La chica de pelo ondulado tiene una túnica blanca y está rodeada de mujeres. Las piernas abiertas para dar a luz. En medio del proceso fisiológico, un acto ritualizado al extremo en la ficción de “El cuento de la criada”, la novela de Margaret Atwood que fue adaptada como serie. Poco después del nacimiento, el bebé es arrancado de los brazos de su madre y entregado a un matrimonio poderoso. La ficción explora una distopía futura donde una dictadura religiosa llamada Gilead ha subyugado a las mujeres, privándolas de sus derechos y reduciéndolas a instrumentos reproductivos. 

Una forma extrema de narrar una mirada sobre la natalidad que persiste hasta nuestros días y abre una multiplicidad de aristas para pensar la reproducción, las maternidad y paternidades, el acceso a derechos y la composición poblacional.  En 10 años, el arco narrativo pasó de instalar en la opinión pública un comentario peyorativo que rezaba que las mujeres de sectores populares  “se embarazaban por un plan” -en alusión a la AUH- y ahora la mirada está dirigida a que en el país no nacen suficientes personas y es necesario tener más hijos. El abordaje de la problemática, entonces, no es tan sencillo ni puede ser guiado por análisis reduccionistas, ya que se trata de un fenómeno multicausal. 

En los últimos días, en el informe "Familia Argentina 2025" y la gacetilla "Alerta demográfica en Argentina", la Universidad Austral advirtió que Argentina está atravesando una crisis demográfica sin precedentes, caracterizada por una baja tasa de natalidad y un envejecimiento acelerado de la población Los datos revelan que el país está entrando en una etapa de estancamiento poblacional que, de no revertirse, tendrá consecuencias profundas en el sistema económico, social y previsional.

Según el estudio del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad, "desde 2014, la tasa de natalidad cayó un 40 por ciento, una de las disminuciones más bruscas en América Latina", y el promedio de hijos por mujer descendió a 1,4 a nivel nacional, con valores mínimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (0,9). La edad promedio de las madres se desplazó a los 30-34 años, mientras cae la fecundidad entre las mujeres jóvenes.

Hoy se cumple un año desde que el Congreso nacional aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tras muchos años de lucha de diversas organizaciones y colectivos feministas. Fue, sin dudas, un tema que dividió profundamente las aguas de la sociedad y originó múltiples debates y frenos judiciales. 

La conquista de este derecho se materializó a fines de 2020 tras el revés sufrido en 2018, la primera vez que el proyecto para legalizar el aborto tomó estado parlamentario y se trató en el recinto. En aquella oportunidad, la iniciativa obtuvo media sanción en Diputados pero rebotó en el Senado y la revancha llegó dos años después. 

Según los datos nacionales, durante el primer semestre de 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE en los servicios de salud del sector público. En la ciudad, durante todo el 2021 se realizaron 147 intervenciones de esta índole de acuerdo al reporte oficial del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). 

IVE, ILE y Consejerías

Desde antes de que la legislación se aprobara en el Senado, ya se implementaba el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una alternativa que permitía el aborto por causales. 

En tanto, tras la legalización de la interrupción voluntaria de la gestación, el pasado 30 de diciembre de 2020, se eliminaron las causales y se agilizó el acceso al proceso, que permite la interrupción de la gestación dentro de las 14 semanas inclusive, así como la atención postaborto. Transcurrido este tiempo, la interrupción se puede hacer si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante. 

Además, desde hace casi seis años funciona en Tandil la Consejería en Salud Sexual Reproductiva y no Reproductiva, que presta servicios en el Hospital Santamarina. Se trata de un dispositivo que fue creado en el marco del Concejo Deliberante en 2015 y encuadrado, en ese entonces, en normativas provinciales. También tienen presencia en los centros de salud de los barrios Belgrano, Las Tunitas, San Cayetano, Villa Aguirre, La Movediza y Maggiori.

En este espacio se desempeñan médicas generalistas, psicólogas, trabajadoras sociales y promotoras de salud que canalizan las demandas y ofrecen información objetiva.

