En el marco de las negociaciones por los recursos federales, el Ministerio de Economía y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un entendimiento para la cancelación de la deuda generada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. El acuerdo contempla la transferencia de una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses, lo que permitirá regularizar los fondos pendientes y restablecer la normalidad en las cuentas fiscales porteñas.

Respecto a los detalles de la operación, fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que el monto asciende a 800.000 millones de pesos por la deuda acumulada desde el año pasado hasta la actualidad. Al respecto, explicaron:

“Son bonos en pesos y a corto plazo los que va a entregar el Ministerio de Economía”

El proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y el distrito porteño se intensificó tras los retrasos en las transferencias que debían cumplirse bajo el pacto alcanzado en septiembre de 2024. Aquel acuerdo se produjo con la supervisión de la Justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconociera a la Ciudad un coeficiente del 1,55 en la distribución, sumando ese porcentaje al 1,4 por ciento que ya se transfería automáticamente, alcanzando un total del 2,95 por ciento.

Pese a la medida cautelar dictada a fines de 2022, que obligaba al Gobierno nacional a transferir los fondos de manera diaria a través del Banco de la Argentina, la administración de Alberto Fernández no cumplió con los pagos en tiempo y forma. Posteriormente, los envíos comenzaron a ralentizarse a partir de julio, lo que motivó el reclamo de Jorge Macri ante las autoridades nacionales.

La resolución actual excluye la deuda anterior generada entre 2020 y 2023, cuya cancelación sigue en disputa. Aquel conflicto se originó cuando el entonces presidente Alberto Fernández dispuso una reducción del coeficiente asignado a la Ciudad, medida que fue considerada inconstitucional por la administración porteña y que derivó en un reclamo por 6.000 millones de dólares que aún permanece abierto.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, presentó los avances de un proyecto de ley destinado a regular de forma integral la actividad de los trabajadores de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa contempla la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial para el sector, sumando herramientas de seguridad, cobertura laboral y asistencia estatal.

Desde la Casa de Gobierno en La Plata, el funcionario explicó que el objetivo primordial es "acompañar desde el Estado" a quienes desarrollan tareas en condiciones de informalidad y sin derechos garantizados. En ese sentido, Correa remarcó que la propuesta busca establecer "un piso de derechos para los trabajadores de plataforma".

La normativa establece que el Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación, coordinando una mesa interministerial con las carteras de Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno. Uno de los puntos centrales es la creación de una aplicación oficial vinculada a la plataforma MiPBA, que permitirá registrar a los trabajadores y generar estadísticas. Al respecto, el ministro sostuvo: "Con este proyecto de ley buscamos realizar un registro integral de trabajadores por medio de plataformas que no lo tenemos y que las compañías tampoco lo aportan".

La herramienta digital incluirá un botón de pánico conectado con áreas de seguridad y otro para emergencias sanitarias en la vía pública. Asimismo, se exigirá la contratación obligatoria de seguros por accidentes, invalidez y cobertura médica durante la jornada. Correa señaló que la iniciativa incorpora "los seguros obligatorios que hoy no lo tienen" y busca transparentar la actividad.

Por otro lado, las empresas deberán informar la cantidad de trabajadores activos, horas trabajadas e ingresos medios para fortalecer la fiscalización. También se prevén controles en los centros de distribución, conocidos como "tiendas invisibles", y la creación de paradores con servicios básicos en articulación con los municipios. Finalmente, el proyecto incluye convenios con el Banco Provincia para beneficios en repuestos y elementos de seguridad.

"Queremos transparentar y tener a ciencia cierta cómo se realiza la actividad y qué consecuencias están teniendo los trabajadores y trabajadoras", concluyó Correa, basándose en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

La Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires llevó adelante un relevamiento en el barrio La Movediza de Tandil. La actividad, realizada junto a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, permitió verificar la situación documental de 164 parcelas.

Las familias se acercaron al Centro de Integración Comunitario (CIC), donde se desarrolló el relevamiento social con el objetivo de actualizar la información y regularizar la situación habitacional de cada hogar. Este operativo es el paso previo para la entrega de boletos de compraventa y la posterior escrituración de las viviendas.

Al respecto, la jefa del departamento de Articulación Social de la Subsecretaría, Marcela Zuleta, explicó el alcance de la iniciativa: “La Provincia viene trabajando en forma conjunta con el municipio, en este caso venimos a regularizar a 164 familias que necesitan el boleto de compraventa en primera instancia para después tramitarle las escrituras y con esto finalizamos una etapa en el barrio La Movediza”.

Por su parte, Viviana Coronel, trabajadora del área de vivienda municipal, reconoció que “el aporte que nos hacen desde Provincia es fundamental”, ya que “permite avanzar con algo que había quedado pendiente durante muchos años”. En esa misma línea, agregó que “esto va a permitir que muchas familias puedan tener el derecho legal y la regularización de cerca de 160 familias que hemos podido convocar".

