La diputada bonaerense Sofía Vannelli presentó una serie de proyectos de ley orientados a crear un régimen de transparencia para contenidos generados por Inteligencia Artificial (IA) e instaurar su enseñanza obligatoria en los niveles primario, secundario y superior. La bancada del Frente Renovador en la Cámara de Diputados bonaerense busca implementar políticas de protección de datos personales, establecer pautas educativas y combatir la violencia digital.

Las iniciativas impulsadas por la legisladora de Fuerza Patria proponen, por un lado, la incorporación de contenidos vinculados a la tecnología en el diseño curricular y, por otro, la creación de un régimen de “Transparencia y Uso Responsable de contenidos generados o modificados por IA”. El proyecto educativo busca promover la alfabetización digital crítica desde la primaria hasta la educación superior.

“Vivimos una transformación global acelerada por el avance de la IA en todos los aspectos de la vida. Frente a este nuevo paradigma, el sistema educativo tiene la responsabilidad de formar ciudadanos capaces de comprender, participar y cuestionar las tecnologías que modelan su presente y su futuro”, enfatizó Sofía Vannelli.

Según el articulado, se incluirán fundamentos de pensamiento computacional, introducción a la IA, sesgos algorítmicos y protección de datos. Además, se contempla la creación de un Observatorio Pedagógico de Tecnologías e Inteligencia Artificial. En cuanto al régimen de transparencia, se exige que todo contenido publicitario, informativo o electoral generado por IA incluya la leyenda “Contiene IA” en al menos el 3% del espacio visual.

Esta propuesta se suma a la iniciativa de la diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, enfocada en la diversidad corporal. El proyecto de Sofía Vannelli también busca incorporar en la Ley Electoral multas de hasta 150 haberes mensuales mínimos de la Administración Pública ante la difusión de deepfakes que busquen manipular la voluntad del electorado.

“La popularización y masividad de las inteligencias artificiales plantea la necesidad de reglas que certifiquen su utilización en el ámbito público, teniendo como premisa que la innovación tecnológica jamás puede ir en desmedro de los derechos fundamentales de la ciudadanía”, manifestó la legisladora.

Paralelamente, el gobierno de Axel Kicillof oficializó mediante un decreto el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que establece reglas de uso ético y responsable para todos los organismos bonaerenses, invitando a los municipios a adherir a estos lineamientos para mejorar la calidad de los servicios públicos.

La reciente promoción de Pablo Andrés Lotito a investigador principal del CONICET marca un nuevo paso en su trayectoria académica. Según explicó, este escalafón representa el anteúltimo nivel de la carrera de investigador y constituye un reconocimiento que trasciende lo personal.

"No es solo un logro individual, también refleja el respaldo y el acompañamiento de un equipo, de colegas y de becarios que conforman nuestro grupo de investigación", expresó.

El equipo que dirige está integrado por profesionales de distintas ciudades, entre ellas Mar del Plata y Rosario, una dinámica de trabajo que les ha permitido abordar problemas vinculados al transporte urbano, la energía y otros campos mediante modelos matemáticos.

"La matemática es el lenguaje que nos permite modelizar y analizar los distintos problemas que enfrentamos", señaló.

A lo largo de su carrera, Lotito participó en proyectos con impacto directo en la vida cotidiana. Entre ellos recordó un estudio realizado hace 18 años para optimizar la sincronización de los semáforos en la intersección de 14 de Julio y Pinto, con el objetivo de reducir los tiempos de espera. También desarrolló trabajos para el Municipio de Tandil relacionados con el diseño de la red de transporte público.

Otro de los proyectos más relevantes fue la colaboración con UNICEF. En ese caso, el equipo utilizó imágenes satelitales para corregir censos poblacionales en Guinea, Chad y Mozambique, mejorando la planificación de campañas de vacunación infantil.

"Fue una experiencia muy interesante porque nos obligó a incorporar nuevas herramientas y tuvo un impacto concreto en la salud pública", recordó.

En el área energética, explicó que la optimización matemática también resulta clave para coordinar la producción entre centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares, una tarea que se volvió más compleja con la incorporación de energías renovables como la solar y la eólica.

Consultado sobre el avance de la IA, Pablo Andrés Lotito la definió como un "asistente cada vez más calificado". Destacó que agiliza la búsqueda bibliográfica y ayuda a resolver problemas complejos, aunque remarcó que siempre debe utilizarse con criterio.

"La responsabilidad finalmente es de cada uno. No se puede usar directamente la respuesta de la IA; hay que analizarla, criticarla y comprobar si tiene sentido", afirmó.

Además, comparó el debate actual con el que existió años atrás sobre el uso de calculadoras en las escuelas. "Son herramientas que deben utilizarse con responsabilidad. La supervisión y la validación siempre corresponden a las personas", sostuvo.

Al referirse a la situación del sistema científico argentino,  defendió la inversión pública en investigación.

"A veces se dice que financiar la ciencia es una inversión, pero esa definición se queda corta. Cuando un país no invierte en ciencia, termina perdiendo soberanía sobre el conocimiento", aseguró.

Formado en la Universidad de Rosario y con un posdoctorado en el instituto Inria de Francia, el investigador destacó el nivel científico de Tandil.

"Es un lugar muy importante dentro del sistema científico argentino. Tiene investigadores de excelencia y compite al mismo nivel que centros con una larga trayectoria", concluyó, al tiempo que reafirmó su compromiso con la educación pública como base del desarrollo nacional.

La Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en el desarrollo de AsesorIA, un proyecto de transformación digital que incorpora herramientas de Inteligencia Artificial para fortalecer el asesoramiento jurídico y optimizar los procesos internos del Estado provincial. 

La iniciativa es impulsada por el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y se encuentra actualmente en una etapa de desarrollo que integra tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, recuperación aumentada por generación y sistemas de gestión del conocimiento.

El objetivo central de la herramienta es facilitar el análisis jurídico, agilizar la búsqueda de antecedentes y mejorar la producción documental mediante una infraestructura segura, soberana y desarrollada con capacidades propias. Según se informó, el proyecto es el resultado de un proceso de modernización iniciado años atrás, orientado a digitalizar el conocimiento institucional y perfeccionar los circuitos administrativos.

