La Fiscalía presentó los pedidos de condenas para los acusados del Juicio La Huerta, el proceso en el que se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en centros clandestinos de detención ubicados en Tandil y otras ciudades de la región.

Luego de 8 jornadas de alegatos, los fiscales Santiago Eyherabide, Eugenia Montero y Julio Darmandrail solicitaron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años ajustadas según la gravedad de los delitos y el nivel de participación de cada acusado y 4 absoluciones para acusados sobre los que no se hallaron pruebas suficientes que sustenten las acusaciones en su contra.

La información surge de una nueva crónica de Soledad Restivo, la periodista que cubrió las instancias del juicio para la Agencia Comunica de Medios Unicen. Tras 75 audiencias, con testimonios de más de 200 personas en una causa que comenzó con 51 imputados –entre militares y civiles- pero en la que actualmente quedan 35 ya que algunos fallecieron y otros fueron apartados por insania, se conocieron los pedidos de condena.

A su vez el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata informó que los alegatos de las querellas comenzarán el viernes 22 de noviembre a las 8:30. Se espera que ocupen las próximas tres audiencias en las que participarán la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Posteriormente, será el turno de las defensas.

Se estima que el veredicto podría conocerse en marzo próximo, cuando se cumplan tres años del inicio del juicio en el marco de la Mega Causa Sub Zona 12, nombre que surge de la denominación que la dictadura determinó para la ciudad y la región al momento de implementar su plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones.

Entre los delitos investigados –precisa la crónica de Restivo- “se destacan asesinatos, desapariciones, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos cometidos en comisarías, cárceles y otros espacios clandestinos utilizados durante el terrorismo de Estado. Entre estos últimos se encuentran la ´Quinta de los Méndez´, ´La Huerta´ y el Ex ISER en Tandil, la estación del ferrocarril donde actualmente funciona el Jardín De Paula en Azul, y el predio Monte Peloni en Olavarría.

Desde el inicio del juicio en marzo de 2022, fueron 213 los testimonios que revelaron torturas, abusos y privaciones de libertad que sufrieron las víctimas de mano de los acusados. “Estas declaraciones han expuesto el impacto devastador de estas prácticas represivas en sus vidas personales y familiares”, sostiene la crónica de la Agencia Comunica. 

“Según la fiscalía, los crímenes tuvieron como objetivo principal instaurar el miedo como un mecanismo de control social, empleando la represión sistemática y la manipulación informativa para deslegitimar a los opositores y consolidar el poder del régimen dictatorial”, agrega.

Además, el proceso expuso un “patrón sistemático de represión destinado a eliminar la militancia política, sindical y estudiantil. La fiscalía subrayó el uso del miedo y la desinformación como herramientas clave del aparato represivo, coordinado por fuerzas militares, policiales y penitenciarias, con la colaboración de sectores civiles”, según la información de Medios Unicen. 

También se presentaron pruebas documentales que “evidencian las jerarquías y la secuencia de órdenes emanadas, así como la operatividad de los hechos investigados. En todo momento, los magistrados resaltaron la contundencia y el peso irrefutable de los testimonios presentados”, de acuerdo a la cobertura de Restivo.

En concreto, los fiscales pidieron perpetua para Osvaldo Héctor Repetto, Martín Carlos Luzuriaga, Luis Ignacio Gómez Centurión, Héctor Martínez Salgado, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Cáceres y Daniel Alfredo Ceresoli. Por su parte también se pidió perpetua de manera unificada con condenas previas para Jorge Roberto Casares, Alejandro Guillermo Duret y Román Valdecantos.

Se solicitó además 20 años de prisión para Juan Manuel Durante, 16 para Mariano Edgardo Viviani, 14 para Julio César Tula, 12 para José Luis Álvarez y Guillermo Prieto, 10 para Julio Méndez y 8 años y 6 meses para Horacio Ricardo Barriola, Eduardo Augusto Samyn y Héctor Alberto Mangudo

También se pidieron 8 años para Luis Ernesto Benítez y Néstor Omar Vapore, 6 años y 6 meses para Jorge Aníbal Tolosa, 5 años y 6 meses para Fernando Ferrer, 5 años para Alberto Joaquín Monge, 4 años y 6 meses para Juan Manuel Miller, 4 años y 4 meses para José María Bruzzone y Miguel Ángel Buezas, 4 años para Héctor Rubén Rinaldi, 3 años y 8 meses para Enrique Vitale y 3 años y 4 meses para Pedro Jorge Cinalli.

Para Francisco Oscar Sarmiento, Raúl Omar Carlucho, Norberto Luis Ferreras y Pedro Juan Aguirre se solicitaron absoluciones.

