a Dirección de Estadística Local difundió el informe mensual correspondiente a abril de 2026, el cual mostró una variación mensual del 0,70% en alimentos, bebidas y tabaco, mientras que el incremento interanual alcanzó el 31,84% y la suba acumulada en lo que va del año llegó al 11,40%.

El monitoreo se realiza desde marzo de 2021 en distintos comercios de la ciudad, con el objetivo de medir la evolución de precios de productos representativos del consumo de los hogares tandilenses. Para ello, se relevaron precios en 35 locales comerciales y se analizaron 100 variedades de alimentos, bebidas y tabaco.

El dato de abril mostró una desaceleración respecto de los primeros meses del año, impulsada principalmente por la baja en el rubro carnes. A pesar de ello, algunas categorías vinculadas a productos frescos mantuvieron fuertes incrementos y sostuvieron la presión sobre el índice general. En el acumulado de 2026, rubros como pescados, carnes y hortalizas continúan encabezando las mayores variaciones de precios.

Según el informe oficial, la categoría que más impulsó el aumento del mes fue “Legumbres y hortalizas”, con una incidencia de 0,61 puntos porcentuales, seguida por “Productos lácteos y huevos”, que aportó 0,53 puntos. En contraste, el rubro “Carnes frescas y congeladas” registró una incidencia negativa de -0,98 puntos porcentuales, convirtiéndose en el principal factor de desaceleración del índice durante abril.

En cuanto a las variaciones mensuales más importantes, el mayor incremento se observó en “Legumbres y hortalizas”, con una suba del 8,34%. También se destacaron “Pescados frescos y congelados” con 7,15% y “Productos lácteos y huevos” con 5,02%. Por el contrario, las carnes mostraron una baja mensual del 2,71%.

Dentro de los productos específicos, el ranking de mayores aumentos acumulados en 2026 estuvo encabezado por el zapallito de tronco, con un incremento del 142%, seguido por la zanahoria con 70% y la papa sucia con 68%. También registraron fuertes aumentos la naranja de jugo, distintos cortes de carne vacuna y productos avícolas.

El informe además muestra que las categorías con mayores subas acumuladas en el año son “Pescados frescos y congelados” (22,7%), “Carnes frescas y congeladas” (20,7%) y “Legumbres y hortalizas” (17,9%). En contrapartida, el rubro frutas registró una caída acumulada del 1,6%.

Desde el Municipio recordaron que toda la información estadística y las series históricas del programa “Tandil Precios” pueden consultarse a través del portal oficial de datos abiertos de la comuna.

La Cámara Argentina del Libro (CAL) presentó su informe anual de producción de 2025, el cual reveló que la cantidad de títulos publicados alcanzó un crecimiento del 17 por ciento respecto al año anterior, pero la tirada total de ejemplares sufrió una estrepitosa caída del 34 por ciento, volviendo a niveles similares a los de 2019.

El informe, elaborado junto al Núcleo de Innovación Social (NIS) sobre la base de los registros de la Agencia Argentina de ISBN, detalla que en 2025 se publicaron 36.942 títulos. Sin embargo, el volumen total de ejemplares producidos descendió de 52,6 millones en 2024 a apenas 34,6 millones en el último año.

Uno de los factores determinantes para esta contracción de casi 20 millones de ejemplares es el retiro del Estado del mercado editorial. Según el documento, la edición pública y las compras institucionales -que en 2024 representaban el 29 por ciento de la tirada total con 14,5 millones de copias- se desplomaron hasta representar solo el cinco por ciento en 2025, con menos de dos millones de ejemplares.

“Estamos presentando una herramienta primordial para el conocimiento cabal del mercado editorial. Todo aquello que se puede medir, se puede corregir”, señaló Juan Pampin, presidente de la CAL, al destacar la importancia de contar con evidencia estadística para analizar el ecosistema del libro.

El Sector Editorial Comercial (SEC), enfocado en la venta en librerías, registró 11.119 publicaciones. Aunque este segmento creció un 29 por ciento en títulos, la tendencia se inclina hacia tiradas cada vez más pequeñas: el 26 por ciento de las novedades salen con menos de 600 ejemplares.

Esta reducción afecta principalmente a las PYMES, que explican el 74 por ciento de los nuevos títulos pero han reducido su tirada promedio a la mitad en la última década. En contraste, los grandes grupos editoriales logran sostener sus volúmenes, ampliando la brecha de mercado.

Para la CAL, una tirada de 600 unidades resulta insuficiente para abastecer las 1.500 librerías del país, limitando la presencia federal de las editoriales pequeñas.

A pesar del avance tecnológico, el soporte papel consolidó su hegemonía en el sector comercial, representando el 78 por ciento de las publicaciones frente al 72 del año anterior. En contrapartida, los libros digitales se estabilizaron en un 25 por ciento del total de registros, mientras que el audiolibro permanece como un formato marginal con apenas 27 títulos registrados.

La autoedición fue récord y alcanzó un pico histórico de 6.078 publicaciones, un crecimiento del 58 por ciento desde 2016.

