Un estremecedor episodio de violencia sacudió este martes a la comunidad de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría. Un hombre de 50 años, identificado como Damián Darío Santillán, asesinó a su pareja, Laura Susana Prediger de 43 años, a su hijo de 11 años, Santino, y a su madre, Susana Castillo Toscanini de 73 años.

El hallazgo de los cuerpos se produjo durante la mañana en una propiedad ubicada en la calle Los Claveles al 700. Según informaron fuentes policiales, los efectivos acudieron al lugar tras recibir un llamado al 911. Al ingresar a la vivienda, encontraron a Laura Susana Prediger sin vida en el sector del comedor, mientras que el cuerpo de su hijo Santino fue hallado en una de las habitaciones. En ese mismo dormitorio, los investigadores secuestraron una escopeta de doble caño, la cual habría sido utilizada para cometer los crímenes.

Posteriormente, al inspeccionar una vivienda lindera con acceso por la calle Alfonso Amat, la policía encontró el cuerpo de Susana Castillo Toscanini en el piso de la cocina.

Mientras la Policía Científica realizaba las pericias correspondientes en la escena del triple crimen, un nuevo aviso alertó a las autoridades alrededor de las 7.30 sobre un accidente fatal en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco. Un hombre había muerto tras arrojarse al paso de un camión Mercedes Benz. Tras las tareas de identificación, se confirmó que el fallecido era Damián Darío Santillán, el principal sospechoso de los asesinatos.

Un estremecedor crimen conmocionó a la localidad bonaerense de La Reja, en el partido de Moreno, donde un hombre de 41 años fue encontrado asesinado con más de 20 puñaladas y una bolsa de nylon colocada sobre la cabeza. Por el hecho fueron detenidas su esposa, de 42 años, y una de sus hijas, de 23, quienes quedaron imputadas por homicidio agravado por el vínculo.

El episodio ocurrió en una precaria vivienda ubicada sobre la calle San Nicolás al 3300, en el barrio Cascallares. La víctima fue identificada como Alberto Federico Araoz Arocena, quien mantenía una relación de pareja desde hacía más de dos décadas con una de las acusadas.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron el cuerpo del hombre tendido sobre una cama, rodeado por un charco de sangre. En el interior de la casilla también estaban las dos mujeres, quienes, según trascendió, se encontraban en estado de shock.

Las detenidas fueron identificadas como Edith Elizabeth Castellano y Florencia Anabella Araoz, esta última una de las cinco hijas del matrimonio.

Las denuncias de violencia familiar

Con el avance de la investigación comenzaron a conocerse testimonios de vecinos que describieron un contexto de presunta violencia familiar dentro de la vivienda.

Según relataron habitantes del barrio, el hombre tenía comportamientos violentos y eran frecuentes los gritos y las discusiones que provenían del domicilio.

"Era muy violento", aseguró uno de los testimonios recogidos en la zona. Otros vecinos señalaron que la esposa del fallecido "estaba permanentemente golpeada" y que solía utilizar ropa que cubría gran parte de su cuerpo, presuntamente para ocultar lesiones.

De acuerdo con la información publicada por el portal Primer Plano Online, ambas mujeres presentaban hematomas en distintas partes del cuerpo, con diferentes tiempos de evolución, una circunstancia que será analizada en el marco de la investigación judicial.

Al momento de ser detenidas, las acusadas manifestaron que atravesaban una situación de violencia extrema y aseguraron que la esposa de la víctima era sometida a torturas por parte del hombre.

Sin embargo, esas expresiones fueron realizadas fuera de una declaración judicial formal y deberán ser corroboradas mediante las pruebas que se incorporen al expediente.

Las dos mujeres se negaron a declarar

La causa quedó en manos de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien dispuso la imputación de ambas mujeres por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

Al ser convocadas a prestar declaración indagatoria, las dos acusadas hicieron uso de su derecho a guardar silencio y se negaron a declarar ante la representante del Ministerio Público Fiscal.

La Justicia busca ahora reconstruir la secuencia de los acontecimientos que terminaron con la muerte de Araoz Arocena y determinar cuál fue la participación de cada una de las detenidas.

Uno de los aspectos centrales de la investigación será establecer si existían antecedentes de violencia familiar y en qué circunstancias se produjo el ataque.

Por el momento, las dos mujeres permanecen detenidas, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer el crimen y determinar si el contexto de violencia denunciado tiene relación directa con lo ocurrido.

El estado de Tennessee se prepara para ejecutar a Christa Pike, quien se convertirá en la primera mujer en recibir la pena capital en dicha jurisdicción en más de 200 años. La mujer, de 50 años, fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995, cuando ambas participaban en un campamento de formación laboral.