Tras casi 70 audiencias, el juicio La Huerta inicia su etapa final. El viernes 6 de septiembre comienzan los alegatos de la Fiscalía, a los que se sumarán los de la Subsecretaría de Derechos Humanos y luego los de la defensa de los imputados. Con la perspectiva de que el proceso termine antes de fin de año, los organismos de derechos humanos de la ciudad –con el apoyo de la Unicen, el pronunciamiento del Concejo Deliberante y de intendentes de la región- siguen solicitando que las sentencias sean leídas en Tandil.

“Pasaron 30 meses, y hasta acá, 67 audiencias pero van a seguir. Hubo 213 testimonios, con 192 casos que se abordaron de unos 13 centros clandestinos de detención nombrados entre comisarías y diferentes espacios de Olavarría, Tandil y Azul. Y más de 50 imputados. Creo que es efectivamente el juicio más grande, más extenso, más importante que hemos tenido en el centro de la provincia de Buenos Aires”, compartió Soledad Restivo, la periodista que cubrió las diferentes etapas del juicio para la Agencia Comunica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen.

“Obviamente, entre los 192 casos y dentro de los 50 imputados ha habido muchísimos fallecimientos. Por lo tanto, no todos van a tener una sentencia. La verdad es que hubo muchísimas víctimas que quedaron sin justicia, muchos casos que quedaron sin ser escuchados. Y también victimarios, imputados que se han quedado sin la sentencia. Que en su mayoría seguramente hubiésemos pensado o esperado que fuese condenatoria, pero podrían, por qué no, haber tenido una absolutoria. Por lo tanto, también fallecieron sin justicia”, precisó la cronista.

Se espera que sean aproximadamente seis audiencias –un mes y medio- las destinadas a los primeros alegatos. Será la Fiscalía la que comience y luego se sumará el de la Subsecretaría de Derechos Humanos. “A lo que dirá la Fiscalía, la Subsecretaría le agrega el posicionamiento y los señalamientos propios que tenga”, sostuvo Restivo.

“Y después están los alegatos de todas las defensas, que son varias, más de las que hemos visto en acción. Porque muchas veces más de un abogado toma la representación de algún otro colega, así que de los 6 o 7 abogados que veíamos constantemente desconectados, más las defensas públicas que estaban en la sala de Mar del Plata, no sabemos cuántas de ellas van a tomar la palabra para alegar, obviamente, inocencia en este caso”, agregó.

La primera etapa del Juicio La Huerta implicó casos ocurridos en Tandil, Azul y Mar del Plata. En el último tramo se abordaron hechos en otras localidades que durante la última dictadura cívico militar correspondieron a la “Subzona 12”, como fue denominada entonces a la región. Así, se sumaron hechos de Lobos, Roque Pérez, Saladillo, Las Flores, Laprida y Olavarría.

Restivo consideró que “el Tribunal tiene intención de terminar antes de fin de año, y también lo que se espera de parte de los organismos de Derechos Humanos es que suceda de esa forma”.

De cara a la lectura de las sentencias, los organismos y particulares implicados continúan peticionando que éstas se hagan en Tandil. Incluso hubo un pronunciamiento en este sentido de parte del Concejo Deliberante local –un proyecto que presentó la concejal Noelia Domenighini-, así como del Intendente Lunghi y sus pares de Azul, Olavarría, Rauch y Roque Pérez. “Hay un apoyo importante para que suceda de esa manera, y hay que ver hasta dónde concesiona o no el tribunal”, expresó la periodista.

Sin embargo, la periodista indicó que “hasta acá, el tribunal ha dado concesiones mínimas, como estar dos veces en Tandil y una en Azul. Habría que montar un operativo alrededor de la lectura de las sentencias, como el traslado de los imputados, o asegurar su presencia en todo caso de manera virtual”.

En el Juicio La Huerta se juzgan a más de 50 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Tandil y parte del centro de la Provincia de Buenos Aires. En el banquillo de los imputados se sientan ex miembros del Ejército pero también integrantes de las fuerzas de seguridad, empleados del Servicio Penitenciario y civiles.

Se cumple un año y medio del inicio del juicio La Huerta, la mega causa en la que se juzgan 28 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Tandil y parte del centro de la provincia de Buenos Aires.

En el banquillo de los acusados se sientan 28 personas, entre ex miembros del Ejército, fuerzas de seguridad, empleados del Servicio Penitenciario y civiles como los hermanos Emilio y Julio Méndez. 

Muchos de estos ya se encuentran condenados y cumpliendo penas en cárceles comunes o con prisión domiciliaria, y en este proceso se los juzga por delitos cometidos contra más de 120 personas. 

Las audiencias se realizan en la ciudad de Mar del Plata, desde donde se retransmiten hacia Tandil y Azul. La periodista Soledad Restivo cubrió cada una de estas instancias, realizando crónicas que pueden leerse de manera abierta y gratuita en el sitio www.agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar. 

