Las transferencias por Recursos de Origen Nacional (RON) enviadas a las provincias registraron durante septiembre un incremento del 4,4% interanual en términos reales, dejando atrás la fuerte contracción del 10,2% real que se había registrado en el mismo mes de 2025. 

Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los giros específicos correspondientes a la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) exhibieron un repunte del 4,6% interanual real, revirtiendo la caída del 0,7% observada un año atrás.

El reporte subrayó la disparidad que mostraron los principales tributos que integran la masa coparticipable. Por un lado, la recaudación del Impuesto a las Ganancias consolidó su sendero de recuperación con un alza real del 22,4% interanual, extendiendo el terreno positivo tras los incrementos anotados en julio y agosto. Por el contrario, los recursos provenientes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se redujeron un 5,8% real interanual, acumulando 11 meses consecutivos en retroceso y dando cuenta de la debilidad del consumo y de las actividades ligadas al mercado interno.

La evolución de estas partidas resulta neurálgica para las arcas subnacionales, dado que las transferencias de origen nacional representan, en promedio, el 71,6% del total de los ingresos de las provincias. Este porcentaje se compone en un 58,2% por la coparticipación automática y el resto por otras asignaciones de origen nacional.

Según relevó el CEPA, provincias del norte argentino presentan los niveles de dependencia más elevados del país, como Formosa (92%), Santiago del Estero (90%), Catamarca (87%), La Rioja (88%) y Chaco (87%). En el territorio de la provincia de Buenos Aires, los envíos automáticos y tributarios nacionales explican cerca del 50% de sus recursos totales, contrastando con jurisdicciones de mayor autonomía como la Ciudad de Buenos Aires o Neuquén.

Durante septiembre, la administración bonaerense percibió un incremento real del 3,2% interanual en el total de los Recursos de Origen Nacional y una suba del 4,5% en concepto de Coparticipación Federal, ubicándose levemente por debajo del promedio global de las jurisdicciones.

Al desagregar el escenario federal, el estudio reveló un comportamiento con saldo positivo para todos los distritos, aunque con marcadas brechas regionales. Las subas más significativas en el total de transferencias nacionales correspondieron a la región patagónica: Santa Cruz lideró con un avance del 8,6% real, seguida por Chubut (8,1%), Tierra del Fuego (7,9%), Neuquén (7,7%) y Río Negro (7,2%).

En el otro extremo de la tabla, las provincias del Noreste y parte del Litoral evidenciaron los menores repuntes interanuales del país. Chaco registró una mejora de apenas 1,4% real, mientras que Entre Ríos, Corrientes y Misiones igualaron con un avance del 1,5%, y Formosa alcanzó el 1,8%. En el apartado de coparticipación pura, este mismo grupo de jurisdicciones quedó relegado con un incremento acotado al 1,6% real interanual, frente al 6,6% que lograron las provincias del sur.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzará a implementar un aporte del 2% sobre los premios derivados de apuestas sucesivas en juegos de resolución inmediata, conocidos habitualmente como slots, disponibles en las plataformas de juego online habilitadas en territorio bonaerense.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la medida permitiría recaudar entre $35.000 millones y $40.000 millones adicionales por mes. Los recursos ingresarán al Fondo de Progreso e Inclusión Social (Fopis) y serán destinados a programas de salud, educación y desarrollo social, además de fortalecer las políticas destinadas a combatir la ludopatía.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien explicó que el aporte alcanzará a los premios pagados por las siete concesionarias autorizadas para operar juegos online en la provincia.

El mecanismo ya se encontraba contemplado en la Ley 15.079, aprobada en 2018, aunque ahora comenzará a implementarse específicamente sobre los denominados juegos de resolución inmediata.

El aporte del 2% alcanzará así a los premios obtenidos a partir de apuestas sucesivas dentro de juegos similares a las máquinas tragamonedas o slots digitales, en los que los usuarios hacen girar rodillos con diferentes símbolos con el objetivo de obtener combinaciones ganadoras.

Bianco señaló que parte de los recursos obtenidos permitirá sostener y profundizar las políticas provinciales frente al crecimiento de la ludopatía y las apuestas online, con especial atención en la problemática entre adolescentes.

“Según nuestras estimaciones ingresarían entre $35.000 millones y $40.000 millones adicionales por mes”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, destacó las diferentes medidas que viene desarrollando el Gobierno bonaerense para controlar el juego online y combatir las plataformas clandestinas. Según indicó, la Provincia implementó la identificación biométrica para acceder al juego online y realizó más de 800 denuncias contra plataformas ilegales.

Además, en un trabajo conjunto con Meta y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (Alea), fueron reportados más de 100 influencers que promocionaban sitios de apuestas ilegales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió ayer a tomar distancia del Poder Ejecutivo y reclamó una reforma impositiva que “premie al que produce” y solicitar una política productiva orientada al desarrollo territorial que permita “ahorrar a las familias”.

Al inaugurar el sábado la 74° Exposición Rural de Chivilcoy, la titular del Senado encabezó un acto ante productores agropecuarios, acompañada por el intendente local, Guillermo Britos, y la presidenta de la entidad organizadora, Yamila Farrell.

Durante su discurso, Villarruel expresó: “Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”.

Asimismo, la Vicepresidenta hizo énfasis en las necesidades de infraestructura del interior, como caminos rurales, conectividad, energía y rutas, y puntualizó que si bien el Estado no debe reemplazar al productor, “tampoco puede desatenderse de las condiciones necesarias para producir”.