Es importante recalcar que no todas las consultas derivan en una IVE, y esa es también la función de asesoramiento e información sobre las opciones vigentes que cumple la Consejería, ajustándose a derecho. 

Desde el dispositivo, le comunicaron a este Diario que “las Consejerías en Salud Sexual del SISP son espacios donde obtener información sobre el cuidado de nuestros cuerpos en relación a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Se trata de brindar información clara, precisa, científica y actualizada para que las decisiones sean tomadas de manera autónoma y así poder elegir los distintos métodos anticonceptivos, acompañamiento a embarazos y ante situaciones de embarazos no planificados". 

Objeción de conciencia 

Por otra parte, con la premisa de dar curso al marco legal y garantizar el derecho, además del trabajo que llevan adelante las Consejerías, desde el Sistema de Salud contrataron a un profesional extra para que se encargue de aplicar la IVE y evitar complicaciones llegado el caso, debido a que todo el Servicio de Tocoginecología del Hospital Santamarina es objetor de conciencia. 

Esto se hizo para asegurar que en el segundo nivel de atención -las Consejerías funcionan en el primero-, haya un ginecólogo no objetor que garantice algunas cuestiones que no se pueden resolver en el nivel de atención primaria o por un médico de otra especialidad. 

De hecho, según pudo saber este Diario, los 38 médicos tocoginecólogos de Tandil son objetores y se amparan en esta figura para no recetar la medicación necesaria ni realizar las prácticas encuadradas en la normativa.

Pese a ello, por el momento, la implementación de la ley no presenta mayores problemas en la localidad, pero no es igual en todas las ciudades y provincias. En algunos distritos se han registrado algunos retrocesos en torno a la aplicación de la IVE y desde distintos sectores tratan de reimpulsar las demandas que todavía persisten alrededor de esta problemática. 

En este sentido, en base a un informe de Amnistía Internacional, uno de los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a este derecho en todo el país es la falta de información y en esa dirección están orientados los esfuerzos para el año próximo. 

A través del decreto 516/2021, publicado este viernes por la noche en el Boletín Oficial de la República Argentina, el Gobierno aprobó la reglamentación de la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y estableció como autoridad de aplicación de la norma al Ministerio de Salud de la Nación. 

El documento, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y las ministras Carla Vizzotti (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), contiene solo tres artículos. El primero de ellos advierte: “Apruébase la reglamentación de la Ley N° 27.610 ‘Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención postaborto’ que, como anexo, forma parte integrante del presente decreto”.

Asimismo, precisa de qué manera se va a llevar a la práctica el "ejercicio del derecho a la confidencialidad" como también se establecen "las condiciones de otorgamiento del consentimiento informado".Por otra parte, se dispone cómo se aplicará el contenido de la ley 27.610 en el marco de "la situación de las personas con capacidad restringida" y se fijan cuáles serán "los supuestos en los cuales los o las profesionales de la salud no podrán alegar objeción de conciencia".

En el caso de la objeción de conciencia, se establece que "el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de emergencia, cuando la práctica deba realizarse en forma urgente, pues su no realización inmediata pondría en riesgo la salud física o la vida de la persona gestante".Otra de las obligaciones que establece la reglamentación es "el deber de confidencialidad" que debe cumplir "toda persona que acceda a la documentación clínica de las prestaciones reguladas", por lo cual ningún profesional de la salud "podrá entregar información obtenida en el marco de la atención sanitaria a ninguna persona, salvo que exista orden judicial expresa". (Télam)

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los estatales bonaerenses, presentó el Programa de Fortalecimiento del Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que contempla la cobertura de un cien por ciento para las mujeres y personas gestantes.

“Está todo dispuesto para garantizar el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a la interrupción del embarazo como lo establece la legislación vigente”, sostuvo el titular de la obra social, Homero Giles, durante un acto en el que estuvieron la ministra de la Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la directora de Equidad de Género y Salud, Sabrina Balaña De Caro; y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Según se informó, el programa de IOMA prevé un tratamiento ambulatorio hasta la semana 12 de gestación inclusive y el tratamiento con internación entre la semana 13 y 14 de gestación.

