Una multitud se concentró este martes en Tandil para participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria en el gobierno de Milei, en el marco de una jornada de protesta que se replicó en distintas ciudades del país para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición del presupuesto destinado a las universidades públicas.

La movilización, que tuvo como epicentro la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, graduados, sindicatos, organizaciones sociales y vecinos que se sumaron a la consigna en defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad.

La convocatoria se dio a 203 días de la sanción de la Ley 27.795, norma que establece un piso de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional y que, según denunciaron las autoridades y los gremios, continúa sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional.

La iniciativa volvió a mostrar una convocatoria multitudinaria en el centro. Desde las 17 horas miles de tandilenses acompañaron la marcha con banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional. Entre los mensajes más repetidos se pudieron leer reclamos por “más presupuesto para educación”, “salarios dignos para docentes y nodocentes”, “cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” y “la educación pública no se vende, se defiende”, en una manifestación que volvió a colmar las calles y a expresar el amplio respaldo de la comunidad tandilense a la Unicen y a la educación superior gratuita y de calidad.

Durante el acto central se leyó el documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y nodocentes, en el que se advirtió que el financiamiento del sistema universitario atraviesa una situación crítica.

Según el texto, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción inédita de los recursos disponibles para sostener el funcionamiento de las instituciones.

También se expuso el fuerte impacto sobre los salarios del sector. De acuerdo al documento, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,3 por ciento, mientras que los salarios aumentaron 147,3 por ciento, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo del 37,13 por ciento. Los firmantes señalaron que los sueldos universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años.

Otro de los puntos destacados fue el deterioro de las políticas de acompañamiento estudiantil. El documento advirtió que programas como las Becas Progresar y las Becas Estratégicas Manuel Belgrano permanecen congelados o desfinanciados, mientras que las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC) continúan suspendidas, lo que compromete la permanencia de miles de jóvenes en el sistema universitario.

Los organizadores remarcaron que la crisis excede la cuestión presupuestaria y cuestionaron al Gobierno nacional por no cumplir con una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia. En ese sentido, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga y garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

En el tramo final del documento, se destacó que la universidad pública argentina constituye un “instrumento de justicia social” que promueve la movilidad ascendente, genera conocimiento estratégico para el desarrollo del país y ofrece oportunidades a miles de jóvenes. Además, se advirtió que el debilitamiento del sistema pone en riesgo el futuro científico, tecnológico, cultural y productivo de la Argentina.

Con banderas, carteles y cánticos, la comunidad tandilense volvió a expresar su respaldo a la educación pública en una jornada de amplia participación y fuerte contenido simbólico. Al igual que en las marchas anteriores, el reclamo se centró en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que las universidades continúen cumpliendo su rol en la formación de profesionales, la producción de conocimiento y la construcción de una sociedad más igualitaria.

El documento concluyó con un llamado a defender el sistema universitario y evitar que docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados por la falta de recursos. “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende!”, señalaron los organizadores.

Funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires volverán a reunirse este viernes con los gremios docentes y estatales para discutir en paritarias una suba salarial, tras el rechazo del 1,5% del martes. Las partes mantendrán un encuentro virtual y sobrevuela la posibilidad de otorgar un ajuste por decreto.

Tras un insistente reclamo gremial, el gobierno de Axel Kicillof ofreció el martes un aumento salarial del 1,5% a cobrar en enero para los empleados del estado provincial -docentes, administración central, médico y judiciales- pero no hizo ninguna oferta respecto a noviembre y diciembre del año pasado, bimestre que no hubo aumento.

Frente a esto, los gremios rechazaron el 1,5% y reclamaron discutir un retroactivo para compensar la inflación de esos dos meses: 2,5% y 2,8%. Sin embargo, la falta de oferta en este sentido hizo que se pasara a un cuarto intermedio hasta este viernes.

La nueva oferta podría incluir una suma para compensar, aunque claramente menor a esos más de 5 puntos de la inflación. Y en caso de que sea rechazada por los gremios, una posibilidad que analiza la administración provincial es dar el incremento por decreto, algo que los trabajadores se oponen.

Con el último aumento que los agentes públicos percibieron con el sueldo de noviembre, se registró una mejora de 25,9% para los primeros diez meses del año pasado, contra una inflación del 24,8% para el mismo período. No obstante, la suba de precios del último bimestre los dejó con saldo negativo, ya que la inflación de 2025 cerró en 31,5%.

Los encuentros serán virtuales y no presenciales en el Ministerio de Trabajo, como sí fue el martes pasado. En primer, las autoridades lugar se reunirán con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a las 14, mientras que a las 15.30 con los distintos gremios que representan a los trabajadores estatales de la Ley 10.430.

La Mesa Intersindical de Tandil, convocó este jueves una movilización en repudio a la reforma laboral, que comienza a tratarse en los recintos del Congreso y que trae modificaciones que no son bienvenidas por los trabajadores.

En la sede del ex Ministerio de Trabajo, ubicada en 9 de Julio 860, se dio lectura a un documento conjunto, destacando la importancia de mantenerse firmes en la defensa de los derechos laborales y sociales, para luego entonar el Himno Nacional Argentino, a viva voz y con "toda la bronca".

Estuvieron presentes Verónica Gargiulo y Marcelo Stipcich, de ADUNCe; Estela Sinópóli, secretaria general de Suteba; José Larraburu, secretario general del SEC; Hernán Gasparini, secretario general de ATE; entre otros referentes del sindicalismo tandilense, que formaron parte de la numerosa convocatoria.

Los mencionados oradores acusaron al presidente de haber “demostrado su desprecio por la clase trabajadora, por los jubilados y las jubiladas, por nuestros estudiantes”, el cual se manifiesta en un "discurso grosero y acompañado de agravios", estigmatizando a las organizaciones sociales y sindicales.

Afirmaron que las acciones del gobierno libertario "obedecen a una crueldad sin límites cuyo objetivo es desfinanciar, achicar, estigmatizar, eliminar el rol del Estado en áreas centrales para la garantía de derechos en la salud, la niñez, la vejez y la educación". Como prueba de esta intención, se mencionaron los despidos masivos de 56.000 trabajadores y trabajadoras del Estado, con más despidos esperados, que sumados a las personas dependientes de esos salarios, equivalen a alrededor de 180.000 personas. También se lamentó el cierre de oficinas clave como la Agencia de Discapacidad y la Secretaría Nacional de Niñez y Desarrollo Social.

