El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó los valores de las multas de tránsito para el período comprendido entre julio y agosto, aplicando un ajuste del 2,5 por ciento. Tras el incremento registrado durante el bimestre mayo-junio, esta nueva suba se presenta de manera más moderada, aunque las sanciones por infracciones graves, como el exceso de velocidad o la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV), alcanzan cifras elevadas.

De acuerdo a la resolución, el valor de la Unidad Fija (UF) utilizada para calcular las multas pasó de 2.215 a 2.271 pesos para los próximos dos meses. Este ajuste se vincula directamente con el precio del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata, el cual había experimentado un fuerte incremento tras el inicio del conflicto en Medio Oriente. No obstante, en las últimas semanas, y tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el valor del petróleo descendió considerablemente, lo que permitió que los precios de los combustibles no registraran nuevos aumentos.

Los valores establecidos para las distintas faltas son los siguientes:

Exceso de velocidad: entre 340.650 y 2.271.000 pesos (entre 150 y 1.000 UF).

No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre 113.550 y 227.100 pesos (entre 50 y 100 UF).

Pasar un semáforo en rojo: entre 681.300 y 2.271.000 pesos (entre 300 y 1.000 UF).

Circular a contramano: entre 681.300 y 2.271.000 pesos (entre 300 y 1.000 UF).

Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre 681.300 y 2.271.000 pesos (entre 300 y 1.000 UF).

Mal estacionamiento: entre 113.550 y 227.100 pesos (entre 50 y 100 UF).

Conducir alcoholizado: entre 681.300 y 2.271.000 pesos (entre 300 y 1.000 UF).

Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre 1.135.500 y 2.725.200 pesos (entre 500 y 1.200 UF).

Circular con la VTV vencida: entre 681.300 y 2.271.000 pesos (entre 300 y 1.000 UF).

Manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre 681.300 y 2.271.000 pesos (entre 300 y 1.000 UF).

Manejar sin habilitación: entre 681.300 y 2.271.000 pesos (entre 300 y 1.000 UF).

Circular sin la documentación: entre 113.550 y 227.100 pesos (entre 50 y 100 UF).

Circular sin cobertura de seguro: entre 681.300 y 2.271.000 pesos (entre 300 y 1.000 UF).

Circular sin el comprobante del seguro: entre 113.550 y 227.100 pesos (entre 50 y 100 UF).

Circular con exceso de ocupantes: entre 113.550 y 227.100 pesos (entre 50 y 100 UF).

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Registro de Perfiles Genéticos, un sistema diseñado para cruzar las evidencias recolectadas en las escenas del crimen con los perfiles de personas imputadas y condenadas por la Justicia. Esta herramienta busca optimizar la investigación e identificación de los autores de delitos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la relevancia de esta medida al señalar que se trata de un paso inédito para la seguridad.

“Vamos a poder cruzar el ADN de las escenas del crimen, identificar a los culpables y conectar investigaciones. Se terminó el vale todo. Ley y orden”.

El nuevo régimen fue establecido mediante la sanción de la Ley 6.956 en la Legislatura porteña, la cual deroga la antigua y restrictiva Ley 4.114 del 2011. La iniciativa fue propuesta por la legisladora del PRO, Gimena Villafruela, y su aplicación quedará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Hasta el momento, la información biológica permanecía aislada, lo que impedía conectar casos de manera sistemática. Con esta base de datos digital, las pruebas podrán dialogar entre sí de forma inmediata. El alcance del registro se expande significativamente, ya que anteriormente estaba limitado solo a condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual.

El sistema garantiza la protección de datos bajo la Ley 1.845, asegurando que la identidad solo se revele ante un impacto positivo. Además, se prevén sanciones ante filtraciones y la eliminación inmediata del perfil en caso de absolución o sobreseimiento firme. Como referencia técnica, se tomó el modelo de la provincia de Mendoza, donde 7 de cada 10 rastros biológicos permiten identificar a su autor.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una actualización en el valor de la compensación especial por recargo de servicio destinada al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La medida, que impactará directamente en los haberes de los agentes, rige con retroactividad al 1 de mayo de 2026.

A través de un decreto, se establecieron nuevos valores para los trabajadores del sector. El personal que desempeña tareas de índole estrictamente administrativa percibirá 900 pesos por hora, mientras que aquellos agentes afectados a funciones de seguridad recibirán 1.800 pesos por hora. Esta modificación representa un incremento del 50 por ciento en este concepto, superando los valores fijados en la última actualización realizada en septiembre de 2024.

Con esta resolución, se dejan sin efecto los montos establecidos mediante el Decreto N° 2000/24, que había determinado una compensación de 600 pesos por hora para el personal administrativo y 1.200 pesos por hora para el personal de seguridad.

