La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, dialogó con El Eco. Brindó detalles del presente de la ordenanza de motos y del proyecto de modificación que enviaron al Concejo Deliberante para realizar allanamientos.  También informó que avanzan las tratativas para crear una Fuerza de Aproximación Barrial en La Movediza, y que inaugurarán en el corto plazo una base de Policía Científica en el Paseo de los Españoles.

Además, adelantó que se encuentran adelantadas las gestiones para contar con una médica legista en Tandil a partir de mediados de agosto. Se trata de una iniciativa que se concretará a través de una inversión municipal que permitió reacondicionar un espacio en la sede de la Policía Departamental. 

La noticia supone no solo un principio de respuesta a la demanda de organizaciones vinculadas al género –por la habilitación para  implementar protocolos específicos con la que la profesional contaría en casos de denuncias de violencia-, sino también por la posibilidad de que, a futuro, se lleven a cabo autopsias en la ciudad.

El debate en torno a la ordenanza de motos volvió a tomar estado público a raíz de discusiones en el Concejo Deliberante. Al respecto, Marcieri precisó que no se lograron concretar allanamientos por la “imposibilidad técnica que se expresa en la propia ordenanza”.

La normativa fue aprobada, con modificaciones, en una sesión especial en diciembre pasado. Si bien “desalentó en un primer momento a las caravanas”, la secretaria señaló que el impedimento para lograr dictaminar allanamientos se dio porque exige “que se den tres elementos en simultáneo: que se detecte la falta, que la falta sea corroborada en un procedimiento, y que a su vez provoque el riesgo en la vida de otros”. Sin embargo, explicó “esos tres elementos nunca se podían juntar”.

Por tal motivo llevaron a cabo una reunión con concejales, jueces de Faltas y funcionarios municipales en el pasado mes de mayo. Con los requerimientos planteados por los jueces –indicó Marcieri-, elaboraron un proyecto de modificación que propone evaluar la posibilidad de sumar a la ordenanza la admisibilidad de publicaciones en redes sociales, incorporar como conducta pasible de sanción los ruidos molestos producidos por dispositivos de cualquier tipo (como parlantes traseros en los autos), modificar el artículo que exige que se den las condiciones mencionadas para realizar allanamientos, y que los allanamientos alcance a quienes pongan en riesgo la vida de terceros más allá “del lugar de comisión o de las personas que afectare”.

“Fue consensuado con los propios jueces de Faltas, que pudieron comentarle a los concejales las imposibilidades jurídicas. Hicimos ese proyecto, lo elevamos y estamos esperando respuesta del Concejo Deliberante. Está en la comisión de Transporte esperando ser tratado”, señaló la secretaria.

“Estamos esperando una segunda reunión que nunca se dio. Ellos iban a volver a analizar este pedido, e insistimos con ello porque sabemos que ahora van a empezar nuevamente los días de calor. Si bien estamos trabajando muchísimos con operativos focalizados, operativos dinámicos, operativos estáticos, con distintas fuerzas de seguridad y hemos traído grupos tácticos operativos de otras ciudades y seguiremos gestionando en la materia, nos preocupa que vuelva a surgir  fuertemente  esta modalidad”, sumó.

Policía en La Movediza y efectivos

-Un reclamo de larga data de parte del Municipio y de los vecinos del barrio es el del destacamento de La Movediza. ¿Hay novedades con ese pedido?

-Alejandra Marcieri: Hay novedades con la posibilidad de la realización de una Fuerza de Aproximación (FBA) barrial en La Movediza. El municipio tiene elaborado el plano de cómo sería esa dependencia y tenemos previsto solicitarle una reunión al ministro Alonso para presentarle el proyecto.

Ese proyecto se ajusta a las características técnicas que nos brindaron desde el Ministerio de Seguridad en cuanto a las obras.

La idea es sentarnos con el ministro y tener alguna garantía de que van a venir los efectivos para poder cubrir ese espacio, que no quede una cáscara vacía, que no sea un espacio más y que se redistribuyan las personas que tenemos en el territorio para cubrirlo.

El compromiso del ministerio y por tratarse de la FBA, que es una rama distinta a la policía de seguridad, sería que vengan efectivos nuevos a poder completar ese espacio. Va a ser una inversión del Municipio mayor a los 300 millones de pesos.

-¿Dónde va a estar ubicado?

- Está planificado para que esté en el predio del Nido. Hoy hay un contenedor, una especie de destacamento donde la gente se puede acercar, es un espacio de control y demás, y va a ser en ese predio. El Municipio ha cedido ese espacio.

-Otro de los reclamos es el del retorno de efectivos tandilenses a la ciudad…

-Nos ha dejado en claro en más de una oportunidad el Ministerio de Seguridad que los policías son policías de la provincia de Buenos Aires y que una vez que egresan como policías pueden ser destinados a cualquier lugar del territorio.

Más allá de eso, tienen 3 años de capacitación que son obligatorios en distintos espacios como pueden ser la FBA,  que los lleva a otros lugares donde adquieren la experiencia necesaria para luego desenvolverse en cualquier tipo de territorio.

Nosotros lo que sí seguimos solicitando es que vengan más efectivos. Yo el otro día en el Foro de Seguridad decía que no importa el nombre, el apellido y el número de legajo de la persona, lo que importa es que haya efectivos policiales para poder subirse a las camionetas y hacer los recorridos que son necesarios.

Estuvieron mandando refuerzos en estos días para lo que es la Patrulla de Prevención Rural y han mandado también efectivos para lo que tiene que ver con el patrullaje.  preventivo a la Jefatura Departamental, y se reforzó la DDI de drogas ilícitas.

Hemos tenido este respuesta de parte de la de la provincia de Buenos Aires cuanto al envío de efectivos y se sigue trabajando sobre el levantamiento de carpetas  para poder reincorporarse de manera operativa la fuerza.

La Escuela Técnica 5, ubicada en la avenida Perón 937, atravesó semanas marcadas por la inseguridad y los hechos vandálicos. La directora del establecimiento, Estela Weber, relató con preocupación la seguidilla de delitos que sufrió la comunidad educativa, especialmente durante el último receso invernal. La directiva señaló que las instalaciones eléctricas resultaron las más afectadas, vulnerando de manera directa el derecho a la educación de los alumnos.

Los hechos de mayor gravedad se registraron en el transcurso de las vacaciones de julio. Según explicó Weber, personas desconocidas ingresaron por los patios de la escuela y robaron el cableado que alimentaba las cuatro aulas modulares instaladas en el predio. Además del daño material, forzaron candados y trabas para acceder al interior de los módulos, donde destrozaron el mobiliario y arrancaron los cablecanales.

Tras el primer incidente, el Consejo Escolar actuó con rapidez para reponer la instalación eléctrica y asegurar el regreso a clases. El viernes anterior al reinicio del ciclo, todo el sistema quedó operativo. Sin embargo, la desolación regresó el lunes a las 7.30, cuando el personal descubrió que, durante el fin de semana, se concretó un nuevo ingreso para sustraer la instalación recién colocada.

"Es una situación violenta y agresiva", manifestó la directora, quien destacó el esfuerzo del personal para trabajar hasta casi la medianoche del lunes y permitir que el martes los alumnos volvieran a tener luz. No obstante, Weber advirtió sobre la falta de control en el predio, ya que la disposición de los patios traseros impide que el personal policial o las patrullas de Protección Ciudadana puedan advertir movimientos sospechosos desde la vía pública.

La problemática de la inseguridad en la Técnica 5 no resulta novedosa. La directora recordó que desde el mes de mayo sufren ingresos recurrentes, contabilizando entre cinco y seis hechos delictivos de diversa magnitud. En las ocasiones anteriores, las sustracciones se concentraron en el kiosco gestionado por la Asociación Cooperadora, de donde retiraron golosinas y bebidas en busca de dinero.

