Sorpresa para propios y extraños. En medio de la incredulidad de los acusados por el sistema judicial al que denunciaron persecución, se encontraron con el veredicto de un juez –al que también minaron de críticas y recusaciones- que finalmente y luego de un extenso derrotero procesal resolvió absolverlos del delito más grave con el que arribaron al debate oral y público en el Juzgado Correccional local.

Allí estaban Griselda Altamirano y Jorge Lezica, circunstancialmente juntos por el presente judicial pero distanciados en lo personal, escuchando en vivo y en directo que aquel mismo juez al que habían apuntado con severas críticas los estaba desligando del delito penal principal que les achacó el Ministerio Público, acerca de la violenta manifestación que terminó con sensibles daños en el patrimonio del edificio municipal, en diciembre del 2021.

Altamirano sí recibió un veredicto condenatorio por los estorbos ocasionados en el edificio judicial de Azul, cuando protestaba por la detención (después mutada en condena) de su hermano, acusado de abuso sexual contra una menor.

El dictado pronunciamiento condenatorio no cuenta con la entidad suficiente penal para poner en duda la libertad con la que arribó al juicio y que, en definitiva, era lo que estaba en juego.

En efecto, a la espera de conocerse los fundamentos que llevaron a la convicción vestida de sentencia, el juez Carlos Pocorena adelantó ayer al mediodía su veredicto para con sendos dirigentes, que habían llegado al juicio precisamente con la posibilidad de recibir una pena que, sumada a la condena firme ya asumida, podía llevarlos a prisión. Empero, nada de eso ocurrió. Más bien todo lo contrario. Para el magistrado no se reunió el caudal probatorio suficiente para achacarles el delito que el fiscal Luis Piotti los llevó a juicio. Consecuentemente, fueron absueltos.

Altamirano salió de la sala y se reencontró con los suyos. Ese puñado de mujeres que la acompañó y custodió a sus hijos en las dos jornadas de debate. Lezica se fue solo por las suyas, respirando aliviados que la denunciada persecución judicial no llegó a lo que ellos mismos sostenían aviva voz  que iba a llegar. Seguirán libres, en sus cosas, con los perfiles que optaron de un tiempo a esta parte. Alejados de las movilizaciones, manifestaciones, cortes ni tomas. Como se formaran también parte del cambio de época que se respira en el país y Tandil también.

El fiscal pidió prisión efectiva para Lezica y Altamirano

Sobre lo que se conoció de la decisión del juez, luego de analizar la totalidad de la probatoria producida en la causa, sea la incorporada por lectura al debate como la recibida en la audiencia de juicio, conforme las reglas de la sana crítica racional, el juez adelantó un pronunciamiento absolutorio respecto del delito de daño agravado cometido por Griselda Itatí Altamirano y Jorge Mario Lezica, en su carácter de coautores penalmente responsables y condenatorio respecto del delito de impedimento  o estorbo de acto funcional, por el que fuera acusada la dirigente.

Asimismo, el magistrado convalidó la petición de sobreseimiento que el propio fiscal había anticipado en el debate sobre el delito de amenazas por la prescripción de la acción penal. Al respecto, se  señaló que conforme la requisitoria fiscal de elevación a juicio surge que el hecho que diera origen a la presente y que se atribuye como cometido por Griselda Itatí Altamirano el 10 de mayo de 2022, que la calificación legal otorgada es la de amenazas, y que el último acto interruptivo ocurriera el 4 de junio de 2024, cuando fuera citada.

Así las cosas, “he de tener en consideración la pena a que se encuentra conminado el delito atribuido, amenazas, conforme el artículo 149bis primera parte del primer párrafo del Código Penal, es la pena de seis meses a dos años de prisión. Conforme lo establece el inciso 2 del art. 62 del Código Penal la acción penal prescribirá "...después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratara de hechos reprimidos con reclusión o prisión...".

Al respecto, Pocorena indicó que corresponde hacer lugar a la prescripción de la acción, por cuanto consideró que tomando en consideración la escala penal prevista para el delito endilgado en relación a la citación a juicio, se advierte que a la fecha se encuentra excedido el plazo de dos años, verificándose que no concurren causales con aptitud para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal, como tampoco el dictado de otras providencias que puedan ser consideradas a los efectos de la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, por lo que así corresponde declararla.

Por último, el juez destacó que la fecha de la comisión de los hechos fue dentro del plazo de los cuatro años estipulado en el artículo 27 del Código Penal, respecto de la primer sentencia dictada en causa del registro del Juzgado Correccional 2 de Azul, el  25 de febrero de 2019, la cual adquirió firmeza el 15 de octubre de 2020.

Sin embargo –siguió el juez-, el planteo realizado por la defensa, es atendible, y ello conforme criterio establecido por este Juzgado en otra causa, la cual refirió a que "...el condenado no cometiere nuevo delito..." y en el caso la concreta determinación que los hechos cometidos en los años 2021 y 2022 ocurre con la sentencia de autos a dictarse, es decir pasados los cuatro años, por lo que adelanto la improcedencia de la unificación peticionada por el Fiscal.

Como oportunamente se detalló, el fiscal alegó la figura de la coautoría funcional. Para Piotti, la conducta de los acusados no se limitó a una protesta verbal, sino que existió una clara tendencia a la acción violenta. En su argumentación, sostuvo que el liderazgo ejercido por Altamirano tuvo el poder de incitar a la multitud a pasar a los hechos, lo que quedó registrado en diversas pruebas fílmicas incorporadas a la causa.

Según la fiscalía, estas imágenes permitieron identificar a los imputados encabezando la columna de manifestantes y arengando a la masa, lo que confirmó su dominio sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Más allá del énfasis con la que apeló el fiscal, no tuvo la misma impresión el juez. Al decir del adelanto de la sentencia ventilada, para Pocorena “no se acreditó con el grado convictivo la coautoría penalmente responsable de los mismos en el hecho imputado”.