En el plano económico, las organizaciones sindicales alertaron sobre el "industricidio que se está llevando adelante en nuestra Argentina". Las cifras presentadas indican que 20.000 Pymes han cerrado, resultando en la pérdida de 276.000 puestos formales de empleo. Las causas de esta "catástrofe" incluyen la apertura de importaciones, la caída abrupta de la actividad económica y la falta de consumo.

Los dirigentes sindicales aseguraron que este atentado a la industria y al empleo no es un error de cálculo, sino "el objetivo de quienes financian a Javier Milei" y la "receta impuesta por el FMI".

Asimismo, sostuvieron que en este contexto de crisis, el gobierno impulsa una reforma laboral "regresiva, intentando retrotraer las leyes de trabajo a casi 1930". Según los oradores, esta reforma "no tiene ni un solo artículo a favor de los y las trabajadoras", promoviendo indemnizaciones más bajas, ampliación de las jornadas laborales por el mismo salario y restricciones en derechos colectivos como la huelga o la asamblea.

Además, se dedicó un párrafo a desmentir la noción de la "industria del juicio laboral", calificándola como "un eslogan impuesto por Mauricio Macri y heredado por Milei". Las cifras expuestas demuestran que, de 9 millones de trabajadores registrados, solo el 1,4% (126.000 trabajadores) iniciaron juicios en los últimos 12 meses. Enfatizaron: "Compañeros, la industria del juicio laboral no existe".

El documento concluyó con un llamado a la unidad y la resistencia, advirtiendo a los legisladores que voten a favor del proyecto de reforma.

"No claudicaremos en la búsqueda y defensa de la felicidad de nuestras familias a través del trabajo digno". Finalmente, hicieron un llamado a la base: "Trabajadores, trabajadoras, únanse, sean hoy más hermanos que nunca". Afirmaron que "sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria, la unidad de todos los y las argentinas".

Los convocantes reafirmaron su convicción de que "el lugar donde hay que estar es en la calle", enfrentando colectivamente el escenario "triste y hostil al que nos empuja este gobierno día tras día".

En medio del reinicio de las negociaciones paritarias entre gremios y la Provincia, en las que no hubo una oferta formal de aumento salarial, los sindicatos bonaerenses salieron a reclamarle a los legisladores que le aprueben esta semana el Presupuesto 2026 y las leyes económicas a Axel Kicillof.

La “presión” tanto de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T) como de la Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) se entiende en la advertencia que hicieron funcionarios de la administración provincial que condicionó una suba salarial a contar con Presupuesto, la ley fiscal y el endeudamiento. Como informó Agencia DIB, en la última reunión, la Provincia dijo que necesita esas tres leyes para poder financiar una eventual suba.

En el documento firmado por Roberto Baradel y Oscar “Colo” Isasi, las CTA sostuvieron que resulta “imprescindible” que los representantes legislativos otorguen al Ejecutivo las herramientas necesarias para cumplir con compromisos provinciales y municipales, entre ellos el acceso al crédito y la refinanciación de la deuda que fue heredada de la gestión de María Eugenia Vidal.

Las organizaciones advirtieron que la falta del Presupuesto 2026, de la Ley Fiscal Impositiva y del pedido de endeudamiento afecta diversas áreas de la administración, pero también pone en riesgo el aguinaldo de los trabajadores. “Sin tales instrumentos se pone en serie riesgo el funcionamiento del Estado provincial en sus sectores más sensibles: salud, educación, seguridad y obra pública, el pago de aguinaldo y salarios en varios municipios”, advirtieron.

En tanto, remarcaron que la Provincia arrastra décadas de descompensación por la coparticipación federal y sufre el impacto de “fondos billonarios que la Nación no envía”, cifra que estimaron en más de 13 billones de pesos.

Ambos espacios informaron que ya convocaron a multisectoriales para organizar medidas de resistencia y se declararon en estado de alerta y movilización, al tiempo que recordaron que desde hace tiempo arbitran los medios para manifestar su rechazo a la reforma laboral, previsional e impositiva impulsada por el Gobierno nacional, lo que se podría replicar en provincia.

El espaldarazo a Kicillof de las centrales obreras vino acompañado por cuestionamientos hacia los legisladores. “Oponer excusas, atar dicha aprobación a cargos en la Suprema Corte de Justicia, en el directorio del Banco Provincia, exigir un presupuesto inexplicable para el manejo de la Legislatura en tiempo de asfixia económica y financiera es ubicarse en el camino de las políticas de ajuste, entrega y desguace del Estado”, remarcaron en el comunicado.

Las CTA anticiparon que, en caso de que no se aprueben las leyes provinciales, convocarán a los plenarios de secretarias y secretarios generales para definir acciones que garanticen el funcionamiento del Estado y la defensa de los derechos de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, así como de los trabajadores en particular. “Necesitamos que defiendan a los bonaerenses”, expresaron en su declaración conjunta.

Cabe precisar que, la Legislatura bonaerense sesionará en ambas cámaras para tratar el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, mientras continúa en discusión el pedido de endeudamiento, ya que la comisión de Presupuesto e Impuestos volverá a reunirse este martes para definir si el endeudamiento se incorporará al temario.

El evento fue planificado, organizado y llevado adelante por los propios afiliados de ATE, quienes pusieron el compromiso para hacer posible un espacio de encuentro, alegría y comunidad en tiempos difíciles, el decir de los organizadores.

“Los festejos se realizaron apenas 48 horas después de que el presidente Javier Milei suspendiera por decreto el asueto administrativo correspondiente al 27 de junio, previsto en la Ley Nacional 26.876. Pese a que una jueza del fuero laboral dictó una medida cautelar que frenó la aplicación del decreto, el hecho generó repudio en el conjunto del movimiento sindical. El mismo Presidente había declarado públicamente días antes: ´soy cruel con los empleados públicos´. En ese contexto de ataque directo, los y las estatales de Tandil decidieron sostener la alegría y la organización como forma de respuesta política y sindical”, se señaló desde el gremio.

