El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto de ley para eliminar el impuesto de sellos sobre las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que parte del diputado Oscar Liberman y fue firmada por 17 legisladores del espacio, apunta a reducir una carga tributaria que “encarece el consumo formal y estimula la informalidad económica”.

Liberman, el autor de la propuesta, sostuvo que se trata de “un alivio fiscal para los contribuyentes que tendrá un impacto positivo en el consumo formal”. La medida busca derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense (Ley N° 10.397), que actualmente grava con una alícuota del 1,2 por ciento todos los débitos o cargos del período formalizados mediante tarjetas de crédito.

Según el legislador, ese porcentaje eleva los costos de cada transacción y empuja a los usuarios hacia canales no declarados. El proyecto también modifica el artículo 258 del mismo código y la Ley Impositiva vigente (Ley 15.558), en los tramos referidos al impuesto de sellos sobre este tipo de operaciones.

El argumento de Liberman también es de orden jurídico. El legislador señaló que el resumen de tarjeta de crédito no reúne las condiciones que la propia Ley de Coparticipación Federal exige para que un documento quede alcanzado por el gravamen. Según el artículo nueve, inciso b, apartado dos de esa norma, un instrumento sujeto al impuesto de sellos debe revestir “los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes”.

Liberman afirmó que el resumen periódico de una tarjeta no cumple ese requisito porque no está firmado ni reconocido por su titular, y porque la Ley Nacional de Tarjeta de Crédito 25.065 establece en su artículo 39 que el emisor necesita documentación adicional para ejecutar un saldo impago. “Del propio régimen legal de tarjetas de crédito se deduce que la liquidación o resumen periódico no constituye título suficiente para iniciar una acción judicial”, precisó el diputado.

A partir de ese razonamiento, Liberman concluyó que “la provincia de Buenos Aires no tiene potestad alguna para apartarse de la definición” que fija la coparticipación federal. En esa línea, calificó el proyecto como “una corrección jurídica hacia un sistema tributario más justo” y rechazó que el fisco provincial deba intervenir en cada transacción privada: “El Estado no puede seguir viendo cada operación privada como una oportunidad para cobrar un impuesto más”.

La iniciativa fue acompañada por otros 16 legisladores del bloque libertario: Juan Osaba, Agustín Romo, Francisco Adorni, Maximiliano Bondarenko, Nahuel Sotelo Larcher, Geraldine Calvella, María Fernanda Coitinho, Oriana Colugnatti, Analía Corvino, Pablo Morillo, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Carla Pannelli, Florencia Retamoso, Gastón Abonjo y Vera Chávez Ramón.

“El campo no puede seguir siendo la variable de ajuste de las necesidades cambiarias”, aseguró el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, en la inauguración de la decimotercera edición del congreso A Todo Trigo, el encuentro sobre granos finos más importante de América Latina.

En Mar del Plata, Rivara aseguró que el campo necesita previsibilidad y permanencia de las normas e hizo un nuevo llamado a bajar las retenciones para mejorar la competitividad en un mundo cada vez más desafiante.

En tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, también estuvo presente y destacó los avances y el “cambio de paradigma” impulsado por el Gobierno Nacional.

Con una campaña 2025/26 que cerró con registros históricos de 28 millones de toneladas y una superficie sembrada de 6,7 millones de hectáreas, el congreso se inauguró en un contexto alentador que el presidente de la Federación de Acopiadores atribuyó a un nuevo escenario: “El nuevo clima político, la eliminación de la brecha cambiaria y la rebaja del 38 por ciento en los derechos de exportación que pasaron del 12 al 7,5 han sido factores determinantes y positivos”, aseguró.

Con la siembra de la campaña 26/27 en el horizonte, Rivara planteó cuatro principios que la entidad considera irrenunciables para cualquier reforma fiscal genuina.

El primero apunta a eliminar impuestos que consideró “altamente distorsivos” como el impuesto al cheque, sellos e ingresos brutos provinciales.

El segundo busca garantizar igualdad de tratamiento entre quienes realizan las mismas actividades: “Las obligaciones que el vecino no cumple, las debemos cumplir nosotros”, señaló.

El tercero exige frenar lo que Rivara describió como “verdaderos impuestos ilegales disfrazados de tasas municipales”, que vacían de sentido el esfuerzo fiscal de la Nación y las provincias.

Por último, la eliminación de mecanismos bancarios de percepción tributaria, como el SIRCREB que, a su juicio, “se han convertido en un robo a las empresas que actúan en la legalidad”.

Uno de los pasajes de mayor énfasis fue el reclamo por la reducción de retenciones: “estas rebajas aumentan la producción, lo que trae mejoras no sólo para el sector, sino también para el gobierno y la Argentina”, aseguró. Sobre este punto, Rivara defendió la posición que la Federación sostiene desde 2020 a través del Consejo Agroindustrial Argentino y citó resultados concretos: “Se bajaron las retenciones y esta campaña el campo pone en las arcas del Estado 730 millones de dólares más que en la campaña pasada”. También recordó el compromiso internacional que tiene Argentina de eliminar las retenciones al trigo, maíz y girasol antes del 1° de mayo de 2029.

El presidente de la Federación abordó, además, la situación del trigo transgénico HB4, cuya introducción calificó como un escándalo institucional, y alertó sobre la circulación no autorizada de soja HB4 que podría comprometer mercados externos: “No hay experiencia en el mundo donde el Estado autorice la siembra de 53.000 hectáreas de un asemilla experimental ni de ausencia tan grande en los controles como existió en Argentina con la empresa Bioceres”, aseguró.

En otro pasaje del discurso, Rivara hizo un llamado a acordar entre la producción y los semilleros la actualización de una Ley de Semillas “que contenga a todos”. También habló de la necesidad de aprobar una Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias para garantizar un ordenamiento nacional, provincial y municipal. “Hoy estamos expuestos a decisiones anárquicas de municipios o de jueces sin fundamentos técnicos ni científicos”, aseguró.