Ante la falta de testigos y la ausencia de cámaras privadas en las viviendas linderas, la identificación de los autores se volvió una tarea compleja. Por este motivo, las autoridades educativas insistieron formalmente ante la Municipalidad para que se proceda a la colocación de un domo de seguridad en la intersección de Perón y Garibaldi.

La preocupación de los docentes y directivos radica en que la escuela se convirtió en un blanco fácil. "No sabemos cuándo va a ser el freno", expresó Weber, haciendo hincapié en que la falta de monitoreo tecnológico deja a la escuela desprotegida durante los fines de semana. La directora consideró fundamental que las autoridades municipales den un paso adelante con la instalación del dispositivo para controlar el acceso al patio, el punto más vulnerable de la estructura edilicia.

El impacto de estas sustracciones trasciende lo material, afectando directamente los recursos de la Cooperadora. La recaudación del kiosco permite a la escuela adquirir elementos de limpieza y solventar gastos diarios indispensables. Cada vez que el lugar es vulnerado, se produce un perjuicio económico que deben afrontar las familias y la comunidad educativa para garantizar el funcionamiento básico del edificio.

A la situación de inseguridad se suma un reclamo de infraestructura que cobró fuerza en los últimos días. Weber solicitó que se habilite el uso de la planta alta de la Escuela Primaria 7, un espacio que la Escuela Técnica 5 —exEscuela Media 3— utilizó de forma permanente en el pasado. En 2021, tras la clausura del edificio por peligro de derrumbe, la institución debió acomodarse en cuatro aulas modulares que resultaron insuficientes para reemplazar los ocho espacios que tenían originalmente.

La directora describió que las condiciones actuales en los módulos metálicos son dificultosas, especialmente durante los meses de heladas. A pesar de contar con equipos de aire acondicionado, la estructura dificulta la calefacción y los estudiantes pasan frío. Según Weber, la reestructuración forzada llevó a la pérdida de dependencias administrativas y pedagógicas fundamentales que hoy necesitan recuperar.

Con la culminación de las obras de reparación en la Primaria 7, la comunidad de la técnica considera que es el momento oportuno para recuperar esos salones. La solicitud elevada a las autoridades no exige grandes inversiones: solo piden la reposición de vidrios y que se garantice el funcionamiento de la calefacción. "No pedimos ni que cambien aberturas ni que hagan los baños; solo pedimos volver a ocupar la planta alta para que nuestros estudiantes estén más contenidos", enfatizó.

Finalmente, Weber remarcó que se trata de una cuestión de decisión política para acompañar el crecimiento de la escuela y brindar seguridad a los jóvenes. La recuperación de la planta alta permitiría abandonar las aulas modulares y devolver la estabilidad al espacio educativo, protegiendo a los alumnos tanto de las inclemencias del tiempo como de la vulnerabilidad que genera estar fuera del edificio principal.

Cientos de vecinos se movilizaron este miércoles en Mar del Plata para reclamar mayores medidas de seguridad y exigir respuestas de las autoridades, luego de un fin de semana marcado por una serie de hechos violentos en los que tres personas fueron asesinadas.

La marcha comenzó en la intersección de las avenidas Luro e Independencia, pasó frente al Palacio Municipal y continuó por la Peatonal San Martín hasta la Jefatura Departamental de Policía. Fue precisamente en ese último punto donde se registraron momentos de tensión, cuando un grupo de manifestantes intentó derribar una reja y protagonizó forcejeos con efectivos policiales. Minutos después, personal de Infantería intervino para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara.

En paralelo, familiares y allegados de Mailén Antonich marcharon hacia los Tribunales ubicados en Tucumán y Almirante Brown para reclamar justicia y el esclarecimiento del femicidio, cuya investigación continúa en curso.

La movilización también contó con la presencia de familiares de Alberto Rodríguez, el remisero asesinado en Villa La Palangana, y de Ricardo Ruiz, el ferretero del barrio Marinas Argentinas que perdió la vida durante un robo. Los distintos grupos coincidieron en exigir mayor seguridad y respuestas concretas frente al incremento de la violencia.

Durante la protesta, varios manifestantes expresaron su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad. Claudia, una de las vecinas que participó de la convocatoria, sostuvo: "Queremos seguridad, no puede ser que los comerciantes de la ciudad tengan que vivir con miedo, asustados, encerrados en sus propias casas. En este país tiene que haber un cambio de leyes. No a favor del asesino, sino del inocente, del ciudadano que paga impuestos".

Por su parte, integrantes de la Asociación Madres del Dolor reclamaron una actuación más rápida por parte de las fuerzas de seguridad ante denuncias por desapariciones de personas. "Una madre denuncia porque ve una alerta, porque sabe que no es normal la situación", señalaron.

En tanto, Jésica, referente del barrio San Carlos, afirmó que la indignación de los vecinos viene creciendo desde hace tiempo debido a los reiterados episodios delictivos. "Sentimos indignación, porque es algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Crece el delito, la violencia y la criminalidad. Estas son crónicas de muertes anunciadas. Pedimos seguridad y justicia, que la cúpula de la Jefatura Departamental se vaya. Tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad y nos han estado viendo la cara todo este tiempo", expresó.

La referente vecinal también sostuvo que los homicidios ocurridos en los últimos días no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un contexto de creciente inseguridad que, según los manifestantes, requiere respuestas urgentes por parte de las autoridades provinciales y municipales.

Las autoridades han emitido una advertencia ante el crecimiento de una nueva modalidad de estafa que utiliza una botella de plástico colocada en los neumáticos de los vehículos. Este método, que ha sido reportado en diversos medios, busca aprovechar el descuido de los conductores para cometer robos de pertenencias o incluso sustraer el vehículo.

El engaño se ejecuta habitualmente en espacios de gran afluencia, como estacionamientos públicos de supermercados o parques, cuando el propietario del rodado no se encuentra presente. Los delincuentes colocan una botella de plástico, llena de aire y cerrada, entre el neumático y el guardabarros, generalmente en la rueda trasera, con el objetivo de que pase desapercibida para el conductor al momento de subir al vehículo.

Al poner en marcha el automóvil y comenzar la marcha, el conductor aplasta la botella, lo que genera un ruido inusual. Ante la sorpresa y la duda sobre lo ocurrido, el automovilista suele descender del vehículo para inspeccionar el origen del sonido. Es en ese instante de vulnerabilidad y distracción cuando un tercero se acerca bajo la apariencia de brindar ayuda, momento que es aprovechado para sustraer objetos del interior del auto.

Ante la proliferación de estos hechos, las autoridades han difundido una serie de medidas preventivas para evitar ser víctimas de este engaño. La recomendación principal consiste en mantener la calma y realizar una inspección visual rápida alrededor del vehículo antes de subir, con el fin de detectar la presencia de objetos extraños o personas sospechosas en las cercanías.

Según los reportes, esta modalidad ha registrado una mayor frecuencia en las últimas semanas, por lo que se solicita a los conductores extremar las precauciones al momento de retirar sus vehículos de lugares públicos.

Los vecinos de la zona del pasaje 1ero de Mayo, comprendida entre las calles Belgrano y Pinto, atraviesan días de extrema tensión debido a una seguidilla de robos e intentos de ingreso a domicilios particulares y comercios. Los frentistas, que han comenzado a organizarse para intentar prevenir nuevos episodios, advirtieron que la situación se ha vuelto insostenible y que la sensación de vulnerabilidad es constante en el día a día.

Una vecina del sector, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva por motivos de seguridad, relató la angustia que atraviesa el barrio ante la falta de soluciones concretas. Al respecto, la mujer manifestó:

“Hubo un par de reuniones presenciales para ver qué se hacía, porque muchas veces se llama la policía, no vienen, no sabemos por qué. No sabemos si es zona liberada o qué. Es terrible. Uno no sabe en qué momento le va a tocar”, lamentó.