Para acceder, las mujeres y personas con otra identidad de género con capacidad de gestar deberán concurrir a una médica o médico de la cartilla de IOMA. En caso de corresponder, realizará la prescripción médica de misoprostol, recomendada hasta la semana 12 de gestación, como práctica ambulatoria que tendrá cobertura del cien por ciento.

Reconocimiento de derechos 

El presidente de IOMA remarcó que lograron “ser la primera obra social del país que institucionaliza, en un programa, el derecho tan importante para las mujeres que es el de decidir” .

“A partir de la sanción de la Ley 27.610, IOMA empezó a cubrir el 100 por ciento y ahora, a esa cobertura, la formalizamos en un programa”, graficó.

Sobre este particular, el presidente de la obra social subrayó que IOMA hizo modificaciones en el Programa SER (salud sexual y reproductiva), para eliminar la “burocracia en exceso que limita el acceso a la salud. Todo el mundo debe poder acceder a los anticonceptivos, tenemos la obligación de garantizarlo y no poner barreras innecesarias”, explicó Giles. Y puso de relieve que “el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires es quién conduce la política sanitaria de la provincia”.

En tanto, Díaz destacó que “acá hay una voluntad política clarísima e ineludible de que haya acceso a esa práctica, entender a la salud como un derecho y como tal se debe garantizar en todo el sistema público, pero también en el subsistema privado”.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los estatales bonaerenses, presentó el Programa de Fortalecimiento del Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que contempla la cobertura de un cien por ciento para las mujeres y personas gestantes.

“Está todo dispuesto para garantizar el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a la interrupción del embarazo como lo establece la legislación vigente”, sostuvo el titular de la obra social, Homero Giles, durante un acto en el que estuvieron la ministra de la Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la directora de Equidad de Género y Salud, Sabrina Balaña De Caro; y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Según se informó, el programa de IOMA prevé un tratamiento ambulatorio hasta la semana 12 de gestación inclusive y el tratamiento con internación entre la semana 13 y 14 de gestación.

Para acceder, las mujeres y personas con otra identidad de género con capacidad de gestar deberán concurrir a una médica o médico de la cartilla de IOMA. En caso de corresponder, realizará la prescripción médica de misoprostol, recomendada hasta la semana 12 de gestación, como práctica ambulatoria que tendrá cobertura del cien por ciento.

Reconocimiento de derechos 

El presidente de IOMA remarcó que lograron “ser la primera obra social del país que institucionaliza, en un programa, el derecho tan importante para las mujeres que es el de decidir” .

“A partir de la sanción de la Ley 27.610, IOMA empezó a cubrir el 100 por ciento y ahora, a esa cobertura, la formalizamos en un programa”, graficó.

Sobre este particular, el presidente de la obra social subrayó que IOMA hizo modificaciones en el Programa SER (salud sexual y reproductiva), para eliminar la “burocracia en exceso que limita el acceso a la salud. Todo el mundo debe poder acceder a los anticonceptivos, tenemos la obligación de garantizarlo y no poner barreras innecesarias”, explicó Giles. Y puso de relieve que “el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires es quién conduce la política sanitaria de la provincia”.

En tanto, Díaz destacó que “acá hay una voluntad política clarísima e ineludible de que haya acceso a esa práctica, entender a la salud como un derecho y como tal se debe garantizar en todo el sistema público, pero también en el subsistema privado”.

A nivel local, la agrupación funciona desde 2016 y está integrada por cinco personas, que abordan y acompañan a quienes soliciten su ayuda, en articulación con el Sistema Integrado de Salud Pública y otras colectivas feministas, tanto de la ciudad como de la región.

Vale recordar que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue sancionado en el Senado el 30 de diciembre y remitido por el Congreso al Poder Ejecutivo. Por último, el jueves pasado, el Presidente firmó el decreto de promulgación de la ley, con el veto parcial en dos artículos.

En este sentido, el Ejecutivo se comprometió a eliminar la palabra “integral” en uno de los artículos al promulgar la ley en el Boletín Oficial, haciendo uso de su facultad de vetar parcialmente una norma sancionada por el Congreso, como parte de la negociación para obtener el aval al proyecto en la votación.