Cabe destacar que estas acciones se enmarcan en el Plan Familia Propietaria, una herramienta de generación de suelo urbano que ejecuta el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias a este programa, las familias bonaerenses pueden construir sus hogares a través de distintas líneas de acceso a la vivienda.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes una medida de alto impacto para la costa atlántica. Según informó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el complejo Punta Mogotes será transferido al Municipio de General Pueyrredon. Esta determinación surge "por una decisión política" del gobernador Axel Kicillof, orientada a jerarquizar el tradicional paseo marplatense.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario detalló que el traspaso se hará efectivo una vez que finalicen las tareas de infraestructura proyectadas. En este sentido, se anunció la apertura de una licitación pública para ejecutar obras de modernización integral. Augusto Costa explicó que la medida contempla que la administración local reciba el predio "una vez que concluyan las obras" previstas "en un nuevo esquema licitatorio".

Al respecto, el ministro subrayó: “La definición política del gobernador Axel Kicillof es que este camino concluya con el traspaso del complejo a la ciudad de Mar del Plata, una vez que terminen las obras previstas en el pliego licitatorio, para que la ciudad reciba un complejo renovado, moderno y en pleno funcionamiento”. Asimismo, destacó que existe "una definición política de trabajar junto al Municipio" durante todo el proceso de transición y renovación del complejo.

El plan de renovación busca revertir el estado actual del sector. Según el titular de la cartera productiva, "el complejo requiere transformaciones y una visión de futuro que permita darle a Mar del Plata un balneario en las condiciones que se merece". Para ello, el próximo paso administrativo será el llamado a licitación para las nuevas concesiones de los balnearios. "Vamos a hacer un llamado público para la adjudicación de las nuevas concesiones", adelantó el funcionario.

Finalmente, se llevó tranquilidad a los trabajadores del sector. El ministro aseguró que se prorrogarán los contratos vigentes para asegurar la operatividad. “El complejo va a permanecer abierto y operativo durante todo el proceso licitatorio, con protección del empleo y preservando todas las fuentes laborales”, concluyó Augusto Costa.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una medida clave para el funcionamiento del Astillero Río Santiago (ARS). Mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, se autorizó a las autoridades del ente administrador a suscribir y aprobar contratos comerciales, convenios y actos jurídicos vinculados a la actividad industrial y naval, con el propósito de alcanzar una mayor agilidad operativa y administrativa.

La normativa alcanza al presidente del organismo y, en caso de vacancia temporal, al vicepresidente. Asimismo, se estableció que ante la ausencia de ambos, las facultades podrán ser ejercidas por el gerente general. Actualmente, el ente funciona bajo el liderazgo interino de Gonzalo Ibendahl, tras cumplirse nueve meses de la renuncia de Pedro Wasiejko.

Según se detalla en la norma, las autorizaciones comprenden la firma de acuerdos para el desarrollo, explotación y comercialización de actividades propias de la industria naval y metalúrgica. También se incluyen convenios relacionados con maquinaria, equipos y servicios específicos del sector, en un contexto marcado por la disputa política sobre el futuro de las empresas estatales y la presión sobre la industria.

El decreto también habilita a los responsables del astillero a gestionar, regularizar o disponer de materiales y bienes abandonados, declarados como rezago o que representen riesgos ambientales y de seguridad para el establecimiento. Por otro lado, se facultó al ente a impulsar actuaciones judiciales y arbitrales, tanto en el país como en el exterior, bajo la intervención de la Fiscalía de Estado.

En este marco, las autoridades podrán avanzar en acuerdos procesales como allanamientos, desistimientos, conciliaciones o transacciones, siempre bajo la legislación vigente, buscando regularizar la situación patrimonial y operativa de la institución.

El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Sergio Gabriel Torres, el Ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, suscribieron un acuerdo de cooperación para optimizar los procesos de ablación y trasplante, garantizando la celeridad judicial y el respeto a las investigaciones penales.

Con el objetivo estratégico de salvar vidas y dotar de mayor previsibilidad a los procesos judiciales, se formalizó la aprobación del Protocolo de Actuación Integral en Procesos de Ablación de Órganos y/o Tejidos en Casos de Muerte Traumática.

Esta iniciativa surge de un trabajo articulado entre la Procuración General, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el CUCAIBA, en busca de mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados.

El nuevo protocolo armoniza lo establecido por la Ley Justina, Ley Nacional N° 27.447, y la Ley Provincial N° 15.419, con el Código Procesal Penal bonaerense. Su finalidad es resolver la histórica tensión entre la necesidad médica de una ablación inmediata y la preservación de pruebas en investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad.

A través de esta normativa, se establecen plazos estrictos y responsabilidades claras para magistrados, fiscales, peritos médicos y fuerzas de seguridad.

