Luego de la denuncia en la que un grupo de vecinos dio a conocer que el desarrollo de un loteo ubicado entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú podría inundarlos, El Eco dialogó con Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento. El funcionario concurrirá el próximo martes 12 a la comisión de Obras Públicas  del Concejo Deliberante, tras la llegada al Legislativo de una nota presentada por los frentistas.

Consultado acerca de si el loteo en marcha podría generar inundaciones a los vecinos de Los Huesos, el funcionario marcó que “ese sector está muy bajo”, e hizo mención a anegaciones anteriores de la zona. “Lo que decimos es que no le va a modificar la escorrentía. Ellos ya se inundaron en el 2017, cuando no estaba ese desarrollo”, manifestó.

“Este proyecto de la Asociación por la No Automedicación tiene un estudio hidráulico y lo que está haciendo es evitar que haya conflicto de inundaciones. Sobre todo en este sector, pero también teniendo en cuenta la situación que tiene el barrio de Los Huesos y Vistalli”, sostuvo Lafosse.

El funcionario contó que mantuvo –junto con el director de Vialidad, Mauro Ortega- reuniones con los vecinos que manifestaron su preocupación por el loteo. “Ellos confiaban inicialmente en el estudio hidráulico que se había hecho”, sostuvo, pero que a partir de los últimos encuentros le transmitieron su desconfianza con respecto a que se materialicen las obras tal cual figuraba en el proyecto.

Sobre el hecho de que en el proyecto de los desarrolladores Los Huesos figuraba como calle “a abrir”, Lafosse indicó que “se les explicó a los vecinos que era porque no estaban formalmente abiertas con un estudio que avale los desagües de esa calle”, y que “es una arteria que la municipalidad mantiene habitualmente por lo que nosotros conocemos perfectamente el estado de la misma”.

El trazado de Los Huesos, sumó, “está relevado y tiene una cota de relevamiento”. Sin embargo, planteó que más allá del nivel de las calles, existe un conducto pluvial por Segundo Sombra que “está por debajo del nivel de Los Huesos, con lo cual no va a generar un dique”.

Aseguró que desde Planeamiento aprobaron el proyecto, el cual preveía el levantamiento del nivel de calles públicas, y que corresponde a Vialidad el control de dicha obra.

“Nosotros estamos convencidos de que hubo un estudio que hizo un profesional, que ese estudio tuvo controles, idas y venidas, y que terminó aprobándose una salida intermedia entre lo que planteó el profesional y lo que corregimos. Ahora lo que tenemos es la posibilidad de que lo que se materialice sea lo aprobado en el proyecto. Los propios estudios que hicieron los vecinos revelan que no está más arriba de lo que tiene que estar”, concluyó.

La Prefectura Naval Argentina se encuentra monitoreando el ingreso de alrededor de 170 buques de bandera extranjera que solicitaron acceder a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). El objetivo de las embarcaciones es resguardarse de una ciclogénesis que afecta la región, con un pronóstico meteorológico que advierte sobre ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora y olas de hasta 12 metros de altura.

Según informaron las autoridades, los barcos pertenecen a países como China, Vanuatu, Tanzania, Corea del Sur, Rusia y Liberia. Esta flota, que fue aumentando en cantidad durante las últimas horas, recibió la autorización para permanecer en un área específica designada por la fuerza de seguridad hasta el día diez, con el fin de abrigarse del intenso temporal en alta mar.

En diálogo con La Nación, el jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la institución explicó las condiciones de permanencia para estas unidades extranjeras:

"Se encuentra prohibida la actividad de pesca, solo el tránsito y abrigo".

Para garantizar el cumplimiento de estas normas, la autoridad marítima realiza un control permanente mediante sistemas informáticos, verificando la transmisión de sus transpondedores AIS y complementando la vigilancia con una aeronave equipada con sensores especializados.

La situación meteorológica para este viernes se presenta crítica. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja por lluvias y vientos en gran parte del territorio. En las costas de Chubut y Río Negro se esperan ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 100 km/h.

Asimismo, rige una alerta amarilla por vientos intensos en el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que traerá un marcado descenso de la temperatura con mínimas de ocho grados y máximas de hasta 14 grados. Hacia la noche de esta jornada, se prevé que las condiciones empeoren en alta mar, con ráfagas que podrían escalar hasta los 140 kilómetros por hora. Este fenómeno de aguas turbulentas se extenderá durante todo el fin de semana a lo largo de la Costa Atlántica.

El gobierno de Axel Kicillof llevó adelante el acto de licitación para la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, específicamente en las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral. Esta obra resulta fundamental para mitigar las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y contempla una inversión total estimada de 138 millones de dólares.

Los trabajos contarán con un financiamiento mixto, compuesto por un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por 110 millones de dólares y aportes del Tesoro Provincial. Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se recibieron siete ofertas que ahora ingresarán en una etapa de evaluación técnica para determinar la adjudicación.

La intervención se extiende desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, cubriendo una longitud de 60,26 kilómetros. El proyecto incluye la reconstrucción de siete puentes, entre los que se destacan el puente Cardesales, el vial y ferroviario Warnes - Seguí, y los puentes viales Las Rosas RP 42, Ea. La Noria e Irala - Coliqueo, además del puente ferroviario en esta última localidad.

