La definición sobre el futuro de la Hidrovía Paraguay-Paraná, uno de los activos estratégicos más importantes para la economía argentina, finalmente quedó resuelta. El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por la empresa belga Jan de Nul y la firma argentina Servimagnus.

La medida pone punto final a un proceso licitatorio que se extendió durante más de un año y que estuvo atravesado por debates técnicos, reclamos empresariales e impugnaciones administrativas. La resolución oficial aprobó la tercera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 1/2025 y determinó que la propuesta presentada por la unión de ambas compañías resultó la seleccionada para llevar adelante las tareas previstas.

La concesión contempla la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, además de las tareas de dragado y redragado de la Vía Navegable Troncal, que se extiende desde la Confluencia del río Paraná hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata. Se trata del principal corredor logístico del país, por donde se transporta aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas y que conecta a unas 60 terminales portuarias distribuidas a lo largo de su recorrido.

La relevancia económica de la hidrovía explica la complejidad y el alcance del proceso licitatorio. Durante su desarrollo, el Gobierno impulsó mesas de diálogo con provincias, cámaras empresarias, sindicatos, universidades y organismos internacionales. Entre ellos participó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que aportó recomendaciones técnicas orientadas a fortalecer la transparencia y la competitividad del procedimiento.

Además, se realizaron audiencias públicas, instancias de consulta y etapas de observación de los pliegos. De acuerdo con la documentación oficial, se respondieron más de 200 consultas formuladas por los interesados y se emitieron diversas circulares aclaratorias para perfeccionar el proceso.

Sin embargo, la licitación también estuvo marcada por controversias. La empresa DEME presentó recursos administrativos e impugnaciones cuestionando aspectos de la evaluación técnica y los criterios utilizados para valorar antecedentes. Tanto la ANPyN como el Ministerio de Economía rechazaron esos planteos.

Posteriormente, la Procuración del Tesoro de la Nación intervino en el expediente y respaldó el accionar del organismo licitante. Entre los argumentos expuestos, sostuvo que los oferentes habían aceptado las condiciones establecidas en los pliegos al presentar sus propuestas, por lo que no correspondía objetarlas una vez avanzado el proceso de evaluación.

La adjudicación se concretó además luego de una fuerte presión del sector agroexportador. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) habían solicitado al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, que aceleraran la definición para dejar atrás el esquema transitorio vigente.

Las entidades consideraban que la demora generaba incertidumbre regulatoria y afectaba la previsibilidad necesaria para impulsar inversiones vinculadas a la logística exportadora. En ese marco, calificaron la resolución definitiva de la licitación como una cuestión “prioritaria” para el funcionamiento del sistema.

Junto con el respaldo a la adjudicación, los exportadores reiteraron un histórico reclamo relacionado con el tratamiento impositivo del IVA aplicado a los servicios de dragado y balizamiento. Según sostienen, la actual estructura tributaria incrementa los costos operativos y repercute directamente en las tarifas que deben afrontar los usuarios de la vía navegable.

Con la formalización de la concesión, el Gobierno apuesta a dotar de mayor previsibilidad a una infraestructura considerada esencial para la competitividad del país y para el ingreso de divisas provenientes del complejo agroexportador. La decisión marca así el comienzo de una nueva etapa para la Hidrovía Paraguay-Paraná, una pieza clave en el sistema logístico y productivo de la Argentina.

La Cámara Nacional en lo Civil avaló este miércoles el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Con esta resolución, el tribunal anuló la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores en la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

En 2024, a través de una asamblea de representantes, la AFA determinó el traslado de su sede social a Pilar, inscribiéndola en dicha jurisdicción. Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset determinaron que el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la entidad quedaron consolidados bajo el organismo provincial.

El fallo judicial declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ) el 18 de febrero de 2026, así como también la nulidad de la RESOL-2026-128-APN-MJ, dictada el 16 de marzo de 2026 por el ministro de justicia de la nación, Juan Bautista Mahiques, que establecía una intervención por 180 días hábiles.

“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”.

Los magistrados argumentaron que, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción mediante la resolución 9000/2024, la IGJ perdió competencia para realizar inspecciones o cuestionar el domicilio declarado. Según el tribunal, someter a la entidad a un doble control de legalidad resulta incompatible con el sistema federal y los principios del derecho administrativo.

La medida de intervención, que había sido solicitada por la IGJ tras detectar irregularidades en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, queda así desactivada tras el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil.

El Gobierno nacional dispuso nuevas exenciones al Impuesto al Cheque destinadas al sector fintech y cripto, con el objetivo de responder a los avances tecnológicos y equiparar las condiciones impositivas entre los distintos actores del sistema financiero.