El crimen, que conmocionó a la ciudad de Knoxville, involucró a Pike y a su entonces novio, Tadaryl Shipp. Según los testimonios judiciales, la víctima fue torturada y asesinada, hallándose en su cuerpo un pentagrama grabado. Mientras que Pike recibió la pena de muerte, Shipp, quien tenía 17 años en aquel momento, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Este lunes, el gobernador Bill Lee rechazó formalmente la solicitud de clemencia presentada por la defensa. En un comunicado oficial, el mandatario expresó:

Tras considerar detenidamente la solicitud de clemencia de Christa Gail Pike y revisar exhaustivamente el caso, mantengo la sentencia del estado de Tennessee y no tengo previsto intervenir.

Los abogados de la condenada argumentaron que, de ser juzgada en la actualidad, no recibiría la pena de muerte, citando un historial documentado de abuso sexual infantil, abandono y negligencia que no fue debidamente considerado por el jurado original. Sandra Babcock, experta en género y pena de muerte de la Facultad de Derecho de Cornell, señaló que el caso resulta conmovedor debido a la combinación de violencia sufrida en la infancia, la juventud de la acusada al momento del hecho y su salud mental.

Por su parte, Ashlee Sellars, allegada a Pike, relató que la condenada ha solicitado que sus seres queridos no presencien el momento de su ejecución.

Ella no quiere que pasemos por eso

, afirmó Sellars. En contraste, la madre de la víctima ha manifestado su deseo de que la sentencia se cumpla para que su hija pueda descansar en paz.

A más de un año del fatal accidente, el tiktoker Agustín López Gagliasso, de 22 años, fue condenado a 16 años de prisión por el Tribunal de Rosario. El joven fue hallado culpable de los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves, tras haber atropellado y causado la muerte de Tania Gandolfi, de 41 años, y de su hija Agustina García, de 17.

El siniestro ocurrió el 21 de enero de 2025 en la intersección de la avenida Arturo Illia y Presidente Roca. Según la reconstrucción de la fiscal Valeria Piazza, de la Unidad Fiscal especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos, el acusado circulaba en su Peugeot 206 a una velocidad de 120,7 kilómetros por hora tras iniciar una persecución contra un motociclista. Al realizar maniobras en zigzag, perdió el control, subió a la vereda e impactó contra las víctimas que se encontraban junto a un semáforo.

Durante el juicio, que comenzó el 7 de septiembre, se presentó el testimonio de una joven que viajaba en el vehículo del condenado:

Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo. Al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto. Estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente.

El tribunal, integrado por los jueces de primera instancia Silvana Lamas Gonzalez, Valeria Pedrana y Paula Álvarez, también impuso una inhabilitación para conducir por 10 años. La fiscalía sostuvo que el acusado actuó con dolo eventual al circular al doble de la velocidad permitida, señalando que el condenado representó el resultado como una posibilidad seria, sin desistir de su accionar.

Además de las víctimas fatales, otras tres personas sufrieron lesiones leves en el hecho. Agustín López Gagliasso deberá cumplir la pena impuesta en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

La Justicia rechazó la recusación presentada por la defensa de Cristian “Pity” Álvarez contra los integrantes del tribunal y el fiscal que intervienen en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. De esta manera, el debate podría continuar el próximo lunes 14 de septiembre, aunque los abogados del músico anticiparon una nueva presentación.

Según informaron fuentes del caso, el planteo había sido realizado por los defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños contra los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, y contra el fiscal Sandro Abraldes.

La recusación fue rechazada este viernes por el camarista Gustavo Bruzzone, quien consideró que la defensa no logró acreditar elementos suficientes para sostener un temor objetivo sobre la imparcialidad de los magistrados.

“La defensa no logra demostrar que se configure un supuesto de los previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni la existencia de circunstancias que permitan inferir de modo razonable un temor de parcialidad”, sostuvo Bruzzone en su resolución.

El magistrado señaló además que los abogados expresaron principalmente su desacuerdo con distintas decisiones adoptadas por los jueces durante el juicio, pero que esas resoluciones fueron tomadas dentro de las facultades que posee el tribunal para conducir el debate y no representan por sí mismas un adelantamiento de opinión.

Tras conocer el fallo, los defensores de Álvarez comenzaron a analizar una nueva estrategia judicial y cuestionaron la resolución. Según adelantaron, consideran que debería declararse nula “porque no hicieron la audiencia, ni produjeron la prueba”.

