El Gobierno nacional reorganizó el sistema de control alimentario del país mediante la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Las funciones que ejercía el organismo fueron redistribuidas entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Ministerio de Salud, según lo establecido en el Decreto 697/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa también introdujo modificaciones al Código Alimentario Nacional, fijando por primera vez un plazo máximo de 45 días hábiles para su actualización. Esta medida busca dotar de mayor previsibilidad y transparencia al proceso normativo.

El Senasa absorberá las tareas de registro, control y fiscalización, aprovechando su amplia infraestructura territorial, que incluye laboratorios y un cuerpo de inspectores desplegado en todo el país. Por su parte, el Ministerio de Salud concentrará su labor en la rectoría y definición de la política alimentaria, con un enfoque inicial puesto en la eliminación de colorantes y saborizantes en los alimentos procesados.

Esta reorganización responde a una cuestión de capacidad operativa. Mientras el Senasa se especializa en la fiscalización operativa, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura se encargarán de establecer los lineamientos técnicos del Código Alimentario Argentino.

El esquema implementado busca eliminar la duplicación de controles y reducir la carga administrativa. Entre los puntos clave se destacan:

Fortalecimiento del Senasa: El organismo centralizará el registro y la fiscalización de importaciones, además de supervisar los establecimientos oficiales que verifiquen normas del Código Alimentario Argentino.

Simplificación regulatoria: Se reconocerán por equivalencia las certificaciones de aditivos e ingredientes emitidas por países con sistemas de control reconocidos o que apliquen el Codex Alimentarius, evitando trámites innecesarios.

Modernización: Se creará una Base Única de Datos bajo la órbita del SENASA para fortalecer la trazabilidad y agilizar la gestión de registros de productos y establecimientos.

Facilitación del comercio: Se agilizarán las importaciones de alimentos envasados mediante controles posteriores al ingreso y se unificarán las certificaciones para la exportación, facilitando el cumplimiento de los requisitos internacionales.

Finalmente, el Senasa impulsará convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar hacia un sistema armonizado de registros y sanciones, buscando simplificar la identificación de los establecimientos en todo el territorio nacional.

El presidente Javier Milei ratificó sus duras críticas contra el mandatario brasileño Lula da Silva, tras sus declaraciones realizadas durante un acto del Partido Liberal en São Paulo. En una entrevista con Luis Majul para LN+, el jefe de Estado argentino sostuvo que sus dichos fueron espontáneos y reafirmó su postura:

“Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto”.

El mandatario argentino argumentó que su accionar responde a su rol como defensor de las ideas de la libertad y cuestionó la reacción de sus pares regionales. Según Javier Milei, el presidente brasileño interfirió políticamente al promover el socialismo, mientras que él se limita a responder con verdades ante los insultos recibidos.

La referencia de Javier Milei sobre una falla en el procedimiento alude a la compleja historia judicial de Lula da Silva. Tras ser condenado en el marco de la Operación Lava Jato, el juez de la Corte Suprema Edson Fachin anuló las sentencias en 2021 por cuestiones de jurisdicción, determinando que el tribunal de Curitiba no era competente para juzgar los casos. Esta decisión, ratificada por la Corte Suprema, no implicó una declaración de inocencia, sino una anulación procesal que envió los expedientes a fojas cero.

El viaje de Javier Milei a Brasil, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, generó una respuesta inmediata del gobierno brasileño. El canciller Mauro Vieira convocó al embajador argentino Daniel Raimondi al Palacio de Itamaraty para expresar su repulsa, calificando el episodio como un hecho sin precedentes. Como medida de protesta, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Aunque el canciller Pablo Quirno intentó suavizar la situación asegurando que no hay riesgo de ruptura en las relaciones bilaterales, la tensión persiste. El gobierno brasileño autorizó el regreso de Julio Bitelli a Buenos Aires tras una reunión en Brasilia, aunque sin establecer una fecha concreta. Por su parte, Lula da Silva aumentó la retórica durante un acto en Ceará, advirtiendo que la extrema derecha no volverá a gobernar su país.

El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de una suma fija de 50.000 pesos destinada a todo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida fue comunicada este lunes a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial.

Se trata de una decisión de carácter excepcional, remunerativa y no bonificable, que se liquidará por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto. El alcance de la resolución comprende a decenas de miles de agentes en todo el territorio nacional.

La normativa fue instrumentada mediante los decretos 695/2026 y 696/2026, los cuales llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, y los titulares de las carteras de Defensa, Carlos Alberto Presti, y de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El decreto 695/2026 abarca al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, así como al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Según el texto oficial, la medida busca adecuar los ingresos para mantener los estándares adquisitivos frente a las responsabilidades y la dedicación que exigen sus funciones.

