A través del decreto 516/2021, publicado este viernes por la noche en el Boletín Oficial de la República Argentina, el Gobierno aprobó la reglamentación de la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y estableció como autoridad de aplicación de la norma al Ministerio de Salud de la Nación. 

El documento, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y las ministras Carla Vizzotti (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), contiene solo tres artículos. El primero de ellos advierte: “Apruébase la reglamentación de la Ley N° 27.610 ‘Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención postaborto’ que, como anexo, forma parte integrante del presente decreto”.

Asimismo, precisa de qué manera se va a llevar a la práctica el "ejercicio del derecho a la confidencialidad" como también se establecen "las condiciones de otorgamiento del consentimiento informado".Por otra parte, se dispone cómo se aplicará el contenido de la ley 27.610 en el marco de "la situación de las personas con capacidad restringida" y se fijan cuáles serán "los supuestos en los cuales los o las profesionales de la salud no podrán alegar objeción de conciencia".

En el caso de la objeción de conciencia, se establece que "el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de emergencia, cuando la práctica deba realizarse en forma urgente, pues su no realización inmediata pondría en riesgo la salud física o la vida de la persona gestante".Otra de las obligaciones que establece la reglamentación es "el deber de confidencialidad" que debe cumplir "toda persona que acceda a la documentación clínica de las prestaciones reguladas", por lo cual ningún profesional de la salud "podrá entregar información obtenida en el marco de la atención sanitaria a ninguna persona, salvo que exista orden judicial expresa". (Télam)

A nivel local, la agrupación funciona desde 2016 y está integrada por cinco personas, que abordan y acompañan a quienes soliciten su ayuda, en articulación con el Sistema Integrado de Salud Pública y otras colectivas feministas, tanto de la ciudad como de la región.

Vale recordar que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue sancionado en el Senado el 30 de diciembre y remitido por el Congreso al Poder Ejecutivo. Por último, el jueves pasado, el Presidente firmó el decreto de promulgación de la ley, con el veto parcial en dos artículos.

En este sentido, el Ejecutivo se comprometió a eliminar la palabra “integral” en uno de los artículos al promulgar la ley en el Boletín Oficial, haciendo uso de su facultad de vetar parcialmente una norma sancionada por el Congreso, como parte de la negociación para obtener el aval al proyecto en la votación.

Las provincias en las que existen redes de profesionales del sistema de salud público que atienden las ILE (interrupciones legales del embarazo), como es el caso de Tandil, que cuentan con provisión de misoprostol y que tienen protocolos para las ILE compatibles o de acuerdo al protocolo de la Nación, van a tener mayor facilidad para la implementación de la ley, según indicaron en el Ministerio de las Mujeres conducido por Elizabeth Gómez Alcorta. También se supo que la cartera de Salud ya realizó una compra para proveer a las provincias con misoprostol y cumplir con la ley.

Desde el Gobierno trabajan para implementar la legislación fortaleciendo los protocolos existentes, las guías que faciliten el trabajo en cada una de las provincias, y en la coordinación de la provisión de insumos y medicamentos. Esos son los principales desafíos para que, a partir de hoy, una vez promulgada la ley, entren en vigor de manera instantánea la normativa y su aplicación a lo largo y ancho de todo el país.

Luego de haber emitido un comunicado, la referente del grupo Más Vida Tandil, Julieta Bosch, manifestó su preocupación y estado de alerta en El Eco Multimedios por la realización de abortos, tanto químicos como quirúrgicos en la ciudad. Principalmente se refirió a uno que se habría hecho en el Hospital Ramón Santamarina el 1 de Mayo, ¨feriado y en plena cuarentena¨.

Advirtió que el nosocomio debería permanecer abierto solamente para cuestiones de suma urgencia, por lo que le llamó la atención que hubiera espacio para esta práctica quirúrgica con un medico de Mar del Plata. ¨Me parece como mínimo sospechoso y quisiera pedir explicaciones¨, intimó incluso al intendente Miguel Lunghi, porque días atrás dijo que defendería la vida con todo lo que esté al alcance.

¨No solamente no la están defendiendo, sino que siguen promoviendo el aborto¨, reclamó, insistiendo en que no hay una ley que lo permita.  A su parecer solamente se están amparando en un protocolo que consideró ilegal por estar en contra de ¨todos los principios de la Constitución y los tratados internacionales¨.

En el Código Penal, el artículo 86 menciona causales de no punibilidad en caso de aborto y Bosch consideró que es en este punto donde se ampararon para diagramar el protocolo vigente, desestimándolo de todas maneras porque no comprendería el artículo en su totalidad.

¨En nuestro país el aborto es ilegal y por más normativa que haya no puede estar por encima del Código Penal ni de la Constitución¨, advirtió.

En su acusación, insistió con la práctica realizada el 1 de mayo puntualmente, asegurando que se trató de algo premeditado y pidió que se investigue. Asimismo, desestimó que se pueda hacer base en el Fallo Fal, aludiendo a que se trata de un caso particular y que la cuestión de salud se agregó luego, tomada de manera muy amplia.

