Una mujer fue trasladada al Hospital luego de un choque entre dos vehículos, registrado este jueves al mediodía en la intersección de Paraguay y Payró.

Según la información policial, la colisión involucró a un Peugeot 208, conducido por una mujer mayor de edad de apellido Fiordiseli, y una Peugeot Partner, al mando de un hombre mayor de edad de apellido Gómez.

Personal policial acudió al lugar a raíz del aviso sobre el siniestro y constató el impacto entre ambos rodados. También se hizo presente una ambulancia del SAME para brindar asistencia.

El equipo de emergencias dispuso el traslado de la conductora del Peugeot 208 al Hospital Ramón Santamarina, con fines asistenciales. El parte no precisó el carácter de las lesiones ni brindó detalles sobre su estado de salud.

Resta conocer las circunstancias en las que se produjo la colisión ni los sentidos de circulación de los vehículos involucrados.

La situación del Hospital Garrahan volvió a generar un cruce entre el Gobierno nacional y sectores gremiales. Ante las denuncias de desfinanciamiento y congelamiento de personal, el Ejecutivo rechazó los cuestionamientos y defendió la administración del establecimiento pediátrico.

La respuesta se conoció este miércoles, en la previa del acto convocado para este jueves a las 13 frente al hospital, donde los trabajadores prevén denunciar nuevos recortes. Desde el oficialismo atribuyeron la protesta a motivaciones políticas vinculadas con el próximo año electoral.

Uno de los principales argumentos del Gobierno estuvo relacionado con los salarios. Según señalaron fuentes del Ejecutivo, los haberes del personal acumularon un incremento global superior al 80% durante el último año.

En particular, sostuvieron que la suba del 61% registrada en noviembre del año pasado fue posible por el ordenamiento de las cuentas del hospital. De esa manera, rechazaron que el aumento hubiera sido consecuencia de las medidas de fuerza y los reclamos sindicales.

De acuerdo con la explicación oficial, el saneamiento financiero permitió destinar recursos a obras, salarios y equipamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la atención de los pacientes.

El Ejecutivo también negó que exista un congelamiento en la incorporación de trabajadores. Las fuentes gubernamentales afirmaron que el hospital “contrata personal cuando lo necesita” y sostuvieron que la dotación de cada área resulta adecuada para garantizar la atención.

Esa postura contradice los planteos de los sectores gremiales que impulsan la convocatoria, entre cuyos reclamos figuran las restricciones en materia de personal y el financiamiento del establecimiento.

En cuanto a las condiciones edilicias, desde el Gobierno aseguraron que recibieron un hospital con deterioro económico y de infraestructura. Mencionaron la existencia de camas y equipos con más de 30 años de antigüedad y atribuyeron esa situación a la falta de inversiones de administraciones anteriores.

Si bien defendieron las mejoras realizadas por la actual conducción, reconocieron que la recuperación demanda tiempo y afirmaron que “no se puede revertir en pocos años lo que no hizo ninguna gestión anterior”.

Otro de los ejes de la respuesta oficial fue la representatividad de la Junta Interna de ATE. Según las cifras aportadas por el Gobierno, el sindicato cuenta con unos 380 afiliados dentro del hospital, lo que equivaldría a menos del 10% de la planta.

Sobre esa base, las fuentes del Ejecutivo cuestionaron que la organización se pronuncie en nombre de la totalidad de los trabajadores y pusieron en duda el alcance del respaldo a la protesta.

Finalmente, negaron faltantes de insumos médicos y medicamentos básicos. Desde la administración nacional sostuvieron que todos los pacientes reciben la cobertura necesaria y rechazaron las denuncias de desabastecimiento.

Con posiciones enfrentadas sobre los recursos, la dotación de personal y las condiciones de funcionamiento, el conflicto tendrá una nueva instancia pública este jueves, cuando se concrete la convocatoria frente al establecimiento.

Epígrafe: El Hospital Garrahan quedó en el centro de un nuevo cruce entre el Gobierno nacional y sectores gremiales, que convocaron a un acto para este jueves.

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes por la tarde en la intersección de 25 de Mayo y 14 de Julio dejó como saldo a una mujer y su hijo de 12 años trasladados al Hospital Municipal Ramón Santamarina. Ambos circulaban en una motocicleta cuando se produjo una colisión con una camioneta, en un episodio que motivó la intervención de personal policial y de los servicios de emergencias.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro involucró a una camioneta Ford EcoSport, dominio OZV305, conducida por un hombre mayor de edad de apellido Málaga, y una motocicleta Keller, dominio A207QZQ, al mando de Diana Mendy, quien viajaba acompañada por su hijo de 12 años.