Del encuentro participaron el secretario general local, Hernán Gasparini; el secretario general del consejo directivo provincial de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo; la secretaria del interior, Vanina Zurita; la secretaria adjunta de ATE Tandil - Juárez, Erica Lanzini; además de dirigentes de organizaciones sindicales hermanas encuadrados en la Mesa Intersindical de Tandil, representantes políticos y sociales.

Durante el evento, el secretario general de ATE Tandil - Juárez, Hernán Gasparini, brindó un discurso que combinó emoción, análisis político y reafirmación sindical: “No les vamos a regalar la alegría. La alegría es nuestra, del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras. La salida es colectiva, con lucha y con organización.” Y agregó: “Tenemos que estar más convencidos que nunca. Frente a un gobierno que se jacta de ser cruel con nosotros, respondemos con dignidad, historia y militancia.”

Gasparini también señaló la necesidad de fortalecer la representación en todos los niveles del Estado: “No podemos tolerar que haya compañeras auxiliares fregando pisos a los 70 años. Vamos a seguir militando para que accedan a una jubilación digna, en un régimen que contemple una situación similar al de las y los docentes”

Sobre el futuro de los trabajadores municipales, fue enfático: “Nuestros delegados ya superaron el piso de representación. No vamos a bajar los brazos: más temprano que tarde vamos a estar discutiendo salarios en la paritaria municipal.”

Por su parte, Claudio Arevalo resaltó el trabajo que se viene realizando en Tandil “queremos felicitar esta construcción que viene creciendo y decirles que vamos a estar acompañando, las veces que tengamos que acompañar, para seguir transformando la realidad que hoy están viviendo los trabajadores nacionales, provinciales y municipales. Y sepan que, como decía Hernán, más temprano que tarde ATE Tandil va a estar sentado discutiendo la paritaria de todos los trabajadores municipales”.

A su turno, la secretaria adjunta de ATE Tandil - Juárez, Erica Lanzini, destacó la legitimidad histórica de la organización: “Después de cien años de lucha, parece bastante absurdo que todavía haya quienes se animen a discutir la representatividad de ATE sobre los trabajadores del Estado. Esta organización ha demostrado a lo largo de su historia que está donde tiene que estar: junto a quienes sostienen todos los días el funcionamiento del Estado argentino.” Además, la dirigente sindical y feminista invitó a las compañeras estatales de Tandil y Benito Juárez a participar del próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres, que se realizará a fines de noviembre en la ciudad de Corrientes. “Las estatales de Tandil vamos a ir juntas, como cada año, desde Tandil para encontrarnos con miles de mujeres y diversidades de todo el país”, señaló.

El cierre fue tan simbólico como emotivo. Gasparini compartió una carta escrita por su hija más pequeña, donde le decía: “El dolor es mucho, pero la alegría es más grande. Grande, grande: no rendirse. Y eso es lo que tenemos que hacer. No rendirnos.”

La jornada concluyó con shows en vivo al ritmo de Ajenjo Show, un almuerzo popular, reconocimientos a compañeros con trayectorias destacadas, sorteos de una veintena de premios y la presentación de la torta conmemorativa por los 100 años de la Asociación de Trabajadores del Estado.

El gobierno bonaerense convocó para el martes de la próxima semana a paritarias a los gremios docentes y estatales, con la expectativa de recibir una oferta salarial que, de todos modos, se vería reflejada recién con el haber cobrado en junio.

El llamado está previsto para las 10 con los docentes y a las 12 con los trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley 10.430 y se llevarán a cabo en el ministerio de Trabajo en La Plata.

Tras una primera reunión sin oferta y en medio de la aceleración de la inflación y el impacto que pueda tener la salida del cepo en los precios, ambos sectores venían “presionando” con un nuevo llamado.

Las reuniones paritarias con el Frente de Unidad Docentes Bonaerense (FUDB), que integran gremios como Suteba y FEB, y con los estatales como ATE y UPCN, se desarrollaron el lunes 14, donde se discutió la política salarial, aunque no hubo una oferta concreta sobre la mesa. Sí hubo un repaso sobre las medidas que tomó el Gobierno de Javier Milei y cómo van a repercutir en la provincia de Buenos Aires.

Más allá que llegue una oferta, los plazos para cobrar en mayo son complicados. Es que la Provincia comienza a liquidar los sueldos de la administración pública varios días antes, y eso hace complejo que se llegue en tiempo con el ajuste para el próximo salario.

Cabe destacar que el reclamo a las autoridades bonaerenses se da luego de que en abril los empleados públicos cobraran el segundo aumento previsto en la última mesa salarial. En febrero, la negociación había llegado a buen puerto tras una suba del 7% al salario básico que se percibió en marzo y un ajuste del 2% cobrado en abril.

Gremios docentes bonaerenses se sumaron con reclamos propios a la protesta universitaria del próximo miércoles y el paro nacional de la jornada impactará en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

La medida de fuerza fue convocada el martes tras una reunión de rectores de las universidades públicas. Se tratará de la segunda marcha federal universitaria para protestar contra los recortes de la gestión de Javier Milei, tras la imponente movilización del pasado 23 de abril.

A nivel escolar se sumó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), entidad nacional que aglutina a Suteba. En tanto, en la provincia de Buenos Aires ya adhirieron a la protesta el gremio que conduce Roberto Baradel y la FEB, los que mayor cantidad de afiliados tienen.

Los sindicatos bonaerenses convocan a la protesta pidiendo más presupuesto para la educación en general y para las universidades, y contra la reforma jubilatoria. Asimismo, reclaman por Fonid, un fondo nacional quitado por Milei que complementaba el salario de docentes de escuelas en las distintas provincias.

Las universidades nacionales tendrán nuevas jornadas de protesta la próxima semana. Los gremios que nuclean a los docentes y demás trabajadores universitarios llamaron “a 72 horas de visibilización del conflicto universitario” los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27.