Por último, Rivara aseguró que la infraestructura y la logística son uno de los problemas a solucionar para bajar los costos y ampliar la producción: “El costo que tiene un argentino para poner su mercadería en un contenedor y subirla al barco es, aproximadamente, 1.460 dólares por contenedor, mientras que un exportador brasileño abona 310 dólares por el mismo servicio. Los negocios internacionales se ganan o se pierden por un par de dólares”, subrayó.

El discurso cerró con una convocatoria a la unidad de la cadena y a mirar el comercio mundial con ambición: “No hay posibilidades de ganar nada si los jugadores están molestos entre ellos. Reforcemos una cadena que salga a vender calidad y confianza al mundo”, aseguró. La competitividad, concluyó, es la única herramienta real para enfrentar un futuro que definió como “cada vez más complicado, más desafiante”.

Tras el discurso de Rivara, hizo uso de la palabra el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Serio Iraeta, quien marcó los logros de su gestión y habló de “un cambio de paradigma” que está impulsando el gobierno nacional. “Estamos ordenando una situación absolutamente caótica y cambiando la lógica en la que el campo sólo era pensado para ordeñarlo”, dijo. En este sentido, destacó medidas concretas como la baja de retenciones y alivio fiscal para insumos de la cadena, entre otros.

Iraeta también aseguró que la guerra en Medio Oriente y la situación en el Estrecho de Ormuz ha generado “una disrupción tremenda”, pero animó a los productores a apostar por el trigo: “Los invito a sembrar trigo, a que tengan ánimo y fuerza. Tengan confianza porque el trigo va a ser competitivo en la cosecha”, concluyó. 

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó un proyecto de ley que exime del cien por ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y reduce hasta el cien por ciento el Impuesto de Sellos para la construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales en la provincia.

La iniciativa regirá desde el 1° de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027 y apunta a reducir costos en el sector, reactivar la industria de la construcción y promover la generación de empleo, según informó el Gobierno provincial en un comunicado.

La propuesta contempla la exención total de Ingresos Brutos para quienes inicien obras de viviendas familiares o desarrollos residenciales durante el período establecido. Además, prevé beneficios de hasta el 100% en el Impuesto de Sellos sobre contratos de obra, financiamiento y garantías vinculadas a los proyectos, de acuerdo con la cantidad de empleados y la magnitud de la inversión.

Podrán acceder al beneficio familias que construyan una vivienda desde cero, propietarios que amplíen inmuebles existentes y desarrolladores de edificios residenciales, siempre que al menos el 70 por ciento de la superficie se destine a vivienda.

También alcanzará a proyectos ya iniciados, siempre que concluyan antes del 31 de diciembre de 2028. La normativa excluye construcciones comerciales, industriales y de oficinas. NA

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos sobre la transferencia de dominio de bienes inmuebles y vehículos automotores. Se trata de un tributo que en 2025 representó el 9,2 por ciento de la recaudación tributaria propia bonaerense y aportó 1,28 billones de pesos a las arcas de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

La iniciativa, que lleva la firma de todos los diputados del bloque, apunta a modificar el artículo 256 del Código Fiscal (Ley N° 10.397) y derogar las alícuotas vigentes: dos por ciento para inmuebles y 1,2 por ciento para automotores. De prosperar, los bonaerenses quedarían eximidos de ese costo al momento de escriturar una propiedad o transferir un vehículo, lo que según los impulsores del proyecto redundaría en una mayor formalización patrimonial y un efecto expansivo sobre la actividad de escribanos, martilleros y empresas del sector.

"No se puede castigar a una familia que ahorró toda su vida para comprar una casa o a un trabajador que necesita un auto. El Impuesto de Sellos es una malformación impositiva y nosotros presentamos este proyecto para eliminarlo", sostuvo Juanes Osaba, vicepresidente de la Cámara de Diputados de LLA.

El legislador agregó además que "ese dinero que le saca el Estado a los bonaerenses tiene que estar en el bolsillo de las familias, no financiando el déficit de la Política". La presentación tiene una lectura política explícita: LLA busca presionar al gobierno de Axel Kicillof en el terreno legislativo, al colocar sobre la mesa un proyecto de rebaja impositiva que obliga al oficialismo provincial a tomar posición.

Por su parte, Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, enmarcó la propuesta en una estrategia más amplia: "Esta iniciativa forma parte de una discusión mucho más profunda que venimos dando como espacio político: redefinir el rol del Estado provincial y aliviar la presión sobre quienes trabajan, producen y ahorran. Y esa discusión implica traer a la Provincia de Buenos Aires las transformaciones que impulsa Javier Milei a nivel nacional".

El escenario en la Legislatura, no obstante, complica cualquier avance en el corto plazo. Ninguna de las dos cámaras ha iniciado sus sesiones ordinarias pese a que el período abrió formalmente el dos de marzo, y las comisiones de trabajo aún no están conformadas. Hasta la fecha, el Poder Legislativo bonaerense realizó apenas dos sesiones en todo el año, ninguna de carácter ordinario.

Esa parálisis, atribuida en parte a la disputa interna entre el gobernador y el sector de Cristina Kirchner, también traba los propios proyectos del oficialismo: la ley de producción pública de medicamentos y las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública permanecen sin tratamiento. Con las comisiones sin integrarse, el proyecto libertario sobre el Impuesto de Sellos engrosará por ahora una lista de expedientes en espera de cara a la carrera electoral del próximo año.

Alberto Rojo, brindó detalles en el  Desayuno de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1

sobre las importantes novedades tributarias que comenzarán a regir en el partido. Los cambios afectan principalmente al impuesto automotor y a los derechos de cementerio, buscando aliviar la carga de los vecinos y modernizar los esquemas de cobro.

Una de las noticias más destacadas tiene que ver con la descentralización tributaria. Según explicó el funcionario, la provincia de Buenos Aires delegó a los municipios la administración de los modelos 2014 y 2015. "En esta particularidad fueron dos años debido a que el año pasado, al no haber ley provincial, no se pasaron. Así que del 2015 hasta 1990 son municipalizados", señaló.

En el marco de este reordenamiento, la Municipalidad de Tandil tomó la decisión de dejar de emitir la facturación para los vehículos cuyos modelos se ubiquen entre los años 1990 y 2000. Esta medida se fundamenta en la dificultad de obtener valuaciones fiscales precisas para unidades de esa antigüedad, ya que organismos como ACARA y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor informan valores de referencia mayoritariamente desde el 2001 en adelante.