Luego de recibir el aviso sobre lo sucedido, efectivos policiales acudieron al lugar y constataron la colisión entre ambos vehículos. También se hizo presente una unidad del SAME, cuyo personal asistió a los ocupantes de la motocicleta y dispuso su traslado al centro asistencial para realizarles los controles correspondientes.

El estado de salud de los heridos

Con el correr de las horas se conocieron precisiones sobre el estado de salud de la mujer y del menor, quienes fueron evaluados por los profesionales del Hospital Municipal.

En el caso de Diana Mendy, los estudios médicos determinaron que sufrió un traumatismo en un pie. Debido a las características de la lesión, se indicó que continuará con tratamiento de manera ambulatoria, sin necesidad de permanecer internada.

Por su parte, el niño de 12 años fue sometido a una evaluación médica para establecer el alcance de las lesiones sufridas durante el accidente.

Según la información brindada desde el ámbito sanitario, el menor llevaba colocado el casco de protección al momento del impacto y pudo ingresar caminando al establecimiento asistencial.

Sin embargo, pese a que se encontraba en condiciones de desplazarse por sus propios medios, los profesionales detectaron un traumatismo abdominal y resolvieron mantenerlo bajo observación.

La medida busca controlar su evolución clínica y realizar el seguimiento correspondiente para determinar si presenta alguna complicación vinculada con el golpe recibido.

Por el momento, no se informó cuánto tiempo deberá permanecer en observación, por lo que su situación continuará sujeta a la evaluación de los médicos que lo asisten.

En tanto, las circunstancias que derivaron en la colisión entre la camioneta y la motocicleta no fueron precisadas oficialmente. La intervención policial permitió identificar a los vehículos y a sus conductores, mientras que la prioridad inmediata estuvo puesta en la asistencia de las dos personas que circulaban en el rodado menor.

El primer Mapa Mamográfico Federal de Argentina permitió visualizar por primera vez la distribución real de los equipos, su estado operativo y el acceso efectivo a los estudios de detección temprana del cáncer de mama. El informe, desarrollado por la Fundación Instituto Natura junto a Surcos Asociación Civil, contabilizó 1.498 mamógrafos en funcionamiento en el país, de los cuales 404 pertenecen al subsector público y 1.094 al ámbito privado y de obras sociales.

El estudio profundiza más allá del conteo de máquinas, analizando la red pública en cuanto a disponibilidad horaria, mantenimiento, digitalización y recursos humanos. De los 404 equipos públicos relevados en 375 establecimientos, 328 se encontraban operativos al momento del trabajo de campo. El informe advierte que uno de cada tres equipos en el sector público presenta limitaciones: 90 reportaron desperfectos técnicos y 46 estaban fuera de servicio.

La distribución territorial muestra una marcada disparidad. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad con 134 equipos, seguida por Santa Fe, Santiago del Estero, la Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos. Sin embargo, el reporte subraya que la cantidad absoluta no garantiza el acceso, ya que factores como la distancia, los horarios restringidos y la falta de personal técnico condicionan la atención.

El 42% de los equipos opera menos de seis horas por día, lo que limita la oferta de turnos. Además, 33 establecimientos carecen de personal técnico específico, mientras que el 49% del personal existente debe rotar entre el mamógrafo y otras tareas de diagnóstico. En cuanto al mantenimiento, el 46% de las instituciones realiza reparaciones solo ante fallas, y el 45% no cuenta con un contrato de servicio vigente.

Si bien el 26% de los equipos públicos fue incorporado entre 2020 y 2024, aún persiste una base tecnológica antigua. El 47% opera con tecnología digital indirecta, el 39,4% con digital directa y el 12,1% mantiene sistemas analógicos. Aunque el 66% de los centros cuenta con historia clínica informatizada, la falta de interoperabilidad sigue fragmentando el seguimiento de los pacientes.

El relevamiento concluye que, ante un sistema descentralizado donde el 77% de los turnos se otorga de manera presencial, resulta fundamental avanzar hacia una mejor articulación de la red para garantizar que la detección temprana llegue a toda la población objetivo.

El Gobierno nacional reglamentó este martes el pago de los extranjeros no residentes por la atención en hospitales nacionales, una medida que formaliza lo establecido por el DNU 366/2025 respecto a los cambios en la Ley de Migraciones. La normativa fue oficializada a través de la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial.

La resolución establece que, al momento de acreditar la residencia permanente, los pacientes deberán presentar el DNI que certifique dicha condición. En situaciones de extravío o renovación en trámite, se admitirá temporalmente la Constancia de Residencia Permanente en Trámite emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones a través del sistema Radex.

El artículo 1 de las Disposiciones Generales precisa que el procedimiento operativo es aplicable a todos los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. No obstante, el texto oficial incluye una excepción fundamental para proteger la integridad física de las personas:

“Queda exceptuada de la aplicación del presente toda prestación sanitaria destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible en la salud de la persona”.

