Durante junio de 2026 se registraron 49 víctimas fatales como consecuencia de siniestros viales ocurridos en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con datos no oficiales relevados por el Observatorio de Datos Estratégicos. El informe indica que el promedio mensual fue de 1,6 personas fallecidas por día.

Del total de víctimas, 38 eran hombres (77,5%) y 11 mujeres (22,5%), una distribución que mantiene la tendencia observada tanto en la provincia como a nivel nacional, donde los hombres representan aproximadamente tres de cada cuatro fallecidos en hechos de tránsito.

En cuanto al tipo de usuario vial, 25 víctimas (51,1%) viajaban en automóvil al momento del siniestro, mientras que 16 eran motociclistas (32,6%) y 8 peatones (16,3%). Si bien los ocupantes de vehículos particulares concentraron la mayor cantidad de muertes, el informe advierte que la elevada participación de motociclistas continúa siendo motivo de preocupación por su mayor exposición y vulnerabilidad.

La distribución horaria de los siniestros muestra una mayor concentración de víctimas durante las franjas de menor luminosidad. La noche fue el período con más fallecidos, con 13 casos (26,5%), seguida por la tarde, con 12 víctimas (24,4%); la mañana, con 11 (22,4%); la franja noche-madrugada, con 9 (18,3%); y el período tarde-noche, con 4 fallecidos (8,1%).

De acuerdo con el relevamiento, más de la mitad de las muertes ocurrió entre la tarde y la madrugada, un lapso en el que suelen confluir factores de riesgo como la menor visibilidad, velocidades elevadas, fatiga de los conductores y un mayor movimiento vinculado a actividades recreativas.

El análisis por días de la semana también reflejó una mayor siniestralidad durante los fines de semana. Tanto sábado como domingo registraron 10 víctimas fatales cada uno, lo que representa el 40,8% del total mensual.

Los lunes contabilizaron 9 fallecidos, mientras que martes y viernes sumaron 6 cada uno. Los jueves registraron 5 víctimas y los miércoles presentaron el menor número de casos, con 3.

Según el informe, esta concentración durante los fines de semana responde a un comportamiento que se repite en distintos estudios de seguridad vial, asociado al incremento de viajes turísticos, actividades recreativas y desplazamientos de media y larga distancia.

El relevamiento también señala que 32 de las 49 víctimas fatales (65,3%) murieron en rutas nacionales, rutas provinciales, autopistas, accesos y caminos principales, mientras que las 17 restantes (34,7%) fallecieron en calles y avenidas urbanas.

En total se registraron 25 siniestros viales en corredores principales: 13 ocurrieron en rutas nacionales, donde murieron 15 personas, y otros 12 en rutas provinciales, con un saldo de 17 víctimas fatales.

Las víctimas se distribuyeron en numerosas localidades bonaerenses. Los mayores registros correspondieron a Isla Talavera, en el sector bonaerense del Delta, y Mar del Plata, con cuatro fallecidos cada una.

En segundo lugar se ubicaron Baradero y La Plata, con tres víctimas fatales por ciudad.

Con dos fallecidos aparecieron General Madariaga, Mercedes, Ramallo, Necochea y Pilar, mientras que el resto de las muertes se repartió entre más de veinte municipios, entre ellos Berazategui, Esteban Echeverría, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Campana y Ezeiza.

La diputada de Fuerza Patria, Sofía Vannelli, presentó un proyecto de ley con el objetivo de crear la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Este organismo descentralizado, que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Economía y Hacienda, buscaría agrupar la información, administración y control de los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio provincial.

La iniciativa contempla la creación de un Registro de Bienes del Estado, una base de datos centralizada que permitiría conocer la ubicación, condiciones de uso y destino de las propiedades. Según la legisladora, la actual dispersión normativa dificulta una gestión eficiente y la correcta defensa del patrimonio público.

Existe una dispersión de inmuebles en distintas jurisdicciones del Estado Provincial que imposibilita su disposición y administración integral por el Poder Ejecutivo, por lo que veo necesario contar con una herramienta de administración de los mismos que posibilite disponer de los mismos de manera ágil y dinámica para la formulación de los diversos planes, programas y proyectos difundidos por sus diversas jurisdicciones.

El proyecto establece que la agencia tendría la potestad de intervenir en operaciones de adquisición, enajenación, locación o transferencia de uso. Asimismo, se crearía un Servicio de Auditoría de Inmuebles para verificar el estado de mantenimiento y ocupación de los edificios. La legisladora advirtió que la falta de un control unificado contribuye a que los bienes sean mal administrados, usurpados o desviados de sus fines originales.

La propuesta también contempla la racionalización de espacios y la posibilidad de conceder inmuebles en uso precario y gratuito a organismos públicos o instituciones privadas para actividades de interés general. En cuanto a los recursos generados por la gestión de estos bienes, el proyecto estipula que el 70 por ciento de los ingresos se destinaría a la jurisdicción que tenga la custodia efectiva, mientras que el 30 por ciento restante se asignaría al Tesoro provincial.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un régimen especial para que las obras sociales nacionales puedan regularizar las deudas que mantienen con los hospitales y efectores públicos bonaerenses por prestaciones de salud brindadas a sus afiliados. El esquema contempla planes de pago de hasta 24 cuotas y busca acelerar el recupero de fondos del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), destinados al sostenimiento del sistema sanitario provincial.

