El Gobierno nacional dio a conocer este lunes, cuatro de mayo, una serie de modificaciones a la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429. Los cambios, oficializados mediante el decreto 306/2026 publicado en el Boletín Oficial, abarcan desde la clasificación de materiales hasta los procedimientos de sucesión y las competencias del Registro Nacional de Armas (Renar).

La medida tiene como objetivo principal actualizar los criterios de control, tenencia y uso de armas de fuego en el país. Entre las modificaciones más destacadas, se estableció que el acceso y la portación no podrán estar sujetos a limitaciones irrazonables o desproporcionadas, en consonancia con los derechos constitucionales y el principio de reserva.

La normativa regula la adquisición, tenencia, transporte e importación de armas de fuego, agresivos químicos y materiales clasificados como de guerra o de uso civil. Según se indicó, estas reformas se suman a lo dispuesto en los decretos 397 y 409 de junio de 2025, que modernizaron los actos registrales para el personal de las Fuerzas Armadas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

El decreto redefine la categoría de armas de uso civil condicional, incluyendo armamento portátil que haya dejado de ser dotación de la fuerza pública. Asimismo, se incorporan en esta clasificación los supresores o moderadores de sonido y las miras nocturnas, tales como las infrarrojas o amplificadoras de luz residual.

Un punto clave de la reforma es la flexibilización en la registración de armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán inscribir el material ante el organismo acreditando el vínculo mediante partidas de defunción, casamiento o nacimiento, sin necesidad de una declaratoria judicial previa, lo que busca preservar la trazabilidad estatal.

Al respecto, el documento oficial detalla:

Quien invoque ser heredero sin que existiere declaratoria judicial deberá proceder a la registración del arma ante el Registro Nacional de Armas y acreditar el vínculo con el causante mediante la presentación de las partidas de defunción, casamiento o nacimiento correspondientes.

Finalmente, se aclaró que el cumplimiento de este trámite no implica reconocer la propiedad del bien ni otorgar derechos sucesorios definitivos, sino que se limita a regularizar la tenencia del armamento ante las autoridades competentes.

Luego de diez días de restricciones, el Gobierno nacional habilitó este lunes el reingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada. Sin embargo, la medida llegó acompañada de una serie de limitaciones que modifican sustancialmente la dinámica de trabajo dentro del palacio de Gobierno.

Los cambios en la circulación interna fueron diseñados por la Casa Militar, el organismo responsable de la seguridad presidencial. A partir de ahora, los periodistas deberán ingresar por el acceso de Balcarce 78, presentando DNI y credencial en mano, dejando atrás el sistema de huella biométrica que se utilizaba anteriormente en la entrada de Balcarce 24.

Una vez en el interior, se establecieron prohibiciones para transitar por sectores que históricamente fueron de uso común. El Patio de Palmeras y el balcón del primer piso, puntos clave para observar el movimiento de funcionarios en el Salón de los Bustos, se encuentran inhabilitados. En esa misma línea, se procedió a esmerilar los vidrios de los pasillos internos que permiten la visión hacia dichas áreas.

La nueva disposición también limita el acceso a la Sala de Periodistas, sanitarios, cafeterías y el Patio de Malvinas. Asimismo, se impidió la circulación por los pasillos del ala oeste, donde se encuentran los despachos del asesor presidencial, Santiago Caputo, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Estas medidas se tomaron en el marco de una investigación iniciada tras la difusión de un informe televisivo con imágenes capturadas mediante anteojos inteligentes. Debido a este hecho, el coronel mayor Sebastián Ibáñez presentó una denuncia penal. En consecuencia, la Secretaría de Comunicación y Prensa, dirigida por Javier Lanari, dispuso inicialmente la baja de la acreditación del periodista involucrado y luego extendió la decisión a toda la sala.

Se espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinde precisiones sobre esta situación durante su habitual conferencia de prensa, en una jornada marcada por la reapertura de la sala bajo estas nuevas y estrictas condiciones por tiempo indefinido.

El Gobierno nacional oficializó este lunes una bonificación extraordinaria del 25 por ciento sobre las tarifas de gas para el mes de mayo. La medida, formalizada a través de la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Energía, busca amortiguar el impacto de la suba internacional de los precios de la energía en los usuarios de menores ingresos.

La disposición alcanza a 4.780.000 usuarios y se enmarca en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a fines de 2025. Según lo establecido, quienes ya reciben asistencia estatal contarán en mayo con un 25 por ciento adicional de bonificación, que se suma al 50 por ciento general vigente, elevando el beneficio total al 75 por ciento de forma excepcional.