Por su parte, el decreto 696/2026 alcanza al personal con estado militar de gendarme y alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), al personal con estado policial de la Prefectura Naval Argentina (PNA), efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), personal y alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

El Gobierno explicó que el objetivo es reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad y dedicación del personal. Al ser una suma remunerativa, el monto se computará para el cálculo de aportes y contribuciones previsionales, aunque al ser no bonificable, no servirá de base para otros suplementos salariales.

La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público quedó facultada para dictar las normas complementarias necesarias. Este bono se suma a otras medidas implementadas este año, como el suplemento por título académico creado en junio mediante el decreto 473/2026 para los integrantes de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno nacional oficializó la aprobación del ingreso de la segunda etapa del proyecto de litio "Sal de Oro" al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El emprendimiento, situado en la zona limítrofe entre las provincias de Salta y Catamarca, contempla una inversión directa de 547 millones de dólares.

El proyecto, propiedad de la firma coreana Posco, tiene como objetivo central ampliar su capacidad de procesamiento de recursos minerales en la región. En el marco de este avance, el presidente Javier Milei recibe esta mañana en la Casa Rosada a su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

La aprobación técnica otorgada permitirá avanzar en la construcción de instalaciones diseñadas para alcanzar una capacidad de producción de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Según los datos técnicos del plan de inversión, se proyecta que el funcionamiento pleno de esta planta genere exportaciones por un valor superior a los 300 millones de dólares cada año.

Desde el área de Economía indicaron que esta nueva etapa de inversión "fortalecerá el desarrollo de la cadena del litio" mediante la diversificación de su oferta industrial. La finalidad es sumar la producción de carbonato de litio al hidróxido de litio que la compañía ya genera en el país, orientando el proyecto a la fabricación de insumos para el mercado global de baterías de movilidad eléctrica.

Por su parte, los responsables de la evaluación técnica destacaron la relevancia de esta incorporación al régimen de incentivos al señalar que "estos son dos compuestos de alto valor agregado que potencian la generación de divisas para el país". 

Con esta medida, la empresa busca consolidar su presencia en el sector minero argentino y aumentar los niveles de exportación de derivados de litio procesados.

A través de la resolución 1186 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional adjudicó cuatro corredores viales, una medida que formaliza la privatización impulsada por el ministro Luis Caputo. La licitación, correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales por un plazo de 20 años.

La resolución destaca por dos movimientos estratégicos: la consolidación del Grupo Corven como un actor central en el sector vial y el retorno del empresario Cristóbal López al negocio de los peajes. La firma CPC, propiedad del empresario, se adjudicó el corredor Portuario Norte, que comprende 528 kilómetros entre las rutas 9, 33 y la A-008, con la proyección de instalar nuevas cabinas de peaje en Trenque Lauquen, Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda.

El Grupo Corven, liderado por Leandro Iraola, se convirtió en el principal jugador del sector al obtener dos tramos a través de su brazo financiero, Creditech. En el tramo Mediterráneo, que abarca 672 kilómetros en las rutas nacionales 7 y 35, se impuso la oferta presentada junto a Plantel. Asimismo, el mismo consorcio ganó el tramo Portuario Sur, con 636,75 kilómetros sobre las rutas 9 y 188.

Por otro lado, el tramo Puntano, que incluye 720 kilómetros en las rutas 8, 36, 193 y la circunvalar de Río Cuarto, fue adjudicado a la unión de empresas Basaa y Cecosa. La constructora Basaa, vinculada anteriormente a la gestión de Juan Schiaretti, presentó una oferta de 1440,08 pesos más IVA por cada 100 kilómetros.

El regreso de Cristóbal López ocurre en un contexto judicial complejo, ya que el empresario enfrenta los juicios orales por las causas Cuadernos y Los Sauces-Hotesur. Cabe recordar que, durante la gestión de Mauricio Macri en 2017, el Estado le rescindió contratos previos por incumplimientos en obras y retención de fondos. Según lo establecido en la licitación, los precios de las tarifas fueron calculados a julio de 2025, por lo que deberán ser actualizados para determinar el valor final que abonarán los usuarios al subir las barreras.

La senadora nacional Patricia Bullrich se refirió este 31 de julio de 2024 al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, presentado por el presidente Javier Milei. En declaraciones a Radio Rivadavia, la legisladora sostuvo que la propuesta tiene como objetivo central cuidar el peso y el bolsillo de los ciudadanos.

Al analizar el alcance de la medida, Bullrich enfatizó la dificultad de oponerse a este cambio normativo.

“Es difícil que alguien se niegue a esta ley”,  afirmó durante la entrevista.