Es a partir de su compromiso que la ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a los relatos que se desprenden de los testimonios. Luego de que se hayan retomado las declaraciones tras el receso invernal, Restivo fue consultada por El Eco de Tandil para conocer en detalle los avances del Juicio.

- Se está por cumplir un año y medio desde el inicio del Juicio La Huerta. ¿En qué etapa se encuentra? 

- Depende desde donde se lo mire, puede ser la segunda o la cuarta etapa. La segunda etapa en relación a que es el segundo año, pero también dentro del segundo tramo elevado se está interviniendo en la segunda de las causas.

Recordemos que este juicio tiene varios tramos. El primero y el que más implicó la zona de Tandil es La Huerta. 

Desde el retorno en marzo pasado se están abordando los casos de Azul y algunos de Saladillo que corresponden a la Comisaría Primera como centro clandestino de detención de esa ciudad. Después se van a abordar los tramos que se subieron posteriormente, entre los cuales hay una segunda parte de La Huerta. 

Están los delitos cometidos contra los trabajadores de Loma Negra y Calera Avellaneda de Olavarría, que son casi una veintena de casos, y hay dos tramos más de casos sueltos. 

Y todavía hay alguna esperanza de que se incorpore un tramo que está en instrucción, también de la ciudad de Azul, que sería como la segunda parte de aquella ciudad. 

- Con estas incorporaciones ¿Estamos hablando de cuántos casos? ¿Se contempla fecha próxima de sentencia?

- Hasta acá los casos abordados son más o menos unos 160. Si se suman los de Azul, es otra cantidad más importante. Por eso no se puede estimar las fechas de cierre.

Porque además se da otra característica. Hay hasta ahora más de 250 declaraciones previstas de un total de 500 testigos posibles, y van sucediendo cosas con esos testigos. Algunos pueden declarar, otros no, otros fallecen y eso va complejizando también el avance de las causas. 

Pero también sucede que si fallece la víctima o el victimario se cae el caso completo y por lo tanto no ingresan. 

Por eso el Juicio tiene una complejidad particular en donde se va avanzando depende de lo que va sucediendo con los acusados, con las víctimas y los testimonios.

-Los casos agregados ¿Estaban previstos desde un primer momento o se fueron sumando después? 

- El Tribunal y la Fiscalía han tomado la decisión de tratar de incorporar todas aquellas causas que sean del centro de la provincia de Buenos Aires, lo que conocemos como Subzona 12. 

Pero particularmente con aquellas que tengan que ver con los centros clandestinos de detención que originalmente ingresaron en esta causa, si están en instrucción y tienen cierto grado de avance, hacer la elevación e incorporarlo en este en este juicio. 

Insisto, es un solo juicio en el cual hay varias causas o tramos, como legalmente se les dice. 

-En febrero se cumplió un año del comienzo del Juicio. Desde entonces hasta el momento ¿Qué avances hubo en cuanto a lo que se pudo saber a partir de los testimonios?

- Desde marzo a esta parte se están abordando los casos de Azul, los testimonios de esa ciudad que tienen ciertas características particulares. 

La mayoría hasta ahora son de gremialistas, o de quienes estaban actuando como gremialistas y fueron secuestrados casi inmediatamente o previo al golpe. El golpe ocurrió el 24 y algunas personas fueron detenidas el 23, el 22 o el mismo 24. Hubo una gran redada y se los llevaron directamente al Penal, o sea casi no pasaron por comisaría, que era lo que sí sucedía acá.

Acá en Tandil, secuestraban, chupaban a las personas, los mantenían desaparecidos porque nadie sabía dónde estaban, detenidos en las comisarías y de ahí los trasladaban. Algunos para ser interrogados y torturados y luego de eso al Penal de Azul. 

En Azul en cambio lo que sucedió es que directamente los chupaban y los mantenían detenidos, incomunicados, desaparecidos en el Penal y luego los blanqueaban. Y así pasaban algunos muchos meses, otros muchos años y algunos fueron trasladados también con la misma modalidad a La Plata.

Y lo que queda demostrado es cómo actuó el Penal. Porque recordemos que de los 28 imputados tenemos ex militares, tenemos ex agentes de las comisarías, tenemos los dos civiles, pero también están los responsables y agentes penitenciarios del Penal 7 de Azul y del Penal de Serra Chica. 

Por eso, lo importante es que las personas de Azul están dando cuenta de qué era lo que pasaba sobre todo en el Penal de Azul. 

- ¿Cómo sigue el Juicio? 

- Las audiencias continúan, cada 15 días de forma mixta. Ahora vamos a tener la número 38. Entiendo que faltan todavía algunos casos de Azul. Con eso se cierra ese tramo, deben quedar una o dos audiencias para seguir abordando esa etapa y ya después veremos con cuál sigue el Tribunal. 

