El anhelo de cada grupo humano es contar con una buena calidad de vida. Qué se considera una buena calidad de vida varía según el lugar, la época y la cultura, aunque sin duda se incluye bienes materiales como provisión de agua, alimentos, energía y habitación, también se consideran otros bienes como salud, educación, seguridad, vínculos sociales y culturales y, no menos importante, libertad de elección, equidad y espiritualidad. Son múltiples aspectos que integran lo material y lo inmaterial, y que implican también vivir en armonía con la naturaleza que nos provee.

Más de tres cuartas partes de los cultivos alimentarios mundiales dependen en alguna medida de la polinización animal para obtener rendimiento y calidad en la producción. Los granos y cereales son generalmente polinizados por viento, pero alimentos como hortalizas, frutas y nueces, y granos como café y cacao, necesitan de los insectos polinizadores.

Se estima que las abejas, sean domésticas o silvestres, se encargan de la polinización de un 80 por ciento de los alimentos producidos en el mundo. La mala noticia es que su abundancia ha venido cayendo, bajando a valores alarmantes en el último par de décadas.

Una disminución sustancial de las poblaciones de polinizadores podría amenazar la producción de alimentos tanto para el consumo local como para los mercados mundiales.

Publicaciones científicas recientes indican que en 25 años la biomasa de insectos se ha reducido a un cuarto de lo que era. Se sabe que las abejas están muriendo por una variedad de factores: plaguicidas, sequía, destrucción y alteración del hábitat, déficit nutricional, contaminación del aire, calentamiento global y más. Los sistemas productivos dominantes son responsables de las dos causas directas más importantes: los plaguicidas y la pérdida de hábitat.

Los sistemas de producción echan mano cada vez más intensamente del uso de agroquímicos sintéticos biocidas cuyas moléculas son incontrolables una vez liberados al ambiente. Está demostrado que los plaguicidas tienen una amplia gama de efectos letales y subletales sobre los polinizadores y los insectos benéficos, y que llegan por deriva a los hábitats naturales del entorno de los cultivos.

La agroecología es la nueva forma de producir alimentos que permite la sustentabilidad, incrementando la materia orgánica y la microfauna en el suelo, preservando los hábitats silvestres y protegiendo a los polinizadores y a los insectos benéficos, favoreciendo al mismo tiempo la infiltración de agua, la producción de oxígeno y el control de plagas y enfermedades.

La agroecología, preservando los procesos ecológicos esenciales, restaura las poblaciones de abejas e incrementa la polinización, lo que a su vez mejora el rendimiento de los cultivos.

Nuestra capacidad para preservar la biodiversidad en general, y a las abejas en particular, tendrá un claro impacto no sólo para detener el deterioro de nuestra calidad de vida sino para asegurar su anhelado mejoramiento.

Días atrás, la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente siguió avanzando con las reuniones consultivas de cara a la reforma o nueva confección de la ordenanza de aplicaciones de agroquímicos en Tandil.

En una nota que brindó la presidente de dicha Comisión, Maridé Condino, a este Diario a fin de informar sobre las novedades del tema, también se refirió a la medida cautelar que emitió el Juez Augusto Blanc sobre las restricciones en las fumigaciones y otra serie de recomendaciones.

La publicación dejó tela para cortar, y tanto los vecinos de la Junta por un Ambiente Saludable como los creadores del anteproyecto sobre aplicaciones expresaron sus advertencias sobre las reflexiones del edil.

Necesidad de réplica

En la preventiva, la Justicia instó a la creación de una mesa de diálogo intersectorial y estimó un plazo máximo de 270 días para que el HCD dé pautas para la actualización de la Ordenanza Municipal 12.316 o eventualmente, se proyecte el dictado de una nueva normativa en la materia.

¨Es justo lo que veníamos haciendo¨, aseguró Condino y consideró que por ahí podría sumarse la Universidad “con más presencia de las diferentes facultades o, por lo menos, con información científica”, cosa que hasta el momento señaló que no han tenido.