Con la intención de defender la vida desde la gestación, afirmó que presentará formalmente una denuncia en la Fiscalía. ¨Lunghi, que es médico y últimamente habló mucho de defender la vida, no se está haciendo cargo de lo que está pasando. Yo le quiero pedir explicaciones porque el fue quien nombró a los que están al frente del Sistema Integrado de Salud¨,  sentenció.

Declaraciones agresivas

Ante este descargo, desde el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) sus autoridades decidieron aclarar algunas cuestiones, explicar y desmentir para dar tranquilidad de que las prácticas que se realizan son aplicadas de acuerdo a la reglamentación. Así, el titular Gastón Morando aseguró comprender que haya distintos sectores de la sociedad con una cosmovisión o forma de pensar diferentes, pero advirtió que nunca estas ideologías pueden estar por encima del estado de derecho o del cumplimiento de las normas.

“En sus expresiones, que la notamos un tanto agresivas, se refiere al SISP que realiza su trabajo muy bien, de forma responsable y en cumplimiento de la normativa vigente”, defendió, refiriéndose a todos los equipos interdisciplinarios que están en las consejerías.

Recordó que estas fueron aprobadas por unanimidad por el Concejo Deliberante en el marco de una ley provincial. Por eso, apuntó que si se llevaran a cabo las sugerencias de la integrante del grupo Más Vida, se estaría violando la normativa vigente.

“Con lo cual, sin importar lo que piensa cada uno, nosotros tenemos que estar abocados al cumplimiento de lo que es el Fallo Fal, que cuenta con interpretación del a Corte Suprema de Justicia de las excepciones previstas en el código penal en cuanto al aborto ilegal”, explicó.

Desestimando la consideración de Bosch al respecto, Morando aclaró que en realidad es un fallo generalizado, porque así lo estableció la Corte Suprema, que además insta a todos los Hospitales a que se den mecanismos para brindar una solución a las excepciones mencionadas en el Código Penal. “También tenemos que decir que el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires establecen un protocolo para el cumplimiento de dicho fallo, con lo cual está todo regulado”, señaló, a sabiendas de que hay perspectivas que no están de acuerdo con esto, pero aclarando que forman parte de un marco legal.

A continuación, mencionó esas tres excepciones en que se permite la interrupción legal del embarazo (ILE) y hacen alusión a casos de violación, caso de riesgo de vida y riesgo para la salud.  Entonces, de acuerdo al protocolo aplicado, los equipos interdisciplinarios deben estudiar el caso, justificar y entender si configura una de las excepciones. Al respecto, ratificó que no es necesaria la intervención de un abogado, sino de un equipo de salud, que respetando el principio de autonomía lo firma y lo hace constar en la historia clínica

Por otro lado, el presidente del SISP compartió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la salud como concepto tiene varias dimensiones y no es solamente la ausencia de enfermedad, por eso es la amplitud establecida en aquel fallo y la que la coordinadora de Más Vida rechaza.

Diferencias entre IVE e ILE

Por su parte, el vicepresidente del SISP, Matías Tringler, distinguió las diferencias entre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En la última se debe interrogar y “meterse mucho en la vida privada” de la solicitante (que pasó, cómo está integrada su familia, cuál es su método anticonceptivo, situación socioeconómica y otros etcéteras), con la intervención de equipos multidisciplinarios conformados por trabajadores sociales, psicólogos y el médico que la asiste.

“La gran diferencia con la Ley (IVE) que se está tratando de sacar en el Senado hace un par de años, tiene que ver con que uno no tendría que dar ninguna explicación ni se haría análisis alguno”, explicó.

Consiguientemente, reveló que deben cumplir con un pedido de información mensual al Ministerio de Salud de Provincia, al área de Salud Sexual y Reproductiva, que manda los insumos y medicamentos de anticoncepción e interrupción.  Por eso, envían dichas estadísticas, contando la cantidad de consultas, cuáles no se concretaron, cuáles si y porqué excepción.

Falacias

La denuncia de la referente de Más Vida también había apuntado al suministro de misoprostol en las pacientes que debían, luego, terminar el proceso abortivo ¨teniendo al bebé solas en el baño de sus casas¨. “El acompañamiento es previo, en el momento y posterior, nunca se la deja sola”, dijo, informando que siempre se cuenta con un referente familiar muy cercano e inclusive ha pasado que un miembro del equipo haga el acompañamiento domiciliario.

“Si fuese tan traumático como lo describe Julieta Bosch, nos llegaría a nosotros algún tipo de queja de cómo fue resuelta su situación y eso no pasa, al contrario, siempre recibimos palabras de agradecimiento”, señaló descartando esos dichos Finalmente, aclaró que el protocolo contempla métodos ambulatorios o dentro del Hospital, dependiendo de la situación y del procedimiento que se elija.

