Una sangrienta balacera registrada en la noche del sábado dejó un saldo de al menos seis personas asesinadas a tiros y dos heridas de gravedad en las afueras de la Ciudad de Guatemala.

El ataque armado tuvo lugar en el municipio de Villa Canales, en el departamento central del país centroamericano, en circunstancias que están bajo investigación judicial.

Las víctimas fatales fueron identificadas como cuatro jóvenes menores de 23 años, un hombre de 29 años y una mujer de 58 años, según confirmaron las autoridades de los cuerpos de socorro que acudieron al lugar de los hechos.

El trágico episodio se desató en el sector conocido como Boca del Monte, en la vía pública frente a una residencia particular. Tras los disparos, los socorristas desplegaron un operativo de emergencia en la zona para asistir a los sobrevivientes.

“Paramédicos brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a dos personas heridas: un hombre hacia la emergencia del Hospital Roosevelt y una mujer hacia la emergencia del IGSS 7/19, para recibir atención médica especializada”, precisó el reporte médico emitido por los bomberos municipales.

Entre las personas fallecidas figuraron dos jóvenes conocidos por su constante actividad en las redes sociales.

La Agencia Noticias Argentinas pudo saber que este nuevo episodio de violencia criminal se suma a una serie de antecedentes recientes en la región metropolitana, como el ataque registrado en abril pasado cuando cinco personas fueron acribilladas dentro de una cevichería en el norte de la capital, atribuido presuntamente a integrantes de pandillas.

Los indicadores oficiales reflejan que los asesinatos cometidos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante el año 2025 en comparación con el período anterior.

Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se contabilizaron 3.020 víctimas fatales por disparos, frente a las 2.910 personas registradas en 2024. (NA).

Un joven de 26 años en situación de calle fue asesinado de un disparo en el pecho durante la madrugada de este sábado en la localidad platense de Los Hornos, en un hecho por el cual la Policía de la Provincia detuvo horas más tarde en la localidad bonaerense de Merlo al principal sospechoso del ataque.

La víctima fue identificada como Gabriel Alejandro Lezcano, quien recibió el impacto de arma de fuego en la intersección de las calles 72 y 152.

Tras la agresión, el herido fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención situada en 153 y 66 por su hermano de 33 años, Emiliano Gabriel Adrián Lezcano, aunque ingresó sin vida al centro de salud como consecuencia de la gravedad de la lesión.

De acuerdo con la declaración de la denunciante incorporada a la causa, alrededor de la 1:45 de la madrugada escuchó que llamaban a la puerta de su vivienda.

Al mirar por la mirilla observó a su hermano y, casi al mismo tiempo, advirtió que una motocicleta se detenía en el lugar. Instantes después, Gabriel salió corriendo y se escuchó un disparo.

Al salir de la finca, el hombre encontró a su familiar herido y aseguró haber reconocido al agresor como Leonel Emanuel Nelli, de 35 años, quien escapó como acompañante en el vehículo de dos ruedas conducido por un individuo que no fue identificado.

Según las actuaciones judiciales, el conflicto tuvo su origen en que la víctima mantenía una relación sentimental con la expareja del ahora detenido.

Tras el hecho, las tareas investigativas establecieron que el acusado se había dirigido hacia la localidad bonaerense de Merlo, donde residiría una hermana, lugar en el que finalmente fue localizado y aprehendido por el personal policial.

La causa, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, quedó caratulada como homicidio e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 8 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, con la participación del Juzgado de Garantías 3, dirigido por el juez Pablo Raele.

Fuentes del caso indicaron que el detenido contaba con antecedentes por robo agravado, portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento, mientras que la víctima también registraba antecedentes penales por robo agravado y pedidos de paradero vigentes en años anteriores. (NA).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió los detalles del acuerdo judicial alcanzado por Yusiel López Insúa, el capitán de la remolcadora que provocó la tragedia náutica en Miami Beach el 28 de julio del año pasado, donde falleció Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena.