“La obra del río Salado es una política de Estado de la provincia de Buenos Aires, en la que el gobierno de Axel Kicillof fue uno de los que más cantidad de kilómetros hizo. Con esta obra que hoy licitamos vamos a lograr llegar casi hasta el final”, manifestó el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez.

“Este es el último tramo de una obra importantísima que, prácticamente ocupa entre el 70 y 80 por ciento del interior bonaerense por lo que tiene un gran impacto, y aún más frente a las consecuencias del cambio climático y el exceso de lluvias que estamos atravesando”, agregó.

Desde la administración provincial insistieron en la necesidad de que el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, reactive el tramo IV, cuya paralización ha complicado el cronograma previsto para esta etapa clave. El plan integral abarca 531 kilómetros y alcanza a 59 municipios, representando el 55 por ciento del territorio bonaerense y beneficiando a más de 1,5 millones de habitantes.

Con la finalización de este tramo, se espera recuperar aproximadamente 400 mil hectáreas productivas en lo inmediato, alcanzando un total de ocho millones de hectáreas una vez concluido el plan. La obra busca equilibrar la gestión hídrica frente a ciclos de sequía y excesos hídricos, garantizando la conservación de los humedales de la región.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires renovó su reclamo ante la administración nacional para que se reactive el Tramo IV del Plan Maestro del río Salado, una obra hídrica estratégica para prevenir inundaciones. El pedido fue encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien apuntó contra el titular de Economía, Luis Caputo.

El funcionario bonaerense remarcó la importancia de retomar los trabajos en la etapa dos de dicho tramo, que actualmente se encuentran paralizados bajo la órbita federal. Según explicó, esta fase es indispensable para que la Provincia pueda avanzar con las intervenciones complementarias proyectadas en la región.

"Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata que debería invertirse en estas obras y que el Plan Maestro del Salado se reinicie también en su etapa IV, que hoy está a cargo del Gobierno Nacional", señaló.

En paralelo a la exigencia hacia la Casa Rosada, Katopodis destacó las tareas que el gobierno de Axel Kicillof lleva adelante en la localidad de Roque Pérez. Allí se ejecutan dos nuevos puentes —uno ferroviario y otro carretero— sobre el río Salado, con el objetivo de reemplazar estructuras obsoletas y mejorar la conectividad.

"Esta una obra clave para el desarrollo agropecuario, para recuperar suelo productivo y que los productores puedan estar aliviados frente a un cambio climático cada vez más fuerte. Infraestructura hidráulica que la Provincia viene ejecutando de manera ininterrumpida", declaró.

A principios de este año, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos inició la licitación para el Tramo V del plan, que contempla una inversión de 138 millones de dólares. El financiamiento se compone de un crédito de 110 millones de dólares otorgado por el Banco Europeo de Inversión (BEI) y fondos provenientes del Tesoro Provincial.

Las obras en este segmento abarcan una extensión de más de 60 kilómetros entre Bragado y la laguna Rocha, atravesando los partidos de Alberti y Chacabuco. El proyecto incluye la reconstrucción de siete puentes y busca recuperar aproximadamente 400 mil hectáreas productivas mediante la adecuación y profundización del cauce.

El Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado es considerado la obra hidráulica más emblemática de la Provincia. Con una superficie de 170.000 kilómetros cuadrados, la cuenca abarca 59 municipios y beneficia a una población de más de un millón y medio de habitantes, representando el 55 por ciento del territorio bonaerense.

La Federación Agraria Argentina expresó ayer su solidaridad con los miles de tucumanos que padecen los efectos de las inundaciones que azotan a esa provincia.

En ese marco, la entidad también manifestó su honda preocupación ante las pérdidas productivas y sociales, por lo que pidió que los gobiernos provincial y nacional actúen para atender no sólo las necesidades de los evacuados, sino también el “desastre” social que traerá aparejado esta situación.

“Hoy es tiempo de solidarizarnos y acompañar a todas las familias que lo perdieron todo y están evacuadas, padeciendo esta desgracia. Pero también debemos pedir que, cuando terminen las lluvias, se implementen las obras no sólo necesarias para salir de esta dramática situación sino también para mantener y mejorar la infraestructura hidráulica que llevan años anunciadas; pero no se ejecutaron”, subrayó Andrea Sarnari, presidenta de la FAA.

Y agregó: “Nos solidarizamos con los federados y con todos los productores afectados, así como también con las familias que siguen sin poder estar en sus hogares. En tiempos en que todos los ojos del sector están mirando la pampa húmeda, urge atender a los productores de estas economías regionales que necesitan soluciones”.

Las zonas afectadas

La entidad destacó que varios departamentos tucumanos (como La Madrid, Simoca, Graneros, Chicligasta, Alberdi, entre otros) están severamente afectados tras las fuertes lluvias que azotaron la provincia esta última semana, pero encuentran a la región afectada por fuertes precipitaciones que se dieron en enero y febrero también.

