El Gobierno nacional enviará una delegación al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para participar de las audiencias en las que solicitará medidas destinadas a frenar la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

Las exposiciones están previstas para el 10 y 11 de noviembre. La representación argentina estará encabezada por Mario Oyarzábal, embajador y titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, junto con la embajadora Betina Pasquali, designada como coagente.

De acuerdo con el cronograma informado, el primer día la delegación argentina expondrá entre las 10 y las 13, mientras que la representación británica lo hará entre las 15 y las 18. El 11 de noviembre, Argentina tendrá su turno de 10.30 a 12 y el Reino Unido, de 17.30 a 19, en todos los casos según el horario de Hamburgo.

Las audiencias serán públicas y podrán seguirse en vivo a través del sitio oficial del organismo internacional.

La convocatoria se produce luego de que el Gobierno presentara una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos autorizada unilateralmente por el Reino Unido en esa zona del Atlántico Sur.

Según informó la Oficina del Presidente, la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que esas actividades agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.

El pedido se enmarca en el procedimiento arbitral iniciado por Argentina el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), para defender sus derechos soberanos y los recursos naturales.

La solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de esa convención, que contempla la posibilidad de requerir medidas provisionales mientras se encuentra pendiente la constitución de un tribunal arbitral.

Ese mecanismo permite solicitar decisiones urgentes orientadas a preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino, cuando las circunstancias lo requieren. En esta instancia, el planteo argentino apunta a obtener protección provisional mientras avanza el procedimiento arbitral.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano judicial independiente establecido por la Convemar para resolver controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de ese instrumento.

Su ámbito de actuación comprende cuestiones vinculadas con la navegación, la delimitación de espacios marítimos, la protección del ambiente marino y el aprovechamiento de recursos vivos y minerales.

El organismo está integrado por 21 miembros independientes, elegidos con criterios de distribución geográfica equitativa y representación de los principales sistemas jurídicos del mundo.

Luego de la polémica salida de César Oscar Lencina de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología por presuntos maltratos y “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”, el Gobierno designó a Ricardo Fernando Crespo en su lugar.

De acuerdo con la información oficial, el nuevo funcionario fue designado por la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Diego Santilli.

Según indicó el Gobierno, Crespo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam.

También se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y forma parte de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Antes de ocupar el cargo actual, fue vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral.

El viernes por la tarde se conoció la salida del exsubsecretario César Lencina, quien presentó formalmente su renuncia indeclinable a partir del 29 de octubre mediante una nota oficial dirigida a la titular del área, con copia directa al Jefe de Gabinete, al tiempo que denunció presuntos maltratos.

Lencina había llegado al cargo el 22 de septiembre, gracias al Decreto 1056/2026, y lo abandonó con serias acusaciones. En su planteo, que está plasmado en la dimisión, el exfuncionario habló de “las dificultades persistentes” para ejercer sus funciones debido a la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”.

A ese combo de dificultades se suman graves cuestionamientos por “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo”.

El ahora exsubsecretario también remarcó que las conductas observadas “no condicen en absoluto” con su manera de conducir organizaciones ni con su trayectoria en el liderazgo de equipos, y concluyó que optaba por dar “un paso al costado” ante la imposibilidad material de sostener la labor cotidiana. NA

En lo que ya prácticamente se confirma como la crónica de otra muerte anunciada, el gobierno nacional notificó a siete trabajadores de la oficina Tandil de la obra social de las Fuerzas Armadas: desde el próximo 30 de noviembre estarán desvinculados de sus fuentes laborales.

Se trata de siete de los catorce empleados civiles de la delegación local de Obra Social de las Fuerzas Armadas (exIosfa). De acuerdo a lo planteado por delegados de los trabajadores, se trata de personal de planta que había formalizado su condición en el año 2023. Las notificaciones recibidas, ampliaron, desconocieron esa formalización, por lo que fueron considerados como contratados.

De parte del personal que todavía permanece en funciones no dudaron en confirmar un hecho sobre el que se viene comentando hace tiempo, y que incluso se aseguró en medios de alcance nacional: la oficina Tandil de la obra social de las Fuerzas Armadas cerrará sus puertas. Cabe señalar, no hay información oficial al respecto.

El próximo lunes 2 de noviembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizará una reunión en la delegación local de OSFA. En vistas de los recientes despidos, los trabajadores determinarán una estrategia gremial, una política y otra judicial. El mismo día, el secretario general de ATE Tandil, Hernán Gasparini, mantendrá un encuentro con secretarios de localidades con las mismas problemáticas para definir acciones en conjunto.

Crónica de una muerte anunciada

“La situación ya no es una incertidumbre, es una realidad. Hay siete personas que el 30 de noviembre no van a tener trabajo, quedan afuera. Y otras siete que no sabemos, pero podemos esperar a las peores noticias. Todavía no hay información de qué van a ser con el resto del personal, pero sabemos que la información viene de un día para el otro. No sabemos si el edificio se va a vender”, expresó Rubén Chía, delegado de los trabajadores de la oficina local de OSFA.

“De 14 que somos, la notificación les llegó a siete que habían pasado a planta en diciembre de 2023 y nunca más habían firmado un contrato. Ahora le dicen que son contratados. Además, queda un trabajador que está contratado hasta el 30 de noviembre. Y los otros 6 que quedamos somos de planta y no nos llegó la notificación”, sumó Chía, quien aportó otro dato: de las personas que fueron notificadas, 4 son afiliadas a la obra social.

La delegación Tandil de la actual OSFA cuenta con una cápita de alrededor de 3500 afiliados de la ciudad, entre miembros de Fuerzas Armadas y sus familias. Además, la oficina -en la que se desempeñan 27 trabajadores entre militares y civiles- tiene jurisdicción sobre los 1500 afiliados de Azul y los 970 de Olavarría.