En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo explicó que la decisión busca garantizar la operatividad del servicio en áreas críticas. La extensión de la jornada laboral resulta indispensable para el cumplimiento de tareas esenciales, tales como el traslado de internos, la realización de guardias reforzadas, la ejecución de diligencias administrativas urgentes y la cobertura de servicios extraordinarios.

Asimismo, el decreto detalla que esta actualización responde a la realidad económica actual. El proceso administrativo contó con la intervención favorable de las áreas técnicas y presupuestarias de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Economía, además del aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.

La provincia de Buenos Aires busca ampliar su plan de infraestructura renovable mediante la licitación de tres nuevos parques solares distribuidos en distintos municipios. Estos proyectos se sumarán a otros cinco que ya se encuentran en construcción, con el propósito de mejorar la calidad del servicio eléctrico y dar respuesta efectiva a los consumos estacionales.

De los ocho proyectos previstos, cinco ya están en ejecución en las localidades de Alberti, 16 de Julio (Azul), Pehuen-Có (Coronel Rosales), Pipinas (Punta Indio) y San Cayetano. En los parques de San Cayetano y Pehuen-Có, se incorporan sistemas de almacenamiento mediante baterías, lo que permite atender demandas específicas de la red eléctrica. 

En total, estas cinco obras suman una potencia fotovoltaica de 3,5 MW y 2.900 kWh de almacenamiento, aumentando la disponibilidad de energía en zonas con restricciones de abastecimiento.

A estas intervenciones se sumarán tres nuevos emprendimientos en Castilla (Chacabuco), Marisol (Coronel Dorrego) y Gorchs (General Belgrano), los cuales se encuentran actualmente en proceso de licitación. 

El Parque Solar Castilla contará con una potencia de 400 kWp y será operado por la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, permitiendo reforzar el abastecimiento en una zona ubicada en punta de línea.

Por su parte, el Parque Solar Marisol dispondrá de una potencia de 200 kWp asociada a un sistema de almacenamiento de 1.500 kWh. 

En tanto, el de Gorchs tendrá una potencia de 400 kWp y un sistema de acumulación de 1.600 kWh, lo que ayudará a aliviar las limitaciones en una red caracterizada por extensas líneas de distribución y una alta demanda de usuarios rurales e industriales.

Las iniciativas forman parte del Plan de Generación Distribuida Solar que impulsa la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos junto con el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (Freba), a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (Proinged). El plan busca brindar soluciones en localidades situadas en puntas de línea, donde cualquier falla en el trayecto previo interrumpe el suministro.

Con la entrada en operación de estas instalaciones durante 2027, la provincia alcanzará un total de 34 parques solares en funcionamiento y una potencia fotovoltaica instalada de 12 MWp. En su conjunto, estos desarrollos generarán alrededor de 21.000 MWh anuales, energía equivalente al consumo de aproximadamente 7.000 hogares bonaerenses, evitando además la emisión de más de 11.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la puesta en marcha del Programa de Unidades de Almacenamiento de Energía en Baterías. Esta iniciativa tiene como objetivo principal incorporar sistemas de almacenamiento eléctrico en puntos estratégicos de la red provincial, buscando mejorar la calidad del servicio y mitigar los riesgos asociados a las restricciones estructurales del sistema de transporte de energía.

La medida, impulsada a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, propone fortalecer la confiabilidad del sistema mediante la instalación de centrales que permitan acumular energía durante los períodos de baja demanda y liberarla en los momentos de mayor consumo. Según se informó, esta tecnología permitirá brindar soluciones transitorias mientras avanzan las obras de ampliación de la red de transporte.

La necesidad de esta implementación responde al crecimiento constante de la demanda eléctrica. Es habitual que, durante el verano, las olas de calor y el elevado consumo deriven en cortes de suministro que afectan a familias y comercios. En este sentido, el Gobierno nacional también avanza en una estrategia similar de almacenamiento eléctrico.

El programa busca, además, reemplazar de manera progresiva a los equipos de generación eléctrica distribuida que funcionan con gasoil, los cuales se utilizan actualmente para reforzar el suministro en situaciones críticas. La iniciativa será financiada mediante recursos del Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), componente que integra una subcuenta específica del Fondo de Inversiones en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (FITBA).

La normativa establece el marco operativo para la compra, operación y mantenimiento de estos sistemas. La resolución encomienda a la empresa estatal Buenos Aires Energía S.A. (BAESA) la gestión necesaria para la adquisición e instalación de los equipos, ya sea de forma directa o a través de terceros.

Finalmente, la Dirección Provincial de Energía será la encargada de definir la localización de las baterías, identificando los puntos donde el sistema de transporte presenta mayores déficits.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó frenar la incorporación de nuevos buques destinados a la pesca de calamar, luego de que el Consejo Federal Pesquero aprobara una resolución que habilita la presentación de proyectos para sumar hasta 18 embarcaciones poteras a la flota nacional.