“Se trata de zonas que no se inundaban, pero las grandes masas de agua que cayeron estos últimos meses han hecho que los suelos estén saturados y no absorban, por lo que el agua que cae en los campos pasa a las ciudades e inunda casas, dejando a muchos tucumanos aislados y viendo cómo se les perdió todo: su producción y sus hogares”, señaló el federado tucumano Luis Barrojo.

Y continuó: “Hubo obras que se anunciaron ya desde 2015, que nunca se hicieron, lo que se suma a la gran cantidad de precipitaciones, que alcanzaron los 300 y hasta 400 mm en algunas zonas, cayendo sin interrupciones durante varios días, provocando un gran desastre que no sólo nos dejó a los productores sin los frutos de nuestro trabajo, sino también ante el panorama desolador de ver nuestras casas y cosas bajo el agua”.

Los afectados esperan, en principio, que cesen las lluvias que han castigado sin piedad a una importante parte de la provincia, porque al momento hay miles de evacuados que subsisten gracias a la ayuda social porque lo han perdido todo.

Mientras tanto, son muchas las zonas que no tienen luz, los caminos están intransitables, y no se puede llevar adelante ningún tipo de obra para dar solución a los que padecen las consecuencias del temporal.

“Sin dudas, este nivel de lluvia no es habitual en esta región y todo hace pensar en el cambio climático. Pero también hay que mencionar que los lugares con más afectación son aquellos cercanos al canal centro, que está cerrado con losa desde hace 20 años, lo cual demuestra que la falta de obras, mantenimiento y cuidado impactan sobre los tucumanos con mucha fuerza”, concluyó Barrojo. (Infocampo).

El legislador tucumano del bloque Justicialista Gerónimo Vargas Ainasse presentó un proyecto para que en la provincia se declare la emergencia social y económica por el plazo de 180 días, como consecuencia de las inundaciones que afectaron distintas localidades.

La iniciativa “tiene por objetivo asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia”, según sostiene el segundo párrafo, al tiempo que se establece una extensión por otros seis meses.

Los peronistas Maia Martínez, Roberto Moreno y Roque Argañaraz; el radical José Cano y Walter Berarducci, de Compromiso Tucumán, expresaron su apoyo al proyecto que da la facultad al gobernador Osvaldo Jaldo para aplicar las medidas posibles para asistir a las víctimas.

A su vez, los afectados podrían recibir “subsidios, ayudas económicas directas o programas especiales de asistencia” para favorecer “la recuperación de las condiciones de vida y de la actividad económica”.

Las precipitaciones registraron unos 170 milímetros en las últimas jornadas, mientras que unos 15.000 vecinos fueron evacuados, aunque 4.500 pertenecen a la localidad de La Madrid.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas para las próximas horas, con una probabilidad cercana al 80 %.

El Ministerio de Economía de la Nación prorrogó y declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para diversas circunscripciones de la provincia de Buenos Aires afectadas por inundaciones. Esta formalidad, plasmada en la resolución 216, le permitirá a los productores alcanzados acceder a beneficios impositivos.

La resolución extiende hasta el 28 de febrero de 2026 la emergencia previamente dispuesta en circunscripciones de los partidos de Roque Pérez, Coronel Suárez y Guaminí. Asimismo, declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario -según corresponda- desde el 1° de septiembre de 2025 y hasta el 28 de febrero para explotaciones rurales afectadas en Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú.

En paralelo, establece la declaración de emergencia y/o desastre desde el 1° de noviembre de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026 para circunscripciones de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores. También prorroga hasta el 30 de abril la emergencia ya vigente en sectores de Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Junín, Roque Pérez, Monte, General Alvear, Las Flores y Chacabuco.

Para acceder a los beneficios previstos en la Ley 26.509, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial competente que acredite que sus explotaciones se encuentran alcanzadas por la declaración. El Gobierno bonaerense deberá remitir el listado de productores afectados a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional.

La resolución instruye además a las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a instrumentar los mecanismos necesarios para que los productores comprendidos puedan acceder a los beneficios fiscales y financieros contemplados por la normativa. Asimismo, faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a celebrar los convenios y actos necesarios para la ejecución de la medida.

Tras un 2025 muy complicado por las inundaciones en gran parte de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonaerense prorrogó este lunes el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintas circunscripciones de los partidos de Coronel Suárez y Guaminí. La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 1/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado en el Boletín Oficial.

La prórroga rige para el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. La medida alcanza a las mismas zonas que ya habían sido declaradas en emergencia por el Decreto N° 1180/25. En el caso de Coronel Suárez, incluye las circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV, mientras que en Guaminí abarca las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Según los considerandos del decreto, la decisión se fundamenta en la continuidad de una situación crítica provocada por un fenómeno natural adverso de carácter extraordinario, que continúa afectando de manera directa la producción y la capacidad productiva de las explotaciones rurales. Informes técnicos, relevamientos en campo e imágenes satelitales confirmaron que los perjuicios persisten y justifican la extensión de la emergencia.

Entre los beneficios previstos se destaca la exención total o parcial del impuesto Inmobiliario Rural, según se trate de situaciones de desastre o emergencia agropecuaria, en proporción al nivel de afectación de cada explotación. Además, se habilitan beneficios crediticios contemplados en la Ley N° 10.390, con intervención del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que, previamente, el Gobierno bonaerense ya había extendido la declaración de emergencia agropecuaria por inundaciones a más de una decena de partidos del interior provincial, en un reconocimiento explícito de la persistencia y magnitud del daño productivo.