Más allá de los despidos y el posible cierre, la crisis de la obra social involucra deudas, corte de prestaciones y reclamos por la demora en la autorización de prácticas. Una vecina afiliada contó a El Eco que espera hace dos años por una prótesis.

La misma vecina dio cuenta también de otros casos: afiliados que deben trasladarse a Mar del Plata u otras delegaciones para someterse a intervenciones complejas de salud.

Si bien portales nacionales aseguraron que se concretaría el cierre de oficinas como la de Tandil, y las noticias al respecto indican una intención clara al respecto, hasta el cierre de esta edición la medida no estaba confirmada.

Días atrás, la seccional Tandil-Benito Juárez de ATE presentó una nota ante el Concejo Deliberante para solicitar un pronunciamiento sobre la situación de la obra social.  “El funcionamiento de la obra social es deficiente y ha ido empeorando desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Los afiliados de la obra social padecen la interrupción o corte definitivo de prestaciones y servicios”, afirmaron los firmantes.

“Por un lado se dispone la adquisición por parte del Ministerio de Defensa de las aeronaves F-16 para la VI Brigada Aérea, consolidando a Tandil como un punto estratégico militar, a la vez que se decide dejar sin oficina de atención a afiliados de la Obra Social de las Fuerzas Armadas”, consideraron desde la nota presentada.

El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación en la aplicación de los aumentos pendientes en los impuestos que gravan la nafta y el gasoil. La medida, que traslada la entrada en vigencia de estos ajustes del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2026, fue oficializada este viernes a través del Decreto 1305/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Esta normativa modifica el Decreto 617/2025 y sus sucesivas prórrogas, que venían difiriendo los incrementos correspondientes al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono para diversos tipos de combustibles. En términos técnicos, el texto sustituye las fechas establecidas anteriormente por la nueva fecha de aplicación, que será a partir del 1 de diciembre de 2026, inclusive.

La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Según lo detallado en el documento oficial, la postergación abarca los incrementos pendientes derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, así como al primer y segundo trimestre de 2026. Con esta decisión, el Ejecutivo evita que los ajustes impositivos se trasladen a los precios finales al menos durante el mes de noviembre.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno recordó que la Ley 23.966 estableció montos fijos para determinar el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Asimismo, indicó que dichos importes deben actualizarse periódicamente tomando como referencia las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Respecto a las razones de esta prórroga, el Ejecutivo sostuvo que la decisión fue adoptada “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Sobre esa base, el texto oficial afirmó que “resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió este jueves el accionar del Gobierno nacional ante el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina, desde donde el senador brasileño viajó hacia Estados Unidos. El funcionario sostuvo que el dirigente tenía la documentación en regla y que no existían restricciones registradas que permitieran impedir sus movimientos.

En paralelo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti solicitó informes a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería, en el marco de una investigación sobre la intervención de las autoridades argentinas en el episodio.

“Como lo expresó la Dirección Nacional de Migraciones, ingresó con la documentación correspondiente, en regla, y salió en un avión también en las mismas condiciones”, afirmó Santilli.

La explicación oficial se apoyó en la ausencia de una orden de captura internacional de Interpol, pese a la prohibición de salir de Brasil dictada por el juez Alexandre de Moraes. Según el planteo del jefe de Gabinete, las autoridades migratorias argentinas no tenían impedimentos registrados para autorizar el ingreso y la posterior salida del senador.

“Entró por migraciones, no tenía ningún impedimento, no había impedimento de Interpol y esa es la conclusión clara; viajó a los Estados Unidos vía Guayaquil, si no me equivoco”, expresó.

Luego insistió en el mismo argumento. “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación... eso es lo que ha pasado. Migraciones lo autorizó porque no había impedimento”.

Bolsonaro ingresó por Puerto Iguazú y abordó un avión de la empresa Baires Fly, con el que continuó su viaje hacia Estados Unidos con escala en Ecuador.

Las circunstancias del traslado quedaron bajo cuestionamiento por la presunta participación de funcionarios argentinos. El senador habría llegado al aeropuerto con custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras que el asesor presidencial Santiago Caputo habría supervisado el operativo en el lugar.

El propio dirigente brasileño agradeció públicamente al presidente Javier Milei por la ayuda recibida para concretar su salida.

En ese contexto, Capuchetti requirió que Migraciones y Cancillería certifiquen si Bolsonaro tenía algún impedimento para ingresar a la Argentina. La medida respondió a un pedido de la fiscal Paloma Ochoa, quien también solicitó otras diligencias para avanzar en la investigación. La magistrada aceptó parte de esas medidas.

El expediente busca esclarecer las condiciones en las que se produjo el paso del senador por territorio argentino y determinar si existieron irregularidades en la actuación de los funcionarios involucrados.

La causa se inició con una presentación del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y funcionarios de su administración. La denuncia les atribuye presuntos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.

Por su parte, el diputado Esteban Paulón presentó otra denuncia por presunto encubrimiento agravado contra el Presidente, el canciller Pablo Quirno y Santiago Caputo.

Esa presentación quedó radicada en el juzgado de Sebastián Ramos y podría acumularse al expediente que tramita ante Capuchetti.

A los planteos judiciales se sumó un requerimiento en el Congreso. Los representantes del peronismo en la Comisión Bicameral de Inteligencia pidieron informes para establecer si la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) participó del operativo.

La comisión está presidida por el diputado libertario Sebastián Pareja, cercano a Karina Milei. El pedido apunta a esclarecer si se utilizaron recursos o personal del organismo de inteligencia durante el traslado del senador brasileño.