La modificación de la reglamentación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias fue formalizada este jueves mediante el Decreto 475/2026. La medida cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo explicó que resulta necesario adecuar la reglamentación vigente a ciertos actores en atención a los adelantos tecnológicos. Asimismo, se busca igualar el tratamiento fiscal para sujetos que realizan actividades similares, pero que hasta el momento contaban con cargas impositivas diferentes.

Las modificaciones alcanzan a diversos rubros de la economía digital y financiera. Según lo establecido, estas disposiciones entraron en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, por lo que los beneficios surtirán efecto para todos los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 18 de junio de 2026.

El secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta, destacó los resultados obtenidos durante la campaña 2025/2026, calificando como récord la cosecha de granos alcanzada. Según el funcionario, “el boom de producción tiene mucho que ver con las políticas que implementó el Gobierno, pero fundamentalmente con el trabajo y la inversión de los productores”.

De acuerdo con las cifras oficiales, la cosecha de trigo superará las estimaciones iniciales, alcanzando una producción récord superior a las 27 millones de toneladas. Por su parte, el girasol registró un hito histórico con 7.400.000 toneladas, mientras que la cebada alcanzó las 5.600.000 toneladas, lo que representa un incremento interanual del 16,7 por ciento.

Al analizar el escenario global, marcado por la guerra en Medio Oriente, Sergio Iraeta explicó las decisiones tomadas por el Ejecutivo. “Decidimos bajar dos puntos las retenciones al trigo y recientemente el precio de la urea comenzó a bajar, por lo que el panorama es más promisorio”, señaló. 

Asimismo, enfatizó que “para el Gobierno el campo es prioritario, y comparado con otras administraciones la diferencia es paradigmática”.

El funcionario ratificó que la reducción de los derechos de exportación se ejecuta con una planificación específica. “La reducción de las retenciones se toma con una responsabilidad enorme y con una precisión quirúrgica para mantener el equilibrio fiscal”, afirmó.

Finalmente, Iraeta subrayó la visión de la administración sobre el sector. “El Gobierno entiende lo que significa el agro en términos de producción, desarrollo y trabajo a nivel federal, y el compromiso es eliminar las retenciones en todos los rubros, que es lo que se viene haciendo desde que empezó la gestión”, indicó.

En este sentido, el secretario ponderó la quita de derechos de exportación en productos agroindustriales y economías regionales, incluyendo el sector lácteo, los productos de vaca y la cadena porcina.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles un aumento que alcanzará hasta un 25 por ciento de los haberes mensuales para los integrantes de las Fuerzas Armadas, que apunta a reconocer la capacitación académica y técnica de sus integrantes, según informó el Ministerio de Defensa de la Nación. 

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de los restantes miembros del gabinete ministerial, se estableció la creación de un beneficio adicional de carácter remunerativo que alcanzará hasta un 25 por ciento de los haberes mensuales de los uniformados.

La medida comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026 y alcanzará a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación académica afín a las tareas que desarrolla, según se detalló en un comunicado difundido a través de redes sociales.

“Por decisión del Presidente Javier Milei y del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, el Ministerio de Defensa incorpora mediante el DNU 473/2026 el Suplemento por Título al régimen de haberes del personal militar, como reconocimiento a la formación académica y a la profesionalización del capital humano de las Fuerzas Armadas”, señala el texto oficial.

Esta recomposición será extensiva, cuando corresponda, a los familiares con derecho a pensión, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma. “El capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio de Defensa y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional. Por eso, el reconocimiento a la formación académica constituye una herramienta concreta para su fortalecimiento”, se indicó.

El nuevo suplemento reconoce tecnicaturas, títulos de grado y posgrados vinculados con las funciones desempeñadas por el personal militar. Su incorporación al régimen de haberes “permite establecer un criterio objetivo, uniforme y verificable para valorar la formación acreditada, incentivar la continuidad educativa y acompañar el proceso de profesionalización del instrumento militar”.

La escala establecida contempla un suplemento equivalente al 10 por ciento del haber mensual correspondiente al grado para tecnicaturas o títulos equivalentes; 15 por ciento para títulos de grado; y 25 por ciento para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados. Al calcularse sobre el haber mensual correspondiente al grado, el suplemento no se establece como una suma fija, sino que acompañará las futuras actualizaciones salariales del personal militar.