Entre los puntos más destacados, se establece la prioridad y celeridad, ya que el Juez de Garantías deberá resolver la autorización de ablación en un plazo máximo de cuatro horas. También se fija la intervención fiscal, con un plazo de dos horas para que el Agente Fiscal emita su opinión sobre la viabilidad del procedimiento, asegurando que no se comprometa el examen autopsiano posterior. Además, se refuerza la coordinación pericial, garantizando que las autopsias de donantes tengan prioridad absoluta en las morgues policiales y facilitando la entrega del cuerpo a sus familiares sin demoras innecesarias.

Para el MPBA, este protocolo representa un avance fundamental en la gestión de las Investigaciones Penales Preparatorias, ya que la participación temprana del médico legista y la comunicación fluida con el CUCAIBA permiten actuar con sensibilidad humana sin descuidar el rigor técnico-científico.

El acuerdo marco incluye además un compromiso de capacitación permanente para todos los operadores involucrados, con el objetivo de que tanto el personal policial como los instructores judiciales y el personal sanitario compartan criterios y procedimientos estandarizados que reduzcan los tiempos de respuesta.

Con esta firma, la Provincia de Buenos Aires se posiciona a la vanguardia en materia de procuración de órganos, destacando que la coordinación interinstitucional es clave para garantizar el derecho a la salud de los pacientes en lista de espera y el acceso a la justicia para toda la sociedad.

Un nuevo cruce de palabras se generó este sábado entre el gobierno de Javier Milei y la gestión bonaerense de Axel Kicillof. Luego de que la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tildara de inútil al gobernador tras señalar un caso de inseguridad, el ministro Javier Alonso le pidió que tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña.

El conflicto escaló a través de las redes sociales tras el robo violento a un niño de 11 años. Patricia Bullrich cuestionó la inacción oficial:

¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien? Yo no entiendo. El inútil de Axel Kicillof y su no ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada?

En la misma línea, la senadora señaló que en la provincia se asesinan vecinos y se roba a mansalva sin consecuencias para los delincuentes. Según su visión, desde la gestión provincial se protege a los criminales y se abandona a los ciudadanos. Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad hoy, agregó.

La respuesta del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, no tardó en llegar. El funcionario recordó que Patricia Bullrich vivió del Estado toda su vida y que, como exministra, debería saber que el Poder Ejecutivo no dicta condenas, sino que de eso se ocupa la Justicia. “Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia”, afirmó.

Asimismo, Javier Alonso lanzó duras chicanas contra la gestión nacional, asegurando que tuvo que prestarle patrulleros a la Nación para que pudieran intervenir en Rosario porque no tenían recursos. También recordó episodios pasados para desacreditar las críticas de la senadora:

“Habla de no hacer nada cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó Pequeño J caminando y en 2019 se le fugó Alberto Samid en canoa hacia Paraguay”.

Finalmente, el ministro vinculó los ataques con una supuesta caída en la imagen del presidente Javier Milei, sugiriendo que los cuestionamientos buscan tapar fracasos propios. Mientras tanto, en medio de la ola de inseguridad, se convocó a una reunión de urgencia en la localidad de Tolosa para abordar la situación crítica que atraviesan los vecinos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de $1,8 mil millones para realizar obras de gas en escuelas de los 135 distritos, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y asegurar espacios seguros para estudiantes y trabajadores de la educación.

La iniciativa se enmarcó en un plan de intervención que buscó optimizar las instalaciones de gas y realizar pruebas de seguridad en los establecimientos educativos, en la antesala de la temporada de bajas temperaturas. Según se informó oficialmente, las tareas permitieron garantizar ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Entre los trabajos previstos se incluyeron la renovación de redes de gas, adecuación de calefactores, pruebas de hermeticidad, instalación de nuevos artefactos y puesta a punto de sistemas existentes. Estas acciones se definieron a partir de relevamientos técnicos realizados por los Consejos Escolares en cada distrito.

Desde la cartera educativa provincial señalaron que las intervenciones priorizaron a aquellas instituciones con mayores necesidades o que requerían adecuaciones estructurales, con el foco puesto en garantizar condiciones seguras de calefacción durante el invierno.

En ese sentido, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, destacó que la inversión permitió que las escuelas “ingresaran a la temporada de mayores fríos en buenas condiciones de seguridad y comodidad”, y remarcó que mejorar los sistemas de calefacción también implicó cuidar a estudiantes, docentes y auxiliares.

Con esta medida, el Ejecutivo bonaerense dio continuidad a un esquema de trabajo sostenido en infraestructura escolar, orientado a fortalecer la educación pública mediante obras y mantenimiento en todo el territorio provincial.

A seis meses de su presentación oficial, el programa provincial Entramados comenzó a desplegarse en Tandil con la participación de 60 jóvenes en sus primeros espacios de trabajo territorial.