- En la primera etapa del Juicio hubo avances con respecto a la complicidad civil. ¿En esta etapa también?

-En esta parte no se nombró a nadie más. Porque en Azul hay una característica particular.

Recordemos que Bidegain, el gobernador de la provincia de Buenos Aires previo al golpe, era de Azul. Cuando ocurrió el ataque al cuartel en 1974, Bidegain tuvo que renunciar. Pero lo que sucedió ahí es que las fuerzas de seguridad legal e ilegalmente, o sea la Triple A también, se llevaron y secuestraron a la mayoría de los activistas y participantes políticos de la ciudad, en su mayoría los jóvenes que estaban actuando en política. 

Por lo tanto, para cuando llegó el golpe ya estaban presos, ya estaban en el Penal. De hecho, hay algunos de ellos que dieron testimonio y pudieron dar cuenta del ingreso de sus compañeros el día del golpe. 

¿Por qué acá no se nombró complicidad civil, como si lo escuchamos, al menos hasta acá, en la parte de Tandil? A mí me parece que es por eso, porque los fueron a buscar el mismo día o en esos días. No hubo en el medio otra situación en la que puedan intervenir civiles. Lo que sí a mí me impactó es que a la mayoría le habían avisado desde las centrales obreras que podían ser detenidos cuando ocurriera el golpe. 

Primero, ya sabían que iba a ocurrir el golpe, lo estaban esperando. Ya les habían dicho que los podían ir a buscar, les habían dicho que no se preocuparan porque iba a ser un trámite y la mayoría, como fue tan rápidamente, no tuvo reacción. 

Fueron muy pocos los que escaparon, los que se pudieron esconder. Algunos fueron directamente a presentarse a la comisaría, y hubo uno de los testimonios que dijo que sabía que lo iban a buscar, por lo que fue, se presentó, quedó detenido y de ahí lo llevaron al Penal. 

-Hubo casos de víctimas periodistas ¿no?

- Sí, dos. Por un lado está Roberto Maumus, que era periodista de radio y también estaba actuando en prensa, era muy joven. Declararon sus dos hijas. 

Fue detenido, desaparecido, sufrió torturas y la verdad es que vuelvo a destacar acá el impacto que tuvo toda esta parte de la historia sobre las generaciones posteriores, porque en los testimonios de las hijas se nota, podemos entender el impacto que tuvo sobre él, pero también sobre ellas.

Y después está el caso de Ricardo De la Fuente, del que se habló en la última audiencia, la número 37. Ricardo se enteró del golpe el mismo 24 de marzo, estaba cenando con su mujer y le dijo de ir hasta la redacción del diario. Como en la mayoría de las ciudades el diario queda en el centro, entonces se acercó hasta la redacción y al rato cayó el operativo y se lo llevaron. Permaneció alrededor de unos 10 días detenido, desaparecidos también, incomunicado primero y después lo liberaron.

A Ricardo ya le había desaparecido un hermano que permanece desaparecido, por eso la recomendación de la familia fue que se fuera, como también estaba sucediendo lo mismo con Osvaldo Laurini. Él ya había estado viviendo en Ecuador, por lo que decidió viajar. También hizo lo mismo toda la familia de Ricardo De la Fuente, que ya falleció. 

- En los casos de Azul se da que muchos, más allá de ser detenidos, no continuaron desaparecidos y tiempo después fueron liberados ¿fue así?

- Sí, no hay tantos casos y la mayoría recuperó la libertad. Pero hay.

Y me parece interesante señalar y volver a poner sobre el tapete que estamos buscando nietos y nietas aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Tenemos el caso de María Hebe Traficante, que estaba embarazada de cuatro meses y se está buscando a su niña o niño. 

Está el caso de Susana Valor que también lo estamos buscando. Y en Azul está el nene de Norma Raggio y de Raúl Balbuena, que fueron detenidos y permanecen desaparecidos. Ella estaba embarazada de 8 meses y hay testimonios de que parió en lo que fue el Batallón de Infantería de Marina número 3 de La Plata, en Ensenada.

Este viernes se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y con tal motivo, las organizaciones sociales y políticas se congregarán desde las 18 en el Monumento a los Desaparecidos, ubicado en la Plaza Independencia, para reclamar que el juicio por la megacausa conocida como "La Huerta" -que investiga las responsabilidades militares y civiles durante la última dictadura- se realice efectivamente en Tandil.  

Como se publicó oportunamente, se celebrará próximamente un nuevo proceso oral y público por violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención ilegal conocido como “La Huerta” y el circuito represivo del área 121 que funcionó en Tandil durante la última dictadura cívico-militar. 