En esa línea, vinculó el incremento de la producción con la generación de divisas y empleo, al tiempo que remarcó que “la verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”.

También hizo un llamado para crear oportunidades que eviten el desarraigo de los jóvenes en los pueblos del interior.

El posicionamiento público de Villarruel en Chivilcoy reaviva la interna con la Casa Rosada y se suma a anteriores gestos de diferenciación política, en un contexto donde no descuida su proyección nacional de cara a los próximos turnos electorales. (NA).

Dicho tributo recauda siete de cada diez pesos -en promedio- de lo que ingresa a las jurisdicciones en materia impositiva.

Tomando el total de las 23 provincias y sumando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el promedio del ingreso tributario de cada jurisdicción por IIBB es del 76,2 por ciento, con una tendencia que se fue agravando en las últimas décadas.

Así lo detalla un informe de la Fundación Libertad, correspondiente al primer trimestre de 2026. En total, recauda casi 25 mil millones de dólares anuales para el conjunto de las provincias, equivalente a cinco veces más de lo que ingresó el último año en Derechos de Exportación (DEX) y similar a lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias.

“Es un tributo distorsivo por su efecto cascada, que explica gran parte del llamado ‘costo argentino’, y además altamente injusto dado que grava de forma indirecta fuertemente a las empresas y personas que deben endeudarse”, sostuvo Joaquín Aranguiz, economista de la Fundación.

En base a los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), solamente Río Negro y Tierra del Fuego llevan recaudados menos del 70 por ciento del total en lo que va del año, siendo del 64,7 y 53, respectivamente.

En el resto de subterritorios nacionales el número supera el 70 por ciento y, en el peor de los casos, supera el 90 como en Misiones (90,2) y Santa Cruz (90,6), siendo la primera en el podio.

Salta (89,3), Catamarca (88,7), Formosa (88,3) y Neuquén (88,2) son las próximas a acercarse al total de la recaudación provincial.

El informe, además, desglosó el aumento que registró IIBB a lo largo de las últimas décadas. 42 años atrás, ese impuesto representaba la mitad de lo recaudado por las provincias (52 por ciento).

A partir de los 2000, el incremento fue recolectando cada vez más pesos: para 2003, equivalía al 62 por ciento de la recaudación propia de las provincias, y cuatro años más tarde la participación llegaba al 70. Año a año fue subiendo hasta alcanzar un pico del 83,5 por ciento en 2023. NA

La discusión sobre el nivel de presión tributaria que soportan empresas, comercios y vecinos sumó un nuevo elemento en la provincia de Buenos Aires. El senador provincial y economista Diego Valenzuela presentó este viernes un “Semáforo Fiscal”, una herramienta digital que permite comparar a los municipios bonaerenses a partir de distintos indicadores vinculados con las tasas, las alícuotas, el tamaño del Estado, la infraestructura y el empleo.

El proyecto, denominado “Menos impuestos, más trabajo”, surgió tras un año de labor junto con economistas y especialistas tributarios. La plataforma utiliza un sistema de colores —verde, amarillo y rojo— para ordenar los resultados y permite consultar los datos de cada distrito y establecer comparaciones. “Esta iniciativa está diseñada para que comerciantes, empresarios y vecinos sepan dónde se cuida el bolsillo y dónde no es conveniente invertir o generar empleo”, expresó el ex intendente de Tres de Febrero durante la presentación realizada en el Auditorio de la Torre Macro.

El evento contó con la presencia de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien destacó la importancia de la iniciativa: “Si metemos el método Valenzuela en cada municipio, podemos ganar la Provincia. La Libertad se mide en el territorio”.

Uno de los principales ejes de la herramienta es la presión fiscal municipal, calculada a partir del promedio de las alícuotas nominales de cinco actividades: banca minorista, hipermercados, industria, comercio minorista y comercio mayorista, incorporando ajustes por Tasa Vial y habilitaciones. Bajo esta metodología, San Pedro lidera el segmento verde con una presión del 0,52%, seguido por Tres de Febrero (0,55%) y Chivilcoy (0,75%).

En el extremo opuesto, el segmento rojo incluye a Hurlingham (3,16%), Lanús (3,06%) y Marcos Paz (2,88%). Estos distritos cobran Tasa Vial y presentan alícuotas superiores al 1%.

La plataforma también analiza la cobertura de infraestructura, donde Vicente López registra el nivel más alto con 92,46%, mientras que José C. Paz se ubica en el extremo opuesto con 19%. En cuanto al tamaño del Estado, el gasto salarial varía significativamente: San Nicolás registra un 15,27%, mientras que Coronel Rosales alcanza el 74,03%. Al respecto, Diego Valenzuela sostuvo: “Si vas a un municipio que tiene 60% en salarios, resultado fiscal negativo y que invierte 2% en gasto de capital, no esperes una buena gestión”.