Así las cosas,  en su veredicto el juez adelantó un pronunciamiento absolutorio respecto del delito de daño agravado como coautores penalmente responsables el 6 de diciembre de 2021.

En otro orden, un pronunciamiento condenatorio respecto del delito de impedimento o estorbo de acto funcional cometido por Altamirano como autora penalmente responsable del mismo,  entre los días  9 y 17 de mayo de 2022 en Azul.

Asimismo, se declaró extinguida por prescripción la acción penal y sobreseyendo totalmente a Altamirano, del delito de amenazas.

Por último, se rechazó la unificación peticionada por el fiscal respecto de la sentencia dictada en causa del Juzgado Correccional 2 de Azul.

El dictado y lectura de los fundamentos del veredicto y  la sentencia será el 16  de julio del corriente año, a las 12, a partir de cuya lectura comenzarán a correr los plazos previstos por la normativa vigente para la presentación de los recursos que las partes pretendieran interponer.

Después de un largo proceso marcado por sucesivas suspensiones, este jueves comenzó finalmente el juicio oral contra Griselda Altamirano y Jorge Lezica, en el que se analizan las responsabilidades penales derivadas de los incidentes ocurridos durante una manifestación en Tandil y de los disturbios registrados en la sede del Poder Judicial de Azul.

La primera audiencia se inició durante la mañana con un planteo de nulidad formulado por el abogado defensor de los dirigentes sociales. El pedido fue tratado por el tribunal y finalmente rechazado, por lo que el debate continuó según el cronograma previsto.

En el desarrollo de la etapa testimonial declararon dos efectivos policiales que se encontraban en funciones durante la protesta en la que se produjeron los incidentes que derivaron en la causa. También prestaron declaración Andrés Curcio, quien por entonces se desempeñaba al frente de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio; Atilio Della Maggiora, exsecretario de Protección Ciudadana; Julieta Vicente, responsable de la Dirección de Estadísticas que se encontraba en el Palacio Municipal durante aquella jornada, y Andrea Rosetti.

Los testimonios apuntaron a reconstruir las circunstancias en las que se desarrolló la manifestación y los episodios que terminaron con daños y enfrentamientos, hechos por los que Altamirano y Lezica llegaron a juicio.

Tras un cuarto intermedio, las audiencias continuaron mediante la modalidad virtual con la recepción de declaraciones vinculadas a la otra causa por la que también está siendo juzgada la dirigente social. Se trata del expediente relacionado con los disturbios registrados en la sede judicial de Azul, una investigación que fue incorporada al debate actual.

Extensa espera

El inicio del proceso representó el final de una extensa espera. El juicio había sido programado originalmente para agosto de 2024, pero diferentes planteos y resoluciones judiciales provocaron sucesivas postergaciones, que incluso se repitieron durante este año, hasta que finalmente pudo comenzar.

De acuerdo con lo previsto, durante la tarde de este jueves se esperaba la realización de los alegatos finales, instancia que finalmente se postergó para el martes 10 de julio, por pedido de la defensa de los imputados. 

La causa concentra episodios ocurridos en el marco de las protestas protagonizadas por organizaciones encabezadas por Altamirano y constituye uno de los procesos judiciales más prolongados y controvertidos que involucran a la dirigente social, luego de varios años de trámites y reprogramaciones.

El Juzgado en lo Correccional de Tandil resolvió declarar extinguida la acción penal contra Griselda Altamirano en el marco de las causas por resistencia a la autoridad y amenazas, al considerar que los delitos imputados prescribieron por el paso del tiempo sin que se concretara el juicio.

Según surge de la notificación judicial emitida el 23 de abril, el magistrado interviniente dispuso el sobreseimiento total de la imputada al entender que transcurrieron más de dos años desde los últimos actos interruptivos de la prescripción —las citaciones a juicio realizadas en octubre de 2022 y agosto de 2023— sin que se verificaran nuevas instancias que reactivaran el proceso.

Las actuaciones comprendían hechos ocurridos en diciembre de 2021, por los cuales Altamirano había sido elevada a juicio como presunta autora de resistencia a la autoridad y de amenazas —estas últimas en concurso real y en grado de tentativa—. Sin embargo, una sucesión de suspensiones, recusaciones y apelaciones impidieron que se desarrollara el debate oral en reiteradas oportunidades.

En su resolución, el juez cuestionó el derrotero procesal del expediente y señaló que los planteos realizados por la defensa derivaron en la imposibilidad de concretar los juicios previstos, lo que dejó a las presuntas víctimas “sin respuesta alguna” y sin la posibilidad de que los hechos fueran ventilados en audiencia pública.

Pese a la extinción de la acción penal en esas causas, el magistrado dispuso la continuidad de otras actuaciones en trámite y fijó nuevas fechas para el debate oral: será los días 11 y 18 de junio, a las 10, en sede judicial local. En ese marco, se indicó que las partes deberán encargarse de la citación de los testigos propuestos.

La decisión se conoció luego de que el juicio contra Altamirano fuera suspendido en varias ocasiones, tal como había informado oportunamente este medio, y vuelve a reconfigurar el escenario judicial en torno a una causa que atravesó múltiples dilaciones desde su elevación a juicio.

El juicio contra Griselda Altamirano que debía comenzar el próximo 19 de febrero a las 10 horas volvió a suspenderse. Así lo confirmaron a este medio fuentes del caso. De esta manera, sigue sin definirse el inicio de las audiencias que determinarán las responsabilidades de la dirigente social en el marco de la causa caratulada “Altamirano, Griselda Itatí s/ Resistencia a la autoridad” (I.P.P. N° 4397/21) y sus acumuladas (causa N° 34/5967-2023, entre otras).

Vale recordar que según informó este medio en octubre del año pasado, el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Tandil, dependiente del Departamento Judicial de Azul, había establecido que el juicio se iba a llevar a cabo los días 19 y 24 de febrero de este año.

