Vegetal en relación a nuestra denuncia, nosotros los vecinos denunciantes queremos que se sepa cómo fueron los hechos y en qué se sustenta nuestra denuncia”.

“Luego de varias reuniones donde debatimos acerca de las fumigaciones en el barrio, decidimos realizar una denuncia por el lote que linda a la Escuela 33, ya que no está respetando la distancia reglamentada para la aplicación de agroquímicos”, señalaron.

Y explicaron que el 4 de octubre presentaron una denuncia al Municipio por mesa de entradas firmada por más de 30 vecinos, solicitando que se multara al productor y que se les dé copia de la receta agronómica para saber qué tipo de agroquímico se había aplicado.

Cabe destacar que desde el Municipio en diálogo con El Eco de Tandil, negaron haber recibido esa denuncia, y manifestaron que la única que recibieron fue la del 27 de octubre, que se realizó posteriormente.

Sin embargo, los habitantes de la zona que llevaron adelante este reclamo expusieron en el comunicado que 25 días después de esa primera denuncia del 4 de octubre, el director de Medio Ambiente Héctor Creparula se comunicó telefónicamente con ellos para informarles que se multaría al responsable del campo, que era la primera vez que realizaba una multa de este tipo en Tandil, y que el monto de la multa sería dictaminada por un juez.

“Salimos a los medios de comunicación cuando nos enteramos que el productor realizó una descarga aduciendo que no se había aplicado glifosato en la distancia que establece la ordenanza. Pero en la foto que tenemos como prueba, se ve claramente el pasto de la escuela y el del lote en cuestión, quemado”, manifestaron.

Y añadieron que el 27 de octubre, un vecino pasó por la escuela y se encontró con un mosquito a punto de fumigar el lote lindero.

“Le preguntó qué es lo que estaba por aplicar, ‘el glifo’, le dijo. Inmediatamente le exigió que cumpliera con la distancia establecida. El aplicador dijo desconocer tal distancia por lo que el vecino le pidió que se comunicara con su patrón, quien inmediatamente aceptó el pedido, y se excusó en un malentendido. El vecino le pidió al aplicador que le diera el número de teléfono del responsable del lote, con quien acababa de hablar. Se lo dio, pero nunca pudimos comunicarnos con él. El número estaba equivocado. Ese día este vecino sacó una foto a la receta agronómica que tenía el aplicador, era glifosato”, expusieron.

Y explicaron que “si luego de la inspección que realizaron el lunes 11 de noviembre, consideran que no se incumplió con la ordenanza, ya que no hay signos de aplicación de agroquímicos, es porque un vecino detuvo esa aplicación. ¿Pero qué hay de las anteriores? Porque nuestra denuncia data del 4 de octubre por fumigaciones anteriores”.

“Somos un grupo vecinos, padres y madres de niños y niñas preocupados por la salud de todos. Cada minuto que le dedicamos a estas cuestiones es tiempo que le restamos a nuestros trabajos, y familias. Pero entendemos que esto es importante, tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, manifestaron.

Vecinos del paraje La Porteña le manifestaron a El Eco de Tandil su preocupación por la fumigación con glifosato que se viene realizando hace tiempo en un campo situado a tan sólo un metro de la Escuela 33, situada en el kilómetros 122 de la Ruta 30. Asimismo, aseguraron que ellos como frentistas que residen en la zona temen por los efectos en la salud a largo plazo que puedan provocar los agroquímicos que se están utilizando en diversos espacios rurales de la zona. Buscan que se modifique la ordenanza municipal.

Silvia Gómez, una de las vecinas, explicó que si bien hay varios campos en la zona que están siendo fumigados y que sienten el olor a veneno, tienen especial preocupación por el que está situado lindante a la Escuela 33, ya que no hay ni un metro de distancia con el establecimiento educativo.

“Están los niños expuestos a los venenos. Si bien se fumiga en general los fines de semana, el veneno queda, así que estamos pidiendo que aunque sea se respeten los 150 metros de distancia respecto a las escuelas, que establece la ordenanza actual”, argumentó.

Por su lado, Lucía Mestre contó que con los vecinos se vienen reuniendo hace ya algunos meses preocupados por esta problemática, luego de que comenzaron a sentir olor a veneno y a padecer diversas enfermedades respiratorias, a las que no le encontraban sentido hasta que se empezaron a informar respecto al glifosato y su implicancia en la salud.

La ordenanza

Frente a ese panorama, presentaron una carta al Municipio firmada por más de 30 familias hace aproximadamente un mes, en la cual solicitaban que se cumpliera con la distancia establecida en la ordenanza vigente de 150 metros respecto a escuelas y 300 respecto a zona urbana.

De cualquier modo, en el caso de la Escuela 33, esa distancia no se está cumpliendo.