La medida nacional busca ampliar la capacidad de captura de calamar argentino (Illex argentinus) y fortalecer la presencia de la flota nacional frente a la intensa actividad de barcos extranjeros que operan en el límite de la Zona Económica Exclusiva. Según los fundamentos oficiales, actualmente existen 84 buques poteros argentinos en actividad, una cifra muy inferior a las cerca de 150 unidades que llegaron a operar en los años de mayor desarrollo de la pesquería.

Sin embargo, desde la representación bonaerense en el Consejo Federal Pesquero manifestaron su desacuerdo con la iniciativa. El representante provincial, Carlos Liberman, fue el único miembro del organismo que votó en contra de la resolución y pidió que se suspenda el proceso hasta contar con evaluaciones más exhaustivas sobre las consecuencias que podría tener el aumento de la flota.

La postura bonaerense se basa en la necesidad de profundizar los estudios científicos antes de avanzar con una expansión de la capacidad pesquera. Desde la Provincia consideran que resulta indispensable analizar con mayor detalle los efectos que podría generar la incorporación de nuevas embarcaciones sobre los recursos marítimos y sobre el equilibrio de la actividad en el largo plazo.

La resolución nacional se apoya en informes técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que concluyeron que la incorporación de entre 15 y 20 nuevas unidades no representaría un riesgo significativo para los principales stocks de calamar explotados por Argentina.

Desde el sector pesquero nacional sostienen que la medida permitirá capturar una mayor cantidad de calamar dentro de aguas argentinas antes de que el recurso migre hacia la denominada milla 201, donde es explotado por cientos de embarcaciones extranjeras.

Informes oficiales señalaron que durante este año fueron detectados más de 330 buques poteros extranjeros operando en áreas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva argentina.

Además, las autoridades nacionales estiman que la incorporación de nuevas embarcaciones podría generar alrededor de 600 puestos de trabajo directos y aumentar la actividad en plantas de procesamiento, puertos y servicios vinculados a la industria pesquera.

Mientras continúa el debate, la Provincia insiste en la necesidad de priorizar criterios de sustentabilidad y evaluación científica antes de avanzar con cambios estructurales en una de las pesquerías más importantes del país.

A casi 20 años de su desaparición, el Gobierno bonaerense elevó el monto de la recompensa que recibirán quienes aporten información que permita determinar el paradero de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz. Lo hizo mediante el Decreto 654/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El Gobierno de Axel Kicillof aumentó la recompensa ofrecida para quienes aporten datos que permitan determinar el paradero del albañil y militante peronista desaparecido el 18 de septiembre de 2006. La suma será de entre $5 millones y $10 millones, de acuerdo con la relevancia de la información aportada y los resultados que permita obtener en la investigación.

Desde el Gobierno provincial recordaron que la recompensa había sido establecida originalmente en 2006 y que posteriormente fue incrementada en varias oportunidades. Sin embargo, señalaron que, pese al tiempo transcurrido y a las distintas medidas investigativas realizadas, "no se han obtenido resultados suficientes a fin de determinar lo sucedido".

La decisión fue impulsada a partir de un pedido de la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que manifestó interés en actualizar el monto ofrecido para intentar obtener nuevos datos sobre uno de los casos más emblemáticos vinculados a los juicios por crímenes de la última dictadura.

El decreto establece que quienes deseen aportar información podrán hacerlo con reserva de identidad ante la Unidad Fiscal Federal de La Plata, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, la Secretaría Penal N° 3 o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El 28 de junio de 2006, López, que había sido secuestrado en octubre de 1976, declaró ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, donde identificó a represores, describió centros clandestinos y relató los tormentos sufridos durante su cautiverio. Su declaración fue considerada una de las pruebas centrales para la condena a prisión perpetua de Etchecolatz quien identificó como uno de sus torturadores y como participante de operativos represivos en la región.

Menos de tres meses después, el 18 de septiembre de ese año, salió de su casa en la localidad de Los Hornos para asistir a una audiencia del juicio en la que se escucharían los alegatos finales. Nunca llegó al lugar y desde entonces permanece desaparecido.

En el marco de la reciente reunión paritaria con los gremios que nuclean a los estatales bonaerenses, los funcionarios del gobernador Axel Kicillof confirmaron que el medio aguinaldo será depositado “en tiempo y forma”. Sin embargo, el Ejecutivo provincial no presentó una oferta de aumento para los haberes de junio, tal como habían solicitado los representantes sindicales.

El encuentro, desarrollado en el Ministerio de Trabajo, contó con la participación del presidente del Banco Provincia (BAPRO), Juan Cuattromo. Su presencia marcó un hecho inédito, ya que es la primera vez que un titular de la entidad bancaria participa de estas negociaciones, reflejando la importancia que el Gobierno bonaerense le otorga a la problemática del endeudamiento en un contexto de aumento de la mora.