Otro de los datos destacados del informe tiene que ver con que los libros infantiles y juveniles encabezan el mercado con el 28 por ciento de las obras del sector comercial. NA

Cada año, el tercer jueves de marzo, se conmemora el Día de la Seguridad Peatonal, para poner el foco en la problemática vial que sufre el eslabón más débil de la cadena: la persona que transita caminando.

Salir a la calle representa el desafío de adaptarse a las normas del espacio compartido de la vía pública, junto a los demás integrantes del sistema. En el mundo, cada año, mueren más de 270.000 peatones. En Argentina, se estima que en 2025 cerca de 1.300 peatones murieron por causas viales, lo que representa más del 20% de todas las víctimas fatales que dejan los eventos de tránsito. 

En las grandes ciudades, los peatones lideran las estadísticas de mortalidad. Lo cotidiano y habitual es que los conductores ignoren la prioridad peatonal. Un estudio de la Asociación Civil Luchemos por la Vida observó que sólo el 12% de los conductores otorgan la prioridad al peatón. Esto desmotiva a los peatones a caminar hasta la esquina o senda peatonal para cruzar, por lo que sólo un 10% de estos cruzan correctamente.

La legislación de tránsito argentina, en línea con la de los demás países, establece que los vehículos deben darle la prioridad a los peatones que cruzan correctamente la calzada por las esquinas o sendas peatonales y con el semáforo a su favor. Cumplir con la normativa favorecería a notablemente a mejorar la Seguridad Vial, reduciendo la morbi-mortalidad de los peatones.

Entre los desafíos para reducir las muertes de peatones en la vía pública, hay que lograr en forma comunitaria:

Mejorar la infraestructura vial con sendas bien marcadas y semáforos peatonales, entre otras intervenciones, contribuye a la seguridad de los más vulnerables.

Al cumplirse diez años del histórico recital de Indio Solari en Tandil, El Eco presenta un informe audiovisual especial que invita a revivir aquella jornada que quedó grabada para siempre en la memoria de la ciudad.

El material, conducido por Nico Racciatti, propone un recorrido por el clima que se vivió en la ciudad durante aquellos días, con imágenes, relatos y recuerdos que reconstruyen lo que significó la llegada del Indio y la multitud de ricoteros que copó Tandil para formar parte de un show que ya es parte de la historia del rock nacional.

A lo largo del informe se recuperan postales de la previa, la mística ricotera, los desafios de la gestión de la ciudad ante tal acontecimiento, y la experiencia de quienes estuvieron allí, en una convocatoria que volvió a demostrar la magnitud del fenómeno cultural que rodea al cantante.

Además, el trabajo busca poner en valor el recuerdo colectivo de aquel recital, que con el paso del tiempo se transformó en una marca imborrable para la ciudad y para los fanáticos que viajaron desde distintos puntos del país.

El informe especial estará disponible a partir de este jueves en el canal de YouTube de El Eco de Tandil, y propone volver a ese momento en el que la ciudad se convirtió, por una noche, en el epicentro de la cultura ricotera.

Un reciente relevamiento elaborado por investigadores del Observatorio de Tierras, integrado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, reveló que un 5 % de la superficie territorial del distrito de Tandil se encuentra en manos de empresas o personas extranjeras, en línea con las cifras observadas a nivel nacional. El estudio fue dado a conocer mediante un mapa interactivo que permitió visualizar, departamento por departamento, la distribución de la propiedad rural en todo el país.

El trabajo, desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del Conicet e investigadores del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, expuso datos que hicieron visible la presencia extranjera en extensiones significativas de tierras rurales. En términos generales, el informe indicó que aproximadamente el 5 % del territorio argentino estaba en manos de firmas o estados extranjeros, lo que equivalía a más de 13 millones de hectáreas distribuidas en distintas regiones del país y representaba un porcentaje similar al estimado para Tandil.

Según los datos difundidos, la herramienta cartográfica mostró que la extranjerización no era homogénea dentro de las jurisdicciones, sino que tendía a concentrarse en zonas con acceso a recursos estratégicos o corredores logísticos. A nivel nacional, se observó además que varios departamentos superaban el límite que alguna vez fijó la Ley de Tierras —norma que establecía un tope del 15 % de tierras rurales en manos extranjeras— cuando el análisis se realizaba a escala subprovincial.

En el caso de Tandil, el informe señaló que una de cada veinte hectáreas rurales del distrito está bajo el control de propietarios o entidades con capital extranjero, una proporción que, aunque se ubicó por debajo de los niveles extremos detectados en otras partes del país, genera debate sobre las implicancias para la soberanía territorial y el desarrollo local. Para los investigadores, comprender la distribución de la propiedad de la tierra resulta fundamental en un contexto en el que la discusión pública sobre la legislación agraria y la protección de los recursos naturales sigue siendo un tema de relevancia para las comunidades rurales y urbanas.

El mapa interactivo se planteó como una herramienta para visibilizar realidades que, según los especialistas, no siempre se reflejaban con claridad en los promedios provinciales o nacionales.

En Tandil, según el Mapa, hay un total de 467,532.17 hectáreas de las cuáles 21,557.28 son propiedad extranjera.