"Modelo 2000 hacia atrás no se va a emitir patente para esos vehículos", confirmó el director, llevando tranquilidad a los propietarios de estas unidades quienes no deberán esperar la liquidación. Se estima que esta medida alcanza a unos 16.000 vehículos de un parque automotor municipalizado que ronda las 50.000 unidades.

Por otro lado, para los contribuyentes que poseen vehículos modelos 2001 a 2015 y se encuentran al día con sus obligaciones, el beneficio será significativo. Tras un análisis de la facturación y con el aval del Consejo Deliberante, se estableció un descuento del 35 por ciento para quienes no registren deuda. Este porcentaje supera ampliamente el diez por ciento que se aplica de forma general a otras tasas municipales.

El funcionario aclaró que para aquellos vecinos que ya están al día, el beneficio se aplicará de forma automática. "Ya les va a llegar la liquidación con el 35 por ciento y aclarado que su patente era tanto y tiene ese descuento, no tiene que hacer ningún trámite", explicó. Sin embargo, quienes posean deudas pendientes tienen la oportunidad de regularizar su situación para acceder a la bonificación en las cuotas siguientes.

En caso de cancelar la deuda, el contribuyente deberá esperar a que el pago se impute en el sistema y luego solicitar la reliquidación con el descuento correspondiente. Para estos trámites, la Agencia Municipal de Ingresos dispone de diversos puntos de atención: la sede central en Belgrano 417 (Palacio Brigadier General Martín Rodríguez), la oficina de Villa Italia en Quintana 658, y el centro de atención en la intersección de las calles Actis y Casacuberta.

Otra novedad de relevancia comunicada por Alberto Rojo en Tandil Despierta es la modificación en la modalidad de pago de la tasa de cementerio. Históricamente, este tributo se emitía como un pago anual único, lo que representaba una erogación importante para muchos vecinos, especialmente para aquellos que poseen nichos.

A partir de ahora, si bien se mantiene la opción del pago anual, se habilitará la posibilidad de abonar hasta en cuatro cuotas sin recargos adicionales. "Teníamos muchos casos de gente que se preocupaba por el valor y que no lo podía pagar; pensamos en que aquel que está con una jubilación lo pueda pagar en cuatro cuotas como un beneficio", detalló el director de rentas y finanzas.

No obstante, hizo una advertencia importante para quienes opten por el pago fraccionado en centros de cobro presenciales: es fundamental aclarar al cajero qué es lo que se desea abonar para evitar confusiones, ya que el sistema podría tomar un pago parcial como el total si no se especifica debidamente, generando deudas involuntarias a futuro.

En cuanto a la gestión administrativa, la Municipalidad de Tandil continúa impulsando la adhesión a la factura digital. Aunque actualmente solo el diez por ciento de los contribuyentes utiliza esta modalidad, el objetivo es incrementar esa cifra para reducir costos de impresión y envío, además de contribuir al cuidado del medio ambiente.

"Cualquier contribuyente que ya tiene acceso por rentas online puede ingresar y adherirse a factura digital", recordó Alberto Rojo. Este sistema permite recibir un aviso por correo electrónico y acceder directamente a los medios de pago electrónicos, agilizando el proceso y evitando las colas en los centros de cobro.

Finalmente, se destacó la incorporación de nuevas tecnologías de pago en las delegaciones. En los centros de atención de las calles Actis y Quintana ya es posible abonar con débito automático. Asimismo, todas las tasas municipales cuentan ahora con un código QR que permite realizar el pago de forma instantánea a través de cualquier billetera virtual, adaptando la administración pública a los tiempos actuales.

Para consultas adicionales, la dirección de rentas puso a disposición las líneas 0800-333-277 y el WhatsApp 2494-547406, además de los correos electrónicos institucionales para trámites específicos de automotores y consultas generales.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires anunció una bonificación automática en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida alcanza a más de 140.000 contribuyentes del monotributo dedicados a la prestación de servicios, con el objetivo de reducir la carga fiscal y fomentar la formalización laboral.

La iniciativa, impulsada por el jefe de gobierno Jorge Macri y aprobada por la Legislatura porteña, establece una exención total del impuesto para las categorías A, B y C del Régimen Simplificado. Esto permite que unas 35.000 personas queden liberadas del pago del tributo de forma inmediata.

Por otro lado, la normativa contempla una bonificación del 75% para los contribuyentes inscriptos en las categorías D a H, lo que beneficia a cerca de 12.000 trabajadores independientes. En total, 47.000 personas recibieron el beneficio de manera directa al no registrar deudas y estar correctamente inscriptas en el sector servicios.

El esquema de alivio fiscal se aplica de forma automática en la liquidación mensual, sin necesidad de trámites adicionales. Sin embargo, la AGIP detalló que aproximadamente 93.000 personas no accedieron inicialmente al beneficio por mantener deudas pendientes. Para estos casos, se habilitó una moratoria con plazo hasta el 30 de abril, permitiendo regularizar la situación en cuotas y con descuentos en intereses.

Esta política busca impactar directamente en 22 servicios no profesionales, focalizando la ayuda en quienes generan ingresos exclusivamente por su labor individual. La actualización del sistema administrativo permite que, una vez saldada cualquier deuda, el contribuyente se integre al beneficio de forma automática según su categoría tributaria.

Los contribuyentes porteños dejarán de recibir las boletas en papel de ABL y Patentes. La medida, impulsada por el Gobierno de la Ciudad, comenzará a regir desde abril con el objetivo de agilizar la distribución de la información y generar un importante ahorro fiscal. Según estimaciones oficiales, la eliminación de la impresión y el reparto de las facturas representará un ahorro cercano a los 3.900 millones de pesos por año.

El cambio se implementará formalmente con la cuarta cuota del ABL de este año, cuyo vencimiento está previsto para el 21 de abril. Este proceso marca el cierre de una transición que ya se encontraba avanzada, dado que una gran parte de los usuarios ya había migrado a los canales electrónicos. Las estadísticas oficiales indican que el 66 por ciento de los contribuyentes de Patentes y el 63 por ciento de los de ABL ya utilizaban sistemas digitales.