Como parte de las propuestas, el Ejecutivo planteó una suba del 30 por ciento en las asignaciones familiares, a aplicarse en tres tramos desde el 1° de julio. Asimismo, se ofreció una mejora en la financiación con tarjeta de crédito y un plan de refinanciación para deudas con el Banco Provincia. Según precisaron, el plan contempla una baja de tasas con plazos de hasta 72 meses.

“En los casos de mora de hasta 90 días de atraso, la tasa será de 39% anual para personas con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000). Para los casos de mora mayor a 90 días, se ofrece una tasa especial de 31% anual, exclusiva para personas en una situación de sobrendeudamiento”, puntualizaron desde el Ejecutivo.

Por su parte, el secretario gremial de UPCN BA, Juan Pablo Oyarzábal, insistió en la “necesidad de contar con un aumento salarial al sueldo básico” para el presente mes. Respecto a la falta de una oferta concreta, el dirigente señaló: “Entendemos que va a haber una convocatoria la semana próxima, pero nos manifestaron que no ven viable confirmar un aumento salarial que contemple junio”.

Desde el Gobierno bonaerense analizan extender la duración de los próximos acuerdos salariales entre tres y cuatro meses. Cabe recordar que el último entendimiento, alcanzado en marzo, incluyó una recomposición del 9 por ciento en tres tramos, cifra que los gremios consideran insuficiente frente a la inflación acumulada del 14,7 por ciento en lo que va del 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

Las negociaciones continuarán la próxima semana, mientras que este viernes se llevará a cabo la reunión con los gremios docentes, tras la suspensión del encuentro previo por cuestiones de agenda.

Los concejales del bloque Hechos – Alternativa Tandil presentaron un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante de Tandil mediante el cual solicitan a la Dirección Provincial de Vialidad la reparación integral del Camino Provincial 103-15, conocido como acceso a Gardey. El pedido se fundamenta en el “avanzado deterioro que presenta en distintos sectores y la falta de respuestas a reclamos anteriores”.

La iniciativa recuerda que ya transcurrió más de un año desde la aprobación de la Resolución 3389 del Concejo Deliberante, por la cual se había requerido la intervención del organismo provincial para ejecutar obras de reparación, “sin que hasta el momento se hayan concretado las obras necesarias”.

Según detalla el proyecto, “el camino presenta grietas, pozos y baches en gran parte de su recorrido, una situación que genera riesgos para los vecinos de Gardey y para todas las personas que transitan habitualmente por la zona”. Además, se advierte que “el problema se agrava durante jornadas de niebla o precipitaciones, afectando las condiciones de seguridad vial”.

En este contexto, el concejal Matías Meli explicó: “Lo que presentamos fue un pedido a la Provincia para ver si pueden reparar el acceso, que en parte se está rompiendo bastante. Ya el año pasado habíamos hecho también un pedido y no tuvimos respuesta. En ese momento fue dirigido al Ejecutivo para que realizara las gestiones ante la Provincia, pero no hubo avances y la verdad es que el acceso se sigue rompiendo”.

El edil agregó que el expediente incorpora material fotográfico que documenta el estado actual del pavimento y remarcó la necesidad de intervenir antes de que el deterioro sea irreversible. “Yo creo que todavía se está a tiempo de hacer algunas reparaciones. No queremos que Gardey termine como De la Canal, Azucena o Fulton, donde los accesos se fueron deteriorando, nunca se arreglaron y lamentablemente terminaron levantándose y quedando sin acceso pavimentado. Creemos que todavía se está a tiempo y que, si se hace una reparación, se va a poder recuperar”, sostuvo.

El proyecto también subraya la relevancia estratégica del acceso a Gardey, al tratarse de una vía de jurisdicción provincial que conecta la localidad con la Ruta Nacional 226 y que es utilizada diariamente por vecinos, estudiantes, docentes, trabajadores y productores rurales de la zona.

“Ese acceso es provincial y tiene mucho tránsito. Está la Escuela de Concentración y toda la población de Gardey. Además, abarca una amplia zona rural porque tiene salida a la Ruta Nacional 226 y también es utilizado por vecinos y productores vinculados a María Ignacia Vela, por lo que tiene una circulación muy importante”, indicó Meli.

Finalmente, la iniciativa solicita que la Dirección Provincial de Vialidad disponga “de manera urgente” la intervención técnica y operativa necesaria para ejecutar tareas de repavimentación, bacheo y mantenimiento integral, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y preservar una conexión clave para los habitantes de Gardey y la región.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la colocación de señalética informativa en todos los inmuebles donde funcionen organismos públicos y en las áreas naturales protegidas o parques provinciales. El objetivo central de esta iniciativa es indicar la distancia existente entre dichos lugares y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La medida fue oficializada mediante un decreto del gobernador Axel Kicillof y se enmarca en las políticas provinciales destinadas a fortalecer la memoria colectiva y el reclamo de soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur. Según establece la norma publicada en el Boletín Oficial, cada dependencia deberá instalar una placa en sus accesos principales, en un lugar visible tanto para los trabajadores como para los visitantes.