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial se declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación en los partidos de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú. Será también para el período 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

La emergencia también fue declarada para la mayor parte de las circunscripciones rurales de los partidos de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, donde el impacto de las inundaciones obligó a establecer un régimen excepcional desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

A ese cuadro se suma la prórroga de la emergencia en General Alvear, Las Flores y Chacabuco, donde la Provincia extendió un régimen ya vigente hasta fines de abril de 2026.

Finalmente, otro decreto prorrogó la emergencia en el partido de Roque Pérez, donde las circunscripciones III, IV, V, VII y VIII continuarán bajo ese régimen entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de este año. Según la justificación, las condiciones que motivaron la declaración original no solo no se revirtieron sino que siguen afectando la capacidad productiva de los establecimientos rurales, según evaluaciones técnicas, informes agroclimáticos y relevamientos en campo.

El gobierno bonaerense le dio el OK ambiental al inicio de una nueva etapa de las obras del Plan Maestro del Río Salado, en medio de los reclamos de productores que sufren inundaciones. Pero los trabajos no pueden comenzar hasta que el gobierno nacional no se su consentimiento.

La habilitación se realizó a través de la resolución 569 de la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental, que declaró apto el tramo V de la etapa 2 del Plan Maestro del Salado. De este modo, los trabajos quedaron en condiciones de arrancar desde el punto de vista administrativo.

Sin embargo, hay un obstáculo: el financiamientos -un crédito internacional por 100 millones de dólares, ya otorgado- no se habilitará hasta que se finalice el tramo IV, que está paralizada por el gobierno nacional el 27 de febrero de este año mediante una nota enviada a las contratistas Centro Construcciones SA, Pentamar SA UTE, José J. Chediack SAICA, Ecodyma, Dragados y Obras Portuarias SA y Sabavisa SA.

“Tenemos el financiamiento acordado de la etapa V, pero el banco internacional nos está objetando el tema de la etapa 4.2“, explicó la semana pasada el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, en una conferencia de prensa que ofreció en 25 de Mayo.

El Plan Maestro Integral del Río Salado contempla la adecuación de 531 kilómetros del cauce del río, que atraviesa 59 municipios y afecta directamente a más de 8 millones de hectáreas productivas. Hasta ahora, se completaron 402 kilómetros. Otros 95 kilómetros (tramo 5) están en etapa de licitación provincial y 33 kilómetros (el tramo IV de la etapa 2) permanecen paralizados por decisión nacional.

Casi 6 millones de hectáreas resultaron afectadas por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, un escenario que podría implicar la pérdida de alrededor de US$ 2.000 millones en 2026, según informó la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

La entidad agraria detalló que las estimaciones se basan en imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, las cuales permiten dimensionar el impacto del exceso hídrico en la zona centro bonaerense. De acuerdo con esos registros, unas 2.000.000 de hectáreas quedaron inundadas o anegadas y cerca de 3.800.000 resultaron afectadas. Esta última categoría comprende áreas que “no poseen condiciones mínimas para avanzar con las labores de siembra”.

Entre los partidos más comprometidos figura Bolívar, con 169.224 hectáreas inundadas o anegadas, seguido por 9 de Julio, con 136.797 hectáreas, y Pehuajó, 109.366. En conjunto con el resto de los distritos afectados, la superficie comprometida supera las 4.500.000 hectáreas, de las cuales más de 1.100.000 están “directamente bajo agua”.

La confederación advirtió además que la ventana de siembra de soja y maíz se está cerrando “aceleradamente”, lo que podría dejar sin producir a una vasta superficie: más de 1.500.000 hectáreas agrícolas presentan un “riesgo muy alto” de quedar improductivas en lo que resta del año. Para dimensionar la situación, la entidad ejemplificó que, tomando una proporción de siembra de 60% soja y 40% maíz, se ponen en juego unos US$ 2.000 millones que no ingresarían al circuito económico en 2026. 

El dato surgió de un comunicado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Dentro del comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas se detallan las hectáreas afectadas por las inundaciones según cálculos realizados sobre imágenes satelitales, tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, que visibilizan la problemática que trajo a la región centro de la provincia.

En base a esas imágenes, aproximadamente dos millones de hectáreas quedaron inundadas/anegadas y casi 3.8 millones fueron afectadas. Esta segunda clasificación se define como las áreas que “no poseen condiciones mínimas para avanzar con las labores de siembra”.

Entre los partidos más afectados se ubica Bolívar con 169.224 hectáreas inundadas o anegadas, seguido por el municipio de 9 de Julio, 136.797 hectáreas en total, y Pehuajó con 109.366.

Junto con los primeros tres, el resto de los municipios afectados representan más de 4,5 millones de hectáreas, de las cuales más de 1,1 están “directamente bajo agua”.

“Estos partidos vienen soportando el fenómeno desde hace tiempo. Y aún donde ‘parece seco’, como muestran claramente las imágenes satelitales, las condiciones del suelo hacen prácticamente imposible llevar adelante cualquier tarea agrícola”, detalla Carbap.