La medida también corrige una asimetría dentro del Estado, ya que este tipo de reconocimiento existía en otros ámbitos de la administración pública nacional. Además, el “Suplemento por Título” contempla al personal militar retirado y a los familiares con derecho a pensión, siempre que el título haya sido obtenido con anterioridad al pase a retiro.

“La profesionalización del personal militar constituye una prioridad estratégica para el fortalecimiento del instrumento militar. La formación académica no solo contribuye al desarrollo individual de cada integrante de las Fuerzas Armadas, sino que también mejora las capacidades institucionales en áreas críticas para la defensa moderna”, se puntualizó.

El Ministerio de Defensa recalcó que “la modernización de las Fuerzas Armadas exige perfiles cada vez más especializados en ingeniería, informática, medicina, logística avanzada, ciberseguridad, derecho internacional humanitario y otras disciplinas fundamentales para la Defensa Nacional”. Finalmente, el decreto destaca que el sistema educativo de defensa cuenta con una oferta de 69 tecnicaturas, 31 carreras de grado y 46 posgrados.

La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera alcanzó el 59,9% durante abril, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El resultado representa una mejora respecto de los registros observados a comienzos de año y consolida una tendencia de recuperación en algunos sectores de la actividad fabril.

El indicador mide qué porcentaje de la capacidad productiva disponible está siendo efectivamente utilizado por las empresas industriales. En términos generales, un mayor nivel de utilización suele estar asociado a un incremento de la actividad económica y de la demanda.

Entre los rubros que mostraron un desempeño por encima del promedio general se destacaron la refinación del petróleo, la producción de papel y cartón, las industrias metálicas básicas y el sector de alimentos y bebidas, actividades que continúan liderando los niveles de ocupación de sus plantas productivas.

En contraste, sectores como la metalmecánica, los productos textiles, el caucho y plástico y parte de la industria automotriz continuaron exhibiendo niveles de utilización más reducidos, reflejando las dificultades que aún enfrentan algunas ramas manufactureras.

Los datos difundidos por el organismo estadístico muestran que la industria viene registrando una recuperación gradual luego de los bajos niveles observados durante el primer trimestre del año. En marzo, la utilización de la capacidad instalada había alcanzado el 59,8%, por lo que el dato de abril ratifica la mejora y ubica al sector cerca del 60% de su potencial productivo.

De todos modos, especialistas advierten que el desempeño sigue siendo heterogéneo entre actividades y que la consolidación de la recuperación dependerá de la evolución de la demanda interna, las exportaciones y las condiciones macroeconómicas de los próximos meses.

En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, la Iglesia planteó fuertes críticas al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado. La iniciativa, elaborada por el Poder Ejecutivo, fue cuestionada por dejar sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en áreas que comprenden reservas de agua y otros bienes naturales.

El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de eliminar restricciones que limitan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica. La propuesta incluye modificaciones en el régimen de expropiaciones, procesos de desalojos y reformas en legislaciones vinculadas al manejo del fuego y tierras rurales.

A través de un pronunciamiento conjunto de Cáritas, el Área de Ecología Integral de la Comisión de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, la institución eclesiástica advirtió sobre las consecuencias de la normativa:

Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros.

El documento, titulado La tierra: madre, hermana y bien común, también expresa preocupación por los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras afectadas por incendios. Según los obispos, esta medida, que hasta el momento contaba con restricciones, atenta contra la soberanía de los recursos naturales.

En su argumentación, los organismos citaron la encíclica Laudato si, presentada en 2015 por el papa Francisco, y fragmentos de la reciente encíclica Magnifica humanitas, del papa León XIV. Bajo esta premisa, la Iglesia enfatizó que la tierra no debe ser considerada una mercancía ni un simple recurso económico.

Finalmente, los obispos solicitaron a los legisladores que guíen sus decisiones priorizando el bien común y el futuro de las generaciones venideras. Asimismo, pidieron establecer un marco jurídico razonable para los alquileres con el fin de favorecer el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables.

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, salió en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario. La legisladora afirmó que las acusaciones contra el también vocero presidencial fueron falsas y sostuvo que todo se trató de un malentendido impulsado por medios de comunicación, a quienes tildó de extorsionadores.

El apriete del periodismo hacia Adorni es espantoso. Están extorsionándolo: o renunciás o vamos a perseguirte a vos y a tu familia. Es un espanto que sean tan mierda. No se jode con la familia... Cuando escuché que hablaban de la madre... ¡El asco que me dan!