El Gobierno nacional oficializó el pasado miércoles la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante la publicación del Decreto 1286/2026 en el Boletín Oficial. La medida establece el inicio de un proceso de liquidación que quedará bajo la supervisión de un administrador designado por el Ministerio de Defensa de la Nación.

Según la normativa, el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) tendrá la responsabilidad de definir la estructura necesaria y los puestos de trabajo requeridos para garantizar la continuidad operativa. El decreto especifica que, “el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) determinará, conforme su estructura vigente y las necesidades operativas del organismo, los puestos de trabajo requeridos y su dotación necesaria”.

En este sentido, se procederá a identificar al personal que resulte indispensable para el cumplimiento de los objetivos de la OSFA, formalizando su transferencia bajo el régimen jurídico correspondiente. 

Esta decisión se enmarca en un contexto de crisis financiera, luego de que a principios de octubre el gobierno del presidente Javier Milei anunciara la asignación de fondos del Tesoro nacional para cancelar una deuda de 210.000 millones de pesos con cerca de 2000 proveedores y prestadores.

La situación de la obra social se había agravado en los últimos meses, derivando incluso en la renuncia en septiembre del coronel retirado Ariel Guzmán, quien se desempeñaba como administrador de la estructura residual. El decreto también contempla la situación del personal que no sea transferido, indicando que el administrador deberá evaluar su situación de revista y tomar las medidas pertinentes.

Asimismo, el Poder Ejecutivo dispuso cambios para el personal de otras fuerzas: “El personal perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina y a la Prefectura Naval Argentina que revista en comisión de servicios o se encontrare adscripto prestando servicios en el Iosfa deberá reincorporarse a su respectivo organismo de origen”.

Finalmente, una vez concluida la liquidación, el Ministerio de Defensa asumirá los compromisos y obligaciones pendientes. El personal de planta permanente que se encuentre en disponibilidad permanecerá bajo la órbita de dicha cartera hasta su eventual reubicación o baja, según lo establece la normativa firmada por el presidente Javier Milei y los ministros del gabinete.

El Gobierno nacional oficializó una modificación en el procedimiento para gestionar la rehabilitación de las pensiones no contributivas por invalidez de más de 21.800 personas. La medida, dispuesta por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, busca reorganizar los canales de recepción de documentación para facilitar el acceso a este derecho.

Los titulares alcanzados por esta resolución disponen de un plazo de 60 días corridos, contados a partir de la notificación de la medida, para solicitar la recuperación de sus prestaciones. El cambio principal radica en la habilitación de las Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del PAMI como centros de atención presencial, reemplazando a las oficinas de la Anses para este trámite específico.

Esta decisión se formalizó mediante una resolución que deja sin efecto una normativa anterior de la ex Agencia Nacional de Discapacidad. La normativa establece que podrán solicitar la rehabilitación presentando documentación médica actualizada, renovando sus datos personales o aportando antecedentes que permitan acreditar su derecho. Al respecto, el vocero presidencial Adrián Ravier buscó llevar tranquilidad a los sectores afectados al asegurar que "sólo se busca contar con la información necesaria de los beneficiarios".

La normativa establece que los beneficiarios podrán solicitar la rehabilitación presentando documentación médica actualizada, renovando sus datos personales o aportando antecedentes que permitan acreditar su derecho. Además de las dependencias del PAMI, las presentaciones podrán realizarse en las oficinas de atención de la Secretaría Nacional de Discapacidad autorizadas para tal fin.

Para quienes prefieran realizar el trámite de manera remota, se encuentran disponibles las siguientes vías:

- El Formulario de Consultas del Ministerio de Salud.

- La plataforma Trámites a Distancia (TAD), ingresando en la opción "Presentación de Documentación para Pensión Invalidez".

- El correo electrónico oficial: citacion@senadis.gob.ar

Desde el Gobierno aclararon que la resolución no modifica los requisitos de fondo para acceder a la pensión, sino que se limita a reorganizar los canales de recepción y a sumar al PAMI para descentralizar la atención. Una vez recibida la documentación, esta será incorporada a las actuaciones administrativas y evaluada por las áreas competentes, las cuales determinarán si corresponde la rehabilitación de cada prestación.

Patricia Bullrich reconoció este miércoles la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil y afirmó que la voluntad expresada en las urnas debe ser respetada, pese a las diferencias políticas con el nuevo gobierno.

“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”, escribió la senadora en su cuenta de X. Luego agregó que Argentina y Brasil comparten “una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”.

Lula fue reelecto en el balotaje del domingo con el 51,79 por ciento de los votos válidos, frente al 48,21 por ciento que obtuvo Flávio Bolsonaro, según informó el Tribunal Superior Electoral de Brasil. 

La postura de Bullrich volvió a diferenciarse de la del presidente Javier Milei, quien hasta este miércoles no había reconocido públicamente el resultado. Tampoco se había difundido un comunicado de Cancillería sobre la elección. 

En el mismo posteo, Bullrich se refirió a Flávio Bolsonaro, quien dejó Brasil tras perder la elección y viajó a Estados Unidos vía Argentina. La senadora afirmó que el dirigente “hizo una enorme elección” y planteó reparos sobre las medidas judiciales en su contra.

“Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, escribió. Y añadió que “la utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición” no puede ser el camino de una democracia.

El Tribunal Superior Electoral confirmó la victoria de Lula y los resultados del balotaje. Flávio Bolsonaro salió de Brasil pese a una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía abandonar el país; luego pasó por Argentina rumbo a Estados Unidos. 

La declaración se suma a otros desacuerdos recientes entre Bullrich y Milei. La senadora había cuestionado las amenazas del Presidente contra periodistas que investigaron el caso $LIBRA y había reclamado cambios en la política económica para que las mejoras lleguen a las familias.