La presentación se enmarca en la disputa que el Gobierno nacional mantiene con gobernadores e intendentes por la carga tributaria. El senador provincial enfatizó que su propuesta busca fomentar el desarrollo económico. “Creo que actualmente los gobiernos locales no pueden ser ‘municipios ABL’, hoy tienen que fomentar el empleo y la inversión a través de gestos impositivos y quita de burocracia. El que no lo haga, quedará a mitad de camino y disociado de la ciudadanía”, afirmó.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Secretaría de Minería pusieron en marcha un nuevo esquema normativo destinado a agilizar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las tareas de exploración minera. La medida fue oficializada a través de las Resoluciones Generales 5879 y la Conjunta 5878, publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

El objetivo central de esta iniciativa es consolidar un marco reglamentario ágil y transparente, con el fin de disminuir las cargas burocráticas, fortalecer la seguridad jurídica y modernizar los instrumentos de control y promoción. A partir de ahora, ambos organismos dictarán sus propias normas según sus competencias, pero bajo un sistema coordinado de intercambio de información digital para efectivizar los beneficios previstos en la Ley de Inversiones Mineras.

La Resolución General 5879/2026 integra formalmente el beneficio de devolución de créditos fiscales al Sistema Integral de Recupero (SIR). Bajo este esquema, las empresas podrán recuperar el IVA por importaciones y adquisiciones vinculadas a la exploración tras cumplirse 12 períodos fiscales desde su cómputo original.

Para acceder al sistema, los contribuyentes deberán estar inscriptos en el Registro Fiscal de Actividades Mineras y presentar un informe de contador público independiente que certifique la legitimidad de los créditos y la existencia de los bienes de capital. En cuanto a los trámites iniciados bajo la normativa anterior que requieran rectificaciones, la Resolución Conjunta 5878 aclaró que continuarán gestionándose mediante el aplicativo anterior hasta su finalización. El nuevo esquema SIR será de aplicación obligatoria para todas las solicitudes presentadas a partir del período marzo de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó los cambios en la liquidación del impuesto a las Ganancias tras una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y un grupo de estudios contables. A través de la resolución 5876/26, publicada en el Boletín Oficial, el organismo resolvió prorrogar el plazo para la presentación de las declaraciones juradas hasta el 27 de agosto, manteniendo la fecha de pago para el 27 de julio.

Esta medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto para los responsables del régimen general como para aquellos adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del período fiscal 2025. Es importante destacar que los vencimientos para el impuesto a los Bienes Personales y el impuesto Cedular no sufrieron modificaciones, manteniéndose para el 27 de julio tanto la presentación como el pago.

La decisión responde a los pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas, quienes solicitaron mayor tiempo para la confección de las declaraciones. Asimismo, se postergó el pago del primer anticipo del impuesto a las Ganancias del período fiscal 2026, que se abonará según la terminación del CUIT del contribuyente: el 14 de septiembre para las claves finalizadas en 0, 1, 2 y 3; el 15 de septiembre para las terminadas en 4, 5 y 6; y el 16 de septiembre para las que concluyen en 7, 8 y 9.

Sobre la disociación entre las fechas de presentación y pago, Sebastián Dominguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó:

La disociación entre ambas fechas responde a una decisión de ARCA de no prorrogar el ingreso del impuesto. Dado que Ganancias es un tributo coparticipable, cualquier extensión del plazo de pago impacta no solo en las arcas nacionales sino también en las finanzas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

El especialista añadió que, desde una perspectiva técnica, exigir el pago antes de la determinación formal de la declaración jurada invierte la lógica del sistema. No obstante, aclaró que estos cambios no deberían afectar la implementación de la ley de Inocencia Fiscal, cuyos beneficios se mantienen para quienes cumplan con los plazos establecidos.

Luego de conocerse el dato de inflación correspondiente a junio, las escalas del impuesto a las Ganancias y del monotributo fueron actualizadas un 16,8 por ciento, un porcentaje que se encuentra en línea con el índice de precios del primer semestre.

A partir de esta modificación, un empleado soltero y sin hijos comenzará a tributar desde un salario neto de 2.909.507 pesos, lo que equivale a un ingreso bruto de 3.505.431 pesos. Por su parte, para aquellos trabajadores con cónyuge y dos hijos, el impuesto comenzará a aplicarse a partir de un neto de 3.386.017 pesos y un bruto de 4.079.590 pesos.

En el caso de los autónomos, el esquema establece que empezarán a tributar a partir de un ingreso mensual de 2.256.489 pesos.

Al tratarse de un tributo de carácter anual, el tributarista Sebastián Domínguez explicó que existe una posibilidad para los contribuyentes:

“Los trabajadores con mayores retenciones durante el primer semestre tienen la posibilidad de registrar saldos a favor”.

La mayoría de los sectores productivos, especialmente aquellos que han visto afectada su competitividad, reclaman una baja en la carga tributaria y la eliminación de los impuestos considerados distorsivos. Según un informe elaborado por Osvaldo Giordano para el Ieral, profundizar esta reducción sin comprometer el equilibrio fiscal es un proceso complejo que podría demandar más de 10 años.

El documento señala que tributos como los derechos de exportación, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos, Sellos y diversas tasas municipales representan una recaudación equivalente a más del 7% del PBI. Estos impuestos constituyen una fuente clave de financiamiento para los tres niveles de gobierno, lo que dificulta su eliminación inmediata. Después de años de desorden macroeconómico, establecer alivios tributarios sin financiamiento sería muy contraproducente.

Ante este escenario, el informe propone una estrategia de gradualismo tributario. La premisa fundamental es que cualquier baja de impuestos debe estar precedida por una reducción del gasto público. El Ieral advierte sobre la dinámica expansiva de ciertas partidas, como el gasto previsional, que absorbe una proporción significativa del presupuesto nacional y de 13 provincias. Sin una reforma en este sector, el gasto público total corre el riesgo de superar a la inflación.