En una primera etapa, denominada Proyecto 0, se trabajó sobre el archivo histórico de dictámenes, que fue estructurado y clasificado mediante técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. Ese trabajo permitió transformar un extenso repositorio documental en una base de conocimiento organizada, capaz de facilitar el acceso a antecedentes y criterios jurídicos acumulados por la administración provincial a lo largo del tiempo.

Posteriormente, la Asesoría General desarrolló el Generador de Dictámenes, una herramienta que incorporó inteligencia artificial generativa para asistir la elaboración de documentos jurídicos mediante arquitectura RAG. Esa experiencia permitió validar la viabilidad técnica de estas tecnologías dentro de un entorno de infraestructura propia, sentando las bases para avanzar hacia un sistema más amplio e integrado.

Sobre esos antecedentes, la Dirección General de Planificación y de Información Jurídica, a cargo de Santiago Prandini, trabaja actualmente en el Proyecto AsesorIA, concebido como un ecosistema integral de inteligencia jurídica. La plataforma unifica funciones de búsqueda semántica, análisis documental, gestión del conocimiento y generación asistida de documentos.

Desde el organismo explicaron que la herramienta está pensada para poner a disposición de los equipos técnicos nuevas capacidades que permitan reducir tiempos de análisis, facilitar el acceso a la información institucional y fortalecer la calidad de los dictámenes y del asesoramiento legal. Con esta iniciativa, el organismo reafirma su apuesta por la innovación pública y el desarrollo de soluciones tecnológicas propias, en línea con los procesos de modernización y transformación digital que atraviesa la administración bonaerense.

El desafío, sostienen, es aprovechar el potencial de la IA para construir un Estado más eficiente, con mejores herramientas para la toma de decisiones y una gestión del conocimiento que preserve y potencie la experiencia acumulada por las instituciones públicas.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un paso fundamental para integrar la Inteligencia Artificial (IA) en las funciones de la administración pública. A través de la aprobación del Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la IA, se establecieron las reglas que regirán el desarrollo, la implementación y la utilización de estas tecnologías en todos los organismos bonaerenses.

La normativa designa al Ministerio de Gobierno, mediante la Subsecretaría de Gobierno Digital, como la autoridad de aplicación. Entre sus funciones principales, este organismo tendrá la responsabilidad de crear un registro obligatorio de los sistemas de IA utilizados por el Estado. El decreto tiene como objetivo consolidar una estrategia integral que permita mejorar la eficiencia, la calidad, la accesibilidad y la transparencia de los servicios estatales, promoviendo al mismo tiempo la soberanía tecnológica y la innovación pública.

Este nuevo marco es de aplicación obligatoria para la administración central, los organismos descentralizados y las entidades autárquicas de la provincia. Asimismo, la norma invita a los municipios bonaerenses a adherir de manera voluntaria a los principios y lineamientos establecidos.

Entre los ejes centrales del régimen se destacan la protección de los derechos fundamentales, la supervisión humana en la toma de decisiones, la transparencia y trazabilidad de los sistemas, la seguridad de la información, la protección de datos personales, la no discriminación, la interoperabilidad tecnológica y la rendición de cuentas.

La normativa dispone que cualquier desarrollo, contratación, implementación, uso o renovación de sistemas de inteligencia artificial deberá contar con la intervención previa de la Subsecretaría de Gobierno Digital, incluso en iniciativas financiadas con recursos externos. Este organismo tendrá facultades para homologar soluciones, elaborar protocolos, fijar estándares técnicos y evaluar los riesgos asociados.

Como parte del esquema de gobernanza, se conformará un Registro de Inteligencia Artificial donde los organismos deberán informar los sistemas que utilizan o desarrollan. Además, se prevé la creación de un Consejo Asesor interdisciplinario y multisectorial, integrado por especialistas y universidades, con funciones consultivas para analizar riesgos y proponer buenas prácticas.

Finalmente, la autoridad de aplicación deberá impulsar mecanismos de evaluación de impacto que consideren efectos sobre los derechos fundamentales, la calidad de los servicios públicos, la presencia de sesgos en los algoritmos, las condiciones laborales, la necesidad de mantener supervisión humana y el impacto ambiental derivado del funcionamiento de estos sistemas.

Un reciente estudio científico examinó la fiabilidad de los rostros creados con inteligencia artificial generativa (IAG), revelando que estas imágenes son consideradas más confiables que las fotografías de personas reales. El trabajo, realizado por investigadores de la Universidad de Lancaster, la Universidad de Stanford y la Universidad de California, analizó si los rostros generados por modelos de difusión logran superar el fenómeno conocido como el valle inquietante.

Para el experimento, se solicitó a 169 participantes que observaran 96 rostros de diversas edades, géneros y razas, con el objetivo de identificar si eran reales o artificiales. Los resultados fueron sorprendentes: los rostros producidos por los nuevos modelos de difusión fueron calificados como menos realistas que los generados por tecnologías anteriores, como las redes generativas antagónicas (GAN).

Sin embargo, en una segunda etapa del estudio, los participantes debieron calificar la confiabilidad de las imágenes en una escala del 1 al 7. En este caso, los rostros reales obtuvieron la calificación más baja, con un promedio de 4.03, mientras que las imágenes creadas por inteligencia artificial fueron percibidas como más confiables.

“Este hallazgo presenta una paradoja y, por lo tanto, subraya la posibilidad de que los juicios sobre el realismo y la confiabilidad estén impulsados por dos mecanismos psicológicos diferentes”.

El artículo, publicado en Journal of Vision, advierte que este fenómeno incrementa los riesgos de fraude en línea, suplantación de identidad y difusión de desinformación. Al respecto, Alexis McGuire, estudiante de doctorado en psicología y autor del estudio, señaló:

“Las personas corren el riesgo de ser engañadas por imágenes generadas por IA. Es importante informar al público sobre la facilidad con la que se pueden crear estas imágenes, sus posibles usos indebidos y las formas en que pueden ser víctimas”.