A partir del 1° de abril, las boletas estarán disponibles exclusivamente en la web y en los sistemas bancarios. Para acceder a las facturas, los ciudadanos deberán ingresar a la página oficial de la AGIP con su número de partida. Desde allí podrán descargar el documento o realizar el pago de forma directa. Otra opción es adherirse a la boleta electrónica para recibir el comprobante mensualmente por correo electrónico sin necesidad de buscarlo manualmente.

Para quienes prefieran otras vías, el home banking de las distintas entidades financieras mantendrá la disponibilidad de las boletas para su cancelación habitual. Asimismo, desde el organismo recaudador aclararon que se mantendrá la atención presencial en las sedes de la AGIP para brindar asistencia a aquellas personas que no estén familiarizadas con las herramientas digitales o necesiten ayuda para registrar su dirección de mail.

Esta iniciativa se enmarca en un plan de digitalización total de los trámites que la administración porteña prevé extender progresivamente al resto de los impuestos locales. De esta manera, quienes antes esperaban la correspondencia en su domicilio deberán modificar sus hábitos de consulta para mantenerse al día con sus obligaciones tributarias y evitar recargos por mora.

Tras la aprobación en el Senado el pasado 27 de febrero, el Gobierno nacional publicó y promulgó la Ley de Modernización Laboral. Si bien el eje central de la normativa es la reforma del mercado de trabajo, el artículo 192 incorporó dos cambios impositivos de gran impacto para el sector inmobiliario: la exención del Impuesto a las Ganancias para los alquileres con destino a vivienda y para las personas humanas que vendan un inmueble.

La ley entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, aunque el efecto de las reformas tributarias se estableció de forma retroactiva a partir del uno de enero de 2026. Al respecto, el tributarista Sebastián Domínguez, titular del estudio SDC Asesores Tributarios, afirmó que:

Entonces, el beneficio es retroactivo.

Hasta la publicación de esta norma, quienes vendían una propiedad adquirida después de 2018 debían afrontar el Impuesto Cedular, que gravaba con un 15 por ciento la ganancia obtenida en la operación. Con la nueva ley, las personas humanas que realicen ventas de forma ocasional quedarán exentas de este tributo.

Domínguez explicó que, anteriormente, una persona que no fuera broker inmobiliario y vendiera una propiedad comprada desde el uno de enero de 2018 con un resultado positivo, debía tributar ese 15 por ciento.

En cambio, para las personas humanas que compran y venden inmuebles y su actividad es la inmobiliaria, en vez de tener el impuesto cedular, tienen que tributar Ganancias con una alícuota del 5 por ciento al 35 por ciento

, detalló el especialista, aclarando que para los habitualistas y sociedades no hubo modificaciones en este punto.

En lo que respecta a los arrendamientos, la ley estableció que los cobros por inmuebles con destino a casa habitación dejen de tributar Ganancias. Esta medida alcanza tanto a personas humanas como a personas jurídicas, para los ejercicios fiscales iniciados desde el uno de enero de este año.

A diferencia de lo que ocurre con la compraventa, en el caso de las rentas no se distingue la habitualidad del contribuyente.

La exención en el alquiler rige para todos ya sea el que tiene muchos inmuebles y los alquila con destino vivienda como para el que alquila uno solo con ese destino, agregó Domínguez.

Desde el Gobierno señalaron que estas medidas buscan aliviar la carga tributaria para los ciudadanos y eliminar gravámenes considerados de baja eficiencia recaudatoria y alto costo de administración. Cabe destacar que la iniciativa no elimina técnicamente el impuesto, sino que lo exime, lo que implica que la medida está sujeta a la reglamentación que aún debe dictarse.

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que "la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios y, en última instancia, en beneficio para todos los consumidores".

“El sector privado, único generador de riqueza, es el mayor proveedor de soluciones que elevan el bienestar de la población. El capitalismo de libre empresa ha sido el invento más revolucionario jamás creado por el hombre”, subrayó.

El Presidente destacó que "cada vez que bajamos impuestos y la inflación, y desregulamos, estamos devolviendo la propiedad privada”.

El mandatario se expresó en estos términos al visitar el Centro de Monitoreo de VISA Argentina.

"En esta ocasión se trata de la decisión de Prisma, Upay y Texpert por parte de Visa, esto forma parte de una decisión estratégica que apunta a fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país, incorporar tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica y acelerar la adopción de soluciones innovadoras para consumidores y comercios", destacó.

Señaló que “en pocas palabras, estamos hablando de algo que, de manera directa o indirecta, le va a mejorar la vida a los argentinos”.

“Esto es así porque la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios. En última instancia, en un beneficio para todos los consumidores. En este caso tendrá un efecto positivo en la economía permitiendo que el dinero fluya mejor entre las personas. Esto es fundamental para que una economía crezca. Cuanto más eficiente y barato es el traspaso de dinero de unas manos a otras más agentes pueden beneficiarse realizando transacciones y prestándose dinero unos a otros”, dijo.

Milei dijo que “desregular y abrir la economía barata el traspaso del dinero, mientras que regular y cercenar el comercio lo encarece al añadir la incertidumbre intertemporal”.

“Celebramos que Visa haya apostado por Argentina, como ya han hecho otras grandes empresas desde que asumimos el gobierno implementamos las primeras medidas a favor del Libre Mercado. Porque está claro que semejante inversión se da en un contexto favorable para la iniciativa privada, que ha formado parte fundamental de nuestra agenda de gobierno desde el primer día”, señaló.

Destacó el “trabajo incansable del Ministro de Desregulación, sumado al Ministerio de Economía y tantas otras áreas de nuestro gobierno, han apuntado a crear las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la actividad privada”.

“Nuestro objetivo es volver a ser, como nuestra época dorada, un país con reglas claras, y un respeto implacable por la propiedad privada", destacó.

Dijo que “suena como abstracto la propiedad privada, pero cada vez que bajamos impuestos cada vez que bajamos la inflación y cada vez que desregulamos, les estamos devolviendo la propiedad privada, es una forma de restaurar la propiedad privada. Los impuestos es más fácil porque es el robo directo, es como el ladrón estacionario el Estado, por eso lo estamos corriendo”.