En la zona, salvo Benito Juárez que tiene un porcentaje de extranjerización del 13% sobre las 507,017.54 hectáreas totales, todas las ciudades aledañas tienen menores números. Azul 4%, Rauch 2%, Ayacucho 2%, Olavarría 4%. Balcarce, en tanto, supera esos números: 7%. General Pueyrredón un 9%.

La Defensoría del Pueblo de Tandil elevó al Concejo Deliberante un informe en el que resume la gran cantidad de reclamos vecinales recibidos por el acceso al agua potable en la ciudad. Se trata de un exhaustivo relevamiento que no solo da cuenta de los principales casos, sino que insta al Municipio gestionar de manera activa y en conjunto con Nación y Provincia para extender la red, en particular en barrios populares.

Además, hace mención a la posibilidad de revisar el cálculo de facturación de la tasa afectada a la provisión de agua potable, así como también a la necesidad garantizar la provisión del camión aguatero y evaluar periódicamente quién accede a dicho servicio. Propone relevar las pérdidas existentes. sancionar en casos de derroches y señala la situación en torno al Balneario del Sol y el recambio del agua de las piletas.

El informe, firmado por la defensora Paula Lafourcade, surgió “en virtud de los reclamos y de variada naturaleza que año a año recibe esta Defensoría con respecto al suministro de agua potable en el Partido de Tandil”, y fue elevado “a fin de que contemple legislar al respecto políticas públicas abarcativas para permitir y promover el acceso responsable al servicio de agua potable en el Partido de Tandil”.

Como se sabe –y con mayor énfasis en temporada de verano-, las manifestaciones vecinales son reiteradas en Tandil. El Eco informó al respecto, entre otros por los casos de Valle del Lago –donde los vecinos denuncian que se quedan sin agua cada vez que comienza a funcionar el Balneario del Sol-, pero también de barrios populares como Tarraubella y otros como Villa del Lago, El Centinela y demás.

“Estos reclamos no han sido insignificantes ni aislados sino que, por el contrario, han sido constantes y reiterados en el tiempo por innumerables vecinos que se han acercado a nuestro organismo reclamando una solución a su situación, tanto de forma particular como colectiva, de falta de acceso a la red de agua potable”, marca en ese sentido el informe.

El informe elevado por la Defensoría al Concejo se estructura en cinco puntos principales. Las solicitudes de extensión de red, las del servicio del camión aguatero, la falta y baja de presión y de agua, las pérdidas y derroches y los pedidos de facturación. Además de dar cuenta de los reclamos, remarca que el acceso al agua potable consolida el desarrollo urbano y la integración comunitaria.

Sobre el pedido de extensión de red menciona casos en Los Charitos, Villa Gaucho, La Movediza 1, La Unión, Tarraubella, El Centinela, Entre Sierras, Valle y Villa del Lago, la avenida Don Bosco, y localidades rurales como Gardey.

En este punto,  el informe destaca que de acuerdo a la legislación vigente, y a recientes fallos al respecto –de la Corte Suprema-, “tutela del derecho al acceso al agua potable no es exclusivamente federal sino concurrente con el derecho público local”.

Dicha consideración tiene impacto en la ciudad en particular en los barrios populares, y en ese sentido hace referencia al fallo de la Corte sobre La Movediza II, donde el organismo determinó que rige la concurrencia de las responsabilidades del conjunto de instancias gubernamentales.

“La legislación tanto nacional como provincial aplicable dispone que es responsabilidad primaria del municipio de Tandil garantizar el acceso al agua potable para consumo e higiene personal”, indica el informe.

Pero lo elevado por la Defensoría da cuenta también de casos como el del barrio Entre Sierras, el cual “representa un claro y oportuno ejemplo de la necesidad de coordinar esfuerzos y recursos entre los distintos niveles de gobierno, toda vez que en el año 2023 se llevó allí adelante la realización de un pozo exploratorio a partir de la financiación de la Provincia de Buenos Aires”.

Sobre el financiamiento –uno de los elementos que las autoridades municipales suelen señalar como limitantes-, el informe hace referencia al “costo cubierto”, el trabajo compartido entre Municipio y vecinos, y los fondos tanto de Nación como de Provincia.

Ante casos en los que por diferentes motivos en los que vecinos no acceden al servicio, el Municipio cuenta con dos camiones aguateros para dar respuesta a la demanda. Debido a la política de cupos, desde la Defensoría registraron “situaciones en las que vecinos de una manzana son provistos de camión aguatero mientras que otros de la misma manzana, incluso linderos, no pueden acceder al servicio por falta de cupos”.

El organismo plantea la incorporación de más camiones, pero también una “re planificación previo mapeo”, y una “reevaluación social de los beneficiarios”, en miras de “una distribución más eficiente en términos témporo-espaciales, de manera que si hay distintos vecinos abastecidos dentro de una misma cuadra, lo sean todos en una misma oportunidad aprovechándose así los recursos dispuestos para la realización del viaje”. 

En este último aspecto, figura el ejemplo de Villa Cordobita, al cual menciona que le fue negado el suministro vía camión por falta de cupos, pero sí lo reciben sus vecinos de Entre Sierras.