La modalidad delictiva, contaron, ha sido variada, aunque con un patrón común: los delincuentes fuerzan portones e intentan ingresar a las viviendas, retirándose al detectar la presencia de alarmas o sistemas de videovigilancia. 

No obstante, el daño material y la invasión a la propiedad privada han generado un clima de alerta permanente. Los objetos hurtados suelen ser televisores y dispositivos de tecnología. En los comercios de la zona, la situación no es distinta; los delincuentes han intentado ingresar en reiteradas oportunidades, llegando incluso a romper las cámaras de seguridad y luminarias externas para evitar ser identificados. 

Un caso reciente ocurrió la semana pasada, cuando desconocidos ingresaron a un autoservicio mientras el empleado se encontraba trabajando en su interior.

Ante la recurrencia de los hechos, los habitantes de la zona decidieron fortalecer sus lazos de comunicación. La entrevistada recordó el inicio de este proceso: "Hace un año ya empezamos a preocuparnos más y empezamos a hablar entre nosotros. Se formó el grupo de WhatsApp, y hubo reuniones."

Este canal de comunicación se ha vuelto vital para alertar sobre movimientos sospechosos, aunque los vecinos sienten que sus esfuerzos no son acompañados por las fuerzas de seguridad ni por los organismos municipales correspondientes.

La frustración aumenta al intentar canalizar los reclamos. Sobre este punto, la vecina detalló: "Desde la Policía la verdad es que no hay muchas explicaciones. Hablamos con Protección Ciudadana, y nos dijeron lo de la Aplicación Centinela. En un caso sospechoso llamamos a Centinela, y nos dijeron que había que llamar a la Policía directamente, y después avisar en Centinela para que quede registro. Pero la verdad no hay respuestas."

Otro punto de conflicto señalado por los residentes es la existencia de lugares que facilitan la huida de los delincuentes. Los vecinos expresaron que en la intersección de Roca y el pasaje 1ero de Mayo existe un asentamiento hacia donde, según los registros de las cámaras, suelen dirigirse personas en situaciones sospechosas. 

Asimismo, en la esquina de 11 de Septiembre y el pasaje, se encuentra un terreno baldío que forma parte del predio del Jardín de Infantes 905, ubicado en Roca al 300. Este espacio, al no estar debidamente cerrado, es utilizado por los delincuentes para esconderse o escapar rápidamente. 

Los vecinos ya han puesto en conocimiento de esta situación a las autoridades del establecimiento educativo, con la esperanza de que el Consejo Escolar intervenga para cercar el predio y evitar que siga siendo utilizado como vía de escape.

La demanda por mayor seguridad dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una preocupación compartida por distintas ciudades de la región. En las últimas semanas, vecinos e instituciones de Balcarce y Mar del Plata protagonizaron movilizaciones y reclamos públicos para exigir respuestas frente al incremento de los hechos delictivos, configurando un escenario que también es seguido de cerca en Tandil.

Aunque cada distrito presenta realidades diferentes, el denominador común fue el mismo: la percepción de un deterioro de la seguridad cotidiana y la exigencia de una mayor presencia del Estado, tanto en materia de prevención como de recursos policiales.

En Balcarce, el reclamo tomó una forma institucional. Diversas entidades intermedias difundieron un documento conjunto en el que solicitaron un "inmediato refuerzo" de la seguridad luego de una serie de delitos que generaron preocupación entre comerciantes y vecinos. En el texto advirtieron sobre la necesidad de incrementar la presencia policial, mejorar la capacidad de prevención y fortalecer la respuesta frente a los hechos delictivos que se registraron en las últimas semanas.

La convocatoria tuvo un fuerte respaldo de sectores vinculados al comercio, la producción y distintas organizaciones de la ciudad, que coincidieron en que la problemática dejó de ser un episodio aislado para convertirse en una situación que requería medidas urgentes.

En Mar del Plata, en tanto, la preocupación derivó en movilizaciones ciudadanas. Vecinos de distintos barrios organizaron encuentros y marchas para reclamar mayores controles, patrullajes y políticas de prevención.

Una de las convocatorias se realizó bajo la consigna de que el objetivo no era confrontar con las autoridades sino construir soluciones colectivas frente al aumento de los robos y otros delitos que afectan a la ciudad. Los organizadores insistieron en que el problema trascendía a un barrio en particular y que requería una respuesta integral.

En otra de las manifestaciones, realizada tras el homicidio de Ricardo Ruiz, los participantes expresaron que convivían con una "sensación de paranoia constante" y reclamaron medidas concretas para recuperar la tranquilidad en los barrios. La movilización volvió a poner a la inseguridad en el centro del debate público marplatense.

La reiteración de estos reclamos comenzó a configurar un fenómeno que excede las particularidades de cada municipio. Las movilizaciones muestran que la inseguridad volvió a convertirse en uno de los principales temas de la agenda ciudadana en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Las demandas también presentan características similares: mayor presencia policial, incremento de patrullajes, incorporación de recursos, mejoras en la prevención y una mayor coordinación entre los distintos niveles del Estado.

Si bien Tandil mantiene indicadores diferentes a los de otros grandes centros urbanos de la región, la sucesión de protestas en ciudades vecinas refleja un cambio en el clima social respecto de la seguridad.

El crecimiento de las movilizaciones en Balcarce y Mar del Plata evidencia que el delito dejó de ser percibido como un problema exclusivamente de las grandes ciudades y comenzó a generar respuestas comunitarias cada vez más visibles en localidades de características similares a Tandil.

En ese contexto, la evolución de la situación regional se transformó en un elemento de análisis para los municipios del interior bonaerense, donde la seguridad aparece nuevamente entre las principales demandas ciudadanas y como uno de los ejes que marcarán la agenda pública durante los próximos meses.

Cansados de robos y asaltos violentos, vecinos de la ciudad de Mar del Plata se sumaron el jueves por la noche a un cacerolazo por la inseguridad con el objetivo de alertar a las autoridades. La convocatoria, que se organizó a través de grupos barriales de WhatsApp y Facebook, alcanzó a diversos puntos de la ciudad, incluyendo el norte, Playa Grande, la zona de la estación ferroautomotora, el barrio San Carlos y sectores de la periferia.

Durante la jornada, los manifestantes expresaron su malestar ante la clase dirigencial. En el barrio San Carlos, uno de los puntos más afectados, los vecinos reclamaron: “Basta de robos, de motochorros y de violencia”.

En el barrio Los Tilos, el hartazgo se hizo sentir con fuerza. “Ha pasado que se robaron una camioneta y con esa misma camioneta dieron la vuelta de manzana y cometieron un asalto”, expresó un vecino. Otra habitante agregó: “Lo de las motos es algo que increíble, vivimos con miedo. Pasan las motos por adentro de los barrios y los vecinos no podemos hacer nada. La Policía a veces los detienen pero son menores. En otros casos como es solo un intento de robo, los largan. Queremos que cambie todo Mar del Plata y queremos una solución. Queremos que alguien salga a hablar y dé la cara”.

El reclamo también apuntó directamente hacia el intendente Agustín Neme. Ante la falta de patrullaje, un vecino solicitó: “Siempre dicen que no hay Policía. Es verdad. Una sale de noche por Constitución y no ve un patrullero. Bueno, que el intendente llame a alguien de la Nación y que pidan fuerzas federales”.

La situación alcanzó un punto crítico cuando, en pleno cacerolazo, un repartidor fue víctima de un robo. Un vecino del barrio Estación Norte, que registraba el ruidazo, capturó el momento del hecho: “En una esquina se escucha a los vecinos pidiendo por seguridad y en la otra, se ve un robo de una moto de Pedidos Ya, que llegaron a la otra esquina y chocaron con un auto”.