También había pedido que Manuel Adorni acelerara la presentación de su declaración jurada en medio de las controversias por su patrimonio. En ese marco, Bullrich dijo que buscará ser candidata a presidenta, aunque no precisó en qué escenario avanzaría con esa posibilidad.

El Gobierno nacional anunció este martes que mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y habilitará un plazo de 30 días hábiles para que sus titulares presenten documentación que permita revisar su situación.

La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en medio del conflicto que atraviesa el sector de la discapacidad por las auditorías y la continuidad de las prestaciones.

Según explicó el funcionario, la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esos beneficios porque no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para justificar su continuidad.

“Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa”, sostuvo Ravier.

De esta manera, el argumento oficial se centra en la falta de documentación para acreditar los requisitos, sin que ello constituya, por sí mismo, una determinación sobre la condición de salud de cada persona alcanzada.

El vocero indicó que las personas afectadas podrán aportar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o incorporar otros antecedentes que permitan evaluar la continuidad de la pensión.

Las presentaciones podrán realizarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el organismo.

El plazo anunciado será de 30 días hábiles. La revisión de cada situación quedará vinculada a los elementos que aporten los titulares para acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Ravier señaló que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y carecen de medios de subsistencia. En ese sentido, explicó que su otorgamiento no depende únicamente de la existencia de una discapacidad ni de la tenencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El Gobierno enmarcó la medida en una auditoría que, según sostuvo, detectó presuntas irregularidades médicas y patrimoniales. Sin embargo, el vocero reconoció que todavía no se realizaron presentaciones ante la Justicia sobre esos casos.

Entre los elementos mencionados por el Ejecutivo aparece la existencia de bienes registrados a nombre de beneficiarios. Esa circunstancia fue presentada como un indicio que requiere revisión, aunque no constituye por sí sola una prueba de fraude.

La administración nacional también cuestionó el incremento de las prestaciones durante la gestión de Alberto Fernández y lo atribuyó a motivaciones políticas. Esa acusación forma parte de los argumentos oficiales para defender las auditorías, mientras los titulares alcanzados deberán aportar los antecedentes requeridos para solicitar la revisión de sus suspensiones.

El Gobierno nacional confirmó este martes 27 de octubre que no enviará un saludo ni emitirá un comunicado oficial para felicitar a Lula da Silva tras su victoria en el balotaje que se llevó a cabo el pasado domingo en Brasil. La noticia fue ratificada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, ante la consulta sobre si la Cancillería reconocería el resultado electoral a 48 horas del cierre de las urnas.

Con esta decisión, la Argentina se posiciona como el único país sudamericano que no ha formalizado un reconocimiento de la victoria del líder del PT. Este escenario se suma a una relación bilateral que ya presentaba tensiones, con embajadas sin titulares desde agosto e insultos presidenciales cruzados. Además, el vínculo se ve afectado por una investigación de la Policía Federal brasileña sobre un posible intento de Flávio Bolsonaro de abandonar el país a través de la frontera con Misiones.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adrián Ravier explicó la postura oficial y recordó que, en 2023, cuando el presidente Javier Milei resultó electo, no hubo gestos de saludo por parte del mandatario brasileño. Al respecto, el funcionario señaló: "No va a haber un comunicado oficial". Sobre la falta de felicitación, el vocero añadió: "No es un hipócrita, hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real".

Al ser consultado sobre el impacto de esta determinación en los vínculos bilaterales, Adrián Ravier sostuvo que la prioridad del presidente Javier Milei es el bienestar de la población y el intercambio comercial. "Para el presidente es mucho más importante el pueblo que las diferencias, y digamos, los dos pueblos y el comercio y las relaciones que puedan generarse, que las diferencias ideológicas que pueda haber entre los dos mandatarios. El canciller lo ha dicho cantidad de veces. Del lado argentino, la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan. No esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur", afirmó.

En la misma línea, el vocero presidencial agregó: "Ya hemos tomado nota del resultado electoral y seguimos trabajando como siempre dentro del Mercosur y todas las personas y las empresas que desde Argentina y desde Brasil quieran comerciar y relacionarse lo van a poder seguir haciendo con total normalidad".

Finalmente, ante las preguntas sobre la posibilidad de que el gobierno otorgue asilo político a Flávio Bolsonaro, Adrián Ravier fue tajante al indicar que "no hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar".

El Gobierno nacional oficializó la adhesión del proyecto minero Agua Rica al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, que se encuentra integrada al desarrollo de Minera Alumbrera y es conocida como MARA, es operada por la empresa Glencore en la provincia de Catamarca. El plan contempla una inversión total de 6.394 millones de dólares a lo largo de las diversas etapas de desarrollo y explotación del yacimiento.

El proyecto tiene como objetivo la extracción a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno, con una vida útil estimada en 23 años. Según las proyecciones, la construcción comenzará el 1 de noviembre de 2027, mientras que el inicio de la producción está previsto para octubre de 2031. Se estima que, durante las etapas de construcción y operación, el emprendimiento generará 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

La documentación presentada detalla que el desarrollo procesará 780 millones de toneladas de mineral, con una producción promedio anual de 160.000 toneladas de concentrado de cobre. En cuanto al volumen acumulado durante la vida útil, se proyecta obtener 3,45 millones de toneladas de cobre, 2,33 millones de onzas de oro, 41,16 millones de onzas de plata y cerca de 100.000 toneladas de molibdeno.

Respecto al compromiso de inversión, la compañía declaró 3.310 millones de dólares en activos computables. Además, se comprometió a invertir 771,5 millones de dólares durante los dos primeros años, cumpliendo con el requisito de alcanzar al menos el 40% del monto mínimo exigido. La empresa tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2028 para completar este compromiso, mientras que el 54% de los gastos en proveedores y obras se destinará a firmas locales.