El acusado, de 46 años y residente en Miami, se declaró culpable del delito de homicidio involuntario cometido por un marino. Según el reporte oficial, el capitán operaba una embarcación que arrastraba una barcaza de construcción con la visibilidad frontal obstruida por una grúa y una caseta, sin haber asignado a ningún vigía para supervisar la trayectoria.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, señaló en un comunicado:

Insúa operaba un remolcador que empujaba una enorme barcaza con la visibilidad obstruida. No asignó a ningún vigía y utilizó su teléfono celular mientras navegaba. Admitió que su incumplimiento delictivo, al no seguir las normas básicas de seguridad marítima, causó esta colisión mortal.

La investigación reveló que el capitán utilizaba su teléfono celular para navegar en plataformas de comercio electrónico incluso en el momento del impacto. La barcaza terminó pasando por encima del velero donde se encontraban Mila Yankelevich, de siete años; Erin Ko, de 13, y Arielle Buchman, de 10, quienes perdieron la vida en el acto.

Tras admitir su responsabilidad para evitar el juicio, la fiscalía recomendó una condena de un año de prisión y seis meses de arresto domiciliario. El Departamento de Justicia indicó que un juez de distrito federal será quien determine la sentencia final, considerando que el acusado se enfrenta a una pena máxima de hasta 10 años de cárcel.

Por su parte, el abogado defensor Walter Reynoso manifestó tras la audiencia:

Él se siente pésimo por el dolor y la pérdida inimaginables que sufrieron las tres familias que perdieron a sus tres hijas, que eran muy pequeñas.

Cabe recordar que los padres de la menor, Tomás Yankelevich y Sofía Reca, iniciaron en febrero una demanda por muerte por negligencia contra la empresa Waterfront Construction, propietaria de la barcaza involucrada en el siniestro.

Una discusión por los límites de un terreno en el barrio Parque Camet, en Mar del Plata, terminó con un hombre grave luego de ser apuñalado por uno de sus vecinos, quien continuará alojado en la Unidad Penal número 44 de Batán al dictársele la prisión preventiva mientras avanza la investigación criminal.

El agresor es Víctor Hugo Brito y fue imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa” tras el ataque perpetrado contra Pablo Zacestz.

De acuerdo a las constancias de la causa judicial, el conflicto se originó cuando Brito mantuvo una disputa con los hijos de la víctima por la delimitación de un lote y arremetió contra el hombre con un arma blanca.

La puñalada impactó en la zona abdominal, lo cual le provocó una grave herida que requirió atención médica inmediata y, según sostiene la hipótesis de la fiscalía, el ataque puso en riesgo la vida del damnificado.

Con esos elementos probatorios, el fiscal Carlos Russo solicitó formalmente que Brito permaneciera privado de su libertad durante el proceso.

El pedido fue aceptado por el juez de Garantías Juan Tapia, quien convirtió la detención en prisión preventiva al considerar que la acusación está debidamente respaldada por distintas pruebas reunidas durante la etapa de instrucción.

Entre los elementos valorados por el magistrado para convalidar la medida de coerción figuran las actuaciones policiales originas el día del hecho, los informes médicos sobre la gravedad de la lesión, las actas de allanamiento y detención, además de las declaraciones testimoniales que se incorporaron al expediente.

Asimismo, los familiares de la víctima denunciaron ante las autoridades que, incluso después del ataque, el acusado continuó hostigándolos de forma sistemática en el barrio.

En sus declaraciones afirmaron que el agresor tiraba piedras contra la propiedad y los amenazaba de muerte cuando pasaba por el frente del domicilio.

Con respecto a estas conductas, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, uno de los testigos presentados en la causa indicó: “En la semana siguiente, se emborrachaba y gritaba de la esquina, le decía ‘vigilante te voy a matar’. Insultaba, amenazaba. Todos los días estaba así”.

El juez Tapia también tuvo en cuenta que varios de los vecinos manifestaron un marcado temor al momento de prestar declaración ante el personal policial, una circunstancia que, según sostuvo en su resolución escrita, podría afectar el normal desarrollo de la causa si el imputado recuperara la libertad.

La prisión preventiva será revisada dentro de un plazo máximo de 60 días, período en el cual la Justicia analizará el avance de la investigación y evaluará si continúan vigentes los motivos que justifican que el acusado permanezca detenido. (NA).