La iniciativa, lanzada en octubre pasado en la Casa de las Juventudes, apunta a acompañar a adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad socio-penal mediante propuestas integrales de prevención e inclusión.

“El programa Entramados transita por la etapa de su implementación: están en marcha los primeros espacios de trabajo en los barrios que se evaluaron y se priorizaron”, explicó Eduardo Martínez, director provincial de Servicios Zonales y Locales del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Según detalló el funcionario a El Eco de Tandil, ésta constituye “una primera instancia”, que ya permitió convocar a decenas de participantes en distintos puntos de la ciudad.

La propuesta, impulsada por el Gobierno bonaerense, está dirigida a jóvenes de hasta 21 años en conflicto con la ley penal o en riesgo de estarlo, y promueve un abordaje preventivo e integral. En esa línea, busca generar alternativas comunitarias que fortalezcan los lazos sociales y amplíen las oportunidades de inclusión.

En Tandil, la implementación se traduce en actividades concretas en territorio. “Se desarrollan propuestas como talleres deportivos de calistenia y espacios de formación en oficios, siempre con el espíritu de fortalecer la participación en el aprendizaje y acompañando a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad socio-penal”, indicó Martínez.

El funcionario tandilense subrayó que uno de los ejes centrales del programa es la articulación con actores locales. “Estas acciones se construyen también a partir de la articulación con instituciones barriales, con clubes, con programas del Municipio y con referentes comunitarios que permiten acercar el programa a los jóvenes de los territorios”, sostuvo.

El despliegue actual es el resultado de un trabajo previo que incluyó instancias de coordinación entre áreas provinciales y municipales, así como capacitaciones y encuentros preparatorios.

Ese proceso permitió identificar barrios prioritarios y diseñar estrategias de intervención acordes a cada realidad.

“Si bien cada municipio tiene su particularidad, el objetivo del programa Entramados es acompañar a adolescentes en situaciones de vulnerabilidad sociopenal, promoviendo la inclusión y acercándoles propuestas educativas, deportivas y laborales”, señaló Martínez.

De cara a las próximas etapas, el desafío estará puesto en profundizar el acompañamiento. 

“En su implementación se tratará de fortalecer el trabajo más individual con cada trayectoria, consolidando vínculos y redes institucionales y comunitarias en determinados barrios y generando condiciones para la construcción de proyectos de vida de los pibes y de las pibas”, concluyó.

A través de la Resolución 842/2026, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la suspensión temporal por 90 días del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). La medida, que entrará en vigencia el 1° de mayo de 2026, lleva la firma del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Según se detalla en el documento oficial, la decisión responde al complejo escenario económico y a la marcada caída de las transferencias por parte del Gobierno nacional. Ante esta situación, las autoridades provinciales determinaron priorizar los recursos para garantizar la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), asegurando la asistencia diaria dentro de los establecimientos educativos.

En los fundamentos de la normativa, el Ejecutivo bonaerense denunció el "incumplimiento, mora y detracción" en el envío de fondos nacionales. Esta falta de aportes obligó a la administración provincial a reforzar el financiamiento propio para sostener el sistema alimentario, en un contexto de aumentos constantes en el precio de los insumos básicos.

El programa MESA fue creado originalmente como una herramienta excepcional durante la pandemia para la entrega de módulos mensuales a estudiantes en situación de vulnerabilidad. En la actualidad, en distritos como Balcarce, la iniciativa alcanzaba a cerca de 3.000 estudiantes. No obstante, el Gobierno de la Provincia remarcó que el programa se financiaba íntegramente con recursos bonaerenses, sin recibir partidas desde la Nación.

Durante el plazo de suspensión, se realizará una evaluación técnica sobre la viabilidad de retomar la entrega de los módulos. Mientras tanto, desde la Provincia ratificaron que la asistencia alimentaria no se verá interrumpida, ya que el SAE continuará funcionando con normalidad para brindar el servicio de comedor y merienda en las escuelas públicas de gestión estatal.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia formal ante la Justicia al considerar que las más de 600 amenazas registradas en diversos establecimientos educativos responden a una “estructura delictiva” organizada. La presentación judicial busca identificar a los responsables detrás de estos actos que han generado alarma en la comunidad educativa bonaerense durante las últimas jornadas.

La iniciativa fue encabezada por el ministro de Justicia y DDHH, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, en un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Javier Alonso. Los funcionarios solicitaron formalmente a la Procuración General bonaerense la apertura de una investigación profunda para dar con quienes promueven e instigan estas acciones de hostigamiento que afectaron a cientos de instituciones.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que, si bien las múltiples denuncias registradas en los establecimientos ya se encuentran bajo proceso en los distintos Departamentos Judiciales, esta nueva presentación apunta a unificar criterios y profundizar la línea investigativa. 

El objetivo está puesto en “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.