“La decisión del Gobierno Nacional de dilatar una respuesta para la gran crisis salarial de docentes y nodocentes empuja a la profundización del Plan de Lucha del Frente Sindical de Universidades Nacionales”, reza un comunicado. “La situación universitaria no se resuelve solo incrementando los gastos de funcionamiento (el 10 % del presupuesto total) porque falta la recuperación del salario de docentes y nodocentes y las becas que permitan al estudiantado mantenerse en la universidad y graduarse”.

Además de las tres jornadas de visibilización, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a concentrar frente al Palacio Sarmiento -sede de la Secretaría de Educación- para entregar un petitorio exigiendo paritarias. Además, el Frente Sindical llamó a docentes y nodocentes de las universidades públicas a constituirse en estado de alerta y deliberación permanente “con el horizonte de plantarse ante el Gobierno Nacional y obligarlo a convocar una paritaria real que responda a nuestro pliego, nos saque de la crisis salarial y resuelva la situación universitaria”.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales lo conforman la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Conadu Histórica, Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), Unión de Docentes Argentinos (UDA), Ctera y Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).

El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para la actualización del 270% de su presupuesto, entendimiento que se tradujo en enojo y respuestas de parte de las otras universidades nacionales, que hablaron de “discriminación”.

Entre las repercusiones que tuvo el acuerdo-UBA, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a 48 horas de protesta para los días 22 y 23 de la semana que viene: serán 24 horas de visibilización del conflicto y 24 horas de paro sin concurrencias a los lugares de trabajo.

La medida de los trabajadores va en sintonía con los anuncios hechos desde las propias casas de altos estudios. Es que las Universidades Nacionales que fueron excluidas del aumento de las partidas presupuestarias de funcionamiento analizan recurrir a la Justicia para forzar al Gobierno a tomar la misma medida con todas las casas de estudio. La estrategia fue adelantada por el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, quien calificó de “arbitraria” y “totalmente inadmisible” la decisión de aumentar las partidas solo para la UBA.

En cuanto a los gremios de los trabajadores universitarios, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación del 8,8% en abril, se agudizó y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID.

De acuerdo con los gremios, la propuesta realizada por el Gobierno para resolver la situación presupuestaria crítica de la UBA “muestra que la contundencia de la marcha del 23 cambió las condiciones de negociación. Ahora falta el presupuesto de todas las universidades del país, el salario de docentes y nodocentes y las becas para que las y los estudiantes puedan ingresar, permanecer y graduarse. No podemos esperar más”.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales lo conforman la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Conadu Histórica, Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), Unión de Docentes Argentinos (UDA), Ctera y Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).

El Gobierno provincial acordó este viernes un incremento del 13,5% con los gremios docentes (los sindicatos aceptaron ad referéndum de la consulta a sus cuerpos orgánicos) y se comprometió a volver a convocar al sector para continuar negociando aumentos en el mes de abril.

La gestión de Axel Kicillof recibió este viernes a los sindicatos en la sede del Ministerio de Trabajo de calle 7 (La Plata). Allí, ofertó un incremento del 13,5 % sobre el cierre 2023 y un incremento del 110% de las asignaciones, le informaron a la agencia DIB fuentes sindicales. Además, el Ejecutivo se comprometió a volver a convocar a las organizaciones en el mes de abril.

La oferta tuvo el visto bueno de los gremios que el pasado martes, en un encuentro previo, habían pedido por un porcentaje que superara la inflación de febrero (la misma fue del 13,2%). Sin embargo, antes de darle el “ok” de manera formal, los sindicatos tendrán que consultar a sus bases.

Ayer por la tarde, la Provincia también ofertó un 13,5% para el mes de marzo a los estatales de la ley 10.430 y el compromiso de reabrir la paritaria en el mes de abril. La oferta fue aceptada por UPCN, mientras que ATE la puso a consideración de los órganos del sindicato.

Vale señalar que la gestión de Axel Kicillof ya otorgó a estatales y docentes un incremento del 25% en enero (15% corresponde al cierre de la paritaria 2023), por decreto, y un 20% para febrero, tras un acuerdo.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) –que integran Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET- emitió un comunicado en el que señaló que la oferta se aceptó ad referéndum “para su cobro inmediato en el mes de abril”

“El aumento se hará efectivo en la próxima liquidación, correspondiente al sueldo del mes de marzo, a cobrarse en los primeros días del mes de abril”, indicaron desde los sindicatos. Y agregaron: “También este nuevo aumento, junto al de febrero, se aplicará a las y los jubiladas/os en este cobro”.

En medio de los aumentos de precios de los bienes y servicios de la economía que se aguardan para los meses de marzo y abril en la Argentina los secretarios generales de los gremios y federaciones docentes con representación a nivel nacional, no avalaron la propuesta realizada en la reunión pactada para discutir la paritaria. 

El encuentro para estipular el valor del salario mínimo docente que, en rigor, deberá ser discutido en paritarias en cada provincia pero a partir de un piso determinado por ese sueldo mínimo pasó a un cuarto intermedio para el martes 12 de marzo a las 11 horas.   

El Secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas, propuso en el marco de un consenso mayoritario con las provincias, que la oferta del piso salarial es de 310.000 pesos.   

Desde la Secretaría de Educación confirmaron los recursos financieros destinados al Fondo Compensador y a los programas de Evaluación e Información Nacional.   

Sin embargo, no pudo evitarse las críticas de los gremialistas que no estuvieron de acuerdo con la cifra ofrecida por lo que se pasó a un cuarto intermedio luego de un comienzo del ciclo lectivo que incluyó paros y huelgas en varias jurisdicciones del país.   

Con respecto a los fondos que comenzaron a liberar para las escuelas desde la órbita nacional. Sonia Alesso, de Ctera, explicó que es un buen gesto pero aún se está lejos de un acuerdo general.   

"Es una buena noticia que se empiecen a girar los fondos para comedor y copa de leche, para infraestructura escolar y jornada extendida y el fondo compensador. De cualquier manera nos parece central el tema del Fonid. El Gobierno tiene que venir a la próxima reunión del martes 12 con una propuesta que sea mucho mejor a la de hoy que es muy baja y tiene que garantizar el Fonid, porque sin eso no hay discusión en las provincias".   