El estudio evaluó la viabilidad de esta transición bajo un escenario optimista de crecimiento real sostenido del 3,3% anual. Bajo estas condiciones, el Estado nacional necesitaría 11 años para compensar la pérdida de recursos derivada de eliminar las retenciones y el impuesto al cheque. En detalle, el campo debería esperar casi cuatro años para la eliminación total de las retenciones, mientras que el impuesto a las transferencias bancarias recién podría desaparecer siete años más tarde.

A nivel provincial, los plazos se extienden significativamente. Incluso destinando el aumento de la coparticipación a reemplazar la recaudación de Ingresos Brutos y Sellos, las jurisdicciones más grandes enfrentarían procesos extensos: 14 años en Santa Fe y Mendoza, 16 años en Córdoba y casi 20 años en la provincia de Buenos Aires.

Los contribuyentes argentinos dejaron de trabajar para hacer frente al pago de sus impuestos anuales a partir de hoy, según un estudio privado.

Hasta el día de ayer, el total de los ingresos generados por un trabajador promedio se destinó, de manera teórica, a cubrir el pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales, de allí, por lo que hoy se considera como el “Día de la Independencia tributaria”.

El concepto de independencia tributaria mide cuántos días debe trabajar un ciudadano para cumplir con sus obligaciones fiscales. Una vez superada esa cantidad de jornadas, el trabajador deja de generar recursos para el fisco y comienza a percibir ingresos netos de gravámenes.

Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas estableció que con los tributos que se pagan actualmente un contribuyente argentino debe destinar entre 172 y 182 días del año para hacer frente a sus obligaciones.

Ese plazo se habría cumplido el miércoles con lo cual desde el jueves 2 de julio el ingreso trabajo queda plenamente en los bolsillos de los trabajadores.

Los datos indican que la carga tributaria integral oscila entre el 47,2 por ciento y el 49,9 del ingreso total.

El informe destaca que existe una “baja dispersión” en estos porcentajes, aun cuando el nivel máximo de ingresos considerado es 4,6 veces superior al ingreso mínimo del estudio.

Esta uniformidad en la presión fiscal sobre diferentes estratos salariales es uno de los puntos centrales del análisis económico actual.

El informe advierte además sobre una distorsión en el sistema y sostiene que los resultados “ponen de manifiesto la existencia de una regresividad en la carga tributaria”.

Esto significa que, en ciertos tramos, quienes tienen ingresos más altos terminan pagando proporcionalmente menos que quienes ganan menos.

Por ejemplo, los perfiles de ingresos medios y medios-altos presentan una carga entre 1,5 y 2 puntos porcentuales inferior a la del perfil de ingresos más bajos.

El Iaraf identifica dos factores principales para explicar esta regresividad.

El primero surge de los aportes personales a la seguridad social. En el caso del perfil de ingresos más bajos, estos aportes representan el 13,7 por ciento de su ingreso total, mientras que para el perfil más alto analizado, la carga por este concepto desciende al 6,3.

Esto genera una diferencia de 7,4 puntos porcentuales en contra del trabajador de menores recursos.

El segundo factor es la incidencia de los impuestos indirectos, como el IVA, que afectan más a quienes destinan una mayor parte de su sueldo al consumo básico. NA

Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO presentaron de manera conjunta un proyecto de ley que busca implementar un paquete de alivio fiscal en las facturas de servicios esenciales. La iniciativa propone exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para hogares, pymes e instituciones educativas, sanitarias y comunitarias de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto, impulsado por la diputada bonaerense del PRO, Rita Salaberry, cuenta con el respaldo de todo el bloque amarillo y de la bancada libertaria, presidida por Agustín Romo. Esta acción se enmarca en el trabajo articulado que viene desarrollando la oposición en la Legislatura. 

“El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuando se aplica sobre servicios esenciales, tiene un carácter marcadamente regresivo: los hogares de menores ingresos destinan una proporción sensiblemente mayor de su presupuesto a estos bienes básicos que los hogares de mayores ingresos”, señalaron.

La propuesta establece que la Agencia de Recaudación de la provincia (ARBA) será la autoridad de aplicación. Según explicaron los legisladores, la carga tributaria en el interior bonaerense, que incluye IVA, Ingresos Brutos y fondos fiduciarios, alcanza aproximadamente el 35% del importe facturado. El proyecto busca eliminar específicamente el tributo provincial.

El articulado contempla cuatro capítulos que regulan la exención y establecen una cláusula de traslado obligatoria a las tarifas, con un régimen sancionatorio para las empresas que incumplan, cuyas multas oscilarán entre el 100% y el 300% del impuesto que debió trasladarse. La medida alcanzaría a 4 millones de hogares con gas natural, 5 millones con electricidad y 4 millones con agua potable, además de diversos sectores productivos y sociales.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la reglamentación para la instalación de tiendas libres de impuestos, conocidas como free shops, en los pasos fronterizos terrestres del país. La medida fue establecida mediante el Decreto 438/2026, el cual incorpora una normativa adoptada por el Mercosur en 2018.