El trasfondo de esta situación se remonta, según el análisis oficial, al trágico ataque ocurrido el pasado 30 de marzo en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. A partir de ese hito, las amenazas comenzaron a multiplicarse de manera exponencial tanto en territorio bonaerense como en el resto del país, afectando el normal desarrollo de las jornadas escolares y la tranquilidad de las familias.

La denuncia fue formulada desde una perspectiva de niñez, priorizando el impacto psicológico y social que estos episodios generan en los alumnos y el personal docente. Las autoridades provinciales buscan determinar si existe un plan coordinado para desestabilizar el clima institucional en más de 600 escuelas, un fenómeno que ha escalado de forma preocupante y que requiere una respuesta judicial coordinada.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunciará este jueves un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses, en una medida que apunta a sostener la cobertura pública de remedios ante la interrupción del Plan Remediar por parte del Gobierno nacional.

La iniciativa fue adelantada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien precisó que los detalles serán presentados durante una recorrida por el depósito de medicamentos del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos Doctor Alejandro Korn, en la localidad de Romero, La Plata.

El refuerzo incluirá la compra de 74 nuevos medicamentos, adquiridos a través de una licitación pública por más de 24.500 millones de pesos, que serán distribuidos a los municipios para complementar los 91 que ya forman parte del programa. De esta manera, la Provincia busca garantizar la continuidad de tratamientos en un contexto de menor asistencia nacional.

“El Gobierno nacional deja de invertir en el suministro de medicamentos e inmediatamente el Gobierno provincial tiene que asistir a la población que queda desguarnecida”, afirmó Bianco durante su habitual conferencia de prensa.

El programa apunta a centralizar y optimizar la adquisición y distribución de insumos sanitarios, alcanzando a los centros de salud y hospitales públicos de los 135 municipios bonaerenses. Los medicamentos están destinados tanto a la prevención como al tratamiento de enfermedades prevalentes, entre ellas afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones agudas, patologías autoinmunes, anemia, osteoporosis, Parkinson e hipercolesterolemia.

En paralelo, el Gobierno provincial insiste con el tratamiento de una ley de producción pública de medicamentos, actualmente sin avances en la Legislatura. La iniciativa, impulsada por Kicillof y destacada en la apertura de sesiones ordinarias del pasado 2 de marzo, busca reducir costos y garantizar el acceso equitativo en todo el territorio bonaerense.

Duras críticas al Gobierno nacional

Durante la conferencia, Bianco también cuestionó con dureza la gestión del presidente Javier Milei, al sostener que “no se puede esperar que una provincia se haga cargo de todo lo que abandona un Gobierno nacional”, en un contexto de recorte de fondos.

El funcionario describió el escenario económico como “catastrófico y desesperante” para la producción, el empleo y los ingresos, y reclamó un cambio en el rumbo económico. “Este modelo no va más”, enfatizó.

Además, aseguró que la Nación mantiene una deuda con la provincia de Buenos Aires que asciende a $16,7 billones, compuesta por deudas directas, obras paralizadas y programas discontinuados, lo que —según indicó— agrava la situación financiera del distrito.

El gobierno de Axel Kicillof llevó adelante el acto de licitación para la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, específicamente en las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral. Esta obra resulta fundamental para mitigar las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y contempla una inversión total estimada de 138 millones de dólares.

Los trabajos contarán con un financiamiento mixto, compuesto por un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por 110 millones de dólares y aportes del Tesoro Provincial. Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se recibieron siete ofertas que ahora ingresarán en una etapa de evaluación técnica para determinar la adjudicación.

La intervención se extiende desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, cubriendo una longitud de 60,26 kilómetros. El proyecto incluye la reconstrucción de siete puentes, entre los que se destacan el puente Cardesales, el vial y ferroviario Warnes - Seguí, y los puentes viales Las Rosas RP 42, Ea. La Noria e Irala - Coliqueo, además del puente ferroviario en esta última localidad.

“La obra del río Salado es una política de Estado de la provincia de Buenos Aires, en la que el gobierno de Axel Kicillof fue uno de los que más cantidad de kilómetros hizo. Con esta obra que hoy licitamos vamos a lograr llegar casi hasta el final”, manifestó el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez.

“Este es el último tramo de una obra importantísima que, prácticamente ocupa entre el 70 y 80 por ciento del interior bonaerense por lo que tiene un gran impacto, y aún más frente a las consecuencias del cambio climático y el exceso de lluvias que estamos atravesando”, agregó.

Desde la administración provincial insistieron en la necesidad de que el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, reactive el tramo IV, cuya paralización ha complicado el cronograma previsto para esta etapa clave. El plan integral abarca 531 kilómetros y alcanza a 59 municipios, representando el 55 por ciento del territorio bonaerense y beneficiando a más de 1,5 millones de habitantes.