En declaraciones previas, la diputada comparó la situación con la del exdiputado José Luis Espert, quien fue investigado en una causa por lavado de dinero. Según Lemoine, este tipo de denuncias son estrategias que se arman en momentos determinados para generar un daño a la reputación del Gobierno. Al respecto, se preguntó: ¿Qué pasa si le toman el gusto a hacer denuncias, a inventar falsedades, a venderlas para que vos eches a tus funcionarios o a tus candidatos cuando son inocentes?

Sobre el patrimonio del funcionario, quien admitió haber omitido declarar ahorros por unos 500.000 dólares, la diputada reconoció que pudo haber errores humanos, pero descartó la existencia de un delito. Lemoine aseguró que el dinero fue obtenido antes de ingresar a la función pública y que el jefe de Gabinete no cometió evasión fiscal, argumentando que la Ley 27.743, impulsada por el Gobierno el 15 de marzo de 2024, permite la regularización de activos.

A lo sumo podría llegar a corresponderle alguna multa de 220.000 pesos por año fiscal con presentación tardía, pero quizás... No está violando la ley y no se puede haber enriquecido ilícitamente porque todo el dinero que obtuvo es previo.

Finalmente, la legisladora ratificó su apoyo a Adorni y coincidió con la postura del presidente Javier Milei, quien sostuvo que quedó claro que el funcionario no robó y que el periodismo mintió al respecto.

El Gobierno nacional atraviesa una compleja situación política ante los intentos de la oposición de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Ante este escenario, los negociadores del oficialismo han concentrado sus energías en desarticular los embates legislativos.

La tarea de contención y negociación recae sobre la senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. En este marco, el ministro del Interior inició una serie de contactos con gobernadores bajo la premisa de discutir la reforma electoral, un proyecto que impulsa el presidente Javier Milei, aunque el objetivo de fondo es relevar los apoyos con los que cuenta el oficialismo frente a la presión de bloques opositores que buscan remover al funcionario.

Durante la jornada, Diego Santilli recibió al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quien se comprometió a respaldar la reforma electoral, la cual contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Sin embargo, aún no existen definiciones concretas sobre los respaldos necesarios para blindar a Manuel Adorni ante la presión de la oposición y de algunos sectores aliados.

La agenda de reuniones continuará esta tarde con los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, a las 15, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, a las 16. A pesar de la incertidumbre, desde la bancada oficialista se muestran optimistas respecto a la posibilidad de evitar la interpelación, aunque socios del PRO y la UCR no descartan habilitar el debate.

Desde la Casa Rosada aseguran que el impacto mediático será temporal. Al respecto, un integrante de la mesa política señaló:

“Tienen que entender que el Presidente banca, que esto va a pasar y todo volverá a la normalidad”

Pese a las intenciones del Poder Ejecutivo de sesionar el jueves, la posibilidad permanece en duda debido a la complejidad del contexto legislativo actual.

La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa un momento crítico ante la presión de diversos sectores de la oposición que buscan acortar su permanencia en el cargo. El impulso de sesiones en el Congreso, que incluyen mociones de censura, ha puesto al funcionario en el centro de la escena política nacional.

La novedad más relevante es la postura del PRO, que solicitó explícitamente la salida del ministro coordinador y advirtió que podría dar quórum en la Cámara de Diputados para la sesión prevista para el 23 de junio. Dicho encuentro contempla un temario de seis expedientes, que abarca desde informes básicos hasta pedidos de interpelación.

“No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días”.

Desde el bloque que preside Cristian Ritondo confirmaron esta postura, mientras que en la UCR señalaron que el interbloque Fuerzas del Cambio, que integra junto al MID y Karina Banfi, definirá una posición común entre el martes y el miércoles de esta semana.

El malestar se profundizó tras la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni y las posteriores explicaciones brindadas en medios de comunicación. Estos hechos, sumados a reparos previos de la jefa de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, han fracturado el respaldo al funcionario. Incluso figuras como la vicepresidenta Victoria Villarruel y diversos gobernadores se sumaron a los reclamos para que el ministro rinda cuentas ante posibles irregularidades en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Regulación y Control Aduanero.

En el Senado, el interbloque Popular, presidido por José Mayans, solicitó una sesión urgente para tratar una moción de censura. De aprobarse, el funcionario tendría un plazo de siete días para comparecer ante la Cámara alta. Cabe destacar que, para avanzar con estas medidas, la oposición requiere una mayoría especial de dos tercios, un escenario complejo que, no obstante, mantiene el tema en la agenda pública como un factor de desgaste para el presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei firmó un decreto que flexibiliza los requisitos pensados para hacer más visible y transparente el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y deja sin efecto la recomendación para que el mandatario contemple la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los postulantes. 