La empresa también impulsa el proyecto El Pachón, en San Juan, con una inversión prevista de 9.500 millones de dólares. Sobre el impacto de estas iniciativas, el ceo de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, señaló: “Confío en que el sector minero puede ser un importante contribuyente a la economía argentina, y que los proyectos de El Pachón y Agua Rica respaldan la ambición del país de convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo”.

Por su parte, el ceo de Glencore, Gary Nagle, destacó durante la Argentina Week en París las ventajas del nuevo régimen: “Cuando comparás la Argentina post RIGI con sus competidores más cercanos, en particular Chile y Perú, Argentina se vuelve más competitiva. El capital no conoce fronteras”.

Nagle también enfatizó la importancia de la estabilidad económica y la infraestructura energética. Al respecto, afirmó: “Nos lleva cuatro, cinco, seis años hacer un agujero de USD 4.000 millones en el suelo. Si el país cambia las reglas del juego después de eso, no podés levantar tu agujero y mudarlo a otro país”.

Finalmente, el directivo subrayó que la capacidad de acceder a energía es un factor crítico para el desarrollo minero, señalando que las condiciones de confianza y retorno de capital son fundamentales para que el sector privado pueda construir la infraestructura necesaria.

El Gobierno nacional estableció las bonificaciones del régimen de Zona Fría para las tarifas de gas, con un descuento del 50% para los usuarios de determinadas regiones del país y una bonificación adicional del 20% para hogares que cumplan con requisitos socioeconómicos y de ubicación del suministro. 

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación a través de una resolución que reglamenta la aplicación de los cambios introducidos por la Ley 27.828 y su decreto reglamentario.

El esquema conserva beneficios del 50% para usuarios de la Patagonia, que incluye al partido bonaerense de Patagones, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. Al mismo tiempo, incorpora una asistencia adicional para hogares comprendidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Cabe destacar que múltiples provincias y 94 municipios bonaerenses quedaron fuera del beneficio.

La bonificación del 50% alcanzará además a los usuarios del Servicio General P de las localidades abastecidas con gas propano indiluido por redes. No obstante, es importante aclarar que el descuento se aplicará sobre el precio del gas natural o del gas propano indiluido por redes, por lo que no equivale a una rebaja del 50% sobre el importe total de la factura, que incluye cargos de transporte, distribución, impuestos y tasas.

En cuanto al descuento adicional del 20%, este estará destinado a usuarios residenciales inscriptos en el régimen de SEF que cumplan con los criterios establecidos por la normativa y tengan el suministro ubicado en las zonas bioambientales contempladas por la resolución. La bonificación se aplicará sobre los consumos base definidos por el régimen de subsidios focalizados y será complementaria a los beneficios que correspondan a cada hogar dentro de ese esquema.

La resolución también contempla a las entidades de bien público, los clubes de barrio y de pueblo y otras categorías asimilables de usuarios sin fines de lucro. Para estos casos, la bonificación adicional del 20% se aplicará sobre la totalidad del volumen consumido, sin los límites de consumo previstos para los hogares.

La identificación de los beneficiarios se realizará mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), cruzando la información de los usuarios con la ubicación de los suministros y las zonas bioambientales alcanzadas. La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética deberá elaborar y actualizar el padrón correspondiente.

Por su parte, las distribuidoras y subdistribuidoras serán las encargadas de aplicar las bonificaciones en las facturas, de acuerdo con el padrón que se les comunique y los procedimientos que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). 

La norma entrará en vigencia a partir de su publicación y se aplicará a los consumos comprendidos desde la entrada en vigor de la Ley 27.828.

Sergio Massa reclamó que el presidente Javier Milei reconozca el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y avance en la normalización de la relación bilateral. El referente del Frente Renovador destacó la importancia económica e histórica del vínculo entre ambos países y consideró que el resultado electoral también dejó enseñanzas para el peronismo argentino.

“Lo primero y tal vez lo más importante es que el presidente Milei tiene que reconocer el triunfo de Lula, como hicieron ya De la Espriella, Fujimori, Noboa, Abinader, Kast”, sostuvo.

En esa línea, señaló que dirigentes de distintos espacios políticos reconocieron el resultado y valoró ese gesto como una señal de respeto institucional. “Todos entendieron la importancia de reconocerle la legitimidad a alguien que además es un pedazo de la historia de la región”, expresó.

Para el excandidato presidencial, recomponer la relación con Brasil es “fundamental” y excede el intercambio comercial. Según planteó, también está en juego un vínculo construido durante las últimas cuatro décadas, desde los primeros acuerdos que sentaron las bases del Mercosur.

Massa cuestionó, además, la intervención de los mandatarios en las disputas electorales de otros países. “Los jefes de Estado no deben involucrarse en otros Estados y mucho menos con agravios y con insultos”, afirmó.

A partir del resultado brasileño, consideró que existe “una oportunidad de que el presidente cambie esa dinámica de meterse en elecciones de otros países, agredir, insultar”. En su planteo también incluyó la necesidad de cuidar la relación con España, por su relevancia económica y cultural para la Argentina.

La lectura del dirigente no se limitó a la política exterior. Massa aseguró que la victoria de Lula significó para el peronismo y sus aliados “una bocanada de ánimo, de aire fresco, de alegría”, además de “una inyección emocional importante”.

Al analizar la construcción política del líder brasileño, destacó la amplitud de su coalición. Según describió, el Partido de los Trabajadores (PT) representa la mitad del dispositivo que lo lleva al gobierno, acompañado por sectores del centro y de la centroderecha.