Ante este escenario, los especialistas subrayan la necesidad urgente de desarrollar estrategias que permitan mitigar los daños a las personas, las organizaciones y las democracias frente al avance de la tecnología.

El secretario de Desarrollo Productivo, Diego Martín, analizó el complejo escenario económico que atraviesa el país y su repercusión en Tandil. En ese marco, destacó que el Municipio concentra sus esfuerzos en respaldar a industrias, comercios y emprendedores, actores clave para la generación de empleo local.

“Cuando estamos en momentos difíciles, hay que meterle mucha cabeza, mucha creatividad y muchas ganas. Con todo el equipo de gestión estamos siempre buscando herramientas para los sectores que siguen pujando”, señaló.

Reconoció que, aunque algunas actividades muestran señales de crecimiento, la retracción del consumo de la clase media impacta en numerosos rubros, obligando a las empresas a revisar costos, optimizar recursos y mejorar su eficiencia para sostener la rentabilidad.

Uno de los ejes de la entrevista fue la participación de Tandil en una investigación de CIPEC sobre eficiencia regulatoria y desarrollo productivo. La ciudad fue elegida junto a Salta, Córdoba y Rosario, siendo la única localidad intermedia incluida en el trabajo.

“Esta organización promueve la articulación entre los sectores público y privado para mejorar el clima de negocios. Desde marzo trabajamos con la Cámara Empresaria, APIMET y el Clúster Tecnológico para detectar obstáculos administrativos y plantear propuestas de mejora”, explicó.

Según el funcionario, el estudio permitirá identificar fortalezas y aspectos a corregir, aportando información valiosa para potenciar la competitividad local y atraer nuevas inversiones.

Consultado sobre la simplificación de habilitaciones para comerciantes y emprendedores, Diego indicó que el Municipio avanza en la implementación de una ventanilla única que facilite los procesos administrativos.

“El desafío es que el sistema sea sencillo e intuitivo, sin descuidar los controles ni las normativas vigentes. El vecino no tiene por qué conocer cada instancia burocrática; nuestro rol es facilitarle el camino”, afirmó.

Asimismo, señaló que esta transformación implica adaptar procedimientos internos y capacitar al personal para brindar respuestas más ágiles y eficientes.

En relación con las nuevas tecnologías, el secretario destacó el potencial de la inteligencia artificial para agilizar procesos y mejorar el análisis de información. En ese sentido, adelantó que se trabaja en una versión 3.0 del asistente virtual Tabi, que incorporará herramientas de IA para interactuar de manera más natural con los ciudadanos, incluso mediante consultas por voz.

Respecto al futuro Paseo del Banco, se mostró confiado en el impacto positivo que tendrá sobre el centro comercial de la ciudad.

“Va a jerarquizar el comercio tandilense, atraer más circulación de personas al microcentro y generar nuevas oportunidades. Los negocios locales tendrán que fortalecer aspectos como la atención y el servicio para diferenciarse”, sostuvo.

Por otra parte, Diego Martín se refirió a la situación de los alojamientos informales y destacó los avances logrados a partir de la unificación de bases de datos y los controles permanentes, lo que permitió incorporar numerosos prestadores al mercado formal de alquileres.

Finalmente, remarcó la importancia de mejorar la infraestructura vial para fortalecer el desarrollo productivo de la región.

“Nuestra intención es reunirnos con la nueva concesionaria de la Ruta 226 para transmitir las necesidades de Tandil. El estado de las rutas requiere mejoras urgentes, tanto para quienes nos visitan como para el transporte de la producción local”, concluyó.

Casi todas las empresas usan algo de inteligencia artificial. Muy pocas saben qué hacer con ella. Y esa distancia no es tecnológica: es de liderazgo y de cultura.

La inteligencia artificial llegó a las organizaciones antes de que supieran qué hacer con ella.

Está en todas partes —en las herramientas, en los discursos, en los comités de innovación—. Pero los resultados no aparecen. Lo que predomina no es el entusiasmo ni el rechazo, sino algo más incómodo: el desconcierto.

Los números confirman que no es una impresión. El 88% de las organizaciones ya usa IA en al menos una función, pero solo el 39% percibe algún impacto en sus resultados, casi siempre inferior al 5%. El MIT fue más lejos: concluyó que el 95% de las inversiones en IA generativa todavía no produjo retornos medibles. Mucha adopción, poco valor.

En América Latina la foto es similar, aunque la brecha es más amplia. Solo el 23% de las organizaciones obtienen algún valor económico de la IA y apenas el 6% lo considera significativo (WEF y McKinsey, 2025). La región recibe, además, apenas el 1,12% de la inversión global en esta tecnología. Podría pensarse que el problema está ahí. No lo está: las compañías que más invierten en el mundo tampoco logran resultados consistentes. Si dependiera del dinero, ya estaría resuelto.

La IA no es magia. El problema no es la herramienta: es todo lo que la organización no resolvió antes de encenderla.

Las organizaciones que atraviesan este proceso muestran siempre el mismo patrón. La tecnología avanza más rápido de lo que las personas pueden seguirla, y seguirla implica dos tiempos: entenderla y, mucho más lento, aceptarla. Son tres velocidades que rara vez coinciden —la de la tecnología, la de las personas y la del negocio—, y de ese desajuste nace buena parte del problema. Cuando una organización acelera solo la primera y descuida las otras dos, la IA entra en la empresa, pero no echa raíces. No es casual que el 92% de los líderes señale a la cultura y a la gestión del cambio —y no a la tecnología— como la principal barrera (Wavestone, 2026).

En las pymes el cuadro suele agravarse. Apremiadas por la necesidad de ganar eficiencia, muchas esperan que la IA resuelva problemas que en realidad son organizacionales.