En otro término, los titulares del SISP negaron rotundamente la acusación de que habría presiones para que las mujeres de menores recursos accedan a esa interrupción del embarazo. “Eso es falaz”, aseveró Morando. “Se estaría incumpliendo el principio de autonomía y violando la ley, si tiene alguna sospecha puede dirigirse a dónde corresponda”, instó.

Fallo FAL

En 2012, la Corte Suprema falló sobre el caso FAL, una chica de 15 años que había sido violada por su padrastro, en el que interpretó que el artículo 86 del Código Penal de la Nación permitía el aborto en los casos de violación y de peligro para la salud o vida de la mujer o persona gestante.

El fallo, que confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, se dio una vez que el aborto ya había sido llevado a cabo y fue firmado por unanimidad. Allí se remarcó que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos y que estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino.

Tres reglas claras

Que la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. De este modo, se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86 inciso 2 del Código Penal, también mencionado por Bosch, en tanto algunas instancias judiciales han entendido que este solamente se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre.

Que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.

Que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.

Protocolo para la ILE en contexto de Covid-19

El Ministerio de Salud bonaerense elaboró un protocolo para la atención integral de las personas con derecho a interrumpir el embarazo y el acceso a métodos de anticonceptivos, en el marco de la pandemia por coronavirus, consideradas “prestaciones esenciales de emergencia”.

El protocolo deja en claro que para el gobierno provincial, “la consulta por ILE debe considerarse una prioridad por lo cual no puede posponerse, ni derivarse a otro centro del mismo nivel” y posteriormente precisa los distintos circuitos de acceso según el estado clínico de la persona.

Entre otras cuestiones, la atención de las personas con derecho a la ILE se diferenciará según: la edad gestacional del embarazo, el resultado del triage (si es un caso sospechoso, con síntomas o confirmación de la Covid-19, o si no presenta síntomas) y el requerimiento (o no) de internación por el estado clínico”.

Desde la presidencia están diseñando el próximo Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género, que contemplará los lineamientos establecidos a través de las leyes de Protección Integral a las Mujeres y de Identidad de Género.

Desde Tandil, ya adelantaron que están elaborando un informe para poder llevarlo al Primer Foro Federal que será en Mar del Plata la semana que viene.

Para el buen desarrollo del mismo, desde el Gobierno consideraron fundamental favorecer instancias de participación que garanticen la expresión de las voces de todos, por eso, una de las maneras de hacerlo será a través de la realización de estos foros federales en los que se trabajará en torno a cuatro ejes: prevención, asistencia integral, protección de las violencias por motivos de género e interseccionalidades.

“La dinámica de trabajar un día con organizaciones y otro con organismos del estado nos resulta interesante, ya que en la Mesa local hemos logrado esa articulación y generar un diálogo”, expuso la referente de la Mesa Interinstitucional contra la Violencia Familiar y de Género local, Yanina Venier. Además, contempló que fueron justamente los movimientos los que han empujado, en la mayoría de los casos, a que se consoliden ciertas normativas.

Los foros, que se desarrollarán entre los meses de febrero y abril, serán uno de los ámbitos para intercambiar miradas acerca de los diversos modos y abordajes de la prevención, la asistencia integral y protección de las personas en situación de violencia por motivos de género.

Asimismo, permitirán visibilizar las particularidades y diversidades culturales propias de cada una de las regiones en las que se realizarán.

La carencia de prioridad política

Según manifestó Venier, el movimiento feminista es importante en términos reales porque hay un conocimiento en el cotidiano de la gente que es importante de plasmar. “En organizaciones como la nuestra trabajamos a nivel territorial, desde la economía popular y desde lo social, con hombres, mujeres y niños”, explicó.

De esta forma, hace tiempo que vienen insistiendo en el diseño de dispositivo de acompañamiento a las mujeres, pero también asumió que deben poder hacer algo con esos varones que han sido niños, muchas veces criados en contexto de violencia, y hay que poder trabajar integralmente.

A nivel local recordó que se va a cumplir un año de la adhesión a la Ley Micaela, pero todavía no se inició ninguna acción. “Eso da cuenta de que quizás no es prioridad para los funcionarios, o no dimensionan que es una temática que tiene que modificar su forma de entender la política y la gestión”, intimó.

En este sentido evaluó que tener concejales de legisladores que sigan generando normativas sin perspectiva de género es un problema. Consideró que, como desde las organizaciones lo hacen, también desde las gestiones gubernamentales deberían hacer el desafío de problematizar, estudiar, instruirse y formarse.

Si bien se mostró convencida de que con los nuevos gobiernos en Provincia y Nación habrá mayor predisposición, también expuso que hay un problema básico y es la falta de recursos. “Nuestras mejores feministas están participando de alguna manera en pasar del movimiento social a pensar planes de gobierno y políticas públicas”, contó, aunque advirtió que no es fácil, porque no es lo mismo señalar errores que planificar la estructura estatal, legislación o recursos.

Aunque aclaró que no todo lo vinculado a género es violencia, destacó la importancia de que se siga trabajando en las líneas contra la violencia de género y por la igualdad. También agregó que hay mucho por conquistar en derechos de igualdad entre mujeres, varones y disidencias.