La confederación que nuclea las áreas rurales de PBA y La Pampa afirma que la ventana de siembra de soja y maíz se cierra “aceleradamente”, con la posibilidad de que una enorme superficie quede sin producir: más de 1,5 millones de hectáreas agrícolas tienen un “riesgo muy alto” de quedar improductivas en lo que resta del año. NA

En medio de las graves inundaciones bonaerenses con más de 5 millones de hectáreas bajo el agua y pérdidas estimadas en 2.400 millones de dólares, desde el Gobierno de Axel Kicillof volvieron a exigirla a Nación que ejecute los recursos disponibles para avanzar con la cuarta etapa de la obra de la cuenca del río Salado.

“El dinero para realizar las tareas de dragado está, lo que falta es decisión política”, señaló este lunes el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien le sugirió a la Rosada que utilice fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica o Aportes del Tesoro, que están subejecutados.

El funcionario explicó en conferencia de prensa que las obras en el río Salado avanzaron de forma ininterrumpida durante más de dos décadas, pero que a partir de la asunción de Javier Milei, la administración nacional paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4. “Se descontinuó en diciembre de 2023 y se produjo una especie de embudo que impide que baje el agua como corresponde”, dijo.

En ese sentido, reconoció que hay una etapa 5 que le corresponde a la Provincia, que ya cuenta con los fondos comprometidos del un organismo internacional. Pero todo dependerá de que el Gobierno de Milei termine la parte que le corresponde y que, según dijo hace pocas horas Patricia Bullrich en la ciudad de 9 de Julio, se finalizará. “La etapa 4 fue iniciada en septiembre por el Gobierno nacional. Esperamos terminarla en un año, y la siguiente corresponde a la Provincia”, explicó.

El Gobierno provincial proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra integral y emblemática que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios y alcanzará a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

Del total de 17 millones de hectáreas de la Cuenca del Salado, 3.8 millones de has están dedicadas a la agricultura, 11,25 millones de has a la ganadería. De hecho, la cuenca concentra el 75% del stock vacuno bonaerense, lo que representa el 28% del total nacional. Y en cuanto a la agricultura, entre el 60% y el 70% de los granos que produce la provincia se generan en esta región.

En este contexto, Bianco destacó que durante la gestión de Kicillof se concretaron los mayores avances en el dragado del río Salado, e insistió en que los 33 kilómetros pendientes de la etapa actual, que le corresponden a Nación, permitirían recuperar cerca de 3 millones de hectáreas productivas hoy anegadas.

“Mientras la Provincia trabaja y asiste a los municipios afectados, la Nación no ejecuta los recursos que tiene disponibles. El dinero está, lo que falta es decisión política”, aseguró el funcionario. Y detalló las acciones que se vienen realizando ante las inundaciones: la declaración de emergencia y desastre agropecuario en más de 30 municipios, beneficios fiscales de ARBA, refuerzos del Fondo Provincial de Emergencia Climática, y asistencia directa con maquinaria, subsidios y obras viales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó este sábado áreas rurales de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones y supervisó operativos de asistencia junto a autoridades locales, productores y fuerzas federales.

La funcionaria mantuvo reuniones en la municipalidad de 9 de Julio y luego en la Sociedad Rural local, en medio de un escenario de anegamientos que impactó en la actividad agropecuaria y caminos rurales.

La recorrida se dio en el marco del operativo nacional de emergencia desplegado en coordinación con municipios, Vialidad, fuerzas federales y el Ejército Argentino.

Tras reunirse con productores, Bullrich sostuvo: “Hemos hablado de temas de corto plazo, como arreglar los caminos y problemas de mediano y largo plazo, que es la gran obra del Salado, que es lo que podría canalizar el agua”.

En esa línea, detalló la asistencia inmediata: “En el corto plazo venimos con maquinaria: vino el Ejercito Argentino, Vialidad Nacional, la Agencia Federal de Emergencia, que está a cargo de todo”.

Además, la ministra confirmó el envío de recursos directos a municipios afectados: “También va a haber una ayuda directa de 1900 millones de pesos que va a ir a los municipios de acuerdo al nivel de anegación de agua”.

Bullrich informó también que se conformará un ámbito de coordinación institucional. “Se formó un comité de emergencia donde van a participar la provincia de Buenos Aires y los intendentes”, señaló en declaraciones a TN.

En materia financiera, adelantó medidas para aliviar al sector productivo: “Se abre una línea de créditos en el Banco Nación: hay un crédito especial a sola firma para todos los productores y una postergación de pagos entre noviembre y diciembre para que puedan acomodarse”.

Respecto a la obra hídrica clave para la región, remarcó el avance sobre la cuenca del Salado: “La etapa 4 de la obra en la cuenca del Salado la empezó el Gobierno nacional en el mes de septiembre de 2025. Esperamos en un año terminarla y en la etapa siguiente le toca a la provincia de Buenos Aires”.

La emergencia hídrica afectó en las últimas semanas zonas productivas del centro y oeste bonaerense, obligando a implementar operativos de asistencia, rehabilitación de caminos rurales y medidas de contención económica para productores.