Los síntomas se repiten. Se evitan las conversaciones difíciles. No se rediseñan los procesos: apenas una de cada cinco empresas reformuló sus flujos de trabajo, justamente la palanca de mayor impacto según McKinsey. Y se impone un cambio que genera incertidumbre, aunque nadie lo nombre. La adopción termina ocurriendo de abajo hacia arriba, sin que nadie la conduzca: ocho de cada diez trabajadores usan herramientas que su empresa nunca aprobó. La IA entró por la puerta de atrás.

Hay, además, un costo que casi nadie mide. Buena parte de lo que produce la IA es workslop: contenido que parece terminado, pero puede ser superficial, contener errores o incluso inventar información. Alguien tiene que detectarlo, verificarlo y rehacerlo. El esfuerzo no desaparece: simplemente se traslada. La productividad no necesariamente aumenta; muchas veces se dispersa.

Debajo de todo esto late una decisión que la mayoría de las organizaciones posterga: si la IA viene a ampliar lo que las personas hacen o a reemplazarlas. Nadie lo anuncia, pero todos lo intuyen. Si las personas sospechan que el objetivo es prescindir de ellas, el miedo gana terreno y la adopción se frena. Si entienden que la IA viene a liberarlas de tareas de poco valor para que puedan concentrarse en las que realmente importan, el compromiso cambia. Esa definición no la toma el software: la toma quien conduce.

Las organizaciones que están capturando valor entendieron algo simple: no empezaron preguntándose qué herramienta comprar, sino qué problema querían resolver. La IA llegó después.

Y acá no alcanza con más tecnología: hace falta criterio. Quien logre que la IA aporte valor no será quien compre la herramienta más avanzada, sino quien tenga claro para qué la quiere. Quien abra la conversación que faltaba, rediseñe el proceso que quedó viejo y nombre el miedo en lugar de esconderlo. Su trabajo no es acelerar. Es sincronizar el ritmo de la tecnología, el de las personas y el del negocio para que el cambio ocurra a una velocidad que la organización pueda sostener. La inteligencia artificial es la parte fácil. Lo difícil, como siempre, son las personas.

Por eso, antes de dar el próximo paso, vale la pena hacerse algunas preguntas. ¿La IA amplía lo que las personas hacen o busca reemplazarlas? ¿Se rediseñaron los procesos o simplemente se le pidió a la máquina que hiciera más rápido lo que ya estaba mal hecho? ¿Qué conversación se está evitando?

El desconcierto tiene salida. Y es menos una cuestión tecnológica que una decisión de liderazgo: conducir el cambio en lugar de padecerlo.

El autor es CEO y Fundador de Modobeta

La reforma societaria que el Poder Ejecutivo remitió al Senado introduce figuras jurídicas que, desde el derecho penal, generan interrogantes que el proyecto no responde. Y en este caso me refiero, en particular, a la Sociedad Automatizada del artículo 14 y a la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO) de los artículos 258 a 265. Ambas figuras deben leerse en conjunto con la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente desde 2018, porque las tensiones entre ambos textos son serias.

De esta manera, dicha ley establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas por un catálogo acotado de delitos: cohecho nacional y transnacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito y balances e informes falsos agravados. Pero no es un régimen general, sino uno orientado a la criminalidad corporativa en la interfaz con el sector público.

El problema de la Sociedad Automatizada

El artículo 14 del anteproyecto define a la Sociedad Automatizada como aquella que desarrolla su objeto social “sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”. Los daños causados por sus sistemas algorítmicos o agentes de IA son responsabilidad patrimonial de la sociedad.

Desde el derecho penal, esto abre una pregunta que el anteproyecto ignora: ¿quién es la “persona humana” cuya conducta activa el mecanismo de imputación de la Ley 27.401 cuando el acto dañoso lo ejecutó un algoritmo de forma autónoma?

Imaginemos una Sociedad Automatizada que, mediante su sistema algorítmico, realiza pagos a un funcionario público extranjero para obtener una ventaja comercial. Los pagos los ejecutó el protocolo, no un empleado ni un director. No hay persona humana que hubiera “ofrecido, prometido u otorgado” nada en el sentido clásico del tipo penal. ¿Puede imputarse a la persona jurídica por un delito cuya conducta típica exige una acción humana que, en este modelo societario, no existe?

La respuesta no es sencilla. La ley en cuestión no fue redactada pensando en sistemas algorítmicos con capacidad de decisión autónoma. Sus categorías -“quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona jurídica”, “tolerancia de los órganos”- asumen sujetos con voluntad. Un algoritmo no tiene voluntad, no puede tener dolo y no puede actuar con “interés” en sentido jurídico. La brecha entre ambas normas es estructural, no de interpretación.

El problema de la DAO y la representación procesal

La DAO presenta una dificultad diferente pero igualmente seria. El artículo 260 del anteproyecto exige que la representación legal esté a cargo de personas humanas, y el artículo 262 establece que el representante legal responde “conforme al régimen previsto” para los actos dolosos, abusivos o en violación normativa.

En principio, esto parece resolver el problema, dado que hay una persona humana que representa a la DAO y que puede ser imputada. Pero la DAO puede tener su gobernanza distribuida entre miles de titulares de tokens dispersos en distintas jurisdicciones, con decisiones adoptadas por el protocolo según reglas predefinidas. Si el protocolo ejecuta un acto que configura alguno de los delitos de la Ley 27.401 -por ejemplo, un pago a un funcionario resuelto por votación descentralizada de los miembros-, ¿el representante legal responde penalmente por un acto que no adoptó, que no podía vetar individualmente y que fue determinado por una mayoría algorítmica?

Aquí, la tensión con los principios penales básicos es evidente. La responsabilidad penal personal exige que la pena recaiga sobre quien cometió el acto. El representante legal de una DAO puede ser una pieza formal del organigrama sin haber participado en la decisión que derivó en el delito. Imputarlo penalmente en esas condiciones rozaría la responsabilidad objetiva en materia penal, que el ordenamiento argentino rechaza.

En síntesis, el anteproyecto de ley general de Sociedades introduce formas organizativas que operan, total o parcialmente, sin decisores humanos identificables en la cadena causal de sus actos. La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en cambio, fue construida sobre la premisa de que siempre hay una persona humana cuya conducta activa la responsabilidad corporativa.