Las provincias en las que existen redes de profesionales del sistema de salud público que atienden las ILE (interrupciones legales del embarazo), como es el caso de Tandil, que cuentan con provisión de misoprostol y que tienen protocolos para las ILE compatibles o de acuerdo al protocolo de la Nación, van a tener mayor facilidad para la implementación de la ley, según indicaron en el Ministerio de las Mujeres conducido por Elizabeth Gómez Alcorta. También se supo que la cartera de Salud ya realizó una compra para proveer a las provincias con misoprostol y cumplir con la ley.

Desde el Gobierno trabajan para implementar la legislación fortaleciendo los protocolos existentes, las guías que faciliten el trabajo en cada una de las provincias, y en la coordinación de la provisión de insumos y medicamentos. Esos son los principales desafíos para que, a partir de hoy, una vez promulgada la ley, entren en vigor de manera instantánea la normativa y su aplicación a lo largo y ancho de todo el país.

Luego de haber emitido un comunicado, la referente del grupo Más Vida Tandil, Julieta Bosch, manifestó su preocupación y estado de alerta en El Eco Multimedios por la realización de abortos, tanto químicos como quirúrgicos en la ciudad. Principalmente se refirió a uno que se habría hecho en el Hospital Ramón Santamarina el 1 de Mayo, ¨feriado y en plena cuarentena¨.

Advirtió que el nosocomio debería permanecer abierto solamente para cuestiones de suma urgencia, por lo que le llamó la atención que hubiera espacio para esta práctica quirúrgica con un medico de Mar del Plata. ¨Me parece como mínimo sospechoso y quisiera pedir explicaciones¨, intimó incluso al intendente Miguel Lunghi, porque días atrás dijo que defendería la vida con todo lo que esté al alcance.

¨No solamente no la están defendiendo, sino que siguen promoviendo el aborto¨, reclamó, insistiendo en que no hay una ley que lo permita.  A su parecer solamente se están amparando en un protocolo que consideró ilegal por estar en contra de ¨todos los principios de la Constitución y los tratados internacionales¨.

En el Código Penal, el artículo 86 menciona causales de no punibilidad en caso de aborto y Bosch consideró que es en este punto donde se ampararon para diagramar el protocolo vigente, desestimándolo de todas maneras porque no comprendería el artículo en su totalidad.

¨En nuestro país el aborto es ilegal y por más normativa que haya no puede estar por encima del Código Penal ni de la Constitución¨, advirtió.

En su acusación, insistió con la práctica realizada el 1 de mayo puntualmente, asegurando que se trató de algo premeditado y pidió que se investigue. Asimismo, desestimó que se pueda hacer base en el Fallo Fal, aludiendo a que se trata de un caso particular y que la cuestión de salud se agregó luego, tomada de manera muy amplia.

Con la intención de defender la vida desde la gestación, afirmó que presentará formalmente una denuncia en la Fiscalía. ¨Lunghi, que es médico y últimamente habló mucho de defender la vida, no se está haciendo cargo de lo que está pasando. Yo le quiero pedir explicaciones porque el fue quien nombró a los que están al frente del Sistema Integrado de Salud¨,  sentenció.

Declaraciones agresivas

Ante este descargo, desde el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) sus autoridades decidieron aclarar algunas cuestiones, explicar y desmentir para dar tranquilidad de que las prácticas que se realizan son aplicadas de acuerdo a la reglamentación. Así, el titular Gastón Morando aseguró comprender que haya distintos sectores de la sociedad con una cosmovisión o forma de pensar diferentes, pero advirtió que nunca estas ideologías pueden estar por encima del estado de derecho o del cumplimiento de las normas.

“En sus expresiones, que la notamos un tanto agresivas, se refiere al SISP que realiza su trabajo muy bien, de forma responsable y en cumplimiento de la normativa vigente”, defendió, refiriéndose a todos los equipos interdisciplinarios que están en las consejerías.

Recordó que estas fueron aprobadas por unanimidad por el Concejo Deliberante en el marco de una ley provincial. Por eso, apuntó que si se llevaran a cabo las sugerencias de la integrante del grupo Más Vida, se estaría violando la normativa vigente.