Ahora, sin fecha definida, resta saber cómo seguirá el proceso. Altamirano recusó al juez Pocorena y dicha apelación debe ser definida por Casación. Sin la resolución final por parte de la Cámara, se corre el riesgo de nulidad del proceso judicial.

Hasta octubre pasado, la última noticia sobre el proceso judicial contra Griselda Altamirano había sido en febrero de 2025. Allí se informó sobre una nueva suspensión del inicio del debate oral.

El lunes 26 de agosto del 2024 era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio contra Altamirano y otros dirigentes, luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el 6 de diciembre de 2021 en las puertas y el interior de la Municipalidad, donde el grupo encabezado por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial.

El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público” fue suspendido en ese entonces por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los imputados. En ese momento, según el oficio del magistrado, la decisión de la suspensión fue tomada “a fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio” de los mismos, quienes solicitaron la intervención del defensor oficial.  

Posteriormente las nuevas fechas fijadas fueron 30 de septiembre de 2024 y 2 de octubre de 2024 .

Luego, la acusada recusó a sus defensores oficiales, Diego Araujo y Leonel Calles. De esta manera, el juzgado elevó el pedido al defensor General para que designe a un nuevo letrado. Además, trasladó las audiencias para el 7 y 14 de octubre de 2024 .

Nada de eso sucedió. Una nueva notificación del juzgado dilató el inicio del juicio: "Atento encontrarse aún la presente causa en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental sin que a la fecha haya resolución al respecto, teniendo en cuenta el escaso margen del tiempo existente al día lunes, dejése sin efecto la segunda jornada de audiencia de debate fijada para el día 14 del corriente mes con respecto a los coimputados Griselda Altamirano y Jorge Lezica".

Desde ese momento y hasta finales de diciembre no hubo novedades, solamente, la fecha del supuesto comienzo del debate: 19 de febrero de 2025. Ese comienzo, nunca se efectivizó, porque también se suspendió.

En un comunicado compartido en esos días previos a los inicios del frustrado debate, desde el Movimiento 1° de Octubre, señalaron que se trataba de un "juicio contra luchadores".

"Denunciamos complicidad del Poder Judicial con el intendente Miguel Angel Lunghi para encubrir el crimen de Sebastián Simón. Quieren condenar a los que acompañamos a la familia pidiendo justicia y el asesino Luciano Jaureguiber y sus cómplices del gobierno local el intendente Miguel Ángel Lunghi y Roberto Pérez siguen libres", remarcaron.

Además puntualizaron: “De todo lo que nos puede pasar por ser pobres... lo peor es que nos maten un hijo”

El Juzgado en lo Correccional N° 1 de Tandil, dependiente del Departamento Judicial de Azul, fijó nuevas fechas para la realización del debate oral en la causa caratulada “Altamirano, Griselda Itatí s/ Resistencia a la autoridad” (I.P.P. N° 4397/21) y sus acumuladas (causa N° 34/5967-2023, entre otras).

Según constó en la notificación emitida el 3 de octubre de 2025, a la que tuvo acceso este medio, el tribunal estableció que el juicio se llevará a cabo los días 19 y 24 de febrero de 2026, a las 10 horas.

En el documento, firmado por el Secretario del Juzgado, se indicó que debía notificarse en forma personal a Griselda Itatí Altamirano, domiciliada en la ciudad de Tandil. También se dejó asentada la intervención del doctor Diego Araujo, titular de la Defensoría N° 3 local, quien continuaría representando a la imputada.

La notificación fue dirigida al titular de la Seccional Primera de Policía de Tandil, con el fin de que se procediera a realizar la comunicación correspondiente.

La última noticia sobre el proceso judicial contra Griselda Altamirano fue de febrero de este año. Allí se informó sobre una nueva suspensión del inicio del debate oral.

El lunes 26 de agosto del 2024 era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio contra Altamirano y otros dirigentes, luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el 6 de diciembre de 2021 en las puertas y el interior de la Municipalidad, donde el grupo encabezado por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial.

El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público” fue suspendido en ese entonces por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los imputados. En ese momento, según el oficio del magistrado, la decisión de la suspensión fue tomada “a fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio” de los mismos, quienes solicitaron la intervención del defensor oficial.  

Posteriormente las nuevas fechas fijadas fueron 30 de septiembre de 2024 y 2 de octubre de 2024 .

Luego, la acusada recusó a sus defensores oficiales, Diego Araujo y Leonel Calles. De esta manera, el juzgado elevó el pedido al defensor General para que designe a un nuevo letrado. Además, trasladó las audiencias para el 7 y 14 de octubre de 2024 .

Nada de eso sucedió. Una nueva notificación del juzgado dilató el inicio del juicio: "Atento encontrarse aún la presente causa en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental sin que a la fecha haya resolución al respecto, teniendo en cuenta el escaso margen del tiempo existente al día lunes, dejése sin efecto la segunda jornada de audiencia de debate fijada para el día 14 del corriente mes con respecto a los coimputados Griselda Altamirano y Jorge Lezica".

Desde ese momento y hasta finales de diciembre no hubo novedades, solamente, la fecha del supuesto comienzo del debate: 19 de febrero de 2025. Ese comienzo, nunca se efectivizó, porque también se suspendió. 

En un comunicado compartido en esos días previos a los inicios del frustrado debate, desde el Movimiento 1° de Octubre, señalaron que se trataba de un "juicio contra luchadores".

"Denunciamos complicidad del Poder Judicial con el intendente Miguel Angel Lunghi para encubrir el crimen de Sebastián Simón. Quieren condenar a los que acompañamos a la familia pidiendo justicia y el asesino Luciano Jaureguiber y sus cómplices del gobierno local el intendente Miguel Ángel Lunghi y Roberto Pérez siguen libres", remarcaron.