El juicio a cargo del Tribunal Oral Federal Número 1 de Mar del Plata tiene fecha de inicio para febrero de 2022 y hay un pedido  para que las audiencias se desarrollen en la ciudad, donde se cometieron los hechos y residen la mayoría de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Aunque la petición se elevó hace casi tres meses, la Justicia aún no se expidió al respecto y, ante la inminente llegada de la feria judicial, diversas entidades, entre ellas Memoria por la Vida en Democracia, esperan que haya respuestas antes de fin de año. 

Complicidad civil 

Los hermanos Emilio y Julio Méndez, los primeros civiles condenados por delitos de lesa humanidad y luego absueltos por un fallo de Casación que fue apelado ante la Corte Suprema, se sentarán en el banquillo de los acusados nuevamente junto a otras 26 personas; militares del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial. 

En esta instancia se juzgarán los hechos ocurridos en un circuito represivo que además de la quinta de los Méndez comprendía los centros clandestinos de “La Huerta”, las comisarías Primera y Segunda de Tandil y el exInstituto Superior de Educación Rural (ISER), junto con otros casos ocurridos en la ciudad de Azul.

Esta vía judicial va aparte de la condena que recibieron en 2012, por la que en agosto pasado fueron absueltos por la Corte Suprema, por su complicidad en el secuestro, tortura y asesinato del abogado laborista Carlos Moreno, pero de algún modo tiene un denominador común; el uso de la casa que les pertenecía como centro clandestino de detención (CCD) durante los años de plomo.

El caso Moreno 

El titular de la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense e hijo de Carlos Alberto Moreno –el abogado asesinado en la dictadura-, Matías Facundo Moreno, conversó con El Eco de Tandil y ofreció detalles sobre los expedientes judiciales que tienen como protagonistas a los tristemente célebres Méndez y en los que forma parte de la querella. 

“Está confirmado que mi padre  estuvo detenido en la quinta, que fue torturado y que logró escapar, además es un espacio que hoy está señalizado como CCD, para nosotros es imposible que no supieran qué es lo que pasaba”, expuso y ratificó que “se trata de una propiedad que está cerca del ejido urbano, había bastante circulación de gente y los militares no se hubieran arriesgado a intrusar el lugar. Los Méndez en ese entonces nunca denunciaron la intrusión de la propiedad”.

Y prosiguió: “Después de la apelación, la Corte Suprema determinó que, si bien en la quinta de los Méndez estuvo detenido mi padre durante cuatro días y fue torturado, basándose en el principio de in dubio pro reo (la duda a favor del acusado), existiría la remota posibilidad de que desconocieran lo que pasaba allí durante esos días. En su momento, ellos adujeron que fueron intrusados y que era una propiedad abandonada, pero nosotros presentamos pruebas  al respecto. Lo que no tuvo en cuenta la Corte Suprema es la causa de ‘La Huerta’, que ya se elevó a juicio". 

Causa “La Huerta”  

Como se mencionó, el derrotero legal no acabó con el caso Moreno, ya que los hermanos fueron procesados en el marco de otra causa que investiga los crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en el centro clandestino de detención conocido como “La Huerta”, y  en los demás espacios que en la ciudad funcionaron como centros de tortura y desaparición de personas. 

Por ello es que siguen bajo arresto domiciliario en la actualidad  y serán llevados nuevamente al banco de los acusados en este expediente, que busca acreditar que los Méndez no podían desconocer que la finca de su posesión era usada desde 1976 por los militares para secuestrar y torturar personas, de acuerdo a los testimonios de personas que señalan al lugar como su destino de cautiverio. 

De este modo, cobra fuerza el tópico de la complicidad civil que permitió que la dictadura desplegara diversos dispositivos para llevar adelante la represión ilegal y clandestina en todo el territorio.

En concreto, en la causa constan cuatro testimonios de personas que sostienen haber estado detenidas y haber sido torturadas en la quinta de los Méndez en 1976, un año antes del secuestro y asesinato de Moreno. 

En este sentido, el titular de Derechos Humanos provincial indicó que, cuando se desarrolle el juicio, con los testimonios se caería la teoría de que los acusados no sabían que en su propiedad existía un centro clandestino de detención.

En esta línea, destacó que “en los juicios aparece firmemente la existencia de actores de la sociedad civil en el aparato represivo y es imposible que las fuerzas armadas pudieran haber llevado el sistema nacional de represión a solas. Necesitaron generar dispositivos en la sociedad civil, con apoyos implícitos o explícitos para desarrollar su plan”.

“Queremos llegar a la Justicia porque sobre todo como Estado provincial tenemos que abogar por la garantía de la no repitencia y asegurar que algo así no suceda más, creemos que este camino es través de la memoria, la verdad y la justicia”, completó Moreno. 