Ante este panorama, los vecinos volverán a reunirse este sábado 1º de agosto en la Sociedad de Fomento del barrio Estrada, ubicada en Gorriti al 1854, para debatir próximas medidas.

“Cuantos más vecinos participemos, más fuerte será nuestra organización y mejor podremos cuidarnos entre todos”, concluyeron.

Vecinos de la zona de El Centinela denunciaron una “ola de robos” en el barrio. Durante el fin de semana pasado, contaron, una familia sufrió un hecho en el cual “les destrozaron todo”. Desde el lugar plantearon que los lotes que la normativa vigente impide subdividir generan complicaciones, y que suelen ser utilizados para esconder objetos sustraídos.

“Son como campos en el medio de la ciudad, donde se esconden todos los chorros. Entre los pajonales, en el monte, en el arroyo. Roban, entran, salen, y nadie los puede encontrar. Los patrulleros no pueden entrar porque no hay calles abiertas. Es desde La Pulpería hasta El Centinela”, advirtieron, en diálogo con El Eco, vecinos que prefirieron mantener en reserva su identidad. “Es una zona liberada”, agregaron.

El suceso que motivó que los vecinos vuelvan a hacer pública su situación fue un robo registrado durante el último fin de semana. De acuerdo a lo que se supo, la familia no se encontraba en el interior de la propiedad al momento del hecho, pero cuando retomaron se encontraron con un panorama desolador: desconocidos habían ingresado a la vivienda –que contaba con medidas de seguridad-, y no solo sustrajeron objetos del lugar, sino que también causaron importantes destrozos. “Los desvalijaron”, manifestaron.

Según transmitieron, los ingresantes produjeron daños en el cielorraso, en vidrios, y hasta roturas en las butacas de un vehículo, que habría sido violentado a los fines de saber si contaba con dinero en su interior.

De acuerdo a lo que contaron desde el lugar, tras una serie de hechos de gravedad, en diciembre pasado disminuyeron los robos. Sin embargo, en los últimos días volvieron a registrar casos. “Empiezan y no paran, son todos los días o día por medio”, lamentaron.

Los vecinos pusieron el foco de su denuncia en el hecho de que la normativa vigente no permita subdividir lotes en el barrio. “Hay predios muy grandes los cuales no dejan subdividir. Hay vecinos que tienen parcelas de 5 o 10 hectáreas que son campos en plena ciudad. Y ahí es donde los malvivientes se dedican a ir y a esconder las cosas robadas”, señalaron.

Con “predios tan grandes”, agregaron, los lotes no cuentan con apertura de calles. “Que no se pueda subdividir hace que no haya apertura de calles, y que no puedan entrar los patrulleros, pero los ladrones sí, porque cortan los alambres y se meten”, sostuvo un vecino que contó que pocos meses atrás sufrió la rotura completa de la tranquera de ingreso a su vivienda. 

“Tengo una tranquera que da de la calle a la ruta. Me la arrancaron. Cuando vine, estaba tirado a un costado. La habían cortado para entrar y salir más rápido de robar”, indicó.

Los vecinos plantearon también que “hay muchos con la inquietud de vender su propiedad e irse a vivir otro lado. Porque se desvaloriza todo. Y los turistas que quieren venir acá, pero en el lugar más turístico de Tandil hay robos. Y no podés vivir tranquilo”.

Pese a que hubo casos de resonancia, desde el barrio señalaron que no tuvieron respuestas de parte de las autoridades. “Estamos cansados de quejarnos en Protección Ciudadana. Nos dijeron que nos iban a poner luces, a poner cámaras, pero no hacen nada. Son todas promesas y no hacen nada. Que el presupuesto, o que esto, lo otro, o lo que quieran. Pero mientras tanto roban a mansalva y ellos siguen juntando plata de impuestos y no hacen nada”, sumaron.

Fue en enero pasado cuando los vecinos se comunicaron con El Eco para denunciar una seguidilla de robos en el barrio. Si bien, indicaron, los hechos disminuyeron entonces, en el último tiempo volvieron a registrarlos. Preocupación vecinal, grupos de alerta, y vigilancia constante son algunas de las situaciones que deben atravesar de manera cotidiana los frentistas de la zona.

Un importante hecho de inseguridad rural se registró durante el último fin de semana en el establecimiento La Irene, ubicado en el Cuartel II (Iraola), en las inmediaciones de la Escuela Nº 60 del paraje Santa Ana.

Según pudo saberse, los delincuentes aprovecharon que la vivienda se encontraba deshabitada para ingresar al inmueble tras violentar los postigones de la casa. Una vez en el interior, rompieron vidrios y ventanas para concretar el robo, ocasionando importantes daños materiales en distintos sectores de la propiedad.

Los autores del hecho también forzaron y rompieron el candado y la cadena que aseguraban una tranquera, lo que les permitió acceder al resto de las instalaciones y recorrer el establecimiento en busca de elementos de valor.

Entre los objetos sustraídos figuran baterías, motosierras y diversas herramientas e implementos rurales. No obstante, los propietarios continúan realizando un relevamiento para establecer con precisión el faltante total y cuantificar las pérdidas ocasionadas por el hecho.

El establecimiento pertenece a la sucesión de Héctor Jacobo, una familia ampliamente conocida y respetada en la zona. En diálogo con este medio, sus integrantes expresaron su preocupación por lo sucedido, no solo por el valor de los elementos robados, sino también por los importantes daños provocados por los delincuentes. Asimismo, hicieron un llamado a los vecinos de la zona para que extremen las medidas de precaución.

El episodio vuelve a poner en agenda la preocupación de los productores por los reiterados hechos de inseguridad en el ámbito rural, donde los establecimientos alejados de los centros urbanos suelen convertirse en blanco de este tipo de delitos, especialmente cuando las viviendas permanecen sin ocupantes durante varios días.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades policiales, que iniciaron la correspondiente investigación con el objetivo de identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos. En el lugar trabajó personal de Patrulla Rural y de Policía Científica, que realizó las tareas periciales en procura de obtener indicios que permitan avanzar con la investigación.

Un grupo de boqueteros protagonizó un audaz robo durante la madrugada en un local de artículos para el hogar de la cadena Ciudad Mágica, en Bahía Blanca, de donde sustrajeron dos cajas fuertes con una importante suma de dinero tras ingresar por el techo del edificio.

El hecho ocurrió en el comercio ubicado sobre Zelarrayán al 2.900. De acuerdo con la denuncia realizada por el propietario, Eduardo Martín, cerca de las 4 de la mañana la empresa de seguridad Securitas dio aviso tras la activación de la alarma. Al arribar al lugar, el personal constató la existencia de al menos tres boquetes en el techo del local.

Según publicó el diario La Nueva, los investigadores creen que los delincuentes contaban con información precisa sobre la disposición del comercio y la ubicación de las cajas fuertes, lo que les permitió concretar el golpe en muy poco tiempo.

Las cámaras de seguridad privadas registraron el accionar de los ladrones, quienes actuaron con los rostros cubiertos. Tras ingresar por el techo, descendieron mediante una soga y una sábana hasta la oficina donde se encontraban las cajas fuertes y escaparon en apenas tres minutos.

Con la llegada de efectivos policiales y de los peritos de la Policía Científica, se hallaron una mochila y un handy abandonados en la parte superior del comercio, elementos que podrían aportar pruebas para identificar a los responsables.

La investigación quedó a cargo de las fuerzas de seguridad, que trabajan en conjunto con la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y el Centro Único de Monitoreo (CeUM) para reconstruir el recorrido de los delincuentes e intentar dar con su paradero.

En el marco de los operativos de prevención desarrollados en Tandil, personal policial intervino en tres hechos de hurto cometidos en comercios de la ciudad y logró la aprehensión de los presuntos autores. Según se informó, en todos los procedimientos fue recuperada la totalidad de los elementos sustraídos.