El informe marca los numerosos reclamos recibidos por pérdidas de agua debido a diferentes motivos, entre otros las roturas ocasionadas por maquinarias que “demoran meses y hasta incluso años en ser reparadas”.

Pero también da cuenta del aumento de la demanda en temporada de verano, y en ese sentido señala que “respondería en algunos casos a razones suntuosas como el llenado de piletas (muchas veces indiscriminado)”. 

Pone como ejemplo “la situación de los vecinos de Valle del Lago y de Don Bosco quienes denuncian año tras año la actividad desplegada por el Balneario del Sol”.

Al respecto, amplía, “una situación de derroche, característica de la temporada estival y motivo de reclamo de los vecinos de la zona, es la actividad desplegada por el Balneario del Sol al vaciar diariamente o día por medio las piletas de su establecimiento, de grandes dimensiones y en número de seis, al mismo tiempo que los vecinos de la zona experimentan la escasez”.

Por otra parte, la Defensoría se refirió a la modalidad de cobro del servicio en la ciudad, a través de la Tasa de Servicio Sanitario, la cual depende en un 50 por ciento de los metros cuadrados del lote y los metros edificados. Sobre dicha tasa, el texto indica la necesidad de reconsiderar la revisión integral del sistema actual de cálculo.

“Esta Defensoría vería con agrado la posibilidad de que se expliquen las razones técnicas y operativas de dicho sistema de cálculo, y eventualmente la modificación”, indica el informe. 

“Debería componerse, al menos en su gran mayoría, por el consumo efectivo correspondiente a cada medidor y no por la cantidad de metros cuadrados del inmueble”, propone en función de avanzar, como en diversos lugares del mundo, en “sistemas de tarificación del agua basados en el consumo medido”.

Entre las conclusiones, el informe marca que el acceso al agua es uno de los derechos amparados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales. Por tal motivo plantea la necesidad de “lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio que todos puedan pagar”.

En ese sentido, desde la Defensoría propusieron al Ejecutivo –y en particular a la Dirección de Obras Sanitarias-, el “proyectar políticas públicas abarcativas para coordinar esfuerzos y recursos que garanticen el suministro de agua potable y promuevan el uso responsable del recurso en todo el Partido de Tandil”, así como también dar impulso y celeridad a los proyectos de extensión de la red de agua potable, en particular para las familias en situación de alta vulnerabilidad social.

Además, gestionar con los distintos niveles de gobierno para coordinar esfuerzos y aunar los recursos en pos de ampliar el acceso al servicio, y que se posibilite “un mayor abastecimiento mediante la alternativa de camión aguatero”, también priorizando familias vulnerables.

En la misma línea solicitó que desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat se lleve a cabo una evaluación socioambiental entre los vecinos que requieran con mayor urgencia el abastecimiento, que se optimice la infraestructura existente de cara a la temporada estival, que se realice un relevamiento de pérdidas, y que la Dirección de Rentas  intime bajo apercibimiento de sanción a quienes cuenten con instalaciones clandestinas, así como también que dicha área reestructuren –en caso de corresponder- “los criterios de tributación aplicados al servicio sanitario bajo el parámetro del principio de la equidad tributaria”.

El informe presentado por la Defensoría del Pueblo al Concejo Deliberante hace mención en reiteradas ocasiones a la situación en torno al Balneario del Sol y su impacto en el suministro de agua de los barrios linderos, en particular Valle del Lago.

Como se sabe, los vecinos del lugar reiteran cada año –durante el verano-, que el recambio constante de agua de las piletas afecta el acceso al servicio, dejando sin presión a gran parte de los frentistas.

Por tal motivo, desde el organismo municipal instan a que el Ejecutivo y la Dirección de Obras Sanitarias, “junto con el área de Coordinación de Concesiones brinden la debida información y fiscalización respecto al funcionamiento del Balneario del Sol, tomando la debida intervención a los fines de evitar los vaciamientos periódicos y frecuentes de las piletas que integran el complejo, evitando derroches”.

El escándalo a nivel nacional por las ampollas de fentanilo contaminado sumó un nuevo dato estremecedor. Según un informe elaborado por personal del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A. incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento oficial, que fue publicado por el medio Infobae, se incorporó rápidamente a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio que es propiedad de Ariel García Furfaro. 

Los especialistas en el área analizaron un total de 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento que estaba contaminado.

Los peritos del Cuerpo Médico Forense identificaron dos bacterias, denominadas Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae, tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis realizados confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en ciertos pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La investigación judicial avanza de forma directa sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta el momento, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia las fallas graves existentes en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre las que se encuentran directivos del laboratorio.

El concejal Oscar García Allende destacó la datos brindados en el informe de gestión del segundo trimestre de la Secretaría de Protección Ciudadana, señalando que "es mucho más completo" que los anteriores, y que incorpora mayor información relevante sobre Observatorio Vial, un apartado que según su visión, en el primer trismestre fue escueto. A pesar de no haber podido asistir a la presentación de la secretaria Alejandra Marcieri ante la comisión de seguridad del Concejo por razones profesionales, el edil analizó el informe que detalla aspectos cruciales para la seguridad vial y urbana de la ciudad.