La medida fue instrumentada mediante el Decreto 467/2026, publicado este 15 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial con la firma del ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques. La misma busca, según la administración libertaria, simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir las vacantes más rápidamente.

La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Poder Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación. Desde el Gobierno nacional sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.

Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que “los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan”, sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.

La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal. La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.

El presidente Javier Milei mantiene su postura de respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a pesar de los avances en la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El Poder Ejecutivo sostiene al funcionario basándose en tres ejes fundamentales para la gestión.

En primer lugar, desde el entorno del mandatario aseguran que el ex vocero es una pieza clave en la estructura de poder.

“Está recontra firme. No lo van a correr. Primero porque es una de las cuatro patas de la mesa de toma de decisiones”, planteó un funcionario al tanto de la situación. Su cercanía con los hermanos Milei, especialmente con Karina Milei, ha consolidado su posición dentro del riñón oficialista.

El segundo argumento es político y responde a la postura del presidente frente a las presiones externas.

“Segundo, porque Milei jamás lo va a entregar al sistema que reclama su salida”, indicaron desde la Casa Rosada. 

En el oficialismo sostienen que el apoyo al ministro coordinador es una forma de confrontar los planteos provenientes de la oposición y de los medios de comunicación.

Finalmente, el tercer motivo radica en la cohesión interna.

“Tercero, porque es en lo único en lo que acuerdan Karina y Santiago”, añadió la fuente. 

Manuel Adorni ha logrado mantener un diálogo fluido tanto con la secretaria general de la Presidencia como con el asesor presidencial, siendo el único ladero que conecta con ambos sectores. Desde el oficialismo concluyeron que no existen reemplazos que no alteren el equilibrio actual, por lo que el jefe de Gabinete se mantiene como garantía de paz entre las facciones del espacio.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, aseguró ayer que el acercamiento entre el Gobierno Nacional y las universidades representa un cambio en la dinámica del conflicto, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo porque resta cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar en la recomposición salarial de docentes y trabajadores del sistema.

“Hay que reconocer que el gobierno hizo un reconocimiento muy grande a nivel económico, que es casi el 60 por ciento de lo que reclama la ley en las distintas materias: la salarial, la de gastos de funcionamiento y la de hospitales universitarios”, explicó Yacobitti, al analizar la nueva etapa de diálogo entre ambas partes.

Sin embargo, remarcó: “No podemos decir que se llegó a un acuerdo porque lo que nosotros planteamos es que el gobierno tiene que cumplir la ley”.

Para el dirigente universitario, la apertura del Ejecutivo representa una novedad después de casi dos años de tensión.

“Hay que destacar la voluntad de diálogo del gobierno con las universidades nacionales, que es una novedad en todo lo que fue este conflicto hasta ahora”, señaló, y consideró que esta instancia permite “empezar a discutir muchas otras cosas que tienen que ver no solo con lo salarial”.

Yacobitti sostuvo que la protesta universitaria tuvo un impacto político que obligó al Gobierno a modificar su postura.

“Creo que el gobierno pagó un costo. La última movilización que se hizo fue muy masiva, traspasó las fronteras de la academia, se involucraron personalidades de la cultura y muchas personas que ven lo que está pasando con la universidad”, afirmó por Splendid AM 990.

En ese sentido, planteó que el objetivo ahora debe ser sostener un canal de diálogo permanente: “Nosotros estamos todos los días definiendo planes de estudio, nuevas carreras, qué se va a investigar y qué no, y para eso hace falta un diálogo permanente con el gobierno”.

Sobre la discusión judicial por la Ley de Financiamiento Universitario, el vicerrector de la UBA afirmó que las universidades no abandonarán esa vía.

“No se pueden juntar dos particulares y decidir no cumplimos la ley. Me parece que eso es algo básico”, expresó, y cuestionó los tiempos de resolución del conflicto: “Hace más de 200 días que esto se votó y se judicializó. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para resolver si una ley hay que cumplirla o no?”.

Al hacer un balance de los últimos años de conflicto, Yacobitti describió las consecuencias del ajuste sobre el sistema universitario.

“Perdimos alumnos porque la situación económica es la misma que la de la mayoría de las personas en Argentina. Cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes”, explicó.

Además, alertó por la pérdida de recursos humanos dentro del sistema educativo.

“Perdimos profesores que bajaron sus dedicaciones para poder cubrir más horas en otros lugares o directamente tener otros trabajos. Algunos se han ido a otros países”, indicó, y agregó que uno de los principales problemas es “la fuga muy grande en investigación y ciencia”.