La medida tendrá una vigencia de 45 días corridos desde su publicación este miércoles en el Boletín Oficial. El alcance de la resolución incluye a las facturas impagas por prestaciones realizadas en hospitales y demás efectores públicos de la Provincia hasta 60 días corridos antes de la publicación, siempre que las deudas no se encuentren judicializadas ni hayan sido remitidas para su ejecución a la Dirección Provincial de Gestión y Recupero de Créditos Fiscales del Ministerio de Economía.

El régimen está dirigido específicamente a las obras sociales nacionales comprendidas en la Ley 23.660.

La adhesión y firma del convenio implicará el reconocimiento expreso, irrevocable e incondicional de las deudas que cada entidad mantenga con el SAMO y, además, interrumpirá el plazo de prescripción de las obligaciones incluidas. La resolución establece tres alternativas para cancelar las obligaciones: un pago único; hasta 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés de financiación; o hasta 24 cuotas, con una tasa de financiación del 4% anual sobre saldos. En este último caso, el cronograma deberá garantizar que al menos el 70% de la deuda regularizada sea cancelada durante los primeros 12 meses.

Mientras el plan se encuentre vigente y sea cumplido, se suspenderá el cómputo y devengamiento de intereses moratorios, recargos y otros accesorios financieros. En tanto, la caducidad se producirá si se dejan impagas tres cuotas, consecutivas o alternadas, una vez transcurridos 45 días corridos desde el vencimiento de la última de ellas. En caso de caducidad, se perderán los beneficios otorgados y la Provincia podrá iniciar el correspondiente juicio de apremio.

En el marco de este anuncio, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre el crecimiento en el uso de camas hospitalarias por parte de pacientes con cobertura privada. Al respecto, el funcionario señaló: “Hoy el 53 % de la cama de los hospitales públicos provinciales está ocupado por gente con obra social o prepaga”.

Kreplak explicó que antes de la actual gestión nacional ese porcentaje no superaba el 40 % y atribuyó el salto al incremento de pacientes que, ante los recortes en la seguridad social y el encarecimiento de las prepagas, migraron al sector público. Sobre esta situación, el ministro concluyó: “La crisis del sistema de salud pública es que nos estamos haciendo cargo de todas las cosas que el resto del sistema ha abandonado”.

La morosidad de las familias registró un fuerte incremento y alcanzó el 12,8% en mayo de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. Este dato implica que la proporción de hogares con atrasos superiores a 90 días en sus compromisos financieros se multiplicó por más de cinco en menos de dos años.

El informe presentado por el Gobierno bonaerense también señala que, si se consideran los préstamos otorgados por entidades no bancarias -como fintech, cadenas comerciales y financieras-, el nivel de morosidad llega al 33%. En el caso de las tarjetas de consumo, el indicador pasó del 10,5% al 36,4%, mientras que en las fintech aumentó del 5,7% al 24,5% en el mismo período.

En su habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, puso el foco en el crecimiento del endeudamiento de las familias y cuestionó que el fenómeno pueda atribuirse exclusivamente a decisiones individuales: “No es culpa de la gente, es de Milei”,

El funcionario planteó que el aumento registrado tiene características generales y señaló que la mora creció en todas las provincias, franjas etarias y géneros. El informe utilizado como base de la presentación sostiene, en la misma línea, que el fenómeno no se explica por conductas individuales aisladas.

De acuerdo con los datos expuestos, a mayo de 2026 había 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda con bancos y/o billeteras virtuales. De ese total, 5,8 millones se encontraban en mora, es decir, con atrasos superiores a 90 días. El informe señala que casi tres de cada diez deudores presentan atrasos de ese nivel.

La distribución muestra que 2,9 millones de personas tenían deudas únicamente con billeteras virtuales, 1,6 millones solo con bancos y 1,3 millones mantenían compromisos con ambos tipos de entidades. La cantidad de personas morosas aumentó un 132% desde febrero de 2024 y el documento señala que el fenómeno alcanza a casi una de cada cinco personas adultas.

Carlos Bianco también comparó el nivel de morosidad registrado durante distintos períodos de gobierno. Según los números presentados, el indicador se ubicaba en 2,2% en diciembre de 2011, 2,3% en diciembre de 2015, 4,2% en diciembre de 2019 y 2,8% en diciembre de 2023, antes de llegar al 12,8% en mayo de 2026.

El ministro sostuvo que el incremento tampoco estaría relacionado con un mayor volumen de endeudamiento individual. Según los datos que presentó, alrededor de un millón de personas ingresaron en situación de mora mientras que la deuda promedio, medida en términos reales, bajó de 1,3 millones a 1 millón. Además, el 75% de los nuevos morosos ya tenía deudas que anteriormente podía mantener al día.

El kicillofismo dio este viernes el primer paso en la Legislatura bonaerense para intentar eliminar el límite a las reelecciones de los intendentes. La comisión de Legislación General del Senado, presidida por el senador Germán Lago, fue convocada para el próximo martes con el objetivo de comenzar a analizar un proyecto que restablece la posibilidad de que los jefes comunales puedan ser reelegidos de manera indefinida.

La iniciativa que comenzará a debatirse fue presentada por la senadora Ayelén Durán, integrante del espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado político que respalda al gobernador Axel Kicillof. Se trata del único proyecto con estado parlamentario que propone eliminar la restricción vigente para los intendentes.

Días atrás, el propio Kicillof había manifestado públicamente su apoyo a la eliminación del límite de mandatos consecutivos, una postura que también fue respaldada por la vicegobernadora Verónica Magario. El impulso al tratamiento legislativo representa la primera traducción concreta de esa posición política.