“Con lo cual, sin importar lo que piensa cada uno, nosotros tenemos que estar abocados al cumplimiento de lo que es el Fallo Fal, que cuenta con interpretación del a Corte Suprema de Justicia de las excepciones previstas en el código penal en cuanto al aborto ilegal”, explicó.

Desestimando la consideración de Bosch al respecto, Morando aclaró que en realidad es un fallo generalizado, porque así lo estableció la Corte Suprema, que además insta a todos los Hospitales a que se den mecanismos para brindar una solución a las excepciones mencionadas en el Código Penal. “También tenemos que decir que el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires establecen un protocolo para el cumplimiento de dicho fallo, con lo cual está todo regulado”, señaló, a sabiendas de que hay perspectivas que no están de acuerdo con esto, pero aclarando que forman parte de un marco legal.

A continuación, mencionó esas tres excepciones en que se permite la interrupción legal del embarazo (ILE) y hacen alusión a casos de violación, caso de riesgo de vida y riesgo para la salud.  Entonces, de acuerdo al protocolo aplicado, los equipos interdisciplinarios deben estudiar el caso, justificar y entender si configura una de las excepciones. Al respecto, ratificó que no es necesaria la intervención de un abogado, sino de un equipo de salud, que respetando el principio de autonomía lo firma y lo hace constar en la historia clínica

Por otro lado, el presidente del SISP compartió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la salud como concepto tiene varias dimensiones y no es solamente la ausencia de enfermedad, por eso es la amplitud establecida en aquel fallo y la que la coordinadora de Más Vida rechaza.

Diferencias entre IVE e ILE

Por su parte, el vicepresidente del SISP, Matías Tringler, distinguió las diferencias entre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En la última se debe interrogar y “meterse mucho en la vida privada” de la solicitante (que pasó, cómo está integrada su familia, cuál es su método anticonceptivo, situación socioeconómica y otros etcéteras), con la intervención de equipos multidisciplinarios conformados por trabajadores sociales, psicólogos y el médico que la asiste.

“La gran diferencia con la Ley (IVE) que se está tratando de sacar en el Senado hace un par de años, tiene que ver con que uno no tendría que dar ninguna explicación ni se haría análisis alguno”, explicó.

Consiguientemente, reveló que deben cumplir con un pedido de información mensual al Ministerio de Salud de Provincia, al área de Salud Sexual y Reproductiva, que manda los insumos y medicamentos de anticoncepción e interrupción.  Por eso, envían dichas estadísticas, contando la cantidad de consultas, cuáles no se concretaron, cuáles si y porqué excepción.

Falacias

La denuncia de la referente de Más Vida también había apuntado al suministro de misoprostol en las pacientes que debían, luego, terminar el proceso abortivo ¨teniendo al bebé solas en el baño de sus casas¨. “El acompañamiento es previo, en el momento y posterior, nunca se la deja sola”, dijo, informando que siempre se cuenta con un referente familiar muy cercano e inclusive ha pasado que un miembro del equipo haga el acompañamiento domiciliario.

“Si fuese tan traumático como lo describe Julieta Bosch, nos llegaría a nosotros algún tipo de queja de cómo fue resuelta su situación y eso no pasa, al contrario, siempre recibimos palabras de agradecimiento”, señaló descartando esos dichos Finalmente, aclaró que el protocolo contempla métodos ambulatorios o dentro del Hospital, dependiendo de la situación y del procedimiento que se elija.

En otro término, los titulares del SISP negaron rotundamente la acusación de que habría presiones para que las mujeres de menores recursos accedan a esa interrupción del embarazo. “Eso es falaz”, aseveró Morando. “Se estaría incumpliendo el principio de autonomía y violando la ley, si tiene alguna sospecha puede dirigirse a dónde corresponda”, instó.

Fallo FAL

En 2012, la Corte Suprema falló sobre el caso FAL, una chica de 15 años que había sido violada por su padrastro, en el que interpretó que el artículo 86 del Código Penal de la Nación permitía el aborto en los casos de violación y de peligro para la salud o vida de la mujer o persona gestante.