En el Centro de Justicia Penal de Rosario se llevó adelante la audiencia imputativa al identificado como Fernando Sebastián Vázquez (45) por los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor y en grado de consumado; tenencia Ilegítima de arma de fuego de uso civil, en carácter de autor; robo de vehículo dejado en la vía pública, en carácter de autor y en grado de consumado.

El Juez de Primera Instancia, Fernando Postma, tuvo por formalizada la acusación, disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 13 de marzo de 2027, destaca el escrito.

Los fiscales Agustina Eiris, Patricio Saldutti e Ignacio Hueso, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, atribuyeron junto a A.Z. (ya imputado), A.V. (ya imputado) y otras dos personas no individualizadas, haber tomado parte en el homicidio de Raúl Daniel Attardo y Andrés Alejandro Bracamonte, en zona de Boulevard Avellaneda y Reconquista (Rosario), cuando salía de un partido.

La investigación se estableció que los acusados, utilizando diversos vehículos, dieron muerte a Bracamonte y Attardo de diversos disparos con un arma de fuego.

Bracamonte y Attardo fueron asesinados en la noche del 9 de noviembre de 2024 sobre la calle Avellaneda tras la derrota del Canalla ante San Lorenzo en el estadio Gigante de Arroyito.

El líder de la barra durante casi 30 años y su ladero se subieron a la camioneta luego del partido, pero nunca observaron que un auto los seguía por detrás. Al llegar a la calle con la luz cortada, dos personas se bajaron del rodado y los acribillaron de al menos once balazos.

Disparos, gritos y el asfalto manchado de sangre. Uno de los líderes narcos en el fútbol había sido asesinado y el temor se asomó durante semanas ante una posible represalia.

Esta presunción estuvo ligada a lo expresado por la propia víctima, quien comentó sobre qué podía llegar a pasar en Rosario si algún día lo asesinaban, después de los 29 intentos previos: “Si me matan la ciudad se incendia. Los Menores se quieren quedar con parte de la ciudad”. NA

A dos años de la masacre de Barracas, donde tres mujeres lesbianas fueron brutalmente asesinadas y una cuarta resultó gravemente herida, la Justicia confirmó que el juicio oral y público comenzará el 18 de mayo, sin embargo, allegados a la querella advirtieron que falta analizar prueba determinante para la causa.

Fuentes del caso dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas y señalaron que el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires tiene pendiente la realización de pruebas suplementarias que “se vienen pidiendo y debían llevarse a cabo” desde mayo desde 2024.

“Las medidas son importantes y no está claro que su resultado esté antes del juicio. Según el Código Procesal Penal de la Nación, toda la investigación tiene que estar lista antes del debate, sobre todo si es prueba que puede ser dirimente, como, por ejemplo, el análisis de los rastros del crimen donde se cometió el hecho y los hisopados tomados en las autopsias”, explicaron.

En este sentido, subrayaron que se trata de “fallas de la investigación que se arrastran desde el principio”, a raíz de que el juez Edmundo Rabbione, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº14, nunca abordó el caso con perspectiva de género.

Además, el actual tribunal consideró “improcedente” la historia de vida de las víctimas, por lo que “hay un montón de prueba que no quieren escuchar”, añadieron.

Justo Fernando Barrientos es el único imputado por atacar con una bomba molotov y provocar un incendio en la habitación de la pensión que compartían Pamela Cobbas, Andrea Amarante, Roxana Figueroa y Sofía Castro Riglos en la calle Olavarría al 1600, barrio porteño de Barracas.

La querella solicitó que el acusado sea juzgado por cuádruple homicidio doblemente agravado por violencia de género (femicidio – artículo 80 inciso 11) y odio a la orientación sexual (lesbidicio – inciso 4), y en grado de tentativa (en el caso de Sofía), cuya pena en expectativa es la prisión perpetua.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió que se apliquen los agravantes de prejuicio a las víctimas, la alevosía y el peligro común.

“Hay elementos de prueba suficientes que demuestran que para el acusado fue determinante la orientación sexual de las víctimas para perpetrar el ataque. Todos coincidimos en eso”, subrayaron las fuentes consultadas por NA.