“Hace falta reconocer la particularidad de la interseccionalidad, respecto de las mujeres migrantes, las que están  privadas de su libertad o las que tienen problemáticas de consumo”, enumeró como problemáticas que son atendidas por el Estado, pero con políticas dirigidas al varón.

Lo urgente en Tandil

En el caso particular de Tandil, una de las cuestiones más urgentes a atender está relacionada con las mujeres que son madres y, además, sufren violencia, y tiene que ver con visibilizar las tareas de cuidado. Esta situación acarrea dificultades signadas por la violencia, la pobreza, la falta de trabajo, por no tener seguridad habitacional.

Este tema surge en medio de la llamada ruta crítica, es decir el recorrido de las víctimas, y aquí lo vienen trabajando mucho desde lo territorial por ser un asunto central. “Hoy una mujer que tiene que asistir un día al juzgado, otro a la comisaría, a la Dirección de Género y a la Defensoría, el causal principal de que no asista o abandone algún tipo de acompañamiento es justamente que no pueda moverse de su casa por falta de recursos para dejar a los hijos en cuidado”, explicó.

Según planteó, esto podría cambiar con políticas de acompañamiento en transporte para que se puedan movilizar, así como mayor cantidad de cupo o salas maternales para que puedan dejar a sus hijos en lugares cuidados y además tengan igualdad de derechos con otros niños. “Hay solo tres salas municipales, que han desbordado la demanda”, enumeró y aseveró que eso es un condicionamiento básico para salir de la situación de violencia y permitiría que las mujeres que son jefas de familia puedan salir a trabajar.

El problema que las rodea es extenso, ya que según detalló Venier, a veces ni siquiera cuenta con elementos para salir en busca de un alquiler, como tiempo de salir a caminar la calle, un teléfono con crédito, posibilidad de tener garantías o un sueldo mensual.

“Hay que buscar un piso de igualdad para que esas mujeres puedan decidir qué hacer con su vida y no depender de alguien que sí puede salir a trabajar y tiene dinero”, planteó, determinando que muchas veces esa razón es la que consolida las relaciones o dificulta la decisión de acabar con un vínculo violento.

Consideró que a nivel local están las condiciones, ya que las organizaciones vienen trabajándolo y lo han planteado en varias ocasiones

Mesas de trabajo propuestas en el Foro   

Prevención de las violencias por motivos de género

Asistencia integral y fortalecimiento del acceso a la justicia

Protección integral y fortalecimiento de redes comunitarias

Interseccionalidad. Abordaje integral en relación a migrantes, comunidades indígenas y rurales, contextos de encierro y personas en situación de trata

El proyecto de despenalización del aborto “es una decisión acertada”

Desde un primer momento, incluso cuando era candidato, Alberto Fernández se mostró a favor de la despenalización del aborto. Una vez electo, ratificó su idea y adelantó que el Ejecutivo, bajo su mando, enviaría un proyecto para convertir en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La referente de la Mesa Interinstitucional contra la Violencia Familiar y de Género, Yanina Venier, destacó la voluntad y el compromiso que siempre manifestó el actual presidente. En tanto que ratificó la existencia de elementos de derecho para que tome esa decisión, al referirse a los tratados internacionales de Derechos Humanos a los que Argentina ha adherido.

En este contexto, aseguró que hay un consenso social a favor que se sigue construyendo desde el debate del 2018. “Es una decisión acertada”, aseveró.

“Es un derecho de las mujeres y de salud pública, entonces el Estado no se puede correr de garantizar eso”, sostuvo en entrevista con el Eco Multimedios. Además, recordó que se trata de la soberanía sobre el propio cuerpo y no se le puede negar decidir sobre el mismo ni sobre su maternidad.

En este sentido, remarcó que ya está comprobado que quien decide realizar una interrupción voluntaria del embarazo no está cometiendo un homicidio ni  delito contra otra persona. Lamentablemente los abortos espontáneos o naturales, que no son casos aislados, muchas veces terminan siendo criminalizados.

Será la primera vez que un gobierno mande una norma propia sobre el tema al Congreso, lo cual es un dato clave a la hora de pensar en su aprobación, ya que se espera un involucramiento de importantes funcionarios a favor de la medida.

Por eso, Alberto Fernández encomendó realizar dos proyectos, uno de legalización y otro para asistir a mujeres embarazadas. La encargada de redactarlos es Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, histórica militante de la causa y quien impulso, hace más de diez años, el matrimonio igualitario. La funcionaria trabaja en tándem con el Ministerio de Salud, a cargo de Ginés González García, y con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que comanda Elizabeth Gómez Alcorta.

La meta es presentarlo el primero de marzo, cuando el Presidente brinde su primer discurso ante la Asamblea Legislativa y abra las sesiones ordinarias del Congreso.