La estrategia del oficialismo es asumir como propio el proyecto de Durán y avanzar con su discusión, aunque todavía no existe certeza de que reúna los votos necesarios para ser aprobado en la Cámara alta. Más allá del resultado legislativo, el objetivo político es enviar una señal de respaldo a los intendentes alineados con el gobernador, quienes desde hace tiempo reclaman avanzar con una modificación que también despierta interés entre dirigentes de la oposición.

El debate, sin embargo, también expone diferencias dentro del propio peronismo. La senadora Malena Galmarini, referente del massismo, presentó notas ante la Secretaría Legislativa y la comisión para solicitar que el expediente sea girado a la comisión de Reforma Política, que ella preside, al considerar que es el ámbito correspondiente para discutir este tipo de iniciativas.

Desde el entorno de Lago sostienen que el reglamento no obliga a realizar ese cambio, por lo que la convocatoria para el martes continúa vigente.

Detrás de la discusión reglamentaria aparece una disputa política más profunda. Mientras el kicillofismo impulsa la eliminación del límite a las reelecciones, el massismo mantiene una postura contraria. En tanto, La Cámpora no rechaza de plano la iniciativa, aunque condiciona su apoyo a una negociación política con el gobernador.

En la oposición tampoco existe una posición unificada. Dentro de la UCR conviven posturas diversas, mientras que La Libertad Avanza no descarta negociar el tema si se incorpora al debate la implementación de la boleta única de papel para las elecciones bonaerenses, aunque públicamente sus dirigentes niegan esa posibilidad.

La legislación actual impide que los intendentes elegidos en 2019 y reelectos en 2023 puedan volver a presentarse como candidatos en las elecciones de 2027. En esa situación se encuentran 80 jefes comunales de distintos espacios políticos.

Del total, 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la UCR, 7 al PRO, 5 a fuerzas vecinales y uno a La Libertad Avanza, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien dejó el PRO para alinearse con el presidente Javier Milei.

La norma que limitó las reelecciones también alcanzó a los legisladores provinciales. Sin embargo, el proyecto impulsado por Ayelén Durán únicamente modifica la situación de los intendentes y no contempla cambios para diputados y senadores bonaerenses. Sobre ese punto existe otra iniciativa, presentada oportunamente por Teresa García, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados provincial.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunció que la quinta edición del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) contará con una inversión histórica de 3.500 millones de pesos. Estos recursos, asignados a la provincia por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), reafirman el compromiso de la gestión del gobernador Axel Kicillof con la ciencia y la innovación como ejes del desarrollo productivo y social.

Desde su creación, el programa se consolidó como una herramienta clave para el entramado científico. Con más de 1.300 proyectos presentados en sus cinco convocatorias, el FITBA demuestra la capacidad de los científicos de la región para generar soluciones concretas que mejoran la calidad de vida de los bonaerenses. Actualmente, la última edición se encuentra en etapa de evaluación, con resultados previstos para las próximas semanas.

En esta oportunidad, el programa otorgará Aportes No Reembolsables (ANR) que pueden alcanzar hasta 150 millones de pesos por proyecto, cubriendo hasta el 80 por ciento del costo total de cada iniciativa. El porcentaje restante debe ser aportado por las instituciones beneficiarias o los adoptantes. Este esquema busca fomentar la colaboración entre el sector científico y el productivo, permitiendo que empresas, cooperativas, organismos públicos y municipios accedan a desarrollos tecnológicos a medida.

Una de las novedades más relevantes de esta edición es la incorporación de una línea específica destinada a fortalecer las capacidades de las instituciones públicas de ciencia y tecnología, así como de las universidades nacionales y provinciales. El objetivo es potenciar su capacidad para brindar servicios tecnológicos de alta calidad a las pymes industriales, un sector estratégico para la economía provincial.

La distribución de los fondos se organiza de la siguiente manera: la Línea A, enfocada en el Desarrollo Productivo, otorga hasta 46 millones de pesos por proyecto; las Líneas B y C, orientadas a Desafíos Provinciales y Gobiernos Locales, ofrecen hasta 23 millones de pesos; y la Línea D, de Fortalecimiento de Capacidades, alcanza los 150 millones de pesos por iniciativa.

El balance desde el inicio del programa en 2022 es significativo. La Provincia financió 284 proyectos de desarrollo tecnológico, impactando directamente en 184 mipymes y cooperativas, además de fortalecer 100 políticas públicas en 68 municipios bonaerenses. En total, el FITBA movilizó a más de 3.000 integrantes de equipos científicos y ha invertido, a valores actuales, más de 10.000 millones de pesos en el sistema científico-tecnológico.

Bajo la conducción del ministro Augusto Costa, la cartera productiva continúa impulsando estas herramientas para fomentar la sustitución de importaciones de insumos estratégicos y la adopción de tecnologías de vanguardia.

La incorporación de inteligencia artificial, el uso de nanotecnología y el diseño de maquinaria avanzada son solo algunos ejemplos de cómo el FITBA logra transformar el conocimiento académico en competitividad industrial y soluciones para la gestión pública.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, volvió a expresar su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La administración bonaerense sostuvo que la nueva versión de la iniciativa, que eleva del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras en cada provincia, representa "una trampa".

La encargada de fijar la posición oficial fue la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, quien cuestionó la nueva redacción del proyecto al sostener que, aunque aumenta el porcentaje permitido a nivel provincial, elimina los límites que actualmente rigen en departamentos y municipios, lo que podría favorecer una mayor concentración de tierras en zonas específicas.

"Nos quieren vender que cedieron. Es una trampa", afirmó la funcionaria al referirse a la versión más reciente del proyecto, que el oficialismo nacional modificó en busca de conseguir los apoyos necesarios para avanzar con su tratamiento en el Senado.