En los considerandos de la norma publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo argumentó que el contexto energético internacional se encuentra afectado por “crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas”, lo que incrementó la volatilidad de los precios. Se señaló además que, si bien el país cuenta con producción propia, las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) vinculan el costo local con las variaciones externas.

La bonificación adicional se aplicará exclusivamente durante mayo de 2026 y alcanzará tanto a usuarios residenciales como a entidades sin fines de lucro, entre las que se encuentran clubes de barrio y organizaciones de bien público. Por otro lado, el Gobierno nacional mantiene sin cambios la trayectoria de reducción de subsidios para la electricidad, que terminará siendo del cero por ciento en diciembre de este año.

Respecto al rumbo de la política energética, el comunicado oficial detalló: “El Gobierno nacional continúa avanzando hacia una política de subsidios energéticos más simple, transparente y sostenible, que concentra los recursos en quienes realmente los necesitan, ordena la relación entre tarifas y costos y brinda mayor previsibilidad sobre el impacto de las facturas de luz y gas a lo largo del año”.

El Gobierno nacional reguló el mercado de vapeadores y bolsas de nicotina mediante la creación de un nuevo marco regulatorio que incluye la implementación de un registro obligatorio para fiscalizar la comercialización e importación. El nuevo esquema normativo para los productos de tabaco y nicotina de nueva generación fue aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la Resolución 549/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo explicaron que "la medida tiene como objetivo reemplazar el esquema de prohibición vigente por un sistema de registro, control y fiscalización específico que permita establecer estándares mínimos de calidad y seguridad sanitaria para su comercialización". Al mismo tiempo, argumentaron que "la decisión se fundamenta en que la prohibición previa no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos".

Según datos recientes, los vapeadores y cigarrillos electrónicos registraron una prevalencia de consumo del 35,5% en adolescentes durante el último año, posicionándose entre las sustancias de mayor consumo en este grupo etario. Frente a este escenario, la cartera sanitaria nacional avanzó en un modelo regulatorio alineado con experiencias internacionales implementadas en países como Estados Unidos y el Reino Unido.

Según lo establecido por la nueva resolución, los cigarrillos electrónicos, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado, líquidos para vaporización y bolsas de nicotina son considerados productos elaborados con tabaco y deben cumplir con las disposiciones previstas en la Ley N° 26.687. Esto implica la obligatoriedad de incorporar advertencias sanitarias en los envases y la prohibición de utilizar elementos de diseño atractivos para niños, imágenes de celebridades o mensajes engañosos.

La norma también limita los sabores autorizados: solo se permiten líquidos y sticks con sabor tabaco y bolsas de nicotina con sabor tabaco o mentol. Asimismo, prohíbe los cigarrillos electrónicos desechables con soluciones precargadas, "considerados uno de los formatos de mayor atractivo para la iniciación juvenil", según remarcaron desde Salud.

En este marco, se creó el Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN). Sobre este punto, desde la cartera que conduce Mario Lugones advirtieron que "aquellos productos que no se encuentren contemplados dentro de las categorías previstas no podrán ser importados ni comercializados en el país".

Las empresas deberán tramitar la inscripción de cada producto a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y presentar declaraciones juradas con información toxicológica. La inscripción tendrá una vigencia de cinco años. El Gobierno destacó que la actualización "incorpora un modelo de regulación activa que fortalece la capacidad de fiscalización del Estado sobre productos cuyo consumo continúa expandiéndose, especialmente entre adolescentes y jóvenes".

Finalmente, se resaltó que "a través de herramientas de registro, trazabilidad y vigilancia sanitaria, el Ministerio de Salud de la Nación busca reducir los riesgos asociados al consumo, prevenir el acceso de menores y combatir la comercialización ilegal de productos sin control sanitario".

En el marco de las actividades oficiales programadas en Buenos Aires, el Gobierno nacional ratificó la realización de la conferencia de prensa del jefe de gabinete, Manuel Adorni. A través de fuentes oficiales, el encuentro está previsto para este lunes a las 11 de la mañana.

La confirmación de la agenda se dio tras la apertura de la sala de periodistas en la sede gubernamental. De esta manera, el funcionario nacional mantendrá el contacto habitual con los medios de comunicación para brindar detalles sobre la gestión en el inicio de la semana.

La administración central sostiene así su esquema de comunicación habitual, garantizando el espacio de preguntas y respuestas ante los cronistas acreditados, tal como se informó desde el entorno de la Casa Rosada.