Estas declaraciones despertaron en la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable y los creadores del anteproyecto sobre aplicaciones, Graciela Canziani y Claudio Lowy, la necesidad de responder, aclarar y poner en reparo ciertas reflexiones.

“Está muy bien que los integrantes del HCD, que están trabajando en la aprobación de la nueva ordenanza para la regulación de los agroquímicos plaguicidas en Tandil, se reúnan con los actores sociales involucrados en la temática. Estaría muy bien también que, en ese proceso de recabar informaciones, tengan en cuenta los conflictos de interés en juego: por un lado, la salud de toda la población de Tandil y la protección del ambiente y, por el otro, la protección de un determinado tipo de negocios agrícolas”, comenzaron Canziani y Lowy.

Como ya comentaron en otras oportunidades, insistieron en que la ordenanza vigente que regula los agroquímicos en Tandil aprobada en 2011, “está muy desactualizada”. Sostuvieron que tiene en cuenta los intereses de quienes promueven la comercialización y uso de los agroquímicos plaguicidas, pero no valoriza la protección de la salud de las personas y del ambiente. “Esto fue agravado por la falta de control, por parte de las autoridades competentes, del cumplimiento de las pocas restricciones establecidas, como los 150 metros libres de aplicación de plaguicidas alrededor de las escuelas rurales”, determinaron.

El respaldo científico

En el proceso actual de elaboración de la nueva ordenanza, los redactores de la propuesta de ordenanza se manifestaron preocupados por los dichos de la presidente de la Comisión sobre la ausencia de información científica que podría ser aportad desde la Unicen.

En consecuencia, pidieron recordar a la Concejal que el anteproyecto presentado por Banca 21 en agosto de 2019, “fue elaborado a lo largo de dos años de actividades desarrolladas en las facultades de Ciencias Exactas y de Ciencias Humanas, con presentaciones a la comunidad y debates, e incluso con una revisión crítica realizada en la Cátedra de Política y Legislación Ambiental de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental”.

“También fue presentado y expuesto en las IV Jornadas Nacionales y II Jornadas Internacionales de Ambiente 2018”, señalaron. Más allá de que siempre resulta oportuno actualizar el material científico, calificaron de “incomprensible” que se ignoren todos los documentos científicos y legales que están citados y referenciados en el anteproyecto presentado.

En el mismo sentido, la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil emitió una carta pública donde precisó que “se le ha puesto a disposición en reiteradas oportunidades algunos estudios relevantes”.

En un texto extenso y minucioso, detallaron con fuentes, links y conceptos la literatura científica donde se evidencia que el uso de agrotóxicos afecta a la totalidad de los argentinos a través de la contaminación del agua, el suelo, el aire, la leche materna, las verduras, las frutas y los ultraprocesados que llegan a las mesas, en los que se detectan en forma creciente residuos de pesticidas.

Allí, enumeraron mas de una treintena de títulos bibliográficos y por ultimo pidieron que se tenga en cuenta la presentación del Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil, realizado por docentes, graduados e investigadores de distintas facultades de la Universidad del Centro.

Comparar legislaciones

Por otro lado, Canziani y Lowy también hicieron foco en las palabras de Marideé Condino donde señaló que apuntarán a realizar “una ordenanza seria para la ciudad de Tandil, con estudios científicos y no copiar una de afuera¨.

“Es claro que necesitamos una ordenanza que respete las características propias de Tandil, sin embargo, no está bien pretender hacer una normativa con criterios fundacionales”, advirtieron los especialistas.

En este sentido, consideraron “imprescindible” hacer también legislación comparada, respetando los principios vigentes de la Política Ambiental de la Argentina, plasmados en la Ley de Presupuestos Mínimos 25.675, entre ellos el principio de precaución y el principio de progresividad.

Al entrar a la casa de Graciela Canziani y Claudio Lowy es muy simple distinguir el compromiso con el medioambiente y una vida sustentable. Así lo revela, entre otras cosas, el tupper sobre la mesada donde van depositando los residuos orgánicos que luego pasarán por los tres pasos de la compostera diseñada al fondo, que los transformará en una tierra muy rica para abonar la huerta que tienen.