Los ministerios de Salud y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerenses firmaron la semana pasada la resolución por la cual la provincia de Buenos Aires adopta el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, con las actualizaciones incorporadas por la cartera sanitaria nacional el pasado 12 de diciembre. En sintonía, desde el Municipio confirmaron que se va a dictar una nueva disposición tomando el nuevo protocolo, y que los profesionales y autoridades se encuentran abocados a la tarea de actualización de la normativa. Los cambios que se apliquen se darán a conocer próximamente, según indicaron.

El protocolo vigente en Tandil 

La ciudad cuenta con una Consejería para la Reducción de Riesgos y Daños en situaciones de embarazos no planificados, que funciona bajo la órbita del Sistema Integrado de Salud Pública. Este dispositivo tiene su origen en una legislación sancionada en julio de 2015 en la provincia de Buenos Aires (Ley 14.738) por la cual se crean estas consejerías, como ampliación de los programas de salud sexual y reproductiva, y procreación responsable. El Municipio adhirió ese mismo año a la normativa provincial, a través de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, por unanimidad y consenso de todos los bloques.

Conformado por una médica, una promotora de salud, una psicóloga y una trabajadora social, el equipo realiza intervenciones enmarcadas en la ley, que no siempre derivan en una interrupción legal del embarazo.

En ese sentido, las Consejerías tienen como objetivos disminuir la morbimortalidad materno-infantil y de mujeres gestantes por abortos inseguros; prevenir, mediante información y educación, los abortos en condiciones inseguras; garantizar el acceso a los servicios para la atención de abortos no punibles; y asesorar y capacitar al personal profesional y no profesional para el cumplimiento de este programa.

Los cambios 

La guía que se acaba de actualizar en el territorio bonaerense es construida sobre la que hizo Daniel Gollán –actual ministro de Salud provincial-  en 2015, cuando estaba al mando de la cartera de Salud de la Nación, y servirá a los equipos de salud para guiar los procedimientos en interrupciones legales del embarazo contempladas por el Código Penal en su artículo 86 incisos 1 y 2; cuando el aborto produce un problema para la salud y la vida de la mujer, o en los casos en que el embarazo es producto de una violación.

Desde la Provincia explicaron que esta guía toma las últimas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para que el procedimiento quede más claro, haya menos intermediarios y genere mayor accesibilidad, “para que se garantice el derecho a la salud de algo que es totalmente legal”. De este modo, se busca evitar barreras indebidas de acceso al cumplimiento de la norma y prácticas dilatorias innecesarias.

En cuanto a la objeción de conciencia, las autoridades bonaerenses explicaron que ya estaba contemplada en protocolos previos y detallaron que en esta nueva guía queda claro que es un derecho individual, pero que las instituciones de salud pública deben garantizar en todos los casos pertinentes el acceso a los abortos no punibles. Vale destacar que el servicio de Ginecología del Hospital Ramón Santamarina es objetor de conciencia en su totalidad.

La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense Estela Díaz insistió en la necesidad de aplicar el protocolo y no demorar los procedimientos porque para la salud de la mujer y para el sistema de salud público “es costosísimo cuando llegan mujeres con interrupciones del embarazo realizadas en el circuito clandestino e inseguro; en cambio, la práctica del aborto en el primer trimestre de gestación es sencilla, medicamentosa y hasta se puede atender no sólo en los hospitales, sino en los centros de atención primaria de la salud”.

Como parte del relanzamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se presentó ayer por octava vez en el Congreso de la Nación, ciudades de todos lados se sumaron al “pañuelazo federal y mundial”.

Este nuevo capítulo se dio en coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y el cumplimiento de los 14 años de la primera presentación de la propuesta en 2007, además, a nivel local enmarcaron la última clase de la Cátedra libre de Género, Sexualidades y Violencia en el tratamiento de “Las consejerías y la interrupción legal del embarazo en Tandil”, a cargo de la médica especialista Gabriela Weber.

Con la esquina de Pinto y Chacabuco como punto de encuentro, cientos de personas se unieron ayer a la tarde en canto y convicción para respaldar la lucha que sostienen desde hace años, y que cada vez se hace más fuerte. A pesar del viento, el frío y la leve llovizna que por esos minutos cubrió la ciudad, cumplieron su cometido de dar visibilidad a la situación actual de las mujeres y las disidencias en relación los derechos sexuales y (no) reproductivos en la ciudad.

Con el tránsito sobre Chacabuco cortado, se sentaron para compartir en voz alta un documento mediante el que recuperaron la historicidad de las demandas a nivel local, en articulación con el contexto nacional y provincial. Luego se dirigieron hacia el salón del Rectorado de la Unicen para continuar embebiéndose en los asuntos que se modificaron del proyecto de ley y la última clase del año de la Cátedra.

Las nuevas reformas

Un año después de que por primera vez el debate llegara al recinto, ayer el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación fue el escenario de la nueva presentación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Entre las modificaciones planteadas se incorpora que toda mujer u “otras identidades con capacidad de gestar” tendrán derecho al acceso a decidir la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Por fuera de esos plazos, se consideran solo los causales de violación o riesgo de vida para la mujer o persona gestante. También incluye artículos sobre ESI y derechos sexuales y reproductivos, a la vez que se excluyó la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Además, se estipula que ninguna mujer o persona con capacidad de gestación podrá ser penalizada.