El nuevo marco normativo permite que estos locales se ubiquen en áreas bajo control aduanero en pasos habilitados, tales como Puerto Iguazú, Paso de los Libres, Santo Tomé, Cristo Redentor o La Quiaca. Para operar, los interesados deberán obtener una doble autorización del Ministerio de Economía y la habilitación aduanera de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El decreto, que lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, especifica que las ventas estarán destinadas exclusivamente a viajeros que crucen la frontera. Asimismo, las mercaderías adquiridas deberán cumplir con las franquicias, límites y controles del régimen de equipaje vigente.

En los fundamentos de la norma, el Gobierno destacó que el objetivo es dotar de mayor competitividad a las zonas de frontera, promover la actividad turística, incentivar el comercio regional y contribuir al desarrollo económico local, equiparando las condiciones con otros Estados Partes del Mercosur como Brasil, Paraguay y Uruguay.

La fiscalización de las operaciones, el control de las mercaderías y la supervisión de los locales estarán a cargo de la ARCA. Por otro lado, se informó que los free shops que ya operaban bajo el régimen anterior podrán continuar con su actividad bajo las mismas condiciones. Cabe recordar que, a comienzos del año pasado, la administración de Javier Milei inició procesos de licitación para la concesión de predios de servicios en puntos de cruce, donde se prevé la instalación de gastronomía, hotelería y otros servicios.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que, hasta mañana, martes 9 de junio, se podrá pagar con descuento de hasta el 10 por ciento la cuota cuatro del Impuesto a los Automotores. Quienes estén al día y abonen en término, obtendrán la bonificación con cualquier medio de pago que elijan.

Durante este año, comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos para pagar la patente, que incluye con la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas, con el objetivo de tener mayor previsibilidad financiera a las y los contribuyentes.

Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado al correo electrónico por la Agencia, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

Desde ARBA indicaron además que, en los próximos días, vence la cuota 2 del impuesto Inmobiliario Rural 2026. Hasta el jueves 11 de junio, hay tiempo para pagar con descuento de hasta el 10 por ciento para los que tienen un buen cumplimiento.

El beneficio para cumplir con el tributo de las partidas rurales se obtendrá siempre que no registre deudas y que los pagos se realicen en término, con los mismos medios de pago vigentes para el resto de los impuestos y detallados anteriormente.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, afirmó que los datos de recaudación correspondientes a mayo muestran un deterioro de la actividad económica y contradicen las versiones oficiales sobre una supuesta recuperación de la economía.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, durante mayo volvieron a registrar caídas interanuales los principales tributos vinculados al consumo, la producción, el empleo y las transacciones económicas. Entre ellos, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos retrocedió un 8,4%; el Impuesto de Sellos cayó un 11%; el Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyó un 7,4%; mientras que el denominado Impuesto al Cheque registró una baja del 2,9%. Asimismo, se redujeron los recursos asociados al empleo formal, con descensos en las Contribuciones y Aportes a la Seguridad Social.

“Más allá del relato que intenta instalar el Gobierno nacional, los datos muestran otra realidad. La recaudación de los impuestos vinculados a la actividad económica continúa cayendo y eso es consecuencia directa del deterioro que atraviesa la economía real”, afirmó Girard.

El titular de ARBA destacó que mayo representó el décimo mes consecutivo de caída de la recaudación del IVA y advirtió que la tendencia no solo se mantiene, sino que además se profundiza. “Estamos frente al peor inicio de año en materia recaudatoria desde 2017. La caída del IVA, del Impuesto al Cheque y de los recursos de la seguridad social refleja una crisis que tiene su epicentro en el mercado interno”, señaló.

En ese marco, sostuvo que los indicadores tributarios evidencian las consecuencias de un proceso caracterizado por la retracción de la actividad económica, la pérdida de puestos de trabajo registrados, el crecimiento de la precarización laboral, el aumento de la desocupación y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

Girard también expresó su preocupación por la evolución del componente aduanero del IVA, que registró una caída del 18%.

“Este dato confirma el escenario recesivo que atraviesa el mercado interno, pero además enciende señales de alarma porque podría estar reflejando un aumento de la evasión vinculada a las importaciones. Es una situación que requiere atención y control por parte del Estado”, sostuvo.

Finalmente, el director de ARBA aseguró que la evolución de la recaudación constituye uno de los indicadores más precisos para evaluar el desempeño de la economía y reiteró que los números actuales muestran un escenario de creciente debilidad de la actividad productiva y comercial.

El Gobierno nacional dispuso postergar hasta el 1 de julio de 2026 la aplicación de los incrementos remanentes en los impuestos que gravan la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, mediante el Decreto 405/2026. La medida modifica el Decreto 617/2025 y extiende el diferimiento de los aumentos derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, además de las vinculadas al primer trimestre de 2026.

Según la norma, los montos de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan periódicamente sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec. El decreto establece que el incremento total remanente de las actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 surtirá efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil desde el 1 de julio de 2026 inclusive.

Asimismo, la normativa sustituye en el Decreto 617/2025 la referencia temporal que regía entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 por el período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026. 

La medida se adoptó con el objetivo de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, según surge del decreto publicado en el Boletín Oficial.

La disposición entró en vigencia a partir de este lunes 1 de junio de 2026 y mantiene diferidos durante junio los incrementos previstos para los combustibles alcanzados por la medida.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto de ley para eliminar el impuesto de sellos sobre las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que parte del diputado Oscar Liberman y fue firmada por 17 legisladores del espacio, apunta a reducir una carga tributaria que “encarece el consumo formal y estimula la informalidad económica”.