El viernes último no fue un día más para el Gobierno. La media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, luego de esfuerzos y concesiones, dejó el oficialismo envalentonado y dispuesto a continuar en la senda “reformista” gracias a un Congreso que ya no es visto como un nido de ratas, como lo denominó Javier Milei el 1° de marzo de 2024.

La sensación que flota en LLA es que gracias a los acuerdos que logró enhebrar con los aliados y a un apoyo social intacto luego de las elecciones del 26 de octubre, hay margen de sobra para continuar implementando conversiones que son calificadas de “estructurales”.

Desde la Ley de Glaciares, un tema fundamental para la administración libertaria y que, dicen, tiene el consenso de los gobernadores, pasando por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años.

Un paquete de textos que podrán ser sancionados en el corto plazo al igual que la nueva ley de Financiamiento Universitario, que a ojos del oficialismo es superior al texto 27.795 con el que la oposición insistió en el Parlamento.

Hay otros dos temas que integran el radar libertario por estos días y que en algún momento serán ejes de conversación con aquellos gobernadores permeables al diálogo: impulsar una ley electoral que derogue las primarias abiertas simultaneas y obligatorias, un gran anhelo del Gobierno, y formular una iniciativa que modifique normas del Banco Central con el objetivo de permitir a los bancos otorgar créditos en dólares a personas humanas y empresas que no generan divisas de manera directa.

“Está en estudio”, dicen en Balcarce 50. En el Ministerio de Economía todavía no tienen precisiones de la generación de un texto que sea capaz de flexibilizar las restricciones impuestas en 2002, tras la crisis derivada del régimen de convertibilidad.

La agenda

La reforma previsional, que en su momento el oficialismo vendió como posibilidad concreta, quedará para otro momento. “No en este mandato”, dice ante la Agencia Noticias Argentinas alguien que habla de forma fluida con Milei.

El motivo es simple: para cambiar el actual sistema jubilatorio se debe ampliar el universo de trabajadores registrados. Ese es el planteo con cuatro de cada diez trabajadores desempeñándose en la informalidad. Por lo que el Gobierno aguadará resultados concretos de la reforma laboral antes de avanzar y meterse de lleno con el sistema jubilatorio.

La reforma tributaria es otro punto en el que comenzará a trabajar el oficialismo. Es un eje clave de su plan económico y la apuesta es a ordenar y a seguir “bajando” impuestos. En el bloque de diputados libertarios transmiten expectativas al por mayor ante los debates que se aproximan al señalar que este Gobierno consiguió en muy poco tiempo sancionar leyes que fueron debatidas durante miles de horas en comisiones por muchos años.

“Esto va a seguir durante todo el periodo”, prometen desde la fuerza legislativa gracias a los gobernadores que “entienden a Milei”. Una referencia a los peronistas que prestaron legisladores para sancionar la reforma laboral.

A cambio, el oficialismo promete escucha y resolución de problemas para que las arcas provinciales que aparecen comprometidas ante la baja de la recaudación no sufran. Hay otro tema que no pasa desapercibido en Balcarce 50 y que hace posible que Milei acelere y consiga resultados: “No hay oposición”, evalúan. Una frase que está acompañada por dardos al kirchnerismo: “Está en una crisis terminal”. (Por Juan Pablo Kavanagh / NA).

Desde marzo, la provincia de Buenos Aires aplicará un nuevo esquema para el impuesto automotor, que dejará de liquidarse de forma bimestral y pasará a cobrarse mensualmente. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que los contribuyentes podrán optar por abonar la patente en diez cuotas, de marzo a diciembre, o en un único pago anual.

La medida, según explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, busca facilitar la organización financiera de las familias, ya que el sistema anterior concentraba dos meses en una sola boleta y podía generar dificultades en el presupuesto doméstico. Con el nuevo formato, los contribuyentes recibirán diez facturas mensuales, distribuyendo la carga impositiva de manera más uniforme.

Girard detalló que la transición requirió una modernización tecnológica en los sistemas de la agencia y adelantó que el objetivo es extender este esquema a otros tributos, como el inmobiliario.

El cronograma establece que la primera cuota mensual y la opción de pago anual estarán disponibles a partir del 10 de marzo. Las siguientes cuotas vencerán el 9 de abril, 7 de mayo, 9 de junio, 8 de julio, 11 de agosto, 10 de septiembre, 9 de octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre.

El cambio no modifica el monto total anual del impuesto, sino la frecuencia de facturación.

Para 2026, el sistema se basa en cinco tramos progresivos según la valuación fiscal del vehículo, reduciendo las quince escalas vigentes en años anteriores. Las alícuotas comienzan en el 1% para vehículos de hasta $14.100.000 y alcanzan el 4,5% sobre el excedente para unidades superiores a $53.900.000, con cuotas fijas que se suman según cada tramo.

El esquema establece que cada porcentaje se aplica únicamente sobre el excedente de cada escala, y no sobre el valor total del rodado.

En el caso de vehículos con uso comercial o laboral, los propietarios pueden acceder a un régimen alternativo si acreditan que el rodado está vinculado a una actividad registrada en Ingresos Brutos y cumplen con la documentación requerida. De lo contrario, tributan bajo el régimen general.

La provincia gestiona el cobro del impuesto durante los primeros diez años de antigüedad del vehículo; luego, la recaudación pasa a los municipios.

ARBA habilitó el pago digital mediante tarjetas de crédito o débito y códigos electrónicos, además de la descarga online de boletas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento y evitar trámites presenciales.

Según Girard, “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado”. Explicó que en 2025 el impuesto registró un aumento significativo por la falta de aprobación de la ley impositiva, situación que fue corregida para 2026 tras la sanción del nuevo marco normativo.

La implementación del esquema mensual y la publicación anticipada del calendario buscan brindar mayor previsibilidad y transparencia a los contribuyentes bonaerenses.