Según explicó Vilar, la legislación vigente establece un tope del 15% para la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros en tres niveles: nacional, provincial y departamental. En cambio, el nuevo proyecto fija un límite del 25% únicamente sobre la superficie total de cada provincia, eliminando las restricciones locales.

La ministra sostuvo que ese cambio permitiría que determinados departamentos concentren una gran cantidad de tierras en manos extranjeras sin que la provincia en su conjunto alcance el límite establecido. Como ejemplo, mencionó el caso de Puerto Libertad, en Misiones, donde una empresa chilena posee cerca del 75% de las tierras.

Vilar también advirtió que el criterio provincial no protege adecuadamente áreas donde se concentran recursos estratégicos como el agua, el litio, los glaciares o las principales zonas productivas. En ese sentido, citó el caso del departamento Los Lagos, en Neuquén, donde se ubican localidades como Villa La Angostura y sectores del Nahuel Huapi, que representan apenas una pequeña porción del territorio provincial.

La funcionaria trasladó el mismo razonamiento a los salares de litio de Jujuy, Salta y Catamarca, al señalar que la eliminación del límite departamental permitiría avanzar sobre regiones clave sin necesidad de adquirir grandes porcentajes del territorio provincial.

Además, Vilar cuestionó otros aspectos del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Entre ellos mencionó la derogación de la protección especial para lagos, ríos y cuerpos de agua permanentes, la posibilidad de comprar tierras en zonas de frontera, la eliminación del límite de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo y la desaparición del tope del 30% por nacionalidad de origen.

No obstante, el texto mantiene algunas restricciones, como la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y la obligación de obtener autorizaciones especiales para determinadas operaciones vinculadas con empresas estatales extranjeras o ubicadas en zonas de seguridad de frontera.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó que el próximo jueves 6 de agosto el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera el gobernador Axel Kicillof, y el PJ bonaerense estarán presentes en la movilización contra la votación en el Congreso nacional de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

En el marco de la conferencia de prensa de los lunes en la Gobernación provincial, el funcionario expresó que esta ley que impulsa el Gobierno nacional “intenta llevar adelante un proceso sistemático de extranjerización de nuestras tierras: va contra la soberanía nacional y la defensa de los recursos naturales”.

En ese sentido, Carlos Bianco agregó: “Mientras el mundo cuida su patrimonio, Milei va a contramano queriendo entregar nuestro territorio. El Movimiento Derecho al Futuro y el PJ de la provincia de Buenos Aires se sumarán a la movilización del 6 de agosto para expresar su repudio a esta iniciativa”.

Durante su exposición, el ministro recalcó que el país vive una profunda crisis, la cual atribuyó a un modelo económico que beneficia a unos pocos. Al respecto, señaló que, a pesar de que el Gobierno nacional intenta instalar la idea de una mejora, los indicadores y la realidad cotidiana reflejan una situación distinta.

"A pesar de que el Gobierno nacional quiere instalar la idea de una mejora de la situación económica, los indicadores y la calle muestran otra cosa: cerraron más de 30 mil empresas, se profundiza la crisis del comercio y la construcción, y cada vez son más las familias que se endeudan para sostener sus necesidades básicas", manifestó.

La movilización se llevará a cabo este jueves 6 de agosto de 2026 frente al Congreso de la Nación, jornada en la que se debatirá en el Senado el proyecto conocido popularmente como “Ley de Tierras”. La iniciativa oficial busca derogar los límites actuales de la Ley 26.737, que prohíbe que los extranjeros posean más del 15% de las tierras rurales del país. Organizaciones sociales, ambientales y políticas denuncian que la medida favorece la extranjerización de la tierra, el agua y los recursos naturales, además de incluir modificaciones en los procesos de desalojo y en el régimen de organización de comunidades.

Con una respuesta que superó las expectativas iniciales, se puso en marcha en la ciudad un nuevo operativo de documentación impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La jornada, que contó con una nutrida concurrencia desde las primeras horas de la mañana, se propuso facilitar el acceso a trámites filiatorios y garantizar el derecho a la identidad de los vecinos tandilenses de manera totalmente gratuita.

Ayelén Borda, subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo bonaerense, calificó la convocatoria como un "éxito" y remarcó la responsabilidad provincial de llegar a todos los distritos. "Nada es más importante que el derecho a la identidad", sostuvo la funcionaria en diálogo con El Eco de Tandil, al tiempo que explicó que el operativo depende del Registro de las Personas, bajo la órbita de la Jefatura de Asesores.

Durante la actividad, se gestionaron trámites de DNI, cambios de domicilio y la entrega de partidas de nacimiento, matrimonio o divorcio. Borda recordó que, en visitas anteriores, se alcanzaron cifras récord de cerca de 400 trámites en solo dos días. En ese sentido, resaltó el impacto social de programas como "Mi identidad, mi derecho", mencionando el caso de una persona de 24 años que el año pasado obtuvo su primer documento en la ciudad, saliendo de la invisibilidad para acceder a la escolarización y al empleo formal.

La funcionaria subrayó que la falta de documentación condena a las personas a la informalidad. "Esa persona que estuvo sin DNI estuvo trabajando seguramente en negro toda su vida y no puede pensar en tener aportes; estuvo invisible. La idea es que todos tengan una identidad y sean visibles", manifestó. Asimismo, vinculó esta política con la gestión del gobernador Axel Kicillof, orientada a que todos los derechos sean garantizados, siendo la identidad el paso inicial para alcanzar beneficios sociales y seguridad jurídica.