Esa referencia dio lugar a un mensaje hacia la política argentina y las dificultades para sostener acuerdos entre sectores con diferencias internas.

“Esa dinámica del respeto, de mantenerte unido en el respeto a la diferencia es algo que acá hasta ahora no se logró y requiere de liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos”, evaluó.

Massa también definió a Lula como “el Perón de este siglo” y sostuvo que representa “un poco la cara visible de los movimientos populares en la región”. Incluso, no descartó una articulación con sectores del Partido Demócrata estadounidense como expresión “anti-MAGA” en América.

Finalmente, enumeró entre las claves del triunfo la defensa de la industria brasileña, la atención a los cambios en el mundo del trabajo y la protección de los derechos laborales. También destacó la participación de los jóvenes y las mujeres durante la campaña.

“La idea de las mujeres enfrentando el modelo fascistoide, las milicias, fue fundamental”, afirmó. En ese sentido, subrayó su papel en la economía, la educación, la salud pública y la movilidad social ascendente de Brasil.

Pese a haber celebrado junto a su Gabinete la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, el mandatario no hizo mención de la remontada del líder del Partido de los Trabajadores (PT) y aprovechó la reunión de este lunes para ratificar el rumbo económico y descartar cambios con fines electorales de cara a 2027.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el resultado electoral brasileño no fue mencionado durante el encuentro ampliado, que se extendió por poco más de una hora en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, aunque hubo cuestionamientos indirectos a la estrategia electoral del mandatario brasileño.

En ese marco, Milei criticó el denominado “plan platita” que el oficialismo le atribuye a Lula y sostuvo que no habrá medidas electoralistas para mejorar las chances de La Libertad Avanza en los próximos comicios presidenciales.

“Hubo temas importantes como el 6×1, el dinero electoral y el miedo que genera la propuesta en las mujeres y en los jóvenes. Algunos van a poner las barbas en remojo acá”, planteó una fuente oficial en referencia a la decisión del mandatario brasileño de reducir la jornada laboral.

En el Gobierno consideran que las medidas económicas impulsadas por Lula para incentivar el voto contribuyeron a consolidar su triunfo, aunque Milei insistió ante sus funcionarios en la necesidad de sostener el programa económico y evitar modificaciones orientadas exclusivamente a ganar elecciones.

“No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”, se lo escuchó decir durante el encuentro, en el que también calificó de “inmoral e injusto” introducir incentivos económicos o alterar el rumbo de la gestión con fines electorales.

En la misma línea, según reconstruyeron fuentes presentes, el mandatario planteó: “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”.

En esa línea, Milei planteó la disputa electoral de 2027 en términos de una confrontación con el peronismo. “Por primera vez, los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”, sostuvo, de acuerdo con una fuente presente en el encuentro.

El silencio del Presidente contrasta con su reacción tras la primera vuelta de las elecciones brasileñas. En la reunión de Gabinete del 5 de octubre, Milei había celebrado la ventaja de Flávio Bolsonaro y cuestionado el “plan platita”, al que vinculó con “recetas del pasado”.

Para justificar la falta de un pronunciamiento sobre el resultado definitivo, en la Casa Rosada apelaron a un antecedente de 2023, cuando Milei derrotó a Sergio Massa, el candidato respaldado por Lula. “Itamaraty no dijo nada cuando ganó Javier”, argumentó un integrante del Gabinete.

Sin embargo, el mandatario brasileño había publicado el 19 de noviembre de 2023 un mensaje en su cuenta de X en el que destacó la jornada electoral argentina y le deseó “buena suerte” al nuevo Gobierno, aunque sin mencionar directamente a Milei.

Durante la reunión también se analizó el escenario internacional y su impacto sobre los indicadores económicos, con especial atención a los efectos de los conflictos bélicos sobre la oferta global, el precio del petróleo, los precios y las tasas de interés.

En materia legislativa, el Presidente pidió avanzar con el proyecto de aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Esta semana no habrá reunión de la mesa política, que suele congregarse los martes.

Por otra parte, el Gobierno buscó relativizar las diferencias entre Milei y la senadora Patricia Bullrich, quien cuestionó las declaraciones del mandatario en la Fundación Faro y sostuvo que había cruzado “un límite” al hablar de “quemar periodistas en la hoguera”. Desde la Casa Rosada atribuyeron la ausencia de la legisladora en la reunión a “motivos personales”. NA

En el marco del fenómeno climático conocido como Súper Niño, que afecta a gran parte del territorio nacional, el Gobierno nacional declaró este lunes 26 de octubre la emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones en dos distritos. La medida alcanza a las explotaciones rurales del partido bonaerense de Nueve de Julio y a cuatro circunscripciones del partido de Necochea.

La resolución, adoptada por el Ministerio de Economía de la Nación, establece que el periodo de vigencia de la emergencia comprende desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2026. Esta decisión se tomó tras el análisis realizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, organismo que evaluó la situación presentada por la provincia de Buenos Aires y recomendó reconocer las áreas afectadas.

De acuerdo con la normativa, en el partido de Nueve de Julio la declaración abarca la totalidad del territorio, mientras que en Necochea la medida alcanza específicamente a las circunscripciones II, III, IV y XII. El reconocimiento nacional toma como antecedente directo el Decreto Provincial 1270, firmado el 31 de agosto de 2026.

La resolución fijó el 31 de octubre como la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones rurales incluidas. Este plazo será el utilizado para la aplicación de los beneficios contemplados en la Ley Nacional 26.509. Para acceder a estas asistencias, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente de la provincia que acredite que sus establecimientos están comprendidos en las situaciones previstas por la ley.

Asimismo, el Gobierno bonaerense deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional el listado de los productores alcanzados, junto con las copias de los certificados de emergencia correspondientes. 