Uno de los casos ocurrió en un supermercado ubicado sobre Alem al 400, donde un hombre de 22 años sustrajo distintos productos de perfumería y alimentos. Tras abandonar el lugar, fue localizado y aprehendido a pocas cuadras gracias al seguimiento realizado mediante las cámaras del Centro de Monitoreo Tandil. La mercadería fue recuperada y restituida al comercio.

En otro procedimiento, personal de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) aprehendió a un hombre de 31 años acusado de haber sustraído perfumes de un local ubicado sobre 25 de Mayo al 100. Durante la fuga descartó los productos, que posteriormente fueron recuperados por los efectivos intervinientes.

Por último, una adolescente de 15 años fue demorada luego de sustraer distintos artículos de perfumería de un comercio situado sobre 9 de Julio al 600. Tras realizarse las actuaciones de rigor, los productos fueron devueltos al local y la menor fue entregada a un familiar responsable, conforme al procedimiento previsto para estos casos.

Productores y residentes de la zona de El Solcito manifestaron su inquietud ante el incremento de hechos delictivos registrados desde marzo. Una serie de robos mantiene a la comunidad en alerta en el trayecto comprendido entre El Solcito y el cruce de Iraola. Según testimonios brindados a este Diario, los autores ingresan a los predios, provocan daños en galpones o viviendas y se llevan principalmente elementos de trabajo rural y cuchillería.

Los afectados señalaron que el paraje El Mosquito resultó especialmente afectado desde el inicio del primer trimestre del año. Además de los ingresos a las fincas, se registraron episodios de carneada en las inmediaciones de Iraola, lo que acrecentó el malestar de los productores. La falta de presencia permanente de moradores en algunos de los campos facilitó el accionar de los sospechosos, quienes operan con conocimiento de los movimientos de la zona.

El Eco tuvo acceso a las actuaciones judiciales labradas tras los hechos ocurridos entre la tarde del jueves 9 y la mañana del viernes 10 de julio. Uno de los casos afectó a un arrendatario de una chacra de diez hectáreas ubicada sobre el camino vecinal Villa Palavecino. El denunciante constató que los autores ignorados partieron a la mitad la puerta de un galpón y violentaron el candado de una casilla. De allí sustrajeron un electrificador, un recado completo, tres cabezadas con frenos, bozales y un manojo de cuchillos de trabajo.

En su declaración ante el personal de Patrulla Rural, el damnificado refirió que el jueves por la tarde pudo divisar una camioneta Fiat Strada blanca con dos ocupantes que transportaba ramas en su caja. El vehículo no fue reconocido por los habitantes del lugar. El hecho se habría producido en una ventana de tiempo en la que el establecimiento quedó sin custodia, lo que permitió actuar con margen para revisar las instalaciones.

Casi de forma simultánea, se reportó un segundo ilícito en el establecimiento rural "La Tregua", situado en el Cuartel II. En esta oportunidad, los involucrados se adentraron unos 500 metros en el campo y, sin ejercer violencia, abrieron una ventana corrediza de una vivienda que no se encontraba habitada. Del interior sustrajeron un taladro marca Bosch, mechas, focos de iluminación, selladores y herramientas de mano.

El productor afectado en este segundo predio explicó que suele concurrir en horarios discontinuos para controlar la hacienda y que el lugar carece de cámaras de seguridad o sistemas de alarma. Esta vulnerabilidad es una constante en los campos de la zona, donde la distancia entre vecinos y la ausencia de tecnología de vigilancia dificulta la prevención de los ingresos ilegales.

Ante la gravedad de los hechos, los vecinos damnificados se pusieron en contacto con el Foro de Seguridad para visibilizar la problemática y exigir respuestas institucionales. Los representantes de la entidad se pusieron a disposición y ya iniciaron las gestiones para pactar una reunión formal con la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri. El objetivo es analizar medidas de prevención específicas para los parajes afectados.

Desde el Comando de Patrulla Rural también manifestaron su preocupación por la seguidilla, aunque los residentes advirtieron que la situación requiere de un compromiso mayor. "Queremos que se haga visible para que no quede en el aire", expresaron los productores, quienes temen que la zona continúe siendo blanco fácil si no se refuerza el patrullaje preventivo.

La inquietud de los habitantes de El Solcito radica no solo en el valor material de lo robado, sino en la sensación de desprotección que genera el modus operandi. El interés recurrente por las herramientas sugiere un conocimiento del valor de reventa en el mercado informal, una situación que el Foro de Seguridad buscará abordar junto a las autoridades municipales.

Por el momento, las investigaciones pertinentes siguen su cauce tras ratificar las denuncias los damnificados. Los vecinos esperan que las descripciones de los vehículos sospechosos aportadas permitan avanzar en la identificación de los responsables de una ola delictiva que no da respiro a la zona rural de Tandil.

Estos hechos se dan en un contexto donde desde la Secretaría de Protección Ciudadana presentaron semanas atrás el programa Centinela en territorio Rural y avanzaron en la implementación de Tranquera Segura para geolocalizar todas las viviendas rurales. Al mismo tiempo, desde el Foro de Seguridad reiteraron la necesidad del arribo del personal para la Patrulla Rural, una promesa realizada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que no se concretó.

La reunión del Foro Municipal de Seguridad de julio contó con una importante concurrencia de vecinos, concejales y representantes de la Secretaría de Protección Ciudadana. Si bien el jefe distrital, comisario Navarro, se ausentó con aviso previo debido a compromisos en La Plata, la jornada permitió canalizar una agenda diversa de reclamos que afectan a distintos puntos de la ciudad.

La titular del foro, Daniela Gatti, destacó en diálogo con El Eco la disposición habitual del jefe policial para atender los planteos y confirmó que mantendrá un encuentro privado con él para transmitirle los pormenores de lo debatido. Al mismo tiempo resaltó la participación popular y avizoró reuniones productivas ante el interés ciudadano de trabajar por la seguridad de Tandil.

Uno de los ejes centrales de la convocatoria fue la situación de la Patrulla Rural. Gatti explicó que se mantiene firme el pedido enviado al Ministerio de Seguridad y a la Gobernación por el cual se solicita la asignación de ocho efectivos con especialidad rural. Según detalló, actualmente existen siete agentes que prestan tareas en Tandil pero no están designados a dicha patrulla. Por este motivo, se buscó el acompañamiento del Concejo Deliberante con una nota que se encuentra bajo tratamiento en comisión y se espera sea aprobada por unanimidad en el corto plazo.

Gatti informó que la unidad recibió a tres efectivos femeninos provenientes de la costa bonaerense. Sin embargo, advirtió que el nuevo personal cuenta con solo cinco meses de antigüedad en la fuerza y carece de la especialidad necesaria para el ámbito rural. "Es personal con el que cuenta hace poco la patrulla y al que están capacitando, pero no son los efectivos que venimos reclamando", puntualizó la abogada.

En este sentido, la presidenta del foro mantuvo conversaciones con Adrián Pereyra, director de Coordinación Rural bonaerense, para insistir en la necesidad de contar con los agentes especializados. Describió que el funcionario le manifestó la complejidad administrativa que implica el “canje” de efectivos, aunque se comprometió a continuar trabajando sobre la solicitud. La decisión de la mesa del Foro es persistir en el reclamo original, sumando a los nuevos agentes pero sin renunciar a los perfiles reclamados.

Gatti fue tajante al referirse a la inversión que realiza la Municipalidad en materia de seguridad. Según su visión, el hecho de que el Gobierno local destine fondos de los propios vecinos para colaborar con la fuerza no exime de sus deberes al Ejecutivo provincial. "Necesitamos que la Provincia de Buenos Aires le dé a Tandil los recursos que necesita en cuanto a efectivos y móviles, porque lo que hay actualmente no alcanza y la presencia policial que se anuncia no siempre se traduce en patrullajes reales", sentenció.