Uno de los puntos centrales es la situación de la señalética en los 28 ingresos a la ciudad, analizados con sus respectivos mapas. El concejal advirtió que, a pesar de los esfuerzos, la cuantía de señalización instalada es escasa, y la mayoría de los accesos presentan deficiencias significativas. Hay una "falta cartelería o cartelería que está desdibujada por el tiempo", indicó así como una clara falta de señalización horizontal,.

García Allende también hizo hincapié en la problemática de la circulación en rotondas, un tema que, aseguró, genera confusión y riesgo para los conductores en Tandil. El informe subraya la ausencia de señalización adecuada para el exceso de velocidad y para indicar la prioridad  de paso en las rotondas. A nivel mundial, la prioridad la tiene quien ya circula por la rotonda, pero el concejal lamentó que “acá en Tandil eso no ocurre”. 

Según su visión, un gran cartel que difunda esta normativa es crucial, especialmente en la Ruta 226, ya que "más del 80% de los que circulan por ella, son ciudadanos de Tandil". Propuso que esta educación se refuerce al entregar o renovar los carnets de conducir, a través de folletos u otros medios, para ir modificando una costumbre que es particular de la ciudad. Mencionó como ejemplo ciudades como el sur de Tenerife, que operan sin semáforos, usando "señalética distinta en horizontal" para guiar a los conductores y reducir accidentes viales.

El concejal detalló otras deficiencias encontradas en los ingresos a la ciudad, como el "exceso de pastizales" y la presencia de "camiones o vendedores ambulantes a los costados de la ruta". Estos, junto a la luminosidad y la señalización, son aspectos que, de corregirse, contribuirían a la disminución de siniestros viales.

A pesar de la notable mejora en la completitud del informe, el edil instó a pasar a la acción, una vez recabada información de claridad. Criticó en ese sentido la falta de educación vial en escuela, donde según el escrito se realizaron apenas dos actividades realcionadas en instituciones de Tandil. Lo mencionado, más la deficiencia en la señalización y la necesidad de concientización vde aquellos que ya son conductores son los desafíos más urgentes que, según García Allende, tendrán que comenzar a enfrentar cuanto antes.

Este jueves, la Secretaria de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil, Alejandra Marcieri, brindó su informe trimestral ante el Concejo Deliberante en el marco de una reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad, presidida por el concejal Nicolás Carrillo.

Durante el encuentro, la funcionaria respondió a distintas consultas de los concejales y detalló las principales acciones y proyectos de la Secretaría. Entre los temas abordados, Marcieri expuso sobre las obras de iluminación planificadas en distintos sectores de la ciudad y brindó información sobre el trabajo en cuestiones de consumo problemático. En este sentido, destacó el apoyo económico que el Gobierno local brinda a los distintos actores que intervienen en el tratamiento de esta problemática.

Asimismo, la Secretaria se refirió al Mapa del Delito como herramienta de prevención, explicando cómo se construye, con qué frecuencia se actualiza y cuál es su objetivo. También respondió consultas sobre seguridad vial, abordando la coordinación de los operativos de control dinámico y estático entre la Policía de Seguridad y la Dirección de Control Vehicular del Municipio.

En la reunión también se trataron temas vinculados a la implementación del programa Multiagencia por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el funcionamiento del sistema de GPS en los patrulleros, una propuesta que hasta el momento se implementó en 39 de los 135 municipios bonaerenses, y al que próximamente Tandil se sumará.

Además, Marcieri informó sobre la cantidad de usuarios activos de la aplicación Centinela y brindó detalles acerca del avance de la obra del nuevo edificio de la Secretaría.

Luego de detallar los temas incluidos en el informe, la secretaria de Protección Ciudadana respondió todas las consultas específicas que hicieron los ediles, más allá de lo expresado en la presentación.

Finalmente ratificó su predisposición para responder cualquier necesidad o brindar información solicitada en el marco de las facultades de los concejales, como corresponde al marco de transparencia que caracteriza al área a su cargo y a la gestión del intendente.

El encuentro, que tuvo lugar en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, contó con la participación de los concejales Noelia Domenighini, Maridee Condino, Guillermina Cadona, Matías Tringler, Andrea Pezzi, Juan Salceda, Oscar García Allende, Luján Fiego, Natalia Chacón, Nélida Sereno, Nicolás Carrillo, Juan Manazzoni, Matías Meli y Federico Sánchez Chopa.

A través de un informe de la Fundación Pensar, que preside la diputada nacional María Eugenia Vidal, el PRO respaldó la marcha del Gobierno y el rumbo económico, pero pidió “reformas estructurales urgentes” como una nueva ley tributaria, la democratización sindical y una reforma jubilatoria.

En el primer informe del 2025, la fundación destacó el rol de acompañamiento que tuvo el PRO durante todo el año pasado a las medidas macroeconómicas, que sirvieron principalmente para bajar la inflación.