El operativo continuará el viernes 1° de agosto en el barrio Villa Italia, específicamente en la sede de la Asociación Civil Redes Tandilenses. El horario de atención será de diez a 15, y se espera nuevamente un importante flujo de vecinos. Borda recomendó a los interesados acercarse con antelación, dado que en la primera jornada los números se agotaron rápidamente debido a que el público comenzó a formar fila desde muy temprano.

El foco de la actividad está puesto especialmente en los menores de edad y jóvenes. Se recordó que los niños de entre cinco y ocho años, así como los adolescentes de entre 14 y 16, deben realizar de forma obligatoria la actualización de su DNI. Incluso quienes hayan perdido su ejemplar pueden acercarse aportando únicamente sus datos filiatorios básicos para iniciar la reposición, aprovechando la exención de costos del operativo.

En cuanto a la logística, la subsecretaria detalló que en el lugar se realiza la toma de huellas, fotografía y carga de datos. Si bien el proceso administrativo termina en el Renaper, organismo dependiente del Gobierno nacional que hoy presenta algunas demoras, Borda garantizó que, una vez tomado el trámite, el documento llega al domicilio del solicitante o al registro civil más cercano en un plazo aproximado de dos meses.

Finalmente, se destacó la posibilidad de obtener partidas certificadas en el acto, herramientas esenciales para diversos trámites escolares y administrativos. La gratuidad de estas gestiones representa un alivio económico para las familias locales, permitiendo regularizar de forma ágil situaciones de cambio de domicilio o actualizaciones de estado civil que, de otro modo, requerirían traslados y costos adicionales.

En el mismo momento en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, confirmaba su llegada a Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresó un proyecto de ley destinado a restringir la facultad del Poder Ejecutivo para suscribir acuerdos con el organismo sin la aprobación del Congreso. La propuesta, que cuenta con el respaldo de 15 diputados del bloque de Unión por la Patria, consta de 22 artículos y busca declarar la nulidad absoluta de aquellos convenios que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en el país.

La iniciativa propone derogar la Ley 27.612 y reemplazarla por un régimen más amplio. El texto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso, detallando el tipo de deuda, el monto máximo, el plazo de amortización y el destino de los fondos. Asimismo, prohíbe expresamente el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias, apuntando directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei instrumentó un programa por 15.267 millones de DEG, equivalentes a unos 20.000 millones de dólares.

El proyecto se fundamenta en seis principios, entre los que destaca la corresponsabilidad entre acreedor y deudor. Esta cláusula sostiene que, si el FMI incumple sus propias reglas o aprueba programas con motivaciones políticas, la responsabilidad por el fracaso debe ser compartida. Para respaldar este punto, el texto cita informes de la Oficina de Evaluación Independiente que señalaron disidencias internas sobre el caso argentino de 2018.

El articulado también ordena al Poder Ejecutivo promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda al Convenio Constitutivo para convertir en obligatoria la aplicación de controles de capital cuando se registre una salida masiva de divisas. Acompañan la firma de Máximo Kirchner los legisladores Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López.

El Gobierno de Axel Kicillof dio por terminado este lunes el convenio que durante más de siete años reguló junto con Nación el cálculo y la distribución de los subsidios al transporte público del AMBA. La medida, oficializada mediante un decreto en el Boletín Oficial, deja bajo control bonaerense el esquema de compensaciones para las líneas provinciales y municipales.

La administración provincial aprobó en las últimas horas el acta de cierre que ambas jurisdicciones firmaron el 7 de marzo de 2024, tras considerar cumplidas todas las obligaciones previstas en el entendimiento. El documento también puso fin a la cooperación nacional en las tareas vinculadas con el Atributo Social de la tarjeta SUBE, las comisiones del sistema y las compensaciones por gasoil a precio diferencial.

El convenio finalizado había comenzado a regir en diciembre de 2018, luego del Consenso Fiscal que estableció que la provincia de Buenos Aires asumiría desde enero de 2019 la definición de los subsidios al transporte dentro de su territorio. Durante su vigencia, el entonces Ministerio de Transporte nacional calculaba y liquidaba las compensaciones, mientras que el Estado provincial transfería los recursos a las empresas prestatarias. El esquema atravesó 10 prórrogas entre 2019 y 2025, hasta que la última adenda fijó su vencimiento final para el 31 de diciembre pasado.

El Ejecutivo bonaerense modificó el mecanismo de asistencia con la creación de un régimen propio para las empresas de transporte automotor de jurisdicción provincial y municipal que operan dentro del AMBA. En ese marco, Axel Kicillof había creado a través del Decreto 3231/25 el Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, que reemplazó la asistencia técnica que hasta entonces prestaba el Gobierno nacional y volvió “innecesaria” la continuidad del acuerdo firmado siete años atrás.

De acuerdo con esta normativa, las empresas deberán presentar rendiciones de cuentas cuatrimestrales para detallar el destino de los subsidios percibidos, con el objetivo de garantizar el “uso correcto de los fondos públicos” destinados al sostenimiento del transporte automotor. Entre la información requerida, las prestatarias deberán identificar a la empresa y cada línea habilitada, precisar las compensaciones tarifarias recibidas y discriminar los gastos por servicio y rubro. 

La rendición también deberá incluir un informe firmado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que analice la aplicación de los recursos a la prestación del servicio.

Por último, la resolución vigente fijó un esquema de penalidades progresivas para aquellas compañías que incumplan con la presentación de la documentación en tiempo y forma. La primera falta implicará una retención del 10% de las compensaciones, que subirá al 50% después de 30 días y alcanzará el 100% de los fondos si el incumplimiento se extiende durante 60 días.