Los residentes de la zona del Parque Independencia, Villa del Parque y Las Tunitas manifestaron una creciente inquietud por la presencia de merodeadores que ingresan a los patios de las viviendas. Daniela Gatti relató que estos hechos ocurren incluso entre las 21 y 22 y con los propietarios dentro de las casas. "Los vecinos han tenido que asegurar sus pertenencias con candados en sus propios patios para evitar robos", describió.

En Villa del Parque, se hizo especial mención a un desarrollo urbanístico situado entre Estrada y Juldaín, donde los delincuentes sustrajeron postes de un predio de gran tamaño. La sensación de vulnerabilidad es compartida por quienes viven cerca del Anfiteatro Martín Fierro, zona que los vecinos perciben como desprotegida y propicia para el accionar de oportunistas. La preocupación mayor radica en el riesgo de que esta modalidad delictiva se naturalice, por lo que se exigieron medidas de prevención más efectivas.

Otro punto crítico del encuentro fue la situación en Villa Gaucho, donde los vecinos denunciaron que la comercialización de estupefacientes es una problemática que parece no encontrar solución a pesar de los allanamientos realizados. Gatti lamentó la dificultad para establecer puentes de comunicación con la Policía de Narcotráfico, a cargo del jefe Yuvisa, y con la Fiscalía. "Intenté mantener una reunión como representante del Foro y no fue autorizada", reveló la presidenta.

Finalmente, el Foro de Seguridad abordó la peligrosidad en el tránsito, especialmente en los cruces de la Ruta Nacional 226. Se denunciaron maniobras temerarias de motocicletas y vehículos de gran porte que atraviesan la calzada por lugares prohibidos, poniendo en riesgo a peatones y conductores. Ante esto, Jorge Jiménez, uno de los representantes de Protección Ciudadana presentes en la reunión, informó que se implementarán operativos de saturación en puntos estratégicos para mitigar estas infracciones. 

Por último, llamó la atención la presencia de vecinos de La Movediza, quien según Gatti hacía rato no se presentaban. Los frentistas plantearon una problemática respecto a las conducciones peligrosas de motociclistas en la zona del Centro Integrador Comunitario (CIC) y el playón deportivo, donde producto de estas maniobras, se impide el uso recreativo del espacio por parte de los niños de la zona.

El Gobierno porteño puso en marcha el Registro de Perfiles Genéticos, una herramienta tecnológica diseñada para facilitar la identificación de quienes cometen delitos. El sistema permite cruzar las evidencias biológicas recolectadas en las escenas del crimen con los perfiles de personas imputadas y condenadas por la justicia, evitando que cada investigación deba comenzar desde cero.

Hasta el momento, aunque existía la capacidad técnica para extraer muestras, la información permanecía aislada, lo que impedía conectar casos o identificar reincidentes de forma sistemática. Esta nueva base de datos digital funciona de manera equivalente a un código de barras o huella dactilar digital, procesando exclusivamente ADN no codificante con fines identificatorios.

El alcance del registro se ha expandido significativamente, ya que anteriormente estaba limitado solo a condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual. Según se informó, el sistema no almacena información médica, historial de salud ni rasgos físicos, y los datos se encuentran resguardados bajo la Ley 1.845. La identidad del individuo solo se revela ante un impacto positivo, garantizando que todo acceso sea auditado y previendo sanciones penales ante posibles filtraciones.

Para el desarrollo de esta iniciativa, se tomó como modelo la experiencia de la provincia de Mendoza, donde el registro funciona desde hace 10 años. Los resultados allí han sido contundentes: 7 de cada 10 rastros biológicos levantados en escenas del crimen permiten hallar a su autor, y el 75% de los identificados en delitos graves ya figuraban en la base de datos por antecedentes menores.

Con la implementación del sistema internacional CODIS, el mismo que utiliza el FBI en Estados Unidos, la Ciudad busca profundizar su autonomía institucional y alinearse con estándares internacionales para ofrecer una justicia más ágil, eficiente y transparente.

En la mañana de este domingo, un móvil policial que acudía a la atención de un llamado al 101 protagonizó un accidente de tránsito en la intersección de Machado e Yrigoyen.

El siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux perteneciente a la fuerza policial, dominio AF 005 DH, y un automóvil Ford Escort, dominio RFP 518, conducido por un hombre mayor de edad de apellido Eyheramonho.

Como consecuencia del impacto, se registraron únicamente daños materiales en ambos vehículos y no se constataron personas lesionadas.

Tras el hecho, se realizaron los controles de alcoholemia correspondientes. El conductor del Ford Escort presentó un resultado de 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el personal policial arrojó 0,0 g/l.

Posteriormente, una vez finalizadas las actuaciones de rigor, el conductor del vehículo particular regresó al lugar del accidente y provocó incidentes que alteraron el procedimiento que se desarrollaba. Ante esa situación, fue aprehendido por el delito de resistencia a la autoridad.

Tomó intervención la UFI Nº 3, que dispuso las diligencias de rigor y el alojamiento del aprehendido en una dependencia policial.

El Foro Municipal de Seguridad, en conjunto con la Federación Agraria, la Sociedad Rural y la Cuenca Lechera, entre otras entidades relacionadas con la zona rural, presentará una nota ante el Ministerio de Seguridad bonaerense para exigir el cumplimiento del envío de agentes especializados. La misiva, que buscará el respaldo del Concejo Deliberante, denuncia que los ocho policías tandilenses comprometidos para el mes de abril aún no arribaron a la ciudad.

Durante el último encuentro del Foro Municipal de Seguridad, representantes de las principales entidades agrarias y autoridades locales manifestaron su preocupación por el incumplimiento de una promesa que databa de principios de año. El arribo de ocho efectivos especializados en ruralidad, que debían haberse incorporado en abril, se postergó sin mayores explicaciones, lo que motivó la decisión de elevar un reclamo formal a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires.

El pedido, que contará con la firma de la Federación Agraria, la Sociedad Rural y la Cuenca Lechera, entre otros actores, busca que el Concejo Deliberante acompañe la gestión para darle un mayor peso institucional. La intención es visibilizar una situación que los productores calificaron como “un problema histórico” signado por la escasez de recursos humanos, un déficit que se profundizó en los últimos tiempos a pesar de contar con el equipamiento móvil necesario.

Desde las entidades rurales, el diagnóstico fue unánime respecto a la precariedad del sistema actual. Dardo Alonso, referente de la Federación Agraria, recordó que el pedido de refuerzos de personal se mantiene vigente hace años y que, aunque recientemente regresaron algunos efectivos tras el Operativo Sol, la dotación sigue siendo insuficiente para cubrir la extensión del partido.

Por su parte, Juan De Pian, de la Cuenca Lechera, adhirió a la iniciativa del Foro y advirtió sobre la degradación del sistema preventivo. “Vamos esperando la exageración para caer en gracia de que dejamos de estar protegidos”, analizó. De Pian subrayó que, si bien la Patrulla Rural responde a los llamados, la falta de un marco legal sólido diluye los esfuerzos. Según relató, ante la presencia de cazadores furtivos en los tambos, el despliegue policial termina apenas en una contravención. “Se utiliza todo el aparato, se ejecuta el presupuesto, pero no hay peso de ley”, sentenció.

En sintonía, Matías Meli, de la Sociedad Rural, calificó como “parches” las soluciones transitorias aplicadas hasta el momento. Detalló que, en diversas oportunidades, se enviaron oficiales desde Azul para cubrir zonas de manera temporal, para luego ser retirados. “Tienen los vehículos pero no tienen gente”, resumió el dirigente, dejando en claro que la falta de nombramientos fijos es el principal obstáculo para garantizar la seguridad en los campos tandilenses.