Ellos viven en la zona urbana de Tandil, el patio no es muy grande, pero tampoco hace falta demasiado si hay una buena gestión del espacio para cultivar alimentos para dos. Justo ahí, donde cae el sol de la mañana desarrollaron su vergel.

Sobre la pared que se alza como respaldo también pegan los rayos de calor, allí mismo sobre los ladrillos vistos Lowy colocó un calefactor solar que el mismo confeccionó con latas recicladas. Mediante un sistema de tubos y ventilación lleva calidez a dos espacios de la casa, según ha medido en días despejados lograron alcanzar hasta los 32 grados.

La casa luce impecable, y para ello no utilizan ni desinfectantes ni insecticidas químicos, de hecho revelaron que hay un ecosistema ahí dentro donde simplemente la cadena natural de supervivencia se desarrolla sin molestar a los propietarios. Como aliados, tienen vinagre y un desinfectante natural hecho en casa con clavo de olor.

Y así la serie de acciones sigue, coherentes con su planteo de modificar la ordenanza de aplicaciones de plaguicidas en la ciudad. Pero el interés con el anteproyecto presentado ante Banca 21, que hoy ya está experimentando avances por parte de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante, excede lo personal y lo cercano.

Liberar territorios

Ante la reciente denuncia de vecinos de El Tropezón sobre el dueño de un terreno baldío en Guisse al 100 que lo mantiene limpio mediante fumigaciones, los expertos advirtieron que el hombre no está haciendo nada que esté prohibido, a lo sumo podría no contar con una receta agronómica autorizada, pero la normativa actual lo avala.

Vale destacar que cada uno de los expertos lleva consigo un prontuario que los respalda al momento de hablar del tema. Graciela Canziani se desempeña en Ecología Matemática,y es  docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen. Como ha hecho público, le interesa la interrelación entre cambio climático, pérdida de la biodiversidad y cambio en el uso de los suelos, “tres factores cuyo deterioro no sólo afecta la calidad de vida, sino que amenaza la persistencia de la vida”.

Por su parte, Claudio Lowy, es ingeniero Forestal, con Maestría en Desarrollo Humano Sostenible de la Unesco de Girona y terminó un Doctorado en Ciencias Sociales en Universidad de Buenos Aires. Así, los especialistas manifestaron que lo peor de todo es que la acción en sí misma está permitida. Con indignación señalaron lo perjudicial del acto, ya que el producto aplicado persiste por largo tiempo en la tierra, el aire y las napas perjudicando a los vecinos que lo rodean y más allá.

A raíz de todo esto, volvieron a insistir con la necesidad de liberar territorios para la agroecología y se explayaron sobre lo que sostiene la ordenanza en cuanto a los terrenos baldíos.

Vulnerabilidad toxicológica amparada por ley

“La ordenanza que regula los agroquímicos plaguicidas en Tandil, aprobada en el año 2011, no protegió ni protege la salud de la población y el ambiente como todos necesitamos, y como también lo indican las normas de mayor jerarquía, tanto provinciales como nacionales, e incluso otras ordenanzas vigentes en el Partido”, determinó Lowy.

Recordó que el artículo 10 especifica sobre aplicaciones en terrenos baldíos y espacios verdes públicos y/o privados dentro del área urbana y complementaria, señalando que allí sólo se pueden aplicar agroquímicos Clase II y Clase IV, es decir banda azul y banda verde; que deberán aplicarse con aplicador manual y con equipos livianos de arrastre de hasta 200 litros de capacidad. También dice que deberá contar con el asesoramiento técnico de un Ingeniero Agrónomo y la correspondiente receta agronómica.

“Estos casos no están alcanzados por lo señalado en el artículo 6, lo que implica que no se debe dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Local del Municipio; por supuesto, tampoco debe avisar a los vecinos”, lamentó.

De acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, el especialista sostuvo que la única infracción que podría haber cometido el dueño de baldío es no haber contado con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo y/o no haber presentado la correspondiente receta agronómica. “La aplicación en sí misma no implica la contravención de la normativa vigente, lo que pone a todos los vecinos de terrenos baldíos y espacios verdes públicos o privados en situación de vulnerabilidad toxicológica amparada por esa ley”, planteó.

“Por todos estos motivos y muchos otros que figuran en el anteproyecto de ordenanza presentado a través de la Banca 21 en agosto de 2019, es que necesitamos regular la aplicación de los agroquímicos biocidas en Tandil de manera tal que causen menos riesgos y daños a la salud y al ambiente de los que están causando ahora”, coincidieron ambos.

En este sentido, remarcaron la necesidad de prohibir las aplicaciones aéreas en todo el partido y alejar las terrestres por lo menos a 2000 metros de donde la población desarrolla sus vidas “y continuar en esos territorios liberados de agroquímicos biocidas la reconversión a la agroecología”.

La clasificación toxicológica

La ordenanza vigente en Tandil utiliza la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasifica a los plaguicidas en:

Ia –      Sumamente peligroso, muy tóxico. Banda roja

Ib –      Sumamente peligroso, tóxico. Banda roja

II –       Moderadamente peligroso, Nocivo. Banda amarilla

III –     Poco peligroso, cuidado. Banda azul

IV –     Normalmente no ofrece peligro, cuidado. Banda verde

Tanto para Graciela Canziani como para Claudio Lowy esta clasificación toxicológica “es fraudulenta, ya que hace parecer a los agroquímicos biocidas como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son”. “Sólo evalúa si el producto mata en el corto plazo, desconsiderando las toxicidades subletales (si enferma pero no mata), las toxicidades retardadas (si enferma o mata en el mediano o largo plazo), las toxicidades sinérgicas (si enferma o mata en combinación con otros productos aplicados simultáneamente, sucesivamente, o que ya están presentes en el ambiente, ya sean naturales o artificiales), toxicidades en bajas dosis como disruptores endócrinos, las toxicidades crónicas (por aplicaciones sucesivas)”, explicaron.

Además, subrayaron que esa categorización utilizada por la ordenanza de Tandil está en contradicción con la establecida por el artículo 7 de la Ley Provincial 10.699/88 clasifica a los productos en:

“Es claro que los agroquímicos plaguicidas aplicados en el Partido de Tandil deben ser clasificados como de ‘venta y uso registrado’, ya que es necesario saber cuáles son los productos aplicados, su toxicidad integralmente considerada, y los riesgos y daños a la salud y el ambiente a los que estamos expuestos quienes vivimos en Tandil”, consideraron.

Para el beneficio de las generaciones actuales y futuras

En otro término, revelaron algo que no ha salido a flote en todo este tiempo que se viene debatiendo sobre las aplicaciones, fumigaciones y reglamentos de Tandil, la existencia de una Ordenanza Ambiental sancionada en 1993 por el Honorable Concejo Deliberante local de aquel tiempo.

Los expertos, Canziani y Lowy, lamentaron que no hay tomado relevancia dicha normativa, que en primer término lo que hace es definir al Medio Ambiente “como un bien de uso común”, a la vez que se impone a través del Departamento Ejecutivo y sus áreas respectivas, “el deber de defenderlo y preservarlo para el beneficio de las generaciones actuales y futuras”.

Si bien data de 23 artículos, convinieron oportuno destacar la intención de preservar los procesos ecológicos de las especies; minimizar el impacto en los ecosistemas afectados y proteger la integridad del patrimonio paisajístico en el ámbito municipal. Asimismo, enfatiza en resguardar la flora y la fauna vedando las prácticas que coloquen en crisis su función ecológica o provoquen la extinción de las especies.

En otro término, también apunta sobre el propósito de proteger “el Medio Ambiente controlando la polución en toda actividad que importe riesgos personales y/o ambientales por su potencialidad”.