En un contexto marcado por la crisis de diversos sectores productivos que ha derivado en despidos, suspensiones y cierres de empresas, el Gobierno de Axel Kicillof presentó un informe detallado sobre la situación laboral en la provincia de Buenos Aires. Los datos, basados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), revelan que el desempleo aumentó en los seis principales aglomerados urbanos durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2023.

Según el ministro de Economía, Pablo López, la tasa de desocupación promedio en estos aglomerados pasó del 8 por ciento en 2023 al 9,5 por ciento en 2026, lo que representa un incremento de 1,5 puntos porcentuales. El funcionario destacó el impacto negativo de las medidas nacionales sobre el tejido social y productivo. “La política económica nacional está excluyendo a miles de familias bonaerenses”, expresó el ministro a través de la red social X.

El deterioro del mercado laboral no fue uniforme en todo el territorio. Mar del Plata registró el mayor impacto, con una tasa de desempleo que escaló del 4,9 por ciento al 9,3 por ciento. Por su parte, Bahía Blanca-Cerri y San Nicolás-Villa Constitución también exhibieron incrementos superiores a los dos puntos porcentuales. En los partidos del Gran Buenos Aires, la desocupación subió del 8,3 por ciento al 9,7 por ciento, mientras que en Gran La Plata el aumento fue de 0,7 puntos, alcanzando el 7,8 por ciento.

Además del desempleo, el informe advierte sobre el crecimiento de la subocupación, un fenómeno que refleja el deterioro de las condiciones laborales incluso entre quienes mantienen un puesto de trabajo. El Gran La Plata se destacó por un aumento significativo, duplicando su tasa del 9,3 por ciento al 18,2 por ciento. Al respecto, Pablo López señaló: “La subocupación agrava el cuadro. Cada vez son más los y las bonaerenses que trabajan menos horas de las que demandan para cubrir sus necesidades económicas”.

El análisis también desglosa la situación por grupos poblacionales. Si bien el desempleo femenino en jóvenes de hasta 29 años descendió, se observaron incrementos en los varones de la misma franja etaria y en el segmento de 30 a 64 años para ambos sexos. En total, el Gobierno provincial contabiliza 137.000 personas desocupadas más que en el primer trimestre de 2023.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes en el Boletín Oficial la Ley N° 15.613, la cual establece la obligatoriedad de colocar pictogramas de accesibilidad en todas las unidades del transporte público de pasajeros. La medida tiene como objetivo principal garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de transporte, con especial énfasis en los colectivos.

La reglamentación se formaliza un mes después de que la Legislatura bonaerense sancionara la norma, la cual busca facilitar la comunicación de personas con discapacidad que presentan dificultades en el lenguaje verbal. Asimismo, la ley dispone la capacitación obligatoria de los conductores en el trato hacia este colectivo.

En términos técnicos, la normativa incorpora el artículo 47 Bis al Decreto-Ley 16.378/57, que regula el transporte de pasajeros en la provincia. De esta manera, las empresas prestadoras del servicio deberán instalar obligatoriamente los pictogramas dentro de las unidades. 

A su vez, se modifica el artículo 26 de la Ley 13.927 de Tránsito, exigiendo que los conductores acrediten la realización y aprobación de las capacitaciones determinadas por la autoridad de aplicación como requisito indispensable para obtener la licencia habilitante.

Por otro lado, la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá proveer a los municipios que adhieran a la normativa los pictogramas de señalización necesarios. Estos deberán ser colocados en terminales de ómnibus, paradas de colectivos y otros espacios vinculados al transporte público, con el propósito de facilitar la anticipación y comprensión del entorno por parte de los usuarios.

Si bien la iniciativa ya contaba con experiencias previas de carácter voluntario, a partir de ahora su implementación es obligatoria. Un caso destacado es el de la línea 85 de Quilmes, considerada una de las pioneras en la materia y cuya experiencia sirvió de inspiración para la redacción de esta ley provincial. Sus unidades ya cuentan con señalización pictográfica diseñada para asistir a personas con algún trastorno del espectro autista (TEA) u otra discapacidad que dificulte la comunicación verbal.

La Procuración General de la provincia de Buenos Aires presentó "Justicia Clara", una nueva sección de comunicación institucional impulsada por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires (Mpba) con el objetivo de acercar la Justicia a la ciudadanía mediante información clara, sencilla y confiable.

La propuesta surge para responder a una necesidad concreta: que cualquier persona pueda comprender de manera rápida y accesible cómo actuar frente a distintas situaciones vinculadas con la Justicia, conocer cuáles son sus derechos, despejar dudas sobre conceptos jurídicos y acceder a las herramientas y servicios que brinda el Ministerio Público.

Con un lenguaje simple y cercano, Justicia Clara ofrecerá respuestas prácticas a consultas frecuentes y contenidos pensados para reducir las barreras que muchas veces genera el lenguaje jurídico. La iniciativa forma parte de una estrategia institucional destinada a fortalecer el acceso a la Justicia y acercar información útil a toda la comunidad.

Entre las preguntas que busca responder se encuentran cuestiones cotidianas como qué hacer ante un problema, dónde realizar una consulta, cómo trabajan las distintas áreas del Ministerio Público o qué derechos tienen las personas frente a determinadas situaciones.

Además, el espacio tendrá como objetivo derribar mitos, aclarar conceptos jurídicos que suelen generar confusión, combatir la desinformación y difundir las herramientas disponibles para la ciudadanía. La premisa central es transformar un lenguaje técnico y complejo en información fácil de comprender.