El Fonid o fondo nacional de incentivo docente representa una masa de recursos que la Nación transfiere a las provincias para mejorar los salarios de los docentes y que el gobierno anunció que no prorrogará. Fue creado en 1998 y su vigencia se prorrogó año tras año a través de leyes y decretos y constituye la principal preocupación de los cinco gremios docentes nacionales.   

Los gremios docentes estuvieron representados por las cuatro entidades que se encuentran enroladas en la CGT, UDA; Sadop; AMET y CEA y Ctera de la CTA.   

La UDA, Unión de Docentes Argentinos, es conducida por Sergio Romero que en 2023 accedió a cuatro años más en el puesto de representación gremial de un sindicato que, sólo en la provincia de Buenos Aires, cuenta con más de 25.000 afiliados que dan clases en todos los niveles, modalidades y gestiones del sistema educativo. 

Sadop, Sindicato Argentino de Docentes Particulares, agrupa y representa a todo el personal que reviste en actividad o jubilado, que ejerza o haya ejercido en Institutos, academias, colegios, establecimientos privados y es dirigido por la secretaria gremial, Luz Marina Jaureguiberry y cuenta con cerca de 70.000 afiliados en todo el país. 

AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, conducido por Sara del Carmen García, tiene representación en todo el país con 21 oficinas regionales. Algunas de ellas no se han adherido a la medida de fuerza promovida desde la central nacional. 

CEA, Confederación de la Educación Argentina, con más de 100.000 afiliados, es una entidad de segundo grado, o sea, es una federación que afilia a sindicatos docentes pertenecientes a las 24 jurisdicciones que conforman el país y es conducida por Sonia Alesso, la dirigente sindical que anunció el paro del lunes 26 de febrero. 

Y, finalmente pero no menos importante, CTERA: una organización gremial de segundo grado, que lleva la denominación de Confederación por cuestiones históricas, ya que en sus inicios estuvo conformada por sindicatos, provinciales, de rama, de modalidad. La zona de actuación es todo el territorio nacional. 

Representa a más de 240.000 afiliados a los sindicatos confederados. (NA).

Los gremios docentes nucleados en la CGT convocaron ayer a un paro nacional para el próximo lunes por mejores salarios y responsabilizaron a la administración central porque los "obliga" a tomar la medida por "falta de aportes y la falta de reflexión", luego de confirmar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), lo que reduce el salario inicial docente a 220 mil pesos.

"Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación", reclamó el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

Los gremios dieron una conferencia de prensa en el salón Saúl Ubaldini de la CGT, donde el dirigente anunció que junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) "vamos a hacer el próximo lunes 4 un paro total de actividades en todo el país y estaremos iniciando recién un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país".

"No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y, con la quita del Fonid, se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos", dijo Romero sobre la reunión que mantuvieron gremios y ministros provinciales con el Gobierno nacional, donde se confirmó la eliminación del Fonid.

Romero reprochó que hay "miles de docentes que perciben" el salario inicial y que "son jefes de familia" y recriminó que la remuneración se encuentra "por debajo de la línea de la pobreza".

La secretaria general de Sadop, Marina Jaureguiberry, afirmó a su turno que en el encuentro del martes, "lejos de haber una propuesta superadora, lo que ha quedado planteado es una reducción del salario docente" e insistió: "No partimos de un piso de rediscusión salarial, partimos de un piso de reducción directamente del salario".

La discusión salarial pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando volverán a encontrarse los representantes sindicales con las autoridades provinciales y nacionales.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) -que pertenece a la CTA- se encuentra realizando un plenario de secretarios generales de la organización para "evaluar la situación y darle continuidad al plan de lucha dispuesto".

Los gremios docentes provinciales agrupados en Ctera vienen de realizar un paro el lunes, que coincidió con el inicio de clases en ocho distritos, en reclamo de la paritaria nacional y justamente en rechazo de la anunciada eliminación del Fonid.

La convocatoria a los gremios y las autoridades educativas de las provincias fue realizada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación en su sede, Alem 650 de la capital federal, donde los representantes fueron recibidos por el secretario de Trabajo, Omar Yasin, y su par de Educación, Carlos Torrendell. (Télam).

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) afirmó que el paro docente de ayer tuvo un "acatamiento del 80%", que afectó el inicio del ciclo lectivo, de acuerdo con el calendario, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

El gremio docente realizó una medida de fuerza que coincidió con el comienzo de clases en ocho provincias y un día antes de la convocatoria hecha por el Gobierno a una reunión en la que, junto a los ministros de Educación de todos los distritos y los dirigentes sindicales del sector, procurará acordar el convenio marco nacional del salario mínimo para los educadores.

Además, los maestros nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación se movilizaron ayer a las 10 a la sede del Ministerio de Educación de la Nación, ubicado en Pizzurno 935 de la capital federal, para rechazar la suspensión por parte del Gobierno de las paritarias nacionales y la decisión de no enviar las partidas correspondientes al Fondo de Incentivo Docente (Fonid), los comedores escolares y Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, entre otras herramientas de financiamiento y asistencia.

En un comunicado, la entidad de segundo grado que pertenece a la CTA y agrupa a los sindicatos de todas las provincias afirmó que el paro tuvo "un 80% de acatamiento" en las jurisdicciones que se plegaron a la medida de fuerza.

"No puede haber una maestra, un maestro, un pibe, una piba, que según donde nació es lo que va a cobrar; según donde nació, es si va a tener oportunidades dignas para enseñar y aprender. Por esas leyes luchamos las y los docentes argentinos", reclamó la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, por los fondos nacionales.

Alesso lamentó la "situación verdaderamente terrible" que genera el recorte de esos fondos en las "barriadas populares y en cada una de nuestras escuelas" y expuso: "No alcanza la partida de comedor, no alcanza la partida de copa de leche, no hay plata para comprar guardapolvos, útiles escolares".

"Peleamos 1.003 días en la Carpa Blanca para tener una Ley de Financiamiento Educativo, durante años para garantizar el Fondo de Compensación Salarial, peleamos por políticas educativas, por la extensión de jornada, por la 5ª hora, por Conectar Igualdad. También defendemos la formación docente gratuita y en ejercicio a cargo del Estado nacional", reivindicó bajo la lluvia mientras los docentes cantaban consignas exigiendo paritaria nacional y fondos para educación.