Argentina necesita imperiosamente una reforma tributaria para bajar sustancialmente los impuestos más altos del mundo, resultantes del descontrol histórico del gasto público y que provocan una informalidad que ronda el 50%. Según cuatro entidades por cinco métodos distintos, nuestro país tiene los impuestos más gravosos o está en el podio (posteado en @paisconlogica), siendo el peor en promedio. La reforma puede implementarse por etapas o en forma súbita. La reforma por etapas implica sucesivas bajas tributarias, vía seguida hasta ahora por el gobierno nacional, más por restricciones políticas que por decisión propia. La reforma súbita consiste en bajar en forma drástica los impuestos principales y en eliminar los distorsivos que ningún o pocos países tienen, vía seguida por una veintena de países.

Por un lado, la reforma por etapas surge del plan nacional aplicado hasta ahora, por el cual primero se debe estabilizar la economía y sanear las cuentas públicas; y solo a medida que se genere un excedente fiscal, el Estado procederá a devolver recursos al sector privado mediante la reducción de impuestos, habiendo anunciado y empezado a implementar las primeras eliminaciones y bajas. Por ejemplo, en el proyecto de “Ley de Modernización Laboral” en trámite, que incluye ciertas bajas fiscales, se explicita que esta reforma “configura una etapa dentro de una secuencia de mejoras sucesivas que se propondrán con el objeto de confluir en un marco legal… a la altura de una economía moderna y libre”.

El gobierno nacional ha demostrado tener cintura para acelerar sus tiempos cuando las circunstancias lo exigen. Pero allí viene la restricción política dura: la oposición, los gobernadores, los “dialoguistas” y su rechazo u objeciones a las bajas fiscales. Existe una fuerte asimetría entre el esfuerzo realizado por la Nación versus el que, en general, (no) realizan provincias y municipios, que aprovechan las bajas tributarias nacionales para compensarlas con subas sub-nacionales. Con el agravante que el descontrol de los intendentes es incentivado por la Corte Suprema y su pésimo fallo “Esso c/Mun. de Quilmes” (2021).

Como muestra valen dos botones. Primero, si los gobernadores objetan -como lo vienen haciendo- las relativamente menores bajas fiscales nacionales en trámite (invocando la baja de su coparticipación), vale reflexionar qué puede esperarse para las mucho más profundas que necesita nuestro país. No (querer) entender que bajando impuestos puede lograrse mayor recaudación por bajar el 50% de informalidad es a esta altura inaceptable en cualquier político. Segundo, mientras la Nación implementó en solo seis meses la Ley de Transparencia Fiscal al Consumidor para mostrar impuestos nacionales en los tickets, por otro lado, tenemos que, luego de un año y medio, ninguno de los 24 mandatarios provinciales muestra ingresos brutos y tasas en los tickets. Los tres adheridos no reglamentan, los tres en proceso arrastran los pies y los otros dieciocho se hacen los distraídos. Si los gobernadores no están dispuestos a mostrar sus impuestos, mucho menos querrán bajarlos. Tan inaceptable como vergonzoso. La sociedad civil debe rechazar fuertemente esta jugada sucia y en eso estamos desde Lógica (acción “Rebelión del Ticket”).

Por otro lado, la reforma tributaria se puede hacer en forma súbita. Es el camino que eligieron Paraguay, Irlanda y los países que vienen aplicando el denominado “Flat Tax”, un régimen de muy pocos y muy bajos impuestos cuyo funcionamiento es inseparable de la Curva de Laffer, aquella que busca el nivel óptimo de impuestos que asegura la máxima recaudación. Este régimen merece toda la atención y análisis. El Flat Tax fue ideado por Milton Fridman (1962), bajado a libro por Robert Hall y Alvin Rabushka (1985), aplicado en 1994 por un país de laboratorio como Estonia (1,5 M de población aprox.) y, a partir de su rotundo éxito, seguido por una veintena de países, en especial de Europa oriental, también exitosamente. Economistas de entidades internacionales (Hoover, Cato, Heritage, Fraser, Tax Foundation, FEE, etc.) lo vienen recomendado. En Argentina, la Fundación Bases viene proponiendo (al Gobierno y en forma pública) un Flat Tax basado en solo dos impuestos, a las ganancias y a las ventas finales provincial, ambos con alícuotas muy bajas, 15% y 13%, respectivamente. De sus informes surge que los países que lo aplicaron no vieron afectada la recaudación en la transición porque en forma inmediata se generó el doble “efecto Laffer”, el paso de los informales a la formalidad (estiman recuperar más del 2% PBI por ello en Argentina) y la generación de nuevas inversiones (locales e internacionales). Con el tiempo, la recaudación aumentó significativamente, en distintos grados, llegándose hasta cuadruplicar en pocos años (Georgia).

Quienes apoyan la reforma por etapas afirman que su ventaja es no comprometer el superávit que tanto costó conseguir. Y objetan la reforma súbita basados en que es tan pobre nuestra cultura o cumplimiento fiscal que el pase a la formalidad puede no darse tan rápido, con chances de afectar el superávit por tiempo incierto; que no hay tantos precedentes de Flat Tax en países federales; y que es impensable una reforma súbita en el escenario político mencionado, por lo que hay que ajustarse a estas restricciones. Quienes apoyan la reforma súbita objetan la reforma por etapas sosteniendo que, pese a las bajas fiscales realizadas y en proceso, seguiremos entre los más gravosos, por lo que la informalidad aun no bajará ni las inversiones llegarán (salvo RIGI); que el actual régimen tributario está crujiendo cada vez más, hacia afuera por la falta de competitividad y hacia adentro por el medio país que opera en la informalidad. Señalan que Argentina tiene hoy una oportunidad de oro para usar una única bala de plata antes que pase el tren; que la experiencia de la veintena de países, muchos desde los sótanos del comunismo, respalda esta vía; que, si en contra de lo proyectado, hubiera variaciones imprevistas en la recaudación durante la transición, siempre existen medidas para retocar el gasto público y no afectar el superávit, valiendo la pena en pos de una recaudación que, como en aquellos otros países, debería crecer espectacularmente.