Además puntualizaron: “De todo lo que nos puede pasar por ser pobres... lo peor es que nos maten un hijo”

Suspensión tras suspensión. Así ha sido el periplo durante 2024 del juicio que debe atravesar la dirigente social Griselda Altamirano. Y en el comienzo del 2025, se repite el escenario.

El lunes 26 de agosto del 2024 era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio contra Altamirano y otros dirigentes, luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el 6 de diciembre de 2021 en las puertas y el interior de la Municipalidad, donde el grupo encabezado por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial.

El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público” fue suspendido en ese entonces por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los imputados. En ese momento, según el oficio del magistrado, la decisión de la suspensión fue tomada “a fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio” de los mismos, quienes solicitaron la intervención del defensor oficial.  

Posteriormente las nuevas fechas fijadas fueron 30 de septiembre y 2 de octubre.

Luego, la acusada recusó a sus defensores oficiales, Diego Araujo y Leonel Calles. De esta manera, el juzgado elevó el pedido al defensor General para que designe a un nuevo letrado. Además, trasladó las audiencias para el 7 y 14 de octubre.

Nada de eso sucedió. Una nueva notificación del juzgado dilató el inicio del juicio: "Atento encontrarse aún la presente causa en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental sin que a la fecha haya resolución al respecto, teniendo en cuenta el escaso margen del tiempo existente al día lunes, dejése sin efecto la segunda jornada de audiencia de debate fijada para el día 14 del corriente mes con respecto a los coimputados Griselda Altamirano y Jorge Lezica".

Desde ese momento y hasta finales de diciembre no hubo novedades, solamente, la fecha del supuesto comienzo del debate: 19 de febrero.

Ahora, según averiguó El Eco de Tandil, el inicio del debate volvió a suspenderse. Las partes ya fueron notificadas. Aún no hay resolución de la Cámara y eso es lo que obtura el inicio del debate que deberá afrontar Altamirano y compañía. 

"Juicio contra luchadores"

En un comunicado compartido en esos días previos a los inicios del frustrado debate, desde el Movimiento 1° de Octubre, señalaron que se trataba de un "juicio contra luchadores".

"Denunciamos complicidad del Poder Judicial con el intendente Miguel Angel Lunghi para encubrir el crimen de Sebastián Simón. Quieren condenar a los que acompañamos a la familia pidiendo justicia y el asesino Luciano Jaureguiber y sus cómplices del gobierno local el intendente Miguel Ángel Lunghi y Roberto Pérez siguen libres", remarcaron.

Además puntualizaron: “De todo lo que nos puede pasar por ser pobres... lo peor es que nos maten un hijo”

En los últimos días se dio a conocer a través de estas páginas la resolución de la Cámara de apelaciones de Azul de dar curso al reclamo del empresario Ricardo Berlari y dejar sin efecto el archivo de la causa contra Griselda Altamirano por los incidentes provocados por la Agrupación 1° de Octubre en la ExpoTan 2022. 

El empresario, organizador del evento dedicado a los empresarios del rurales, dialogó con “Último Bondi” (Tandil FM 104.1, Eco TV y El Eco Streaming) y expresó sus sensaciones tras la decisión tomada por los jueces del tribunal de alzada Carlos Pagliere (h), Damián Cini y Gustavo Echevarría. 

“No hace falta demasiada investigación, sólo remitirse a las pruebas que presenté para poder claramente determinar que hubo delito y no solo uno, sino la suma de varios”, señaló.

Respecto a su impresión días después de conocerse el fallo que le dará continuidad a la investigación, Berlari reconoció sensaciones encontradas porque si bien la decisión de la Cámara le da la razón a su pedido también está presente “la amargura que siempre tuve por la sensación de injusticia, de falta de justicia o por lo menos de una mala administración de la justicia, sigue vigente en mi persona”. 

A partir de la presentación del abogado del empresario, Nicolás Prat, el pasado 21 de mayo tras conocerse la decisión de la fiscal general subrogante, Mariela Viceconte, la resolución de la Cámara señaló que la decisión del pase a archivo fue como mínimo apresurada y obligó a que se siga investigando.

“La realidad es que si yo no me hubiera presentado como particular damnificado en esta causa y hubiera llevado adelante la apelación, que además me cuesta dinero porque Altamirano se defiende gratis y yo no puedo hacerlo gratuitamente. Además me lleva un montón de dinero, así que si yo no hubiera hecho todo eso, la causa ya estaría archivada dando por sentado una ausencia de delito o inocencia de parte de la Agrupación”, indicó Berlari.

Con un enojo marcado por el desarrollo de la investigación en la justicia, el empresario indicó que si bien la decisión “es una bocanada de aire fresco”, la verdadera sensación que le queda es de bronca porque tiene que “hacer estas cosas cuando en realidad es tarea del fiscal”.

Berlari subrayó que la decisión de la Cámara de apelaciones no cambia la opinión que tiene sobre el fiscal y su accionar. “El archivo de la causa estuvo en la mente del fiscal desde el primer minuto”, afirmó y agregó que desde el momento cuando la policía informa el episodio, el fiscal emite una opinión adelantada de que no había delito basándose en el derecho a la protesta de la gente.

“Acá hay detalles que fueron los que exacerbaron mi enojo y que tuvo que ver concretamente con que el fiscal en la redacción de los hechos, incluso en el relato de las propias pruebas que yo presento, tiene suspicacias que van en contra de lo que verdaderamente ocurrió. Las bombas de estruendo, él dice que explotaron fuera del evento y es cierto pero explotaron dentro del estacionamiento que está dentro del predio del evento”, agregó.

Estos detalles que describe Berlari son los que, a la lectura de un tribunal, pueden interpretarse a favor de Altamirano y la Agrupación 1° de octubre. Sin embargo, aseguró, que en cada instancia presentó la documentación que respalda su denuncia, testigos y filmaciones, que instan a continuar con la investigación. Indicó que lo seguirá haciendo ya que este lunes la fiscalía presentó la apelación a lo que indicó la Cámara.  