La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano Hernán Borinsky (presidente), Juan Carlos Gemignani y Daniel Antonio Petrone, de manera remota y mediante firma electrónica, declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata que no hizo lugar a la sustitución del arresto domiciliario por una medida cautelar efectuada por la defensa de Emilio Felipe Méndez y de Julio Manuel Méndez.

En primer lugar, la defensa de los imputados recusó a los doctores Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani porque en el año 2013, como integrantes de la Sala IV, confirmaron las condenas a 15 y 11 años de prisión impuestas a Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez, respectivamente, en la causa “Tommasi” anulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 22 de diciembre de 2020.

Para la asistencia técnica, lo resuelto por la Corte tiene implicancias directas en la situación procesal de los Méndez en la causa conocida como “La Huerta” en la que se encuentran requeridos a juicio como partícipes necesarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad de privación ilegal e imposición de tormentos agravados, calificados como crímenes de lesa humanidad, en perjuicio de Jean Pierre Louis Tailmitte, Rubén Luis Allegro, Alfredo Aníbal Lecuona y Jorge Guillermo Andreasen.

El 28 de enero de 2021, previo a examinar el pedido de libertad de la defensa, los camaristas rechazaron in limine la recusación por considerar en “La Huerta” que se ventilan sucesos distintos a los que conformaron la plataforma fáctica por la que resultaron condenados en “Tommasi”. En esta última se les atribuyó su participación en el secuestro de Carlos Alberto Moreno.

Sin embargo, queda pendiente la decisión sobre el apartamiento de los jueces Borinsky y Gemignani en la causa “Tommasi” que, luego de la decisión de la Corte, se encuentra nuevamente a estudio de la Sala IV de la Cámara de Casación.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia generó repercusiones en Tandil, ciudad en la que celebró hace ocho años el juicio de lesa humanidad por el crimen del abogado laboralista olavarriense Carlos Moreno durante la última dictadura militar. El máximo tribunal, revocó los fallos condenatorios de los hermanos Emilio y Julio Méndez por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata y ratificados por la Cámara Federal de Casación Penal.

En diálogo con el ciclo radial “Dos a las siete”, que se emite de lunes a viernes de 19 a 20 por la 104.1 Tandil FM, el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Manuel Marañon, sostuvo que la medida no causó sorpresa, pero reconoció que “a veces nos topamos con resoluciones que nos resultan incomprensibles desde lo técnico jurídico”, y que al mismo tiempo generan “mucho daño en las familias y organismos que vienen con más de 40 años de lucha intensa, paciente y pertinaz, que caen mal y causan disgusto”.

No obstante, ratificó que lo resulto “no hará que varíe el rumbo de que la discusión”, que “siempre” se da en los términos jurídicos y en lo que corresponde en derecho, “apelando lo que haya que apelar y haciendo los planteos que haya que hacer. La lucha es jurídica”.

“No era algo esperable”

Partícipe del primer juicio en el que se juzgó y condenó a civiles por hechos ocurridos durante la última dictadura militar, el letrado reconoció que la resolución de la Corte no lo sorprendió. Sin embargo, sostuvo que “no era algo esperable” ya que, desde su perspectiva, “no había elementos” y que la sentencia de primera instancia estaba “debidamente fundada en evidencia” como para endilgarles la participación.

En ese sentido, expresó que resulta “llamativo y novedoso” desde el punto de vista técnico que, “en esta época, se conozca una resolución de este cariz en relación a civiles”, a la vez que marcó su sorpresa ante los argumentos que expuso el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.

Nuevo juicio

En términos técnicos, el letrado indicó que la resolución refiere a la realización de un nuevo juicio en cuanto a que se vuelve a tomar el tema, a analizar las pruebas y a juzgar de nuevo.

En efecto, la Corte reenvía el expediente a la instancia previa, pero no al juicio oral y público que se desarrolló en Tandil hace ocho años, sino “al juicio que hizo el Tribunal de Casación sobre el recurso que interpuso la defensa de los hermanos Méndez”, explicó.

“Es en la segunda instancia donde se debe volver a juzgar”, insistió y, a más detalles, abordó las etapas al señalar que se llevó adelante un juicio en primera instancia, por el cual “transitaron todos los testigos y se produjo toda la prueba” y, como corolario, el Tribunal Oral y Criminal de Mar del Plata dictó veredicto y condenó a los hermanos Méndez y a los otros tres imputados, Tomassi, Pappalardo y Ojeda.

Frente a esa resolución, los abogados defensores de los tandilenses interpusieron un recurso ante Casación, que se aboca a analizar los agravios planteados y resuelve confirmar la sentencia en primera instancia, que llevó a una recusación ante la Corte con un recurso de queja.