La huelga había sido decidida por Ctera el jueves último en un congreso extraordinario al que asistieron representantes de todo el país, tras insistir en la necesidad de llevar adelante una instancia paritaria a nivel nacional con el Gobierno.

En un primer momento, el presidente Javier Milei rechazó que pudiera llevarse a cabo al delegar la responsabilidad en las administraciones provinciales pero finalmente el Gobierno nacional convocó para hoy a las 18 a los ministros de Educación de todas las provincias y a los gremios docentes con representación nacional a la sede de la cartera de Trabajo para acordar nuevos salarios.

La Ctera anticipó que van a estar presentes en la reunión pese a que carece de la formalidad de una paritaria y que la propuesta allí realizada será analizada por los representantes gremiales al día siguiente en un encuentro de secretarios generales. (Télam).

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) solicitó al Gobierno Provincial la reapertura de las paritarias “ante la devaluación de los salarios docentes”.  El pedido se sumó al de otros gremios y sectores por el restablecimiento del poder adquisitivo luego de la suba del precio del dólar oficial anunciada por las autoridades nacionales tras las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado domingo 13 de agosto.

Por el tema fue consultada por El Eco Multimedios Cecilia Islas, delegada en Tandil de la FEB, quien informó del pedido a partir de señalar que “la semana pasada nuestra presidenta Liliana Olivera hizo una solicitud al Gobierno Provincial de reapertura de paritarias”.

En concreto, planteó Islas, “la solicitud es para sentarse a dialogar en función de que la inflación del mes pasado ha sido otra vez de un 6,3 por ciento y también por el tema de la devaluación del día siguiente a la PASO que sabemos que va a influir en la escalada de precios”.

Fue en información oficial que la Federación había comunicado que “los salarios docentes, como el del resto de los trabajadores, han sufrido nuevamente un duro golpe y se hace imprescindible activar la cláusula de revisión que se acordó en la última negociación para evitar que el poder adquisitivo se siga deteriorando”.

Al respecto, Islas señaló que “las paritarias este año son cortas, con un compromiso de reapertura cuando se disparan los índices inflacionarios, por lo que estamos a la espera de la convocatoria”.

Hasta el momento, sostuvo la delegada, la entidad gremial cuenta con una paritaria cuyos aumentos se rigen en función del salario acordado en el mes de febrero pasado. “Llevamos hasta el momento cobrado un 70 por ciento. Y nos queda acordado un 15 por ciento a cobrar con el sueldo de septiembre, los primeros días de octubre”, indicó.

“Ganarle a la inflación”

“Las autoridades provinciales deben convocar de manera urgente a los gremios docentes para volver a discutir una recomposición salarial que permita al sector no quedar relegado, de cara a un crecimiento de la inflación para los próximos meses”, habían señalado desde la dirección de la Federación en relación al pedido de reapertura de las negociaciones paritarias que realizaron durante la semana pasada.

Pese a la proyección económica, aclaró Islas, “comparado con otros años, o con otros sectores, realmente nuestro sindicato y los que integran el FUD han tenido negociaciones y hemos podido no quedar tan atrás de la inflación”, en referencia a todas aquellas entidades agrupadas en el Frente de Unidad Docente. 

“El objetivo es ese, ganarle a la inflación, no ir corriéndole de atrás”, planteó la delegada, quien sumó que “por suerte hace bastante que todos los aumentos son remunerativos, e impactan en quienes estamos en actividad y en quienes ya están jubilados”.

Islas agregó también que esperan al cierre del año para retomar en febrero próximo la negociación de manera general,  “en función de que la pérdida de poder adquisitivo no sea muy grande, pero sabemos que el contexto está siendo muy difícil”, consideró.

Consultada por las principales demandas e inquietudes de los afiliados, Islas indicó que en cada paritaria se elaboran grillas salariales, y en ese sentido concluyó señalando que “lo que importa es el bolsillo, cuánto voy a cobrar de bolsillo", a lo que reafirmó planteando que "en un contexto inflacionario tan importante, lo que más importa es llegar a fin de mes”.

Docentes, trabajadores y familias de Necochea marcharon este viernes por las calles de la ciudad para repudiar la agresión que sufrió una profesora que había reprobado a una alumna de una escuela secundaria, mientras la justicia dictó la restricción de acercamiento para que la madre y el hermano de la estudiante no puedan volver a aproximarse a la mujer que golpearon.

El incidente del que fue víctima la profesora Morotí Arocena ocurrió el miércoles en la Escuela Secundaria Media 7, donde fue atacada por la madre y un hermano de la alumna que había desaprobado por tercera vez su examen final de la materia Política, lo que generó su repitencia.

Según consta en la denuncia, entre la madre y el hermano le arrojaron una botella con agua a la docente, la tiraron al piso, la golpearon y patearon en reiteradas ocasiones.

Ante ello, un grupo de exalumnos de la profesora que observó la situación, intervino y logró ponerla a resguardo.

La comunidad educativa, acompañada por gremios docentes, ATE y la CGT local manifestaron su repudio ante ese acto de violencia con una marcha por las calles de la ciudad.

Organizaciones sindicales afiliadas a IOMA le enviaron un escrito a la delegada de la oficina local, María José Terreros, para solicitar respuestas ante los reiterados inconvenientes que presenta la cobertura de la obra social provincial, en conflicto con los médicos desde hace meses.

En el petitorio firmado por la Asociación Judicial Bonaerense, ATE, Soeme, Suteba, Unión de Educadores Tandil (FEB), el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, Udocba y UPCN, se señaló que hay “irregularidades”  en la atención y cobertura, lo que genera, además de una inusitada incertidumbre en quienes deben afrontar problemas de salud, enormes gastos indebidos por el no cumplimiento del convenio asumido por las instituciones que nuclean a los prestadores.

Frente a esta coyuntura, expusieron un profuso arco de demandas, entre las que se incluye la intervención urgente al corte de prestación de los profesionales de traumatología, que desde marzo no atienden por IOMA, y la pronta  solución a los ya anticipados cortes de prestación de otras especialidades como ginecología, obstetricia, clínica médica y otras, a partir de este mes.