“Vamos a evaluar la situación y a interponer un recurso de inconstitucionalidad”, anticiparon los abogados, quienes remarcaron que difícilmente obtengan una respuesta antes del lunes, fecha prevista para la reanudación del debate.

El planteo de recusación había sido presentado durante la audiencia del lunes 7 de septiembre. El juicio retomaba entonces su actividad luego de una suspensión provocada por una descompensación de Pity Álvarez, pero antes de que comenzaran nuevas declaraciones la defensa cuestionó formalmente al tribunal y al fiscal.

En aquella oportunidad, los abogados mencionaron distintas circunstancias que, según argumentaron, “permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal”. Entre otros puntos, cuestionaron decisiones vinculadas con testimonios y la negativa a incorporar un informe médico que advertiría sobre los posibles riesgos que el desarrollo del juicio podría ocasionar en la salud del acusado.

Luego del rechazo, la defensa volvió a intentar frenar la audiencia prevista para el lunes 14 y acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de un recurso de inconstitucionalidad, los abogados solicitaron la nulidad de la resolución de Casación y pidieron que se suspenda el debate oral hasta que el Tribunal Superior resuelva el planteo sobre la supuesta falta de imparcialidad de los magistrados.

La defensa reclamó además una decisión de carácter “urgente” o “inmediato”, al considerar que una resolución posterior al comienzo o finalización de la audiencia del lunes podría volver abstracto su pedido.

De manera subsidiaria, solicitaron que, si el Tribunal Superior entiende que cuenta con elementos suficientes para resolver la cuestión, haga lugar directamente a la recusación y ordene una nueva integración del Tribunal Oral N.º 29.

Mientras se aguarda una definición sobre esta última presentación, el juicio contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el crimen de Cristian Díaz continúa previsto para el lunes 14 de septiembre.

El anestesiólogo Horacio Esteban Martínez Cerana fue imputado por homicidio culposo en el marco de la investigación por la muerte del futbolista de la Reserva de San Telmo Camilo Nuin, de 18 años, que murió el 25 de junio de 2025 durante una cirugía de rodilla programada en una clínica de Adrogué.

La imputación fue comunicada por la familia de Nuin a través de la cuenta de Instagram Justicia x Camilo Nuin, donde señalaron: “Tenemos al fin un imputado en la causa por la muerte de Camilo Nuin” y aclararon que la decisión “no es una condena” y que la Justicia deberá determinar las responsabilidades.

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Carlos Pérsico, quien desde el inicio de la investigación busca determinar si existió un nexo causal entre la intervención quirúrgica y la muerte del joven.

Nuin era jugador de la Reserva de San Telmo. El 25 de junio de 2025 ingresó a la Clínica Espora, en Adrogué, para someterse a una intervención programada por una lesión en los meniscos y ligamentos cruzados de la rodilla. Durante la operación sufrió un paro y murió.

La investigación fue iniciada inicialmente bajo la carátula de “homicidio culposo” y tuvo como uno de sus objetivos establecer si la administración de la anestesia pudo haber incidido en el desenlace. Los padres del futbolista declararon ante el fiscal y solicitaron la incorporación de un perito de parte para participar de la autopsia.

En aquel momento, el padre de Camilo había relatado que el cirujano les informó que el joven había entrado en paro durante la intervención y que, según lo que les habían explicado, se investigaba si podía haberse producido un error relacionado con la anestesia. “No lo puedo certificar hasta después de la autopsia”, había señalado entonces. NA

El juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de CristianDíaz finalmente comenzará hoy, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal yCorreccional 29 ratificara la fecha y rechazara el pedido de suspensiónpresentado por la defensa del músico.

Tras años de idas y vueltas judiciales, el debate se iniciará en horario matutinoen los tribunales porteños para juzgar al exlíder de Viejas Locas e Intoxicadospor el hecho ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano en julio de 2018.

La defensa del imputado pretendía frenar las once audiencias previstas paraagosto y septiembre bajo el argumento de que existían recursos pendientes deresolución que impedían avanzar según el artículo 353 del Código ProcesalPenal de la Nación, pero los magistrados respaldaron la postura de la fiscalía.

El fiscal Sandro Abraldes, al frente de la Fiscalía General 27, se opusoformalmente al planteo de la defensa y dictaminó: “La realización del debate esel ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías delimputado. En efecto, se trata del escenario para resolver definitivamente lascontroversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente susfacultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso”.

Abraldes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, remarcó ademásque “la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividadriesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial,cuanto menos, en las condiciones actuales que presenta su asistido”, haciendoreferencia a las recientes reapariciones públicas del cantante en recitales,entrevistas y publicaciones en redes sociales.