Por último, respecto a la actuación del fiscal, aseguró que pensó en la recusación del mismo y que lo va a realizar dependiendo del resultado. “Depende de cómo termine toda esta historia, y vaya a saber cuándo ocurra, si lo voy a hacer. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer”, aseveró Berlari.

En octubre del 2022 la Agrupación 1° de Octubre irrumpió en el predio de la Sociedad Rural atravesando dos vallados, detonando bombas de estruendo y atormentando a todas las familias presentes en el patio de comida de la Expotan. El grupo liderado por Griselda Altamirano realizó semejante manifestación en contra de la “oligarquía”. 

“En realidad fue dos veces que ocurrió. El primer año la policía de la Provincia tuvo que mandar 300 efectivos de La Plata porque ellos habían amenazado que iban a entrar a Expotan a romper todo, fue en 2018. Fue la peor Expotan en concurrencia de la historia porque el predio había quedado totalmente bloqueado por la policía, justamente para aportar la seguridad”, contó el organizador.

Sobre la segunda vez en la que la Agrupación irrumpió en el predio de la Sociedad Rural, explicó: “Violentaron dos líneas de vallas y las dos estaban cien metros adentro de un predio que es privado. Ya eso es invasión a la propiedad privada y de la manera que ellos lo hicieron”. 

Por estas razones es que entiende que es su obligación seguir adelante con la causa judicial hasta encontrar una resolución favorable. “No es que lo hago sólo porque estoy enojado, necesito darle respuestas a mi público que es la gente que paga una entrada. La gente que ese día estaba almorzando y se vio invadida en medio de un forcejeo, entonces es mi obligación como organizador ir hasta las últimas consecuencias”.

A su vez, antes de cerrar, señaló que mientras la causa siga abierta no van a tener un nuevo ataque. “Ahí viene la parte de donde yo hablo de cuál es mi responsabilidad y mi obligación como organizador. Necesito que esto no quede impune porque de lo contrario cualquiera que está enojado con la gente del campo o con el organizador del evento va y hace el zafarrancho que hizo esta gente y no hay derecho de que esto ocurra”, concluyó.

Suspensión tras suspensión. Así ha sido el periplo durante 2024 del juicio que debe atravesar la dirigente social Griselda Altamirano.

El lunes 26 de agosto del 2024 era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio contra Altamirano y otros dirigentes, luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el 6 de diciembre de 2021 en las puertas y el interior de la Municipalidad, donde el grupo encabezado por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial.

El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público” fue suspendido en ese entonces por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los imputados. En ese momento, según el oficio del magistrado, la decisión de la suspensión fue tomada “a fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio” de los mismos, quienes solicitaron la intervención del defensor oficial.  

Posteriormente las nuevas fechas fijadas fueron 30 de septiembre y 2 de octubre.

Luego, la acusada recusó a sus defensores oficiales, Diego Araujo y Leonel Calles. De esta manera, el juzgado elevó el pedido al defensor General para que designe a un nuevo letrado. Además, trasladó las audiencias para el 7 y 14 de octubre.

Nada de eso sucedió. Una nueva notificación del juzgado dilató el inicio del juicio: "Atento encontrarse aún la presente causa en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental sin que a la fecha haya resolución al respecto, teniendo en cuenta el escaso margen del tiempo existente al día lunes, dejése sin efecto la segunda jornada de audiencia de debate fijada para el día 14 del corriente mes con respecto a los coimputados Griselda Altamirano y Jorge Lezica".

Desde ese momento y hasta finales de diciembre no hubo novedades, solamente, la fecha del supuesto comienzo del debate: 19 de febrero.

En diálogo con El Eco de Tandil, Altamirano ratificó la información aunque señaló que ellos tienen una recusación pendiente en la Cámara sobre sus defensores y hasta la fecha no tienen ninguna resolución sobre el tema.

De ser así, y no tener novedades en cuanto a su defensa, el juicio podría volver a suspenderse hasta que resuelva la cuestión.

"Juicio contra luchadores"

En un comunicado compartido en esos días previos a los inicios del frustrado debate, desde el Movimiento 1° de Octubre, señalaron que se trataba de un "juicio contra luchadores".

"Denunciamos complicidad del Poder Judicial con el intendente Miguel Angel Lunghi para encubrir el crimen de Sebastián Simón. Quieren condenar a los que acompañamos a la familia pidiendo justicia y el asesino Luciano Jaureguiber y sus cómplices del gobierno local el intendente Miguel Ángel Lunghi y Roberto Pérez siguen libres", remarcaron.

Además puntualizaron: “De todo lo que nos puede pasar por ser pobres... lo peor es que nos maten un hijo”

Una nueva dilación en el inicio del juicio contra la dirigente social Griselda Altamirano. Ahora, a la espera de la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías, se suspendió la fecha prevista de la segunda jornada de debate, sin nuevo cronograma.

"Atento encontrarse aún la presente causa en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental sin que a la fecha haya resolución al respecto, teniendo en cuenta el escaso margen del tiempo existente al día lunes, dejése sin efecto la segunda jornada de audiencia de debate fijada para el día 14 del corriente mes con respecto a los coimputados Griselda Altamirano y Jorge Lezica", señaló la notificación a los actores intervinientes.

Se trata del juicio por los delitos endilgados en torno a las virulentas manifestaciones que encabezaron en el marco de lo que se presentó mediáticamente como el caso Simón, el joven que murió atropellado por el exfuncionario municipal Luciano Jaureguiber.

El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público” contra la militante Griselda Altamirano y otros cuatro dirigentes fue prorrogado por segunda vez. 