La senadora explicó que, bajo el esquema anterior, la entidad monetaria prestaba fondos al gobierno para sostener gastos públicos innecesarios. En este sentido, remarcó que la reforma busca poner fin a la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro.

“Hemos decidido que el Estado argentino no sea un pozo ciego, un lugar donde uno saca, saca y saca”, aseveró.

Respecto al debate legislativo, la dirigente anticipó que el kirchnerismo se opondrá a la iniciativa, aunque se mostró optimista sobre el respaldo del resto de los sectores políticos. Patricia Bullrich manifestó su convicción de que el paquete de leyes enviado por el Ejecutivo será aprobado antes de fin de año.

Finalmente, la senadora reconoció que el país atraviesa un momento complejo, pero subrayó que el Gobierno está sentando los cimientos necesarios para la construcción de una nueva etapa económica.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a profundizar su enfrentamiento con el presidente Javier Milei al asegurar que siente "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", luego de que el mandatario compartiera en redes sociales una publicación que la involucraba en una presunta operación política.

La respuesta de Villarruel llegó a través de su cuenta de X, donde contestó el comentario de un usuario y cuestionó con dureza la actitud del jefe de Estado.

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", escribió la vicepresidenta.

En el mismo mensaje, redobló las críticas y sostuvo: "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez".

Además, desafió al mandatario a respaldar las acusaciones con pruebas. "Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", expresó, en alusión a la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien también utiliza ese apellido.

El nuevo cruce se originó luego de que Lemoine publicara un mensaje en el que vinculó a Villarruel con distintos dirigentes del peronismo y la acusara de formar parte de una supuesta maniobra política contra Milei. La publicación fue posteriormente compartida por el Presidente, lo que provocó la reacción de la titular del Senado.

Al advertir que Milei había republicado el contenido, Villarruel volvió a responder con ironía: "¿Esta locura galopante la retwitteó el Presidente? Parece contagioso el delirio".

Las declaraciones representan un nuevo capítulo en la creciente tensión entre Milei y Villarruel, cuya relación política se encuentra deteriorada desde hace meses y ha quedado expuesta en reiterados cruces públicos y diferencias sobre distintos temas de la agenda nacional.

El Gobierno nacional oficializó un endurecimiento de la política migratoria mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos o que participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.

La medida modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 y surge, según explicó el Poder Ejecutivo, en un contexto marcado por una serie de agresiones difundidas a través de redes sociales, especialmente durante el reciente Mundial de la FIFA.

Antes de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la Oficina del Presidente había anticipado la decisión mediante un mensaje en la red social X. Allí sostuvo que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país" y remarcó que "la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable".

Con la entrada en vigencia de la norma, no podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional quienes hayan emitido mensajes de odio de forma oral o escrita, incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad, participado en actos de ultraje a los símbolos patrios o promovido cualquiera de esas conductas.

Además, el decreto modifica el artículo 63 de la Ley de Migraciones para establecer que, cuando una residencia sea cancelada por estos motivos, la autoridad migratoria podrá intimar al extranjero a abandonar el país dentro del plazo que se determine o disponer directamente su expulsión, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.

El Gobierno justificó la medida al señalar que, si bien la Argentina mantiene una histórica tradición de apertura hacia la inmigración, el Estado conserva la potestad soberana de establecer las condiciones para la admisión y permanencia de extranjeros con el objetivo de proteger el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.

En los fundamentos del decreto también se afirma que en los últimos tiempos se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, lo que, según el Ejecutivo, hace necesario reforzar las herramientas legales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de quienes incurran en esas conductas.

Asimismo, el texto oficial sostiene que los símbolos patrios representan la soberanía y los valores fundamentales de la Nación, por lo que merecen una protección jurídica especial frente a actos de ultraje.

No obstante, el decreto aclara que las nuevas restricciones no alcanzarán a las expresiones de disenso ideológico ni a la crítica política, académica o ciudadana, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional.

Finalmente, el Poder Ejecutivo argumentó que la medida reglamenta el ejercicio de la libertad de expresión y citó como respaldo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla la posibilidad de establecer restricciones frente a la apología del odio y la incitación a la violencia.

La política exterior argentina ha dejado de ser una herramienta de sintonía diplomática para convertirse, definitivamente, en la extensión de una campaña ideológica constante. Esta dinámica del presidente Javier Milei posee dos contrastes marcados. Su estrategia de gestión debería administrarse con mayor delicadeza frente a una sociedad que parece interpelarlo cada día en el camino hacia la reelección del 2027. Sin embargo, la fórmula resulta útil para intentar cohesionar a una región en torno a Donald Trump antes de las elecciones de medio término en noviembre.