La señalética deberá incluir el nombre del establecimiento y la distancia exacta que lo separa de Puerto Argentino, tomando como referencia los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional. Asimismo, cada organismo será responsable de la impresión de los carteles, siguiendo un modelo único aprobado como anexo del decreto.

Esta iniciativa amplía el alcance del programa “Malvinas Siempre Cerca”, una propuesta educativa impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación que ya se aplica en escuelas bonaerenses mediante la colocación de carteles que indican cuántos kilómetros separan a cada establecimiento de las islas. Posteriormente, la experiencia también fue extendida a los centros universitarios que integran el programa provincial Puentes.

Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno bonaerense destacó que “la Cuestión Malvinas constituye una causa histórica, jurídica, política y cultural permanente para la Nación Argentina”. En ese sentido, recordó que la Constitución Nacional ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y considera su recuperación como un objetivo permanente e irrenunciable.

La normativa establece además que la instalación de cada cartel deberá realizarse mediante actos públicos con la participación de veteranos de la Guerra de Malvinas, vecinos, autoridades provinciales y municipales. Finalmente, el Ejecutivo invitó a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa y replicar la medida en sus respectivas jurisdicciones.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires modificó la reglamentación de la Ley de Obra Pública con el objetivo de agilizar los procesos de contratación, establecer reglas más precisas para la ejecución de los proyectos y otorgar mayor previsibilidad a las empresas contratistas. La medida fue oficializada mediante el Decreto 623/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma introduce cambios al Decreto 5488/59, reglamentario de la Ley 6021 de Obras Públicas, y adapta el marco regulatorio a las modificaciones incorporadas recientemente por la Ley de Presupuesto 2026. 

El nuevo decreto modifica siete artículos de la ley para darle “mayor eficiencia” a las contrataciones. Según se desprende de los fundamentos del decreto, la administración del gobernador Axel Kicillof considera que la obra pública constituye uno de los principales motores de la economía bonaerense y que resulta necesario modernizar los procedimientos administrativos para mejorar su eficiencia, calidad y eficacia.

Uno de los cambios centrales está vinculado al rol del Consejo de Obras Públicas. A partir de ahora, su intervención previa a las licitaciones quedará limitada a la emisión de un dictamen de carácter exclusivamente técnico denominado “Validación de Proyecto”. 

Ese análisis abarcará la revisión de planos, pliegos de bases y condiciones, presupuestos oficiales, memorias descriptivas y, en determinados casos, estudios técnico-económicos vinculados a la explotación de servicios públicos.

El decreto también redefine aspectos relacionados con las contrataciones directas. Entre otras cuestiones, establece que podrán utilizarse cuando el presupuesto oficial de la obra no supere el equivalente a 400 unidades de medida, definidas como el valor del metro cuadrado de construcción. Ese valor será actualizado por la autoridad de aplicación en función de índices objetivos vinculados a la evolución de los costos del sector.

En materia de adjudicación, la nueva reglamentación dispone que el precio continuará siendo el criterio principal para determinar la oferta más conveniente. Sin embargo, de manera excepcional y siempre que esté previsto en los pliegos, podrán considerarse otros factores como la calidad de la propuesta, sus aspectos técnicos, la solvencia de la empresa, sus antecedentes, la integridad del oferente y criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.

La norma incorpora además nuevas pautas para las modificaciones contractuales durante la ejecución de las obras. En los casos en que se utilicen las reservas presupuestarias previstas por la legislación vigente, ya no será necesario suscribir un nuevo contrato, sino que bastará con un acto administrativo que apruebe los cambios y certifique que responden a necesidades concretas de la obra.

Otro aspecto es la incorporación de un nuevo artículo que regula las prórrogas de plazo. Las empresas contratistas podrán solicitar extensiones del tiempo de ejecución cuando existan causales previstas por la ley, siempre que presenten una justificación formal dentro de los 30 días de producido el hecho que generó la demora. La repartición encargada del control de la obra deberá evaluar la incidencia efectiva de esas circunstancias sobre el plan de trabajos. 

Las nuevas disposiciones se aplicarán a las licitaciones en las que aún no se hayan abierto las ofertas y, en materia de ejecución de obras, alcanzarán a los contratos actualmente vigentes, siempre que no se afecte el principio de igualdad entre los participantes.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha este jueves la denominada Operación Muro, un plan estratégico diseñado para blindar los accesos del área metropolitana a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires. El despliegue abarca 24 kilómetros de ingresos y puentes sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo, incluyendo 27 pasos peatonales, 48 vehiculares y 16 puntos estratégicos.