Con la finalización de este tramo, se espera recuperar aproximadamente 400 mil hectáreas productivas en lo inmediato, alcanzando un total de ocho millones de hectáreas una vez concluido el plan. La obra busca equilibrar la gestión hídrica frente a ciclos de sequía y excesos hídricos, garantizando la conservación de los humedales de la región.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó este miércoles al gobierno de Javier Milei y aseguró que su objetivo a largo plazo es “destruir el sistema sanitario”, en el marco de la apertura del Congreso Provincial de Salud (Cosapro) que se desarrolla en Mar del Plata.

Durante su intervención, el funcionario afirmó que las políticas nacionales tendrán consecuencias en el mediano y largo plazo, entre ellas dificultades para cubrir especialidades médicas. “El Gobierno apuesta a una destrucción del sistema sanitario a largo plazo”, sostuvo.

En ese sentido, Kreplak remarcó la importancia del encuentro para fortalecer al sector: “Venir a este Congreso nos sirve para llenarnos de fuerza y pelear. Necesitamos una conciencia de clase, cívica, social y humanitaria”.

Además, vinculó su postura con el posicionamiento internacional del Ejecutivo nacional. “Estamos atravesando un momento donde el Gobierno alienta bombardeos y asesinatos. Y eso está en las antípodas de lo que hacemos nosotros”, expresó, en referencia al alineamiento de la administración de Milei con Estados Unidos e Israel en el conflicto en Medio Oriente.

El ministro también cuestionó el recorte de políticas públicas en salud y señaló: “Nos quitan los recursos para dárselos a otros. Yo me crie y me formé con acceso a medicamentos. Hoy están cerrando el programa Remediar”.

En paralelo, destacó la necesidad de avanzar hacia una medicina con una mirada más integral. “No solo científica, sino también humanitaria”, subrayó.

El rol de los residentes

Durante la jornada inaugural del Cosapro, Kreplak puso el foco en la formación de profesionales de la salud y destacó el sistema de residencias como pilar central del modelo sanitario bonaerense.

“Las residencias nacieron con un doble propósito: mejorar la calidad de los servicios de salud y formar profesionales altamente capacitados. Esta es la primera generación que se forma en el marco del Plan Quinquenal”, explicó.

El funcionario estuvo acompañado por Mario Rovere y Leticia Ceriani, quienes también remarcaron la importancia del sistema de formación.

Rovere sostuvo que la Provincia cuenta con “el mejor sistema de posgrado que existe” y valoró el esfuerzo realizado tanto en términos simbólicos como económicos.

Por su parte, Ceriani destacó la dimensión humana en la formación: “Nuestra responsabilidad es incorporar la dignidad y la sensibilidad para poder conmoverse ante el sufrimiento. Formar para transformar”.

El Congreso Provincial de Salud se extenderá hasta el viernes y reúne a trabajadores, profesionales y autoridades del sistema sanitario bonaerense con el objetivo de debatir políticas públicas y fortalecer el sector.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, concretó la transferencia de 13.010 millones de pesos a los 135 distritos bonaerenses, correspondientes a la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). Esta medida busca regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura en las comunas.

El desembolso se realizó siguiendo el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el esquema que pondera variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas. Por esta razón, los distritos con mayor densidad poblacional concentraron la mayor porción de la masa transferida en esta etapa.

Desde la cartera que conduce el ministro Pablo López, destacaron el esfuerzo administrativo en medio de la crisis económica actual. “Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”, manifestó. "Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses", agregó.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó en conferencia de prensa que este giro se vincula con la reciente colocación de bonos por un total de 232 mil millones de pesos. Ante el planteo de diversos jefes comunales que pretenden que el total de los fondos sea de libre disponibilidad, el funcionario aclaró que la decisión final depende de la Legislatura.

"Nosotros no tenemos ningún problema en que el 100% de los recursos sea repartido a partir de la aplicación del CUD, esa fue la propuesta original del Ejecutivo", sostuvo Bianco, pasando la responsabilidad de una posible modificación normativa a los legisladores.

Cabe destacar que el fondo se integrará con el ocho por ciento de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y tendrá una garantía mínima de 250.000 millones de pesos provenientes de Rentas Generales, a transferirse en cinco tramos. Actualmente, la Ley 15.561 establece que el 70% se distribuye por CUD, mientras que el 30% restante financia programas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Transporte y el Instituto Cultural.

En la privatización de corredores viales que impulsa el Gobierno de Javier Milei, la empresa estatal bonaerense Aubasa quedó en el centro de una disputa. Si bien mostró intenciones de ser oferente para la concesión de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y otros tramos de rutas nacionales, ahora denunció irregularidades en la licitación por parte de la Rosada.

Así lo aseguró el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien contó que mandaron una nota al Ministerio de Economía pidiendo la intervención de Defensoría del Pueblo (tanto la nacional como la provincial) en el proceso de concesión de rutas. El objetivo, sostuvo, es garantizar “plena transparencia” en un proceso que, denunció, sufrió modificaciones sustanciales a último momento.