Sobre este punto hicieron especial énfasis, ya que desde siempre sostienen con vehemencia que los agroquímicos plaguicidas persisten en la tierra, el agua y el aire, provocando daños en la salud de las personas y el ambiente a pesar del paso del tiempo. Las partículas perduran, se evaporan con el calor y vuelven a la tierra con la lluvia, generando una constante, o potencial, cadena “de envenenamiento”.

Desde que se decretó la Fase 5 en Tandil, las comisiones del Honorable Concejo Deliberante (HCD) volvieron a reunirse semanalmente, en su último encuentro la delegación de Producción, Trabajo y Medioambiente comenzó a interiorizarse sobre el anteproyecto de Ordenanza de Regulación de la Aplicación de Agroquímicos Plaguicidas en el Partido de Tandil.

Para esto, tanto los titulares de dicha comisión María Haydeé Condino y Ariel Risso, como el resto de los concejales, recibieron a los autores de la propuesta, Graciela Canziani y Claudio Lowy.

Según reveló Condino, la intención era poder concretar la reunión antes de la pandemia pero no pudo darse, por lo que ahora se pusieron como objetivo avanzar en este sentido, por eso de aquí en adelante los jueves, cada 15 días, trabajarán exclusivamente en el proyecto.

“No hubo debate porque es nuestro primer encuentro”, aseguró, y advirtió que tanto el Ejecutivo como el Concejo trabajarán en la modificación de la ley vigente ya que quieren la mejor ordenanza para Tandil.

Un camino que empieza

Muy conforme con la recepción que tuvieron por parte de los ediles, Claudio Lowy manifestó también su satisfacción por el hecho de que el documento haya pasado a esta Comisión, luego de la presentación ante Banca 21 en 2018.

“Lo más auspicioso en esta instancia es que empezaron con las actividades en el HCD y comenzaron con el tratamiento del anteproyecto”, consideró. “Si va a salir, no sabemos”, añadió.

Explicó que los concejales manifestaron su interés en conversar con cada uno de los sectores involucrados, cuestión que fue confirmada por Condino, quien adelantó que contemplan charlar con aplicadores, productores tradicionales y agroecológicos, referentes del INTA, representantes de vecinos agrupados y médicos.

En este sentido, los autores brindaron algunas sugerencias de contactos que fueron bien receptados y serán tenidos en cuenta para las distintas instancias del análisis.

El respaldo para el cambio

Los referentes de la ONG que apunta al trabajo en ambiente y desarrollo sustentable, Bios Argentina, aprovecharon el espacio para exponer y explicar los fundamentos que sostienen el planteo de modificación de la regulación local actual.

“Hoy la ordenanza vigente permite que se apliquen plaguicidas de forma aérea hasta el borde de la edificación de las poblaciones rurales”, exclamó Lowy, señalando que dicha normativa se contradice incluso con la provincial, que fue promulgada 23 años antes. “Eso se aprobó así por cuestiones políticas y económicas”, analizó.

Tal como reveló, los integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo en la propuesta e hicieron algunas preguntas, pero lo que les resultó impactante fue cuando mostraron lo que implicaba el triple lavado de los bidones vacíos de plaguicidas de 20 litros. La acción incluso fue realizada por uno de los presentes, para demostrar que es una tarea muy dificultosa como para poder aplicarse en tantas cantidades, ni podría ser fiscalizado. “Los que lleguen al centro de acopio no podrían ser controlados”, dijo.

Además, los propulsores mostraron videos sobre los mitos y realidades sobre las derivas de las aplicaciones, alertando sobre las mentiras que hay en torno al tema y las publicidades que circulan. “El producto se va evaporando y las partículas llegan mucho más lejos de lo que es capaz de medirse, son publicidades mentirosas como la clasificación toxicológica”, aseveró.

Finalmente, Lowy destacó que lo que más les gustó del encuentro fue que tengan predisposición para escuchar, reconociendo que el proceso será largo. “El consenso estará entre los envenenadores y quienes lo padecemos, lo que es complejo por los intereses”, remató sin rodeos.