Al oficializar la medida, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, utilizó sus redes sociales para defender la iniciativa:

No vamos a pedir perdón por cuidar a los porteños. Un muro de control contra la barbarie y el desgobierno de Axel Kicillof. Ley y orden.

Desde la gestión porteña sostuvieron que el operativo busca atacar el delito y consolidar la baja en las tasas de criminalidad. En las tareas participan la división canina K9, personal de Tránsito y de Emergencias y Seguridad Comunal. Durante una recorrida por el Anillo Digital Sur, Jorge Macri reafirmó que la seguridad es una prioridad para su administración.

La medida generó una fuerte respuesta por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien cuestionó duramente al jefe de Gobierno porteño.

"Jorgito: hablás de levantar un muro contra la barbarie solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia", expresó el funcionario bonaerense en sus redes sociales.

Javier Alonso también acusó a Jorge Macri de intentar descargar su frustración con los bonaerenses, al tiempo que destacó la colaboración de la provincia en la atención de salud y seguridad de los vecinos de la Capital. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof no se pronunció sobre la nueva medida.

La Operación Muro complementa las acciones de saturación que realiza diariamente la Policía de la Ciudad y se apoya en la infraestructura del Anillo Digital, un sistema que cuenta con 814 pórticos lectores de patentes en 74 accesos y supervisa más de 3 millones de dominios vehiculares por día.

La disputa entre el Gobierno nacional y el de la Provincia sumó un nuevo capítulo tras la entrada en vigencia de la normativa nacional que habilita a talleres particulares a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para vehículos de todo el país. Apenas horas después de que comenzara a regir el registro para talleres privados, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ratificó que no adherirá a la medida impulsada por la Nación.

En este sentido, se advirtió que los vehículos radicados en territorio bonaerense, incluyendo los que circulan por Tandil, deberán continuar realizando la Verificación Técnica Vehicular (VTV) exclusivamente en las plantas oficiales habilitadas por la Provincia. La medida impactará en los conductores de la ciudad, quienes deberán cumplir con el esquema provincial para evitar sanciones en los controles de tránsito.

El encargado de confirmar la postura bonaerense fue el ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, quien sostuvo que la desregulación promovida por el Ejecutivo nacional "no impacta en la provincia porque es Ley y eso es algo autónomo". En esa misma línea, señaló que "todo vehículo registrado en la provincia de Buenos Aires tiene que tener vigente la VTV de la provincia de Buenos Aires”.

La normativa nacional, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, permite que talleres particulares y concesionarios registrados ante la Secretaría de Transporte de la Nación efectúen las revisiones. Sin embargo, desde el Gobierno bonaerense remarcaron que “la autonomía de las jurisdicciones les permite mantener su propio sistema de control”.

Fuentes vinculadas al área de Transporte provincial señalaron que un conductor que presente una revisión realizada bajo el nuevo esquema nacional podría ser sancionado durante un control de tránsito. Incluso, indicaron que las autoridades podrían labrar infracciones o proceder a la retención del vehículo por incumplir con la normativa vigente en territorio bonaerense.

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente constituye una infracción a la Ley de Tránsito y puede generar distintas consecuencias para los conductores. En caso de ser detectada durante un control vehicular, las autoridades están facultadas para labrar el acta de infracción correspondiente y aplicar las multas económicas previstas por la normativa vigente.

Además, la falta de VTV puede derivar en la retención de la documentación del vehículo y, en determinados casos, las autoridades provinciales pueden incluso impedir la circulación del rodado hasta que la situación sea regularizada.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires aprobó una actualización en los montos de las becas correspondientes a los programas de Fortalecimiento Comunitario para la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes, Operadores de Calle y Autonomía Joven. 

La medida, publicada este viernes 5 de junio en el Boletín Oficial, establece incrementos escalonados para los meses de febrero, marzo y abril de 2026.

El objetivo central de esta resolución es recomponer los valores de los beneficios frente al impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Según se detalla en los fundamentos de la norma, la actualización responde a que los montos vigentes habían quedado “por debajo del índice inflacionario”, una situación que se vio agravada por el contexto económico nacional.

La medida se aplicará de manera retroactiva para los meses mencionados y alcanza a los becarios que se desempeñan en las categorías de Administrativo/a, Profesional y Coordinadores dentro de los programas dependientes del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Para afrontar la actualización de los beneficios, la resolución fija una erogación total de 1.208.778.465 pesos. El financiamiento se realizará a través de las partidas previstas en el Presupuesto General 2026, aprobado mediante la Ley 15.557. 