En ese marco se explica su pelea personal con Lula da Silva, el mandatario de Brasil, la algarabía con que asistió en Perú a la asunción de Keiko Fujimori, y la presencia que tendrá la próxima semana en Bogotá para celebrar el reemplazo de Gustavo Petro por Abelardo de la Espriella. Mientras tanto, el gobierno argentino mantiene su defensa de las administraciones de Ecuador, Chile y Paraguay, aunque no ofrece señales de acercamiento hacia Uruguay, comandado por el centro izquierdista Yamandú Orsi.

El gran objetivo del mandatario argentino radica en el combate contra el líder del PT brasileño, quien buscará su cuarto mandato enfrentando a Flavio Bolsonaro. El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por un intento de golpe de estado en 2023, es la pieza clave en este tablero. Javier Milei, en su paso reciente por San Pablo, arremetió contra el Tribunal de Justicia por impedirle visitar al ex presidente y se refirió a Lula da Silva como un presidiario.

Para Javier Milei y, en especial, para Donald Trump, la idea de entorpecer un nuevo periodo del líder brasileño resulta crucial. Implicaría un duro golpe para el eje anti conservador que representan Brasil y México, presidido por Clara Sheinbaum. Esta tarea, considerada compleja, busca congraciar al líder libertario con el jefe de la Casa Blanca, quien enfrenta sus propios desafíos políticos tras la guerra contra Irán y las limitaciones constitucionales para su reelección.

A pesar de los encontronazos con mandatarios como Pedro Sánchez o Gustavo Petro, el vínculo con Brasil sigue siendo fundamental. En aquella nación se concentran más de 31 mil millones de dólares de intercambio bilateral y el pulmón de la industria automotriz local, una realidad que no parece amedrentar a los entusiastas de esta nueva política exterior.

El Gobierno nacional dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños, una agrupación artística que funcionaba bajo la órbita del Estado desde 1967. La decisión fue confirmada a través del Decreto 687/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Hasta el momento, el Decreto 8557 de 1967 establecía la existencia del Coro Nacional, el cual estaba integrado por el Coro Polifónico Mixto y el Coro de Niños. Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, la estructura de la Secretaría de Cultura mantendrá únicamente al primero de estos grupos, dejando fuera de la organización oficial a la agrupación infantil.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la medida responde a un proceso de reorganización de estructuras. Tras una revisión de las áreas vinculadas a la formación artística, la Secretaría de Cultura concluyó que los objetivos originales pueden alcanzarse mediante programas de alcance más amplio.

Según el Gobierno, el nuevo esquema busca favorecer una mayor participación y acceso de niños y adolescentes de todo el territorio nacional a instancias de formación. En el artículo 2° del decreto, se instruyó a la Secretaría de Cultura a crear un Programa de Formación Artística destinado a niños y adolescentes, con finalidad formativa y de promoción cultural.

La normativa, sin embargo, no detalla la modalidad de implementación, el número de participantes ni la fecha de puesta en marcha del nuevo programa. El Gobierno aclaró que la medida no implica abandonar los objetivos de promoción artística, sino adecuar los instrumentos institucionales utilizados por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. La disposición entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación oficial.

El presidente Javier Milei formalizó la designación de dos nuevos funcionarios que se integrarán a la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación. Los nombramientos fueron oficializados a través de los decretos publicados recientemente, los cuales cuentan con la firma del mandatario y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según lo establecido en el Decreto 669/2026, se oficializó el ingreso de Leandro Ariel Cano como nuevo subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno. La normativa establece que su gestión comenzará a partir del 1 de agosto de 2026. El texto oficial indica:

“Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación al señor Leandro Ariel Cano”.

Por otro lado, mediante el Decreto 670/2026, se confirmó la incorporación de la licenciada Marina Carla Gavensky, quien asumirá como subsecretaria de Análisis y Planificación de Gobierno. De acuerdo con la documentación oficial, su designación tiene vigencia desde el 8 de julio de 2026. El decreto señala:

“Desígnase, a partir del 8 de julio de 2026, en el cargo de Subsecretaria de Análisis y Planificación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación a la licenciada Marina Carla Gavensky”.

El Gobierno oficializó la adhesión de la minera Vicuña Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tras la aprobación de la obra eléctrica mediante la Resolución 1154/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La medida, instrumentada por el Ministerio de Economía, se concretó luego de que el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) avalara el plan de expansión eléctrica de la firma, rechazando todas las impugnaciones presentadas.

El proyecto Vicuña representa una de las apuestas productivas más importantes del país, con una inversión total de 9.737 millones de dólares. De ese monto, 9.024 millones corresponden a inversiones en activos computables que se ejecutarán en dos etapas hasta diciembre de 2031. El objetivo central es la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, situados en la provincia de San Juan.