Defensa de los derechos 

Además, pidieron que se dé respuesta a la falta de cobertura en Tandil de anestesiología desde hace muchos años; a la regularización de la atención y cobertura en odontología; y que se cumpla con la provisión de prótesis, medicamentos y otros insumos que, ya sea por vía de los diferentes planes como por la vía de excepción, en algún punto del recorrido del expediente sufre una interrupción.

“Entendiendo que el IOMA es la obra social de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y que la misma encierra un carácter solidario e igualitario en materia de atención y cobertura, es que pretendemos defenderla. Y por tanto, consideramos inaceptable que la atención de nuestra salud sea ‘utilizada’ como factor de presión para objetivos totalmente ajenos a las necesidades de quienes con esfuerzo, no sólo sostenemos al IOMA, sino que como trabajadores del estado nos constituimos como garantes de las políticas públicas y de los derechos de todos”, declararon

Médicos en conflicto 

En lo que va del año, los profesionales de la salud han exhibido también los recurrentes problemas con la obra social estatal. Diego Macagno, presidente del Círculo Médico de Tandil, manifestó en diversas oportunidades que no existe un canal de diálogo abierto con las autoridades de la entidad y que los reclamos del sector llevan años sin resolverse.  Con una plantilla de 25 mil afiliados, IOMA es, junto a PAMI, la mutual que más usuarios tiene en el distrito. Al respecto, el galeno había expresado que “los sindicatos docentes y municipales deberían salir a reclamar, porque están directamente afectados. Si están alineados políticamente con el Gobierno provincial, que se banquen la pelusa”.

No obstante, por el momento no existe una instancia real de negociación que permita consensuar aumentos de honorarios y desde la institución plantean  duplicar este valor, pero según los profesionales “no alcanza a la más baja de las prestaciones del resto de las obras sindicales del país”.

Asimismo, otro de los frentes de conflicto es el nomenclador de prestaciones, cuya reestructuración es urgente porque hay numerosas prácticas que no están contenidas allí y que la obra social no permite facturar. “Es simplemente ponerles un código para que el médico, cuando las ejerza, las pueda facturar. Ahora, si se la cobra al paciente lo acusan de cobro indebido. No permiten facturarlas pero hay que seguir haciéndolas, estamos cansados de decirlo”, graficó Macagno en su momento.

En este sentido, en el pedido de las organizaciones gremiales también se hizo referencia a dicho problema, exhortando a que la cartera de servicios de salud tome “acciones efectivas y contundentes”  frente a la práctica “indiscriminada” de cobros indebidos por parte de los profesionales quienes, según explicaron, buscan resolver sus diferencias con la prestataria cobrándole a los afiliados sumas que se encuentran por fuera de convenio.

Organizaciones sindicales afiliadas a IOMA le enviaron un escrito a la delegada de la oficina local, María José Terreros, para solicitar respuestas ante los reiterados inconvenientes que presenta la cobertura de la obra social provincial, en conflicto con los médicos desde hace meses.

En el petitorio firmado por la Asociación Judicial Bonaerense, ATE, Soeme, Suteba, Unión de Educadores Tandil (FEB), el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, Udocba y UPCN, se señaló que hay “irregularidades” en la atención y cobertura, lo que genera, además de una inusitada incertidumbre en quienes deben afrontar problemas de salud, enormes gastos indebidos por el no cumplimiento del convenio asumido por las instituciones que nuclean a los prestadores.

Frente a esta coyuntura, expusieron un profuso arco de demandas, entre las que se incluye la intervención urgente al corte de prestación de los profesionales de traumatología, que desde marzo no atienden por IOMA, y la pronta  solución a los ya anticipados cortes de prestación de otras especialidades como ginecología, obstetricia, clínica médica y otras, a partir de este mes.

Persiste el conflicto de los médicos con IOMA y algunos especialistas ya se bajaron del convenio

Defensa de los derechos 

Además, pidieron que se dé respuesta a la falta de cobertura en Tandil de anestesiología desde hace muchos años, a la regularización de la atención y cobertura en odontología, y que se cumpla con la provisión de prótesis, medicamentos y otros insumos que, ya sea por vía de los diferentes planes como por la vía de excepción, siempre en algún punto del recorrido del expediente sufre una interrupción.

“Entendiendo que el IOMA es la obra social de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y que la misma encierra un carácter solidario e igualitario en materia de atención y cobertura, es que pretendemos defenderla. Y por tanto, consideramos inaceptable que la atención de nuestra salud sea ‘utilizada’ como factor de presión para objetivos totalmente ajenos a las necesidades de quienes con esfuerzo, no sólo sostenemos al IOMA, sino que como trabajadores del estado nos constituimos como garantes de las políticas públicas y de los derechos de todos”, declararon

Con la posibilidad -esgrimida por Nación- de poner en marcha en la segunda mitad del año el engranaje educativo, el intendente Miguel Lunghi recibió a la jefa Distrital de Educación Florencia Mena para tratar las alternativas de la vuelta a clases presenciales, sin fecha prevista aún. Sin duda, esta empresa requerirá de un colosal esfuerzo y coordinación de múltiples actores para evaluar el panorama local e implementar los protocolos correspondientes.

En tanto, los gremios docentes se abocaron, como todos los años, a realizar un relevamiento de infraestructura distrital, pero en esta oportunidad con el foco puesto en las cuestiones que resultan de vital importancia para diseñar el regreso a las aulas. Hugo González, secretario general de Suteba Tandil, conversó con el ciclo radial “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM) y explicó que deberán analizar el diagnóstico para cotejar la realidad en función de los protocolos y lineamientos que deberán seguirse.

“Tenemos tiempo para prever qué hay que acondicionar y proyectar cómo va a ser la organización institucional. Necesitamos una reunión para la próxima semana con el Consejo Escolar de Tandil para llevar el relevamiento y comenzar a pautar las acciones que correspondan”, detalló. La parte financiera, en este caso, corresponderá a la Dirección General de Cultura y Educación, y al Municipio, a través del Fondo Financiamiento Educativo que está recibiendo por parte del Ejecutivo bonaerense.

Edificios no aptos 

Si bien muchas escuelas cuentan con un marco edilicio apropiado que podrá adaptarse a la nueva realidad, otros establecimientos estarán más complicados. Al respecto, puntualizó que “en algunos lugares el espacio físico no va a dar alternativas más allá de los mejoramientos, porque espacialmente no se van a poder distribuir a los chicos y las clases”.