El próximo 14 de junio se cumple un año de la histórica media sanción en Diputados del proyecto que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14, con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. El mes siguiente el Senado finalmente rechazó la ley, con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones., tuvo media sanción de la Cámara de Diputados en junio del año pasado, pero rechazado por el Senado en la sesión celebrada el 8 de agosto.

Políticas, servicios y recursos

Como parte de la convocatoria, las referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal seguro y gratuito Tandil, Gisela Giamberardino y Lila Gianatassio, consideraron imprescindible mencionar que desde 2010 el Foro de Promoción y Protección de los Derechos de las mujeres, surgido en el marco de la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencias contra las mujeres, fue promoviendo acciones de monitoreo en relación a la política pública.

Con el paso de los años, se han ido sumando a la lucha por los derechos de las mujeres y disidencias, diversos actores y esa progresiva articulación les ha permitido resignificar y consolidar demandas desde miradas novedosas, así como recabar datos y  testimonios, sistematizar reivindicaciones y analizar la prensa local, posibilitando acciones de monitoreo de la política pública de salud.

Con respecto a las políticas públicas de salud que brinda el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) del Municipio de Tandil, se establecen las Consejerías en Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva, tanto en el Hospital como en seis Centros. En este sentido, destacaron que aun cuando se ha manifestado desde el SISP y desde el Ejecutivo Municipal que estos lineamientos forman parte de la  política pública y considerando que el Concejo Deliberante adhirió a la ley provincial, reafirmaron la necesidad de formalizar las Consejerías e implementarlas de forma tal que todo el sistema de salud y la población conozca su existencia.

Además, detallaron un minucioso relevamiento que refleja situaciones críticas en torno al acceso a la salud pública, a la falta de capacitación y a la obstaculización de prácticas de IVE, entre otras.  Asimismo, al notar un deterioro en las condiciones de vida de cientos de mujeres y disidencias en la ciudad, reafirmaron la vinculación entre el actual contexto de ajuste, inestabilidad, precariedad laboral y la creciente vulneración del derecho a la salud.

Por eso, justamente en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, pidieron por el fortalecimiento del diálogo entre los responsables del gobierno local con aquellas organizaciones de la sociedad civil que vienen construyendo demanda política en torno a los derechos sexuales y (no) reproductivos.

“En Tandil, exigimos políticas, servicios y recursos que permitan el efectivo goce de la salud, entendida en sentido amplio y contextual, para mujeres, cuerpos gestantes y disidencias sexuales”, aseveraron.

Cátedra libre

La “marea verde” se trasladó al salón del Rectorado de Unicen para prestar suma atención a la última clase 2019 de la Cátedra libre de Género, Sexualidades y Violencia. La coordinadora de la asignatura, Diana Lan, remarcó el compromiso institucional en acompañar el debate por la interrupción legal del embarazo, con una clara voluntad de seguir trabajando en ese sentido.

Mencionó que para el cierre de la materia tenían otro tema propuesto, pero “por suerte” tuvieron la libertad de adaptarlo a lo significativo de la fecha tanto por los 14 años de la Campaña Nacional por el Aborto como por el Día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

“Tenemos que estar a la altura de la demanda de la sociedad”, aseguró. Por eso mismo, fue que convocaron como disertante principal a la médica especialista Gabriela Weber, quién abordó la temática de “Las consejerías y la IVE en Tandil” y contó sobre la formación de los equipos de trabajo, abriendo luego el juego hacia un debate que resultó muy enriquecedor.

Esta tarde cientos de personas se unieron bajo un “pañuelazo” en la Plaza Independencia para enfatizar su apoyo a las nuevas modificaciones realizadas en el proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se presentó hoy por octava vez en el Congreso. Este nuevo capítulo se da en coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y el cumplimiento de los 14 años de la primera presentación de la propuesta en 2007, además, a nivel local enmarcaron la última clase de la Cátedra libre de Género, Sexualidades y Violencia en el tratamiento de “Las consejerías y la interrupción legal del embarazo en Tandil”, a cargo de la médica especialista Gabriela Weber.

Ante una ferviente masa de gente, las referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal seguro y gratuito local, Gisela Giamberardino y Lila Gianatassio, destacaron la necesidad de diálogo y políticas públicas en cuanto a salud. Además, detallaron un minucioso relevamiento que refleja situaciones críticas en torno al acceso al Sistema Integrado de Salud pública, a la falta de capacitación y a la obstaculización de prácticas de IVE, entre otras.

“En Tandil, exigimos políticas, servicios y recursos que permitan el efectivo goce de la salud, entendida en sentido amplio y contextual, para mujeres, cuerpos gestantes y disidencias sexuales”, aseveraron.