Finalmente, la norma instruye a las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a instrumentar los mecanismos necesarios para que los productores puedan acceder a los beneficios establecidos en los artículos 22 y 23 de la normativa vigente.

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de las modificaciones al Régimen de Zonas Frías, una medida que introduce cambios en la administración de los subsidios al gas y en el mecanismo de compensación a las empresas proveedoras. La nueva normativa quedó formalizada a través del Decreto 1266/2026 y establece que la Secretaría de Energía será la autoridad encargada de aplicar el régimen.

Para Tandil, el tema cobra relevancia por su relación con el acceso al servicio de gas y el impacto que las modificaciones del sistema de subsidios tendrá en las facturas de los hogares.

La reglamentación dispone que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas continuará financiando las compensaciones vinculadas con la comercialización de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), además de las bonificaciones correspondientes al Régimen de Zonas Frías.

El esquema contempla beneficios para los consumos de gas en la Región Patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. También prevé una bonificación adicional por Zona Fría dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esta bonificación adicional se aplicará sobre los consumos base de los usuarios residenciales de gas natural por redes y de gas propano indiluido distribuido por redes que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación.

La normativa también mantiene las compensaciones relacionadas con la venta de cilindros, garrafas y otros productos de GLP, así como del gas propano comercializado a granel en las regiones alcanzadas por el régimen.

En cuanto al financiamiento, el fondo fiduciario se sostendrá mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, calculado por cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías.

El recargo alcanzará al gas consumido o comercializado para consumo a través de redes o ductos en todo el territorio nacional, independientemente de su destino final. Quedarán exceptuados el gas natural y el gas natural licuado destinados a la exportación, así como el gas natural inyectado al sistema de transporte que provenga de GNL importado y regasificado.

Los productores de gas serán agentes de percepción del recargo cuando emitan las facturas o documentos equivalentes. La reglamentación también contempla a los importadores con esa función, excepto a quienes importen gas natural licuado para su posterior regasificación.

Uno de los principales cambios de la nueva operatoria es el mecanismo de cálculo y pago de las compensaciones. Según la reglamentación, estas deberán calcularse sobre el precio del gas y abonarse directamente a las empresas proveedoras.

De esta manera, las distribuidoras y subdistribuidoras dejarán de administrar y percibir los fondos correspondientes a los subsidios. Su participación quedará limitada a aplicar las bonificaciones en las facturas de los usuarios finales y a brindar la información necesaria para determinar y distribuir las compensaciones.

La Secretaría de Energía de la Nación tendrá a su cargo la aplicación del régimen y podrá determinar las compensaciones y bonificaciones previstas, intervenir en la validación de los importes que deban abonarse y dictar las disposiciones complementarias necesarias para implementar el sistema.

Tandil es uno de los 94 municipios bonaerenses que quedaron fuera del beneficio territorial del Régimen de Zonas Frías, tras la modificación aprobada por el Senado el pasado 24 de septiembre. La medida elimina los descuentos del 30% y el 50% en las facturas de gas que regían desde 2021. Según un informe elaborado por el Instituto Consenso Federal, alcanzará a 49.863 hogares de la ciudad.

El impacto podría extenderse también a la actividad comercial. De acuerdo con las estimaciones difundidas por el Instituto, la eliminación del beneficio implicaría que alrededor de $7.180 millones anuales dejen de destinarse al consumo local, mientras que las facturas de gas podrían registrar un aumento promedio del 55% durante los próximos meses, como consecuencia de la quita del descuento y de otros cambios tarifarios. Cabe destacar que las cifras corresponden a estimaciones y no representan aumentos uniformes para todos los usuarios.

Además, la exclusión alcanza a instituciones como clubes de barrio, bibliotecas populares, centros de jubilados y comedores comunitarios, que también contaban con beneficios vinculados a la Zona Fría.

En el marco de la estrategia de desinversión y participación privada en la infraestructura estatal, distintos empresarios de origen nacional apostaron por quedarse con activos valiosos.

Un conjunto de ejecutivos con trayectorias, pero sobre todo con fondos para hacer frente a las obligaciones.

En el caso de Aysa, el consorcio ganador que firmará el contrato por 340 millones de dólares aparece un consorcio que entre otras firmas tiene a Rowing SA.

Una compañía vinculada al empresario Walter Román, y a Transclor SA, controlada por Mauricio Honesto Filiberti, quien además participa indirectamente en Edenor. Con un dato: Transclor cuenta con experiencia como proveedora de productos químicos para potabilización.

Una parte de las Centrales Hidroeléctricas del Comahue (El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados) también quedó en manos nacionales. Porque Piedra del Águila quedó bajo el control de la firma Central Puerto por 684,3 millones de dólares.

Se trata de una firma cuyos principales accionistas son los empresarios argentinos Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany.

Si se coloca la lupa en Citelec S.A. (Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A.), la sociedad controlante de Transener S.A., la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión de la República Argentina, también hay manos nacionales, ya que se transfirió el 50% por 356,1 millones de dólares al consorcio conformado por Genneia S.A. y Edison.

Es el holding en el que figura el empresario mexicano David Martínez, de Fintech Advisory, y PointState Capital, en alianza con socios locales del sector de transmisión energética, como José Luis Manzano.

Otra firma estatal que quedará en manos privadas será el Belgrano Cargas, sin extranjeros por el momento tras el retiro del Grupo México de la negociación.

Pese a los ruidos, con fuentes del sector empresario que argumentan que los pliegos “son malos” y que no existen ventajas para la adquisición, el Gobierno decidió mantener el esquema inicial.

De hecho, el oficialismo sostuvo que el proceso continuará con las mismas reglas para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Luego de este paso, figura en el radar de prioridades Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos.