El lunes 26 de agosto era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio , luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el 6 de diciembre de 2021 en las puertas y el interior del Palacio Municipal, donde el grupo encabezado por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial. 

Finalmente esa fecha había sido suspendida por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los imputados, y las nuevas fechas establecidas por el Poder Judicial se pactaron para el lunes 30 de septiembre y el miércoles 2 de octubre.

Finalmente, a cuatro días del inicio del debate, según lo confirmaron a El Eco de Tandil fuentes implicadas en la causa, la acusada recusó a sus defensores oficiales, Diego Araujo y Leonel Calles. De esta manera, el juzgado elevó el pedido al defensor general para que designe a un nuevo letrado. Por lo pronto, y de no surgir un nuevo inconveniente, las audiencias se trasladaron al 7 y 14 de octubre. 

"Juicio contra luchadores". Con esa frase, el Movimiento 1 de Octubre, anunció que el próximo lunes a las 8.30, se llevará a cabo una concentración frente a la Municipalidad de Tandil para luego realizar una movilización hasta Tribunales.

"Denunciamos complicidad del Poder Judicial con el intendente Miguel Angel Lunghi para encubrir el crimen de Sebastián Simón. Quieren condenar a los que acompañamos a la familia pidiendo justicia y el asesino Luciano Jaureguiber y sus cómplices del gobierno local el intendente Miguel Ángel Lunghi y Roberto Pérez siguen libres", remarcó el anuncio de la marcha.

Además puntualizaron: "De todo lo que nos puede pasar por ser pobres... lo peor es que nos maten un hijo"

El lunes 26 de agosto era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio contra la militante social y política Griselda Altamirano y otros cuatro dirigentes, luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el 6 de diciembre de 2021 en las puertas y el interior del Palacio Municipal, donde el grupo encabezado por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial. El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público” fue suspendido entonces por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los imputados. 

Según el oficio del magistrado, la decisión de la suspensión fue tomada “a fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio” de los mismos, quienes solicitaron la intervención del defensor oficial.  

Ahora, los imputados fueron notificados de las nuevas fechas establecidas por el Poder Judicial: el lunes 30 de septiembre y el miércoles de 2 de octubre. Así lo confirmaron a El Eco de Tandil fuentes implicadas en la causa.  En un principio se había especulado con la posibilidad de que las audiencias se realicen el año próximo, pero la causa se aceleró y ya hay fechas en el corto plazo.

El próximo lunes 26 de agosto era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio contra la militante social y política Griselda Altamirano y otros cuatro dirigentes, luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el pasado 6 de diciembre en las puertas y el interior del Palacio Municipal, donde el grupo presidido por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial. 

El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público”  iba a realizarse el lunes y miércoles próximos, pero fue suspendido este viernes por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los cinco imputados. 

Según el oficio del magistrado al que pudo acceder este medio, la decisión de la suspensión fue tomada “a fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio” de los mismos, quienes solicitaron la intervención del defensor oficial. A su vez resta resolver la apelación de dos de los encartados, de apellido Rodriguez y Soria, que fue presentada el pasado 15 de agosto. 

Por el momento las audiencias no fueron reprogramadas, y resta saber si los movimientos sociales que responden a Altamirano realizarán igualmente la manifestación que tenían planeada para el inicio del juicio y a la cual venían convocando desde las redes sociales.

A través de un extenso comunicado, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo, se manifestó en contra del juicio que comenzará el próximo lunes 26 de agosto que decidirá la suerte procesal de Griselda Altamirano, líder del citado espacio social y político, y otros cuatro dirigentes.

Se trata de los delitos endilgados en torno a las virulentas manifestaciones que encabezaron en el marco de lo que se presentó mediáticamente como el caso Simón, el joven que murió atropellado por el exfuncionario municipal Luciano Jaureguiber.

A más precisiones, la Cámara de Apelaciones ratificó las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público”, acerca de las roturas provocadas al Palacio comunal, como las “amenazas” que profirieron en adyacencias a la vivienda del entonces acusado de la muerte del joven Sebastián Simón.

Concluida la investigación por los delitos endilgados a la líder de la agrupación Primero de Octubre, Griselda Altamirano, y algunos compañeros, sindicados como los responsables de los daños ocasionados en el edificio municipal en aquella violenta manifestación del 6 de diciembre pasado, quedaba resolver las instancias recursivas a las que apeló la defensa particular de los señalados.

El fiscal que inició dos causas al unísono, una por amenazas y la otra tras los serios incidentes ocurridos en el Municipio, el cual resultó seriamente dañado por los manifestantes, dio por cerradas sendas instrucciones y elevó las mismas a juicio, rumbo que ahora fue ratificado por el tribunal de alzada de Azul.

"Nos quieren condenar por luchar"

En el comunicado, comenzaron señalando que "han pasado casi 3 años desde que un funcionario radical Luciano Jaureguiber atropello dejó abandonado y mató a Sebastián Simón. Mientras estuvo escondido llamo al secretario privado y hombre de confianza del intendente Miguel Ángel Lunghi, el señor Roberto Pérez. Que sin dudarlo luego de hablar con el intendente le envió un mensaje claro de apoyo yencubrimiento del gobierno local: en esta estamos todos juntos".

"Más de 20 años en el poder le aseguraron al radicalismo favores en la justicia local pudieron encubrir el crimen sin que se investigarán ni el teléfono de Roberto Pérez ni el del intendente Lunghi ni de ningún miembro de su gabinete", prosiguió el comunicado y se agregó: "Muchos hemos acompañado la lucha de la familia. Madres padres hermanos vecinos compañeros de diferentes organizaciones. Todos sin banderas. Solo con el pedido de justicia en lo alto y un dolor que nos recorría a todos. Sebastián  podía ser el hijo de cualquiera y que fácil es matar a un pobre cuando se tiene el poder. La solidaridad empujó a muchos a participar. Y la impunidad golpeando la puerta día tras días nos llevó a tantos otros a sostener en una lucha prolongada a esa familia que necesitaba apoyo y fuerza en el reclamo".