Luego, en la última clase 2019 de la Cátedra libre de Género, Sexualidades y Violencia, la coordinadora de la asignatura, Diana Lan, remarcó el compromiso institucional en acompañar el debate por la interrupción legal del embarazo, con una clara voluntad de seguir trabajando en ese sentido.

La última Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproducción (ENSSyR) sostiene que el 62 por ciento de los varones y el 54 de las mujeres de entre 15 y 19 años de todo el país ya han tenido su primera relación sexual. De éstas, el 17 por ciento tuvo su debut antes de los 15 años; mientras que un 60, entre los 15 y 16 años y el restante 23, entre los 17 y 19 años.

Los especialistas coinciden en que la edad de iniciación baja año tras año, en Tandil se ve reflejado lo que se viene registrando en el resto de Argentina y está promediando los 15 años, según confirmó Rosana Fullone, quien está al frente de la Unidad de Ginecología Infantojuvenil que funciona en el Hospital Ramón Santamarina.

Información propiciada tras un relevamiento de las sociólogas del Conicet Silvia Necchi y Marta Schufer logrado a raíz de consultar a 420 varones de entre 15 y 19 años determinó que el 55 por ciento ya estaba iniciado sexualmente, mientras que unos 170 chicos tuvieron su primer encuentro entre los 14 y 16 años. Según este informe, el 41,6 por ciento recurrió a una prostituta, el 26,6 se inició con sus novias, el 20,2 con amigas, y el 10,7 con parejas ocasionales.

En este sentido, la profesional aseguró que el tema hoy por hoy son las prácticas, ya que la iniciación no solamente tiene que ver con la penetración, sino también con otros actos como el sexo oral o anal. Asimismo, indicó que actualmente el adolescente prueba varias actividades sexuales, no solamente en relaciones heterosexuales sino con jóvenes de su mismo sexo, aunque eso no siempre es lo que va a definir la sexualidad.

Por esto mismo, a la hora de hacer la prevención se centra la atención en educar, lo que significa explicar tanto los métodos anticonceptivos para evitar el embarazo, como el uso de preservativo para impedir las enfermedades de transmisión sexual en cualquiera de las prácticas.

Por otro lado, con relación al embarazo adolescente, contó que en la ciudad se ha constatado una leve disminución de casos entre 2017 y 2018, pero según aclaró la especialista se mantiene en un número muy similar y no solamente depende de la llegada de los métodos anticonceptivos sino de causas culturales y sociales. Al respecto recordó que hay un consultorio específico para cuestiones relacionadas con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), donde generalmente llegan pacientes derivadas desde Servicio Social.

“Si hablamos de inicio de relaciones sexuales no podemos desconocer que existen y van a seguir existiendo en edades tempranas, a los 15 años o antes, y que lo importante en esto es llegar antes para la prevención del embarazo no deseado y para evitar las enfermedades de transmisión sexual”, consignó.

Desde las distintas áreas del Hospital  trabajan continuamente en el dictado de charlas informativas y talleres de prácticas de métodos. “Es importante poder llegar no solamente a los adolescentes, sino también a sus familias,  tutores o referentes docentes, para que sepan que lo mejor que puede tener un joven es inquietud, preguntar y no buscar la respuesta en los medios sociales, sino que puedan recurrir a los profesionales”, enfatizó.

Que las chicas se empoderen

Hablando del sistema público, en el consultorio de adolescencia del Hospital la mayoría de las chicas que reciben llegan acompañadas por sus mamás, aunque a veces también de amigas o hermanas.

Según detalló Fullone, el procedimiento básicamente consiste que en las dos personas ingresen al consultorio, donde se escucha el motivo de visita que expone la madre y posteriormente se la invita a retirarse, para continuar una conversación con la adolescente y conocer más sobre sus inquietudes. “Esto es así porque no siempre lo que motiva a los padres coincide con los cuestionamientos que puedan tener las jóvenes”, reveló. Es ahí donde le explican que dentro de ese despacho ellas cuentan con el derecho a la confidencialidad, a la autonomía y la capacidad de decidir, garantizando que nada de lo que se hable va a ser revelado, salvo que corra riesgo su vida.

“Tratamos que la adolescente se empodere de su situación, que si va a tener relaciones sexuales sean consentidas, con una persona que conozcan, que no estén bajo el efecto del alcohol, rescatando la importancia de que el cuerpo es de cada uno y que nadie lo tiene que tocar si no se quiere”, enfatizó.

De todas maneras, advirtió que, aunque en un bajo porcentaje, existen familias en las cuales se prefiere que no se hable del tema, por temor a que a raíz del conocimiento empiecen a recurrir a prácticas que desconocían. “Hoy con el acceso a las redes sociales y al estímulo que tienen es importante que los padres sepan lo indispensable de acudir a una consulta, ya que es preferible eso a que piensen que por no hacer preguntas sus hijos no tienen relaciones”, incentivó.

Anticonceptivos de hoy y de siempre

Con respecto a los métodos de prevención, si bien hay varios nuevos, el preservativo sigue siendo el de mayor importancia y no pierde vigencia, por su doble propósito.