El emprendimiento ha sido calificado como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Según fuentes gubernamentales, la iniciativa busca “posicionar a la República Argentina como un nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales de cobre y doré”. Asimismo, desde el Gobierno destacaron que el proyecto “marca un antes y un después en la industria minera argentina” y estimaron que generará exportaciones por más de 2.600 millones de dólares al año, además de crear 31.700 empleos directos e indirectos.

El plan de inversión abarca operaciones de minería a cielo abierto, una planta concentradora, instalaciones de lixiviación, sistemas de suministro de agua, infraestructura eléctrica, caminos de acceso y alojamientos para los trabajadores. Al ingresar al RIGI, la empresa accederá a incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, incluyendo la libre disponibilidad de cobros de exportaciones y franquicias especiales para la importación de bienes y servicios.

La resolución establece que la empresa deberá acreditar una inversión de al menos el 20 por ciento del monto mínimo durante los primeros dos años, fijando el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para cumplir con el compromiso de inversión en activos computables.

El Gobierno nacional determinó los pasos a seguir para participar de las subastas públicas destinadas a la privatización de empresas estatales, mediante la Disposición 52/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa, implementada por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), establece los procedimientos de inscripción para los interesados en participar del proceso de venta de empresas públicas.

La medida busca operativizar lo dispuesto en la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado, que declararon sujetas a privatización diversas empresas de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional, tales como Corredores Viales, Belgrano Cargas y AySA, entre otras.

Con esta nueva regulación, se determinó que todos los procedimientos de remate o subasta pública para la venta de activos, acciones o establecimientos productivos se realizarán de forma electrónica a través del sistema SUBAST.AR. Para poder intervenir en estos procesos, los interesados deben cumplir con los pasos de registro establecidos por el organismo.

Con el fin de agilizar los trámites y bajo criterios de eficiencia y sencillez, la disposición contempla beneficios para quienes ya operan con el Estado. La normativa, firmada por la titular de la ONC, Agostina Brichetti, entra en vigencia este 30 de julio, en busca de asegurar un mecanismo ágil y centralizado para avanzar con el plan de venta de activos públicos conforme a la legislación vigente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó una reforma integral del régimen de Courier a través de la Resolución General 5883/2026, la cual fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa busca optimizar los procesos logísticos y comerciales para los usuarios y empresas.

En el texto oficial, se detalló que los cambios introducidos “tienen por objeto simplificar el régimen y reducir las cargas y los costos burocráticos y administrativos, procurando dotar de mayor transparencia al sistema para el usuario final y minimizar su exposición a demoras o costos imprevistos”.

La modificación más significativa para el sector exportador es la supresión total de los límites del valor FOB para aquellas mercaderías que sean enviadas al exterior mediante el régimen de Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier). Esta adecuación, que fue encomendada por la Secretaría de Industria y Comercio, tiene como finalidad facilitar la operatoria comercial y brindar mayor fluidez a las pequeñas y medianas empresas que buscan colocar sus productos en mercados internacionales.

La resolución también introduce precisiones y actualizaciones respecto al ingreso de mercadería para consumo personal. Los puntos clave del nuevo esquema de Pequeños Envíos son:

- Límite de valor y peso: se permite el ingreso de envíos de hasta 50 kilogramos por paquete, con un valor FOB que no exceda los 3.000 dólares por cada envío.

- Cantidad y finalidad: el régimen abarca hasta tres unidades de la misma especie por envío, siempre que no se presuma una finalidad comercial.

- Frecuencia: los ciudadanos podrán utilizar este beneficio un máximo de cinco veces por año calendario por persona.

- Exenciones: estos envíos están exceptuados de intervenciones de organismos como el INAL (ANMAT), normas técnicas, regímenes de identificación de mercaderías (SIDIP) y prohibiciones de carácter económico.

- Muestras: las empresas podrán importar muestras de hasta 50 kg y 3.000 dólares de valor FOB. En el caso de muestras destinadas a laboratorios para obtener certificaciones en mercados extranjeros, el límite de valor se amplía hasta los 10.000 dólares.

- Investigación científica: los beneficiarios de la Ley 25.613 podrán ingresar insumos de hasta 50 kg y 3.000 dólares, debiendo declarar su certificado ROECYT.

- Obras de arte: bajo la Ley 24.633, las obras de arte quedan exceptuadas de la condición de valor establecida en el régimen general, permitiendo su circulación de manera más ágil.

La resolución también incorpora precisiones y actualizaciones fundamentales respecto al ingreso de mercadería destinada al consumo personal. Según lo informado por el organismo, la normativa entra en vigencia a partir del jueves 30 de julio.