“Las escuelas que no van a estar en condiciones, hay que pensar cómo se adecúan o qué estrategias se pueden brindar. En Tandil, una foto hoy, muestra que hay instituciones que no podrían volver a abrir”, aseguró el referente sindical y puso el ejemplo de los terciarios que desarrollan sus actividades en espacios alquilados.

El problema es que estos sitios no son edificios escolares propiamente dichos, que puedan llegar a contar con una organización e infraestructura pasibles de garantizar las condiciones exigidas. En este escollo estarían el Conservatorio de Música y el IPAT, por caso, cuyas situaciones edilicias son complejas desde hace décadas porque no poseen sedes propias y aptas para el dictado de clases.

Nuevas condiciones de posibilidad

Definir las condiciones en las que docentes, trabajadores y estudiantes volverán a poblar los establecimientos exigirá la labor mancomunada de quienes conforman la comunidad educativa, que accionarán en base a las responsabilidades que les competan. En este sentido, expuso que el principio rector está dado por el articulado nacional y que a partir de eso las provincias, regiones, distritos y escuelas deberán organizarse para garantizar el marco de resguardo para los alumnos.

“Se tienen que evaluar las particularidades de la ciudad y las instituciones, también el servicio de transporte público, son varias aristas que hay que adecuar en base a las realidades y condiciones”, señaló González.

Otra de las preocupaciones que las autoridades tendrán que abordar es la cobertura de cargos para poder abarcar todos los cursos cuando estos se desdoblen, en pos de minimizar el contacto entre personas y reducir los contagios. Por otro lado, la limpieza y mantenimiento de las escuelas requerirán de mayores esfuerzos y personal para ajustarse a los protocolos.

Y precisó que los marcos generales para programar el retorno a las clases presenciales están, pero hace falta planificar estratégicamente en cada uno de los distritos, con todos los actores, el uso de fondos, recursos y la operatividad para desarrollar esta tarea, que apareja profundos cambios en el sistema educativo.

La heterogénea realidad de los establecimientos locales presenta diferentes escenarios que deberán resolverse para asegurar la continuidad pedagógica y el derecho de todos los estudiantes y docentes. “Hay que adaptarse a la dinámica presencial y virtual, ambas se van a combinar de ahora en más y también deberá contemplarse la sobrecarga                                                                     de trabajo al pasar a la esfera virtual. Vamos a volver a una escuela diferente, entramos  en un proceso de reconstrucción y resignificación  de la práctica educativa”, finalizó.

El Frente de Unidad Gremial Docente Bonaerense de Tandil expuso públicamente su descontento con el accionar “autoritario” y “desarticulado” del Consejo Escolar y cargó las tintas contra el titular de dicho cuerpo, Fabián Riva. En concreto, denunció que no se proveen los insumos necesarios para preparar los módulos alimentarios que quincenalmente cada institución educativa distribuye entre sus alumnos, y que tampoco se garantizan las adecuadas medidas de higiene para el personal que tiene a cargo ese trabajo.

A través de un comunicado, las entidades sindicales expresaron que “la tarea de los docentes de las escuelas de nuestra ciudad se ha visto obstaculizada por la decisión unilateral de ese Consejo de no proveer de bolsas o algún elemento alternativo que permita cumplir con la tarea de armado y posterior distribución de los módulos alimentarios para las familias de nuestros alumnos”.

Según indicaron, la falta de este recurso genera un “desmesurado desorden” en el armado de cada módulo, ya que el mismo lleva cerca de 30 productos y algunos establecimientos tienen asignados hasta 600 de ellos. En total, se reparten más de 10 mil unidades alimentarias en todo el distrito, para garantizar que el servicio llegue a quienes lo necesiten pese a la interrupción de todas las actividades presenciales.

Medidas incumplidas 

Los representantes docentes también hablaron de descuido en cuanto a la protección y cuidado de la salud de cada una de las personas que asiste a las escuelas a cumplir con esa tarea. “Ante tal negativa cursamos nota de acuerdo de UEGD al Municipio, solicitándole al Intendente que asuma la situación y provea el recurso para superar el inconveniente. Pero no tuvimos siquiera respuesta, lo que ha agudizado así la situación y profundizado en los trabajadores y trabajado la sensación de que ‘nadie nos cuida'”, detallaron en el escrito.

En este sentido, señalaron que las normas de distanciamiento social siguen en vigencia aunque en la ciudad se transite la Fase 5 de la cuarentena decretada por el Gobierno nacional, y adujeron que esa actitud sólo propicia que más gente circule por las instituciones durante mayor cantidad de tiempo, quebrando la lógica del distanciamiento. Además, exhibieron que de ese modo se manipulan los alimentos de manera inapropiada, exponiendo a docentes y auxiliares sin priorizar su salud, como también la de los integrantes de las familias que se acercan a retirar los módulos.

“A su vez, también denunciamos que este Consejo Escolar hasta el momento no ha provisto a las escuelas de ningún elemento de protección para realizar las tareas, como tapabocas, máscaras, guantes, alcohol en gel al 70 por ciento, ni elementos de limpieza para los edificios. Los mismos han sido hasta el momento adquiridos por los propios trabajadores de su propio bolsillo”, prosiguieron.

Responsabilidades 

Los gremios enfatizaron que es incumbencia del presidente del Consejo resolver estas cuestiones y criticaron con dureza su proceder: “Nos parece una actitud deleznable que el señor Riva no pueda dimensionar la gravedad de la situación y vuelva a imponerse con actitudes que sólo producen malestar e impotencia. A su vez,muestra no tener ningún conocimiento de la situación que se vive en las escuelas los días de entrega de alimentos, y de cuadernillos y tareas para aquellos chicos que no cuentan con la conectividad necesaria”.

Por último, subrayaron que “es responsabilidad del Consejo Escolar y del señor Riva como su presidente, y de las autoridades municipales velar por el cuidado y la seguridad de cada trabajador mientras desarrollan las tareas dentro de los establecimientos y a quien hacemos responsables de suceder cualquier inconveniente en relación al Covid-19”.