La funcionaria mantuvo reuniones en la municipalidad de 9 de Julio y luego en la Sociedad Rural local, en medio de un escenario de anegamientos que impactó en la actividad agropecuaria y caminos rurales.

La recorrida se dio en el marco del operativo nacional de emergencia desplegado en coordinación con municipios, Vialidad, fuerzas federales y el Ejército Argentino.

Tras reunirse con productores, Bullrich sostuvo: “Hemos hablado de temas de corto plazo, como arreglar los caminos y problemas de mediano y largo plazo, que es la gran obra del (río) Salado, que es lo que podría canalizar el agua”.

En esa línea, detalló la asistencia inmediata: “En el corto plazo acá nosotros venimos con maquinaria, viene el Ejercito Argentina, Vialidad Nacional, la Agencia Federal de Emergencia está a cargo de todo”.

Además, la ministra confirmó el envío de recursos directos a municipios afectados.

Bullrich informó también que se conformará un ámbito de coordinación institucional. “Se formó un comité de emergencia donde van a participar la provincia de Buenos Aires y los intendentes”, señaló.

Respecto a la obra hídrica clave para la región, remarcó el avance sobre la cuenca del Salado: “La etapa 4 de la obra en la cuenca del Salado la empezó el Gobierno nacional en el mes de septiembre de 2025. Esperamos en un año terminarla y en la etapa siguiente le toca a la provincia de Buenos Aires”.  NA

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, cuestionó al Gobierno por la paralización de trabajos en el Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado considerado “una política de Estado”.

Katopodis explicó que el Plan Maestro “es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires”, detallando que “cada jurisdicción ejecutó obras de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023”.

Sin embargo, el funcionario señaló un quiebre a partir de esa fecha: “A partir de ese momento, la Nación paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4, como ocurrió con 2.308 obras públicas en todo el país”.

El legislador electo enfatizó las consecuencias de esta decisión: “La interrupción de esa fase, que contaba con un alto grado de avance y con la inversión asegurada (Fondo Hídrico que no ejecutan), trabó las gestiones para obtener el financiamiento internacional del tramo 5, que estará a cargo de la Provincia”. NA

En medio de los excesos hídricos que, según Carbap, afectan a cerca de 5 cinco millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, la Nación, el Gobierno bonaerense y sus pares a nivel municipal llevaron a cabo un nuevo encuentro para abordar la problemática de manera integral. El foco estuvo puesto en la coordinación para analizar el estado de situación regional por las inundaciones del centro bonaerense.

La reunión se llevó a cabo en 9 de Julio con la presencia de funcionarios de los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, de Desarrollo Agrario, Seguridad y el municipio de 9 de Julio. Allí se sumó una delegación del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El eje del encuentro estuvo centrado en la coordinación para analizar el estado de situación regional por el exceso hídrico en las distintas localidades y zonas rurales del partido del centro bonaerense.

Esta nueva reunión se dio en el marco de la reactivación de los Comités de Cuencas Hídricas que llevó adelante la Autoridad del Agua (ADA) que “desempeñan un rol clave para el abordaje intersectorial del uso del recurso hídrico”, según informó la Provincia en un comunicado.

El Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado está conformado por nueve subregiones, de las cuales siete ya se encuentran reactivadas, y las restantes dos están en proceso.

Durante este año se destinaron fondos provinciales a los municipios para el mantenimiento de los caminos rurales y se reforzó esa partida con $ 2.000 millones.

En ese sentido, la Dirección de Vialidad Provincial y de Hidráulica puso a disposición máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, retropalas y camiones para construir terraplenes y defensas.

También, a través de bombas hidráulicas, se realizaron tareas para desagotar áreas urbanizadas, además de limpieza de arroyos y canales.

Uno de los temas centrales planteados fue el estado actual de la obra en la cuenca del río Salado que ocupa una superficie de 170.000 Km2 en la provincia de Buenos Aires.

Al respecto el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, explicó: “La herramienta para ordenar los recursos hídricos son los comités de cuenca, que fueron reactivados en la provincia de Buenos Aires y vienen desarrollando distintas actividades en conjunto con las obras hidráulicas que se ejecutan”.

Además, destacó que: “Estuvimos en Bragado y en 9 de Julio la semana pasada, cuando hemos anunciado las obras del Nodo Bragado. Lo importante es que compartimos con el resto de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales que estamos en una situación extraordinaria. Ha caído más del doble de la cantidad de agua que debería caer”.

Participaron del encuentro la intendenta local María José Gentile; el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamanga; el administrador de Vialidad de la provincia, Roni Caggiano; el subsecretario de Desarrollo Agrario, Cristian Amarilla; el director provincial de Caminos Rurales, Jonatan Sánchez Sosa; además de funcionarios de la cartera de Seguridad bonaerense y la delegación del Gobierno nacional.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra integral y emblemática que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios y alcanzará a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

El Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre los Gobiernos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. El plan “impacta en 8 millones de hectáreas del territorio provincial que podrán ser recuperadas para la producción agrícola y ganadera bonaerense”, continuó el comunicado de la administración bonaerense.