“Desde el PRO siempre supimos que ordenar la macroeconomía era el primer paso para resolver los problemas estructurales de la Argentina, incluida la pobreza. La inflación es el peor de los impuestos, invisible y regresivo. Promover medidas sin equilibrio fiscal no solo sería irresponsable, sino inútil. Ya vimos cómo los parches que atacan los síntomas y no las causas, fracasan", señaló. 

"Por eso, durante todo el año nuestro ‘para qué’ fue claro: apoyar las medidas económicas necesarias para controlar la inflación y ordenar la economía”, señaló en la editorial del informe la diputada nacional Daiana Fernández Molero.

Según expresó la legisladora, "el PRO actuó como lo hizo la mayoría de los argentinos: aguantó porque sabía que valdría la pena”.

“No nos dejamos presionar por el kirchnerismo y sus alianzas oportunistas”, disparó.

En tanto, Daiana Molero consideró que “Argentina necesita reformas estructurales urgentes, entre ellas, una reforma tributaria que incentive el crecimiento, la democratización sindical y una reforma jubilatoria justa". 

"Apagamos el incendio, pero queda mucho trabajo por hacer. Nuestro compromiso para 2025 es claro: seguir construyendo bases sólidas para una Argentina que avance”, indicó.

A propósito de la posible designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, el PRO rechazó ese curso de acción y recordó malas experiencias en el pasado, como cuando Mauricio Macri intentó avanzar por esa vía al asumir en diciembre del 2015.

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó hoy un informe en Ginebra con serios cuestionamientos a la política sobre niñez que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, al que instó a aumentar presupuestos y rever la eliminación de áreas de gestión específicas que se cerraron en el marco del ajuste.

La presentación se dio después de que el Comité enviara al país una serie de informes con datos sobre la situación de la niñez y da cuenta, en 17 páginas, de un intercambio de información entre el organismo internacional y el gobierno argentino que comenzó durante la gestión de Alberto Fernández.

Entre los principales cuestionamientos figura la “reducción de partidas presupuestarias para la infancia, desinversión en salud y educación durante los últimos meses”.

“El Comité está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023 y el impacto que pueden tener en la protección del derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios; el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (Sennaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía”, se indica  en el informe.

El Comité señaló estar “profundamente preocupado por la continua y drástica disminución de las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluidas desinversión en salud y educación en los últimos meses”.

“El Comité recomienda que el Estado parte (Argentina) aumente urgentemente las asignaciones presupuestarias para los niños, incluido el presupuesto para personal capacitado, infraestructura adecuada, programas de prevención y atención integral y cuidado, estableciendo objetivos de desempeño que vinculen las metas del programa relacionadas con la infancia con el presupuesto, con asignaciones y gastos reales, para permitir el seguimiento de los resultados y de los el impacto en los niños”, continúa el informe.

Y agrega que se requiere un compromiso específico en el presupuesto: recomienda que “vele por que las líneas presupuestarias para los niños de familias desfavorecidas o situaciones de marginación, en particular los niños con discapacidad y los niños indígenas, estén protegidos en el contexto restrictivo actual”.

El salario mínimo se derrumbó un 26,5% en términos reales durante los primeros nueve meses del Gobierno de Javier Milei, de acuerdo a un informe publicado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Asimismo, el indicador que funciona como referencia para el pago de algunas prestaciones sociales acumuló una pérdida de casi 60% desde 2011.

El informe del IIEP fue elaborado en base a datos de la Secretaría de Trabajo. El trabajo subrayó además que, pese a que se viene verificando una tendencia descendente desde hace más de una década, la caída real del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se intensificó en los últimos meses.

Desde la aceleración de la inflación provocada por la última gran devaluación de diciembre, el SMVM de enero de este año ya se había reducido en un 17% respecto del valor de noviembre.

En agosto hubo un ajuste del salario mínimo, que pasó de $254.232 a $262.433. De este modo, el incremento fue de apenas 3,2%, cuando la inflación en dicho mes fue del 4,2%, de acuerdo con los recientes números difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

“La tendencia decreciente previa, conjuntamente con la fuerte contracción de estos meses, ubica al SMVM entre los valores más bajos de la serie, a excepción de los primeros años de la convertibilidad y luego de su colapso, en 2002/2003. Asimismo, implica una erosión del 59% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011”, detalló el IIEP.

En tanto, según los últimos datos de la Secretaría de Trabajo, entre noviembre y junio se perdieron 182.500 puestos de trabajo asalariado (suma total de empleados del sector privado, público y de casas particulares), mientras que la contracción es de 204.100 si se toma en cuenta el último pico de agosto del año pasado.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil define el piso de ingresos que puede recibir una persona como retribución por su trabajo, y funciona como referencia para el pago de algunos programas sociales o de la cuota alimentaria en el caso de padres separados.

El Índice de pobreza aumentó al término del primer semestre del año al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5% en el mismo período, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA).

A fin del 2023, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Pobreza alcanzaba al 41,7% de los habitantes, entre los cuales 11,9% eran indigentes, es decir sus ingresos no alcanzaban para comprar la cantidad mínima de comida para la subsistencia. Durante el primer semestres del año la inflación alcanzó al 79,8%

Estos incrementos en los niveles de pobreza e indigencia se atribuyen en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad.