“Pretendemos que hagan de veedor y que participen de todo el proceso de selección”, dijo en conferencia de prensa desde la Gobernación. Y destacó que a pocos días del cierre de ofertas, se cambiaron decenas de artículos del pliego, alterando las condiciones originales. Para la Provincia, esos movimientos “desvirtúan” la competencia y abren sospechas sobre posibles arbitrariedades en la adjudicación de las concesiones.

La solicitud surgió porque las autoridades nacionales modificaron 33 artículos del pliego una semana antes de que venza el plazo para presentar las ofertas. “Cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”, remarcó el ministro Katopodis antes de señalar que “todos esos cambios desvirtúan el proceso”.

Se trata de un tema sensible para el Gobierno de Kicillof porque decidió postularse para administrar tres tramos de rutas nacionales, incluyendo autopistas como la Riccheri y caminos estratégicos como las rutas 226, la 3 o la 205.

La empresa pública provincial formalizó su participación luego de comprobar que los pliegos de las concesiones viales no incluían una cláusula que prohíba expresamente la participación de compañías estatales. Actualmente, está en marcha el proceso de evaluación de las ofertas y hay al menos 10 en condiciones de ganar.

En ese contexto, Katopodis defendió el perfil de la empresa pública, a la que definió como “superavitaria” y con estándares de servicio que, dijo, pueden verificarse en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata o la Ruta 2. Y no descartó que la administración libertaria pretenda “hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones”.

Katopodis fue más allá y sugirió que el esquema licitatorio podría esconder un modelo de negocios basado en peajes más caros y nuevos puntos de cobro. “Hay una clara intención de recaudar más”, advirtió, al tiempo que contrapuso el modelo de Aubasa que, según remarcó, reinvierte el 100% de sus ingresos en obras y mantenimiento.

A fines de año pasado y en el marco del avance de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para la Etapa II del proyecto, que permitirá la concesión de casi 1.900 kilómetros que corresponden a la segunda etapa y que va hacia la privatización de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1843/2025, fue publicada en el Boletín Oficial, y beneficiará a rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires, como la 3, 5, 226 y 205, entre otras. La licitación pública nacional e internacional apunta a la construcción, explotación, administración y mantenimiento de diversas rutas.

En este contexto, a principios de marzo, Autopistas de Buenos Aires S.A. presentó su oferta para quedarse con los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones-Etapa II, que incluyen la autopista Ricchieri, el corredor Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226.

La licitación contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores, además de la prestación de servicios al usuario y el desarrollo de explotaciones complementarias para generar ingresos bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley 17.520.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación de un nuevo régimen destinado al recupero de la inversión en viviendas sociales. La iniciativa, impulsada de forma conjunta por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y el Instituto de la Vivienda, tiene como propósito "hacer más justo" el esquema de pagos que afrontan las familias adjudicatarias y generar recursos para la ejecución de nuevos proyectos.

Esta modalidad surge tras un diagnóstico del sistema actual, donde se detectaron asimetrías en los montos que abonan los vecinos de diferentes barrios. Con el Régimen de Recupero de la Inversión en Vivienda se busca equilibrar el esfuerzo estatal con la capacidad de pago de los hogares, asegurando que los fondos retornen al sistema para ampliar el acceso habitacional a más familias.

Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, el plan general contempla un esquema de 360 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. El valor de cada pago estará determinado por el precio final del inmueble, calculado mediante la cotización de Unidades de Vivienda (UVI) que establece el Banco Central todos los meses. Para proteger la economía familiar, se definió que el monto de la cuota no podrá exceder el 30% de dos salarios mínimos vitales y móviles.

En paralelo, se creó el Plan de Saneamiento y Consolidadción de Deuda – Período Hogar BA, orientado a quienes registren cuotas impagas hasta el 15 de mayo de 2026. Respecto a la morosidad, se informó que el estado de mora se alcanzará tras adeudar seis cuotas fuera de término, mientras que al llegar a las nueve cuotas impagas, las autoridades podrán iniciar acciones administrativas o judiciales.

Finalmente, se anunció que hasta el 30 de junio estará vigente un beneficio para la cancelación anticipada. Los adjudicatarios podrán saldar el total de las cuotas por vencer con descuentos que oscilan entre el 10%, el 20% y hasta el 30%, dependiendo de la cantidad de pagos que se adelanten.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de los salarios correspondientes al mes de marzo para los trabajadores estatales. La liquidación llegará con un incremento del 5%, aunque la disposición de las fechas generó malestar en el sector educativo, ya que gran parte de los agentes percibirá sus haberes recién después de Semana Santa.