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una medida enmarcada en la reforma laboral que reduce las contribuciones patronales por un período de cuatro años para quienes incorporen nuevos trabajadores. La normativa fue oficializada mediante el decreto 315/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo.

La implementación de esta medida se produce tras un fallo judicial favorable al Ejecutivo, en el cual la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se declaró competente para intervenir en la demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral, ordenando que el expediente sea remitido desde el fuero laboral.

El objetivo central del RIFL es impulsar las contrataciones en el sector privado de personas que no contaran con una relación laboral registrada al diez de diciembre de 2025. El beneficio alcanza a quienes hayan estado desempleados en los seis meses previos al alta laboral, a los inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) o a aquellos cuyo último empleo haya sido en el sector público nacional, provincial o municipal.

Bajo este nuevo esquema, el empleador pagará menores contribuciones patronales por cada nuevo trabajador, fijándose una alícuota de solo el ocho por ciento, que incluye el tres por ciento destinado al Fondo de Indemnizaciones. Según la reglamentación, esta reducción podrá ser aplicada por quienes hayan adquirido el carácter de empleador inscripto ante la ARCA a partir del diez de diciembre de 2025, con un tope máximo del 80% de su nómina de trabajadores.

En cuanto a la distribución de los fondos, las contribuciones que se determinen por la aplicación de la alícuota del dos por ciento se repartirán entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares. Por otro lado, las contribuciones del tres por ciento restante tendrán como destino el subsistema regido por el INSSJP. Finalmente, el decreto aclara que los ingresos adicionales que perciba el trabajador tras el inicio del vínculo laboral no afectarán los beneficios otorgados al empleador.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la clave del desarrollo económico argentino radica en superar la histórica limitación de divisas y sostuvo que el objetivo oficial es construir “una Argentina poderosa y próspera”, en contraposición a un modelo de crecimiento restringido.

A través de sus redes sociales, el funcionario abordó ayer el concepto de “restricción externa”, al que definió como una limitación estructural que condicionó el desarrollo del país durante décadas.

Según explicó, “Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y la llevaba a crisis recurrentes”.

En ese marco, remarcó que la estrategia del Gobierno busca modificar esa dinámica de fondo. “No queremos salarios de Haití, sino que queremos la productividad y los salarios de Japón y Polonia. Y como la restricción externa es de factura propia, apuntamos los cañones a destruirla. Es un trabajo difícil, tedioso, pero imprescindible”, expresó.

El ministro, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, detalló además una serie de iniciativas orientadas a ampliar la capacidad exportadora y mejorar la competitividad. Entre ellas mencionó la revisión de marcos regulatorios como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje, así como el impulso de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.

Las declaraciones del funcionario se inscriben en el enfoque oficial de promover reformas estructurales que permitan incrementar las exportaciones, fortalecer el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a los ciclos de crisis. (NA).

Las palabras de Javier Milei, ponderando en cada oportunidad su gestión económica y señalando que “lo peor ya pasó”, no prenden en funcionarios de primer y segundo orden.

Todos, en mayor o menor medida, transmiten que hay escasez de fondos que complican la gestión y que escenarios como el que transitó el PAMI pueden convertirse en una moneda corriente.

Incluso será un desafío para el ministro del Interior, Diego Santilli, cuando le toque negociar votos y plata con gobernadores que aparecen con necesidades.

¿Cuál es el motivo central de este espiral de complicaciones? La falta de recaudación opera como factor decisivo. Ante Agencia Noticias Argentinas, nadie lo quiere decir en voz alta pero todos, en mayor o menor medida, ven que el Estado se encuentra recaudando menos por la caída de la actividad económica. Hay un número básico para entender el fenómeno: la recaudación real sufrió una contracción del 8 por ciento solo en el primer bimestre.

La consultora Scentia aportó esta semana otra cifra para comprender el contexto en el que se mueve la administración Javier Milei: el consumo masivo registró en marzo una caída interanual del 5,1% y encadenó así su tercer mes consecutivo en baja. En La Libertad Avanza hay quienes se desmarcan de los pronósticos espectaculares que realiza el Presidente y anticipan que no habrá mejoras en el corto plazo pero al menos los números no van a ser tan negativos. Hay chances de amesetamiento de la caída.

E jefe de Estado por lo pronto trató, con mucho esfuerzo, de inaugurar una nueva narrativa, criticando a los medios de comunicación por encarar una cadena de malas noticias. “Pasa que es entendible que lo malo vende más que lo bueno, siempre es así, pero pasan cosas buenas, estamos gestionando”, dicen desde un ministerio en línea con el discurso presidencial que puja por dar optimismo en épocas de bolsillos flacos.

Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía tiene todas las cifras en su cabeza. Por eso, como confiesa un funcionario, responde con la palabra “fondeate porque no hay plata” cuando enfrenta reclamos de presupuestos. Todo un problema cuando la gestión libertaria debe tener, en las próximas semanas, renovados diálogos con gobernadores para tratar de avanzar con la agenda legislativa. Una agenda que prácticamente quedó en pausa gracias al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero que tendrá que motorizarse en algún momento.

Los mandatarios buscarán fondos. Ya lo dejaron trascender porque cuentan en sus distritos con reclamos de todo tipo y color, especialmente de parte de su planta estatal que busca actualizar salarios ante una inflación que se mantiene en alza. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, blanqueó de alguna manera que la suba de precios es muy alta en la era libertaria y quiere cerrar una paritaria con los siete sindicatos de trabajadores de la administración pública en torno al 40%. No quiere conflictos.

Otros mandatarios provinciales deberán seguir sus pasos sino quieren problemas. El problema es que la caída de la coparticipación obliga a que las solicitudes a Nación se incrementen. Para calmar ánimos, sobre todo de los aliados, el Gobierno giró en marzo pasado 47 millones de pesos en concepto de ATN. ¿Podrá sostener nuevas demandas en un contexto de vacas flacas?

Hay más datos: Las transferencias automáticas de recursos del Estado a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) totalizaron $5,58 billones en abril, que al descontar el efecto de la inflación, representan una caída real del 3,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Desde la óptica de Milei, van a llover dólares y se encargar de alimentar el optimismo. Desde la visión de otros funcionarios que disponen de números y analizan contextos, el panorama no es tan sencillo. (NA).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno avanzará con una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, tras un fuerte cruce ocurrido en el Congreso.

La decisión se produjo luego de que el legislador de Unión por la Patria expusiera durante una sesión en la Cámara de Diputados detalles sobre la vida privada de la esposa del funcionario, lo que encendió la polémica. Desde el oficialismo sostienen que esa información sería de “procedencia sospechosa” y podría haber sido obtenida de manera indebida.

“Tailhade tenía detalles de movimientos míos y de mi familia”, afirmó Adorni, quien cuestionó la difusión de datos vinculados a la intimidad personal y remarcó que se trata de una situación grave que será llevada a la Justicia.

En ese sentido, el Gobierno considera que el accionar del diputado podría encuadrarse dentro de un caso de espionaje ilegal o violación de la privacidad, por lo que la denuncia buscará determinar el origen de la información difundida.

El episodio se originó durante una sesión informativa en la que Adorni brindó explicaciones ante legisladores. Allí, Tailhade hizo referencia al supuesto uso de custodia oficial por parte de la pareja del funcionario y mencionó rutinas y actividades personales, lo que motivó la reacción inmediata del oficialismo.

Lejos de retroceder, el diputado ratificó sus dichos y desafió al Gobierno a avanzar con la denuncia. “Espero con impaciencia” la presentación judicial, sostuvo, al tiempo que negó haber cometido որևէ delito y defendió que su exposición se basó en información de interés público.

El conflicto escaló también al plano político, con la intervención del presidente Javier Milei, quien respaldó a Adorni y cuestionó la difusión de datos personales, al considerar que podría implicar una violación de garantías constitucionales.

De este modo, el caso abre un nuevo frente de tensión entre el oficialismo y la oposición, y ahora quedará en manos de la Justicia determinar si existió o no obtención y divulgación ilegal de información privada.

El Gobierno nacional confirmó que durante la semana próxima se llevará a cabo la reapertura de la sala de periodistas de la Casa Rosada, luego de que el acceso permaneciera restringido por el lapso de una semana. La determinación fue coordinada de manera conjunta entre el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

La clausura temporal del espacio de trabajo se produjo tras una denuncia presentada por la Casa Militar a raíz de un informe del canal TN. Según se informó, las imágenes habrían sido capturadas mediante el uso de anteojos inteligentes, presuntamente sin previo aviso a las autoridades del edificio. Desde el entorno gubernamental destacaron la irregularidad del dispositivo de filmación: "Eso nunca se había hecho y esa es la violación", alegaron fuentes oficiales.

Durante el período en que el ingreso estuvo bloqueado para los acreditados, se realizó una exhaustiva revisión de los sistemas de vigilancia, equipos de control y diversos dispositivos de comunicación. Si bien no se registraron sanciones contra los responsables de la seguridad en la Casa Rosada, se decidió endurecer los controles preventivos y sumar nuevas restricciones de circulación dentro de las instalaciones, según trascendió tras la intervención de La Nación.