El máximo tribunal resolvió que la Cámara ratificó la sentencia reeditando los argumentos de la primera instancia, “pero sin darle respuesta a la defensa de todas aquellas circunstancias que, según entendían, eran violatorias del debido proceso o de otras garantías”.

Ahora, la Corte pide a Casación que “conforme una nueva sala, que trate nuevamente el recurso de queja y dicte un nuevo pronunciamiento con un respuesta”, que puede resultar favorable o contraria a las pretensiones de los defensores.

Sentencia firme

En otro de los pasajes de la entrevista radial, Marañón indicó que la resolución de la Corte provocó que la defensa de los Méndez ahora pidiera la libertad.

Con la sentencia que aún no está firme, no modifica la situación “porque lo que hizo fue devolver la causa a Casación para que resuelva nuevamente”.

En efecto, la condena vigente es la que se dictó en el Tribunal Oral. Ahora, la Cámara deberá trabajar sobre el expediente, adoptar una resolución  y confirmar o revocar la condena de 11 y 15 años que pesa sobre los hermanos Méndez.

En caso de producirse la segunda alternativa, las partes querellantes recurrirán esa resolución.

En un comunicado enviado a esta Redacción, diversas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y culturales se pronunciaron en relación al fallo dictado por la Corte Suprema.

“Nos preocupa ya que no es un hecho aislado sino que se inscribe en una serie de resoluciones emanadas desde la cabeza de uno de los poderes del Estado que marcan una línea dilatoria en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, resaltaron.

Destacaron que el país, a partir de la lucha de los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes y de los familiares, “ha sido reconocido a nivel internacional por el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura cívico militar”, y alertaron que pasaron más de cuarenta años “y son muchas las víctimas que siguen esperando y luchando por memoria, verdad y justicia”.

Ratificaron el reclamo por “mayor celeridad” en los juicios por estos delitos, teniendo en cuenta que “llevan quince años y que el Estado a través de sus tres poderes tiene la responsabilidad de reparar los daños cometidos para con las víctimas, para con sus familiares y para la sociedad en su conjunto, que lo demanda para el fortalecimiento de la memoria y de la democracia”.

Y señalaron que los hermanos Méndez “continúan condenados como civiles que fueron partícipes de los crímenes de lesa humanidad y además se encuentran imputados en otras causas, pero esta maniobra no hace más que evitar que esta primera condena quede firme”, y advirtieron que la resolución tiene “consecuencias a nivel de la salud mental de las víctimas y del impacto regresivo en la comunidad”.

“Sabemos de los efectos traumáticos de lo acontecido y de la imposibilidad de tramitación que lo traumático conlleva para quienes fueron víctimas en crímenes de lesa humanidad. Lo sabemos a diario, en la medida en que el horror perdura en su vigencia, intacto, indeleble, en cada uno de los afectados, dejando huella en la vida cotidiana”, plantearon.

Y agregaron que “sabemos de la imposibilidad de nominar de alguna manera el horror ante la pérdida-desaparición de un hijo, del robo de bebés, de las torturas perpetradas hasta lo impensado. Lo afirmamos como  profesionales, pero ante todo como ciudadanos integrantes de esta sociedad que no está dispuesta a retroceder en el camino de la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

“Seguimos creyendo que el único camino en ese proceso es el de la justicia”, cerraron.

Entre las adhesiones se encuentran Memoria por la Vida en Democracia, el equipo de acompañamiento a víctimas, testigos y querellantes en los juicios de lesa humanidad Tandil; el área de Derechos Humanos de la Unicen, los bloques de concejales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio; el Colegio de Psicólogos Distrito VIII; los espacios políticos como La Cámpora, Frente de Todos, MTE, Patria Grande, Partido Justicialista, Movimiento Evita.

También Familiares de Detenidos Desaparecidos del centro y sur de la provincia de Buenos Aires; Compromiso Federal; Juventud Radical; asociación civil Aprehender Derechos; entre otros.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló lo resuelto por la Cámara de Casación Penal Federal, que había confirmado las condenas a 15 y 11 años de prisión a los hermanos Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez por el secuestro y asesinato del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno.

La Cámara de Casación Penal Federal, cuya resolución fue anulada por la Corte Suprema, había confirmado las referidas condenas impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Mar del Plata en 2012.

“Genera preocupación este fallo de la Corte porque se inscribe en una serie de resoluciones emanadas desde la cabeza de uno de los poderes del Estado que marcan una línea dilatoria en el proceso de Memoria Verdad y Justicia, que comenzó en mayo de 2017 con el tristemente célebre fallo que beneficiaba a los responsables de la dictadura cívico militar con la derogada Ley de 2 x 1”, indicaron en un comunicado difundido por la dependencia a cargo de Matías Moreno, hijo del abogado laboralista olavarriense.