El calendario oficial, difundido este viernes, despertó la reacción de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), conformado por AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba. Los docentes tienen asignada como fecha de cobro el jueves nueve de abril, lo que motivó un pedido formal ante la administración que encabeza el gobernador Axel Kicillof para que se arbitren los medios necesarios y se garantice el pago el lunes seis de abril.

Desde las organizaciones sindicales argumentaron que el plazo establecido resultaría "excesivamente extenso" para la economía de los trabajadores, quienes en su gran mayoría verán acreditados sus sueldos tras el fin de semana extra largo de Pascuas. Cabe recordar que el acuerdo salarial alcanzado con la Provincia contempla una suba del 7,5% para el bimestre marzo-abril, desglosado en un 5% en marzo y un 2,5% restante en abril, sumado al 1,5% otorgado en febrero.

El esquema de pagos comenzará el martes 31 de marzo con la Dirección de Vialidad, el OCEBA y el Instituto de la Vivienda. Continuará el miércoles 1 de abril con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Patronato de Liberados, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Tras el receso, el lunes seis de abril será el turno del Ministerio de Salud y la Caja de Policía. El martes siete de abril cobrarán los agentes de la Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Coordinación General Unidad Gobernador, los ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública.

En la misma jornada del siete percibirán sus haberes la Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, ARBA, Poder Legislativo y diversos organismos descentralizados. 

Finalmente, el miércoles ocho de abril cobrará el Poder Judicial, mientras que el jueves nueve de abril cerrará el cronograma la Dirección General de Cultura y Educación y la DiPrEGeP.

A poco de que se cumplan 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el gobierno bonaerense intensifica las acciones relacionadas con esa fecha: por un lado, inauguró hoy un nuevo Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, esta vez en Ingeniero White, mientras que el lunes realizará un importante encuentro de reflexión en La Plata.

La Provincia viene desarrollando una agenda amplia de actividades en el marco de lo que denominó el mes de la Memoria, la Verdad y la Promoción de los Derechos Humanos. Hoy, sumó a esas actividades la apertura de un espacio de Memoria en el lugar donde durante la dictadura funciono el Centro Clandestino de Detención Prefectura de Ingeniero White, en Bahía Blanca.

“El espacio tendrá por objeto la promoción de la memoria sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura en ese lugar, y reafirmar el compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos”, señaló la subsecretaría de Derechos Humano en un comunicado.

“Soy un vecino común con responsabilidades importantes y quiero hablar como compañero, expresar el respeto por todos los que hoy no están, por los 30.000, y rechazar toda la política negacionista del gobierno nacional ” sostuvo el intendente bahiense, Federico Susbielles, durante la apertura de la sede.

En el acto, participaron también que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el Subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, el Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, la directora de derechos humanos, Anahi Junquera, Adriana Metz de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Alejandra Santucho de H.I.J.O.S Bahía Blanca, y referentes de la Red por el Derecho a la Identidad local.

Moreno afirmó en ese marco que “las políticas de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires siguen siendo un bastión en la transversalidad de la políticas públicas como nos indicó nuestro gobernador desde el 2019 y tuvimos que reforzar esfuerzos para hacernos cargos de políticas públicas que abandonó el gobierno nacional y eran de su competencia ”.

Durante el acto, se descubrieron dos placas institucionales, en conmemoración de los 50 años del Golpe, correspondientes al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la Presidencia del Consorcio de Gestión del Puerto y el municipio de Bahía Blanca. Luego se firmó la carta de intención entre quienes congestionan el Espacio de Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos y se presentó el jardín de Mariposas, montado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

También estuvieron presentes en la inauguración del Espacio, la Presidenta del Instituto Cultural Florencia Saintout, la Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia, Carolina Digiani y la vicepresidenta segunda del Senado provincial, Ayelén Durán.

El lunes, en tanto, se realizará el encuentro de reflexión en La Plata. La actividad tendrá lugar a las 11 en el Teatro Argentino -Av. 51 N° 702, entre 9 y 10- y la apertura estará a cargo de Saintout, Mena y Moreno, acompañados de Estela de Carlotto y Tati Almeida, las históricas referentas de Abuelas.

Habrá un panel conversatorio titular “La construcción de políticas de memoria, procesos de ciudadanía y Estado democrático en la actualidad”, con las presencias destacadas de Baltasar Garzón, Stella Calloni, Eugenio Raúl Zaffaroni y Adolfo Pérez Esquivel.

“En el contexto actual, el Encuentro también invita a reflexionar sobre las nuevas formas que asumen las vulneraciones a la vida democrática, tales como las proscripciones políticas, la violencia simbólica y política, y las prácticas de lawfare, en tensión con los principios de memoria, verdad y justicia construidos colectivamente en nuestro país”, se señaló desde la organización.

La subsecretaría de DD.HH. convocó a “organizaciones, instituciones, trabajadores y trabajadoras, y a la comunidad en general a participar de este encuentro, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”.