En este sentido, la normativa subraya que, en casos de emergencia, no podrá negarse ni restringirse el acceso a la asistencia sanitaria a ningún extranjero, independientemente de su situación migratoria.

Un individuo fue detenido en el barrio porteño de Caballito luego de que se realizara un operativo cerrojo, coordinado mediante una compra controlada pactada a través de redes sociales. El sujeto había robado monitores del área de Terapia Intensiva del Hospital Fernández.

La investigación comenzó tras la denuncia de un empleado de la institución médica, quien advirtió que dos monitores multiparamétricos eran ofrecidos en una plataforma digital. Según detalló, el vendedor pedía 1 millón de pesos por ambos equipos, los cuales fueron identificados por sus características y número de serie como elementos sustraídos del centro de salud.

Con la autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 14, a cargo de Pablo Recchini y ante la secretaría de Laura Rongo, los efectivos guiaron al denunciante para simular la compra. El encuentro se concretó en una estación de servicio ubicada en el cruce de las avenidas La Plata e Independencia, donde el sospechoso fue reducido y detenido.

Al realizar la requisa, los agentes hallaron en poder del detenido, además de los monitores denunciados, un monitor de latidos fetales, una bomba de vacío y diversos instrumentales médicos de los cuales no pudo justificar su tenencia. El valor de mercado de los elementos recuperados asciende a los 9 millones de pesos.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 13, a cargo de Diego Slupsky y ante la secretaría 140 de Enrique De Schuttere. Las autoridades judiciales dispusieron el arresto del hombre, el secuestro de los elementos, su teléfono celular y el vehículo Chevrolet Spin azul en el que se trasladaba. Se informó que el detenido registra antecedentes por hurto y violencia de género.

Una situación de extrema gravedad se vivió en el Hospital Zonal de Esquel, donde un corte de energía eléctrica obligó a los médicos a finalizar dos cirugías utilizando únicamente la linterna de sus teléfonos celulares. El incidente, ocurrido en la provincia de Chubut, se produjo debido a una falla en el sistema de respaldo, que tardó más de 20 minutos en activarse o no respondió de manera automática.

El desperfecto no solo afectó la iluminación de los quirófanos, sino que interrumpió la ventilación mecánica anestésica, los monitores multiparamétricos, las torres de laparoscopía y los sistemas de aspiración. Ante la emergencia, el personal debió realizar maniobras manuales, como el puenteo de una llave térmica, para intentar restablecer el suministro.

El cirujano Hernán Navarro, quien participaba de una de las intervenciones, relató la complejidad del momento en declaraciones a eltrece:

Por suerte ya estaba terminando la laparoscopía y estábamos en la etapa de cierre de las incisiones, pero toda la parte de reanimación y recuperación del paciente se tuvo que hacer con la luz del celular.

En el quirófano contiguo, donde se realizaba una cirugía biliar compleja, la situación fue aún más delicada. Según explicó Navarro, el apagón general fue consecuencia de una intensa nevada, pero subrayó que el problema central radica en la vulnerabilidad del sistema interno de emergencia. El médico recordó que hace un año vivieron un episodio similar con un paciente apuñalado, hecho que fue denunciado oportunamente sin que se brindaran soluciones definitivas.

El Servicio de Cirugía presentó una denuncia formal calificando lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad que comprometió la seguridad de los pacientes. En el escrito, los profesionales deslindaron responsabilidades civiles, penales y administrativas, exigiendo una investigación técnica independiente para evaluar el estado del equipamiento biomédico, que pudo sufrir daños por las oscilaciones de tensión.

Desde la municipalidad atribuyeron el corte a una situación meteorológica extraordinaria. Mientras tanto, el personal de salud reclama una evaluación integral de la infraestructura del hospital, que funciona como centro de referencia para 14 localidades del noroeste de Chubut y enfrenta problemas edilicios desde hace décadas.

El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” envió el 8 de junio una carta formal a la directora provincial de Prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Nadia Daciuk. En la misiva, la institución desmiente los argumentos de la obra social para no abonar una deuda que asciende a 8.278.254.990,97 pesos en concepto de capital, sin contemplar los intereses por mora.

El documento, firmado por la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Mariel Sánchez, responde a la postura del gobierno bonaerense, que sostiene que el saldo restante no debe ser cancelado. Desde el hospital nacional emitieron un comunicado donde afirmaron:

“El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de 8.278 millones”. Asimismo, advirtieron que 814 niños esperan prótesis de la provincia de Buenos Aires para poder ser operados.

El conflicto, que se arrastra desde 2017, se agudizó tras las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien aseguró que la deuda había sido saldada. Por su parte, el presidente de IOMA, Homero Giles, señaló que cuentan con documentación técnica que justifica los débitos realizados y propuso una auditoría conjunta.