“No hay un país que pueda pretender progresar si no tiene una ciencia que investiga las cuestiones estratégicas para el país”, afirmó.

Respecto a los cuestionamientos del Gobierno sobre el manejo de los fondos universitarios y las auditorías, Yacobitti defendió los controles existentes.

“Las auditorías están, se hacen y están publicadas en la Auditoría General de la Nación. Siempre estuvieron”, sostuvo, y añadió: “Está bien que se controlen todos los fondos que quieran. Estoy tranquilo con eso”.

Por otro lado, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el vicerrector de la UBA analizó la situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su futuro dentro del oficialismo.

“Un jefe de Gabinete sin credibilidad ni ante la sociedad ni ante sus propios compañeros de gabinete, porque permanentemente los expone a tener que dar explicaciones sobre algo que no quieren hacer, no es algo bueno para el gobierno”, remarcó.

También se refirió a la construcción de una alternativa política opositora y sostuvo que no alcanza con una alianza electoral.

“Lo que no se puede hacer es juntarse para ganarle a alguien. Tenemos que construir una alternativa que le diga a la sociedad qué va a hacer con cada uno de los problemas que tiene y cuáles son las propuestas que va a llevar al Congreso”, señaló.

Sobre un eventual regreso de Mauricio Macri como candidato presidencial, Yacobitti sostuvo que será una definición de la sociedad en las PASO.

“Macri tiene todo el derecho del mundo a querer volver a ser candidato a Presidente, pero lo importante es qué los une y qué van a hacer si ganan”, afirmó.

Al ser consultado sobre si la educación es una prioridad para la gestión de Javier Milei, Yacobitti fue contundente: “No, yo no creo que sea una prioridad”.

No obstante, remarcó que la nueva etapa de diálogo abre una oportunidad para discutir el futuro del sistema universitario y los desafíos que enfrenta frente a los cambios tecnológicos y educativos. (NA).

El mapa de las fortunas del Poder Ejecutivo sufrió un fuerte reordenamiento luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializara ante la Oficina Anticorrupción (OA) su demorada y polémica declaración jurada (DDJJ) correspondiente al período fiscal 2025.

El documento público no solo blanqueó activos que el propio funcionario admitió haber omitido en el pasado, sino que lo posicionó significativamente más arriba en el ranking de los integrantes más acaudalados del gobierno libertario.

De acuerdo con la presentación efectuada, la fortuna total declarada por Adorni asciende a $944.575.052, una cifra que contrasta de manera drástica con los $107,8 millones con los que ingresó a la función pública al inicio de la gestión.

Este salto nominal representa un crecimiento patrimonial de aproximadamente el 775%, impulsado principalmente por el flujo de ahorros en dólares que el funcionario guardaba fuera del circuito formal y que atribuyó a una oportuna inversión en Bitcoins en 2013.

Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, también tuvo un salto en su patrimonio, que pasó de $1,7 millones a 11 millones, un 569% más, desde que aterrizó en la función pública. Luis “Toto” Caputo, el jefe de Hacienda, también tuvo un recorrido ascendente. Porque pasó de contar con $2.307 millones a 11.851 millones, un 413% más.

El jefe de Estado también consiguió aumentar sus ahorros: su riqueza pasó de $54 millones a 206 millones, un 276%.

La ministra de Capital humano, Sandra Pettovello, tampoco se quedó atrás porque tenía $52 millones y a fines de 2024 sumaba 78 millones, un 149% más.

Mientras que el canciller Pablo Quirno, que ingresó en la gestión libertaria como secretario de Finanzas, muestra un patrimonio que se ajustó a la inflación. Contó en el inicio del Gobierno $160 millones y en su última declaración figuran 438 millones.

El escándalo impactó en la Ciudad

Por otra parte, la explicación de Adorni acerca de su crecimiento patrimonial tuvo ecos en el territorio porteño. En particular, en el gobierno de Jorge Macri, que si bien no se expresó públicamente tiene su análisis de la situación que atraviesa la figura libertaria.

El día posterior a la polémica declaración del ministro coordinador, un miembro del gabinete de Macri le confesó a la Agencia Noticias Argentinas que la situación le calza bien al PRO porteño.

En ese sentido, entienden que el principal referente de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad se quedó sin condiciones para desafiar al jefe de Gobierno gracias a su particular situación judicial. (NA).

El diputado por Córdoba y exgobernador Juan Schiaretti manifestó públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no puede continuar en su cargo. La postura del dirigente cordobés surge a raíz de la presentación y defensa de la declaración jurada de bienes que el funcionario realizó en una entrevista televisiva.