Liberman, el autor de la propuesta, sostuvo que se trata de “un alivio fiscal para los contribuyentes que tendrá un impacto positivo en el consumo formal”. La medida busca derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense (Ley N° 10.397), que actualmente grava con una alícuota del 1,2 por ciento todos los débitos o cargos del período formalizados mediante tarjetas de crédito.

Según el legislador, ese porcentaje eleva los costos de cada transacción y empuja a los usuarios hacia canales no declarados. El proyecto también modifica el artículo 258 del mismo código y la Ley Impositiva vigente (Ley 15.558), en los tramos referidos al impuesto de sellos sobre este tipo de operaciones.

El argumento de Liberman también es de orden jurídico. El legislador señaló que el resumen de tarjeta de crédito no reúne las condiciones que la propia Ley de Coparticipación Federal exige para que un documento quede alcanzado por el gravamen. Según el artículo nueve, inciso b, apartado dos de esa norma, un instrumento sujeto al impuesto de sellos debe revestir “los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes”.

Liberman afirmó que el resumen periódico de una tarjeta no cumple ese requisito porque no está firmado ni reconocido por su titular, y porque la Ley Nacional de Tarjeta de Crédito 25.065 establece en su artículo 39 que el emisor necesita documentación adicional para ejecutar un saldo impago. “Del propio régimen legal de tarjetas de crédito se deduce que la liquidación o resumen periódico no constituye título suficiente para iniciar una acción judicial”, precisó el diputado.

A partir de ese razonamiento, Liberman concluyó que “la provincia de Buenos Aires no tiene potestad alguna para apartarse de la definición” que fija la coparticipación federal. En esa línea, calificó el proyecto como “una corrección jurídica hacia un sistema tributario más justo” y rechazó que el fisco provincial deba intervenir en cada transacción privada: “El Estado no puede seguir viendo cada operación privada como una oportunidad para cobrar un impuesto más”.

La iniciativa fue acompañada por otros 16 legisladores del bloque libertario: Juan Osaba, Agustín Romo, Francisco Adorni, Maximiliano Bondarenko, Nahuel Sotelo Larcher, Geraldine Calvella, María Fernanda Coitinho, Oriana Colugnatti, Analía Corvino, Pablo Morillo, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Carla Pannelli, Florencia Retamoso, Gastón Abonjo y Vera Chávez Ramón.

“El campo no puede seguir siendo la variable de ajuste de las necesidades cambiarias”, aseguró el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, en la inauguración de la decimotercera edición del congreso A Todo Trigo, el encuentro sobre granos finos más importante de América Latina.

En Mar del Plata, Rivara aseguró que el campo necesita previsibilidad y permanencia de las normas e hizo un nuevo llamado a bajar las retenciones para mejorar la competitividad en un mundo cada vez más desafiante.

En tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, también estuvo presente y destacó los avances y el “cambio de paradigma” impulsado por el Gobierno Nacional.

Con una campaña 2025/26 que cerró con registros históricos de 28 millones de toneladas y una superficie sembrada de 6,7 millones de hectáreas, el congreso se inauguró en un contexto alentador que el presidente de la Federación de Acopiadores atribuyó a un nuevo escenario: “El nuevo clima político, la eliminación de la brecha cambiaria y la rebaja del 38 por ciento en los derechos de exportación que pasaron del 12 al 7,5 han sido factores determinantes y positivos”, aseguró.

Con la siembra de la campaña 26/27 en el horizonte, Rivara planteó cuatro principios que la entidad considera irrenunciables para cualquier reforma fiscal genuina.

El primero apunta a eliminar impuestos que consideró “altamente distorsivos” como el impuesto al cheque, sellos e ingresos brutos provinciales.

El segundo busca garantizar igualdad de tratamiento entre quienes realizan las mismas actividades: “Las obligaciones que el vecino no cumple, las debemos cumplir nosotros”, señaló.

El tercero exige frenar lo que Rivara describió como “verdaderos impuestos ilegales disfrazados de tasas municipales”, que vacían de sentido el esfuerzo fiscal de la Nación y las provincias.

Por último, la eliminación de mecanismos bancarios de percepción tributaria, como el SIRCREB que, a su juicio, “se han convertido en un robo a las empresas que actúan en la legalidad”.

Uno de los pasajes de mayor énfasis fue el reclamo por la reducción de retenciones: “estas rebajas aumentan la producción, lo que trae mejoras no sólo para el sector, sino también para el gobierno y la Argentina”, aseguró. Sobre este punto, Rivara defendió la posición que la Federación sostiene desde 2020 a través del Consejo Agroindustrial Argentino y citó resultados concretos: “Se bajaron las retenciones y esta campaña el campo pone en las arcas del Estado 730 millones de dólares más que en la campaña pasada”. También recordó el compromiso internacional que tiene Argentina de eliminar las retenciones al trigo, maíz y girasol antes del 1° de mayo de 2029.

El presidente de la Federación abordó, además, la situación del trigo transgénico HB4, cuya introducción calificó como un escándalo institucional, y alertó sobre la circulación no autorizada de soja HB4 que podría comprometer mercados externos: “No hay experiencia en el mundo donde el Estado autorice la siembra de 53.000 hectáreas de un asemilla experimental ni de ausencia tan grande en los controles como existió en Argentina con la empresa Bioceres”, aseguró.