Finalmente, desde ARCA aclararon que el cronograma de implementación técnica y las pautas procedimentales complementarias estarán disponibles para consulta en el micrositio denominado "Envíos internacionales" dentro de su página web oficial.

El Gobierno nacional oficializó el aval para el plan de expansión eléctrica de la minera Vicuña Argentina destinado a su proyecto Josemaría. La medida, formalizada mediante la Resolución 330/2026 y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, fue adoptada por el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE).

Esta decisión marca un hito en la minería de gran escala al consolidar un esquema de inversión privada en transporte de extra alta tensión. La normativa otorga el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para un conjunto de obras estratégicas que se desarrollarán en la provincia de San Juan.

Las mismas incluyen la adecuación de la Estación Transformadora (ET) Nueva San Juan para vincularla en 500 kV con Rodeo, la construcción de la playa de 500 kV de la ET Rodeo, la creación de una nueva Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV entre las localidades de Rodeo y Chaparro, con una extensión aproximada de 167 kilómetros y la construcción de la Nueva ET Chaparro (500/220 kV), que servirá como punto de conexión para los 260 MW de demanda inicial del proyecto minero.

El pronunciamiento oficial ratifica el otorgamiento a Vicuña de una prioridad de uso del 90% sobre la capacidad de transporte remanente e incremental generada por estas obras. Esta preferencia tendrá una vigencia de 25 años, coincidente con la vida útil estimada del proyecto.

El organismo regulador justificó esta decisión bajo el principio de que el beneficiario paga, señalando que el inversor privado asume el 100% del riesgo financiero y los costos de construcción (CAPEX). Según el ENReGE, esto incentiva la inversión sin trasladar costos a los usuarios residenciales ni al Estado.

Según declararon, “reconocer derechos prioritarios temporales al inversor, aparece como una herramienta razonable y necesaria para promover obras que, de otro modo, probablemente no se ejecutarían”. Asimismo, aseguraron que “estas obras benefician no solo al inversor, sino también al conjunto del sistema eléctrico y al desarrollo económico de nuestro país”.

La resolución desestima formalmente las impugnaciones presentadas por diversos actores que se habían manifestado en la Audiencia Pública del 3 de junio de 2026. Con la emisión del CCyNP, la empresa transportista Transener asumirá la responsabilidad de la operación y mantenimiento de las nuevas estaciones transformadoras una vez finalizadas. Por su parte, Vicuña deberá gestionar las servidumbres administrativas de electroducto y cumplir con los requerimientos técnicos de los organismos de control para garantizar la estabilidad del sistema interconectado.

El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a quedar en el centro de la escena tras protagonizar una nueva controversia durante su conferencia de prensa habitual de los martes. En esta oportunidad, la discusión giró en torno a la cantidad de estudiantes extranjeros que cursan en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al debate sobre la posibilidad de que las universidades nacionales les cobren aranceles.

Consultado por la prensa, Ravier sostuvo que existe "un alto porcentaje de estudiantes en facultades de Medicina que son extranjeros" y afirmó que, en el caso de la UBA, ese índice alcanza "prácticamente un 40%". Ante el cuestionamiento de un periodista, el funcionario respondió que el dato que manejaba era "39% exacto" y agregó que, en caso de ser incorrecto, sería revisado.

El vocero argumentó que el Estado destina recursos a formar estudiantes extranjeros que luego regresan a sus países, por lo que consideró necesario priorizar el uso de esos fondos para los ciudadanos argentinos. En ese sentido, remarcó que la iniciativa del Gobierno no busca obligar a las universidades a cobrarles a los alumnos extranjeros, sino otorgarles la facultad de decidirlo respetando su autonomía.

"Lo que se está haciendo es que las universidades nacionales, que son autónomas, puedan decidir si quieren cobrarle o no a los extranjeros. No se trata de imponerles una medida, sino de darles esa posibilidad", explicó Ravier.

Además, sostuvo que esa alternativa permitiría "gestionar mejor los recursos de los contribuyentes" y administrar de manera más eficiente el financiamiento destinado a la educación superior.

Horas después de la conferencia, Ravier volvió sobre el tema a través de su cuenta en la red social X. Allí insistió en que el dato difundido durante la conferencia era correcto y afirmó que el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la UBA son extranjeros.

Para respaldar esa afirmación, indicó que utilizó estadísticas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, según las cuales la Facultad de Medicina de la UBA registra 16.462 estudiantes extranjeros sobre un total de 41.957 alumnos, lo que representa el 39% del padrón.

El funcionario también señaló que, de acuerdo con esos mismos registros, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata cuenta con un 51% de estudiantes extranjeros.