Los lesbicidios

Pamela Cobbas falleció el 7 de mayo de 2024, un día después del incendio, en el Instituto del Quemado. Luego Roxana Castro perdió la vida con el 90 por ciento de su cuerpo herido por el fuego dos días después, internada en el mismo lugar

Andrea Amarante, de 42 años y oriunda de un barrio periférico de la ciudad de Neuquén, falleció tras cinco días de agonía en el Hospital Penna.

Sofía Castro Riglos, de 49 años, sobrevivió a la masacre tras sufrir graves quemaduras y permanecer internada durante un mes en el Instituto del Quemado. (NA).

Un nuevo informe sobre inseguridad de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) indica que los asesinatos en dicha localidad bonaerense aumentaron más del doble en un año, lo que demuestra un preocupante y alarmante retroceso en materia de seguridad pública.

La última estadística por parte del Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas de San Martín, dependiente del Idaes y la Unsam, indica que los homicidios en San Martín se incrementaron un 122% en el último año, una cifra que refleja la inseguridad diaria que atraviesan los vecinos, no solo de dicha localidad, sino también en el Conurbano.

Lo que se detalla en el informe, según supo saber la Agencia Noticias Argentinas, es que los crímenes registrados en los primeros meses de 2026 “ya duplica lo observado en el mismo periodo de 2025”.

Desde la Universidad entienden que este aumento “se explica, en gran medida, por una reactivación de los conflictos entre bandas narco que se disputan el control de la comercialización de estupefacientes en asentamientos y zonas críticas. A diferencia de años anteriores, los peritos destacan una mayor ‘profesionalización’ de la violencia: el 90% de los casos involucra armas de fuego y ataques por encargo o ajustes de cuentas”. (NA).

Luego de un extenso período de suspensión, la justicia decidió reanudar el proceso judicial contra Cristian “Pity” Álvarez. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 fijó para el próximo 10 de agosto el inicio del juicio oral por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La resolución fue adoptada por tres jueces: Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes hicieron lugar al dictamen presentado por el fiscal general Sandro Abraldes. Según los magistrados, las facultades mentales del acusado se encuentran estabilizadas, lo que le permite comprender el alcance y las consecuencias del proceso penal en su contra.

El debate contará con un total de 11 audiencias que se desarrollarán entre los meses de agosto y septiembre. Asimismo, se ratificó que el músico tiene prohibido abandonar el país mientras dure el proceso. La situación judicial de Álvarez cobró relevancia pública recientemente cuando Marcelo Moura, integrante de la banda Virus, mencionó en el escenario del Gran Rex que el cantante no pudo participar de un show previsto debido a sus complicaciones legales.

Cabe recordar que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado de haber terminado con la vida de Díaz tras una discusión en la vía pública. Tras años de incertidumbre sobre su capacidad para enfrentar un juicio, los peritajes actuales determinaron que el trámite de las actuaciones puede continuar de manera efectiva, dado que el estado de salud actual del acusado permite reanudar el trámite.

El juicio oral y público contra el músico Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio cometido en julio de 2018 comenzará el 10 de agosto.

Según informó el sitio Fiscales, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires reanudó el proceso y determinó la realización de 11 audiencias entre agosto y septiembre, mientras que se le prohibió salir del país al cantante de 53 años.

Además, no podrá ausentarse de la Capital Federal sin autorización expresa de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes analizaron el pedido del fiscal federal Sandro Abraldes para reabrir la investigación luego del recital ofrecido por Álvarez en el estadio Mario Alberto Kempes.

“El show de tres horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”, consignó Abraldes en su dictamen.

Álvarez había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

A su vez, está acusado de amenazar, agredir y privar ilegítimamente de la libertad a su manager y amiga en noviembre de 2016. NA

La Justicia confirmó la fecha para el inicio del juicio oral contra el músico Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de un hombre ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. El proceso había permanecido suspendido durante varios años debido a cuestionamientos sobre su estado de salud mental, pero recientes peritajes permitieron destrabar la causa.

El cantante, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, está imputado por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. Tras el hecho, Álvarez se entregó y reconoció su participación, aunque desde entonces su situación judicial estuvo atravesada por evaluaciones psiquiátricas que demoraron el avance del expediente.