El fallo, que confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, se dio una vez que el aborto ya había sido llevado a cabo y fue firmado por unanimidad. Allí se remarcó que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos y que estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino.

Tres reglas claras

Que la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. De este modo, se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86 inciso 2 del Código Penal, también mencionado por Bosch, en tanto algunas instancias judiciales han entendido que este solamente se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre.

Que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.

Que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.

Protocolo para la ILE en contexto de Covid-19

El Ministerio de Salud bonaerense elaboró un protocolo para la atención integral de las personas con derecho a interrumpir el embarazo y el acceso a métodos de anticonceptivos, en el marco de la pandemia por coronavirus, consideradas “prestaciones esenciales de emergencia”.

El protocolo deja en claro que para el gobierno provincial, “la consulta por ILE debe considerarse una prioridad por lo cual no puede posponerse, ni derivarse a otro centro del mismo nivel” y posteriormente precisa los distintos circuitos de acceso según el estado clínico de la persona.

Entre otras cuestiones, la atención de las personas con derecho a la ILE se diferenciará según: la edad gestacional del embarazo, el resultado del triage (si es un caso sospechoso, con síntomas o confirmación de la Covid-19, o si no presenta síntomas) y el requerimiento (o no) de internación por el estado clínico”.

Como parte del relanzamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se presentó ayer por octava vez en el Congreso de la Nación, ciudades de todos lados se sumaron al “pañuelazo federal y mundial”.

Este nuevo capítulo se dio en coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y el cumplimiento de los 14 años de la primera presentación de la propuesta en 2007, además, a nivel local enmarcaron la última clase de la Cátedra libre de Género, Sexualidades y Violencia en el tratamiento de “Las consejerías y la interrupción legal del embarazo en Tandil”, a cargo de la médica especialista Gabriela Weber.

Con la esquina de Pinto y Chacabuco como punto de encuentro, cientos de personas se unieron ayer a la tarde en canto y convicción para respaldar la lucha que sostienen desde hace años, y que cada vez se hace más fuerte. A pesar del viento, el frío y la leve llovizna que por esos minutos cubrió la ciudad, cumplieron su cometido de dar visibilidad a la situación actual de las mujeres y las disidencias en relación los derechos sexuales y (no) reproductivos en la ciudad.

Con el tránsito sobre Chacabuco cortado, se sentaron para compartir en voz alta un documento mediante el que recuperaron la historicidad de las demandas a nivel local, en articulación con el contexto nacional y provincial. Luego se dirigieron hacia el salón del Rectorado de la Unicen para continuar embebiéndose en los asuntos que se modificaron del proyecto de ley y la última clase del año de la Cátedra.

Las nuevas reformas

Un año después de que por primera vez el debate llegara al recinto, ayer el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación fue el escenario de la nueva presentación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Entre las modificaciones planteadas se incorpora que toda mujer u “otras identidades con capacidad de gestar” tendrán derecho al acceso a decidir la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Por fuera de esos plazos, se consideran solo los causales de violación o riesgo de vida para la mujer o persona gestante. También incluye artículos sobre ESI y derechos sexuales y reproductivos, a la vez que se excluyó la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Además, se estipula que ninguna mujer o persona con capacidad de gestación podrá ser penalizada.

El próximo 14 de junio se cumple un año de la histórica media sanción en Diputados del proyecto que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14, con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. El mes siguiente el Senado finalmente rechazó la ley, con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones., tuvo media sanción de la Cámara de Diputados en junio del año pasado, pero rechazado por el Senado en la sesión celebrada el 8 de agosto.

Políticas, servicios y recursos

Como parte de la convocatoria, las referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal seguro y gratuito Tandil, Gisela Giamberardino y Lila Gianatassio, consideraron imprescindible mencionar que desde 2010 el Foro de Promoción y Protección de los Derechos de las mujeres, surgido en el marco de la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencias contra las mujeres, fue promoviendo acciones de monitoreo en relación a la política pública.