Para planificar los trabajos a ejecutar, el curso del río fue dividido en cinco tramos. “Los tramos I, II y III están finalizados; el tramo IV se encuentra finalizado en sus etapas 1, 3 y 4 y está paralizado en la etapa 2 por parte del actual Gobierno nacional; por su parte, el tramo V es el que se encuentra en proyecto y análisis presupuestario por parte del Gobierno bonaerense”, continúa el texto.

El Gobierno nacional financia estas obras a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por un porcentaje de la recaudación del Impuesto a los Combustibles. La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado debe destinarse específicamente al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones, así como a la recuperación de tierras productivas, y la protección de la infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.

“Según el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación, entre 2024 y el primer trimestre de 2025, este fondo recibió unos $ 175.000 millones pero solo se ejecutaron $ 13.011 millones, que representan un 7,45% del total recaudado. En conclusión, las obras de los subtramos A, B y C de la etapa 2 del tramo IV podrían ser ejecutadas y finalizadas, pero los recursos recaudados no fueron destinados a los fines que corresponden por ley”, se destacó por parte del Gobierno provincial.

Por su parte, el Tramo V, a cargo de la Provincia de Buenos Aires, es “el segmento final con el que se completará el Plan Maestro y que se extiende sobre 98 km en total, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti”. También contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales ocho son carreteros y dos ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

Asimismo, como obra complementaria, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense finalizó el estudio para la elaboración del proyecto licitatorio de obras de infraestructura en el “Nodo de Bragado”, que cuando se ejecute permitirá manejar de forma más eficiente las excedencias hídricas y la protección del territorio de este municipio.

Este Nodo permite el drenaje y tránsito de los excedentes hídricos de 2,8 millones de hectáreas y se ubica en una zona crítica que forma parte de las Subregiones A2 y A3 (de igual denominación que sus respectivos Comités de Cuenca), de la Región Hídrica Área Pampeana Central, que involucra a los partidos de 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Lincoln, Pehuajó y Trenque Lauquen, en el noroeste de la provincia.

El Plan Maestro Integral contempla “la ampliación de la capacidad del río Salado que permitirá mitigar los impactos de las inundaciones y recuperar millones de hectáreas para la producción y potenciar el desarrollo productivo de esta cuenca”.

Las obras consisten en “la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río, a través de tareas de dragado y relleno que permitirán el escurrimiento encauzado ante crecidas, teniendo en cuenta los caudales máximos estimados”.

Con ese fin, “se amplía la sección primaria del río y se ejecutan nuevas secciones a cada lado, llamadas recintos, que son rellenadas con el material recuperado mediante el dragado para absorber las crecidas. Esto, a su vez, posibilitará que las áreas alrededor del Salado, que suelen quedar anegadas, puedan ser utilizadas para la producción”, cerró el comunicado.

En medio de unas fuertes inundaciones que afectan a unos 5 cinco millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), el Gobierno de Axel Kicillof dispuso este jueves la transferencia de más de $8.800 millones para obras hidráulicas en distintas localidades bonaerenses.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1054 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. La misma tiene como objetivo financiar dos proyectos. En primer lugar, la gestión de desagües pluviales en la localidad de Mechita y los partidos de Alberti y Bragado, además de la puesta en valor del sistema de bombeo de napas en Morón.

En total, se trata de una reasignación de $8.810 millones, que se divide entre $5.510 millones en el primer diferido y $3.700 millones en el segundo, dentro del presupuesto prorrogado del ejercicio 2025.

La decisión se da en un momento crítico para el sector del agro bonaerense, con varios distritos que tiene miles de hectáreas completamente bajo agua. A este problema, que se arrastra desde hace tiempo, se sumaron fuertes lluvias de las últimas horas que cayeron sobre el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, una región que ya mostraba enormes espejos de agua crecidos hasta el borde de las rutas.

La obra de desagües pluviales en Mechita, Alberti y Bragado apunta a mejorar la gestión del agua en una zona históricamente afectada por inundaciones rurales y urbanas. En tanto, la intervención en Morón responde a la necesidad de modernizar el sistema de bombeo para controlar las napas freáticas en un área urbana densamente poblada.

Desde el Ministerio de Infraestructura remarcaron que esta reasignación “responde a la prioridad de atender situaciones críticas y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos extremos”. En esa misma línea, destacaron que se trabaja en coordinación con la Subsecretaría de Recursos Hídricos para acelerar la ejecución.

La medida impulsada por el Gobierno de Axel Kicillof busca mitigar el impacto de las contingencias climáticas en la producción agropecuaria. Los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50% de afectación y contemplan exenciones impositivas, prórrogas en los pagos y reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia.

Hasta el momento, los distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario son: Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

Al respecto, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, subrayó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”. Y agregó: “Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.

Girard destacó además el trabajo coordinado entre los equipos provinciales y municipales: “La declaración de emergencia o desastre puede ser individual -en campos específicos- o a nivel distrital. En todos los casos, la Provincia realiza un monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa”.

La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (Cedaba), integrada por representantes del Estado provincial -en la órbita del Ministerio de Desarrollo Agrario- y de entidades rurales, analiza la documentación presentada por las y los productores, y aprueba las declaraciones de emergencia o desastre correspondientes. Una vez formalizado el trámite por parte de la Cedaba, ARBA aplica de manera automática las exenciones o prórrogas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural.