“Nuestra única finalidad es firmar un convenio nuevo con el Garrahan, ordenar la situación y si hay que corregir algún débito, desde ya que se corregirá”, expresó Giles.

La Gerencia de Finanzas y Contabilidad del hospital detalló que la deuda se divide en dos tramos: uno corriente, que asciende a 7.732.955.812,05 pesos, y otro judicializado por 545.299.178,92 pesos. El hospital sostiene que toda la documentación fue presentada en tiempo y forma, por lo que las facturas se encuentran firmes y exigibles.

El Garrahan rechazó categóricamente las acusaciones de IOMA sobre la falta de respaldo documental o precios excesivos en medicamentos, calificando de falsos los argumentos de la obra social. Finalmente, las autoridades del hospital enfatizaron que el intento de la provincia de trasladar obligaciones al Estado nacional afecta la sustentabilidad financiera del centro de salud, que atiende a más de 600.000 pacientes por año.

En la previa de una nueva movilización en defensa de la universidad pública, el Gobierno nacional confirmó que trabaja en la creación de una comisión de hospitales universitarios y reiteró que no modificará su política hacia las casas de estudio, pese a los reclamos de docentes, estudiantes y autoridades académicas.

La iniciativa fue anunciada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien explicó que el nuevo órgano estará integrado por los rectores de las universidades nacionales que tienen hospitales bajo su órbita.

La medida surge en medio de la controversia por el financiamiento del sistema universitario y luego de que la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciara la falta de transferencias para el funcionamiento de sus centros de salud.

En una entrevista brindada a distintos medios, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, Pettovello negó que la administración del presidente Javier Milei busque debilitar la educación superior estatal.

“Lo que nosotros queremos es hacer más eficiente, más inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad, algo distinto a lo que se hizo hasta el momento”, sostuvo la funcionaria.

Junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, Pettovello cuestionó la estructura administrativa de algunas universidades y señaló que existen instituciones con más cargos jerárquicos que alumnos. También sostuvo que varios rectores responden a intereses partidarios.

Álvarez explicó que el objetivo de la comisión será establecer criterios de distribución más equitativos para los hospitales universitarios de todo el país. Según indicó, hasta ahora la UBA concentraba la mayor parte de los recursos.

“Ante la UBA pedía plata y por lobby político se definía; casi el 70 por ciento de ese rubro iba para esa institución. Nosotros vamos a aplicar nuestro criterio junto con otros rectores”, afirmó.

El funcionario mencionó que universidades como las de Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata y otras instituciones del interior recibían pocos o nulos recursos, pese a contar con hospitales de referencia regional.

Como ejemplo, destacó el caso de la Universidad Nacional del Chaco Austral, que posee un hospital de relevancia para la región y, según sostuvo, no recibía financiamiento.

Además, Álvarez cuestionó la forma en que la UBA presenta sus pedidos presupuestarios. “La UBA te manda una hojita que dice ‘dame plata’. Los otros rectores envían seis hojas con un detalle de todos los ítems en los que van a gastar fondos”, aseguró.

En relación con la marcha universitaria convocada para este martes, tanto Pettovello como Álvarez consideraron que la protesta responde a intereses políticos y no exclusivamente académicos.

“Mañana van a estar actores que no tienen nada que ver con la comunidad universitaria, como la CGT o partidos políticos. El gobernador Axel Kicillof se fotografió con algunos rectores”, señaló Álvarez.

Por su parte, Pettovello insistió en que la Ley de Financiamiento Universitario no puede aplicarse en los términos planteados por la oposición, ya que, según afirmó, comprometería las cuentas del Estado nacional.

El subsecretario también reconoció que existe un atraso salarial para docentes y no docentes, aunque sostuvo que los gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo.

“Entre nada y medio vaso de agua, que fue lo que ofrecimos para después seguir discutiendo, prefieren nada”, concluyó.

 Entre 60 y 70 personas pasan por semana por alguno de los grupos gratuitos de cesación tabáquica que ofrece el Hospital Zonal Dra. Julieta Lanteri de Tandil, un dispositivo específico para dejar de fumar que surgió hace dos décadas y que, con el paso del tiempo, se consolidó como una referencia en el abordaje del tabaquismo dentro del sistema público de salud.

Actualmente, el espacio es coordinado por la médica generalista María San Miguel y la psicóloga Mercedes Buquete, quienes continúan una tarea iniciada hace 20 años por profesionales de distintas disciplinas.

El servicio que tiene la modalidad de encuentros grupales depende de este Centro de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de la provincia de Buenos Aires y está dirigido a toda la comunidad, sin distinción de cobertura médica. Es gratuito y, según señalaron sus coordinadoras, la demora para ingresar es baja, con un plazo que no supera el mes desde la inscripción.