A su turno, el juez Gustavo Goerner encabezó el voto del tribunal -al queadhirieron los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro- y ratificó laaptitud psiquiátrica del acusado basándose en las conclusiones periciales.“Vale reiterar que la capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sidoconstatada por el Cuerpo Médico Forense, cuando se informó que, del análisisintegral de la documental y de las evaluaciones realizadas surge que el causante dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instanciasque conforman el proceso penal”, sostuvo la resolución.

Asimismo, el magistrado advirtió que el trámite no podía supeditarse atratamientos de rehabilitación de duración indefinida, señalando que “bastaríacon que aquel se negara al tratamiento o lo entorpeciera -voluntariamente o no-, para lograr la postergación indefinida del debate”, sumado al deber del Estadode velar por el derecho de las víctimas a obtener celeridad y justicia.

El expediente principal reconstruye lo sucedido durante la madrugada del 12 dejulio de 2018, cuando Álvarez y Díaz mantuvieron una discusión en el complejohabitacional Samoré.

En medio de la pelea, el artista extrajo una pistola calibre 6.35 del bolsillo de sucampera y le disparó en la cabeza a la víctima; una vez que esta cayó al suelo,le propinó tres disparos más en la misma zona antes de darse a la fuga,provocándole lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna.

La causa había alcanzado la instancia de juicio en noviembre de 2018, pero en2021 y marzo de 2023 el trámite fue frenado debido a los dictámenes delCuerpo Médico Forense sobre su salud mental.

Adicionalmente, en este proceso el músico responderá por los delitos deprivación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en perjuicio de sumánager y una amiga, cometidos en noviembre de 2016. (NA).

Una sangrienta balacera registrada en la noche del sábado dejó un saldo de al menos seis personas asesinadas a tiros y dos heridas de gravedad en las afueras de la Ciudad de Guatemala.

El ataque armado tuvo lugar en el municipio de Villa Canales, en el departamento central del país centroamericano, en circunstancias que están bajo investigación judicial.

Las víctimas fatales fueron identificadas como cuatro jóvenes menores de 23 años, un hombre de 29 años y una mujer de 58 años, según confirmaron las autoridades de los cuerpos de socorro que acudieron al lugar de los hechos.

El trágico episodio se desató en el sector conocido como Boca del Monte, en la vía pública frente a una residencia particular. Tras los disparos, los socorristas desplegaron un operativo de emergencia en la zona para asistir a los sobrevivientes.

“Paramédicos brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a dos personas heridas: un hombre hacia la emergencia del Hospital Roosevelt y una mujer hacia la emergencia del IGSS 7/19, para recibir atención médica especializada”, precisó el reporte médico emitido por los bomberos municipales.

Entre las personas fallecidas figuraron dos jóvenes conocidos por su constante actividad en las redes sociales.

La Agencia Noticias Argentinas pudo saber que este nuevo episodio de violencia criminal se suma a una serie de antecedentes recientes en la región metropolitana, como el ataque registrado en abril pasado cuando cinco personas fueron acribilladas dentro de una cevichería en el norte de la capital, atribuido presuntamente a integrantes de pandillas.

Los indicadores oficiales reflejan que los asesinatos cometidos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante el año 2025 en comparación con el período anterior.

Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se contabilizaron 3.020 víctimas fatales por disparos, frente a las 2.910 personas registradas en 2024. (NA).

Un joven de 26 años en situación de calle fue asesinado de un disparo en el pecho durante la madrugada de este sábado en la localidad platense de Los Hornos, en un hecho por el cual la Policía de la Provincia detuvo horas más tarde en la localidad bonaerense de Merlo al principal sospechoso del ataque.

La víctima fue identificada como Gabriel Alejandro Lezcano, quien recibió el impacto de arma de fuego en la intersección de las calles 72 y 152.

Tras la agresión, el herido fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención situada en 153 y 66 por su hermano de 33 años, Emiliano Gabriel Adrián Lezcano, aunque ingresó sin vida al centro de salud como consecuencia de la gravedad de la lesión.

De acuerdo con la declaración de la denunciante incorporada a la causa, alrededor de la 1:45 de la madrugada escuchó que llamaban a la puerta de su vivienda.

Al mirar por la mirilla observó a su hermano y, casi al mismo tiempo, advirtió que una motocicleta se detenía en el lugar. Instantes después, Gabriel salió corriendo y se escuchó un disparo.

Al salir de la finca, el hombre encontró a su familiar herido y aseguró haber reconocido al agresor como Leonel Emanuel Nelli, de 35 años, quien escapó como acompañante en el vehículo de dos ruedas conducido por un individuo que no fue identificado.