Las y los productores afectados deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, presentando la documentación respaldatoria de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes se encuentren en zonas declaradas en emergencia deben acreditar al menos un 50% de afectación en su capacidad de producción, mientras que para los casos de desastre el porcentaje mínimo asciende al 80%.

Durante el período de vigencia del beneficio, se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas para los vencimientos de créditos con el Banco Provincia.

Con estas medidas, el gobierno bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y con una política fiscal orientada a sostener el trabajo y la producción en cada rincón del territorio provincial.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció esta tarde que el Gobierno  instalará un centro de operaciones en el municipio de 9 de Julio para brindar auxilio a los distritos del interior agrario de la provincia de Buenos Aires que se encuentran afectados por la inundaciones a raíz del desborde de la Cuenca del Río Salado.

"Vamos a poner recursos para abrir caminos e ir hasta las familias que están aisladas", señaló la funcionaria en un conferencia de prensa en Casa Rosada, donde agregó que se  harán tareas de "limpieza de zanjas, desagües y alcantarillas", entre otras, para "garantizar la circulación por los caminos".

Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra detalló la serie de medidas orientadas a asistir a la población afectada por la emergencia hídrica, que se implementarán a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Bullrich afirmó que "a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios y trabajadores de una gran zona de la provincia de Buenos Aires", se ha decidido realizar "un despliegue operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas".

La ministra informó que se instalará un centro de operaciones en la ciudad de 9 de Julio, donde este sábado viajará el director de la AFE, Santiago Hardie, para coordinar el trabajo con el intendente local y sus pares de General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.

Desde Vialidad Nacional se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, además de camiones volcadores y equipos especiales con personal operativo. En tanto, el Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sumará máquinas viales para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas, y la instalación de puentes provisorios en los caminos más afectados.

También se desplegarán fuerzas federales con camiones y personal especializado para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.

Bullrich destacó que, al mismo tiempo, el Gobierno trabajará junto a los productores agropecuarios afectados por una acumulación histórica de lluvias y detalló que cayeron "entre 1.200 y 1.800 milímetros de agua cuando más de 500 milímetros es una anomalía para esta época del año".

"El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente; por eso el sábado los ministros vamos a ir a 9 de Julio a ponernos al frente del Comité de Emergencia", insistió. Previamente, Adorni había señalado que "el equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses".

Está últimas frases aludieron al enfrentamiento político con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. De hecho, Bullrich reconoció que la medida de instalar el centro de operaciones en 9 de Julio corrió por cuenta de la Nación y no fue analizada previamente con la gestión provincial.

"Si el gobierno provincial quiere ir a 9 de Julio será bienvenido", planteó la funcionaria, quien además recordó que "la Provincia tiene la responsabilidad sobre las obras en la Cuenca del Salado". "Hace dos semanas (el gobierno provincial) anunció obras para la Cuenca. Obras que hace 50 años que no se hacen", cerró.

Un total de 19 municipios de la provincia de Buenos Aires que sufrieron graves inundaciones y registraron altos niveles de afectación en su capacidad productiva se encuentran bajo un régimen de exención impositiva y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural, según precisó la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

La medida, impulsada por el Gobierno de Axel Kicillof, busca mitigar el impacto de las contingencias climáticas en la producción agropecuaria. Los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50% de afectación y contemplan exenciones impositivas, prórrogas en los pagos y reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia.

Al respecto, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, subrayó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”. En esa misma línea, agregó que “nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.

Girard destacó, además, el trabajo coordinado entre los equipos provinciales y municipales. “La declaración de emergencia o desastre puede ser individual -en campos específicos- o a nivel distrital. En todos los casos, la Provincia realiza un monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa”, manifestó.

La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (Cedaba), integrada por representantes del Estado provincial -en la órbita del Ministerio de Desarrollo Agrario- y de entidades rurales, analizará la documentación presentada por los productores y aprobará las declaraciones de emergencia o desastre correspondientes. Una vez formalizado el trámite por parte de la Cedaba, ARBA aplica de manera automática las exenciones o prórrogas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural.

Los 19 distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario son:

Los productores afectados deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario. Entre los requisitos se incluyen presentar la documentación respaldatoria de la explotación y presentar la constancia de inscripción en ARCA (que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria).

Las intensas precipitaciones que azotaron la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante esta madrugada generaron un escenario de anegamientos, cortes de energía y preocupación entre los residentes.

Cayeron más de 100 milímetros de agua, lo que provocó inundaciones en varios municipios del conurbano bonaerense y fallas en el suministro eléctrico en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Las lluvias, que no dan tregua, afectaron severamente a localidades como San Martín y Lanús, que se encuentran entre los municipios más afectados.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que, en el amanecer del sábado, hay 16 mil familias sin luz.

Los barrios que registran el mayor impacto en el servicio son Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

Las autoridades mantienen una alerta meteorológica de nivel naranja en varias provincias, y se anticipa que las precipitaciones seguirán por la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el resto de la jornada se esperan lluvias leves durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones que continuará hasta la noche. La temperatura máxima estimada para la Ciudad de Buenos Aires es de 19° y se prevén vientos moderados del sur.