El acceso comienza con una entrevista de admisión individual, que se solicita en Mesa de Entradas del Hospital, ubicado en Avenida España 101 (exdispensario).

Según explicó Buquete a El Eco de Tandil, ese primer contacto permite evaluar cada caso en particular antes de integrar a la persona a uno de los grupos. En esa instancia se indagan aspectos vinculados al consumo, la historia personal con el tabaco y la motivación para dejar de fumar, así como posibles enfermedades asociadas o tratamientos en curso.

A partir de allí, quienes deciden avanzar se incorporan a un grupo que funciona semanalmente.

En la actualidad hay seis grupos activos, con encuentros de una hora y una conformación de entre diez y doce personas cada uno. Las admisiones se realizan todos los jueves y, de acuerdo a la demanda, cada semana se suman nuevos participantes.

“Los interesados se tienen que anotar por Mesa de entradas, pedir un turno para la entrevista de admisión, que es individual. Luego de esa entrevista se incorporan a un grupo”, detalló Buquete, al describir el circuito de ingreso.

En la misma línea, remarcó el carácter abierto del dispositivo: “la admisión es para todos, no hay gente que se queda afuera. Esto es público, es gratuito y todas las semanas hay admisiones”, señaló.

María San Miguel, por su parte, se refirió al contenido de ese primer encuentro: “En general, en la entrevista de admisión lo que primero le preguntamos a la persona es si quiere dejar de fumar. Si nos dice que sí, le preguntamos por qué quiere dejar de fumar y le hacemos un test de dependencia”, contó a este Diario.

A partir de allí, agregó, se evalúan distintos aspectos del consumo y de la salud general para definir el tratamiento más adecuado.

El funcionamiento de los grupos combina pautas comunes con un seguimiento personalizado. “Semana a semana les vamos dando pautas y, por más que sea grupal, las estrategias van siendo individuales para cada caso. Hasta que ponemos un día –que llamamos ‘el día D’– para que dejen de fumar”, explicó Buquete.

Luego de ese momento, el acompañamiento continúa durante dos meses, con una frecuencia que va de lo semanal a lo quincenal.

Modalidad y pautas para la participación

En los encuentros, los participantes se sientan en ronda y comparten sus experiencias, mientras las profesionales guían la dinámica.

“El grupo es bien exclusivo para cesación tabáquica”, subrayó San Miguel, al aclarar que, si bien el consumo está inevitablemente cruzado por otras cuestiones personales, el espacio mantiene un enfoque específico.

En esa línea, Buquete agregó: “todo consumo está atravesado por alguna cuestión personal, pero eso excede el espacio de este grupo”.

Como parte del proceso, se establecen consignas concretas orientadas a modificar hábitos. “Ahí establecemos tres pautas: que fume solo, afuera y sin hacer nada. Sin hacer nada quiere decir sin usar el celular, sin colgar la ropa, sin charlar con nadie; tiene que ser aburrido”, detalló San Miguel.

A esto se suma un registro diario del consumo, que permite a cada participante tomar mayor conciencia de su conducta.

El tratamiento se apoya en un enfoque integral. “Consiste en terapia cognitivo-conductual y farmacológica o médica combinada”, indicó San Miguel, al tiempo que precisó que la instancia farmacológica puede extenderse entre ocho y diez semanas, mientras que el proceso completo ronda los tres meses, aunque con variaciones según cada caso.

Un éxito cercano al 50 por ciento

En términos de resultados, el equipo distingue distintos niveles de análisis. Si se toma el total de personas que se acercan a anotarse, alrededor del 37 por ciento logra dejar de fumar.

Sin embargo, cuando se considera a quienes sostienen la participación activa en los grupos, los números mejoran.

Buquete explicó que, excluyendo a quienes no continúan luego de la admisión, el índice de éxito se ubica entre el 40 y el 50 por ciento y aumenta aún más en quienes asisten a más de dos encuentros.

El perfil de los participantes se concentra mayormente en personas de entre 35 y 65 años, aunque también se registran algunos casos de jóvenes y adolescentes.

La dinámica de ingresos es constante, con entre ocho y diez admisiones por semana, lo que permite sostener la accesibilidad del dispositivo.

Lejos del enfoque tradicional, que ponía el acento en los perjuicios del tabaquismo, la mirada actual se centra en las ventajas que tiene dejar de fumar. “Se sabe muy bien cuáles son todos los beneficios de no fumar”, señaló Buquete. Entre ellos, mencionó mejoras en la circulación, la capacidad respiratoria y la calidad del sueño, así como un aumento general de la energía.

En la misma línea, San Miguel describió que, a lo largo del proceso, muchas personas experimentan cambios que exceden la cesación tabáquica, incorporando actividad física y modificando su estilo de vida. Los testimonios que surgen en los grupos –dijeron las coordinadoras- dan cuenta de esas transformaciones, que impactan tanto en la salud física como en el bienestar general.