Según el sondeo de la UCA, 24,9 millones de residentes en áreas urbanas del país habrían estado en situación de pobreza por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) que en junio alcanzaba a $ 873.168, para una pareja con dos niños de seis y ocho años,  con un incremento del  76,1% en el primer semestre, según el Indec.

El mismo estudio de la UCA asegura que unos 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA) que en el sexto mes de este año ascendía a $ 393.319 para el mismo grupo social, con un incremento del  63,4% en el primer semestre.

“La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes”, destacó el informe.

Por otra parte, “se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA)”.

El Observatorio indica que “los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población tratan de ser compensados con acciones realizadas desde los diferentes niveles del Estado”.

“Considerando a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria, el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio” señaló la UCA.

El Indec dará a conocer el jueves 26 de septiembre el Índice de Pobreza oficial calculada al primer semestre del año.

Unos 40 municipios bonaerenses alcanzaron la excelencia en la publicación de datos económicos y financieros, según un reciente informe; aunque aún permanece alta la cantidad de comunas que mantienen un estándar precario en la divulgación de este tipo de información. Tandil se ubica entre aquellos que lograron una puntuación perfecta en la evaluación.  

Los datos se desprenden de un reciente informe (“Transparencia Fiscal Municipal”) publicado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) que, desde hace seis años, realiza mediciones para motivar el cumplimiento de la legislación que propone que las comunas informen sobre su situación económica.

La organización puntúa la visibilidad y disponibilidad en las páginas webs municipales de los presupuestos y su ejecución, incluyendo las situaciones económicas financieras, los gastos e información sobre las deudas públicas. El informe publicado ahora es en base a datos recabados hasta el 31 de marzo pasado.

En esta edición de la medición, unos 40 municipios lograron la puntuación perfecta (100 sobre 100) y se ubicaron en el grupo de “cumplimiento estricto”.

Se trata de Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Benito Juárez, Berisso, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Florentino Ameghino, General Belgrano, General Madariaga, General Pinto, General Pueyrredón, General San Martín, General Viamonte, General Villegas, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Mercedes, Moreno, Rauch, Rojas, Saavedra, Saladillo, San Andrés de Giles, San Miguel del Monte, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Tres de Febrero.

La Asap destacó que “cada vez son más los gobiernos locales que llegan al mayor puntaje posible”. En esa línea, la organización recordó que en el informe anterior eran ocho menos los de excelencia, que hace dos informes atrás llegaban a la mitad y que en 2019 sólo 2 lograron cumplir de manera estricta con lo evaluado.

En este marco, es de destacar la fuerte mejora entre el informe pasado y este de cuatro distritos: La Plata, que pasó de 0 a 100 puntos; José C. Paz, que pasó de 5 a 100; Azul, que pasó de 30 a 100; y Moreno, que pasó de 35 a 100. Asimismo, otras 31 comunas también optimizaron su desempeño.

Por otro lado, a pesar de que no llegaron al 100, otras nueve comunas obtuvieron puntajes altos y se ubicaron en el grupo de “alta visibilidad”. Estos son Pinamar (95 puntos), Ayacucho (90), Necochea (90), Nueve de Julio (90), Tigre (85), Colón (80), Junín (80), Monte Hermoso (80) y San Cayetano (80).

La Asap ubicó a 17 municipios en un tercer grupo en el “rango medio”. Los de este escalón “muestran un menor nivel de información publicada así como de cumplimiento de los plazos requeridos, aunque en líneas generales presentan el Presupuesto 2024 y la Situación Económico Financiera a diciembre de 2023”.

En esta parte de la tabla están: San Antonio de Areco (65), Villarino (65), Berazategui (60), Bragado (60), Carmen de Areco (60), Pellegrini (60), Olavarría (59), Alberti (55), Arrecifes (50), Avellaneda (50), Baradero (50), General Alvear (50), Quilmes (45), Rivadavia (43), Salto (43), Hipólito Yrigoyen (40) y San Pedro (40).

El grupo más numeroso del informe lo conforman 52 municipios de “bajo o regular cumplimiento”. Los miembros de este estrato “tienen en común la particularidad de un cumplimiento insuficiente de la normativa de referencia en cuanto a la exposición de la información y los plazos establecidos”.

En tanto, en el último escalón (el de “nula exposición de datos”) están 17 comunas “que, a la fecha del relevamiento, se encuentran en situación de incumplimiento por no haber publicado vía web la información económica financiera del ejercicio en curso y en ningún caso el presupuesto vigente”.

Teniendo en cuenta estos últimos datos, el informe (disponible en la web) advierte que que “permanece alta la cantidad de municipios de la Provincia de Buenos Aires que tiene un índice de transparencia bajo-regular o nulo”.

El imponente Castillo San Francisco que emerge majestuoso en las cercanías de la Estación Egaña, en el Partido de Rauch es más que una simple construcción; es un testigo silente de épocas pasadas, erigido entre 1918 y 1930 por la visión y el esmero de Eugenio Díaz Vélez.