A través de su cuenta en la red social X, Schiaretti expresó con dureza su posición respecto a la continuidad del funcionario en el Gobierno nacional:

“Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”.

Para el dirigente, el jefe de Gabinete le mintió al pueblo argentino y también lo hizo ante el Congreso de la Nación. En ese sentido, enfatizó que el país requiere de funcionarios que actúen con transparencia y no utilicen el poder en beneficio propio, instando a terminar con el encubrimiento de falsedades.

Con esta declaración, Juan Schiaretti se suma a la presión que ejercen diversos sectores, incluyendo al PRO, la UCR y otros aliados de la gestión del presidente Javier Milei, quienes también han cuestionado la situación del funcionario.

El Gobierno nacional derogó este viernes el régimen que regulaba el Registro de Operadores Lácteos, una herramienta creada en 2006 para registrar y fiscalizar a los actores vinculados con la producción, industrialización y comercialización de leche y sus derivados. 

La medida fue oficializada a través de la Resolución 81/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que dejó sin efecto dos normas vigentes desde hace casi veinte años y eliminó el marco regulatorio que sostenía ese sistema de registración.

Según explicó la cartera que conduce Sergio Iraeta, la decisión se basa en que el registro había perdido utilidad operativa y carecía de sustento jurídico para cumplir funciones de fiscalización y aplicación de sanciones. En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la ausencia de una norma específica que establezca un régimen sancionatorio para el sector lácteo vuelve "jurídicamente inviable" el ejercicio de controles por parte de la administración.

La resolución señala además que la experiencia acumulada durante los últimos años demostró la "carencia de operatividad" del registro, debido a la falta de mecanismos efectivos de fiscalización, control e imposición de sanciones ante posibles infracciones. Como consecuencia, indicó que no podía garantizarse la actualización ni la veracidad de la información declarada por los operadores. 

El texto oficial afirma que el registro había quedado reducido a una función "meramente declarativa" y que su continuidad implicaba destinar recursos administrativos a una herramienta que no producía efectos concretos en materia de control comercial.

Si bien con esta medida se derogaron las resoluciones que desde 2006 extendían los controles comerciales al sector lácteo y que habían dado origen al Registro de Operadores Lácteos bajo la órbita de la entonces Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), la eliminación no implica verdaderamente que deje de existir un control sobre los operadores de ese sector.

Sucede que en abril de 2025, el gobierno disolvió el Registro Único de las Cadenas Agroalimentarias, más conocido como RUCA, para terminar creando el Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL), a donde migró los registros de esas dos cadenas.

“Establécese que el SIOCAL es continuador del RUCA, en lo que respecta a los operadores de la cadena de ganados, carnes y lácteos”, mencionó la resolución 50/2025 en aquella oportunidad. Incluso destinó una serie de anexos a definir cómo será a futuro la tarea de control realizada desde la Secretaría de Agricultura con la información de operadores de carnes y lácteos. En los hechos, lo que se dio fue un cambio de nombre para los operadores cárnicos y lácteos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin la necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de forma física ante choferes o inspectores. La medida, comunicada a través de la cuenta de X del funcionario, entrará en vigencia el próximo 19 de junio.

A partir de esa fecha, los usuarios beneficiarios podrán acceder a una bonificación del 100% en las tarifas utilizando directamente la tarjeta SUBE. Para implementar este sistema, los interesados deberán realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE. De esta manera, los validadores de los accesos reconocerán el beneficio de forma automática al momento de pasar la tarjeta.

Según lo informado por el jefe de Gabinete, esta nueva modalidad convivirá con el sistema de acreditación actual que rige en el transporte público. Asimismo, se precisó que la digitalización comenzará a aplicarse de manera estricta en las líneas de transporte de jurisdicción nacional. El objetivo de la administración del presidente Javier Milei es extender este despliegue de manera progresiva hacia el resto de las provincias y localidades del país.

Gremios universitarios pusieron en pausa las medidas de fuerza anunciadas para la semana que viene tras el acuerdo salarial alcanzado por el gobierno nacional. Desde Adunce -que nuclea a los docentes de la Unicen-, resolvieron “poner en suspenso el paro de la próxima semana y retomarlo en caso de incumplimiento de acuerdo”, mientras que desde Atuncpba -que agrupa a no docentes-, anunciaron la suspensión del paro por las negociaciones en curso.

Más allá del acuerdo, los trabajadores, junto con las autoridades de las universidades nacionales, mantienen su reclamo principal: que el gobierno implemente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre pasado tras un intenso debate, e idas y vueltas con veto presidencial de por medio.