Según las actuaciones judiciales, el conflicto tuvo su origen en que la víctima mantenía una relación sentimental con la expareja del ahora detenido.

Tras el hecho, las tareas investigativas establecieron que el acusado se había dirigido hacia la localidad bonaerense de Merlo, donde residiría una hermana, lugar en el que finalmente fue localizado y aprehendido por el personal policial.

La causa, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, quedó caratulada como homicidio e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 8 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, con la participación del Juzgado de Garantías 3, dirigido por el juez Pablo Raele.

Fuentes del caso indicaron que el detenido contaba con antecedentes por robo agravado, portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento, mientras que la víctima también registraba antecedentes penales por robo agravado y pedidos de paradero vigentes en años anteriores. (NA).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió los detalles del acuerdo judicial alcanzado por Yusiel López Insúa, el capitán de la remolcadora que provocó la tragedia náutica en Miami Beach el 28 de julio del año pasado, donde falleció Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena.

El acusado, de 46 años y residente en Miami, se declaró culpable del delito de homicidio involuntario cometido por un marino. Según el reporte oficial, el capitán operaba una embarcación que arrastraba una barcaza de construcción con la visibilidad frontal obstruida por una grúa y una caseta, sin haber asignado a ningún vigía para supervisar la trayectoria.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, señaló en un comunicado:

Insúa operaba un remolcador que empujaba una enorme barcaza con la visibilidad obstruida. No asignó a ningún vigía y utilizó su teléfono celular mientras navegaba. Admitió que su incumplimiento delictivo, al no seguir las normas básicas de seguridad marítima, causó esta colisión mortal.

La investigación reveló que el capitán utilizaba su teléfono celular para navegar en plataformas de comercio electrónico incluso en el momento del impacto. La barcaza terminó pasando por encima del velero donde se encontraban Mila Yankelevich, de siete años; Erin Ko, de 13, y Arielle Buchman, de 10, quienes perdieron la vida en el acto.

Tras admitir su responsabilidad para evitar el juicio, la fiscalía recomendó una condena de un año de prisión y seis meses de arresto domiciliario. El Departamento de Justicia indicó que un juez de distrito federal será quien determine la sentencia final, considerando que el acusado se enfrenta a una pena máxima de hasta 10 años de cárcel.

Por su parte, el abogado defensor Walter Reynoso manifestó tras la audiencia:

Él se siente pésimo por el dolor y la pérdida inimaginables que sufrieron las tres familias que perdieron a sus tres hijas, que eran muy pequeñas.

Cabe recordar que los padres de la menor, Tomás Yankelevich y Sofía Reca, iniciaron en febrero una demanda por muerte por negligencia contra la empresa Waterfront Construction, propietaria de la barcaza involucrada en el siniestro.

Una discusión por los límites de un terreno en el barrio Parque Camet, en Mar del Plata, terminó con un hombre grave luego de ser apuñalado por uno de sus vecinos, quien continuará alojado en la Unidad Penal número 44 de Batán al dictársele la prisión preventiva mientras avanza la investigación criminal.

El agresor es Víctor Hugo Brito y fue imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa” tras el ataque perpetrado contra Pablo Zacestz.

De acuerdo a las constancias de la causa judicial, el conflicto se originó cuando Brito mantuvo una disputa con los hijos de la víctima por la delimitación de un lote y arremetió contra el hombre con un arma blanca.

La puñalada impactó en la zona abdominal, lo cual le provocó una grave herida que requirió atención médica inmediata y, según sostiene la hipótesis de la fiscalía, el ataque puso en riesgo la vida del damnificado.

Con esos elementos probatorios, el fiscal Carlos Russo solicitó formalmente que Brito permaneciera privado de su libertad durante el proceso.

El pedido fue aceptado por el juez de Garantías Juan Tapia, quien convirtió la detención en prisión preventiva al considerar que la acusación está debidamente respaldada por distintas pruebas reunidas durante la etapa de instrucción.

Entre los elementos valorados por el magistrado para convalidar la medida de coerción figuran las actuaciones policiales originas el día del hecho, los informes médicos sobre la gravedad de la lesión, las actas de allanamiento y detención, además de las declaraciones testimoniales que se incorporaron al expediente.

Asimismo, los familiares de la víctima denunciaron ante las autoridades que, incluso después del ataque, el acusado continuó hostigándolos de forma sistemática en el barrio.

En sus declaraciones afirmaron que el agresor tiraba piedras contra la propiedad y los amenazaba de muerte cuando pasaba por el frente del domicilio.