Con sus 77 ambientes, 14 baños, 2 cocinas, galerías, patios, taller de carpintería, terraza, mirador y balcones, el Castillo San Francisco se alza como un símbolo de grandeza y opulencia en el corazón de la campiña bonaerense. En su esencia, fue una de las mansiones rurales más grandes y lujosas de su tiempo, un reflejo del esplendor y la prosperidad que caracterizaban a la elite terrateniente de la época.

Sin embargo, más allá de su espléndida arquitectura y su rica historia, el Castillo San Francisco de Egaña es también conocido por una fascinante leyenda que lo rodea.

Durante décadas, han circulado relatos sobre fenómenos paranormales y experiencias inexplicables que supuestamente han ocurrido en sus confines. Estas historias han alimentado la curiosidad y la intriga de quienes se aventuran a explorar sus pasillos y rincones, añadiendo un aura de misterio y enigma a este impresionante monumento del pasado argentino.

Los chicos de Alto Día quisieron llegar a él, pero no pudieron... Sospechan que algunos entes no los dejaron.

Durante enero de 2024, el Hospital pediátrico Garrahan recibió 0 pesos de partida presupuestaria de Nación, siendo que en enero de 2023 percibió la suma de $861 millones. Así lo informó un estudio publicado por el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX), cuyo contenido se hizo viral en las redes sociales.

El informe, analiza las transferencias realizadas a las provincias en diferentes áreas e indica que el recorte fue del 100% tanto para el Garrahan como para el Hospital El Cruce de Florencio Varela y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría.

“La inversión en salud cayó un 63% interanual y se eliminaron las transferencias a hospitales, medicamentos en respuesta a VIH, prevención y control de enfermedades transmisibles y medicamentos. A su vez, el PAMI sufrió un recorte del 34% del presupuesto girado respecto a enero de 2023”, reportó OCIPEX. 

Es de destacar que los fondos nacionales representan alrededor de un 80% de los ingresos totales del Garrahan.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación expresaron que “no se están recortando partidas para los hospitales desde el Gobierno nacional”. Asimismo, que “las transferencias pueden contemplar reasignaciones, que no tienen que ver con los recursos para los hospitales que salen del Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, están garantizados los fondos que la cartera sanitaria nacional destina a los mismos”.

Ante la consulta de si existen demoras en las transferencias y, específicamente, si es incorrecta la información difundida por OCIPEX, expresaron: “No hay demora en las transferencias, sabemos que hay una planilla circulando en redes. Pero lo que te puedo decir es que no hay recorte, están garantizadas las partidas para hospitales nacionales”.

“Garrahan”Porque denuncian que el Gobierno recortó a cero el envío de dinero al Hospital Garrahan.El Garrahan, referente nacional en pediatría y tratamiento de enfermedades complejas, depende del financiamiento del Estado nacional en un 80 por ciento.Fuente: @OCIPEx_arg pic.twitter.com/U6fg7eP3Eg

No obstante, la información difundida por OCIPEX detalló qué transferencias se realizaron a las provincias en ambos períodos. A partir de la comparación, indicaron que los fondos durante enero de 2024 se destinaron solamente tres áreas y en menor cantidad que el año anterior. 

Acorde al informe, el Fondo Nacional de Incentivo Docente fue el rubro de menor recorte ya que se transfirieron $46.855 millones, cifra que supone una reducción del 10% respecto de enero de 2023.

Las otras dos áreas que contaron con fondos fueron Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, que pasaron de percibir $5.665 millones a sólo $1.000 millones, es decir, el recorte fue del 82%. En tanto que Asistencia Técnico – Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento, tuvo un recorte del 20 % en relación al 2023, ya que se destinaron $2.434 millones.

El estudio es contundente: todos los demás ámbitos en lo que respecta a las provincias recibieron 0 pesos, entre los que se cuentan el Apoyo para el Desarrollo de Obra Pública, el Apoyo para la Expansión de la Infraestructura para Agua y Saneamiento y las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales.

Los analistas de OCIPEX puntualizaron, de manera específica, que “las transferencias a los municipios prácticamente se eliminaron respecto a enero de 2023”, siendo la más afectada la provincia de Buenos Aires que pasó de $5.621 millones en enero de 2023 a $88 millones en el 2024. El recorte fue de un 98 %.

“En el caso de las cajas previsionales provinciales, la reducción de las transferencias fue pareja y casi total, con un promedio del recorte del 91% interanual en términos reales”, precisaron. 

Las mayores caídas se vieron en el gasto en jubilaciones y pensiones, que cayó un 43% respecto a enero de 2023, prestaciones por moratoria (-53%), ex combatientes de Malvinas (-83%), pensiones no contributivas y madres de más de 7 hijos (-97%). 

Cabe recordar que durante esta semana hubo movilizaciones de protesta por la eliminación de las transferencias a comedores comunitarios. “La compra de comida se redujo en un 72%”, detallaron en el estudio.

Por otra parte, la Obra Pública disminuyó un 88% respecto a enero de 2023 en términos reales y solo se realizaron obras con financiamiento internacional. Otros ámbitos afectados fueron la inversión en rutas que cayó un 63% y en agua potable, un 52%.