Se han instalado en nuestra sociedad dos sanas “verdades indiscutibles” de similar rango: “no podemos vivir más con déficit” y “no podemos vivir más con el actual nivel de impuestos e informalidad”. Es imperioso compatibilizarlas. Se viene solucionando la primera; pero la solución a la segunda aún está lejos, en especial por aquellas restricciones políticas. Es realmente muy meritoria la batalla cultural que tatuó a fuego el concepto que el país debe funcionar con superávit. Pero, en el mismo nivel de importancia, debe grabarse que el país funcione con impuestos e informalidad en niveles lógicos. Debe solucionarse la tragedia tributaria tanto como se está solucionando la tragedia deficitaria. La falta de compromiso general de gobernadores y demás políticos para bajar el gasto público e impuestos subnacionales y sus objeciones a que se lleve a cabo cualquier necesaria baja tributaria nacional que se proponga, son dos de las mayores manifestaciones de irresponsabilidad política que explican por qué somos el país más gravoso del mundo.

Conclusión: es imperioso compatibilizar esta encrucijada para sancionar lo antes posible la profunda reforma tributaria a la baja que exige nuestro país (Flat Tax u otro) en pos de tener un régimen por el que tributos lógicos sean pagados por (casi) todos. Nunca más necesaria la máxima “la política es el arte de hacer posible lo necesario”.

El autor es presidente de Lógica

En medio del fuerte crecimiento que registran en Argentina plataformas de comercio electrónico como Temu y Shein, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una actualización del régimen de importación definitiva para consumo de mercaderías sin finalidad comercial ni industrial, destinada a personas humanas.

Con el objetivo de simplificar trámites, digitalizar procesos y mejorar el control aduanero, la Resolución General 5805/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, modifica el procedimiento establecido originalmente por la Resolución General 3172.

Según la nueva normativa, la importación personal de mercaderías nuevas o usadas deberá formalizarse mediante el procedimiento simplificado previsto en la Resolución General 3628, con registro en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático Malvina (SIM) y utilización de los códigos aduaneros correspondientes.

Solo podrán ingresar productos destinados al uso o consumo personal, siempre que su cantidad, valor o características no indiquen una finalidad comercial.

Las operaciones estarán alcanzadas por los derechos y gravámenes del régimen general de importación, y el valor en aduana se definirá al momento de la verificación. También deberán respetarse las prohibiciones vigentes y, cuando corresponda, la intervención de otros organismos.

En los casos en que por cuestiones operativas no sea posible realizar el registro mediante el sistema simplificado, la importación deberá formalizarse a través del formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que fue transformado en un formato digital e interactivo.

Este formulario estará disponible en la sección “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web de la agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Además, la resolución delegó en la dirección general de Aduanas la facultad de realizar las adecuaciones necesarias a los requisitos formales del procedimiento, con el fin de garantizar el debido control aduanero y la correcta aplicación de prohibiciones.

El ministro de Economía Luis Caputo apuntó directamente contra Federico Achaval, el intendente de Pilar, a quien le dedicó un mensaje desde su cuenta oficial de X tratándolo de "irresponsable" y pidiendo a la ciudadanía que "no compre nada" en ese municipio.

El cruce surgió tras la aprobación de la Tasa de Protección Ambiental sobre los supermercados, que se oficializó en la Ordenanza Fiscal 2026 aprobada por el gobierno local. A criterio del funcionario nacional, la misma producirá un aumento en los precios que impactará en las compras de las fiestas de fin de año.

Caputo agradeció a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) por "exponer" la decisión de la gestión pilarense. "No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria", redactó en X, citando el texto de la ASU.

La ASU pidió una audiencia “urgente” y advirtió sobre los “graves perjuicios” que generará la aplicación del impuesto, tales como pérdida de ventas, impacto en Fiestas y competencia desleal.

Por su parte, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) también expresó su “profunda preocupación y rechazo” por la medida y alertó que aplicar un porcentaje sobre cada venta implica un aumento inmediato en el costo final que pagan las familias.

“Quienes hagan sus compras en Pilar abonarán un 2% más caro que en cualquier otro municipio, encarecimiento que se vuelve aún más sensible en pleno mes de compras por las fiestas”, subrayó la entidad en un comunicado. "Cadam advierte que este tipo de medidas profundiza la presión impositiva sobre un sector que ya opera con altos costos y que, inevitablemente, traslada mayor carga tributaria al valor de los productos básicos", añadió.

En el texto recordó que ya había manifestado su rechazo a "aumentos similares en otros municipios", como el incremento de la Tasa de Seguridad e Higiene en Lanús, "lo cual demuestra una tendencia creciente de afán recaudatorio de los municipios bonaerenses".

La polémica por los cambios en la tasa se produce en un escenario en el que los intendentes buscan fortalecer ingresos propios frente a restricciones presupuestarias, mientras que la administración nacional insiste en avanzar con una reducción impositiva amplia como uno de sus ejes del programa económico.

La Tasa de Protección Ambiental, que previamente se pagaba como un monto fijo, pasó a cobrarse como un 2% del total de ventas sin IVA. La medida entró en vigencia el 1° de diciembre y obligará a las empresas a adaptar sus sistemas de facturación antes del 15 de este mes.

La ordenanza municipal 112/25 alcanza no solo a supermercados e hipermercados sino también a shoppings, hoteles, industrias, universidades privadas y empresas de servicios, que quedarán obligadas a actuar como agentes de recaudación.

Además, el monto correspondiente a la tasa deberá aparecer discriminado en cada ticket de compra, por lo que los consumidores verán el aumento de manera explícita.

Tal como ocurrió el año pasado, la última cuota del Impuesto Inmobiliario en sus dos versiones -urbano y rural- se verá duplicada en su precio para la categoría de propiedades de mayor valuación fiscal.

En el gobierno que conduce Axel Kicillof informaron que, en el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional se aplica cuando la base imponible del inmueble supere los $31.465.000. En el Inmobiliario Rural, cuando esa base imponible de tierra libre de mejoras supera los $39.096.756.

Puesto de otro modo, en el Urbano Edificado, el adicional alcanzaría, según la provincia, a 8,72% de las 5.335.124 partidas (es decir, 465.338 partidas). En el Rural llegaría a 12,01% del universo. Esto es, 37.433 sobre 311.635 partidas.