Con respecto a estas conductas, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, uno de los testigos presentados en la causa indicó: “En la semana siguiente, se emborrachaba y gritaba de la esquina, le decía ‘vigilante te voy a matar’. Insultaba, amenazaba. Todos los días estaba así”.

El juez Tapia también tuvo en cuenta que varios de los vecinos manifestaron un marcado temor al momento de prestar declaración ante el personal policial, una circunstancia que, según sostuvo en su resolución escrita, podría afectar el normal desarrollo de la causa si el imputado recuperara la libertad.

La prisión preventiva será revisada dentro de un plazo máximo de 60 días, período en el cual la Justicia analizará el avance de la investigación y evaluará si continúan vigentes los motivos que justifican que el acusado permanezca detenido. (NA).

En el Centro de Justicia Penal de Rosario se llevó adelante la audiencia imputativa al identificado como Fernando Sebastián Vázquez (45) por los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor y en grado de consumado; tenencia Ilegítima de arma de fuego de uso civil, en carácter de autor; robo de vehículo dejado en la vía pública, en carácter de autor y en grado de consumado.

El Juez de Primera Instancia, Fernando Postma, tuvo por formalizada la acusación, disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 13 de marzo de 2027, destaca el escrito.

Los fiscales Agustina Eiris, Patricio Saldutti e Ignacio Hueso, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, atribuyeron junto a A.Z. (ya imputado), A.V. (ya imputado) y otras dos personas no individualizadas, haber tomado parte en el homicidio de Raúl Daniel Attardo y Andrés Alejandro Bracamonte, en zona de Boulevard Avellaneda y Reconquista (Rosario), cuando salía de un partido.

La investigación se estableció que los acusados, utilizando diversos vehículos, dieron muerte a Bracamonte y Attardo de diversos disparos con un arma de fuego.

Bracamonte y Attardo fueron asesinados en la noche del 9 de noviembre de 2024 sobre la calle Avellaneda tras la derrota del Canalla ante San Lorenzo en el estadio Gigante de Arroyito.

El líder de la barra durante casi 30 años y su ladero se subieron a la camioneta luego del partido, pero nunca observaron que un auto los seguía por detrás. Al llegar a la calle con la luz cortada, dos personas se bajaron del rodado y los acribillaron de al menos once balazos.

Disparos, gritos y el asfalto manchado de sangre. Uno de los líderes narcos en el fútbol había sido asesinado y el temor se asomó durante semanas ante una posible represalia.

Esta presunción estuvo ligada a lo expresado por la propia víctima, quien comentó sobre qué podía llegar a pasar en Rosario si algún día lo asesinaban, después de los 29 intentos previos: “Si me matan la ciudad se incendia. Los Menores se quieren quedar con parte de la ciudad”. NA

A dos años de la masacre de Barracas, donde tres mujeres lesbianas fueron brutalmente asesinadas y una cuarta resultó gravemente herida, la Justicia confirmó que el juicio oral y público comenzará el 18 de mayo, sin embargo, allegados a la querella advirtieron que falta analizar prueba determinante para la causa.

Fuentes del caso dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas y señalaron que el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires tiene pendiente la realización de pruebas suplementarias que “se vienen pidiendo y debían llevarse a cabo” desde mayo desde 2024.

“Las medidas son importantes y no está claro que su resultado esté antes del juicio. Según el Código Procesal Penal de la Nación, toda la investigación tiene que estar lista antes del debate, sobre todo si es prueba que puede ser dirimente, como, por ejemplo, el análisis de los rastros del crimen donde se cometió el hecho y los hisopados tomados en las autopsias”, explicaron.

En este sentido, subrayaron que se trata de “fallas de la investigación que se arrastran desde el principio”, a raíz de que el juez Edmundo Rabbione, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº14, nunca abordó el caso con perspectiva de género.

Además, el actual tribunal consideró “improcedente” la historia de vida de las víctimas, por lo que “hay un montón de prueba que no quieren escuchar”, añadieron.

Justo Fernando Barrientos es el único imputado por atacar con una bomba molotov y provocar un incendio en la habitación de la pensión que compartían Pamela Cobbas, Andrea Amarante, Roxana Figueroa y Sofía Castro Riglos en la calle Olavarría al 1600, barrio porteño de Barracas.

La querella solicitó que el acusado sea juzgado por cuádruple homicidio doblemente agravado por violencia de género (femicidio – artículo 80 inciso 11) y odio a la orientación sexual (lesbidicio – inciso 4), y en grado de tentativa (en el caso de Sofía), cuya pena en expectativa es la prisión perpetua.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió que se apliquen los agravantes de prejuicio a las víctimas, la alevosía y el peligro común.