En ese contexto, el juicio había sido suspendido en 2021 luego de que la defensa argumentara que el músico no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. Sin embargo, nuevos informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense determinaron que actualmente cuenta con capacidades cognitivas suficientes para comprender las instancias judiciales y participar de su defensa.

A partir de estas conclusiones, la fiscalía impulsó la reanudación del proceso y solicitó la fijación de una fecha concreta para el debate oral. El planteo también se apoyó en la actividad reciente del artista, quien volvió a presentarse en escenarios musicales, lo que para los investigadores evidencia un nivel de funcionamiento incompatible con una incapacidad para ser juzgado.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que deberá evaluar las pruebas reunidas en la causa y determinar la responsabilidad penal del acusado. Además del cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, Álvarez enfrenta otras imputaciones vinculadas al mismo hecho.

Por su parte, la defensa sostiene que persisten dificultades en el estado de salud del músico y ha insistido en la necesidad de nuevas evaluaciones más profundas antes del inicio del juicio. No obstante, la fiscalía considera que no existen impedimentos para avanzar y que el caso debe resolverse tras años de dilaciones.

De este modo, la causa entra en una etapa clave, con la expectativa de que finalmente se realice el juicio oral por un crimen que generó fuerte repercusión pública y que, hasta ahora, no había llegado a instancia de debate.

El crimen de una comerciante a manos del dueño del local que alquilaba conmocionó a la comunidad de La Plata. La víctima, identificada como Paula Carolina Lastiris, de 47 años, fue atacada en su negocio de venta de cotillón y falleció tras ser trasladada al Hospital San Martín. El principal acusado, propietario del inmueble, ya se encuentra a disposición de la Justicia.

El trágico episodio ocurrió minutos después de las 17 del miércoles en el local “Repostillón”, ubicado en la calle 37 entre nueve y diez, en pleno barrio Norte de la capital bonaerense. Según los datos recabados, el hombre ingresó al comercio y efectuó al menos un disparo a la altura del pecho de la mujer. Algunos vecinos aseguraron haber escuchado hasta tres detonaciones en el lugar.

Tras el ataque, el agresor se retiró a pie. Testigos del hecho coincidieron en que el sospechoso se alejó con total parsimonia del sitio: “Salió caminando tranquilo”.

Esa secuencia fue uno de los aspectos que más impactó a quienes se encontraban en la zona y corrieron a auxiliar a la víctima. Paula Carolina Lastiris fue derivada de urgencia en estado crítico, pero horas más tarde se confirmó su fallecimiento como consecuencia de la herida de arma de fuego.

A partir de un llamado al 911, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar al acusado pocos minutos después. Efectivos del Escuadrón Motorizado, la UPPL y el SASU interceptaron al hombre de 49 años en la calle 35 entre siete y ocho, donde le secuestraron un revólver que sería el arma utilizada en el crimen.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien caratuló el expediente como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. El esposo de la víctima, Walter Romero, aportó un dato relevante a los investigadores al confirmar que existía un conflicto previo vinculado a una deuda por el alquiler, lo que se mantiene como la principal línea de investigación.

La víctima era una activa emprendedora que se encontraba en pleno proceso de expansión de su marca. Recientemente había anunciado la apertura de una nueva sucursal en el barrio Parque Sicardi a través de sus redes sociales: “Si sos de Sicardi tenemos un notición para vos”

El fiscal federal interino Sandro Abraldes solicitó a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional 27 la reanudación inmediata de la investigación contra el músico Cristián “Pity” Álvarez acusado de matar a un hombre en el barrio porteño de Villa Lugano y la fijación de la fecha para el comienzo del juicio.

La Fiscalía General sugirió que las audiencias tengan una duración de no más de tres horas, mismo tiempo que el recital brindado por el exlíder de Viejas Locas en diciembre en la provincia de Córdoba, cuando demostró “ser capaz de manejar, con un adecuado trabajo sobre sus competencias de organización, su atención y concentración”, conforme a la información del portal Fiscales.

“El show de tres horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”, consideró Abraldes en el documento.