En otra parte del comunicado puntualizaron: "Las clases dominantes cerraron filas se defendieron con todos los lacayos a su servicio los del poder político y los del poder judicial. Pusieron a sus soldados a trabajar pero aún les faltaba un mensaje más para enviar".

"El 26 de agosto inicia el juicio a varios compañeros del Movimiento 1 de octubre que acompañamos como pueblo a una familia destrozada por la pérdida de un ser querido a manos de un funcionario amigo del intendente Lunghi. El fiscal Piotti armo 3 causas. A nuestra dirigente Griselda Altamirano le pide el máximo de pena en todas las causas 8 años de cárcel cumplimiento efectivo en un penal por tener una condena anterior también por luchar durante el gobierno del PRO y el radicalismo . Uno de los argumentos es que sólo estando presa va desistir de la conducta de desprecio hacia las instituciones. Mensaje claro quieren amedrentar escarmentar quebrar y doblegar", subrayaron en otro tramo.

Por último, pidieron: "Nada podemos esperar de la justicia burguesa que defiende a los asesinos del poder y persigue a los luchadores. Tampoco esperen de los nuestros bajar las banderas y dejar de luchar por lo que es justo y necesario. Si hay algo justo enesta vida es una madre peleando por su hijo.  Convocamos a todas las organizaciones sociales políticas y sindicales de derechos humanos a la movilización que se realizará el 26 de agosto desde la Municipalidad de Tandil hacia los tribunales de la misma ciudad a las 9 horas".

Previo a la convocatoria en la esquina de Pinto y Rodríguez, el paro general comenzó en Tandil con una manifestación del Movimiento 1ero de Octubre. La agrupación referenciada en la figura de Griselda Altamirano y Jorge “Mono” Lezica cortó ambas manos de la Ruta Nacional 226 durante el transcurso de la mañana del jueves.

“Como es el paro general estamos apoyando eso, a ver si hay un cambio en el gobierno”, expresó Gisel, una de las militantes que ofició de vocera durante la medida a la cual asistieron medio centenar de vecinos. 

El rechazo a las medidas económicas del gobierno nacional fue la principal motivación del corte, donde también hubo críticas a las autoridades municipales y denuncias por los aumentos de alquileres.

El llamado a movilizar había comenzado a circular días atrás, a través de las redes sociales del Movimiento 1ero de Octubre. Por lo tanto se montó un amplio operativo de fuerzas de seguridad en el cual intervino Policía, Policía Vial y hasta Gendarmería Nacional.

Anunciado para las 9, los convocados se reunieron en la intersección de la ruta y la calle Antártida Argentina, sobre uno de los laterales de la rotonda. Pasadas las 9:30, los presentes dispusieron cubiertas de camiones sobre la cinta asfáltica y desplegaron las banderas del mencionado movimiento, así como las del Movimiento 1ero de Mayo, rama regional de la agrupación.

Por su parte Gendarmería se ubicó en la misma zona que los manifestantes, mientras que Policía lo hizo a poco más de 100 metros del lugar a los fines de desviar el tránsito hacia entradas alternativas a la ciudad. 

La convocatoria no incluyó acampe ni otras medidas más que la presencia de los militantes en la rotonda, y estimaron permanecer en el corte hasta poco después del mediodía.

Cabe recordar, el Movimiento 1ero de Octubre es una agrupación identificada con las figuras de la dirigente social Griselda Altamirano y Jorge “Mono” Lezica, aunque ninguno de los dos se hizo presente durante la mañana.

“El Municipio no asiste con nada”

“No hay ninguna demanda concreta. Obviamente sí lo que se nota en el día a día, es el aumento de todo, que ya casi es insostenible, es eso por lo que venimos acá”, expresó Gisel en diálogo con El Eco de Tandil.

La dirigente señaló que si bien el Movimiento 1ero de Octubre cuenta con presencia barrial en la ciudad, no poseen sedes en todos los barrios. Consultada por el clima que percibe de parte de los vecinos , Gisel sostuvo que “la necesidad” es uno de los elementos sobre los que estos dan más cuenta.

“Hay gente que no le alcanza para pagar los alquileres y ahora este mes hubo un aumento terrible de la luz”, lamentó Gisel en referencia a un contexto ya casi generalizado que escapa a la situación en barrios populares.

En sintonía con la posición del Movimiento, Gisel sostuvo que pese a la compleja realidad económica, las autoridades locales no acompañan. “El Municipio de acá de Tandil no asiste con nada, no asiste con leña, no está asistiendo con garrafas, no está asistiendo con absolutamente nada en estos momentos. Entonces, bueno, es eso más lo que está pesando acá en Tandil”, planteó. 

A su vez, sobre la medida del corte de ruta en concreto, la militante sostuvo que “esa es la idea, de que se note, no solamente acá en Tandil, sino fuera también. Que se está haciendo hoy un paro. Entonces la idea es que si hay un paro, que se note, que se sienta”, concluyó.

Ayer se ventiló la decisión del juez azuleño Martín Céspedes respecto al declarado culpable por un jurado popular días pasados. Una vez celebrada la audiencia de cesura en la que fiscal y defensa debatieron la pena a requerir frente a la calificación penal que por unanimidad había votado el jurado de civiles, el magistrado resolvió condenar a Matías Altamirano a 20 años de prisión. 

Como oportunamente se había informado, los doce vecinos que integraron el jurado arribaron de manera unánime a un veredicto para el acusado, declarándolo "culpable" de "Abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por haber sido cometidos contra una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima", tal calificó el jurado.

Bajo esa tipificación, el fiscal Adrián Peiretti y Mariano Pomares, abogado platense que se desempeñó en este debate como Defensor Particular de Matías Altamirano-, debatieron sobre la pena a imponer, quedando en manos del juez la condena que ahora se definió.