Aparecen tres problemas sin solución en el estado actual del proyecto: primero, la posible ausencia de conducta humana típica cuando el acto ilícito lo ejecuta un algoritmo autónomo; segundo, la imputación al representante legal de una DAO por decisiones adoptadas por gobernanza descentralizada en las que no participó; y tercero, la inaplicabilidad práctica del Programa de Integridad de la Ley 27.401 a organizaciones sin estructura humana.

El proceso legislativo que viene debería abordar estas cuestiones. No hacerlo significa que los mecanismos de imputación, defensa y cumplimiento diseñados por la ley en cuestion, pierden coherencia cuando se aplican a entidades cuya operación ordinaria prescinde de personas humanas.

Los mercados ya no asignan valor a empresas. Asignan valor a la probabilidad de que una organización se convierta en una infraestructura indispensable para la próxima economía. Durante gran parte del siglo XX, la teoría financiera tuvo una premisa casi religiosa: el valor de una empresa era la suma descontada de sus flujos de caja futuros. Una compañía valía por lo que era capaz de producir, vender y convertir en ganancias. Esa lógica parecía irrefutable, hasta que empezó a quedar incompleta.

Primero fue Amazon, que durante años desafió cualquier métrica tradicional de valuación. Después llegaron Tesla, Nvidia, OpenAI, SpaceX y una nueva generación de compañías cuya capitalización de mercado parece, al menos bajo los parámetros clásicos, desconectada de los resultados financieros observables. Muchos interpretan este fenómeno como una simple burbuja tecnológica. Pero quizás la explicación sea más profunda.

Lo que estamos observando no es una distorsión del capitalismo. Estamos observando una transformación de su unidad fundamental de valor. Los mercados ya no asignan capital principalmente a empresas que producen bienes o servicios. Están asignando capital a organizaciones capaces de capturar futuros completos. La diferencia es enorme. Una automotriz tradicional compite por una porción del mercado automotor. Tesla compite por capturar el futuro de la movilidad, de la inteligencia artificial aplicada al transporte, del almacenamiento energético y de la automatización física. Una empresa satelital compite por contratos de telecomunicaciones. SpaceX compite por convertirse en la infraestructura orbital de la economía global.

OpenAI no comercializa solamente software. Aspira a convertirse en una capa fundacional sobre la que operen millones de decisiones, procesos y modelos de negocio. El mercado ya no pregunta únicamente cuánto vende una empresa. Pregunta qué futuro controla. Esta diferencia puede parecer semántica, pero está redefiniendo la asignación global de capital. Durante décadas, el petróleo ocupó una posición privilegiada porque era la infraestructura invisible que permitía funcionar a la economía industrial. Quien controlaba la energía controlaba la capacidad productiva.

Hoy comienzan a emerger nuevas infraestructuras críticas: capacidad computacional, energía eléctrica, centros de datos, redes satelitales, modelos fundacionales de inteligencia artificial, almacenamiento energético avanzado, sistemas autónomos y plataformas de conectividad global. Quien controle estas capas no capturará un mercado. Capturará múltiples mercados simultáneamente. Es por eso que los inversores están dispuestos a tolerar valuaciones que, bajo parámetros tradicionales, parecen irracionales. No están comprando ingresos presentes. Están comprando opcionalidad estratégica. La teoría financiera clásica tenía dificultades para valorar esta característica porque la opcionalidad era considerada un atributo secundario. En la economía digital se ha convertido en el activo principal.

Pensemos en un ejemplo menos conocido que Tesla. Pocos fuera del sector tecnológico siguen de cerca a Cerebras Systems. Sin embargo, algunos de los mayores fondos del mundo observan atentamente su evolución porque su arquitectura computacional podría alterar la estructura competitiva de la inteligencia artificial. La empresa todavía está lejos de la escala de Nvidia, pero su valor estratégico no reside en su posición actual. Reside en el tamaño del futuro que potencialmente puede capturar.

Lo mismo sucede con Anduril Industries. Formalmente es una empresa de defensa. En realidad, representa una apuesta sobre cómo la inteligencia artificial transformará la seguridad nacional durante las próximas décadas. Su valoración no surge únicamente de los contratos actuales, sino de la posibilidad de convertirse en la plataforma tecnológica dominante de una nueva generación de sistemas autónomos.

Algo similar comienza a ocurrir en energía. Los inversores ya no observan únicamente la capacidad instalada de generación. Comienzan a preguntarse quién controlará la infraestructura energética que alimentará los centros de datos de inteligencia artificial. Esta pregunta explica gran parte del renovado interés por la energía nuclear avanzada, por las redes eléctricas inteligentes y por los sistemas de almacenamiento de larga duración. El mercado está anticipando una escasez futura antes de que esta se materialice.

La carrera por la inteligencia artificial es, en gran medida, una carrera por la electricidad. Y la próxima década probablemente demostrará que la energía y la computación están mucho más conectadas de lo que tradicionalmente creíamos. Esta lógica genera una consecuencia extraordinaria. Las empresas dejan de competir únicamente por clientes y comienzan a competir por narrativas creíbles sobre el futuro.

Aquí aparece una de las características más fascinantes del capitalismo contemporáneo. La narrativa deja de ser marketing. Se convierte en infraestructura financiera. La capacidad de una organización para convencer a los mercados de que controla un futuro posible determina su acceso al capital, su velocidad de crecimiento y, en muchos casos, su probabilidad de supervivencia.

Elon Musk entendió esto antes que la mayoría. Pero no es el único. Jensen Huang en Nvidia, Sam Altman en OpenAI y los líderes de las nuevas compañías tecnológicas comparten una característica común: no venden solamente productos. Venden una visión coherente de cómo será el mundo dentro de diez años y del papel que sus organizaciones ocuparán dentro de ese futuro.

Por supuesto, este sistema tiene riesgos evidentes. La historia está llena de futuros que jamás llegaron. Los ferrocarriles en el siglo XIX, las puntocom en el año 2000, las telecomunicaciones en los años noventa y múltiples ciclos de exuberancia tecnológica son recordatorios de que la promesa de un futuro mejor no siempre se convierte en realidad.