“Hicimos una nota, la firmamos los vecinos, la llevamos al Municipio, luego de unos días el director de Medioambiente se comunicó con nosotros para informarnos que había sido sancionado el dueño del lote lindero a la escuela, y que esa sanción la iba a dictaminar un juez. Hasta ahí fue, entre comillas, nuestra primera victoria, pero inmediatamente nos enteramos de que el arrendatario de este campo hizo un descargo en donde desconocía haber realizado un tratamiento con agroquímicos con glifosato”, expuso.

Y agregó que “nosotros tenemos fotos, y una situación muy testimonial de un vecino que el domingo de las elecciones pasó por acá, y vio el mosquito fumigando. El que lo manejaba le dijo que estaba por echar el glifo. Luego, se comunicaron con el dueño que dijo que iba a dejar la distancia correspondiente, pero a los dos días de la sanción desconoció el haber aplicado veneno”.

“Estamos en peligro”

“Cualquier persona que entiende sabe que el pasto está quemado, que está sembrado y esto es una receta, no hay mucha creatividad personal, se sabe que es abc cuando se echa fertilizante, así que estamos muy preocupados porque la población de la escuela está en peligro. Los vecinos también estamos en peligro, es un tema que nos convoca hace ya unos meses y empezamos a escuchar que en Gardey está sucediendo lo mismo, en De la Canal también y nos estamos empezando a organizar”, aseguró.

Remarcó que la problemática los desanima porque “del otro lado hay un ser muy poderoso, y nosotros somos familias normales que estamos preocupados por nuestra salud y la de nuestros hijos, la de los trabajadores de la educación que vienen a esta institución”.

Silvia Gómez recordó que hubo una presentación formal en el Concejo Deliberante a través de la Banca XXI, el 15 de agosto, a través de la doctora Graciela Canziani y un grupo de estudio, donde se pidió básicamente cambiar la regulación vigente, porque “150 metros es muy poco, en los fallos que están saliendo en distintos pueblos o ciudades por lo menos la distancia es de 1500 a 2 mil metros de escuelas”.

“Es pobre la ordenanza que tenemos, dentro de los 300 metros se permite igual usar banda azul dentro de los cual está el glifosato porque lo categorizan como levemente nocivo pero en realidad hay estudios que demuestran que es muy nocivo. Se hace esa ley a favor de la producción agroquímica”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que “están saliendo ordenanzas a 1500, 2 mil metros, incluso algunas ciudades han logrado hasta 5 mil metros. Nosotros estamos apoyando la presentación del anteproyecto que hizo Graciela Canziani, y vamos a seguir con acciones para ayudarnos mutuamente. Justamente el 20 de noviembre tenemos una reunión con vecinos de otros sectores de Tandil con la misma problemática como para aunar fuerzas, y apoyar esta ordenanza que ya se presentó”.

En cuanto a la sanción al campo lindero a la escuela, afirmó que “eso pasa a Fiscalización Vegetal que tiene que comprobar si se está fumigando o no y eso va a caer en un juez que decidirá multar o no. Hay otros campos de la zona que también fumigan; muchos dejaron de fumigarse por quejas de vecinos, pero quedan otros que es muy fuerte el veneno que se siente. Sin embargo, están de alguna manera cumpliendo con esa ordenanza pero tampoco nos sirve, por eso queremos que se modifique”.

Una situación muy grave

Lucia Mestre indicó que “estamos en un momento donde toda la provincia está tratando estas cuestiones, justamente porque las poblaciones se están expandiendo y estamos llegando a los límites con estos campos. Los riesgos son muchísimos. Días atrás falleció la directora de una escuela rural en San Antonio de Areco a causa de los agroquímicos, que si bien no hay estudios que lo aseveren pero la aparición de cáncer y enfermedades respiratorias en pueblos fumigados son comunes”.

“Nosotros mismos no nos explicábamos el malestar, resfríos prolongados, dolores de cabeza constantes, hasta que empezamos a levantar la vista y ver un mosquito acá, otro allá, y empezamos a asociar”, manifestó.

Por su lado, Sebastián Jodra planteó que “algunas de las afecciones a la salud no son inmediatas, entonces es difícil dimensionarlas, pero los nenes vienen día a día a la escuela y no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”.

“Hay fallos en otras localidades dando cuenta de la vinculación directa del uso de agroquímicos y los daños a la salud”, sostuvo.

Silvia Gómez adelantó que van a “insistir por una ordenanza mejor. El grupo de Graciela Canziani hizo pruebas en 15 escuelas rurales y en todas encontraron agrotóxicos”.

Sebastián Jodra consideró que “Tandil está quedando muy atrás en comparación con otros distritos de la provincia. En este caso es aberrante la situación porque es directamente contra el alambrado, no hay posibilidad de que las aulas que están a 10 metros del alambre no tengan presencia de estos pesticidas dañinos para la salud. En relación al dueño del campo y los aplicadores, lo que están haciendo es desmedido porque no pueden argumentar no conocer”.

Por último, Lucía Mestre sostuvo que “nuestra ordenanza es limitada pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó a favor de una distancia de mil metros lindantes a establecimiento escolares y viviendas, hay una contradicción entre la ordenanza municipal y la provincia”.