También se registran avances significativos en los aspectos clínicos: “normalización de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mejora en la oxigenación de la sangre, recuperación del olfato y beneficios en la salud bucodental”, según señaló San Miguel.

En el plano emocional, disminuyen síntomas como la ansiedad, la irritabilidad o el insomnio vinculados al consumo.

Quienes deseen sumarse pueden acercarse al Hospital, de lunes a viernes entre las 8 y las 18, o comunicarse por WhatsApp al (249) 431-2574.

También está disponible un formulario de inscripción a través de Instagram en la cuenta htal_julietalanteri_tandil_.

El dispositivo de cesación tabáquica del Hospital Zonal Dra. Julieta Lanteri será reconocido el próximo 28 de mayo por el Concejo Deliberante de Tandil, en un acto a realizarse en el Salón Blanco del Municipio, como parte de un recorrido sostenido que lo posiciona como una herramienta clave en la prevención y el cuidado de la salud.

El 31 de mayo, por su parte, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1987 para concientizar sobre los efectos letales del tabaquismo y fomentar políticas de cesación.

Durante todo el mes de mayo, se llevarán adelante en el Hospital distintas acciones de concientización de la problemática del tabaquismo.

Un accidente de tránsito se registró este jueves alrededor de las 15 45 horas en la intersección de Maipú y Alsina, donde colisionaron dos automóviles y dos personas debieron ser trasladadas al hospital.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar el personal constató el impacto entre un Peugeot 206 (dominio MLC767), conducido por una mujer mayor de edad de apellido Braicovich, y un Volkswagen Gol Country (dominio EZF525), manejado por una mujer de apellido Álvarez Cela, quien iba acompañada por un hombre mayor de edad identificado como Tvihaug.

A raíz del siniestro, se hizo presente una unidad del SAME, que procedió al traslado de la conductora y el acompañante del segundo vehículo al Hospital Ramón Santamarina, con fines asistenciales.

Por el momento, no se informaron detalles sobre la gravedad de las lesiones, mientras que se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión.

A raíz de la muerte de un médico residente por una sobredosis de propofol y fentanilo, se descubrió un faltante de estos fármacos en el Hospital Italiano. La investigación reveló la existencia de una organización que realizaba encuentros denominados como la “Fiesta del propofol”, donde se utilizaban sustancias destinadas a la sedación de pacientes en intervenciones quirúrgicas con fines recreativos.

Las reuniones tenían dos modalidades: encuentros de carácter sexual y experiencias que se comercializaban como “viajes controlados”. En ambos casos, el anestesiólogo Hernán Boveri presuntamente dosificaba los fármacos y establecía una guardia médica con elementos de asistencia respiratoria, como el ambú, para intervenir en caso de que algún asistente entrara en apnea.

El caso tomó relevancia pública tras el fallecimiento de Alejandro Salazar, conocido como “Alito”, quien se desempeñaba en el Hospital Gutiérrez. Ante esta situación, la Dirección del Hospital Italiano emitió un comunicado confirmando el robo de estupefacientes del área de anestesiología y anunció la separación de dos personas: el mencionado Boveri y la residente Delfina Lanusse.

Desde la institución señalaron que se tomaron todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido y generar procedimientos de prevención.

“En relación a la situación de robo de estupefacientes difundida recientemente, el Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir a futuro”, explicaron a través del documento oficial.

Actualmente, el centro de salud trabaja en conjunto con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para abordar esta problemática, que también habría sido reportada en otros puntos del sistema sanitario. Mientras la investigación judicial avanza, el hospital inició una revisión integral de su circuito de seguridad en la gestión de estupefacientes.

Más de 10 personas recibieron un trasplante de riñón gracias a donantes tandilenses, casi 30 volvieron a ver con la donación de córneas y 3 pacientes recibieron un hígado para seguir viviendo.

Detrás de estas transformaciones vitales siempre hay dos historias: una de dolor y otra de esperanza, de encontrarse con una segunda oportunidad a través de, quizá, el gesto solidario y altruista más importante que puede hacer un ser humano por otro.

Enlazando estas historias, trabaja el equipo de Procuración de Órganos y Tejidos del Sistema Integrado de Salud Pública, integrado por unos 10 profesionales que se capacitaron en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) para cuidar los órganos y tejidos que están en condiciones de ser implantados en otras personas que lo necesitan.

“Nuestro trabajo empieza en uno de los momentos más difíciles de la vida: cuando un ser querido fallece. En esa situación —muchas veces inesperada— nos acercamos a la familia para acompañarla y explicarle acerca de la posibilidad de donar”, relatan desde el equipo local conformado por María Laura Lewin, Victoria Basso, Joaquín Menéndez, Lorena Moreno, Gabriela Sewalt, Walquiria Ramírez y Sandra Argüello.