Por otra parte, se confirmó que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, retomará sus habituales conferencias de prensa. La decisión fue tomada por el propio funcionario luego de su reciente presentación ante el Congreso, donde brindó su primer informe de gestión a casi seis meses de haber asumido el cargo en reemplazo de Guillermo Francos.

La última intervención pública de Manuel Adorni ante los medios acreditados se había registrado el pasado 25 de marzo. Aquella conferencia se produjo poco antes de que se conocieran las primeras revelaciones periodísticas vinculadas a sus viajes oficiales y a los bienes que integran su patrimonio actual.

El expresidente de Nucleoeléctrica Argentina Demian Reidel negó haber hecho gastos personales con la tarjeta corporativa de la empresa que dirigió, y al respecto señaló que no tiene “nada que ocultar” y pidió que “se investigue hasta el último peso”.

“Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada”, explicó.

Según señaló, los artículos periodísticos que expusieron los consumos bancarios “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa”.

“Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta”, protestó el ex asesor de Javier Milei en su cuenta de la red social X.

“Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”, finalizó.

El descargo de Reidel a través de las redes sociales se produce luego de la publicación de un documento incluido en el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que enumeró los consumos con tarjetas de Nucleoeléctrica entre marzo del 2025 y febrero de 2026 (justo cuando renunció al cargo de titular de la empresa energética)

En ese documento conviven gastos relacionados a instituciones nucleares con otros consumos en servicios de playa de Valencia, discotecas en Madrid, free shops, casas de ropa, hoteles, restaurantes, pubs y hasta peluquerías en distintas ciudades del mundo.

También aparecieron allí adelante de efectivo por unos 56 millones de pesos. NA

La Justicia dejó firme la restitución de la pensión de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara un recurso extraordinario presentado por la ANSES.

La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal, que desestimó el planteo del organismo previsional y confirmó la vigencia de una medida cautelar que obliga a restablecer el pago del beneficio que la exmandataria percibe como viuda de Néstor Kirchner.

De esta manera, el fallo deja firme —al menos de forma provisoria— la resolución judicial previa que había ordenado reanudar el pago de la pensión, mientras continúa la discusión de fondo sobre la legalidad del beneficio.

El origen del conflicto

El caso se remonta a fines de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso la baja de dos prestaciones que cobraba la ex presidenta: la pensión por viudez y la jubilación de privilegio como ex jefa de Estado. La medida se adoptó tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.

Sin embargo, la Cámara estableció una diferencia entre ambos ingresos. Mientras avaló la suspensión de la jubilación vinculada a su cargo presidencial, consideró que la pensión por viudez no podía ser eliminada por vía administrativa, sino eventualmente suspendida, lo que motivó su restitución.

Rechazo al recurso y próximos pasos

El tribunal también rechazó que el caso sea elevado de manera directa a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, al entender que se trata de una medida cautelar y no de una sentencia definitiva.

Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el Gobierno interpondrá un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión.

Así, el conflicto judicial continúa abierto, aunque con un escenario favorable para la exmandataria en esta instancia, que le permite seguir percibiendo la pensión mientras se resuelve la cuestión de fondo.

En el marco de un profundo debate sobre las reglas de juego democráticas, el extitular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, analizó los pormenores de la reforma del sistema electoral que impulsa el gobierno nacional. El especialista, quien estuvo al frente del organismo entre 2001 y 2016, se centró en tres ejes fundamentales: la boleta única de papel, el financiamiento de las campañas y la continuidad de las PASO.

Durante una entrevista brindada a Net TV y Radio Perfil, Alejandro Tullio advirtió que cualquier modificación en esta materia no es neutra. "Esta reforma tiene muchas aristas, son siete grandes temas. Todas las modificaciones en materia electoral tienen impactos unas sobre otras", explicó el abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Uno de los puntos centrales de la discusión es el instrumento de votación. El experto comparó la propuesta nacional con las experiencias vigentes en Chubut, Córdoba y Mendoza. Según detalló, el proyecto busca incorporar un casillero para el voto por bandera, que permite elegir la lista completa de una agrupación en un solo casillero.

Sobre este punto, Alejandro Tullio se mostró a favor de la medida, argumentando que es razonable que quienes apoyan a un candidato a presidente también lo hagan con sus legisladores. No obstante, aclaró que la crítica histórica a las denominadas listas sábana no siempre se vincula al formato del papel, sino al volumen de los distritos electorales.