La Corte hizo lugar a un recurso de queja de la defensa de los hermanos Méndez y ordenó la remisión de las actuaciones a Casación para que emita un nuevo fallo.

Los hermanos tandilenses continúan condenados, sólo que la Corte “evita dejar firme esa sentencia y deja pendiente de resolución el recurso de Casación”, señalaron desde el organismo provincial.

Ahora debe esperarse que la Cámara vuelva a expedirse, “lo que abrirá nuevas instancias de apelación”, resaltaron.

Otros pronunciamientos

En otro párrafo, destacaron que esta resolución “se suma al fallo del 17 de diciembre pasado en la causa Masacre de Trelew, en el que en vez de tratar todos los puntos del recurso extraordinario de la defensa de Carlos Marandino, la Corte anuló la resolución de la Cámara de Casación que concedió el recurso y obliga a las víctimas a esperar un nuevo pronunciamiento de la Cámara”.

“Se encadena también con la resolución de la Corte de julio pasado que dejó virtualmente cerrada una causa por delitos de lesa humanidad contra el responsable del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, Vicente Massot, al ratificar la falta de mérito”, apuntaron desde la Subsecretaría.

En ese sentido, recordaron que “este nuevo fallo que favorece a dos civiles condenados por delitos de lesa humanidad continúa la línea ideológica de aquellas otras resoluciones en causas relacionadas con la responsabilidad empresaria y con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.

“Se tratan de causas que se encuentran en la Corte pendiente de resolución desde hace mucho tiempo. Los plazos vuelven a extenderse, y el paso del tiempo atenta contra la justicia. Como enseñan los organismos de derechos humanos, seguimos creyendo que el único camino en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia es el de la justicia”, puntualizaron.

La reacción de la familia Moreno

La decisión de la Corte Suprema de Justicia generó repercusiones en Tandil, ciudad en la que celebró hace ocho años el juicio de lesa humanidad por el crimen del abogado laboralista olavarriense Carlos Moreno durante la última dictadura militar.

En diálogo telefónico con El Eco de Tandil, uno de los hijos del abogado laboralista olavarriense, abordó detalles de la medida procesal que, desde su punto de vista, demora la sentencia firme de los condenados hace ocho años, y dijo que esperan que Casación vuelva a expedirse y ratifique, en función de la prueba, la condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.

“Esperamos que la Justicia dictamine y confirme” la sentencia del juzgado de primera instancia, que fue “muy precisa y concisa y con sobradas pruebas de la participación de los hermanos Méndez en ceder su propiedad”, la quinta ubicada en la zona del paraje Los Laureles, defendió.

“Zozobra e indignación”

Al aguardo de lo que dictamine la Justicia frente a esta instancia, para la querella “está más que probada la participación de los dos hermanos en prestar la propiedad para que funcione un centro clandestino de detención”, sostuvo e insistió que es “inadmisible suponer que alguien no sepa qué está pasando en su propiedad”.

Al conocer la medida de la Corte, Moreno reconoció que la tomaron con “mucha zozobra e indignación porque son muchos años, pero también con la convicción que estamos transitando el camino de la Justicia”.

Por eso, “independientemente de las dilaciones, sabemos que más temprano que tarde se hará justicia, no sólo por el caso de mi padre sino por todas las aberraciones que cometió la última dictadura cívico militar”, enfatizó.

En tanto, reflexionó que la demora en el proceso “da cuenta de la necesidad de reforma de algunos estamentos de la Justicia” y argumentó que, “cuando llega tan tarde es poca la sensación de justicia que queda”.

Más detalles de la medida

Por otro lado, Moreno descartó que esta instancia procesal derive en un nuevo juicio y aclaró que la Corte, a través del recurso extraordinario que presentó la defensa de los hermanos Méndez, hizo lugar a uno de los tres agravios que plantearon y el expediente volvió a Casación, que ahora deberá elaborar una nueva resolución.

Al citar los fundamentos por los cuales el máximo tribunal anuló la resolución, indicó que la Cámara “no trató debidamente todos los agravios que la defensa de los Méndez había planteado”, por lo que “no es una derivación lógica, razonable y fundada a la constancia de la causa de por qué los rechaza”.

El trámite procesal indica entonces que el expediente volverá a Casación, para “reevaluar los agravios interpuestos por la defensa de los imputados contra la sentencia que dictó el Tribunal de primera instancia”, explicó.

Entre las alternativas de resolución, Casación podría confirmar la sentencia o modificar su temperamento y llegar a una resolución en la que haga lugar a los planteos de la defensa.

El proceso mantiene la causa sin sentencia firme por las diversas presentaciones realizadas por los abogados de los hermanos tandilenses, condenados a 11 y 15 años por el Tribunal 1 de Mar del Plata.