Desde el Gobierno bonaerense indicaron que estos programas son fundamentales para las políticas provinciales orientadas a la protección, el acompañamiento y la inclusión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Desde febrero de 2026

Desde marzo de 2026

Desde abril de 2026

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reiteró este lunes su apoyo para que los municipios puedan disponer libremente de los fondos provenientes del endeudamiento provincial. Sin embargo, el funcionario dejó un mensaje a la Legislatura, que actualmente debate otorgar mayores facultades a una Comisión Bicameral para supervisar el manejo de dichos recursos.

La postura del funcionario de Axel Kicillof surgió luego de que un grupo de intendentes reclamara a la Legislatura avanzar en este sentido, ante las dificultades financieras que atraviesan las comunas. En este escenario, el radicalismo ejerce una presión clave para modificar la ley vigente.

El fondo en cuestión se integrará con el 8 por ciento de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y contará con una garantía mínima de 250.000 millones de pesos provenientes de Rentas Generales, a transferirse en cinco tramos hasta junio de 2027. No obstante, el 70 por ciento se distribuirá según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30 por ciento restante financiará programas provinciales ejecutados por los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.

“Creo que se puede hacer más simple, decir que el 100% es de libre disponibilidad y se entregan por el CUD. Me parece que es la forma más razonable de que lleguen los fondos a los municipios de una manera equitativa porque además existe un coeficiente para distribuir esos fondos. Así que esa es la posición de del del Ejecutivo”, afirmó Bianco en conferencia de prensa en Gobernación.

El reclamo del radicalismo es compartido por otros sectores de la oposición, como el PRO, y también por alcaldes del peronismo. Todos ellos se encuentran afectados por la caída de los fondos coparticipables y de la recaudación propia, sumado al incremento de las demandas que deben afrontar las administraciones locales, en parte como consecuencia del ajuste de gastos nacional.

La atención se centra ahora en la Comisión de Presupuesto, que se reúne este martes. Sobre la mesa se encuentra un proyecto del diputado Diego Garciarena, presidente del Bloque UCR + Cambio Federal, para modificar el mecanismo y establecer la intervención de una Comisión Bicameral parlamentaria en la entrega de los fondos.

Este punto representa el mayor conflicto con el Gobierno de Kicillof, que rechaza que dicho cuerpo tenga control sobre el 30 por ciento de los fondos a repartir. La iniciativa de Garciarena no solo otorga atribuciones para solicitar trimestralmente datos sobre la ejecución presupuestaria, sino que le da la facultad de autorizar el pago de los fondos correspondientes al 30 por ciento de libre disponibilidad contemplado en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, incorporando un mecanismo de control legislativo directo.

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense creó el Programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA), una iniciativa diseñada para reforzar las trayectorias educativas de los alumnos que ingresan al nivel secundario y presentan dificultades en lectura y escritura.

La medida, aprobada por resolución oficial, estará vigente entre el 18 de mayo y el 30 de septiembre de 2026. El alcance del programa incluye a estudiantes de primer año de escuelas secundarias de gestión estatal y privada con aporte estatal, abarcando también a establecimientos de Educación Técnico Profesional y Educación Artística.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, las evaluaciones realizadas al inicio del ciclo lectivo detectaron dificultades específicas en parte de los estudiantes que comienzan la secundaria, lo cual puede afectar la adquisición de los contenidos propios del nivel. Ante este escenario, el gobierno de Axel Kicillof decidió implementar acciones pedagógicas focalizadas.

Para ejecutar el programa, se asignarán módulos adicionales del Programa de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (Forte), los cuales se utilizarán exclusivamente para actividades de acompañamiento e intensificación de la enseñanza. La resolución establece que la asignación adicional no podrá superar los 6.500 módulos Forte durante el período de implementación.

Los docentes serán designados entre el 26 de mayo y el 25 de septiembre de 2026, mientras que la distribución de los recursos se realizará bajo criterios definidos por la cartera educativa. Esta iniciativa se enmarca en las políticas orientadas a garantizar la calidad educativa y en el nuevo Régimen Académico para la Educación Secundaria, que prevé un Tramo de Inicio Acompañado (TIA) para quienes ingresan a primer año.

Desde la cartera educativa señalaron que el objetivo principal es acompañar la transición entre la escuela primaria y la secundaria, promoviendo la construcción de hábitos de estudio, la organización del trabajo escolar y el desarrollo de competencias fundamentales para el recorrido educativo posterior.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó este lunes que el presidente Javier Milei “vive en Narnia” y se informa sobre la realidad a través de publicaciones “de sus amigos” en las redes sociales, a las que definió como “los tuits de Yrigoyen” que le hacen “para que esté tranquilo”.

“Parace que su fuente de información principal para ver cómo está la Argentina son los tuits de Yrigoyen que le escriben los amigos”, sostuvo el funcionario al cuestionar una publicación del mandatario en su cuenta oficial de X para negar que exista un “consumo deprimido”.