“No estamos haciendo resistencia”

La presidente de la Comisión de Producción , Trabajo y Medioambiente garantizó que en este camino que emprendieron buscarán elementalmente la diversidad de voces para lograr la mejor ordenanza para Tandil.

Subrayó que es un momento en que muchas ciudades están tratando el mismo tema, por lo que han hablado con otros municipios de la Quinta Sección que están en proceso de modificar sus ordenanzas, para interiorizarse y tomar ejemplos.

Asimismo, consideró que sería bueno que se realicen investigaciones a nivel nacional y provincial, ya que “si se habla de un producto que realmente es venenoso, como plantearon los autores del proyecto”, son primero aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Si así se confirmara, planteó que habría que lograr que se deje de otorgar etiqueta verde a esos implementos que se venden.

“Somos un Municipio del interior, va a ser un camino largo, pero está bueno haberlo empezado a transitar”, sostuvo Condino, que además manifestó que le encantaría que la ordenanza salga por unanimidad, lo que llevará mucho trabajo. “No estamos haciendo ningún tipo de resistencia”, aclaró.

Se llevó a cabo en el Centro Cultural La Compañía una charla informativa sobre las consecuencias en la salud por el uso y exposición a los agroquímicos. El encuentro se dio bajo el título “La salud en riesgo” y surgió a raíz de las preocupaciones y necesidades de los habitantes de La Porteña, que denunciaron el incumplimiento de la ordenanza de aplicaciones en cercanías de la Escuela 33.

Para nutrir de información a los presentes y a la sociedad en general convocaron a Claudio Lowy, ingeniero Forestal; Graciela Canziani, especialista en Ecología Matemática; Cristina Rendoletti, doctora en Nutrición, y Juan Bernardo, trabajador rural y ex aplicador.

Antes de dar paso a las voces expertas, Lucía Mestre, vecina de La Porteña, destacó la importancia que tiene para la sociedad en general poder brindar un debate sobre los riesgos que corre la salud ante la exposición a las fumigaciones. Asimismo, contó que luego de unirse y denunciar lo que ocurría en la escuelita de su barrio quedaron sorprendidos por la cantidad de lugares que padecen lo mismo y que les hicieron llegar su apoyo.

“Estamos en el camino correcto. Para nosotros la salud es un derecho, entonces nos encontramos con profesionales que pueden orientarnos en la infinidad de aristas que tiene la aplicación de agroquímicos, así que seremos el eslabón que tengamos que ser para defender nuestros derechos”, dijo y la sala repleta sonó en aplausos.

 Un discurso engañoso

La palabra inicial fue de Lowy, quien se encargó de desenmascarar el discurso de las buenas prácticas agrícolas, que sostienen que los agroquímicos producen daños a la población y el ambiente simplemente porque se “usan mal”, por ende haciendo un buen uso eso ser revertiría. “Le están echando la culpa de que sea nocivo al aplicador o al peón”, se indignó. Para el experto, este mensaje resulta totalmente engañoso ya que sigue promoviendo el uso de plaguicidas.

“Claramente que las malas prácticas son peores que las buenas, como aplicar sin traje protector o con viento a favor, pero de todas maneras eso no impedirá el daño”, aseguró.

Por otro lado, recordó que la reglamentación local advierte que no pueden realizarse aplicaciones a menos de 150 metros de establecimientos educativos, sin embargo eso no se cumple. A modo de prueba mostró fotos de escuelas rurales donde a tan solo dos metros se vislumbran los cultivos, limpios de yuyos y tierra descubierta.

De todas maneras, consideró que si se cumpliera también sería ineficiente para prevenir consecuencias si se tienen en cuenta las derivas, la permanencia del producto en el suelo, en el aire y su posterior evaporación, que puede darse incluso años más tarde.

Fue por este motivo, básicamente, que Graciela Canziani, docente e investigadora de la Facultad de Exactas de la Unicen, presentó un anteproyecto de ordenanza elaborado en conjunto con otros actores. La intención es regular el uso de plaguicidas en el territorio y prohibir su aplicación aérea, a fin de resguardar la salud de la población y el ambiente.