Las declaraciones del vocero fueron rápidamente cuestionadas por el vicepresidente de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, quien rechazó la interpretación realizada por el Gobierno nacional.

Según la documentación difundida por el dirigente universitario, la presencia de estudiantes internacionales en la Facultad de Ciencias Médicas asciende al 6,1%, un porcentaje considerablemente inferior al 39% mencionado por Ravier.

La diferencia entre ambas cifras profundizó la discusión sobre los criterios utilizados para contabilizar a los estudiantes extranjeros y volvió a instalar el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas y el eventual cobro de aranceles a alumnos provenientes de otros países.

Las librerías independientes de Tandil manifestaron su preocupación por el proyecto que propone derogar la Ley 25.542, conocida como Ley del Libro, una normativa que desde hace más de dos décadas regula la comercialización de libros en Argentina y que, según advirtieron desde el sector, resulta clave para garantizar una competencia equitativa entre los distintos actores del mercado editorial.

En ese marco, Casa Azul Libros, La Bullanga, Alfa Librería y El Gato Neftalí difundieron un documento conjunto en el que alertaron sobre las consecuencias que podría generar la iniciativa presentada el pasado 6 de julio, al considerar que pondría en una situación crítica a las librerías independientes y de cercanía.

En diálogo con El Eco, Daniel Fernández, de La Bullanga, explicó que la ley fue sancionada en 2002 tras un amplio consenso entre autores, editores y libreros, y que desde entonces atravesó gobiernos de distintos signos políticos sin sufrir modificaciones sustanciales.

"Es una ley que tiene más de 25 años, que fue construida entre todos los sectores que forman parte del mundo del libro y que siempre contó con un consenso muy importante. Lo que ocurre ahora es que aparece una propuesta de modificación unilateral, sin consultar a ninguno de esos actores", sostuvo.

Fernández señaló que uno de los aspectos centrales de la normativa es el establecimiento de un precio único de venta al público, definido por las editoriales, que debe respetarse en cualquier punto de comercialización del país.

"Eso significa que un libro cuesta lo mismo en una librería de barrio, en una gran cadena, en un supermercado o en una plataforma de internet. Esa igualdad de condiciones permite que podamos competir y convivir librerías de distintas escalas", explicó.

A su vez, remarcó que las librerías independientes no solo cumplen una función comercial, sino que además desarrollan una intensa actividad cultural. "Las librerías organizamos presentaciones de libros, charlas con autores, ferias, encuentros con lectores. También ofrecemos una atención personalizada y recomendamos lecturas que muchas veces no llegan a los grandes circuitos comerciales", indicó.

Según advirtió, si la ley fuera derogada, grandes empresas con mayor capacidad financiera podrían vender libros incluso por debajo de su costo, desplazando progresivamente a los pequeños comercios. "Al principio puede parecer beneficioso porque algunos libros bajarían de precio. Pero eso dura poco. Después el mercado se concentra, desaparecen las librerías independientes y quedan muy pocos actores manejando toda la venta", alertó.

Por su parte, Javier Valdez, de Casa Azul Libros, sostuvo que el impacto no se limitaría a los libreros, sino que alcanzaría a editoriales independientes, escritores, ilustradores, traductores, imprentas y lectores. Explicó que buena parte de los autores argentinos más reconocidos realizaron sus primeros pasos gracias a editoriales pequeñas que apostaron por ellos cuando todavía eran desconocidos.

"El camino del escritor, como el del lector, lleva tiempo. Generalmente son las editoriales independientes las que descubren nuevas voces y las acompañan en ese crecimiento. Las grandes plataformas trabajan con otra lógica y no tienen esos tiempos", afirmó.

Como ejemplo, mencionó el recorrido de Samantha Schweblin, quien comenzó publicando en sellos independientes antes de alcanzar reconocimiento internacional, y recordó que casos similares pueden encontrarse en autores como Gabriela Cabezón Cámara y Mariana Enríquez.

Para Valdez, ese circuito constituye "un ecosistema muy virtuoso", donde las editoriales pequeñas funcionan como un semillero de escritores que luego pueden llegar a públicos mucho más amplios.

El librero también explicó que el precio de venta al público no lo establece el Estado ni las librerías, sino cada editorial, teniendo en cuenta todos los costos que intervienen en la producción de un libro.

"De ese precio sale la parte que corresponde al librero, al editor, al traductor, al ilustrador, a la imprenta y a todos los que participan del proceso. Nadie mejor que una editorial para definir cuánto debe costar un libro en Tandil, en Ushuaia o en La Quiaca", señaló.

Finalmente, ambos coincidieron en que la discusión excede el aspecto comercial y pone en juego la diversidad cultural y el acceso a una oferta editorial amplia y federal.