En el proceso de trasplante llegan a intervenir cientos de profesionales especializados, distribuidos en equipos que trabajan en forma simultánea desde distintos lugares. Estos operativos requieren acciones coordinadas y protocolos estandarizados, con capacitación permanente de cada equipo.

En menores de 18 años son los padres quienes deciden y, en Tandil, las historias de Isidro e Inés son un claro ejemplo de la importancia de donar para dar la oportunidad de seguir viviendo a quienes lo necesitan.

Dos familias atravesadas por un profundo dolor decidieron donar los órganos y hoy ambos niños están trasplantados. “Nadie imagina que una situación así de dolorosa nos puede suceder, por eso es importante que hablemos de donación con nuestros hijos, nuestra familia y nuestros seres queridos para saber qué quieren ellos y podamos decir qué queremos nosotros”, explicaron.

La ley 27.447, conocida como “Ley Justina”, regula toda la actividad de procuración e implante de órganos y tejidos. Lleva ese nombre en homenaje a Justina Lo Cane, la niña de 12 años que murió en 2017 esperando un corazón.

Su reglamentación establece que toda persona mayor de 18 años es donante, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.

El consentimiento puede registrarse a través de la aplicación Mi Argentina, al tramitar el DNI o mediante un telegrama de Correo Argentino. Es importante destacar que la licencia de conducir no es vinculante y no constituye un canal oficial.

Esa manifestación de voluntad se incorpora al Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), que unifica toda la información, desde la lista de espera hasta los operativos y la identidad de los donantes en todo el país.

“La Ley Justina permitió la aparición de un aluvión de donantes. Aun así, más de 5 mil argentinos integran la lista de espera solo para trasplantes de riñón. Por eso es importante seguir hablando de donación para sensibilizar a la población. Con un solo donante pueden salvarse y mejorar la vida de muchas personas”, concluyeron.

Quienes estén interesados en recabar mayor información sobre el trabajo del equipo de Procuración del SISP pueden enviar un correo electrónico a procuración.hrsm.tandil@gmail.com.

Una increíble tragedia enluta a La Plata por estos momentos y todo apunta a comida en mal estado. El hecho comenzó cuando una pareja compró una tortilla para cenar en un local cercano a su casa. Minutos después, ambos sintieron una fuerte descompostura, terminaron internados y el hombre falleció. Según indicaron medios locales, la tortilla podría haber estado contaminada con salmonella.

De acuerdo a los portales El Día y 0221, la pareja había adquirido el alimento en un comercio de la zona de Plaza Rocha. Ya en su casa, al poco tiempo de comenzar a comer, ambos empezaron a experimentar síntomas intensos: náuseas, malestar general y ganas de vomitar. Lo que parecía un cuadro digestivo pasajero escaló con rapidez y derivó en una urgencia médica.

Ambos fueron trasladados al Policlínico San Martín, donde quedaron internados bajo observación. Mientras la mujer evolucionó favorablemente y logró recuperarse, el estado del hombre - que tenía problemas coronarios - se agravó con el correr de las horas. Finalmente, durante la noche del miércoles, se confirmó su fallecimiento.

Los primeros estudios médicos arrojaron la posible presencia de salmonella, una bacteria que provoca infecciones gastrointestinales y que puede resultar especialmente peligrosa en pacientes con enfermedades preexistentes.

En horas del mediodía de este viernes, se llevó adelante un operativo en el comercio apuntado, la panadería "La Ideal", ubicada en diagonal 73 y 3, y se procedió a su inspección bromatológica. Más tarde, desde el local, publicaron un informe oficial llevando tranquilidad a sus clientes y desmintiendo las versiones sobre la contaminación de la tortilla con salmonella.

"Las autoridades verificaron que nuestro equipo cuenta con todas las libretas sanitarias al dia y que cumplimos estrictamente con todos los protocolos de higiene y manipulación de alimentos", preciradon desde el comercio. "El resultado de la inspección fue concluyente: está todo el perfecto orden y el origen de este problema no provino de nuestras instalaciones", aseveró el texto del comunicado.

En tanto, en las próximas horas, los análisis pertinentes evacuaran las sospechas e indicarán la causa de la descompostura de las dos personas y el deceso del hombre.

La salmonelosis es una de las intoxicaciones más comunes en los humanos, junto a la shigelosis y el síndrome urémico hemolítico (SUH) por escherichia coli. Es provocada por la bacteria salmonella y está estrechamente ligada con la ingesta de ciertos alimentos sin adecuada preparación.