En medio de este escenario de reclamos, la Secretaría de Protección Ciudadana presentó ante el Foro el programa Centinela para el territorio rural. Esta iniciativa busca trasladar las herramientas de prevención urbana al campo mediante un sistema de geolocalización de tranqueras. El objetivo es que, a través de la aplicación, los recursos policiales puedan llegar con precisión a los puntos de emergencia, incluso si el productor no se encuentra en el lugar.

Daniela Gatti, presidenta del Foro Municipal de Seguridad, explicó que la Municipalidad ya comenzó con el equipamiento de tres móviles con la tecnología necesaria para este plan. Sin embargo, este avance local puso de manifiesto una brecha creciente: “Últimamente el que viene aportando recursos es solamente el gobierno municipal”, señaló la abogada. Para Gatti, la implementación de herramientas tecnológicas por parte de la comuna debe ser complementada con el aporte de personal por parte del Ministerio de Seguridad.

La frustración de las entidades radica en la serie de compromisos asumidos por funcionarios provinciales que no se tradujeron en hechos. En marzo pasado, Gatti mantuvo reuniones directas con Adrián Pereira y Facundo Rodríguez, integrantes de la cartera de Seguridad bonaerense, quienes habían confirmado que en abril llegarían de forma definitiva los ocho efectivos reclamados. Se trata de oficiales de origen tandilense, lo cual se considera un factor clave para acelerar la adaptación y el conocimiento de los caminos rurales del distrito.

Incluso tras la visita del gobernador Axel Kicillof en el mes de abril, la comitiva oficial ratificó que el arribo era “cuestión de días”. No obstante, con el mes de junio avanzado, la Patrulla Rural sigue operando con la misma dotación limitada. Ante la falta de novedades, el Foro y las entidades rurales insistirán por estos ocho agentes.

Gatti contó que también se habían iniciado tratativas para sumar algunos efectivos extras, de una promoción más reciente. “Vamos encaminados también a poder convocarlos para Tandil para más adelante. Pero ya confirmamos estos ocho efectivos que veníamos pidiendo desde hace varios meses”, precisó por aquel entonces la abogada que preside el Foro.

En La Mañana de Eco (104.1 Tandil FM y El Eco Streaming), la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, trazó una lectura del esclarecimiento del robo en la casa de Juan Martín del Potro y rechazó críticas en torno a que la rápida respuesta del sistema multiagencias se debió a que la víctima fue una personalidad reconocida en el mundo.

En principio, garantizó que “el rol del Centro de Monitoreo es exactamente el mismo en cada uno de los casos, más allá del apellido Del Potro”, y como ejemplo, citó que hace días se esclareció la sustracción de una moto que faltó en Tandil, se siguió con las cámaras de monitoreo, se hicieron trabajos de investigación con los grupos tácticos operativos que tiene la ciudad, llegaron hasta Ayacucho y recuperaron el rodado en Maipú.

En cuanto al caso Del Potro, indicó que “ni bien se da el alerta de la situación de un robo en el lugar, se empiezan a analizar las cámaras de seguridad y se detecta un vehículo como sospechoso y empezamos a hacer el seguimiento -en este caso para atrás- con las cámaras para ver por dónde había ingresado. Lo toman nuestras lectoras inteligentes de patentes en el acceso a nuestra ciudad, viniendo de la zona de Rauch, y luego se va para el lado de Rauch, se los puede observar en cámaras de seguridad de una estación de servicios realizando cargas y después se pueden ver los medios de pago, y ahí el primer indicio es que la tarjeta era de un banco de origen chileno”.

Explicó que para adelante respecto al hecho, lectoras de patentes de otro anillo digital detectaron el auto saliendo para el lado de la Ruta 74, tomando hacia Ayacucho, con una parada en Las Armas y el seguimiento hasta el taller mecánico de Capital Federal.

“El haber podido tomar la patente fue fundamental para poder cursarla en el sistema informático de multas de CABA. Todo eso lo empieza a hacer la DDI de nuestra ciudad y por una multa de tránsito, encuentran que esa persona tenía pedido de captura con alerta roja de Interpol y ya empiezan a darse cuenta de que estábamos hablando de la misma banda que en Estados Unidos había cometido ilícitos en casas de distintas estrellas deportivas, como de la NBA, a la pareja de Taylor Swift y demás”.

En ese punto, precisó que la Policía Federal se sumó a la investigación junto a la DDI de Azul. “Quiero destacar el trabajo encubierto que realizó la SubDDI de nuestra ciudad”, dijo y explicó que Protección Ciudadana proporcionó vehículos no identificables, y uno de ellos pudo detectar el Fiat Cronos negro en el que se desplazaban tres de los delincuentes que, tras un operativo cerrojo, fueron interceptados en la Ruta 7 y detenidos.

Marcieri valoró la “gran tarea que realizan los chicos del Centro de Monitoreo” y expresó que “una vez más queda claro que el sistema funciona y que se está las 24 horas del día tratando de acompañar a las fuerzas de seguridad, brindando herramientas para que por lo menos no haya impunidad en estos casos”.

En iguales términos, reconoció “un gran trabajo” del fiscal Marcos Eguzquiza, a cargo de la causa, como así también la Policía Departamental de Tandil, la SubDDI de Tandil y la DDI de Azul.

La funcionaria puso el foco en que se logró desbaratar una banda que “venían buscando desde el FBI hasta Interpol”.

Más allá de la exitosa investigación, analizó que “creo que estas personas se confiaron que venían a Tandil y fueron dejando muchas pistas, muchos cabos sueltos. La metodología de romper un vidrio y entrar a una casa, circular como si nada. Quizás no pensaban que teníamos un sistema de monitoreo y un sistema de anillo digital que podíamos llegar a detectar los vehículos, y fueron dejando muchos hilos conductores que llevaron al lugar”.

Desde su rol y retomando la fama de la víctima, explicó que “se actúa en la medida de lo posible y con los elementos que uno tiene, con la misma seguridad, sea el nombre que sea”.

En esa línea, brindó otro ejemplo, ocurrido el último sábado, cuando “hubo un caso muy importante”, donde le sustrajeron pertenencias a un integrante del Instituto Mixto de Turismo. “En menos de dos horas se había esclarecido el hecho y se había recuperado casi la totalidad de los elementos”, dijo.

Para cerrar, afirmó que “hay muchos casos que podemos demostrar que no es una cuestión digitada porque sea una persona famosa, para nosotros son exactamente todos iguales en nuestra ciudad. Además, la madre de Del Potro es una vecina de Don Bosco, no deja de ser un vecino”.

Personal policial llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de las ciudad, en el marco de varias investigaciones por hechos delictivos ocurridos durante los últimos días, que derivaron en la detención de dos hombres y el secuestro de una motocicleta con pedido activo por robo.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de un robo cometido en un depósito ubicado en calle Casacuberta al 2300, donde autores ignorados rompieron el cerco perimetral y escalaron un paredón para sustraer distintas herramientas.

En paralelo, se investigó otro hecho ocurrido en la zona de Ijurco y Casacuberta, donde una mujer denunció el robo de una mochila y una billetera desde el interior de su camioneta. Según se informó, posteriormente los delincuentes utilizaron las tarjetas de crédito sustraídas para realizar compras en distintos comercios de la ciudad.

A partir de tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad y testimonios recolectados, se obtuvieron cuatro órdenes de allanamiento otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 3 de Tandil. Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en Chapaleofú al 700, Aeronáutica Argentina al 1900, Pasaje Interno al 1800 y Casacuberta y Vigil al 1800.

Como resultado de los operativos, los efectivos secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para las causas en trámite. Además, incautaron una motocicleta utilizada presuntamente para cometer uno de los ilícitos investigados, la cual registraba pedido de secuestro activo por robo.

En el domicilio de Aeronáutica Argentina al 1900 fue detenido Fabián Alberto González, de 31 años, mientras que en una vivienda de Vigil al 1800 se concretó la detención de Nicolás Esteban Casado, de 28 años, ambos por disposición judicial.