En distritos grandes como la provincia de Buenos Aires, que elige 35 diputados, o la ciudad de Buenos Aires, que elige 12 o 13, el elector suele desconocer a la totalidad de los integrantes. "Entran del primero al 15 y probablemente después del número cinco no sean conocidos", señaló el director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de San Martín.

Al recordar su experiencia como fiscal en las elecciones de 1983, Alejandro Tullio reflexionó sobre la pérdida de la territorialización en la política argentina. "En esa época yo no sabía quién era el diputado número tres, pero sí sabía quién era el 19 porque era de Adrogué. Había una territorialización mayor que se ha ido perdiendo después de los años 90", recordó.

Finalmente, el especialista subrayó que la discusión sobre las PASO oscila entre la búsqueda de un ahorro fiscal y el riesgo de generar un cepo a la competencia interna de los partidos, remarcando que el sistema electoral debe ser entendido como un conjunto de factores donde la alteración de uno afecta inevitablemente a los demás.

El Gobierno nacional continúa con su política de desprenderse de inmuebles pertenecientes al Estado a través de diversas subastas públicas. En esta oportunidad, se confirmó la venta de un edificio que funcionó como sede del Banco Nación en la ciudad de Rosario, según se informó este lunes a través de una publicación en el Boletín Oficial.

La operación estará a cargo del Banco Ciudad y se llevará a cabo el próximo 13 de mayo de manera online a las 12, a través de la plataforma de subastas de la entidad. El inmueble, ubicado en la calle Santa Fe 1274/1280, se encuentra en una zona comercial estratégica y cuenta con una superficie edificada de 797 metros cuadrados distribuidos en planta baja, dos pisos, subsuelo y terraza, sobre un terreno de 318 metros cuadrados.

La construcción, de estilo tradicional, presenta un estado de conservación regular. Según el detalle técnico, el subsuelo alberga el tesoro, una sala de bombas y un búnker; la planta baja dispone de salón de atención al público, cajas y baños; mientras que los niveles superiores incluyen oficinas, sala de reuniones, cocina-comedor para el personal y depósitos.

El precio base para la puja se fijó en 600.000 dólares, un valor que se sitúa por debajo de la última vez que salió a la venta en 2025, cuando se ofreció a 804.000 dólares. Las visitas a la propiedad están previstas para los días cuatro y cinco de mayo, en el horario de diez a 15, con contacto previo según las condiciones de venta.

Para participar, los interesados deben inscribirse en la página del Banco Ciudad hasta 48 horas hábiles antes del inicio y constituir una garantía equivalente al tres por ciento del precio base. El procedimiento de pago se realizará en tres etapas y la subasta contará con un incremento mínimo de 5.000 dólares por cada oferta.

En paralelo a esta desinversión, se conocieron datos sobre el acceso a créditos hipotecarios en la entidad. Un total de 714 estatales solicitaron préstamos en el Banco Nación, de los cuales la mayoría fueron rechazados. En los casos aprobados, las sumas ofrecidas resultaron ser hasta diez veces menores que las otorgadas a funcionarios de LLA.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, denunció ante la Cámara de Diputados que el kirchnerismo, junto a empresarios prebendarios y sectores de la prensa, llevaron adelante una operación golpista a mediados del año pasado. Según el funcionario, estas maniobras tuvieron como objetivo principal retrasar el camino de reconstrucción trazado por la actual gestión nacional.

Durante su exposición en una sesión marcada por la tensión, Adorni estuvo acompañado por el presidente Javier Milei y el resto del gabinete. En su discurso, defendió con firmeza el plan antiinflacionario implementado por el oficialismo, destacando que se logró reducir la inflación del 211% al 31% en un período de dos años.

El funcionario describió el escenario recibido al asumir el mando, mencionando un país en crisis con un cepo y una brecha cambiaria del 200%, un Estado sobredimensionado y una pobreza infantil que alcanzaba al 60%. En ese sentido, advirtió que si no actuaban rápido, la economía y la pobreza hubieran colapsado aún más.

En su análisis de la campaña electoral, el jefe de gabinete subrayó que el kirchnerismo intentó desestabilizar el país mediante corridas cambiarias y subas de tasas.

"Hubo un retraso en nuestro camino de la reconstrucción que se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con historia crudeza durante la segunda mitad del año pasado, la operación golpista que el kirchnerismo de izquierda ejecutaron en plena campaña electoral", señaló.