A su vez, el fiscal consignó que en marzo peritos de la defensa y profesionales del Cuerpo Médico Forense concluyeron que el implicado “dispone de una reserva cognitiva para para afrontar las distintas instancias que componen el proceso penal”, mientras peticionó la desestimación de un recurso radicado por los representantes legales del artista para “una evaluación neuropsicológica profunda”, con el objetivo de lograr “la suspensión indefinida del juicio”.

Álvarez, que se presentará en Rosario, había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el asesinato de Cristian Díaz, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, el proceso quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico. NA

A casi una semana del tiroteo fatal en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal, que dejó a un adolescente fallecido, hubo grandes avances respecto a la investigación, pero la falta de vigencia en la nueva ley penal juvenil provoca que el chico acusado no pueda ser juzgado, ni siquiera imputado.

El lunes 30 de marzo, como todas las mañanas, Gino C., de 15 años, fue a la Escuela 40 de San Cristóbal, pero en esta ocasión, lo que llevaba consigo no eran carpetas y útiles, sino una escopeta con la que mató a Ian Cabrera e hirió a otros ocho alumnos.

“¡Sorpresa!” fue lo que gritó el acusado antes de disparar. El ataque no terminó en una masacre por el tipo de arma utilizada (que debía recargarse de forma constante y manual) y por el heroísmo de un auxiliar que lo redujo para evitar que siga disparando.

En un comienzo de la investigación se creyó que el ataque estaba relacionado al bullying que sufría Gino C. en el colegio, pero luego se dieron a conocer datos que revelaban problemas intrafamiliares, los cuales habían llevado al adolescente a intentar suicidarse con  anterioridad.

El dolor de la realidad y crueldad son los ejes de esta causa, que tiene al acusado en un instituto de menores en la ciudad de Santa Fe. Junto a él está su papá, mientras que su mamá regresó a San Cristóbal para tratar de encontrar respuestas a un caso que pareciera de película.

Para los fiscales, las pruebas demostrarían que hubo una planificación y que el trasfondo del caso “está atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares”.

Pese a que la investigación continúa y que a principios de marzo se publicó en el Boletín Oficial la nueva Ley Penal Juvenil aprobada por el Congreso, el chico no podrá ser juzgado.

Esto se debe a que el artículo 52 de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, indica que el régimen “entrará en vigencia a los 180 días” de su publicación, por lo que todavía no se cumplió el plazo estipulado.

De igual modo, como ocurre en todos los casos donde hay menores involucrados, se concretó la audiencia de atribución de cargos.

La misma se realizó en los Tribunales de Santa Fe y allí el adolescente supo la acusación en su contra por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego.

En este marco, se dictaminó que es no punible, pero continuará en el instituto de menores hasta alguna modificación de la Justicia.

Mientras continúa la conmoción por el caso, en muchas instituciones educativas empezaron a poner el foco en la problemática estudiantil, tanto dentro de la escuela como en el contexto familiar. Sin embargo, pareciera estar lejos de resolverse. (NA).

A más de cinco años del crimen de Fernando Báez Sosa, Lucas Pertossi se refirió a lo sucedido aquella madrugada en Villa Gesell y aportó detalles sobre un momento clave: el encuentro con sus amigos en una hamburguesería minutos después del ataque. Según su testimonio, la conversación con Máximo Thomsen y el resto del grupo no giró en torno a la agresión, sino que se mantuvo en un plano cotidiano.

Hablamos de la noche, de chicas, de cosas normales

El joven insistió en que nadie mencionó el episodio violento ni expresó preocupación por la víctima. Para Pertossi, ese comportamiento reflejó una falta total de dimensión sobre la gravedad de lo ocurrido. "Actuamos como si nada hubiera pasado", afirmó durante una entrevista en A24, marcando el clima que predominó en ese encuentro.

Desde la cárcel, el condenado expresó arrepentimiento por su falta de reacción frente al hecho: "Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó". Al mismo tiempo, volvió a sostener que no existió un plan previo para agredir a la víctima y definió el suceso como una tragedia que se fue de las manos.