Los procedimientos fueron encabezados por personal de la comisaría 4ta, con apoyo de efectivos de distintas dependencias policiales de la ciudad, personal del G.A.D. Tandil, Destacamento de Infantería Tandil y Escuadrón de Caballería Tandil. Intervienen en las actuaciones el Juzgado de Garantías N° 3 y la UFI N° 8 de Tandil.

El botín supera los 2 millones de dólares. Hay relojes de lujo, joyas, bolsos de diseñador, cajas fuertes arrancadas de mansiones y hasta fotografías tomadas por los propios ladrones posando junto a parte de lo robado. La escena parece salida de una serie policial estadounidense, pero tiene un inesperado punto de conexión con Tandil: cuatro de los cinco ciudadanos chilenos acusados de integrar una banda dedicada a asaltar las casas de estrellas del deporte norteamericano quedaron bajo la lupa judicial tras el robo en la vivienda de Juan Martín del Potro.

Los pedidos de captura internacional y extradición emitidos por Estados Unidos contra Ignacio Aquiles Zúñiga Cartes, alias “Miguel”, y Bastian Jiménez Freraut describen con detalle el funcionamiento de una organización que, entre octubre de 2024 y enero de 2025, recorrió distintos estados estadounidenses siguiendo un patrón preciso: ingresar en residencias de figuras de la NFL, la NBA y la NHL para llevarse objetos de altísimo valor mientras sus dueños estaban fuera de casa.

La investigación federal, tramitada en el Distrito Medio de Florida, sostiene que el grupo robó “joyas, relojes, divisas estadounidenses y otros artículos de gran valor” por una suma superior a los dos millones de dólares. Ambos acusados quedaron imputados por asociación ilícita y transporte interestatal de bienes robados, delitos que contemplan penas de hasta diez años de prisión por cada cargo.

Los expedientes revelan un modus operandi meticuloso. Según la acusación, los sospechosos analizaban previamente las propiedades y sus movimientos. En el caso de Zúñiga Cartes, una orden judicial sobre su cuenta de iCloud permitió detectar fotografías aéreas de viviendas de deportistas tomadas pocos días antes de los robos. En otras ocasiones, los investigadores encontraron búsquedas de internet vinculadas a las residencias atacadas y seguimientos en redes sociales a las víctimas.

El raid norteamericano comenzó los días 5 y 7 de octubre de 2024 en Kansas City, Missouri, donde fueron asaltadas las viviendas de dos deportistas profesionales. Allí sustrajeron joyas, relojes y dinero en efectivo. Aunque el monto denunciado rondó los 11 mil dólares, para los investigadores ese golpe fue apenas el comienzo de una secuencia que se volvería mucho más ambiciosa.

El 21 de octubre la banda volvió a actuar, esta vez en Tampa, Florida. De la vivienda de un atleta profesional desaparecieron relojes de marca, joyas, un maletín de lujo y un arma de fuego valuados en unos 167 mil dólares. La pesquisa detectó luego que un teléfono asociado a Jiménez Freraut se había conectado a antenas cercanas tanto en Kansas City como en Tampa. Además, en sus cuentas de Apple iCloud aparecieron fotografías de relojes robados y capturas vinculadas al domicilio de otro jugador del mismo equipo.

Pero el golpe más impactante ocurrió el 2 de noviembre de 2024 en Wisconsin. Allí, los ladrones se llevaron una caja fuerte completa con relojes, cadenas, dinero en efectivo, joyas y bolsos de diseñador. El botín fue valuado en 1.484 millones de dólares. La causa incluye un detalle tan llamativo como incriminador: una fotografía tomada cerca de la escena del robo muestra a Zúñiga Cartes posando junto a algunos de los objetos sustraídos. Otra imagen hallada en la nube de Jiménez Freraut exhibía varios de los relojes robados apenas horas después del golpe.

La serie continuó el 9 de diciembre en Cincinnati, Ohio, donde desaparecieron maletas de diseñador, lentes, relojes y joyas por unos 300 mil dólares. Días más tarde, entre el 19 y el 20 de diciembre, la organización volvió a irrumpir en la casa de otro deportista profesional en Tennessee. Allí se llevaron joyas, relojes y bolsos de lujo valuados en alrededor de un millón de dólares.

Los investigadores estadounidenses aseguran que los integrantes del grupo se trasladaban entre distintos estados utilizando vehículos alquilados con documentación falsa. Según la acusación, cruzaban fronteras estatales para cometer los robos y luego transportaban los bienes sustraídos hacia Florida, una maniobra clave para sostener los cargos federales por transporte interestatal de objetos robados.

Los perfiles incluidos en las circulares de Interpol aportan otros detalles. Ignacio Zuñiga Cartes tiene 21 años, mide 1,65 metro, posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo y es conocido con el alias “Miguel”. Bastian Jiménez Freraut, de 28 años, aparece asociado además a los apodos “VIVIVAZQUEZ3933” y “RAMIROOOSOSAA19988”. Ambos figuran como prófugos buscados para extradición y con posible desplazamiento en Santiago de Chile.

La historia tomó dimensión local cuando sus nombres comenzaron a aparecer vinculados al robo sufrido por Del Potro en Tandil. Lo que en principio parecía un hecho policial más terminó conectado con una investigación internacional que involucra mansiones de atletas, seguimientos digitales, fotos en la nube y millones de dólares en objetos de lujo robados a lo largo de Estados Unidos.

El 15 de enero de 2025, los medios estadounidenses replicaban un alerta del FBI que daba cuenta del accionar de la banda dedicada a asaltar propiedades de deportistas de elite de las ligas NBA y NFL (fútbol americano). 

Entre las víctimas, enumeraban a Luka Doncic, estrella de los Dallas Mavericks, cuya residencia fue asaltada el viernes 9 de enero del año pasado, por la noche, mientras él estaba ausente, mientras que Lara Beth Seager, gerente de negocios del jugador, confirmó el incidente y anunció que se presentó un informe policial. 

Otros atletas destacados también han sido víctimas, como Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) y Joe Burrow (Cincinnati Bengals), Travis Kelce (Chiefs y pareja de Taylor Swift), y los jugadores de la NBA Bobby Portis (Milwaukee Bucks) y Mike Conley Jr (Minnesota Timberwolves).

Un robo ocurrido en una vivienda de calle 9 de Julio al 1500 fue esclarecido en pocas horas por personal policial, que logró recuperar gran parte de los elementos sustraídos y detener al presunto autor del hecho.

Según se informó oficialmente, la investigación comenzó tras un llamado al sistema de emergencias 101 que alertó sobre un ilícito cometido luego de que desconocidos forzaran una persiana para ingresar al inmueble.

A partir de distintas tareas investigativas y del análisis de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Tandil, los efectivos lograron establecer la identidad del sospechoso y el domicilio donde se encontrarían ocultos los objetos robados.

Con esa información, se montó un operativo de vigilancia encubierta. En ese marco, los policías observaron al sospechoso salir de la vivienda a bordo de una bicicleta sustraída. Al advertir la presencia de los efectivos, el hombre intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado tras una breve persecución en inmediaciones de Marocchi y Américo Reynoso.

Posteriormente, se realizó un allanamiento con anuencia en una vivienda ubicada en calle Maritorena 86, donde se concretó el secuestro de numerosos elementos denunciados como robados. Entre ellos, se recuperaron una computadora MacBook Pro, relojes de distintas marcas, teléfonos celulares, auriculares, mochilas y otros objetos de valor.

La causa quedó en manos de la UFI N° 3 de Tandil, que dispuso la aprehensión de Julio César Arocha, de 32 años, acusado del delito de robo. Además, otro hombre de 39 años fue imputado por encubrimiento, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.