“Nosotros explicamos su uso correcto, siendo importante que también la mujer lo lleve consigo y no dependa del hombre solamente la implementación del método”, insistió Fullone.

Entre las opciones para evitar el embarazo en adolescentes contó que se priorizan los sistemas que son denominados de larga duración, como la colocación del Dispositivo Intrauterino (DIU) y el implante subdérmico, que hoy las jóvenes conocen como “chip”.

“Vamos a desmitificar el DIU, porque si bien hace muchos años atrás no se podía utilizar en esas edades por no estar indicado para mujeres que no habían tenido hijos, eso ha cambiado y en la actualidad se ha convertido en un excelente método que dura hasta diez años”, aseveró.

En tanto que el “chip” es una varilla plástica flexible del tamaño de un fósforo que se coloca en el brazo y tiene una duración de tres años. Lo que hace es liberar una hormona, que al principio puede generar una menstruación irregular, pero luego provoca la falta de la misma haciendo que la capa del endometrio no se forme. Cabe destacar que necesita controlarse entre una y dos veces por año, y está destinado a toda persona con capacidad de gestar que no cuente con cobertura del subsistema de obras sociales o del subsistema privado, haya tenido o no un evento obstétrico. Los expertos descartan que la aplicación sea dolorosa o que provoque aumento de peso.

También remarcó que existen los anticonceptivos por boca, que sí dependen del compromiso de la usuaria de tomarlos cada día a la misma hora, y los inyectables que pueden ser mensuales o trimestrales.

“A las chicas se les explican todas y cada una de las técnicas disponibles para que por sí misma decida cuál es el mejor, aunque a veces el profesional puede inducir según las características que tenga el paciente”, informó.

Por otro lado, con respecto al uso de la pastilla del día después o “anticoncepción de emergencia” como se lo denomina, no hay un número real de cuánto es el uso porque son píldoras que en los Centros de Salud y Hospitales se entregan gratuitamente. “Se debe usar en todos los casos que haya habido una falla en cualquiera de los métodos y no tiene contraindicación alguna”, subrayó, además recomendó que se suministre lo antes posible luego de una relación donde no haya existido ningún tipo de cuidado.

Embarazo adolescente

Cada año nacen dos millones de niños de madres que tienen entre 15 y 19 años en América Latina y el Caribe. La región tiene la segunda mayor tasa de embarazo adolescente del mundo, con 66,5 nacimientos por cada mil jóvenes, un número que solo es superado por África subsahariana, cuando la tasa mundial promedio es de 46.

No se trata únicamente de un problema de salud pública, sino también de desarrollo, derechos humanos e inequidad. El 15 por ciento de todos los embarazos de la región se producen entre menores de 20 años, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades.

Los expertos coinciden en que el embarazo adolescente es multicausal, y en América Latina sobresalen dos factores: la falta de acceso a una educación sexual integral y a servicios de prevención y anticoncepción.

Aunque el registro en Tandil haya disminuido levemente, las estadísticas del resto de Argentina indican que, a pesar de que no tiene una tasa muy alta, es el único país latinoamericano en el cual aumentó, lo que se explicaría, entre otras causas, por el incremento de la pobreza y el descenso de la escolarización en algunas provincias.

Las redes y la precocidad

“Sexting” y “Selfies hot”, son los términos y usos que últimamente quitan el sueño tanto a los padres como a los profesores y maestros. El primero hace referencia al intercambio de mensajes, fotos y videos sexuales en clase, mientras que el otro significa autofotografiarse en poses eróticas o mostrando partes íntimas, lo que ya está ocurriendo en los chicos de apenas 13 años. Una y otra vez, son las redes sociales el factor común. Es que son ellas las que permiten hacer contactos tan fugaces como inmediatos.

Finalmente, pareciera que Internet habilitara toda una parafernalia de dispositivos para anticipar el despertar sexual adolescente.

En tiempos en que las fronteras entre lo íntimo y lo público empezaron a correrse, la sexualidad se exterioriza, escandalizando y preocupando a los padres y maestros, que muchas veces se distraen del problema de fondo: la incomunicación y la desinformación que atraviesa a todas las generaciones.

Según Evangelina Narvaja, becaria doctoral del Conicet que investiga el sexting entre adolescentes, desde 1999 hasta hoy, la edad media de iniciación sigue siendo alrededor de quince años para chicos y chicas. “Puede que haya aumentado un poco el porcentaje de los más precoces, pero el promedio se mantiene. Lo que es innegable es la información a la que los teenagers tienen acceso a través de Internet, que incluye el consumo de pornografía”, advirtió.

Por este mismo motivo, es que la titular de la Unidad de Ginecología Infantojuvenil que funciona en el Hospital Ramón Santamarina, remarcó lo fundamental de que los padres se involucren, guíen y acompañen a sus hijas a una consulta ginecológica, ya que hoy con el acceso a las redes sociales y al estímulo que tienen el despertar temprano es casi inevitable.