Contenidos de consulta permanente

La nueva sección contará con distintos formatos de publicación. Entre ellos se destacan "¿Qué hago si...?", con respuestas prácticas para orientar a las personas frente a problemas concretos; "Mito o Verdad", destinada a desmentir información falsa y aclarar dudas frecuentes sobre el funcionamiento de la Justicia; "Diferencias", con explicaciones sencillas sobre conceptos jurídicos que suelen confundirse; y "¿Sabías que...?", donde se difundirá información sobre derechos, servicios, herramientas y proyectos impulsados por el Ministerio Público.

El procurador general Julio Conte-Grand destacó la importancia de la iniciativa y afirmó que "el acceso a la Justicia comienza por el acceso a la información".

"A través de este espacio buscamos que cualquier persona pueda comprender, en un lenguaje sencillo, cuáles son sus derechos, cómo actuar frente a distintas situaciones y qué herramientas pone a su disposición el Ministerio Público. Una Justicia que se entiende es más cercana, más transparente y más accesible para toda la comunidad", sostuvo.

Finalmente, el titular del Ministerio Público remarcó que "acercar información confiable, derribar mitos y facilitar la comprensión del sistema judicial son pasos fundamentales para promover el ejercicio efectivo de los derechos y consolidar la confianza en las instituciones".

El Gobierno nacional instruyó a la Secretaría de Energía a convocar a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte (CAN), a más de 300 kilómetros del punto costero más cercano a Mar del Plata, dentro de la Plataforma Continental Argentina.

La decisión se tomó luego de que la empresa Challenger Energy Group PLC presentara una manifestación de interés para desarrollar actividades de exploración en una superficie cercana a los 5.000 kilómetros cuadrados.

Según establece el decreto, la iniciativa forma parte de la estrategia oficial para incrementar la producción de hidrocarburos y profundizar el conocimiento sobre el potencial energético del Mar Argentino mediante nuevas inversiones en exploración offshore.

Además, el texto resalta el reconocimiento internacional de los límites de la Plataforma Continental Argentina realizado en 2016 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que incorporó más de 1,78 millones de kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional.

La Secretaría de Energía será la encargada de elaborar el pliego de bases y condiciones, llevar adelante el proceso licitatorio y otorgar, por delegación del Poder Ejecutivo, tanto el permiso de exploración como una eventual concesión de explotación que surja del concurso.

El área CAN_200 se encuentra frente a la costa de la provincia de Buenos Aires, en una de las principales cuencas offshore del país. Se trata de la misma región donde en los últimos años fueron adjudicados otros bloques, como CAN-100, CAN-108, CAN-114 y CAN-102, vinculados a proyectos de exploración de empresas como Equinor, YPF y Shell.

La normativa también establece que las empresas que obtengan una concesión de explotación deberán abonar regalías sobre la producción de hidrocarburos. En ese sentido, será la Secretaría de Energía la que determine el procedimiento y la fórmula de cálculo para esos pagos, los cuales deberán quedar establecidos en el pliego de la licitación.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un paso fundamental para integrar la Inteligencia Artificial (IA) en las funciones de la administración pública. A través de la aprobación del Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la IA, se establecieron las reglas que regirán el desarrollo, la implementación y la utilización de estas tecnologías en todos los organismos bonaerenses.

La normativa designa al Ministerio de Gobierno, mediante la Subsecretaría de Gobierno Digital, como la autoridad de aplicación. Entre sus funciones principales, este organismo tendrá la responsabilidad de crear un registro obligatorio de los sistemas de IA utilizados por el Estado. El decreto tiene como objetivo consolidar una estrategia integral que permita mejorar la eficiencia, la calidad, la accesibilidad y la transparencia de los servicios estatales, promoviendo al mismo tiempo la soberanía tecnológica y la innovación pública.

Este nuevo marco es de aplicación obligatoria para la administración central, los organismos descentralizados y las entidades autárquicas de la provincia. Asimismo, la norma invita a los municipios bonaerenses a adherir de manera voluntaria a los principios y lineamientos establecidos.

Entre los ejes centrales del régimen se destacan la protección de los derechos fundamentales, la supervisión humana en la toma de decisiones, la transparencia y trazabilidad de los sistemas, la seguridad de la información, la protección de datos personales, la no discriminación, la interoperabilidad tecnológica y la rendición de cuentas.

La normativa dispone que cualquier desarrollo, contratación, implementación, uso o renovación de sistemas de inteligencia artificial deberá contar con la intervención previa de la Subsecretaría de Gobierno Digital, incluso en iniciativas financiadas con recursos externos. Este organismo tendrá facultades para homologar soluciones, elaborar protocolos, fijar estándares técnicos y evaluar los riesgos asociados.

Como parte del esquema de gobernanza, se conformará un Registro de Inteligencia Artificial donde los organismos deberán informar los sistemas que utilizan o desarrollan. Además, se prevé la creación de un Consejo Asesor interdisciplinario y multisectorial, integrado por especialistas y universidades, con funciones consultivas para analizar riesgos y proponer buenas prácticas.

Finalmente, la autoridad de aplicación deberá impulsar mecanismos de evaluación de impacto que consideren efectos sobre los derechos fundamentales, la calidad de los servicios públicos, la presencia de sesgos en los algoritmos, las condiciones laborales, la necesidad de mantener supervisión humana y el impacto ambiental derivado del funcionamiento de estos sistemas.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento del 15% para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Centros Juveniles, con el objetivo de reforzar la asistencia alimentaria y el acompañamiento a niños, niñas y jóvenes bonaerenses.