A pesar de los obstáculos mencionados, Adorni resaltó los logros de la administración, como la obtención del superávit fiscal por primera vez en más de un siglo y la reducción del gasto público al nivel más bajo en diez años. Asimismo, enfatizó que se eliminaron estructuras estatales innecesarias y diversos privilegios de la política.

Finalmente, el funcionario se mostró optimista respecto al futuro inmediato de la economía argentina. Aseguró que, gracias a las medidas adoptadas, ya se superó la peor parte de la tormenta. Según sus palabras, las tasas de interés están bajando, el crédito se encuentra en expansión y la actividad económica muestra signos de mejora, mientras la inflación mantiene su tendencia a la baja.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el otorgamiento del bono previsional de 70.000 pesos para el mes de mayo, destinado a jubilados que perciban el haber mínimo y pensionados. La medida fue comunicada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán por encima de los 463.000 pesos. Este valor contempla la actualización del haber inicial, la cual debe formalizarse en sintonía con la inflación de marzo, que se ubicó en el 3,4%.

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo justificó la decisión aludiendo al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021 por la Ley N° 27.609. El texto oficial puntualizó que la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones.

Ante este diagnóstico, se implementaron distintas ayudas económicas en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de 55.000 pesos en los primeros dos meses de 2024 y, desde marzo de ese año en adelante, el monto se actualizó a 70.000 pesos.

El decreto señaló que la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los beneficiarios, principalmente para aquellos de menores ingresos. Por ello, se consideró oportuno el otorgamiento de este Bono Extraordinario Previsional como una compensación por los efectos adversos de la mencionada fórmula.

Finalmente, el documento precisó que para percibir el beneficio, los haberes deben encontrarse vigentes en el mismo mes de la liquidación. Asimismo, se dispuso que el bono no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto. En el caso de las pensiones con varios copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines de la percepción.

El Gobierno nacional sumó un nuevo triunfo en la disputa judicial por la reforma laboral, luego de que se resolviera que las impugnaciones contra la norma deberán tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal y no en la Justicia laboral.

La decisión se dio en el marco del conflicto de competencia planteado tras las presentaciones de la CGT, que había logrado frenar parcialmente la aplicación de varios artículos mediante una medida cautelar. Con este fallo, se determinó que el expediente pase al ámbito contencioso, donde se analizará tanto la validez de la cautelar como el fondo de la cuestión.

El eje de la disputa radica en definir qué tribunal debe intervenir en una causa que cuestiona la constitucionalidad de una ley nacional. Desde el Gobierno sostienen que, al tratarse de una norma y de una acción contra el Estado, corresponde la intervención del fuero contencioso, especializado en derecho público.

En esa línea, el fallo consideró que no se trata de un conflicto laboral tradicional entre empleadores y trabajadores, sino de una controversia de carácter institucional, lo que justifica el cambio de jurisdicción.

Un cambio clave en la estrategia judicial

El traslado de la causa implica un giro significativo en la batalla legal por la reforma laboral. Para el oficialismo, el fuero contencioso administrativo representa un ámbito más favorable para defender la legalidad de la norma y sostener su aplicación.

En cambio, desde sectores sindicales advierten que la decisión puede debilitar la discusión en torno a los derechos laborales, al alejar el debate del ámbito específico del trabajo.

La resolución no aborda aún la constitucionalidad de la reforma, sino únicamente qué tribunal debe analizar el caso. Sin embargo, el cambio de fuero podría influir en los tiempos del proceso y en el enfoque jurídico con el que se evalúe la norma.

Un conflicto que podría escalar

El escenario aún no está completamente cerrado. Si la Justicia laboral insiste en mantener la causa, podría generarse un conflicto de competencia entre fueros, una situación que eventualmente debería resolver la Corte Suprema.

En ese contexto, la disputa judicial por la reforma laboral continúa abierta y suma capítulos en los tribunales, mientras se define el futuro de una de las iniciativas más relevantes del Gobierno en materia económica y laboral.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó este martes que el proceso de privatizaciones y concesiones de activos estatales se mantendrá vigente durante el resto del año. Según las proyecciones oficiales, estas operaciones generarán un ingreso aproximado de 2.000 millones de dólares. El dato apunta a dar señales al mercado de que Argentina tendrá fondos adicionales para hacer frente al pago de la deuda.

Asimismo, el jefe del Palacio de Hacienda prometió que habrá progresos en sectores clave como la industria y la construcción. En este último rubro, se prevé que para el mes de julio se encuentren en obra 9.000 kilómetros de corredores viales, junto con la licitación de otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales y el traspaso de vías a las provincias.