La mayoría de las apuestas fracasan. Pero una minoría transforma la economía global. Los mercados lo saben. Y saben también que identificar correctamente una de esas plataformas puede compensar decenas de errores. Por eso están dispuestos a financiar probabilidades extraordinariamente bajas cuando la magnitud del resultado potencial es suficientemente grande.

Quizás por eso la pregunta más importante para un inversor ya no sea cuánto gana una empresa hoy. La pregunta verdaderamente relevante es otra: qué infraestructura indispensable para el futuro está construyendo. Porque en la próxima década el activo más escaso probablemente no será el petróleo, ni el capital, ni siquiera los datos. Será la capacidad de controlar las plataformas sobre las cuales se construirá la siguiente economía. Y los mercados ya comenzaron a asignar valor en consecuencia.

Tesla, SpaceX, Nvidia o OpenAI no son anomalías financieras. Son manifestaciones visibles de una transformación más profunda. Una transformación en la que el valor deja de estar anclado exclusivamente en los resultados presentes y comienza a desplazarse hacia la probabilidad de controlar una infraestructura crítica del futuro.

Quizás la mayor revolución económica de nuestra época no sea la inteligencia artificial, ni la transición energética, ni la nueva carrera espacial. Quizás sea algo más fundamental: el momento en que el capitalismo dejó de comprar empresas y comenzó a comprar futuros.

Al analizar el presente, es fundamental observar la historia de la humanidad. Hace 1.500.000 años, el descubrimiento del fuego marcó el inicio de nuestra capacidad tecnológica, permitiendo una mejora sustancial en la supervivencia. Sin embargo, los saltos evolutivos se acortaron drásticamente. Mientras que la escritura tardó milenios en consolidarse, la imprenta llegó 4.600 años después, y la revolución científica de Isaac Newton ocurrió apenas 80 años después de los hallazgos de Galileo, enumeró Mauricio Salvatierra, director de Globant Tandil.

Esta aceleración es constante. Desde la creación de la primera computadora hasta la llegada de internet en 1991, el progreso ha sido exponencial. Hoy, a solo 35 años de la masificación de la red, nos enfrentamos a la inteligencia artificial. Mauricio Salvatierra destacó que, más allá de los temores actuales, la especie humana ha demostrado una capacidad de adaptación notable ante cada ciclo tecnológico, logrando hitos como el aumento en la expectativa de vida, que hoy roza los 100 años.

El avance tecnológico no está exento de riesgos. La delegación de capacidades cognitivas básicas en las máquinas y el uso de tecnología aplicada a la guerra son preocupaciones legítimas. Según el especialista, el desafío radica en cómo nos adaptamos como cultura y en la necesidad de implementar políticas públicas educativas que acompañen estos cambios.

"La inteligencia artificial no vino a reemplazar al trabajo, sino a hacernos mucho más eficientes como seres humanos y a las industrias más productivas", afirmó Salvatierra.

El debate sobre si la tecnología nos dejará sin empleo es, en palabras del director de Globant, una mirada incompleta. Al igual que ocurrió con la llegada de la cosechadora mecánica, que transformó el trabajo rural, la inteligencia artificial nos obliga a replantear qué haremos con el tiempo ganado gracias a la automatización de procesos.

Para desmitificar el "cuco" de la inteligencia artificial, Salvatierra compartió una experiencia reciente durante un congreso de neumonología en Tandil. En un taller práctico, los profesionales pudieron utilizar herramientas de inteligencia artificial contextualizadas para analizar diagnósticos complejos. El resultado fue contundente: los médicos lograron obtener informes precisos en segundos, lo que les permite dedicar más tiempo a la atención directa y al seguimiento de sus pacientes.

No obstante, el especialista fue enfático en un punto crucial: la responsabilidad y el control final no se delegan. La inteligencia artificial actúa como un equipo de consulta en tiempo real, pero el criterio médico y la relación humana siguen siendo insustituibles.

El ecosistema tecnológico de Tandil, con su clúster de empresas y talento local, tiene la oportunidad de liderar estas conversaciones. El objetivo es generar espacios donde las instituciones y la sociedad civil puedan discutir cómo integrar estas herramientas de manera ética y productiva.

La invitación es clara: perder el miedo y experimentar. La tecnología, como un martillo, puede ser utilizada para construir o para destruir; la diferencia reside en la capacidad humana de supervisar, dirigir y aplicar el conocimiento con responsabilidad. 

La transformación digital no es un proceso ajeno, sino una realidad que, bien gestionada, promete potenciar nuestras capacidades y mejorar nuestra calidad de vida.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso en consulta pública un proyecto de reglamento para el desarrollo y uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito judicial. Como parte de esta iniciativa, se creó una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, la cual tendrá a su cargo la supervisión del proceso.

Esta medida se enmarca en un plan de modernización tecnológica que busca establecer un marco institucional y jurídico para la incorporación progresiva de sistemas de IA, garantizando su utilización de manera segura, ética y respetuosa de los derechos fundamentales. El proyecto, que representa un paso sin precedentes para la justicia del país, estará sometido a una consulta participativa hasta el 7 de agosto.

Bajo la premisa de que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”, el tribunal busca evitar que las herramientas tecnológicas reemplacen el razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales. Según la resolución publicada, magistrados, funcionarios, agentes judiciales, colegios profesionales, universidades y demás interesados pueden presentar observaciones y sugerencias a través de un espacio específico habilitado en el sitio web de la Suprema Corte.

El tribunal destacó que la inteligencia artificial ya es utilizada en distintos sistemas judiciales del mundo para tareas como la gestión de procesos, el análisis de datos, la sistematización de jurisprudencia y la atención de usuarios. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos asociados a estas tecnologías, entre ellos la posibilidad de reproducir sesgos, generar errores o producir contenidos inexactos.