El anuncio fue realizado este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Según se informó, el incremento del 15% en el SAE comenzará a regir a partir de agosto y permitirá que el programa acumule durante 2026 un aumento del 49,58%, porcentaje que, de acuerdo con el Ejecutivo provincial, supera la inflación interanual registrada entre mayo de 2025 y mayo de 2026, que fue del 33,2%.

Con esta actualización, la inversión mensual destinada al servicio pasará de $54.000 millones a $70.400 millones, lo que implica un incremento de $16.400 millones por mes. En términos anuales, el presupuesto ascenderá a $588.850 millones, destinados a garantizar desayunos, almuerzos y meriendas para más de 2,5 millones de estudiantes.

"Este aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar es un esfuerzo inmenso para fortalecer una política troncal de nuestra gestión que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes", afirmó Larroque, quien sostuvo que la medida busca acompañar a las familias bonaerenses "en este momento tan difícil".

Por otra parte, el Gobierno provincial confirmó que desde septiembre también se aplicará un 15% de aumento para las UDI y los Centros Juveniles, que acumularán durante 2026 una suba del 43,75%.

Las Unidades de Desarrollo Infantil brindan cuidado, atención alimentaria y acompañamiento a niñas y niños de entre 45 días y 14 años. Con el incremento, la inversión anual pasará de $54.377 millones a $56.412 millones.

En tanto, los Centros Juveniles, destinados a jóvenes de 14 a 29 años, elevarán su presupuesto anual de $10.282 millones a $10.857 millones.

Durante la presentación, Larroque también destacó las políticas implementadas por la gestión provincial en materia de infraestructura escolar. "Desde que asumimos, triplicamos la cantidad de chicos que almuerzan en los colegios gracias a un despliegue histórico de infraestructura, con más de 400 comedores construidos o refaccionados, y equipamiento distribuido en los 135 distritos", señaló.

Además, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y sostuvo: "Mientras el Gobierno nacional le quita recursos a los sectores que más lo necesitan, en la Provincia respondemos con un Estado presente que ayuda a palear el ajuste del modelo de Javier Milei".

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento del 15% para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), una medida que eleva la inversión mensual destinada a esta política a 70.000 millones de pesos. El anuncio fue realizado durante la conferencia de prensa semanal encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a los ministros de Economía, Pablo López, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Según detalló Carlos Bianco, el incremento fue definido tras un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el equipo económico que conduce Pablo López. Con esta actualización, el aumento acumulado del SAE en lo que va del año se acerca al 50%. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que esta suba no constituye únicamente una actualización por inflación, sino que representa “un aumento real por encima de los índices de precios”.

El Servicio Alimentario Escolar se ha consolidado como la principal política alimentaria de la provincia, contando con más de 2,5 millones de destinatarios. El ministro de Gobierno destacó que, desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof, se casi triplicó la cantidad de estudiantes que almuerzan en establecimientos educativos bonaerenses, permitiendo incorporar a 500.000 chicos y chicas al sistema.

En paralelo, la gestión informó que se desarrollaron, refaccionaron o mejoraron 400 comedores escolares, mientras que otros 40 se encuentran en ejecución. Asimismo, se invirtieron 9.000 millones de pesos en equipamiento gastronómico, alcanzando a 135 municipios y beneficiando a unas 7.500 escuelas, lo que representa cerca del 70 por ciento de los establecimientos educativos de la provincia.

Al referirse al refuerzo presupuestario, el ministro Andrés Larroque sostuvo que se trata de un “esfuerzo inmenso que hace la Provincia para poner en valor la política alimentaria escolar”. No obstante, el funcionario cuestionó la falta de asistencia del Gobierno nacional, lamentando que continúan sin recibir respuestas para el financiamiento de las políticas que brindan un plato de comida diario a miles de estudiantes.

Durante el mismo encuentro, Carlos Bianco realizó un balance del programa Puentes, destinado a ampliar la oferta universitaria en el interior bonaerense. El ministro aseguró que la iniciativa “le ha dado futuro a los pueblos” y precisó que actualmente participan 25 universidades, se dictan 368 carreras, funcionan 53 centros universitarios y cursan más de 21.000 estudiantes, mientras casi 3.000 personas ya finalizaron sus estudios.

Finalmente, el funcionario confirmó el lanzamiento de la temporada turística de invierno con promociones del Banco Provincia. En este marco, volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la situación del sector, al sostener que existe una “ausencia absoluta y total” de políticas de incentivo, atribuyendo la caída de la actividad al deterioro del poder adquisitivo producto del modelo económico impulsado por Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció este lunes un aumento salarial escalonado del 7% destinado a las fuerzas de seguridad. La medida fue comunicada este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el ministro de Economía, Pablo López.

Según detalló el titular de la cartera económica, el incremento se hará efectivo en dos etapas: un 5% correspondiente al mes de julio y un 2% adicional en agosto. El cálculo se realizará sobre la base de los salarios percibidos en junio. Asimismo, el funcionario precisó que se aplicará una mejora del 30% en las asignaciones familiares.

“Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”, indicaron las autoridades del gobierno bonaerense.

Este esquema salarial sigue la línea de los acuerdos alcanzados previamente con los trabajadores docentes y aquellos comprendidos en la Ley 10.430.

Durante el anuncio, Pablo López se refirió al complejo escenario económico que atraviesa el país. Al respecto, el ministro señaló: “Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”.

Finalmente, el funcionario destacó el esfuerzo presupuestario realizado por la gestión provincial para intentar mitigar el impacto de la crisis. Al respecto, concluyó: “En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”.