“Hay elementos de prueba suficientes que demuestran que para el acusado fue determinante la orientación sexual de las víctimas para perpetrar el ataque. Todos coincidimos en eso”, subrayaron las fuentes consultadas por NA.

Los lesbicidios

Pamela Cobbas falleció el 7 de mayo de 2024, un día después del incendio, en el Instituto del Quemado. Luego Roxana Castro perdió la vida con el 90 por ciento de su cuerpo herido por el fuego dos días después, internada en el mismo lugar

Andrea Amarante, de 42 años y oriunda de un barrio periférico de la ciudad de Neuquén, falleció tras cinco días de agonía en el Hospital Penna.

Sofía Castro Riglos, de 49 años, sobrevivió a la masacre tras sufrir graves quemaduras y permanecer internada durante un mes en el Instituto del Quemado. (NA).

Un nuevo informe sobre inseguridad de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) indica que los asesinatos en dicha localidad bonaerense aumentaron más del doble en un año, lo que demuestra un preocupante y alarmante retroceso en materia de seguridad pública.

La última estadística por parte del Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas de San Martín, dependiente del Idaes y la Unsam, indica que los homicidios en San Martín se incrementaron un 122% en el último año, una cifra que refleja la inseguridad diaria que atraviesan los vecinos, no solo de dicha localidad, sino también en el Conurbano.

Lo que se detalla en el informe, según supo saber la Agencia Noticias Argentinas, es que los crímenes registrados en los primeros meses de 2026 “ya duplica lo observado en el mismo periodo de 2025”.

Desde la Universidad entienden que este aumento “se explica, en gran medida, por una reactivación de los conflictos entre bandas narco que se disputan el control de la comercialización de estupefacientes en asentamientos y zonas críticas. A diferencia de años anteriores, los peritos destacan una mayor ‘profesionalización’ de la violencia: el 90% de los casos involucra armas de fuego y ataques por encargo o ajustes de cuentas”. (NA).

Luego de un extenso período de suspensión, la justicia decidió reanudar el proceso judicial contra Cristian “Pity” Álvarez. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 fijó para el próximo 10 de agosto el inicio del juicio oral por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La resolución fue adoptada por tres jueces: Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes hicieron lugar al dictamen presentado por el fiscal general Sandro Abraldes. Según los magistrados, las facultades mentales del acusado se encuentran estabilizadas, lo que le permite comprender el alcance y las consecuencias del proceso penal en su contra.

El debate contará con un total de 11 audiencias que se desarrollarán entre los meses de agosto y septiembre. Asimismo, se ratificó que el músico tiene prohibido abandonar el país mientras dure el proceso. La situación judicial de Álvarez cobró relevancia pública recientemente cuando Marcelo Moura, integrante de la banda Virus, mencionó en el escenario del Gran Rex que el cantante no pudo participar de un show previsto debido a sus complicaciones legales.

Cabe recordar que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado de haber terminado con la vida de Díaz tras una discusión en la vía pública. Tras años de incertidumbre sobre su capacidad para enfrentar un juicio, los peritajes actuales determinaron que el trámite de las actuaciones puede continuar de manera efectiva, dado que el estado de salud actual del acusado permite reanudar el trámite.

El juicio oral y público contra el músico Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio cometido en julio de 2018 comenzará el 10 de agosto.

Según informó el sitio Fiscales, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires reanudó el proceso y determinó la realización de 11 audiencias entre agosto y septiembre, mientras que se le prohibió salir del país al cantante de 53 años.

Además, no podrá ausentarse de la Capital Federal sin autorización expresa de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes analizaron el pedido del fiscal federal Sandro Abraldes para reabrir la investigación luego del recital ofrecido por Álvarez en el estadio Mario Alberto Kempes.

“El show de tres horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”, consignó Abraldes en su dictamen.

Álvarez había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

A su vez, está acusado de amenazar, agredir y privar ilegítimamente de la libertad a su manager y amiga en noviembre de 2016. NA

La Justicia confirmó la fecha para el inicio del juicio oral contra el músico Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de un hombre ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. El proceso había permanecido suspendido durante varios años debido a cuestionamientos sobre su estado de salud mental, pero recientes peritajes permitieron destrabar la causa.

El cantante, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, está imputado por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. Tras el hecho, Álvarez se entregó y reconoció su participación, aunque desde entonces su situación judicial estuvo atravesada por evaluaciones psiquiátricas que demoraron el avance del expediente.