Con el paso de los años, se han ido sumando a la lucha por los derechos de las mujeres y disidencias, diversos actores y esa progresiva articulación les ha permitido resignificar y consolidar demandas desde miradas novedosas, así como recabar datos y  testimonios, sistematizar reivindicaciones y analizar la prensa local, posibilitando acciones de monitoreo de la política pública de salud.

Con respecto a las políticas públicas de salud que brinda el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) del Municipio de Tandil, se establecen las Consejerías en Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva, tanto en el Hospital como en seis Centros. En este sentido, destacaron que aun cuando se ha manifestado desde el SISP y desde el Ejecutivo Municipal que estos lineamientos forman parte de la  política pública y considerando que el Concejo Deliberante adhirió a la ley provincial, reafirmaron la necesidad de formalizar las Consejerías e implementarlas de forma tal que todo el sistema de salud y la población conozca su existencia.

Además, detallaron un minucioso relevamiento que refleja situaciones críticas en torno al acceso a la salud pública, a la falta de capacitación y a la obstaculización de prácticas de IVE, entre otras.  Asimismo, al notar un deterioro en las condiciones de vida de cientos de mujeres y disidencias en la ciudad, reafirmaron la vinculación entre el actual contexto de ajuste, inestabilidad, precariedad laboral y la creciente vulneración del derecho a la salud.

Por eso, justamente en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, pidieron por el fortalecimiento del diálogo entre los responsables del gobierno local con aquellas organizaciones de la sociedad civil que vienen construyendo demanda política en torno a los derechos sexuales y (no) reproductivos.

“En Tandil, exigimos políticas, servicios y recursos que permitan el efectivo goce de la salud, entendida en sentido amplio y contextual, para mujeres, cuerpos gestantes y disidencias sexuales”, aseveraron.

Cátedra libre

La “marea verde” se trasladó al salón del Rectorado de Unicen para prestar suma atención a la última clase 2019 de la Cátedra libre de Género, Sexualidades y Violencia. La coordinadora de la asignatura, Diana Lan, remarcó el compromiso institucional en acompañar el debate por la interrupción legal del embarazo, con una clara voluntad de seguir trabajando en ese sentido.

Mencionó que para el cierre de la materia tenían otro tema propuesto, pero “por suerte” tuvieron la libertad de adaptarlo a lo significativo de la fecha tanto por los 14 años de la Campaña Nacional por el Aborto como por el Día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

“Tenemos que estar a la altura de la demanda de la sociedad”, aseguró. Por eso mismo, fue que convocaron como disertante principal a la médica especialista Gabriela Weber, quién abordó la temática de “Las consejerías y la IVE en Tandil” y contó sobre la formación de los equipos de trabajo, abriendo luego el juego hacia un debate que resultó muy enriquecedor.

Esta tarde cientos de personas se unieron bajo un “pañuelazo” en la Plaza Independencia para enfatizar su apoyo a las nuevas modificaciones realizadas en el proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se presentó hoy por octava vez en el Congreso. Este nuevo capítulo se da en coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y el cumplimiento de los 14 años de la primera presentación de la propuesta en 2007, además, a nivel local enmarcaron la última clase de la Cátedra libre de Género, Sexualidades y Violencia en el tratamiento de “Las consejerías y la interrupción legal del embarazo en Tandil”, a cargo de la médica especialista Gabriela Weber.

Ante una ferviente masa de gente, las referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal seguro y gratuito local, Gisela Giamberardino y Lila Gianatassio, destacaron la necesidad de diálogo y políticas públicas en cuanto a salud. Además, detallaron un minucioso relevamiento que refleja situaciones críticas en torno al acceso al Sistema Integrado de Salud pública, a la falta de capacitación y a la obstaculización de prácticas de IVE, entre otras.

“En Tandil, exigimos políticas, servicios y recursos que permitan el efectivo goce de la salud, entendida en sentido amplio y contextual, para mujeres, cuerpos gestantes y disidencias sexuales”, aseveraron.

Luego, en la última clase 2019 de la Cátedra libre de Género, Sexualidades y Violencia, la coordinadora de la asignatura, Diana Lan, remarcó el compromiso institucional en acompañar el debate por la interrupción legal del embarazo, con una clara voluntad de seguir trabajando en ese sentido.