Entre los objetivos del futuro reglamento figuran la mejora de la eficiencia en los procesos judiciales y administrativos, el fortalecimiento del acceso a la justicia mediante la reducción de barreras tecnológicas, lingüísticas y geográficas, y el apoyo a la labor jurisdiccional sin reemplazar el razonamiento ni la decisión humana.

La resolución subraya que la función jurisdiccional es “indelegable e insustituible” y establece que bajo ninguna circunstancia podrá delegarse en sistemas de inteligencia artificial la toma de decisiones judiciales, la valoración de pruebas o la elaboración del razonamiento jurídico que sustenta sentencias o resoluciones. Asimismo, dispone que el uso de estas herramientas no exime a jueces, funcionarios o agentes de la responsabilidad por el contenido, validez y legalidad de los actos en los que intervengan sistemas de IA, debiendo ejercer un control sustantivo y documentado sobre los resultados obtenidos.

Finalmente, la Corte le prohibió a sus integrantes el uso de chatbots de acceso gratuito o comercial, tales como ChatGPT, para tratar información judicial sensible o investigaciones en curso, ante el riesgo de que esos datos personales sean utilizados para entrenar modelos futuros fuera del control institucional.

El Banco Provincia y Microsoft formalizaron un acuerdo estratégico de colaboración con el objetivo de avanzar en un plan de trabajo conjunto. Esta iniciativa busca potenciar la productividad, fortalecer la ciberseguridad y acelerar la adopción de Inteligencia Artificial (IA) como motor de innovación en diversas áreas clave de la institución financiera.

El convenio, calificado como un “hito histórico en el proceso de modernización del Banco” en un comunicado oficial, pone el foco en el uso estratégico de los datos para facilitar su gestión y generar mayor valor, además de impulsar la toma de decisiones mediante tecnologías avanzadas.

Sobre los alcances técnicos, la entidad detalló: “Se avanzará en la incorporación de soluciones de automatización, realidad mixta y aplicaciones de IA para optimizar operaciones, mejorar la eficiencia y reforzar la seguridad, al tiempo que trabajarán en la integración de entornos de TI y operaciones para habilitar análisis en tiempo real y procesos más ágiles, resilientes y sostenibles”.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, destacó el impacto positivo que tendrá esta alianza para los usuarios y el personal. “La alianza con Microsoft nos permitirá mejorar aún más la experiencia de nuestros 10,5 millones de clientes y fortalecer la labor de nuestros 10.100 trabajadores con herramientas que potencian la productividad, la seguridad y la colaboración”, expresó.

Cuattromo añadió que durante los primeros cuatro años de gestión se renovó el ecosistema digital y, desde 2023, se lograron avances significativos en la implementación de Inteligencia Artificial. “Con este acuerdo pensamos expandir aún más nuestras fronteras tecnológicas para seguir construyendo una banca más innovadora, sin perder nuestra impronta de cercanía”, afirmó.

Por su parte, Sebastián Aveille, country manager de Microsoft Argentina, señaló que la inteligencia artificial actúa como un catalizador en la redefinición de los servicios financieros. “Estamos orgullosos de este acuerdo por el que podremos acompañar a Banco Provincia en su proceso de transformación, siempre poniendo la tecnología al servicio de las personas”, indicó.

Este vínculo refuerza una relación previa entre ambas organizaciones, quienes ya habían colaborado en el desarrollo de PIA, un agente de inteligencia artificial integrado en el home banking que permite a los usuarios realizar consultas y operaciones mediante lenguaje natural. En la firma del acuerdo participaron también Natalia García, directora para Servicios Financieros de Microsoft Argentina, Natalia Torres, directora de Comunicaciones para Sudamérica, además de integrantes del Directorio y la Gerencia General de la entidad bancaria.

El avance de la Inteligencia Artificial está transformando el mercado laboral tecnológico y redefiniendo las competencias que demandan las empresas del sector. En este contexto, el Cluster Tecnológico de Tandil anunció la apertura de una nueva edición del programa “Developer Boost 2.0”, una propuesta de formación destinada a desarrolladores que buscan actualizar sus conocimientos e incorporar herramientas de IA a sus procesos de trabajo.

La iniciativa se desarrollará bajo la órbita del Programa Vértice y apunta a profesionales con experiencia técnica previa que necesiten adaptarse a los cambios que atraviesa actualmente la industria del software. Según destacan desde la organización, el mercado ya no demanda únicamente especialistas capaces de programar, sino perfiles que puedan integrar la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo en distintas etapas del desarrollo de productos digitales.

La capacitación tendrá una duración de seis semanas y modalidad virtual. Durante el recorrido formativo, los participantes abordarán contenidos vinculados con fundamentos de inteligencia artificial generativa, técnicas de prompt engineering aplicadas al desarrollo de software, desarrollo asistido por IA, experiencia de usuario (UX) asistida por inteligencia artificial, testing y prácticas DevOps potenciadas por estas tecnologías.

El programa también contempla la realización de un proyecto integrador, con el objetivo de aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada.

El cuerpo docente estará integrado por profesionales con trayectoria tanto en el ámbito académico como en la industria tecnológica. Entre ellos se encuentra Jorge Andrés Díaz-Pace, especialista en inteligencia artificial, ciencia de datos y arquitectura de software, actualmente vinculado a proyectos de IA en Globant y docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen). También participará Manuel Corrales, profesional con más de dos décadas de experiencia en desarrollo de software y liderazgo de equipos, enfocado en los últimos años en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial dentro del ciclo de vida del software.

La propuesta se inscribe en una tendencia creciente dentro del sector tecnológico, donde la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en tareas de análisis, programación, diseño y pruebas comienza a consolidarse como una competencia cada vez más valorada por empresas y organizaciones vinculadas al desarrollo de software. "Dominar la IA dejó de ser un plus, es el nuevo estándar", concluyen desde el Cluster Tecnológico local.

Durante la Worldwide Developers Conference realizada el lunes 9 de junio, Apple anunció la próxima llegada de iOS 27. Aunque la compañía confirmó que el sistema será compatible con dispositivos lanzados desde el iPhone 11 en adelante, la noticia ha generado una sensación de decepción entre los usuarios de modelos anteriores debido a la marcada segmentación de sus nuevas funciones.