Luis Caputo habló en la apertura de la edición 2026 de ExpoEFI (Economía + Finanzas + Inversiones), celebrada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El funcionario destacó la respuesta del programa económico ante factores internos. Al respecto, afirmó que

“en donde más se ha manifestado la robustez del programa económico es en que en los últimos siete u ocho meses hemos tenido que pasar por un shock interno brutal”.

El ministro añadió que la economía argentina superó un proceso de dolarización del 50 por ciento del M2, al que definió como el más fuerte de la historia en ese término. Sobre el contexto internacional, el titular de la cartera económica señaló que el país enfrentó shocks externos sin desestabilizaciones ni corridas cambiarias.

“Argentina es el país que mejor ha enfrentado al shock externo por la robustez del programa económico”, definió el funcionario.

En cuanto a las proyecciones de comercio exterior, Luis Caputo precisó que el país se está acercando por primera vez a los 100.000 millones de dólares de exportaciones. Además, estimó un superávit de 350.000 millones de dólares en el sector energético hacia el año 2035 y otros 162.000 millones provenientes de la minería.

Finalmente, el ministro señaló que el modelo busca que la población acceda a bienes de mayor calidad a menor precio mediante la baja de impuestos y la eliminación de regulaciones. Según las predicciones citadas, la economía podría registrar un crecimiento cercano al 20 por ciento entre 2023 y 2027.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el Gobierno nacional enviará en junio un paquete de desregulación inmobiliaria al Congreso. La medida tiene como objetivo central reducir los costos en las operaciones de compraventa y ampliar la competencia en el sector.

Durante su exposición en el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, organizado por Reporte Inmobiliario, el funcionario cuestionó el rol de las entidades sectoriales y el esquema de precios fijos. Al respecto, el ministro fue tajante al manifestar "que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social"

En esa misma línea, Federico Sturzenegger insistió en la necesidad de avanzar en la desregulación de los colegios profesionales. Según explicó el integrante del gabinete del presidente Javier Milei, "el problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado".

La propuesta oficial apunta a eliminar la obligatoriedad de la matriculación y la imposición de honorarios mínimos, factores que el funcionario considera barreras de entrada que limitan la competencia. 

"Si un profesional quiere cobrar menos, no debería haber una norma que lo impida", sostuvo el ministro. Asimismo, añadió que "la idea es que cualquiera pueda innovar, crear nuevos modelos y ofrecer mejores condiciones".

Finalmente, el titular de la cartera de Desregulación advirtió que se trata de un proceso complejo, dado que muchas de estas normativas poseen carácter jurisdiccional y dependen de las provincias o incluso de reformas constitucionales. No obstante, ratificó que el paquete legislativo que se enviará en las próximas semanas incluirá cambios específicos sobre el corretaje y otras actividades reguladas.

Luego de que el debate en el Congreso a fines del año pasado derivara en la caída del capítulo XI del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional analiza volver a la carga con una serie de modificaciones al régimen de Zona Fría. Se trata del sistema que subsidia la tarifa de gas a usuarios que residen en zonas de bajas temperaturas, una medida que impacta de manera directa en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto original incluía la derogación de la ampliación del beneficio, cambios en el Fondo Fiduciario que lo financia y la aprobación de un esquema de compensación cruzada con las distribuidoras eléctricas. A pesar de haber sido rechazado en la Cámara de Diputados, el punto permanece bajo análisis del equipo del presidente Javier Milei, quien busca reimpulsarlo en un contexto de tensión internacional en Oriente Medio que presiona sobre los precios del petróleo y el gas.

Actualmente, el beneficio alcanza a unos cuatro millones de hogares en 15 provincias del país. En el territorio bonaerense, son 90 los municipios comprendidos en este régimen, el cual permite descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas. La quita de esta categoría representaría un fuerte impacto en las facturas finales que abonan los usuarios.

Para comprender el funcionamiento de la Zona Fría, es necesario remitirse al régimen creado en 2002, que originalmente abarcaba a 850.000 hogares y se autofinanciaba con un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Sin embargo, en 2021 el entonces gobierno de Alberto Fernández amplió la cobertura a más de cuatro millones de beneficiarios, garantizando descuentos para jubilados, receptores de la AUH y electrodependientes, entre otros sectores vulnerables.

Si la administración nacional insiste con el esquema planteado en el presupuesto, se regresaría a un modelo similar al de la ley 25.565. Esto implicaría que el subsidio solo se mantendría para 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, eliminando de la cobertura a las ciudades bonaerenses que habían sido incorporadas recientemente bajo este régimen promocional.