En su declaración, Pertossi también apuntó contra la estrategia que llevó adelante el abogado Hugo Tomei durante el proceso realizado en Dolores. "Me sentí mal defendido", aseguró, al explicar que quiso dar su versión desde el inicio del juicio pero no tuvo la oportunidad. El joven cumple una pena de 15 años de prisión, al igual que Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, mientras que los otros cinco involucrados recibieron perpetua.

Actualmente, su nuevo abogado, Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó un pedido de nulidad de la sentencia y solicitó un nuevo juicio. El reclamo sostiene que la defensa en bloque vulneró garantías constitucionales, ya que los hechos atribuidos a Pertossi fueron notoriamente distintos a los de los otros acusados. Según el fallo, el joven intervino en un foco diferente y su aporte fue calificado como partícipe secundario, sin contacto físico con la víctima ni rastros de sangre en sus prendas.

Nahir Galarza fue autorizada a abandonar momentáneamente la Unidad Penal Nº6 de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde cumple prisión perpetua desde 2018 por el homicidio de Fernando Pastorizzo. La joven reclusa de 27 años salió este miércoles por la mañana de la cárcel debido a un pedido concedido por la Justicia por razones humanitarias, tras confirmarse que su abuela materna padece una enfermedad oncológica.

La visita, que se extendió durante aproximadamente una hora, contó con un fuerte operativo de seguridad bajo la supervisión de agentes penitenciarios de la unidad donde está alojada y transcurrió sin incidentes. El inspector general Alejandro Mondragón explicó que la custodia incluyó personal penitenciario, un chofer y una oficial responsable, quienes acompañaron a Galarza desde la cárcel de Paraná hasta la vivienda de su abuela en Gualeguaychú.

Al finalizar el encuentro, la joven fue trasladada nuevamente al penal. El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N°2 de Gualeguaychú ordenó el traslado solicitado por el defensor de Galarza, Eduardo Gerard, luego de constatar con un médico forense la situación de salud de la familiar. Estas salidas transitorias por motivos humanitarios son poco frecuentes y requieren un análisis particular de la situación médica.

El inspector Mondragón detalló el manejo reservado del caso para evitar disturbios debido a la exposición mediática del perfil de la interna. Antes de iniciar la visita, el personal penitenciario revisó el domicilio y supervisó todos los movimientos. Tras cumplirse el tiempo estipulado, Galarza regresó a la unidad, donde, según indicaron las autoridades, ha mejorado el comportamiento y ha bajado su perfil.

"Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio", señaló Mondragón.

Actualmente, la interna participa en actividades laborales y de capacitación. En el último año, recibió el título de operador preventivo en Salud Mental, un paso intermedio en su formación en Psicología Social. Además, asiste a talleres de yoga y meditación, y brinda clases de gimnasia tras haberse recibido de personal trainer dentro del penal.

Nahir Galarza fue condenada en 2018 por homicidio calificado por el vínculo. El hecho ocurrió en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando Fernando Pastorizzo fue hallado con dos disparos. La sentencia quedó firme en julio de 2019, determinando la pena máxima prevista en el Código Penal.

Recientemente, allegados a la joven advirtieron sobre la existencia de perfiles falsos en redes sociales que utilizan su nombre e imágenes editadas con inteligencia artificial para solicitar dinero. Desde su entorno aclararon que ella no realiza colectas ni pide transferencias a sus seguidores, calificando estas publicaciones como simulaciones engañosas.

Dos sospechosos por el crimen del docente universitario David Walter Aguirre en su domicilio del barrio porteño de Caballito a comienzos de marzo, fueron detenidos en la localidad bonaerense de Tres de Febrero tras una exhaustiva investigación, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

El cuerpo de Aguirre fue encontrado el 4 de marzo pasado en su casa, ubicada en la calle Hidalgo al 300, por una empleada y allí las autoridades informaron que la víctima estaba maniatada con precintos y con un trapo en la boca.

Desde un comienzo de la pesquisa los investigadores tuvieron como principal hipótesis que se trató de un caso de viudos negros debido a que los ingresos de la vivienda no estaban forzados, por lo que Aguirre conocía al agresor, y la casa se encontraba revuelta.

Con el paso de los días, los encargados de la causa comenzaron a seguir el rastro de un hombre que había ingresado al departamento de Aguirre y que se retiró horas después.