Este pago adicional fue establecido como disposición especial en la ley impositiva 2024 -que se votó en 2023 con apoyo del oficialismo y sectores de la oposición. Debía durar solo un año, pero aún está vigente porque esa ley fue prorrogada luego de que la Legislatura no aprobara el proyecto de fiscal -y el Presupuesto- de Axel Kicillof para el año pasado, que lo eliminaba. Tampoco figura en esas iniciativas para el año próximo, que aún está en debate en el parlamento provincial.

El monto adicional tiene topes diferenciados según el tipo de inmueble: en el Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional no puede superar el 20% del impuesto anual determinado para el período. Para el Impuesto Inmobiliario Rural (componentes básico y complementario), el incremento máximo es del 25% sobre el impuesto liquidado.

“Estos límites aseguran previsibilidad para los contribuyentes y acotan el alcance del adicional a los segmentos de mayor valuación”, dijeron desde ARBA. Estos topes implican que las cuotas adicionales son igual a la última cuota recibida; por eso el monto a pagar se duplica.

Además, informaron que para verificar si una partida urbana o rural abonará el monto adicional, se encuentra disponible en el portal de ARBA la “ Consulta Inmobiliario Adicional” (https://www.arba.gov.ar/ConsultaAdicionalInmo/consultaAdicionalInmo.asp).

El gobierno explicó que "en el caso de los productores que hayan obtenido una exención —total o parcial— en el marco de las emergencias o desastres agropecuarios decretados por la Provincia de Buenos Aires, se les aplicará un descuento proporcional en la cuota adicional. Esto significa que el beneficio será equivalente al porcentaje y al período de tiempo establecidos en el decreto correspondiente".

Comerciantes del centro de la ciudad recibieron en los últimos días las facturas emitidas por el Municipio para el pago de ‘valor por publicidad’, una tasa vinculada a la tenencia de cartelería con el nombre del negocio.

La llegada de las boletas causó sorpresa y preocupación pero, sobre todo, enojo entre los propietarios de los locales, que consideraron “desmedido” el aumento de esa tasa que se paga de manera anual y que, en algunos casos, este año supera ampliamente los $60.000.

Por este motivo, representantes de la Cámara Empresaria de Tandil (CET) solicitaron una reunión con autoridades municipales, que se llevará a cabo durante mañana martes.

Se espera que, en ese encuentro, los referentes del comercio local acerquen a la Comuna los reclamos de sus asociados ante lo que consideran un incremento “desmedido” de la tasa, y bajo la idea expresada por varios representados de que “pareciera que el Municipio va contra los comercios del centro”.

Desde el Palacio Municipal defendieron el gravamen y descartaron que se trate de una nueva tasa o impuesto. Por el contrario, aseguraron que “no hay nada nuevo; no se trata de un tributo nuevo”.

“Es la misma tasa que se cobra todos los años, a fin de año y de una sola vez, por tenencia de cartelería”, indicaron desde la Comuna tras la consulta de este Diario.

Según las fuentes, las boletas comenzaron a salir en octubre y en los últimos días llegaron a los negocios. “Tal vez a quien tiene un comercio nuevo le sorprenda, pero es una tasa que se cobra todos los años, una sola vez por año”, indicaron.

“Se trata de la tasa que financia el subsidio a los clubes”, explicaron, en referencia a la Ordenanza Nº 12130, sancionada por el Concejo Deliberante en diciembre de 2010, que establece la afectación, para el sostenimiento del subsidio municipal para promoción de los clubes de barrio de la cuidad de Tandil y localidades rurales, de “lo recaudado en concepto de derecho por publicidad y propaganda en el Partido de Tandil”.

“De ahí sale el dinero”, completaron desde la Comuna.

El Partido “es muy caro”

Para los comerciantes, en cambio, “no importa si se trata de una factura anual”.

En diálogo con este Diario, la propietaria de un local de indumentaria del centro explicó que “el negocio tiene que tener un cartel identificatorio, eso es así, y nosotros no nos quejamos por el cobro por las marquesinas y de todo lo que sale por afuera del comercio. La cartelería externa siempre se pagó”, aclaró.

“Pero tener que pagar además por todo lo que es indicativo del local –aquello que señala que ese local es el que es- nos parece muchísimo”, añadió.

Y remarcó: “Si aceptamos eso, luego van a seguir sumando tasas y, en vez de pagarlo una vez por año, vamos a tener que pagarlo dos o tres”.

Otro propietario consideró que “pareciera que el Municipio va contra los comercios del centro” y agregó en ese sentido que el Partido es “muy caro”.

“Los impuestos en Tandil son carísimos, el estacionamiento medido también; así se hace muy difícil poder sostenerse”, finalizó.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, originalmente previsto para este miércoles 12 de noviembre.

La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático.

Desde el organismo explicaron que el cambio de fecha responde a “razones operativas” y busca asegurar el correcto proceso de liquidación y disponibilidad de los medios de pago, permitiendo que todas las personas contribuyentes puedan cumplir en tiempo y forma.

Desde ARBA recordaron que quienes no registren deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar la última cuota del año, conservarán la bonificación de hasta el 10%.

Además, el impuesto puede abonarse desde la web oficial (www.arba.gov.ar) con tarjeta de crédito o a través de cajeros automáticos, luego de generar el código de pago electrónico. También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico o desde la agenda de pagos de la aplicación.

Quienes prefieran abonar de forma presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y en los centros de cobro de Provincia Net Pagos. Además, también se modificó la fecha de la cuota 2 del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas cuyo vencimiento original era el 13 de noviembre y pasó para el 11 de diciembre de 2025.

Las personas contribuyentes pueden adherir sus impuestos al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o con tarjeta de crédito. Esta modalidad está disponible para todos los impuestos patrimoniales, salvo el Complementario, que admite únicamente débito en cuenta.

El beneficio del 10% también se mantiene para quienes ya se encuentren adheridos. Para iniciar el trámite, se debe ingresar en www.arba.gov.ar, sección “Autogestión”, con CUIT y Clave CIT, y luego seleccionar la opción “Gestión de Débitos Automáticos”.

En caso de no tener un CBU registrado o querer actualizarlo, puede hacerse desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)”. Si se elige el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el pago se reflejará en el vencimiento de las próximas cuotas.