En otro pasaje del discurso, Rivara hizo un llamado a acordar entre la producción y los semilleros la actualización de una Ley de Semillas “que contenga a todos”. También habló de la necesidad de aprobar una Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias para garantizar un ordenamiento nacional, provincial y municipal. “Hoy estamos expuestos a decisiones anárquicas de municipios o de jueces sin fundamentos técnicos ni científicos”, aseguró.

Por último, Rivara aseguró que la infraestructura y la logística son uno de los problemas a solucionar para bajar los costos y ampliar la producción: “El costo que tiene un argentino para poner su mercadería en un contenedor y subirla al barco es, aproximadamente, 1.460 dólares por contenedor, mientras que un exportador brasileño abona 310 dólares por el mismo servicio. Los negocios internacionales se ganan o se pierden por un par de dólares”, subrayó.

El discurso cerró con una convocatoria a la unidad de la cadena y a mirar el comercio mundial con ambición: “No hay posibilidades de ganar nada si los jugadores están molestos entre ellos. Reforcemos una cadena que salga a vender calidad y confianza al mundo”, aseguró. La competitividad, concluyó, es la única herramienta real para enfrentar un futuro que definió como “cada vez más complicado, más desafiante”.

Tras el discurso de Rivara, hizo uso de la palabra el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Serio Iraeta, quien marcó los logros de su gestión y habló de “un cambio de paradigma” que está impulsando el gobierno nacional. “Estamos ordenando una situación absolutamente caótica y cambiando la lógica en la que el campo sólo era pensado para ordeñarlo”, dijo. En este sentido, destacó medidas concretas como la baja de retenciones y alivio fiscal para insumos de la cadena, entre otros.

Iraeta también aseguró que la guerra en Medio Oriente y la situación en el Estrecho de Ormuz ha generado “una disrupción tremenda”, pero animó a los productores a apostar por el trigo: “Los invito a sembrar trigo, a que tengan ánimo y fuerza. Tengan confianza porque el trigo va a ser competitivo en la cosecha”, concluyó. 

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó un proyecto de ley que exime del cien por ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y reduce hasta el cien por ciento el Impuesto de Sellos para la construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales en la provincia.

La iniciativa regirá desde el 1° de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027 y apunta a reducir costos en el sector, reactivar la industria de la construcción y promover la generación de empleo, según informó el Gobierno provincial en un comunicado.

La propuesta contempla la exención total de Ingresos Brutos para quienes inicien obras de viviendas familiares o desarrollos residenciales durante el período establecido. Además, prevé beneficios de hasta el 100% en el Impuesto de Sellos sobre contratos de obra, financiamiento y garantías vinculadas a los proyectos, de acuerdo con la cantidad de empleados y la magnitud de la inversión.

Podrán acceder al beneficio familias que construyan una vivienda desde cero, propietarios que amplíen inmuebles existentes y desarrolladores de edificios residenciales, siempre que al menos el 70 por ciento de la superficie se destine a vivienda.

También alcanzará a proyectos ya iniciados, siempre que concluyan antes del 31 de diciembre de 2028. La normativa excluye construcciones comerciales, industriales y de oficinas. NA

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos sobre la transferencia de dominio de bienes inmuebles y vehículos automotores. Se trata de un tributo que en 2025 representó el 9,2 por ciento de la recaudación tributaria propia bonaerense y aportó 1,28 billones de pesos a las arcas de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

La iniciativa, que lleva la firma de todos los diputados del bloque, apunta a modificar el artículo 256 del Código Fiscal (Ley N° 10.397) y derogar las alícuotas vigentes: dos por ciento para inmuebles y 1,2 por ciento para automotores. De prosperar, los bonaerenses quedarían eximidos de ese costo al momento de escriturar una propiedad o transferir un vehículo, lo que según los impulsores del proyecto redundaría en una mayor formalización patrimonial y un efecto expansivo sobre la actividad de escribanos, martilleros y empresas del sector.

"No se puede castigar a una familia que ahorró toda su vida para comprar una casa o a un trabajador que necesita un auto. El Impuesto de Sellos es una malformación impositiva y nosotros presentamos este proyecto para eliminarlo", sostuvo Juanes Osaba, vicepresidente de la Cámara de Diputados de LLA.

El legislador agregó además que "ese dinero que le saca el Estado a los bonaerenses tiene que estar en el bolsillo de las familias, no financiando el déficit de la Política". La presentación tiene una lectura política explícita: LLA busca presionar al gobierno de Axel Kicillof en el terreno legislativo, al colocar sobre la mesa un proyecto de rebaja impositiva que obliga al oficialismo provincial a tomar posición.

Por su parte, Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, enmarcó la propuesta en una estrategia más amplia: "Esta iniciativa forma parte de una discusión mucho más profunda que venimos dando como espacio político: redefinir el rol del Estado provincial y aliviar la presión sobre quienes trabajan, producen y ahorran. Y esa discusión implica traer a la Provincia de Buenos Aires las transformaciones que impulsa Javier Milei a nivel nacional".

El escenario en la Legislatura, no obstante, complica cualquier avance en el corto plazo. Ninguna de las dos cámaras ha iniciado sus sesiones ordinarias pese a que el período abrió formalmente el dos de marzo, y las comisiones de trabajo aún no están conformadas. Hasta la fecha, el Poder Legislativo bonaerense realizó apenas dos sesiones en todo el año, ninguna de carácter ordinario.