El evento estuvo centrado en la integración de la inteligencia artificial a través de Apple Intelligence y mejoras en el asistente digital Siri. La empresa dedicó casi el doble de tiempo a explicar estas herramientas que a las mejoras generales de la plataforma. Sin embargo, se informó que gran parte de estas capacidades solo estarán disponibles en el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Pro Max y versiones posteriores.

Además, ciertas funciones avanzadas requerirán dispositivos con 12GB de memoria unificada, como los futuros iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air. Esto implica que quienes poseen equipos como el iPhone 14 Pro o modelos base no podrán acceder a las novedades más publicitadas del sistema operativo.

Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, señaló durante la presentación:

Creemos que los mejores sistemas operativos no solo se construyen sobre grandes avances, sino que se construyen cuidando meticulosamente los detalles.

Sin embargo, críticos del sector sostienen que la empresa ha descuidado a los usuarios que no pueden o no desean actualizar sus teléfonos cada año.

Tras probar la versión beta para desarrolladores, se observó que, al no contar con soporte para Apple Intelligence, los cambios en dispositivos como el iPhone 14 Pro son prácticamente imperceptibles. A pesar de que la actualización incluye mejoras en la seguridad infantil y transiciones de red más fluidas, la falta de nuevas funciones significativas para los modelos antiguos pone en duda el valor real de esta actualización para la mayoría de los usuarios.

El presidente Javier Milei presentó en el Financial Times una propuesta para incorporar al derecho societario argentino la figura de la corporación no humana. Se trata de entidades gestionadas por agentes de inteligencia artificial o robots, que contarían con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada, prescindiendo de la obligatoriedad de accionistas humanos.

La iniciativa forma parte de un paquete de medidas que incluye la promoción de organizaciones gobernadas por código en blockchain, conocidas como DAO, y la implementación de un denominado Súper RIGI destinado a atraer centros de datos. El objetivo declarado por el Gobierno es posicionar a Buenos Aires como un centro neurálgico para el desarrollo tecnológico, similar al rol histórico de Ámsterdam en la navegación.

La propuesta ha generado un intenso debate, incluso desde sectores cercanos al liberalismo. La controversia central radica en la responsabilidad limitada de estas entidades. Según se advierte, esta figura jurídica, al ser una creación de la legislación positiva, podría eximir a los agentes de responder ante daños causados a terceros involuntarios, como peatones involucrados en accidentes con vehículos autónomos.

Al respecto, el análisis señala que, mientras la limitación de responsabilidad puede ser aceptada por acreedores voluntarios que cotizan el riesgo, la situación cambia drásticamente frente a la víctima de un daño que nunca consintió la relación. En este sentido, se cita la postura de Hansmann y Kraakman en el Yale Law Journal, quienes argumentan que la responsabilidad limitada en casos de daños extracontractuales carece de justificación económica y jurídica.

Por su parte, Yuval Noah Harari ha advertido sobre los peligros de esta herramienta, calificándola como extremadamente riesgosa si no se contempla la mano de la responsabilidad humana. El debate continúa abierto sobre si este modelo representa una evolución del liberalismo o una distorsión de sus principios fundamentales.

La CGT advirtió ayer en la cumbre de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que se desarrolla en Suiza que la Inteligencia Artificial “no es neutral”, ya que “puede utilizarse para ampliar derechos y oportunidades o para concentrar riqueza, poder y conocimiento en pocos actores económicos”.

“El resultado dependerá de las decisiones que adopten gobiernos, empleadores, organizaciones sindicales y la comunidad internacional”, alertó la central obrera en un documento que presentó en la conferencia realizada en la ciudad de Ginebra, donde el uso de la IA en el mundo laboral fue uno de los temas centrales.

La CGT señaló que “la Inteligencia Artificial, la automatización y la economía de los datos están modificando aceleradamente la forma de producir, trabajar, comunicarse e incluso tomar decisiones”, pero remarcó que “mientras la innovación tecnológica avanza por ascensor, las condiciones de vida de las personas trabajadoras y la construcción de justicia social continúan avanzando por escalera”.

“Esta diferencia de velocidades constituye uno de los mayores desafíos políticos de nuestro tiempo. La capacidad para generar riqueza y productividad crece exponencialmente, mientras amplios sectores de la población enfrentan empleos precarios, salarios insuficientes e incertidumbre laboral. Si esta brecha continúa ampliándose, la revolución tecnológica corre el riesgo de convertirse en una revolución de las desigualdades”, planteó.

E insistió: “El futuro no está escrito por los algoritmos. Son las instituciones, las regulaciones y el diálogo social los que definirán si la Inteligencia Artificial contribuye al bienestar común o profundiza las desigualdades existentes”.

“La historia demuestra que ninguna revolución tecnológica produjo por sí sola sociedades más justas. La reducción de la jornada laboral, la seguridad social, la negociación colectiva y los sistemas públicos de salud y educación fueron conquistas políticas impulsadas por la acción colectiva y por Estados comprometidos con el desarrollo inclusivo”, señaló.

Y cerró: “En definitiva, la discusión sobre Inteligencia Artificial es una discusión sobre democracia, distribución del poder y justicia social. El interrogante decisivo no es cuánto pueden hacer las máquinas, sino qué sociedades queremos construir con ellas”.

Además, durante la jornada, el referente cegetista Gerardo Martínez expuso en la Conferencia de la OIT con críticas al Gobierno por la reciente reforma laboral que aprobó en el Congreso y luego reglamentó.

“En Argentina, el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad. El Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales. (…) Desfinancian la salud y la educación, y no promueven políticas de empleo para sectores expuestos a una pobreza extrema”, se quejó el líder de la Uocra.

Y remarcó que “en connivencia con las administraciones provinciales, el Gobierno aprobó la ley de reforma laboral, pro patronal que elimina derechos, que aplauden y celebran los empresarios oportunistas”. (NA).