Se trata de una bacteria que causa una gastroenteritis o infección gastrointestinal. Según describe el ministerio de Salud, manifiestan con fiebre, dolor abdominal, diarrea y en algunos pacientes, sobre todo en los más chiquitos, ancianos o personas inmunosuprimidas, las consecuencias de una infección así pueden ser potencialmente graves, con alta deshidratación.

Es frecuente en la carne vacuna y de ave, huevos de gallina y pato, leche y productos lácteos, pescados y camarones (por agua contaminada con heces), aderezo preparado con huevo no pasteurizado, frutas y verduras (no lavadas correctamente), entre otras. De todos estos, los más frecuentes son los huevos.

El Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Ramón Santamarina organiza las Primeras Jornadas Tandilenses “La columna vertebral en la atención primaria”, que se llevarán a cabo el 13 de marzo, desde las 8:30, en el Auditorio Nexus (Belgrano 972).

La propuesta es uno de los acontecimientos más importantes del calendario académico del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) de Tandil y está dirigida a médicos generalistas, médicos clínicos, traumatólogos, pediatras y kinesiólogos.

Ya han confirmado su presencia destacados disertantes en la especialidad, como los doctores Osvaldo Romano y Fernando Dittlar –docentes de la cátedra Ortopedia y Traumatología de la UNLP– y Norberto Fernández, especialista en traumatología y columna infantil, dedicado a las deformidades espinales (Hospital Argerich).

“La patología en la columna vertebral constituye uno de los principales motivos de consulta en el servicio de guardia y en los centros de atención primaria, lo que genera un alto impacto asistencial. Por eso desde el SISP buscamos que este encuentro contribuya a fortalecer las competencias clínicas del médico del primer nivel de atención, con objetivos bastante específicos”, amplió el doctor Mariano Gonnet, jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Santamarina y director de las Jornadas.

Dentro de las temáticas a abordar durante esta primera edición, se pondrá el foco en la identificación de problemas y en la primera evaluación, con el objeto de promover un uso racional de los recursos en Salud: “el programa comprenderá cuestiones referidas a cómo realizar un examen físico básico, identificar problemas graves para poder ser derivados a tiempo, evaluar estudios de imágenes y derivar en tiempo y forma casos problemáticos. Queremos acercar mayor información y contribuir en una mejor preparación de los médicos, a través de una comunicación directa para poder entablar más diálogo y mejor respuesta en el ámbito de la salud pública”, destacó Gonnet.

Las Jornadas serán no aranceladas y los interesados en inscribirse o realizar consultas podrán enviar un mail a jornadascolumnatandil@gmail.com.

El gobierno nacional despidió en los últimos días al menos a 84 empleados del Hospital Posadas, uno de los más importantes del oeste del Conurbano bonaerense, y desde los gremios lo ligaron a los despidos de 11 trabajadores del Hospital Garrahan casi todos delegados sindicales y a otros en el ministerio de Salud, por lo que denunciaron un plan “para dinamitar la salud pública”.

Las desvinculaciones en el Posadas, uno de los seis hospitales de jurisdicción nacional que existen en el país, ubicado en este caso en El Palomar, en el municipio de Morón, fueron calificadas de “injustificadas y arbitrarias ” por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas.

La medida se da en un contexto en el cual desde esas organizaciones vienen alertando deficiencias en el financiamiento graves en el hospital, que derivaron, por caso, en “una falta crónica de personal que obliga a que pacientes deban pagar de su bolsillo asistencia privada durante internaciones prolongadas”.

La asamblea del Posadas resolvió exigir una mesa de negociación a la conducción del hospital para reincorporar a los despedidos, mantener el estado de asamblea permanente y participar el miércoles 4 a las 16 horas del Cabildo Abierto que tendrá lugar en el Hospital Garrahan, como parte de la confluencia de todas las luchas de salud.

Los gremios ligaron lo que ocurrió en el Posadas con la posibilidad de que el gobierno avance en la privatización -o el gerenciamiento privado- de cinco hospitales de gestión mixta, compartida con el gobierno bonaerense, ubicadas en la provincia.

Se trata del hospital “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; del “René Favaloro”, de La Matanza, del “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distro,; el “Bicentenario”, ubicado en Esteban Echeverría y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner”, ubicado en Florencio Varela. Todos forman parte Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic).

El gobierno anunció ayer el despido de 11 trabajadores del Hospital Garrahan, entre ellos diez delegados de dos gremios, a los que acusó por una toma de una oficina de dirección del nosocomio en el marco de una protesta por descuentos salariales por adherirse a los paros en protesta por los salarios de los médicos y residentes.

El secretario de organización de FESPROSA, Jorge Yabkowski, habló de un “plan sistemático para dinamitar la salud pública que vienen llevando a cabo Milei y su ministro Mario Lugones”. Y denunció otros 300 despidos, esta vez de trabajadores del Ministerio.