El Presidente había republicado un mensaje de su colaborador Santiago Oría, quien difundió imágenes de locales gastronómicos y teatros con público para argumentar que el consumo se mantiene firme. Ante esto, Javier Milei expresó: “El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad. Y eso que el video es a fin de mes”.

Carlos Bianco, el ministro más cercano al gobernador Axel Kicillof, enfatizó que el jefe de Estado “se refiere a la situación de la Argentina a partir de tuits que hacen sus amigos para que él se quede contento y tranquilo”. Durante su habitual conferencia de prensa, el funcionario señaló que realizó un análisis de los datos oficiales de los últimos 15 días.

“Quizás Milei tampoco lee los propios informes del Indec, como no le gusta el Estado tal vez no mira lo que dice un organismo del Estado”, cuestionó el ministro, quien además advirtió que “lo que está estallado no son las salas de cine y los restaurantes sino el país pero en el mal sentido”.

Sobre la situación económica, Bianco detalló que los salarios registrados cayeron por séptimo mes consecutivo en términos reales según el Indec. Asimismo, puntualizó que los sueldos formales subieron 3% en marzo, ubicándose por debajo de la inflación del 3,4 por ciento. “Desde noviembre de 2023 el sector privado registrado acumula una caída real del 5% y el sector formal en su conjunto del 9,2% o sea que han caído fuertemente los salarios reales, que están lejos de haber aumentado”, aseguró.

Finalmente, el ministro citó un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que indica que nueve de cada 10 puestos de trabajo creados en los últimos dos años son precarios y de baja calificación, mientras que 500.000 empleos desaparecieron en el mismo periodo.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en las tarifas de energía eléctrica que comenzará a regir desde junio. La medida, formalizada mediante la Resolución 399/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, impactará en usuarios residenciales, comercios, industrias, clubes de barrio y grandes consumidores.

Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, el esquema combina la actualización de los precios mayoristas fijados por la Secretaría de Energía de la Nación para el período mayo-julio de 2026 y un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD). El recálculo alcanza a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, junto a cooperativas eléctricas y áreas de distribución Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur.

Desde la Subsecretaría de Energía bonaerense precisaron que el impacto en las boletas residenciales será de entre el 6 y el 14 por ciento, según el nivel de subsidio. Un hogar sin subsidios que pagó 50.500 pesos en mayo, pasará a abonar cerca de 53.600 pesos. Por su parte, un usuario subsidiado que recibió una factura de 31.800 pesos, pasará a pagar aproximadamente 36.350 pesos.

El ajuste responde a la quita de subsidios nacionales y a la implementación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto nacional 943/2025. Este sistema establece un tope subsidiado de 300 kWh mensuales para los meses de mayo, junio, julio, agosto, diciembre, enero y febrero, mientras que el límite bajará a 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. Todo consumo excedente perderá la bonificación.

Desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que la fijación del precio mayorista es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que las decisiones del gobierno de Javier Milei impactan directamente en las tarifas provinciales.

En paralelo, se aprobó el nuevo cuadro tarifario de junio para el servicio de gas en las zonas concesionadas a Camuzzi, Metrogas y Naturgy BAN. Los usuarios del interior percibirán un aumento del 4,7 por ciento en el cargo fijo y del 1,94 por ciento en el cargo variable. En el área de Naturgy BAN, los usuarios residenciales R1 sin subsidio tendrán una suba del 4,4 por ciento en el cargo fijo y del 1,9 por ciento en el variable, con ajustes similares para los clientes de Metrogas.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de los salarios de mayo para los trabajadores estatales bonaerenses. Tras dos meses consecutivos con incrementos, en esta oportunidad el personal percibirá sus haberes sin ajustes, manteniendo los montos del último recibo.

Cabe recordar que el último acuerdo salarial alcanzado entre la Provincia y los gremios contempló un aumento del 7,5 por ciento para el bimestre marzo-abril, con una suba del 5 por ciento en marzo y un 2,5 por ciento adicional en abril, que se vio reflejado a principios de mayo. 

Según trascendió, el Gobierno bonaerense recibió días atrás a los gremios pero no presentó una nueva oferta. La intención oficial sería cerrar un acuerdo el mes próximo, con aplicación desde julio, para evitar que el impacto salarial afecte el cálculo del medio aguinaldo.

El calendario oficial establece que el pago se realizará de la siguiente manera:

Viernes 29 de mayo: Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda.

Lunes 1 de junio: ministerio de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Martes 2 de junio: ministerio de Salud y Caja de Policía.

Miércoles 3 de junio: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de I. Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Río Recon. (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Astilleros Río Santiago, Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U), Poder Legislativo, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

Jueves 4 de junio: Poder Judicial.

Viernes 5 de junio: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.