Tras las investigaciones, que incluyeron el análisis de las cámaras de la zona, los detectives determinaron que el principal involucrado se escondía en la casa de un amigo en Loma Hermosa, Tres de Febrero, por lo que se realizó el allanamiento donde ambos sospechosos fueron detenidos.

Las capturas estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones Comunales 6 (DIC6) de la Policía de la Ciudad.

Un dato aportado es que el principal acusado del homicidio ya era investigado por otro hecho del tipo “viudo negro” ocurrido el 10 de febrero último, también en Caballito, donde la víctima resultó herida de dos balazos.

La pesquisa actual se desarrolló con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 58, a cargo de Jorge Héctor Emilio Fernández. (NA).

La madrugada de ayer terminó en tragedia en Mar del Plata, cuando un hombre de 30 años perdió la vida tras una violenta pelea a la salida de un boliche ubicado en la zona de Batán.

El incidente se registró sobre la Colectora y la calle 132, donde, según los primeros reportes, se habría originado una disputa que derivó en un ataque físico directo contra la víctima.

Producto de los golpes recibidos, el hombre quedó desvanecido en el suelo con una lesión gravísima en el cráneo que resultó irreversible. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), los médicos confirmaron su deceso poco después de su ingreso.

La respuesta policial inmediata permitió la captura de un sospechoso de 18 años, quien quedó detenido y a disposición de la justicia bajo la imputación de homicidio.

Además de este arresto, los efectivos debieron demorar a una mujer de 24 años que se encontraba en el lugar.

Según informaron fuentes de la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, la joven intentó obstaculizar de manera violenta las tareas periciales en la escena del crimen, buscando evitar que los agentes resguardaran las pruebas necesarias para la causa.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Leandro Arévalo, quien ya dispuso una serie de medidas urgentes para reconstruir el hecho. Durante la jornada de ayer se llevó a cabo el relevamiento de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para identificar si hubo más participantes en la gresca.

Asimismo, se aguardan los resultados de la autopsia para precisar si se utilizó algún elemento contundente durante el ataque o si las lesiones fueron producto exclusivamente de golpes de puño y caídas. (NA).

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, expresó sus condolencias con la madre de Jeremías Monzón luego de recibirla en la Cámara alta y manifestó: “Realmente no hay palabras que alcancen”.

Bullrich publicó una imagen junto a Romina Monzón en las redes sociales que “escucharla hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago”.

“Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia queda destruida para siempre”, sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En este sentido, agregó que los menores de edad que cometen ilícitos graves “se llevan una vida a sangre fría y sin consecuencias solo por su edad”.

Según la senadora, “esto no es política”, sino que significa “estar del lado de los que sufren y decir basta de una vez”.

“No puede volver a pasar”, concluyó Bullrich tras la reunión con la madre del adolescente de 15 años y sus abogados en el Senado.

Un violento episodio conmocionó este domingo por la tarde a la localidad de Ostende, en el partido de Pinamar, donde un hombre de 71 años mató de un disparo en el cuello a su hijo, de 36, en el marco de una discusión familiar.

El hecho salió a la luz tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una persona fallecida en una vivienda ubicada en la calle Lértora al 500, entre Espinosa y Atenas, a poco más de una cuadra de la avenida Central y a unas diez manzanas del mar.

Al arribar al lugar, efectivos de la SubDDI de Villa Gesell se entrevistaron con el dueño de casa, un jubilado identificado como Raúl O., quien brindó de manera espontánea su versión de lo ocurrido. Según relataron fuentes del caso, el hombre explicó que mantuvo una fuerte discusión con su hijo Ezequiel, quien presuntamente lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero.

De acuerdo con ese testimonio, el acusado tomó un arma de fuego tipo pistolón y efectuó un disparo que impactó en el cuello del joven. Gravemente herido, Ezequiel alcanzó a caminar unos 50 metros antes de desplomarse en la vía pública.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena y posteriormente trasladó el cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte. En paralelo, investigadores relevaban cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y tomaban declaración a posibles testigos.

Raúl O. fue aprehendido y quedó imputado por homicidio en el marco de una causa caratulada como disputa familiar. La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.