En este encuentro, la especialista leyó lo expuesto en agosto pasado desde la Banca XXl, proponiendo una nueva mirada hacia un cambio de paradigma que se corra del sistema de producción de monocultivo hacia la agroecología, respetando a las personas y el hábitat natural.

“Necesitamos cambiar nuestro sistema productivo agroalimentario, empezando por las restricciones del uso de los agroquímicos plaguicidas cerca de los lugares donde desarrollamos nuestras vidas, iniciando allí la reconversión hacia la agroecología”, sostuvo.

 ¿Qué pasa con el glisfosato?

Respaldando los conceptos anteriormente mencionados, la experta en nutrición fue breve pero contundente y remarcó los daños irreversibles que produce el uso de este herbicida en la salud.

“Estamos preocupados porque hay vinculaciones contaminantes con el autismo, linfomas y un montón de enfermedades”, advirtió. Para avanzar planteó la necesidad de contar con un registro, poder tener acceso a la información para ver si la percepción que tienen del crecimiento de malformaciones es así. Por eso, reveló que están sumando voluntades y realizar estudios epidemiológicos.

Alertó que los compuestos contaminantes afectan el desarrollo neurológico, aumentan el riesgo de obesidad y diabetes, influyen en la capacidad de reproducción, inducen cáncer de mama y aumenta el riesgo de otros, y producen desórdenes en el sistema inmune.

Según reflexionó Cristina Rendoletti, en el caso de los compuestos del glisfosato, que afectan al ambiente y la salud, se contradice el principio que dice: “la dosis hace al veneno”, ya que incluso en bajas proporciones puede ser mucho más nocivo que en altas. Sin embargo, la consecuencia de varios contaminantes juntos es mayor que cada uno por separado porque provoca “efecto cóctel”.

“Entre los agentes genotóxicos se encuentran los plaguicidas”, informó y dijo que los más expuestos son embarazadas, bebés y púberes, alertando que no se descartan los efectos transgeneracionales. O sea que aquellos individuos con mayor exposición en el curso de su vida, aunque sea a bajas dosis, pueden aumentar la manifestación de enfermedades genéticas, aún a generaciones posteriores. “Si se detecta es posible tomar medidas para  reducir  la exposición”, alentó.

Cabe destacar que el glisfosato particularmente cuenta con un nivel de toxicidad aguda, por lo que simple contacto con la piel puede generar edema o enrojecimiento y prurito. En tanto que al inhalarlo provoca irritación vía  aérea, congestión pulmonar, nauseas, vómitos, diarrea, daño renal, efectos cardiovasculares y arritmias.

Vivir para contarlo y elegir cambiar

Juan Bernardo trabajó más de 10 años como aplicador en la zona de Rauch, pero un día abrió los ojos. “Me enteré de lo que estaba pasando leyendo a (Eduardo) Galeano. Me horroricé, me espanté”, reveló.

Fue a partir de ahí que empezó a interiorizarse en las cuestiones medioambientales y los daños de los plaguicidas, tanto para la tierra como para la salud. A pesar de saberlo y alarmarse, le llevó dos años poder desvincularse de su actividad.

“¿Cómo le vamos a poner venenos al agua?”, cuestionó. “En el momento no me daba cuenta, pero es una locura que la forma de producción siga siendo así, esto tiene que cambiar”, reflexionó.

Entre los recuerdos que compartió, aseguró que los ingenieros agrónomos le decían que el glisfosato era inocuo, destacando que a veces la gente que está en el campo ni siquiera conoce el significado de esta palabra. “Lo hacíamos sin pensar”, confesó quien hoy sigue ligado a la producción, pero desde la agroecología.

“Seguir echándole venenos al agua, al aire, es una locura, pero en los campos no hay conciencia, hay desinformación”, lamentó. Pero él se interesó y se informó, por eso decidió trabajar “para el lado de la tierra donde hay futuro”.