La gestión Javier Milei quiso deshacerse de la firma desde el año pasado pese a ser superavitaria. Todavía, las autoridades se encuentran puliendo el proceso de licitación.

Después, aparece Enarsa, la firma estatal encargada de la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica.

Según fuentes libertarias ante la pregunta de NA, en este 2026 se convocará a licitación de las termoeléctricas Belgrano y San Martín.

Y luego en el primer trimestre de 2027 con la de Central Vuelta de Obligado. Además, el Gobierno tiene previsto avanzar con los gasoductos de Enaarsa, otro valor fundamental de la compañía. (NA).

Sobre el cierre de octubre, la mesa política acumula diferencias y mantiene pendientes algunas definiciones clave para avanzar con la hoja de ruta legislativa y los primeros acuerdos electorales con los aliados rumbo a 2027.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las diferencias sobre los tiempos y los criterios para avanzar en las conversaciones con los gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada fueron abordadas en la última reunión del reducido círculo, pero no se tomó una resolución al respecto.

Con Karina Milei como mediadora, el ala política debate si conviene acelerar los tiempos de negociación, como plantea el ministro de Economía, Luis Caputo, o demorarlos, como proponen los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

La indefinición es leída en varios despachos como un triunfo parcial de los armadores territoriales.

A ese debate se suma otro vinculado con la estrategia legislativa. En la última sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo debió realizar concesiones a la oposición y a las bancadas aliadas para obtener la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la reincorporación de las restricciones a la compra de tierras impulsadas originalmente por el kirchnerismo.

Además, logró avanzar con una nueva Ley de Discapacidad y desactivar las iniciativas de Unión por la Patria vinculadas con la morosidad. Al respecto, el secretario de Hacienda, José Luis Daza, admitió que el texto final no era el que pretendía el Ejecutivo.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional también dividió a la mesa política, en una discusión que excede el contenido de la norma y expone diferencias de criterio sobre la estrategia legislativa.

El sector encargado de tender puentes con los aliados y diagramar la estrategia parlamentaria se muestra abierto a negociar con las bancadas aliadas y defiende el pragmatismo como herramienta para sancionar leyes. En este grupo figuran Diego Santilli, Patricia Bullrich y los Menem.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, se muestran más reacios a introducir modificaciones, al considerar que las concesiones desvirtúan las iniciativas.

Los días pasan y la Casa Rosada acumula proyectos claves entre los que destaca la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la ley de Malvinas, entre otros puntos. Con las diferencias aún sin resolver, el ala política deberá acercar posiciones si aspira a llegar ordenada a 2027. (NA).

El presidente Javier Milei celebró su sobreseimiento en la causa $Libra, en la que se investigaba una presunta estafa vinculada con la promoción de una criptomoneda. La resolución judicial también alcanzó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y provocó distintas reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario publicó un breve mensaje en referencia a la decisión judicial. “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”, expresó Milei.

Uno de los primeros dirigentes del entorno presidencial en pronunciarse fue Santiago Caputo, quien celebró la resolución y lanzó fuertes críticas contra quienes impulsaron las denuncias.

“Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente”, sostuvo el asesor presidencial en su cuenta de X.

Caputo también cuestionó a los sectores que habían señalado al mandatario por su participación en la difusión de la criptomoneda. “Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre”, agregó.

Las declaraciones reflejaron el tono con el que el oficialismo recibió la decisión judicial, luego de los cuestionamientos que había generado el caso $Libra y sus posibles implicancias políticas.

Desde la oposición, en cambio, surgieron fuertes críticas al fallo. El presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, expresó su rechazo a través de las redes sociales.

“ESTAFA $LIBRA - VERGONZOSO”, publicó el legislador, en una manifestación de disconformidad con la resolución que benefició al Presidente y a su hermana.

De esta manera, la decisión judicial volvió a colocar el caso $Libra en el centro de la discusión política, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno nacional y la oposición.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó este viernes a última hora el sobreseimiento de Javier Milei y su hermana Karina Milei en la causa $LIBRA, que investigaba una presunta estafa detrás del lanzamiento de la criptomoneda que colapsó en febrero de 2025. La resolución hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó el cierre del expediente para los 11 implicados al concluir que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales analizadas.

Además de los hermanos Milei, quedaron sobreseídos los criptolobbistas Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy; el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Daniel Morales; el empresario norteamericano Hayden Mark Davis; el singapurense Chyi Haur Peh; los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino; y los familiares de Novelli, María Alicia Rafaele y María Pia Novelli.

El fiscal Taiano argumentó que no existió estafa, ya que el proyecto $LIBRA fue real, la criptomoneda fue emitida y las operaciones resultaron trazables mediante tecnología blockchain. Según el dictamen, las pérdidas sufridas por los inversores no son suficientes para configurar un delito, dado que el mercado de las memecoins se caracteriza por una alta volatilidad y un componente especulativo donde los imputados no garantizaron rentabilidad.

El token había ganado notoriedad tras un tuit del presidente publicado el 14 de febrero de 2025, donde afirmaba que serviría para financiar empresas argentinas. Tras el posteo, el valor del activo se disparó antes de caer abruptamente. Para exculpar a Javier Milei, el fiscal se basó en un informe de la Oficina Anticorrupción que determinó que el mensaje fue realizado desde una cuenta personal y no posee carácter institucional. Asimismo, se informó que no se hallaron pruebas de contratos entre el mandatario y Hayden Davis.

Finalmente, el magistrado consideró los informes del Ministerio de Justicia de Estados Unidos, los cuales indicaron que la promoción de un activo volátil en redes sociales, incluso por parte de una figura política, no constituye prueba suficiente de una inducción a operar mediante afirmaciones falsas.