El ahora sentenciado Matías Altamirano (38), es hermano de la dirigente política y social Griselda Altamirano, referente de la agrupación Primero de Octubre, quien supo manifestarse en la vecina localidad en defensa del ahora condenado, alegando que se formaba parte de una persecución judicial hacia su figura (aún aguarda por el juicio en su contra por los violentos sucesos ocurridos en la ciudad, a propósito de los que se conoció como el caso Jaureguiber).

No bien su hermano resultara detenido en Azul en abril de 2022, la dirigente inició un acampe sobre el veredón del Palacio de Justicia local para reclamar por su libertad, ya que lo consideraba "inocente" de esos episodios de abuso sexual por los que ahora resultó condenado.

Ese acampe se extendió durante varias semanas, hasta que fue intimada desde la Justicia para que lo levantara, lo cual sucedió en junio de 2022, días antes a que la Cámara Penal confirmara la prisión preventiva que en una primera instancia le había sido dictada a su hermano como el probable autor de estos hechos por los que ahora un tribunal de civiles lo declaró "culpable".

Para los miembros del jurado se dio por demostrado que en reiteradas ocasiones el encausado sometió sexualmente a la víctima, que de acuerdo con lo que pudo probarse era menor de edad y convivía con su agresor para la época en que estos hechos comenzaron a suceder.

Teniendo en cuenta dicha investigación penal y lo surgido del juicio, esos episodios se remontan a cuando la víctima -actualmente ya mayor de edad- tenía doce años. Según el veredicto, Altamirano la sometió sexualmente en varias ocasiones aprovechando que convivía con ella.

Esos hechos, a partir de 2012 y también durante 2021, han sido situados como ocurridos en una vivienda ubicada en la ciudad de San Bernardo y en otra situada en Azul.

Ese último inmueble referido había sido el lugar donde el encausado resultó detenido el 18 de abril de 2022, la fecha desde la cual permanece privado de la libertad.

Actualmente el hombre estaba alojado en una de los calabozos del complejo penitenciario que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica, donde permanecerá hasta purgar la pena que ahora se le fuera impuesta.

Por unanimidad, un jurado declaró "culpable" de varios hechos de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad a un hombre que había comenzado a ser juzgado este lunes en Azul.

Se trata de Matías Altamirano (38), hermano de la dirigente política y social Griselda Altamirano, referente de la agrupación Primero de Octubre, quien supo manifestarse en la vecina localidad en defensa del ahora condenado, alegando que se formaba parte de una persecución judicial hacia su figura (aún aguarda por el juicio en su contra por los violentos sucesos ocurridos en la ciudad, a propósito de los que se conoció como el caso Jaureguiber).

No bien su hermano resultara detenido en Azul en abril de 2022, la dirigente inició un acampe sobre el veredón del Palacio de Justicia local para reclamar por su libertad, ya que lo consideraba "inocente" de esos episodios de abuso sexual por los que ahora resultó condenado.

Ese acampe se extendió durante varias semanas, hasta que fue intimada desde la Justicia para que lo levantara, lo cual sucedió en junio de 2022, días antes a que la Cámara Penal confirmara la prisión preventiva que en una primera instancia le había sido dictada a su hermano como el probable autor de estos hechos por los que ayer por la tarde un tribunal de civiles lo declaró "culpable".

Según consignó el diario El Tiempo, el veredicto de los ciudadanos se conoció en horas de la tarde de ayer en el recinto convertido en escenario de este debate: la sala que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal posee en el tercer piso del Palacio de Justicia local.

Luego de deliberar por algo menos de una hora, la tercera de las audiencias vinculadas con este proceso se tradujo en el anuncio del referido veredicto de culpabilidad para el imputado.

Por esos abusos por los que doce civiles lo declararon "culpable" en este juicio había resultado detenido en Azul en abril de 2022.

Tras conocerse lo decidido por el jurado, ya sin la presencia de los seis varones y de las seis mujeres que participaron en este proceso, el debate continuará desarrollándose el lunes de la semana entrante, en lo que las partes resolverán la audiencia de cesura, en la que se definirá la pena a imponer, de acuerdo a la calificación penal que votó el jurado popular. 

La calificación penal otorgada por los miembros del jurado a los hechos por los que el ahora condenado será sentenciado a una pena de prisión en los próximos días fue la misma que sostenía la imputación desde el inicio de esta Investigación Penal Preparatoria.

Para los miembros del jurado se dio por demostrado -con el voto unánime de sus doce integrantes- que en reiteradas ocasiones el encausado sometió sexualmente a la víctima, que de acuerdo con lo que pudo probarse era menor de edad y convivía con su agresor para la época en que estos hechos comenzaron a suceder.

Teniendo en cuenta dicha investigación penal y lo surgido del juicio, esos episodios se remontan a cuando la víctima -actualmente ya mayor de edad- tenía doce años. Y según sostenía el fiscal Peiretti y el jurado dio por probado, Altamirano la sometió sexualmente en varias ocasiones aprovechando que convivía con ella.

Esos hechos, a partir del año 2012 y también durante 2021, han sido situados como ocurridos en una vivienda ubicada en la ciudad de San Bernardo y en otra situada en Azul.

Ese último inmueble referido había sido el lugar donde el encausado resultó detenido el 18 de abril de 2022, la fecha desde la cual permanece privado de la libertad.

Actualmente el hombre continúa alojado en una de las cárceles del complejo penitenciario que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica.

Los delitos por los cuales el trabajador de la construcción fue declarado "culpable" en este proceso contemplan penas de prisión que van desde los diez a los veinte años. Y en una audiencia posterior a la de cesura prevista para el lunes que viene, será el juez Martín Céspedes -uno de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1 que intervino en este debate- quien dará a conocer qué sanción le impone al encausado.