Desde las librerías tandilenses insistieron en que la permanencia de la Ley del Libro permite sostener una red de comercios de cercanía que no solo venden ejemplares, sino que además generan espacios de encuentro, promueven la lectura y acompañan el desarrollo de autores y editoriales independientes en todo el país.

El presidente Javier Milei ultima los detalles del proyecto con el que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central y se prepara para presentar los pormenores a través de una conferencia de prensa. Según fuentes oficiales, el día elegido sería el jueves, si la agenda lo permite, y se transmitirá mediante un mensaje grabado en el Salón Blanco junto al equipo económico.

El proyecto constituye una de las claves del semestre para el Gobierno, que aspira a aprobarlo en los próximos meses y girarlo a la Cámara de Diputados tras el receso invernal del Congreso. En la redacción del texto trabajan el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular del organismo, Santiago Bausili.

Si bien el mandatario prometió en campaña cerrar el organismo, actualmente plantea eliminar sus múltiples misiones para concentrar el objetivo en la preservación del valor de la moneda. Para Javier Milei, el Banco Central de la República Argentina funciona como un proveedor de un servicio de liquidez y, mientras sea parte del Estado, lo considera un ente de recaudación positiva.

Desde la mesa política del oficialismo señalaron sobre la prioridad de estas medidas:

“Para Milei son más importantes las reformas económicas que los acuerdos políticos”.

Entre los ejes principales, la iniciativa busca dotar de mayor independencia al organismo y prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Además, se contempla incluir el concepto de shutdown para restringir el funcionamiento estatal ante el agotamiento de partidas presupuestarias. Finalmente, se pretende endurecer las condiciones para cambiar autoridades, eliminar utilidades contables ficticias y establecer sanciones penales para funcionarios que vulneren la autonomía de la entidad.

En el marco de la feria de Farnborough, celebrada en Londres, la empresa Aerolíneas Argentinas anunció la firma de contratos con lessors globales para la incorporación de 20 aviones nuevos. Este movimiento representa el plan de renovación de flota más significativo de la última década para la aerolínea de bandera.

Desde el Gobierno nacional indicaron que, si bien la privatización sigue siendo una premisa, no constituye el foco actual de la gestión. Fabián Lombardo, presidente de la compañía, destacó la importancia de la disciplina financiera:

La mejor forma de asegurar el futuro de una empresa es gestionarla con disciplina, invertir cuando las condiciones lo permiten y tomar decisiones pensando en el largo plazo tal como lo hacen las mejores compañías de la industria.

La empresa, que según el presidente Javier Milei costó 8 mil millones de dólares a los argentinos desde 2008, ha logrado revertir su situación operativa. En 2024, la compañía obtuvo un resultado positivo de 56,6 millones de dólares, cifra que ascendió a 120,7 millones de dólares en 2025, según estados contables auditados.

El cambio de paradigma incluyó una reducción de la plantilla en 2.000 puestos, alcanzando un total de poco menos de 10.000 empleados, además de la cancelación de rutas no rentables. Según Fabián Lombardo, el principal cambio fue cultural, logrando una relación más madura con los cinco gremios del sector.

La estrategia actual se centra en la escala y las inversiones para competir en el mercado regional. La compañía busca mantener una flota de aproximadamente 84 naves y mejorar la oferta de servicios, incluyendo la implementación de la categoría premium economy. La meta es clara: ser una empresa ordenada y eficiente, preparada para cualquier escenario político futuro.

En la comitiva en Londres también participaron el CFO de la aérea, Diego de Arias, y el Director de Asuntos Corporativos, RRHH y Operaciones Aeroportuarias, Facundo del Villar, quien tiene a su cargo la relación con los gremios.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió a protagonizar un clima de incertidumbre tras sus declaraciones realizadas este 28 de julio. Durante su conferencia habitual de los martes, el funcionario afirmó que el 40 por ciento de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros.

Ante las consultas de la prensa acreditada, Adrián Ravier insistió en que existe un alto porcentaje de alumnos en las facultades de medicina que no son argentinos. Tras un entredicho con un periodista, el vocero precisó la cifra:

“Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires. Si es falso lo revisaremos”.

En este sentido, el funcionario advirtió sobre la administración de los recursos estatales. Adrián Ravier señaló:

“Estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países, y pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes, para generar posibilidades de estudio en las universidades públicas”.

Sobre la posibilidad de implementar aranceles, el vocero aclaró que la propuesta busca que las universidades nacionales, al ser autónomas, puedan decidir si desean cobrarles o no a los estudiantes extranjeros. Según el funcionario, impulsar esta medida es una manera de gestionar mejor los recursos de los contribuyentes.