Esa parálisis, atribuida en parte a la disputa interna entre el gobernador y el sector de Cristina Kirchner, también traba los propios proyectos del oficialismo: la ley de producción pública de medicamentos y las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública permanecen sin tratamiento. Con las comisiones sin integrarse, el proyecto libertario sobre el Impuesto de Sellos engrosará por ahora una lista de expedientes en espera de cara a la carrera electoral del próximo año.

Alberto Rojo, brindó detalles en el  Desayuno de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1

sobre las importantes novedades tributarias que comenzarán a regir en el partido. Los cambios afectan principalmente al impuesto automotor y a los derechos de cementerio, buscando aliviar la carga de los vecinos y modernizar los esquemas de cobro.

Una de las noticias más destacadas tiene que ver con la descentralización tributaria. Según explicó el funcionario, la provincia de Buenos Aires delegó a los municipios la administración de los modelos 2014 y 2015. "En esta particularidad fueron dos años debido a que el año pasado, al no haber ley provincial, no se pasaron. Así que del 2015 hasta 1990 son municipalizados", señaló.

En el marco de este reordenamiento, la Municipalidad de Tandil tomó la decisión de dejar de emitir la facturación para los vehículos cuyos modelos se ubiquen entre los años 1990 y 2000. Esta medida se fundamenta en la dificultad de obtener valuaciones fiscales precisas para unidades de esa antigüedad, ya que organismos como ACARA y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor informan valores de referencia mayoritariamente desde el 2001 en adelante.

"Modelo 2000 hacia atrás no se va a emitir patente para esos vehículos", confirmó el director, llevando tranquilidad a los propietarios de estas unidades quienes no deberán esperar la liquidación. Se estima que esta medida alcanza a unos 16.000 vehículos de un parque automotor municipalizado que ronda las 50.000 unidades.

Por otro lado, para los contribuyentes que poseen vehículos modelos 2001 a 2015 y se encuentran al día con sus obligaciones, el beneficio será significativo. Tras un análisis de la facturación y con el aval del Consejo Deliberante, se estableció un descuento del 35 por ciento para quienes no registren deuda. Este porcentaje supera ampliamente el diez por ciento que se aplica de forma general a otras tasas municipales.

El funcionario aclaró que para aquellos vecinos que ya están al día, el beneficio se aplicará de forma automática. "Ya les va a llegar la liquidación con el 35 por ciento y aclarado que su patente era tanto y tiene ese descuento, no tiene que hacer ningún trámite", explicó. Sin embargo, quienes posean deudas pendientes tienen la oportunidad de regularizar su situación para acceder a la bonificación en las cuotas siguientes.

En caso de cancelar la deuda, el contribuyente deberá esperar a que el pago se impute en el sistema y luego solicitar la reliquidación con el descuento correspondiente. Para estos trámites, la Agencia Municipal de Ingresos dispone de diversos puntos de atención: la sede central en Belgrano 417 (Palacio Brigadier General Martín Rodríguez), la oficina de Villa Italia en Quintana 658, y el centro de atención en la intersección de las calles Actis y Casacuberta.

Otra novedad de relevancia comunicada por Alberto Rojo en Tandil Despierta es la modificación en la modalidad de pago de la tasa de cementerio. Históricamente, este tributo se emitía como un pago anual único, lo que representaba una erogación importante para muchos vecinos, especialmente para aquellos que poseen nichos.

A partir de ahora, si bien se mantiene la opción del pago anual, se habilitará la posibilidad de abonar hasta en cuatro cuotas sin recargos adicionales. "Teníamos muchos casos de gente que se preocupaba por el valor y que no lo podía pagar; pensamos en que aquel que está con una jubilación lo pueda pagar en cuatro cuotas como un beneficio", detalló el director de rentas y finanzas.

No obstante, hizo una advertencia importante para quienes opten por el pago fraccionado en centros de cobro presenciales: es fundamental aclarar al cajero qué es lo que se desea abonar para evitar confusiones, ya que el sistema podría tomar un pago parcial como el total si no se especifica debidamente, generando deudas involuntarias a futuro.

En cuanto a la gestión administrativa, la Municipalidad de Tandil continúa impulsando la adhesión a la factura digital. Aunque actualmente solo el diez por ciento de los contribuyentes utiliza esta modalidad, el objetivo es incrementar esa cifra para reducir costos de impresión y envío, además de contribuir al cuidado del medio ambiente.

"Cualquier contribuyente que ya tiene acceso por rentas online puede ingresar y adherirse a factura digital", recordó Alberto Rojo. Este sistema permite recibir un aviso por correo electrónico y acceder directamente a los medios de pago electrónicos, agilizando el proceso y evitando las colas en los centros de cobro.

Finalmente, se destacó la incorporación de nuevas tecnologías de pago en las delegaciones. En los centros de atención de las calles Actis y Quintana ya es posible abonar con débito automático. Asimismo, todas las tasas municipales cuentan ahora con un código QR que permite realizar el pago de forma instantánea a través de cualquier billetera virtual, adaptando la administración pública a los tiempos actuales.

Para consultas adicionales, la dirección de rentas puso a disposición las líneas 0800-333-277 y el WhatsApp 2494-547406, además de los correos electrónicos institucionales para trámites específicos de automotores y consultas generales.