En ese contexto, el juicio había sido suspendido en 2021 luego de que la defensa argumentara que el músico no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. Sin embargo, nuevos informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense determinaron que actualmente cuenta con capacidades cognitivas suficientes para comprender las instancias judiciales y participar de su defensa.

A partir de estas conclusiones, la fiscalía impulsó la reanudación del proceso y solicitó la fijación de una fecha concreta para el debate oral. El planteo también se apoyó en la actividad reciente del artista, quien volvió a presentarse en escenarios musicales, lo que para los investigadores evidencia un nivel de funcionamiento incompatible con una incapacidad para ser juzgado.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que deberá evaluar las pruebas reunidas en la causa y determinar la responsabilidad penal del acusado. Además del cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, Álvarez enfrenta otras imputaciones vinculadas al mismo hecho.

Por su parte, la defensa sostiene que persisten dificultades en el estado de salud del músico y ha insistido en la necesidad de nuevas evaluaciones más profundas antes del inicio del juicio. No obstante, la fiscalía considera que no existen impedimentos para avanzar y que el caso debe resolverse tras años de dilaciones.

De este modo, la causa entra en una etapa clave, con la expectativa de que finalmente se realice el juicio oral por un crimen que generó fuerte repercusión pública y que, hasta ahora, no había llegado a instancia de debate.

El crimen de una comerciante a manos del dueño del local que alquilaba conmocionó a la comunidad de La Plata. La víctima, identificada como Paula Carolina Lastiris, de 47 años, fue atacada en su negocio de venta de cotillón y falleció tras ser trasladada al Hospital San Martín. El principal acusado, propietario del inmueble, ya se encuentra a disposición de la Justicia.

El trágico episodio ocurrió minutos después de las 17 del miércoles en el local “Repostillón”, ubicado en la calle 37 entre nueve y diez, en pleno barrio Norte de la capital bonaerense. Según los datos recabados, el hombre ingresó al comercio y efectuó al menos un disparo a la altura del pecho de la mujer. Algunos vecinos aseguraron haber escuchado hasta tres detonaciones en el lugar.

Tras el ataque, el agresor se retiró a pie. Testigos del hecho coincidieron en que el sospechoso se alejó con total parsimonia del sitio: “Salió caminando tranquilo”.

Esa secuencia fue uno de los aspectos que más impactó a quienes se encontraban en la zona y corrieron a auxiliar a la víctima. Paula Carolina Lastiris fue derivada de urgencia en estado crítico, pero horas más tarde se confirmó su fallecimiento como consecuencia de la herida de arma de fuego.

A partir de un llamado al 911, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar al acusado pocos minutos después. Efectivos del Escuadrón Motorizado, la UPPL y el SASU interceptaron al hombre de 49 años en la calle 35 entre siete y ocho, donde le secuestraron un revólver que sería el arma utilizada en el crimen.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien caratuló el expediente como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. El esposo de la víctima, Walter Romero, aportó un dato relevante a los investigadores al confirmar que existía un conflicto previo vinculado a una deuda por el alquiler, lo que se mantiene como la principal línea de investigación.

La víctima era una activa emprendedora que se encontraba en pleno proceso de expansión de su marca. Recientemente había anunciado la apertura de una nueva sucursal en el barrio Parque Sicardi a través de sus redes sociales: “Si sos de Sicardi tenemos un notición para vos”

El fiscal federal interino Sandro Abraldes solicitó a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional 27 la reanudación inmediata de la investigación contra el músico Cristián “Pity” Álvarez acusado de matar a un hombre en el barrio porteño de Villa Lugano y la fijación de la fecha para el comienzo del juicio.

La Fiscalía General sugirió que las audiencias tengan una duración de no más de tres horas, mismo tiempo que el recital brindado por el exlíder de Viejas Locas en diciembre en la provincia de Córdoba, cuando demostró “ser capaz de manejar, con un adecuado trabajo sobre sus competencias de organización, su atención y concentración”, conforme a la información del portal Fiscales.

“El show de tres horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”, consideró Abraldes en el documento.

A su vez, el fiscal consignó que en marzo peritos de la defensa y profesionales del Cuerpo Médico Forense concluyeron que el implicado “dispone de una reserva cognitiva para para afrontar las distintas instancias que componen el proceso penal”, mientras peticionó la desestimación de un recurso radicado por los representantes legales del artista para “una evaluación neuropsicológica profunda”, con el objetivo de lograr “la suspensión indefinida del juicio”.

Álvarez, que se presentará en Rosario, había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el asesinato de Cristian Díaz, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, el proceso quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico. NA