A través de sus redes sociales, tanto Adunce como Atuncpba destacaron el acuerdo alcanzado, y plantearon la continuidad de la demanda principal. Transmitieron también cuáles serán los pasos a seguir en el marco de lo establecido por las partes.

“Empezamos a recuperar lo que el gobierno nos debe; salario y paritarias”, publicaron desde Adunce. “Informamos que la medida de fuerza convocada para el próximo 16 de junio ha quedado en suspenso, en virtud de las negociaciones que se encuentran en curso entre la representación sindical y las autoridades nacionales”, señalaron por su parte desde Atuncpba.

Si bien aceptaron la propuesta salarial, los trabajadores resolvieron mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento. Al respecto, indicaron los docentes, “,ientras la ley sigue vigente, la paritaria implica dar un primer paso hacia el objetivo de la recomposición salarial y el restablecimiento del derecho a la negociación colectiva. El plan de lucha continúian hasta tanto no se ejecuta la Leyt de Financiamiento”.

El acta paritaria

Según lo acordado, el incremento salarial se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los haberes vigentes y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre. El salario de un docente de categoría simple, publicaron desde Adunce, sería de  $364,385.

En materia presupuestaria, el acuerdo prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del corriente, y también se incorporará una partida adicional de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios durante 2026.

Pero a su vez, el acuerdo alcanzado definió un incremento -también del 21,33 por ciento-, de la garantía salarial de junio. La misma establece un monto salarial mínimo, que impacta en particular en los docentes de menor categoría. 

De parte de los gremios precisaron que en el próximo plenario -que realizarán en julio-, discutirán sobre el contenido de la futura paritaria. El límite establecido para el encuentro con autoridades del gobierno nacional será el próximo 14 de septiembre. Será “para definir la actualización salarial en referencia a la variación acumulada del IPC”, marcaron.

También se acordó que “abordar en un máximo de 45 días un adicional por la perdida salarial de los niveles pre-universitarios debido a la eliminación del FONID”.

Si bien los trabajadores aceptaron la propuesta de aumento salarial, el reclamo mayor del sector universitario en su conjunto -autoridades, investigadores, becarios, estudiantes-, sigue siendo el mismo que desde hace meses: que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación. 

El reclamo tuvo su impacto en Tandil, donde se llevaron a cabo medidas de fuerza pero también instancias de visibilización pública de la demanda: semaforazos, asambleas, clases públicas, volanteadas, charlas y muchas otras iniciativas que se sumaron a las Marchas Federales que se replicaron en la ciudad.

La jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, volvió a marcar distancia respecto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que este presentara su declaración jurada. La senadora calificó el episodio como más que un error y puso el foco en la conducta ética dentro de la gestión actual.

Al respecto, la funcionaria sostuvo que el hecho representa una falta de transparencia.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, fustigó la legisladora.

Finalmente, Patricia Bullrich señaló que el caso deberá ser evaluado por las autoridades correspondientes.

“Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, concluyó sobre el accionar de Manuel Adorni.

El Gobierno nacional revisó su decisión inicial de intimar a la renegociación de 150 convenios colectivos de trabajo que se encuentran vencidos. Según se anunció oficialmente, la medida alcanzará finalmente a 446 convenios, en lo que representa uno de los efectos más significativos de la reglamentación de la reforma laboral puesta en marcha este jueves.

El secretario de trabajo, Julio Cordero, será el encargado de intimar a los sectores empresariales y sindicales para rediscutir las cláusulas vinculadas tanto a las condiciones de trabajo como a las cuotas solidarias o aportes compulsivos pactados entre las partes.

Esta extensión en el número de convenios responde a una interpretación estricta de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Esta normativa dinamitó la ultraactividad, un principio que permitía la vigencia de un convenio colectivo incluso después de su vencimiento hasta que fuera reemplazado por uno nuevo. Dicho mecanismo era considerado por los gremios como una garantía de estabilidad, ya que evitaba la pérdida de derechos adquiridos ante el estancamiento de las negociaciones.

No obstante, la nueva ley mantiene la ultraactividad para las denominadas cláusulas normativas, que son aquellas que definen las condiciones de trabajo. Por el contrario, las cláusulas obligacionales, como las cuotas solidarias y aportes especiales, pierden vigencia al momento del vencimiento del convenio.

A través del decreto 407, que reglamenta la Ley 27.802, el Gobierno abre la puerta para que, en esta etapa de diálogo, las empresas y los sindicatos renegocien la totalidad de las cláusulas posibles, permitiendo así una actualización integral de las condiciones laborales actuales y futuras.